En una reciente entrevista, la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, detalló la crítica situación que atraviesa el departamento tras un ataque terrorista perpetrado en la vereda Alto del Oso, en el municipio de San José del Palmar. El atentado, dirigido contra tropas de la Decimoquinta Brigada del Ejército Nacional, dejó un saldo de diez uniformados heridos (nueve soldados y un suboficial) debido a esquirlas producidas por un artefacto explosivo artesanal.Innovación técnica del terrorismo y posibles responsables Lo más alarmante del suceso es la metodología empleada: el uso de drones cargados con explosivos, una técnica que la gobernadora calificó como "cobarde" y violatoria del Derecho Internacional Humanitario. Aunque no hubo una acción directa que permitiera la identificación de insignias, el Ejército presume que el responsable es el ELN, grupo que ejerce control territorial en la zona. Se maneja la hipótesis de que este ataque es una retaliación por golpes operacionales recientes, como la muerte de 'Santiago', un cabecilla clave de la estructura del Pacífico colombiano.El reto de la modernización tecnológica La gobernadora Córdoba enfatizó la necesidad de una inversión tecnológica urgente para contrarrestar estas nuevas formas de terrorismo. A diferencia de departamentos con mayores recursos, el Chocó no tiene la capacidad financiera propia para adquirir sistemas antidrones. Sin embargo, se ha estructurado un proyecto por 5.000 millones de pesos provenientes de regalías para fortalecer a la Fuerza Pública y la Fiscalía con equipos que incluyen drones y otros insumos de seguridad. La mandataria señaló que estos recursos, usualmente destinados a infraestructura o educación, han tenido que ser reorientados ante la gravedad de la amenaza.Bloqueos viales y presión sobre las comunidades A la situación de orden público se suma una complicación logística y social: el cierre de las vías Quibdó-Medellín y Quibdó-Pereira por parte de algunas comunidades indígenas del Alto Andágueda. La gobernadora expresó su temor de que el ELN esté utilizando o presionando a estas comunidades para generar bloqueos administrativos en momentos de alta tensión militar, lo que dificulta el control territorial y la movilidad en un departamento que depende críticamente de estas dos arterias viales. Actualmente, la prioridad de las autoridades es garantizar la atención médica de los militares heridos, cuya evacuación se ha visto dificultada por las adversas condiciones climáticas en la zona.Escuche aquí la entrevista:
Un hostigamiento armado contra la fuerza pública se registró en la tarde de este miércoles en el municipio de Suárez, departamento del Cauca, luego de que grupos armados al margen de la ley atacaran la estación de Policía de esta localidad.Según información preliminar entregada por las autoridades, los hechos ocurrieron hacia las 6:50 de la tarde, cuando se reportaron disparos esporádicos contra las instalaciones policiales. De manera inmediata, unidades de la Policía Nacional reaccionaron para repeler el ataque, el cual habría sido perpetrado por disidencias de las Farc.A través de un comunicado oficial, las autoridades informaron que durante el hostigamiento un dron cayó en las afueras de la estación, motivo por el cual se activaron los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de situaciones.En el mismo pronunciamiento, se indicó que la Policía Nacional y el Ejército Nacional respondieron a las agresiones con el fin de proteger la infraestructura y salvaguardar a la comunidad.Las autoridades confirmaron que, hasta el momento, no se reportan uniformados ni civiles lesionados como consecuencia de estos hechos.Actualmente, unidades del Ejército y de la Policía mantienen presencia en la zona para garantizar la seguridad de los habitantes del municipio y prevenir nuevas acciones por parte de este grupo armado ilegal.
El sueño de obtener un título en el área de la belleza se vio frustrado para varios estudiantes, luego de que la academia en la que se estaban formando, ubicada en el sur de Cali, cerrara de manera repentina y sin ofrecer explicación alguna.Desde entonces, los afectados han intentado comunicarse con la institución para conocer qué ocurrió con sus procesos académicos y el dinero invertido, pero aseguran que no han recibido ningún tipo de respuesta.Así lo denunció Lina Oliveros, una de las estudiantes afectadas, quien aseguró que, tras el cierre del lugar, no ha sido posible establecer contacto con los responsables de la academia.“Hasta el momento, la señora no se ha comunicado con absolutamente nadie. Nosotras empezamos a indagar y nos encontramos con que la misma situación se estaría presentando en Bogotá y Medellín. Son demasiadas las jóvenes que fuimos presuntamente estafadas, alrededor de 700 personas, o incluso más”, indicó.Blu Radio pudo establecer que este no sería un caso aislado. De manera preliminar, se conoció que estudiantes en otras ciudades del país, como Medellín y Bogotá, también habrían sido afectados, ya que la academia tendría sedes en estas capitales.En Bogotá, Rocío Gómez, madre de una estudiante, relató que su hija inició el curso en agosto del año pasado, luego de realizar un pago cercano a los 3 millones 800.000 pesos, y que semanas después fueron notificadas del cierre de la sede.“Hicimos un pago de 3 millones 800 mil pesos y mi hija comenzó el curso en agosto de 2025. Al alcanzar a tomar seis clases, nos enviaron un comunicado por WhatsApp informando que la sede iba a cerrar. Supuestamente, nos dijeron que era por una remodelación y que a las alumnas les harían la devolución de parte del dinero. Intentamos comunicarnos nuevamente, pero dejaron de responder, nos bloquearon y no volvieron a dar información. La última comunicación que recibí fue en noviembre, cuando nos aseguraron que harían una devolución, pero después de eso no volvieron a contestar”, aseguró.Las autoridades ya tienen conocimiento de esta situación y adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido, mientras cientos de estudiantes permanecen a la espera de respuestas frente a lo que consideran un proyecto de vida truncado.
La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro llegó este miércoles a Buenaventura, para adelantar varios recorridos en los barrios del distrito verificando la realidad que viven sus habitantes en materia de seguridad, bienestar, desarrollo económico entre otros. En medio de esta jornada, la mandataria entregó oficialmente los dispositivos antidrones a la Armada además de otros equipos tecnológicos, con el fin de reforzar la seguridad en el Pacífico y así combatir los ataques aéreos por parte de grupos armados ilegales, contra la Fuerza Pública.Esta intervención social tiene el objetivo de hacerle frente a la criminalidad con nuevas oportunidades para la comunidad, acciones que están acompañadas de mayor seguridad, principalmente en la zona del río Naya, considerado un corredor estratégico de los grupos armados para el narcotráfico."Ya adquirimos un antidrón, ya se lo dimos a la Armada. En la próxima venida vamos a ir hasta Málaga porque el antidrón lo colocaron fijo en el buque, porque allí es donde más nos atacan. Hace unos días hablé con el ministro de Defensa, nosotros hemos venido proponiendo que se haga expersión con drones", indicó la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.En medio de esta 'megatoma' fue capturado alias 'El Búho', el hombre que se desempeñaba como puente entre una de las bandas criminales que delinque en la zona urbana del distrito y las disidencias de las Farc, para coordinar ataques contra la fuerza pública.Se trata del actor criminal de 'Los Espartanos' Arley Gómez, conocido como alias 'El Búho', con una trayectoria de más de nueve años, en varios de los grupos delincuenciales de Buenaventura.
Sigue la conmoción por la muerte del cantante de música popular Yeison Jiménez, luego de que su familia diera a conocer fotografías de las despedidas que avanzan en Bogotá, donde inicialmente se realizaron homenajes íntimos entre familiares y amigos cercanos.Según confirmó la familia en un comunicado emitido este martes 13 de enero de 2026, el homenaje abierto al público, con el que seguidores y seres queridos despedirán al artista, se llevará a cabo este miércoles 14 de enero en el Movistar Arena.De acuerdo con la información oficial, a las 11:00 de la mañana se realizará una misa privada para los familiares. Posteriormente, hacia las 12:00 del mediodía, se abrirán las puertas del Movistar Arena para el ingreso del público.El acceso se realizará en dos franjas horarias, hasta completar el aforo del recinto. La primera será desde las 12:00 del mediodía hasta las 4:00 de la tarde, y la segunda desde las 6:00 de la tarde hasta las 10:00 de la noche, momento en el que finalizará por completo el evento.Yeison Jiménez, de 34 años, fue una de las figuras más queridas de la música popular en Colombia. Por esta razón, varios artistas que compartieron escenarios y momentos con él en vida se sumarán al homenaje en el Movistar Arena. Entre ellos están:Luis AlfonsoPipe BuenoFrancyJessi UribeJhonny RiveraPaola JaraNelson VelásquezCiro QuiñonezAlan RamírezLuis Alberto PosadaEl artista perdió la vida en medio de un siniestro aéreo registrado el pasado sábado 10 de enero de 2026, sobre las 4:00 de la tarde, en el municipio de Paipa, departamento de Boyacá.En el accidente ocurrido en Paipa también fallecieron:Capitán Hernando Torres, piloto de la aeronave.Juan Manuel Rodríguez, integrante del equipo del artista.Óscar Marín, integrante del equipo del artista.Jefferson Osorio, integrante del equipo del artista.Weisman Mora, integrante del equipo del artista.
El sector automotor europeo ya tiene definido cuál será el modelo que marcará el rumbo del mercado en 2026. En Bruselas se dieron a conocer los resultados del premio The Car Of The Year, uno de los reconocimientos más relevantes de la industria, otorgado por un jurado compuesto por 59 periodistas especializados de distintos países de Europa.La votación dejó en evidencia diferencias claras entre regiones del continente, con criterios distintos entre los países del norte y del sur. Aun así, el conteo final permitió establecer un ganador con una ventaja amplia frente a sus competidores directos, según los datos oficiales del certamen.¿Cuál es el Carro del Año en Europa 2026?Tras el escrutinio final, el Mercedes-Benz CLA fue proclamado Carro del Año en Europa 2026, alcanzando 320 puntos, con cerca de 100 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, el Skoda Elroq. La información fue confirmada por la organización de The Car Of The Year tras el cierre oficial de la votación.El modelo alemán partía como uno de los principales favoritos al tratarse de una propuesta completamente nueva dentro de la estrategia de electrificación de la marca. Según se explicó durante el proceso, el CLA no es una simple actualización, sino el primer exponente de una nueva familia de vehículos eléctricos e híbridos de Mercedes-Benz.¿Dónde es fabricado el nuevo CLA?El Mercedes-Benz CLA es producido íntegramente en Alemania y fue desarrollado bajo criterios de eficiencia aerodinámica, digitalización y electrificación. Uno de los aspectos destacados por el jurado es su coeficiente aerodinámico de 0,21, el más bajo alcanzado por la marca hasta ahora.En el diseño exterior sobresalen elementos como la parrilla iluminada con 142 estrellas LED, así como las manillas de las puertas enrasadas con la carrocería, que cuentan con un sistema mecánico y eléctrico para garantizar su funcionamiento incluso en caso de descarga total.Versiones eléctricas, autonomía y carga ultrarrápidaDesde su lanzamiento en Europa, el CLA está disponible en dos versiones 100 % eléctricas. El CLA 250+ EQ ofrece 272 caballos de potencia y una autonomía de hasta 790 kilómetros según el ciclo WLTP. Por su parte, el CLA 350 4MATIC EQ alcanza 354 caballos y una autonomía de 769 kilómetros.Ambas versiones incorporan una batería de 85 kWh y una arquitectura eléctrica de 800 voltios, capaz de soportar cargas de hasta 350 kW, lo que permite recuperar cerca de 320 kilómetros de autonomía en 10 minutos, según datos del fabricante.El interior del CLA integra la cuarta generación del sistema MBUX, con una configuración de hasta tres pantallas que recorren todo el tablero, sistema opera bajo el nuevo MB.OS e incorpora inteligencia artificial desarrollada junto a Microsoft, Google y ChatGPT, permitiendo un asistente virtual con interacción conversacional.Mercedes-Benz también informó que gran parte de los materiales interiores y termoplásticos utilizados provienen de materiales reciclados o secundarios, manteniendo los estándares de calidad de la marca.La gama se ampliará con una versión microhíbrida de 48 voltios y, durante 2026, con la llegada de la carrocería Shooting Brake, que compartirá diseño y mecánicas con las versiones actuales.De acuerdo con la organización del premio, el bloque de países del norte de Europa fue determinante en el resultado. Jurados de Irlanda, Reino Unido, Países Bajos, Alemania, Austria, Chequia, Hungría, Polonia, Dinamarca, Suecia, Noruega y Finlandia otorgaron la mayoría de los puntos al modelo vencedor.En total, estos países entregaron 214 puntos, una cifra que prácticamente aseguró el primer lugar en la clasificación general. En contraste, los jurados del sur del continente —entre ellos España, Francia, Italia, Portugal, Bélgica y Suiza— ubicaron al ganador en la tercera posición, favoreciendo a otro de los finalistas.Pese a estas diferencias regionales, el resultado global fue contundente.
La investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación contra la banda criminal autodenominada 'PPP' (Por el Pueblo y para el Pueblo) confirmó nuevos detalles sobre su presunto financiamiento, estructura y vínculos con personas relacionadas con el ELN, así como su participación en actos de vandalismo y terrorismo en sectores aledaños a universidades públicas de Bogotá.De acuerdo con el ente acusador, esta organización estaría dedicada a promover y ejecutar manifestaciones violentas, bloqueos y ataques con artefactos explosivos improvisados, entre ellos bombas incendiarias y las denominadas “papas bomba”, con especial afectación al sistema de transporte TransMilenio y a la seguridad de decenas de ciudadanos. Según la Fiscalía, parte de los recursos utilizados para estas actividades ilícitas habrían sido enviados desde Medellín, con el propósito de financiar la logística y la fabricación de los artefactos.Durante las diligencias de judicialización, la fiscal del caso expuso el presunto modus operandi del grupo y la forma en la que se camuflarían dentro de las instituciones educativas para evadir a las autoridades. “Ustedes presuntamente utilizarían guantes de carnaza para manipular los elementos peligrosos. Una vez hayan realizado esas conductas delictivas, ingresan nuevamente a las instituciones educativas para cambiarse y así no ser detectados por las autoridades”, señaló la funcionaria judicial.La investigación sostiene que los integrantes de esta red se refugian en universidades públicas de la capital, aprovechando la masividad y el flujo constante de estudiantes. En ese contexto, la Fiscalía indicó que la organización habría cambiado de nombre de manera reiterada para dificultar su identificación. “Este grupo presuntamente estaría siendo financiado por personas con vínculos con el ELN, y constantemente ustedes cambian su nombre como organización. A lo largo de la investigación se han hecho llamar FEC (Frente Estudiantil Clandestino), ‘Los Nadie’, ‘Los Arruera’ y, por último, ‘PPP’, para así lograr evadir la administración de justicia”, afirmó la fiscal.Según el ente investigador, al menos 11 personas se habrían concertado para conformar una sociedad criminal con vocación de permanencia, con roles definidos y participación en por lo menos 15 eventos violentos. Estos hechos, de acuerdo con la Fiscalía, no fueron aislados, sino coordinados y planificados para generar caos y temor en la comunidad.Uno de los elementos más graves revelados en el proceso es la presunta relación directa con estructuras guerrilleras. La fiscal explicó que para asegurar la financiación y el aval de las acciones violentas, algunos integrantes de la red habrían asistido a campamentos guerrilleros. “Que es presentarse a un campamento de guerrilla y hablar con un comandante para firmar un contrato. Una vez se firme y se tiene el aval para hacer cualquier cosa de impacto con el fin de generar caos y miedo en la comunidad”, relató durante la audiencia, al referirse a los contactos atribuidos a la organización.La Fiscalía también documentó un proceso de infiltración en universidades públicas mediante el uso de carnés falsos, lo que les habría permitido ingresar sin restricciones a sedes como la Universidad Nacional, la Universidad Pedagógica y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. “Ingresan a un baño, a un salón o cerca de una de las puertas de estas universidades, con el fin de preparar artefactos explosivos improvisados, con insumos que presuntamente arribarían desde la ciudad de Medellín”, detalló la fiscal, quien añadió que los elementos incendiarios eran fabricados de manera artesanal.Entre los hechos de mayor impacto atribuidos a esta estructura se encuentran el ataque con bombas incendiarias a una patrulla de la Dirección Antinarcóticos en la calle 26 y un caso en el que un bus de TransMilenio fue secuestrado e incendiado en inmediaciones de una universidad pública. Para la Fiscalía, estos episodios evidencian una escalada en la violencia y un patrón de conducta que va más allá de la protesta social.
Fenalco presentó ante el Consejo de Estado una demanda de nulidad, acompañada de una solicitud de suspensión provisional urgente, contra el Decreto 1469 de 2025, mediante el cual el Gobierno nacional fijó el salario mínimo para 2026 con un incremento del 23,7 %. Para el gremio, la medida se adoptó por fuera de los parámetros legales y constitucionales que rigen este proceso.Según explicó Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, el Gobierno reemplazó las variables obligatorias para definir el salario mínimo —inflación, productividad, crecimiento del PIB y participación de los salarios en el ingreso nacional— por el concepto de “salario vital”, sustentado en referentes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que no tienen carácter vinculante. Además, señaló que el decreto desconoce la competencia exclusiva del Dane como autoridad técnica encargada de definir y certificar la canasta del IPC, base para medir la inflación en Colombia.El líder del gremio de los comerciantes también cuestionó que el decreto no explique de manera clara ni verificable cómo se pasó de un escenario económico que, según Fenalco, justificaba ajustes cercanos al 6,21 %, a un incremento del 23,7 %, sin un soporte técnico sólido que respalde esa diferencia. Para el gremio, esta falta de explicación genera incertidumbre y debilita la seguridad jurídica.En su solicitud ante el alto tribunal, Fenalco advirtió que la aplicación del decreto podría generar efectos irreversibles, como mayores presiones inflacionarias, pérdida de empleo formal, aumento de la informalidad, afectación del aparato productivo y deterioro de las finanzas públicas.Por ello pidió dejar sin efectos la norma y suspender su aplicación mientras avanza el análisis judicial. “Esta no es una discusión contra los trabajadores, que terminarán afectados por la inflación que genere la medida; es una defensa del Estado de Derecho y de la estabilidad económica del país”, concluyó Cabal, al pedir que prevalezca el interés general sobre lo que calificó como intereses politiqueros del Gobierno.
Ya se reiniciaron las labores en las altas cortes tras la vacancia judicial, en ese sentido, el Consejo de Estado admitió para su estudio la primera demanda contra el decreto con el que el Gobierno nacional incrementó el salario mínimo a 2 millones de pesos el pasado 29 de diciembre y que no ha sido visto con buenos ojos por varios sectores en el país.Está demanda fue presentada por Germán Castro contra los ministerios de Hacienda y Crédito Público y Trabajo, al considerar que el decreto vulneraría disposiciones legales y constitucionales.El Consejo de Estado ya hizo lo propio al notificar a los ministerios involucrados y asimismo, corrió traslado de la demanda por 30 días a las entidades accionadas, a la Procuraduría General de la Nación y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, para que se pronuncien sobre el fondo del asunto.El despacho también ordenó al Gobierno nacional allegar la totalidad de los documentos que precedieron la expedición del decreto del salario mínimo para este 2026.“En providencia separada se llevará a cabo el trámite correspondiente para decidir la solicitud de medida cautelar de suspensión provisional que elevó el demandante”, señaló el Consejo de Estado.Y es que desde su expedición este decreto que fijó el incremento del salario mínimo ha sido objeto de duras críticas por gremios y sectores quienes advierten que el aumento no estuvo soportado bajo estrictos criterios técnicos.
Desde la mañana de este miércoles, decenas de madres, cuidadoras y acudientes de niños discapacitados en Cali se encuentran a las afueras de la sede regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, protestando por el cambio del operador que contrata al personal que atiende a estos menores en los centros educativos de la entidad.Estas mujeres aseguran que está en riesgo el proceso académico de más de 400 niños y, además, dejaría sin trabajo a aproximadamente 110 educadoras que hoy piden claridad de cómo se adelantó el proceso para seleccionar al nuevo personal."No cuentan con experiencia comprobada en la atención a personas con discapacidad, no conocemos su ubicación, no sabemos si tienen instalaciones, equipos o programas adecuados. Lo más grave es que no están garantizando los cupos de nuestros hijos", señaló Reineris Samboni, una de las manifestantes.Las manifestantes adelantan bloqueos bloqueos intermitentes en la avenida 2da norte con calle 34, en inmediaciones al parque del Avión, por lo que las autoridades de movilidad recomiendan tomar rutas alternas, debido a la gran congestión vehicular que actualmente hay en la zona."Realmente no tenemos claridad de cuál fue el proceso y los criterios que tuvieron en cuenta para poder escoger a las entidades que pasaron la oferta y que hoy están en operación. Es una situación que nos parece muy grave porque se interrumpen los procesos que se han venido desarrollando con esta población", aseguró Vanessa Pedroza, gestora pedagógica.
Una operación naval en el Pacífico Sur permitió interceptar una embarcación rápida que transportaba cerca de dos toneladas de cocaína, un cargamento que, de haber llegado a su destino, habría alimentado el crimen transnacional con alrededor de 32 millones de dosis. El operativo se desarrolló en medio de labores de control marítimo y dejó al descubierto una nueva ruta usada por organizaciones dedicadas al narcotráfico internacional.La acción se produjo tras la detección y persecución, por parte de unidades de la Estación de Guardacostas de Tumaco, de una lancha tipo go fast, equipada con cuatro motores y tripulada por tres personas, que intentaba evadir los controles en aguas del Pacífico. La operación fue posible gracias a la coordinación entre distintas autoridades y al apoyo de cooperación internacional, lo que permitió cerrar el cerco y detener la embarcación en plena navegación.Durante el procedimiento fueron incautados 66 bultos grandes y dos pequeños con la sustancia ilícita, mientras que los tres tripulantes quedaron a disposición de las autoridades. De inmediato se activaron los actos urgentes con el CTI de la Fiscalía para garantizar el debido proceso y la legalidad de la incautación, así como el avance de las investigaciones judiciales.Este golpe representa, según el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, una afectación directa a las finanzas de las redes criminales que operan en el Pacífico, al interrumpir una de sus rutas marítimas estratégicas y reducir los recursos con los que sostienen estructuras de violencia, corrupción y expansión territorial. Cada cargamento que no llega a su destino, coinciden las autoridades, significa menos poder para el narcotráfico y mayor impacto en la seguridad regional.
Como Jhan Carlos Grajales Gutiérrez fue identificado el hombre asesinado este martes en inmediaciones de la sede de Medicina Legal, ubicada en el barrio Nuevo del municipio de Palmira. En el mismo hecho resultó lesionado Sebastián Jiménez Álvarez, quien fue trasladado al hospital Raúl Orejuela Bueno, donde permanece bajo observación médica.El ataque ocurrió cuando las víctimas se movilizaban en un Chevrolet Spark de color rojo, solicitado a través de una plataforma de transporte, con destino a Medicina Legal de Palmira. En el trayecto fueron interceptadas por dos hombres que se desplazaban en una motocicleta, quienes les dispararon en repetidas ocasiones.“La Policía Nacional se permite informar que frente al caso de homicidio presentado hoy, un hombre de aproximadamente 25 años fue abordado por unos sujetos que le ocasionaron varias heridas con arma de fuego. Fue trasladado de manera inmediata a un centro asistencial, donde lamentablemente falleció”, dijo la general Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Policía del Valle del Cauca.De acuerdo con las autoridades, la víctima fatal y el hombre herido se dirigían a recoger el cuerpo de Leidy Calderón en Medicina Legal. La mujer había sido asesinada el día anterior en el corregimiento de Villagorgona, municipio de Candelaria.“Esta persona sería familiar, al parecer hermano, de una mujer de 29 años que el día anterior, en el municipio de Candelaria, fue víctima de un atentado sicarial junto a otro sujeto en un establecimiento comercial. Su cuerpo había sido trasladado a la morgue de Palmira y por eso es que unidades de la Policía de Cali y Valle adelantan las investigaciones para esclarecer los hechos”, manifestó la oficial.Finalmente, las autoridades informaron que Leidy Calderón, hermana del hombre fallecido, presuntamente estaría vinculada a actividades de préstamos informales de dinero, conocidos como 'gota a gota', y propietaria de un establecimiento comercial en Villagorgona, además de tener conocimiento de amenazas y posibles hechos de extorsión de su hermano, quien presuntamente pertenecía a una banda delincuencial.
Varios usuarios de la EPS SOS llegaron en la mañana de este martes a las afueras de la sede administrativa de la entidad, ubicada en el sur de Cali, para protestar por las fallas en la prestación de los servicios de salud y las deficiencias en la atención de pacientes con tratamientos especializados.Entre los principales reclamos se encuentran la no entrega oportuna de medicamentos y las dificultades para acceder a los servicios de cuidado en casa. Durante varias horas, los manifestantes expresaron su inconformidad frente a esta situación.“En este momento no tienen la capacidad instalada para responder a la atención de más de 150.000 pacientes. Están entregando fichas, apenas 50 por persona, lo cual no alcanza para una demanda tan alta. Antes el servicio lo prestaba Comfandi, pero por decisiones internas de la EPS SOS se dejó de contratar con ellos. Ahora han vinculado otros prestadores que no han cumplido ni con la calidad ni con la oportunidad que requieren los pacientes. Esto está deteriorando la calidad de vida de las personas”, dijo Fernando Palau, vocero de los usuarios.Tras conocerse la protesta, directivos de la EPS SOS abrieron un espacio de diálogo con los manifestantes, con el objetivo de escuchar sus quejas y presentar una hoja de ruta que permita mejorar la atención a los usuarios. “A finales del año pasado tuvimos inconvenientes con los medicamentos, por lo que de manera inmediata contratamos a un nuevo prestador. Actualmente estamos haciendo ajustes para garantizar la entrega tanto de los medicamentos corrientes como de aquellos que el prestador anterior dejó pendientes. Además, estamos en un proceso de articulación con el prestador Farma para la red de urgencias. Contamos con varias clínicas, según el nivel de complejidad de los usuarios, y con IPS de nivel dos y tres tanto en el norte como en el sur de la ciudad”, afirmó Francia Nieto, directora de Salud de la EPS SOS.Cabe recordar que, ante las reiteradas protestas de usuarios de entidades como la Nueva EPS, Emssanar y ahora la EPS SOS, la Secretaría de Salud de Cali ha hecho un llamado a la Superintendencia Nacional de Salud para que intervenga y atienda esta situación, teniendo en cuenta que estas EPS se encuentran actualmente bajo intervención.
Una vez más, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, pidió al presidente de Colombia, Gustavo Petro, que este 2026 lidere una estrategia conjunta de seguridad para el suroccidente del país. A través de la red social "X", la mandataria recordó que durante el año pasado los departamentos de Valle del Cauca, Cauca, Chocó y Nariño fueron blanco de ataques por parte de grupos armados ilegales.La gobernadora señaló que es fundamental trazar una sola línea de acción y trabajar bajo un objetivo común y que sea proteger a las comunidades, que son las principales afectadas por la violencia en los distintos territorios de la región.“Este es un mensaje que le he venido dando al Gobierno Nacional y hoy más que nunca lo que necesitamos es articulación interinstitucional. Debe comenzar por el Gobierno Nacional, para que podamos realizar un trabajo conjunto y, por supuesto, con las fuerzas públicas, con el fin de generar acciones mucho más contundentes en materia de seguridad en las regiones”, afirmó Dilian Francisca Toro.Por otro lado, la mandataria se mostró a la expectativa frente al anuncio de diálogos para restablecer las relaciones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos. Señaló que el apoyo de ese país podría fortalecer la capacidad de respuesta de la fuerza pública.“Es muy importante que en esa comunicación diplomática entre Estados Unidos y Colombia también estemos representados los gobiernos subnacionales. A nosotros nos interesa que en esos diálogos se tenga en cuenta el tema de seguridad, porque Estados Unidos nos puede ayudar mucho y así sería más fácil mejorar las capacidades del Ejército”, manifestó la gobernadora.Finalmente, Dilian Francisca Toro insistió en su llamado al presidente Gustavo Petro para que, en su calidad de jefe de Estado, lidere de manera directa la estrategia de seguridad para el suroccidente del país.
El Valle del Cauca se encuentra en máxima alerta ante las fuertes lluvias registradas en el departamento, las cuales han provocado emergencias en más de diez municipios en las últimas 72 horas.La situación más compleja se registró en el centro del departamento, específicamente en el municipio de Buga, donde la creciente súbita de un río obligó a cuatro familias de la comunidad del corregimiento de La María a evacuar sus viviendas, debido al riesgo que estas corrían."El desbordamiento del río ocasionó la pérdida de una vivienda. Una delegación del consejo municipal de gestión del riesgo estuvo presente en la zona entregando recomendaciones preventivas a la comunidad y se ha solicitado la evacuación de sectores con alto riesgo de nuevas afectaciones. De igual manera en la vereda, Las Frías registró un derrumbe que bloqueó el paso vehicular. Nuestros obreros están allí presentes para habilitar la vía y restablecer la movilidad.", indicó Karol Martínez, alcaldesa de Buga.Otros municipios que han reportado afectaciones por las fuertes precipitaciones han sido Ginebra, El Cerrito, Riofrío Trujillo, Calima El Darién, San Pedro, Cartago, Buenaventura y Dagua."Tenemos alrededor de seis municipios con declaratoria de calamidad pública, para atender las emergencias en los diferentes municipios. Según el sistema de información geográfico y el IDEAM, lo que se prevé es que continuemos con las lluvias en el mes de enero, con un incremento del 20% comparado al histórico", explicó el secretario de Gestión del Riesgo del Valle, Francisco Tenorio.
Las autoridades adelantan las labores correspondientes para identificar plenamente a un hombre de 39 años que fue asesinado en la carrera 2A con carrera 3 Oeste, en inmediaciones del monumento a Sebastián de Belalcázar, en el oeste de Cali, Valle del Cauca.La Policía confirmó que la víctima presentaba heridas causadas por arma de fuego en la cabeza, lo que le ocasionó la muerte en el lugar de los hechos, un sector frecuentado por cientos de turistas.“Es un hecho desafortunado. Se trata de un hombre de 39 años, víctima de un homicidio bajo la modalidad de sicariato con arma de fuego. Lamentamos lo ocurrido y hemos desplegado todas nuestras unidades, incluida la Policía de Turismo, en este sector”, señaló el coronel Andrés Buitrago, comandante (e) de la Policía Metropolitana de Cali.La primera hipótesis que manejan las autoridades apunta a que el crimen estaría relacionado con los llamados ‘gota a gota’, presuntamente por un préstamo de dinero a la víctima.“Al parecer, este hecho estaría relacionado con los denominados pagadiarios. En este momento, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) adelanta todas las acciones judiciales y la recolección de elementos materiales probatorios”, explicó el oficial.Durante el puente festivo de Reyes, y de acuerdo con el reporte de la Policía, en Cali se registraron cinco homicidios: uno el viernes, dos el sábado y dos este domingo.
Como Andrés Felipe Castañeda, de 25 años, fue identificado el patrullero de la Policía Nacional que murió en un accidente de tránsito ocurrido en la calle 23 con carrera 3, en el barrio San Nicolás, centro de Cali. El uniformado y otro compañero se movilizaban en una motocicleta institucional, cuando colisionaron contra un vehículo particular.De acuerdo con las autoridades, la víctima, oriunda del municipio de Tumaco, en el departamento de Nariño, llevaba dos años de servicio en la Policía Metropolitana de Cali. En un video captado por cámaras de seguridad del sector se observa el momento en que ambos vehículos colisionan, dejando a los policías tendidos en la vía y al automóvil impactado contra un poste de energía."Es un siniestro vial ocurrido el pasado 9 de enero que cobró la vida del patrullero y, de acuerdo con la información preliminar, el uniformado ya se encontraba regresando a su lugar de residencia cuando ocurrió el hecho, en un cruce vial, en circunstancias que son materia de investigación. El accidente se registró mientras se realizaban intervenciones policiales en la ciudad", dijo el coronel Andres Buitrago, comandante (E) policía metropolitana de Cali.Sobre las personas que se movilizaban en el vehículo particular, se conoció que tuvieron que ser trasladadas a centros asistenciales de la ciudad para recibir atención médica tras el fuerte impacto del choque.“Son dos mujeres, sufrieron algunas lesiones, pero horas después fueron dadas de alta. Al conductor de este vehículo se le practicó la prueba de alcoholemia, la cual arrojó resultado negativo. Este accidente es materia de investigación por parte de las autoridades competentes y judiciales”, señaló el oficial.En el siniestro también resultó herido otro policía, quien permanece hospitalizado bajo observación médica, mientras las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas exactas del accidente.
Una operación liderada por la Policía permitió intervenir 12 minas ilegales en el corregimiento de Guayabal, zona rural del municipio de Quibdó, en el departamento del Chocó. La acción representó un golpe directo a las economías ilícitas del Clan del Golfo, estructura criminal que se lucraba de la explotación ilegal de yacimientos mineros y que ha sido señalada de depredar de manera sistemática los recursos naturales de la región.La intervención fue ejecutada por la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Nacional, en coordinación con el Ejército Nacional, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la Inspección de Policía de Quibdó y la Corporación Autónoma Regional del Chocó (Codechocó). El trabajo articulado permitió identificar varios frentes de extracción ilegal durante patrullajes de observación y control en zonas de difícil acceso.Como resultado de la operación, las autoridades intervinieron 12 casos de minería ilegal y lograron la destrucción e inutilización de cinco dragas, 20 motobombas y 13 motores, maquinaria empleada para la extracción ilícita de minerales en afluentes y áreas boscosas. De acuerdo con la Policía, estos equipos tenían un avalúo aproximado de 275 millones de pesos, lo que representa una afectación significativa a la capacidad financiera y logística del Clan del Golfo en esta zona del país.Además del impacto contra las economías criminales, el operativo tuvo un efecto directo sobre la protección del capital natural del Chocó. La minería ilegal venía generando una grave degradación de ecosistemas estratégicos, la alteración de la franja forestal protectora y la contaminación de fuentes hídricas, principalmente por el uso de mercurio y otros químicos altamente tóxicos utilizados en los procesos de extracción.Las autoridades advirtieron que estas prácticas no solo ponen en riesgo los ríos y suelos, sino que también afectan de manera severa la fauna y la flora silvestre, provocando el desplazamiento de especies y, en muchos casos, su muerte por intoxicación. La intervención permitió frenar de manera temporal estos daños y reducir la presión ambiental sobre territorios altamente sensibles.“Cada una de estas operaciones refleja el compromiso permanente de la Policía Nacional con la protección del capital natural del país. Al intervenir la minería ilegal no solo afectamos las economías criminales, sino que protegemos los ecosistemas, las fuentes hídricas y la biodiversidad que son fundamentales para las comunidades y para las futuras generaciones”, señaló el brigadier general Carlos Germán Oviedo Lamprea, director de Carabineros y Protección Ambiental, quien reiteró que el trabajo interinstitucional seguirá fortaleciéndose para garantizar la sostenibilidad ambiental del territorio.