En respuesta a la crítica situación de seguridad que atraviesa la ciudad, Cali recibió un refuerzo de 400 policías que permanecerán de manera definitiva, la Policía Metropolitana completa 6.800 uniformados en servicio en la capital vallecaucana y su área metropolitana. A este pie de fuerza se sumará, en los próximos días, el apoyo temporal de 800 policías adicionales para el plan de seguridad de la Feria de Cali.Según la institución, los nuevos agentes serán desplegados en microterritorios priorizados por su alta incidencia delictiva, mientras que otro grupo fortalecerá unidades especializadas.El alcalde Alejandro Eder reiteró que la ciudad necesita respaldo tecnológico por parte del Gobierno nacional para enfrentar amenazas emergentes.“Reconozco el envío de estos policías, pero requerimos capacidades como sistemas antidrones para proteger a la ciudadanía y a los mismos uniformados”, sostuvo el mandatario.Eder recordó que este año la Alcaldía ha entregado 300 motocicletas y 60 vehículos a la fuerza pública para reforzar las labores de patrullaje y reacción.
En desarrollo de las operaciones contra los grupos armados ilegales que operan en el Pacífico colombiano, la Armada de Colombia, en coordinación con la Policía Nacional, incautó material de guerra, recuperó a dos menores de edad y capturó a un hombre señalado de pertenecer al GAOR Jaime Martínez, en zona rural de Buenaventura, Valle del Cauca.La acción fue realizada por tropas de la Brigada de Infantería de Marina No. 2 y uniformados de la Policía Nacional, quienes llevaron a cabo un allanamiento en el sector conocido como La Esperanza. En el lugar fue capturado un sujeto, se recuperaron dos menores y se incautaron dos fusiles, dos pistolas, cuatro artefactos explosivos improvisados, detonadores eléctricos, proveedores, 275 cartuchos de diferentes calibres, prendas de uso exclusivo de las Fuerzas Militares y equipos de comunicación.Según las autoridades, este material presuntamente iba a ser utilizado para realizar ataques contra la fuerza pública y la población civil, poniendo en riesgo la seguridad y tranquilidad de las comunidades de la región."De acuerdo con las investigaciones preliminares, el capturado, conocido como alias 'Danilo Gutiérrez', estaría involucrado en actividades como el uso de menores de edad para acciones criminales, la adecuación de drones, la instalación de explosivos, el cobro de extorsiones y labores de inteligencia ilegal en esta zona del Pacífico" dijo la Armada.El capturado, los menores recuperados y el material incautado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con las investigaciones y garantizar la protección y restitución de los derechos de los menores.
Son 30 los vallecaucanos lesionados con pólvora en el Valle del Cauca, 12 de ellos menores de edad. Es por este motivo que desde el Gobierno departamental se reitera el llamado para que los ciudadanos eviten el uso inadecuado de estos artefactos que afectan la integridad física de las personas.“La recomendación sigue siendo: no use pólvora, si van a quemar pólvora, que lo hagan los expertos. Recuerde que la pólvora afecta la vida de las personas en condiciones de vulnerabilidad, especialmente los niños, adultos mayores, aquellas personas que tienen problema de enfermedad mental, las personas en condición de discapacidad, la fauna y la flora”, detalló María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle.Buga, Buenaventura, Tuluá y Florida, son los municipios que mayor número de casos registran a la fecha. “Este año seamos generosos y tengamos una fiesta tranquila. Vivamos nuestro 24 de diciembre lleno de ilusión y de esperanza, en familia y sin pólvora”, agregó Lesmes.Las quemaduras en miembros superiores, seguidas por lesiones en cara, cuello, cabeza y miembros inferiores, son las más frecuentes en este tipo de consultas.
Hace pocos minutos, las autoridades confirmaron que unidades antiexplosivos de la Policía realizaron la detonación controlada de un cilindro que había sido cargado con explosivos en el sector de Las Piñas, específicamente en la vía que comunica a Cali con el municipio de Buenaventura.De acuerdo con información preliminar, hombres desconocidos habrían dejado este artefacto en plena carretera, un corredor vial de gran importancia para el suroccidente del país.Por este motivo, las autoridades ordenaron el cierre total de la vía durante varios minutos, con el fin de prevenir cualquier tipo de tragedia mientras se adelantaban las labores de verificación y manejo del riesgo.Conductores que se movilizaban por esta ruta reportaron, a través de las redes sociales, una fuerte congestión vehicular y largos tiempos de espera debido a la restricción del paso.A esta hora, la circulación ya fue restablecida y se registra un flujo normal de vehículos en el sector. Sin embargo, se espera que en las próximas horas las autoridades entreguen declaraciones oficiales para conocer más detalles sobre este hecho y avanzar en las investigaciones que permitan establecer quiénes serían los responsables.
En Autos y Motos de este sábado, 20 de diciembre de 2025, estos fueron los temas:El Aeropuerto Internacional El Dorado fue reconocido en 2025 como el mejor de Suramérica y líder regional en tráfico, carga y sostenibilidad.Ford anunció el llamado a revisión de más de 270.000 vehículos eléctricos e híbridos en Estados Unidos por una falla en el sistema de estacionamiento.Donald Trump derogó incentivos y metas federales para vehículos eléctricos como parte de su ofensiva contra la transición energética.TransMilenio celebró 25 años de operación consolidándose como uno de los sistemas de transporte masivo más grandes de América Latina.Las autoridades regionales anunciaron cambios en planes de movilidad y restricciones viales en varias ciudades colombianas por la temporada de fin de año.Escuche el programa completo aquí:
Cerca de 14.000 hectáreas de la Serranía de Buriticá quedan bajo protección ambiental. El área abarca ecosistemas andinos y subandinos que cumplen un papel clave en la regulación hídrica de la región, pues allí se concentran al menos 677 nacimientos de agua y decenas de manantiales que abastecen acueductos rurales y comunidades de Buriticá y municipios vecinos.De otro lado, la entidad señaló que la protección de este bloque natural favorece la conexión ecológica entre los parques nacionales Paramillo y Tatamá, facilitando el tránsito de especies como el oso andino, una de las más amenazadas del país. Además, se resguardan bosques conservados, cañones, pendientes escarpadas y paisajes rurales tradicionales.Desde la perspectiva ambiental, la autoridad ambiental explicó que la declaratoria responde a las presiones que ha enfrentado la serranía por actividades como la expansión agropecuaria y la minería. Liliana María Taborda, directora general de Corantioquia."Una nueva área protegida se suma a nuestro Sistema Departamental de Áreas Protegidas. La serranía de Buriticá, un ejercicio que nace desde la mesa ambiental con la participación ciudadana, la participación desde la misma administración municipal, la empresa privada", resaltó. Liliana Taborda, directora de Corantioquia.La entidad indicó que el proceso se construyó con participación comunitaria durante más de dos décadas, con encuentros en distintas veredas de Buriticá y espacios de concertación que permitieron definir las áreas a proteger y las reglas básicas de manejo del territorio."Desde la serranía, nosotros lo que más pensamos es en el agua, vital para la conservación de todas las especies que hay dentro de la serranía, pero lo más importante son las comunidades. Desde la Mesa Ambiental estamos visionando que en 200 años, toda esta población tenga los mismos servicios ecosistémicos que nosotros tenemos, como es el agua, la flora y la fauna", explicó Antonio María Hidalgo, presidente de la Mesa Ambiental de ese municipio.Por lo pronto, se conoció que el siguiente paso será la formulación del plan de manejo, en el que se establecerán las condiciones de uso, conservación y restauración de estas 13.858 hectáreas.
Un total de 280 mil millones de pesos provenientes de la Tasa de Seguridad y Convivencia Ciudadana ya han sido destinados en 2025 por parte de la Gobernación de Antioquia, con el fin de mejorar la dignidad locativa de Soldados y Policías del departamento. Proporcionando inversiones en tecnología que permitan vigorizar el quehacer operativo de la Fuerza Pública acantonada en AntioquiaEntre los elementos entregados a la por parte de la Gobernación a la Séptima División del Ejército Nacional hay 250 cascos balísticos, 440 chalecos antibalas, 500 botas media caña, 500 sobrecarpas y 25 botiquines de primeros auxilios tipo M3 para situaciones de emergencias en terreno y 11 radios Harris con sus respectivos accesorios.Se trata de equipos especializados de uso exclusivo de las fuerzas militares, que tienen comunicación satelital para mayor seguridad y que permiten contar con señal en operaciones en selva o montaña para hacer seguimiento en tiempo real a las unidades que están en operaciones especiales, así lo explicó el Jefe de Estado Mayor y Segundo comandante de la Cuarta Brigada, coronel Rogel Sánchez Ruiz."Un agradecimiento especial, sobre todo, al pueblo antioqueño. El día de hoy, gracias a su decidido aporte dentro de la tasa de seguridad, permite que el Ejército Nacional en este territorio reciba un material de intendencia, un material de comunicaciones que garantizan el despliegue de capacidades y la optimización de capacidades por parte de las tropas", dijo el mando militar.Por su parte, El Gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón también anunció una inversión por 4 mil millones de pesos en 5 sistemas de inhibición de drones para el Ejército Nacional, con el fin de incrementar las capacidades operativas de detección, mitigación y neutralización de amenazas aéreas no tripuladas en el departamento."Para que muchos de los antioqueños y también visitantes que van a ir a las 21 festividades que se van a celebrar en distintos rincones de Antioquia lo puedan hacer de manera segura, para que los retornos puedan transcurrir, no solamente en los viajes de ida, sino los regresos de manera tranquila, sin traumatismos", señaló el mandatario.Además, agradeció a los antioqueños por el pago que han hecho de la Tasa de Seguridad, indicando que la seguridad es un compromiso colectivo y esos recursos abren la puerta para hacer inversiones en tecnología que le permitan a la fuerza pública un mejoramiento continuo.
Un excandidato a la Asamblea de Santander fue condenado en primera instancia a seis años de prisión por el delito de violencia intrafamiliar agravada, tras comprobarse que ejerció de manera reiterada agresiones físicas y psicológicas contra su expareja sentimental en hechos ocurridos entre 2019 y 2020.La decisión fue adoptada por el Juzgado Veintiséis Penal Municipal con funciones de conocimiento de Medellín, que halló responsable a Omar Andrés Romero Joya, ingeniero de petróleos y exaspirante político, de someter a su entonces pareja a un ciclo constante de violencia, intimidaciones y control psicológico.Según el fallo judicial, la víctima, Zoraya María Gómez Riveros, ingeniera civil santandereana, conoció al hoy condenado en 2016 y tres años después iniciaron una relación sentimental. Posteriormente convivieron en Medellín, donde ella residía con sus dos hijos. Con el paso del tiempo, los episodios de maltrato se hicieron recurrentes.La investigación estableció que las agresiones incluyeron golpes, insultos y amenazas, y que uno de los hechos más graves ocurrió en enero de 2020, cuando el hombre intentó estrangular a la mujer hasta hacerla perder el conocimiento, causándole lesiones visibles en el cuello.Pese a este episodio, la víctima continuó la relación ante las promesas de cambio del agresor. Sin embargo, decidió terminar definitivamente luego de que este amenazara a su hija menor de 13 años, lo que la llevó a solicitar una orden de alejamiento e interponer la denuncia penal.Durante el juicio oral, la Fiscalía presentó el testimonio de la víctima y de personas de su entorno familiar y laboral, quienes evidenciaron el deterioro emocional de la mujer y las secuelas físicas de las agresiones. Una amiga cercana declaró haber auxiliado a la víctima tras el ataque más grave.Con base en este material probatorio, el juzgado concluyó que se desvirtuó la presunción de inocencia y, el pasado 18 de diciembre, impuso una condena de 72 meses de prisión. El proceso ahora deberá ser revisado en segunda instancia.
La Sala de Decisión A del Tribunal Administrativo del Atlántico emitió un fallo en el que revoca en segunda instancia la decisión del Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito, en la que se había declarado como improcedente la tutela que buscaba suspender la llegada de Leyton Barrios a la rectoría de la Uniatlántico, hasta que se hiciera una verificación de si cumplía con todos los requisitos para hacer parte de dichas elecciones.En otras palabras, el Tribunal declaró que la intención del Comité Electoral de la institución sí tiene validez —en ese entonces era no realizar la sesión del Consejo Superior Universitario hasta revisar lo referenciado— y que ahora podrá avanzar en la nulidad de la postulación previa de Barrios si así lo decide.“Revocar el fallo de tutela de fecha 11 de noviembre de 2025, proferido por el Juzgado Tercero (3°) Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla que, declaró improcedente el amparo solicitado y ordenó como medida transitoria la suspensión inmediata de los efectos jurídicos de la Resolución No 002 del 7 de noviembre de 2025, expedida por el Comité Electoral de la Universidad del Atlántico, mediante la cual declaró la nulidad de la elección del rector, para en su lugar”, se puede leer inicialmente.“Declarar la carencia actual de objeto frente a las pretensiones de la acción de tutela, por el acaecimiento de un hecho sobreviniente, de conformidad con los expuesto en esta sentencia”, agrega.Explica Jeofrey Troncoso, abogado conocedor del proceso, que el Comité Electoral ahora podría proponer dejar sin efecto la postulación de Leyton Barrios, para así, abrir la posibilidad de que el Consejo Superior analice el quitarlo definitivamente del cargo y llevar a cabo un nuevo proceso de escogencia entre los otros cuatro candidatos con los que compitió.“A raíz de esta decisión, el ejercicio cobra vigencia. Por consiguiente, Leyton Barrios tendrá cinco días para interponer recursos de reposición, solicitar y aportar pruebas y, con base en ello, de nuevo el Comité Electoral deberá pronunciarse. De confirmarse la decisión, pasará al Consejo Superior para que se pronuncie si revoca o no la designación de ese rector”, dijo Troncoso.“De darse, significa que el Comité Electoral tendrá que hacer una recomposición de la lista de elegibles. No habrá necesidad de convocar unas nueva elecciones, pues se podrá asignar al nuevo rector de acuerdo a esos candidatos”, sumó a sus palabras.La tutela de los ex candidatos a la rectoría Álvaro González, Wilson Quimbayo y Danilo Hernández había sido presentada con el argumento de que se habrían vulnerado los derechos al “debido proceso y a la igualdad durante el proceso de designación”.Los accionantes alegaron que Barrios no cumplía con el requisito de experiencia docente mínima exigida por el Estatuto General de la Universidad y que su inscripción se habría sustentado en certificaciones contradictorias emitidas por la Corporación Universitaria Americana. Esta institución aclaró posteriormente que el vínculo del candidato fue de carácter civil y ad honorem, sin relación laboral ni contractual, lo que avivó las dudas sobre la validez de la experiencia acreditada.Finalmente, el Tribunal concluyó que la controversia es de naturaleza legal y administrativa, y que existen otros mecanismos judiciales idóneos para controvertir el acto de elección, como las acciones ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.Además, la Sala señaló que se configuró una “carencia actual de objeto por hecho sobreviniente”, dado que al momento de resolver la impugnación ya se habían producido decisiones administrativas definitivas que cambiaron el escenario inicial planteado en la tutela, dado que —como ya mencionamos— el Comité Electoral no tenía competencia para anular la elección del rector una vez el Consejo Superior Universitario había expedido el acto definitivo de designación.
En un operativo conjunto de las autoridades contra grupos criminales que operan en el suroccidente del país, fue capturado en la frontera con Ecuador alias ‘Caleño’, señalado integrante del Clan del Golfo y requerido por Interpol mediante circular azul.La captura se logró gracias a un trabajo coordinado entre las fuerzas de seguridad de Colombia y otros países, lo que permitió ubicar y detener a este hombre, considerado una pieza importante dentro de esta organización ilegal.Según explicó la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, alias ‘Caleño’ cumplía un papel clave al servicio del Ejército Gaitanista de Colombia. Desde municipios como Riofrío y Trujillo, se encargaba de observar y reportar los movimientos de la Fuerza Pública, información que luego era usada por los jefes del grupo para planear traslados de armas, municiones y personas, así como para cometer asesinatos.“Su función era alertar sobre la presencia de las autoridades para facilitar las acciones criminales de la organización”, señaló la mandataria, al destacar la importancia de esta captura para la seguridad del departamento.Las autoridades indicaron que alias ‘Caleño’ hacía parte del cartel de los más buscados en el Valle del Cauca. Por información que ayudara a dar con su paradero, la Gobernación ofrecía una recompensa superior a los 50 millones de pesos.La general Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Policía Valle, afirmó que esta captura representa un golpe significativo a la estructura del Clan del Golfo, especialmente en su red de apoyo logístico y armado en el suroccidente del país.Tras el operativo, el capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que ahora se encargará de adelantar el proceso judicial correspondiente.
Luego de varios intentos fallidos y de reiteradas solicitudes a través de cartas y mesas de diálogo con el Gobierno nacional, integrantes del comité del paro cívico de Buenaventura decidieron tomarse las instalaciones del Ministerio de Educación Nacional en Bogotá, con el fin de exigir el cumplimiento de los compromisos pactados.De acuerdo con Miyela Riascos, vocera del comité, los estudiantes, tanto de la zona urbana como rural, actualmente no cuentan con condiciones adecuadas para el desarrollo de sus jornadas educativas.“En términos de infraestructura educativa, no tenemos condiciones habitacionales saludables. No hay confort climático, hay humedad, calor excesivo y salones que no están adecuados. Además, no solo se requieren aulas para recibir clases, sino también espacios como laboratorios”, explicó Riascos.En el mismo sentido, el sacerdote Jhon Reyna Ramírez, integrante de la pastoral de Buenaventura y miembro del comité del paro cívico que permanece en Bogotá, aseguró que no regresarán al Valle del Cauca hasta obtener una respuesta concreta por parte del Gobierno Nacional.“Estamos aquí desde el lunes en la noche y hemos continuado trabajando durante el martes y el miércoles. Hoy estamos haciendo un recorrido por todo el tema de infraestructura educativa. La idea es salir con soluciones concretas y no nos moveremos hasta terminar este ejercicio y tener luz verde tanto del Ministerio de Educación como del Ministerio de Hacienda”, manifestó el sacerdote.Otros de los motivos que respaldan la protesta están relacionados con la falta de acceso permanente al agua potable, deficiencias en la atención en salud y la necesidad de garantizar soberanía alimentaria para las comunidades del distrito.
Claudia Calao, hermana de Gilberto Jesús Calao, abogado y director seccional de la DIAN en el municipio de Tuluá, quien fue asesinado en las últimas horas se pronunció. La familiar aseguró que las investigaciones avanzan de manera constante para esclarecer la muerte de su hermano.La mujer señaló que una de las principales hipótesis que manejan las autoridades apunta a la participación de mafias dedicadas a operaciones ilegales. Según indicó, meses atrás Gilberto Calao ya había denunciado un caso relacionado con este tipo de actividades, lo que refuerza la posibilidad de que el crimen esté vinculado con su labor en la entidad.“No tanto amenazas porque pues él siempre se transportaba en su vehículo , él puso unas denuncias en temas de cobro y la puso en conocimiento en la fiscalía y la llevó a nivel central, incluso estuvo en Bogotá haciendo las denuncias y contándole a la DIAN”, indicó Claudia Calao.Por su parte, la Gobernación del Valle del Cauca anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita la captura de los responsables de este asesinato. Aunque la investigación continúa en curso, las autoridades ya tendrían algunas pistas sobre los agresores, quienes, según las primeras indagaciones, habrían llegado desde la ciudad de Cali para cometer el crimen.“Lo que nos dijo la fiscalía es que los sicarias venían de cali , aparecen en las cámaras a las 4 de la mañana, venían en moto y en carro le estaban haciendo el seguimiento “ expresó.Entretanto, el presidente de la República, Gustavo Petro, también se pronunció sobre el asesinato del director seccional de la DIAN en Tuluá. El mandatario aseguró que bandas dedicadas al contrabando estarían directamente relacionadas con el homicidio y advirtió que este tipo de organizaciones criminales buscan intimidar al Estado.
Sigue en aumento la tensión entre el presidente Gustavo Petro y la gobernadora del Valle Dilian Francisca Toro, la cual inició esta semana, cuando Toro le reclamó a Petro, por la falta de apoyo y recorte presupuestal a la Fuerza Pública en medio de la crítica situación de orden público que está viviendo la región.Reclamo al que el presidente Petro le respondió que la violencia en el Valle del Cauca es generada "por la cercanía de algunos poderosos políticos con poder regional al narcotráfico", acusando directamente a la gobernadora de tener este tipo de relaciones.Las palabras del mandatario nacional fueron calificadas por Dilian Francisca Toro como una bajeza cobarde, en su intervención invitó a Petro a pasar menos tiempo en redes sociales y visitar más los territorios."Son calumnias que además no solamente me están afectando a mí sino a nuestro departamento, yo lo único que le digo es que venga a trabajar con nosotros, que deje de trinar tanto y más bien venga trabaje con nosotros por la seguridad del departamento", dijo la gobernadora del Valle.Nuevamente el presidente Petro le respondió a la gobernadora diciendo que lo que origina la violencia en el Valle del Cauca es la relación mafia - política, denunciando que contrabandistas estarían usando la zona franca de Palmaseca, el aeropuerto de Cali y el puerto de Buenaventura, para ingresar mercancía de contrabando, "comprado policías, funcionarios, investigadores, políticos les ayudan y han amenazado y asesinado funcionarios de la DIAN en Tuluá", indicó Petro a través de X.
La oportuna información de habitantes de Popayán, Cauca, permitió la rápida reacción de la Policía, que frustró un nuevo ataque terrorista y evitó una tragedia en el sur de esa ciudad.Una camioneta cargada con cinco cilindros con explosivos fue descubierta antes de ser activada contra la estación sur de la Policía Metropolitana, ubicada en el barrio Vásquez Cobo, cerca del centro histórico de Popayán.La Policía confirmó que pasadas las 5 de la mañana, la comunidad denunció un desplazamiento sospechoso de una camioneta de alta gama, que se dirigía directamente hacia la estación, ignorando las vallas de seguridad instaladas en el lugar.Los explosivos fueron detonados de manera controlada. Luego de esa detonación, autoridades se encuentran verificando cámaras de seguridad para identificar a los terroristas.
Después de un consejo de seguridad que se llevó a cabo en el municipio de Tuluá, en el departamento del Valle del Cauca, las autoridades decidieron ofrecer una millonaria recompensa por información que permita ubicar a los responsables de asesinar a Gilberto Jesús Calao, director seccional de la DIAN en Tuluá.La víctima, oriunda del departamento de Córdoba, fue asesinada cuando hombres armados lo abordaron y le dispararon en varias ocasiones en el barrio El Jazmín de ese municipio vallecaucano, lo que le produjo la muerte al funcionario público.“Hemos evaluado las primeras indagaciones que se han realizado por el vil asesinato del director seccional aquí en el municipio de Tuluá y que no había ninguna denuncia formal por ningún medio de este funcionario que nos permitiera establecer que tenía amenazas o algo parecido y nuestra policía judicial avanza para establecer los autores materiales de este hecho, por eso la recompensa es de hasta $50 millones”, dijo Guillermo Londoño, secretario de Seguridad y Convivencia del Valle.Sobre este hecho, que conmocionó al país, el presidente Gustavo Petro manifestó que la mafia que hoy lava dinero, principalmente, a través del contrabando ha amenazado a varios funcionarios de la entidad.“El contrabando es siempre el lavado de dólares de la cocaina. La mafia de la cocaina hoy lava dinero principalmente a través del contrabando y del oro, entonces esta mafia ha amenazado a funcionarios de la DIAN en Tuluá y probablemente sea el autor del asesinato del señor Gilberto Calao”, expresó Gustavo Petro, presidente de Colombia.Por otro lado, el director de la DIAN, Carlos Galeano, señaló que esas mafias, con procedimientos irregulares de impuestos, podrían estar relacionadas con el asesinato.“Al parecer, mafias asociadas al tema de las importaciones ficticias tendrían que ve con el infortunado caso de asesinato de nuestro director de aduanas esta mañana en Tuluá, entonces eso es un tema de lavado de la DIAN porque además esto genera unas devoluciones importantes“, explicó Galeano.Con un equipo especial de la Policía y mediante diferentes actividades, se busca a los responsables de este hecho, mientras las autoridades, a través de videos de cámaras de seguridad, tratan de establecer la ruta que usaron los sicarios para cometer el crimen.
Luego de tres días de la toma armada perpetrada por disidencias de las Farc en el municipio de Buenos Aires, en el norte del departamento del Cauca, las autoridades explicaron las razones por las cuales no fue posible brindar apoyo oportuno al personal de la Policía durante los hechos.Las explicaciones se entregaron durante un consejo de seguridad realizado este jueves en Popayán. Allí, el general Luis Emilio Cardozo Santamaría, comandante del Ejército Nacional, señaló que las dificultades de acceso terrestre y aéreo fueron determinantes.“Los grupos armados ilegales bloquearon todas las vías de comunicación hacia Buenos Aires con vehículos y artefactos explosivos, lo que impidió el ingreso por tierra. A esto se sumaron las malas condiciones climáticas que limitaron el apoyo aéreo. Inicialmente, salió un avión de la Fuerza Aérea, un C-47, hacia las 7:00 de la mañana, pero no pudo ingresar por mal tiempo", dijo."Posteriormente, los Super Tucano intentaron entrar, pero las condiciones no mejoraron. Las limitaciones del apoyo aéreo están directamente relacionadas con el clima”, explicó el general Cardozo.Durante el mismo consejo de seguridad, el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, solicitó al Gobierno nacional fortalecer la infraestructura de las estaciones de Policía en municipios críticos como Jambaló, Buenos Aires, Patía y Almaguer.“Ha sido un espacio de diálogo franco en el que reiteramos que el Cauca requiere de manera inmediata fortalecer su capacidad de respuesta y contención frente a las acciones armadas. La seguridad debe ser una política sostenida, eficaz y anticipada”, manifestó el mandatario departamental.Asimismo, las autoridades solicitaron respaldo tecnológico y logístico para la Vía Panamericana, corredor estratégico que ha sido blanco frecuente de atentados y se anunció el refuerzo de la seguridad con 300 hombres de la Fuerza Pública, quienes serán desplegados en municipios priorizados hasta el mes de enero. Además, se ofreció una recompensa de 100 millones de pesos por información que permita identificar a los responsables del ataque en Buenos Aires.
Una nueva discusión a través de la red social X protagonizaron el presidente de la República, Gustavo Petro y la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, luego de una extensa publicación que realizó el mandatario nacional, respondiendo a las afirmaciones de la gobernadora en la que señalaba que la iniciativa de paz total había fracasado. "El narcotráfico es fuerte en el Valle del Cauca desde hace décadas por su cercanía al océano Pacífico y por la cercanía de algunos poderosos políticos con poder regional al narcotráfico, de lo cual nos debería hablar la misma gobernadora", aseguró el presidente Petro.Al conocer el mensaje del presidente Petro, la gobernadora del Valle arremetió contra el mandatario, asegurando que su acusación es calumniosa y cobarde. Además, le pidió invertir más tiempo visitando los territorios atacados por la violencia, de la misma forma en la que lo usa para pronunciarse a través de las redes sociales."Sus palabras calumniosas, escritas entre líneas en su Catilinaria, vinculándome con el narcotráfico, son una bajeza cobarde; cuando quiera, demos el debate sobre solvencia moral, pese a ello, le sigo insistiendo, venga al Valle del Cauca, pónganse al frente de sus deberes que aquí estamos haciéndolo desde hace ya mucho tiempo, con su ayuda o sin ella, el Valle del Cauca sigue adelante", aseguró la mandataria.
Las autoridades en Cali dieron a conocer nuevos detalles del atentado terrorista ocurrido el pasado martes en el barrio Mariano Ramos, al suroriente de la ciudad, hecho que provocó la muerte de los subintendentes de la Policía, Jorge Leonardo Gómez Ochoa, y Robert Stiven Melo Londoño, esta vez, refiriéndose al modus operandi con el que se habría perpetrado este ataque.Tres días después del ataque, las autoridades señalaron que los terroristas del ELN ubicaron, en una vía de este sector popular de la ciudad, un artefacto de gran capacidad destructiva, junto a ese explosivo, los delincuentes instalaron sensores para que se activara el explosivo automáticamente al paso de la patrulla motorizada. Le puede interesar: El atentado tiene elementos de mayor letalidad: sec. seguridad de Cali por ataque en Mariano RamosEstos hombres, además, habrían instalado dos cámaras de video con las que aparentemente iban a grabar o, incluso, a transmitir en tiempo real el momento del atentado."Presuntamente, eran unas cámaras trampa ubicadas ahí estratégicamente. Ya la investigación determinará si estaban ahí con el propósito de activar el explosivo o de generar el video realmente macabro que mostraría el asesinato de nuestros policías, por eso, hemos dirigido nuestras recompensa específicamente para lograr la captura de estos responsables", señaló el secretario de Seguridad de Cali, Jairo García.Actualmente, la recompensa ofrecida por las autoridades es de 400 millones de pesos para esclarecer este ataque terrorista ocurrido a muy pocos días del inicio de la Feria de Cali.