Hace pocos minutos, las autoridades confirmaron que unidades antiexplosivos de la Policía realizaron la detonación controlada de un cilindro que había sido cargado con explosivos en el sector de Las Piñas, específicamente en la vía que comunica a Cali con el municipio de Buenaventura.De acuerdo con información preliminar, hombres desconocidos habrían dejado este artefacto en plena carretera, un corredor vial de gran importancia para el suroccidente del país.Por este motivo, las autoridades ordenaron el cierre total de la vía durante varios minutos, con el fin de prevenir cualquier tipo de tragedia mientras se adelantaban las labores de verificación y manejo del riesgo.Conductores que se movilizaban por esta ruta reportaron, a través de las redes sociales, una fuerte congestión vehicular y largos tiempos de espera debido a la restricción del paso.A esta hora, la circulación ya fue restablecida y se registra un flujo normal de vehículos en el sector. Sin embargo, se espera que en las próximas horas las autoridades entreguen declaraciones oficiales para conocer más detalles sobre este hecho y avanzar en las investigaciones que permitan establecer quiénes serían los responsables.
En un operativo conjunto de las autoridades contra grupos criminales que operan en el suroccidente del país, fue capturado en la frontera con Ecuador alias ‘Caleño’, señalado integrante del Clan del Golfo y requerido por Interpol mediante circular azul.La captura se logró gracias a un trabajo coordinado entre las fuerzas de seguridad de Colombia y otros países, lo que permitió ubicar y detener a este hombre, considerado una pieza importante dentro de esta organización ilegal.Según explicó la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, alias ‘Caleño’ cumplía un papel clave al servicio del Ejército Gaitanista de Colombia. Desde municipios como Riofrío y Trujillo, se encargaba de observar y reportar los movimientos de la Fuerza Pública, información que luego era usada por los jefes del grupo para planear traslados de armas, municiones y personas, así como para cometer asesinatos.“Su función era alertar sobre la presencia de las autoridades para facilitar las acciones criminales de la organización”, señaló la mandataria, al destacar la importancia de esta captura para la seguridad del departamento.Las autoridades indicaron que alias ‘Caleño’ hacía parte del cartel de los más buscados en el Valle del Cauca. Por información que ayudara a dar con su paradero, la Gobernación ofrecía una recompensa superior a los 50 millones de pesos.La general Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Policía Valle, afirmó que esta captura representa un golpe significativo a la estructura del Clan del Golfo, especialmente en su red de apoyo logístico y armado en el suroccidente del país.Tras el operativo, el capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que ahora se encargará de adelantar el proceso judicial correspondiente.
Luego de varios intentos fallidos y de reiteradas solicitudes a través de cartas y mesas de diálogo con el Gobierno nacional, integrantes del comité del paro cívico de Buenaventura decidieron tomarse las instalaciones del Ministerio de Educación Nacional en Bogotá, con el fin de exigir el cumplimiento de los compromisos pactados.De acuerdo con Miyela Riascos, vocera del comité, los estudiantes, tanto de la zona urbana como rural, actualmente no cuentan con condiciones adecuadas para el desarrollo de sus jornadas educativas.“En términos de infraestructura educativa, no tenemos condiciones habitacionales saludables. No hay confort climático, hay humedad, calor excesivo y salones que no están adecuados. Además, no solo se requieren aulas para recibir clases, sino también espacios como laboratorios”, explicó Riascos.En el mismo sentido, el sacerdote Jhon Reyna Ramírez, integrante de la pastoral de Buenaventura y miembro del comité del paro cívico que permanece en Bogotá, aseguró que no regresarán al Valle del Cauca hasta obtener una respuesta concreta por parte del Gobierno Nacional.“Estamos aquí desde el lunes en la noche y hemos continuado trabajando durante el martes y el miércoles. Hoy estamos haciendo un recorrido por todo el tema de infraestructura educativa. La idea es salir con soluciones concretas y no nos moveremos hasta terminar este ejercicio y tener luz verde tanto del Ministerio de Educación como del Ministerio de Hacienda”, manifestó el sacerdote.Otros de los motivos que respaldan la protesta están relacionados con la falta de acceso permanente al agua potable, deficiencias en la atención en salud y la necesidad de garantizar soberanía alimentaria para las comunidades del distrito.
Claudia Calao, hermana de Gilberto Jesús Calao, abogado y director seccional de la DIAN en el municipio de Tuluá, quien fue asesinado en las últimas horas se pronunció. La familiar aseguró que las investigaciones avanzan de manera constante para esclarecer la muerte de su hermano.La mujer señaló que una de las principales hipótesis que manejan las autoridades apunta a la participación de mafias dedicadas a operaciones ilegales. Según indicó, meses atrás Gilberto Calao ya había denunciado un caso relacionado con este tipo de actividades, lo que refuerza la posibilidad de que el crimen esté vinculado con su labor en la entidad.“No tanto amenazas porque pues él siempre se transportaba en su vehículo , él puso unas denuncias en temas de cobro y la puso en conocimiento en la fiscalía y la llevó a nivel central, incluso estuvo en Bogotá haciendo las denuncias y contándole a la DIAN”, indicó Claudia Calao.Por su parte, la Gobernación del Valle del Cauca anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita la captura de los responsables de este asesinato. Aunque la investigación continúa en curso, las autoridades ya tendrían algunas pistas sobre los agresores, quienes, según las primeras indagaciones, habrían llegado desde la ciudad de Cali para cometer el crimen.“Lo que nos dijo la fiscalía es que los sicarias venían de cali , aparecen en las cámaras a las 4 de la mañana, venían en moto y en carro le estaban haciendo el seguimiento “ expresó.Entretanto, el presidente de la República, Gustavo Petro, también se pronunció sobre el asesinato del director seccional de la DIAN en Tuluá. El mandatario aseguró que bandas dedicadas al contrabando estarían directamente relacionadas con el homicidio y advirtió que este tipo de organizaciones criminales buscan intimidar al Estado.
Tras el cruento atentado perpetrado por el ELN contra la base militar de Aguachica, Cesar, que resultó en el asesinato de seis soldados profesionales y dejó a 31 heridos, el general Luis Emilio Cardozo, comandante del Ejército Nacional, advirtió sobre la peligrosa transformación del conflicto en Colombia. Según el alto oficial, las fuerzas militares no solo luchan contra insurgentes tradicionales, sino contra estructuras criminales con una capacidad financiera sin precedentes que les permite acceder a tecnología de punta para atacar a la población y a las tropas.Una guerra impulsada por el narcotráfico y el oroEl general Cardozo fue enfático al describir al enemigo actual como una "guerrilla rica", asegurando que en ninguna otra época estos grupos habían tenido tantos recursos económicos como hoy. Esta bonanza financiera proviene principalmente del narcotráfico y la extracción ilícita de yacimientos mineros, especialmente el oro en regiones como el sur de Bolívar y el Catatumbo.Esta solvencia les permite comprar bodegas, casas y drones a través de internet, además de contratar entrenamiento de personal extranjero para operar estos sistemas y coordinar ataques complejos,. "Aquí no hay una guerrilla que esté pensando en cambiar el sistema de gobierno; aquí hay unos carteles que se están enriqueciendo y adquiriendo capacidades de desestabilización", afirmó el comandante.La masificación de los ataques con dronesLa magnitud de la amenaza tecnológica es alarmante. Entre el 26 de abril de 2024 y el 18 de diciembre de 2025, el Ejército ha contabilizado 393 ataques con drones. Esta modalidad, que inició en Argelia, Cauca, se ha expandido a zonas como el Chocó, Guaviare y Putumayo, convirtiéndose en la herramienta predilecta de grupos como el ELN y las disidencias de alias 'Mordisco' y 'Calarcá'.El desafío para las tropas es mayúsculo, pues los criminales lanzan estos artefactos desde el patio de casas en caseríos civiles, utilizándolos como escudos humanos para evitar la respuesta militar y generar daños colaterales. El general advirtió que la tecnología está evolucionando hacia el uso de "drones kamikaze", los cuales pueden impactar objetivos a velocidades de 100 km/h, aumentando la letalidad de las acciones terroristas.El costo de la defensa y la respuesta institucionalFrente a esta situación, el Ejército busca una asignación presupuestal de un billón de pesos para fortalecer la protección de sus bases fijas. Actualmente, la adquisición de tecnología de detección e inhibición es limitada debido a sus altos costos; un solo equipo fijo de detección puede costar hasta 2.000 millones de pesos.Escuche aquí la entrevista:
La JEP condenó al coronel en retiro Hernán Mejía a 20 años de prisión por 72 casos de falsos positivos que se dieron mientras él comando el Batallón La Popa con sede en Valledupar.“Declarar al coronel (r) Publio Hernán Mejía Gutierrez penalmente responsable por los hechos ocurridos mientras se desempeñaba como comandante del Batallón de Artilleria La Popa No 2 de Valledupar como coautor de los delitos que se cometieron en el marco de la primera modalidad del patron de macrocriminalidad consistente en una alianza entre el ilegal aparato organizado de poder bajo su mando con el Frente Mártires del Cesar de las Autodefensas Unidas de Colombia”, señala la JEP.Las conductas punibles que cometió Mejia, según la JEP, son homicidio en persona protegida, tortura en persona protegida y desaparición forzada, entre otros.El coronel en retiro Hernán Mejía deberá cumplir una pena de 20 años de prisión y no se le concederá prisión domiciliaria ni medidas alternativas.Es importante recordar que Mejia ha negado su responsabilidad en estos casos de falsos positivos y tuvo que enfrentar un juicio en la JEP.Esta es la primera condena de la JEP en la que un compareciente enfrenta la cárcel.
La teoría de la justicia en el escándalo de corrupción de la Unidad de Gestión de Riesgo es que se creó una organización delincuencial que tenía como objetivo, torcer o mover la voluntad de un grupo de congresistas para que apoyaran la gestión y los proyectos del Gobierno del presidente Gustavo Petro en el Congreso de la República.Durante la audiencia en la que decidió sorpresivamente enviar a la cárcel a los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla y del Interior, Luis Fernando Velasco, la magistrada del Tribunal Superior de Bogotá, Aura Rosero, afirmó que la actuación de quienes fueran dos de los alfiles del presidente Petro, “responde a la misma lógica instrumental orientada a asegurar gobernabilidad mediante el uso de recursos públicos y la incidencia ilegítima sobre el legislativo”.En el caso del exministro Ricardo Bonilla, la justicia tiene elementos que demostrarían que facilitó y participó en el direccionamiento de tres contratos de la Unidad de Gestión de Riesgo por más de 90 mil millones de pesos para satisfacer el apetito de seis congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, con el fin de que los parlamentarios emitieran conceptos que eran indispensables para que el gobierno pudiera tramitar empréstitos internacionales para la Nación.Según la justicia, el exministro Luis Fernando Velasco habría desempeñado el rol de “articulador político” de la estructura dedicada a la compra de conciencias en el Congreso a cambio de contratos. Según el exdirector de Gestión de Riesgo Olmedo López, Velasco le dio instrucciones precisas para direccionar los contratos hacia congresistas que ofrecieran respaldo a la agenda legislativa del Gobierno. El caso puntual que hoy tiene en la cárcel a Luis Fernando Velasco es el del senador Julio Elías Chagüi, que, según los testimonios, habría recibido contratos sin justificación de urgencia o necesidad.Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco son los funcionarios de mayor rango del gobierno Petro detenidos por este escándalo, pero no son los únicos, se suman a la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, que está presa y en etapa de juicio y a los prófugos Carlos Ramón González y César Manrique, que fueron hombres muy cercanos a su gobierno.Carlos Ramón González fue director del DAPRE y de la Dirección Nacional de Inteligencia, habría ordenado entregar 3 mil millones de pesos en efectivo al expresidente del Senado Iván Name y mil millones al expresidente de la Cámara, Andrés Calle, hoy es prófugo de la justicia y pasa sus días bailando vallenato en su exilio dorado en Nicaragua. César Manrique fue director de la Función Pública y actualmente está prófugo de la justicia, presuntamente en Venezuela.La otra pata del escándalo está en el Congreso: están detenidos los expresidentes del Senado Iván Name y de la Cámara Andrés Calle y están a la espera de saber si son llamados a juicio o no por la Corte Suprema los congresistas Wadith Manzur, Karen Manrique, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz, Juan Pablo Gallo y Liliana Bittar. También están a la espera de su llamado por la justicia los congresistas Julio Elías Chagüi y Martha Peralta.Tras la captura de los exministros Bonilla y Velasco, el país necesita que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema envíe un mensaje claro anticorrupción en el momento en el que defina el llamado a juicio a seis congresistas que habrían estado involucrados en el mismo escándalo. También es el momento para que el presidente Gustavo Petro responda a las afirmaciones del exministro Luis Fernando Velasco, quien dijo ante la justicia que toda la operación política que él adelantó, fue conocida y autorizada por el jefe de Estado y aseguró que la entonces directora del DAPRE, Laura Sarabia, le ordenó contratar a Olmedo López, pieza clave del escándalo, por instrucción directa del presidente Petro.
La decisión del Tribunal Superior de Bogotá de mantener la detención intramural de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, pese a la apelación presentada por sus defensas, dejó a ambos privados de la libertad mientras avanza el proceso por el escándalo de corrupción en la UNGRD. Es así como Bonilla permanece en el búnker de la Fiscalía en Bogotá y Velasco en una sede de la Dijín en Cali, tras una determinación que, aunque fue inicialmente solicitada como domiciliaria por la Fiscalía, terminó siendo más severa.Desde la defensa del exministro de Hacienda, el abogado penalista Mauricio Pava insistió en que la medida de aseguramiento no puede interpretarse como una condena anticipada. “La decisión de la magistrada es preliminar, precautelativa, no es la imposición de una pena anticipada”, aseguró, al tiempo que recalcó que el eje central del proceso debe ser la presunción de inocencia. Según explicó, una vez el ciudadano entra a los estrados judiciales, “todo lo que se discute legítimamente por fuera, en los medios o en el debate público, queda afuera”.Pava fue enfático en señalar que la discusión de fondo apenas comienza y que las conclusiones de la magistrada responden a una valoración inicial. “Esto se tiene que analizar en el juicio. Para nosotros, los abogados litigantes, la presunción de inocencia es estructural en el debate jurídico”, afirmó, dejando claro que la defensa no comparte la tesis de la Fiscalía según la cual Bonilla habría hecho parte de una organización criminal.Al referirse a los hechos concretos del caso, el abogado sostuvo que existen tres grandes ejes en la investigación y que, a su juicio, ninguno compromete penalmente a su defendido. “El tema de los carrotanques de La Guajira no tiene nada que ver con el profesor Bonilla. El de los maletines, tampoco. Y el tercero es una hipótesis de la Fiscalía que nosotros hemos denominado, de manera prosaica, una tentativa de ‘mermelada’”, explicó. Esa hipótesis, agregó, fue acogida preliminarmente por la magistrada, pero tiene un amplio campo de discusión jurídica.Frente a los delitos imputados —concierto para delinquir, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos—, Pava precisó que se trata de interpretaciones sobre conversaciones y actuaciones administrativas que deberán ser controvertidas en juicio. “No es que las pruebas hablen por sí solas; lo que existe es la interpretación que cada parte hace de ellas: la Fiscalía, la magistrada, la defensa”, señaló.El abogado también defendió la actuación personal de Bonilla durante el proceso. Recordó que renunció a su cargo y que se comprometió a comparecer ante la justicia como cualquier ciudadano. “Ha encarado este proceso con integridad y dignidad, asistiendo a todas las diligencias y asumiendo las consecuencias de las decisiones judiciales”, dijo.Sobre la sorpresa que generó la decisión de enviarlo a la cárcel, pese a que la Fiscalía y la Procuraduría habían solicitado detención domiciliaria, Pava aseguró que no le resultó inesperada. “Llevo 30 años en el ejercicio profesional y he visto posiciones muy estrictas de los jueces. No estamos de acuerdo, por eso recurrimos, pero no me sorprendió”, afirmó.
En un puesto de control instalado por tropas de la Novena Brigada, en el sector de la vereda Panorama, sobre la vía La Plata–Inzá–Popayán, occidente del Huila, fue detenido un vehículo de carga tipo turbo, en el cual hallaron 550 kilos de marihuana que habrían sido aforados en el departamento del Cauca.De acuerdo con las autoridades, este cargamento de marihuana pertenecería al bloque central Isaías Pardo de las disidencias de las Farc y, al parecer, pretendían llevarlo hacia el exterior, principalmente a Brasil, donde su valor aumentaría de manera significativa en el mercado internacional.El teniente coronel Cristian Arturo Fajardo, comandante del Batallón Cacique Pigoanza de la Novena Brigada, confirmó que durante la incautación del alucinógeno el conductor del vehículo inspeccionado fue capturado y dejado a disposición de la Fiscalía por el delito de fabricación y tráfico de estupefacientes.“En el procedimiento de verificación fue hallada en el automotor una carga compuesta por 549 paquetes, para un peso total de 549 kilos de marihuana. Este estupefaciente pertenecía al grupo armado residual bloque central Isaías Pardo de las Farc, frente Hernando González Acosta, y como resultado de la operación un hombre fue capturado”, afirmó el teniente coronel Fajardo.Es importante mencionar que, en lo corrido del año 2025, las autoridades han incautado alrededor de 28 toneladas de marihuana y base de coca en las carreteras del Huila, estupefacientes que en su mayoría provienen de estructuras criminales y grupos armados ilegales que delinquen en el Cauca y el sur del país.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció a través de su cuenta de X sobre el atentado terrorista ocurrido en el municipio de Suárez, Cauca, a pocos metros de la estación de Policía, durante la madrugada de este lunes festivo y que dejó dos muertos y cuatro heridos.En su publicación, el ministro confirmó que uno de los heridos es un policía y que los responsables de este ataque son las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Iván Mordisco’. En ese mismo trino, ofreció una recompensa de 200 millones de pesos para esclarecer este caso y prevenir otros hechos similares."Este hecho demuestra el desespero cobarde de la estructura criminal ante la pérdida de control territorial y el debilitamiento de sus finanzas ilegales derivadas del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión, esto como resultado de la presión sostenida de nuestras Fuerzas Militares y de Policía", indicó el ministro Sánchez en su trino.Por su parte, el alcalde de Suárez, César Cerón, hizo un llamado al Gobierno nacional para atender de primera mano la crítica situación de orden público que cada semana están viviendo."Hacemos un llamado a los gobiernos nacional y departamental para que nos acompañen, porque como municipio ya no tenemos cómo dar respuesta a tantas necesidades. A los actores armados, déjennos vivir tranquilos, no queremos vivir más esto, no es justo que los suareños cada día de por medio o cada fin de semana tengamos ataques, que solo afectan a la comunidad civil. No nos dejen solos, es una situación que yo ya no sé qué más podemos hacer", indicó el alcalde.De los heridos, el policía fue trasladado inmediatamente a la clínica Valle del Lili en el sur de Cali, mientras que los civiles siguen siendo atendidos en el hospital local de Suárez. Entre estos civiles heridos ha una pequeña niña de 6 años, quien sufrió lesiones por esquirlas.
El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, condenó el atentado con carro bomba ocurrido en la madrugada de este lunes festivo en el municipio de Suárez, Cauca, que dejó al menos dos personas muertas y cuatro heridas.A través de la cuenta oficial de la entidad en X, el jefe del Ministerio Público pidió celeridad en las investigaciones para identificar y judicializar a los autores materiales e intelectuales del ataque. Asimismo, expresó su solidaridad con las víctimas y calificó el hecho como “repudiable”, haciendo un llamado urgente a garantizar la protección de la población civil.Por su parte, el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, también rechazó el atentado contra la estación de Policía en Suárez, asegurando que la violencia no puede seguir siendo utilizada como una herramienta de intimidación ni de poder. Guzmán insistió en la necesidad de fortalecer la presencia integral del Estado en la región y brindar mayores garantías de seguridad a los habitantes del departamento.“El Cauca merece vivir en paz, con esperanza y libre de miedo”, afirmó el mandatario, al reiterar su compromiso con la defensa de la vida y la tranquilidad de los ciudadanos.El ataque se registró hacia las primeras horas del lunes 3 de noviembre, cuando un carro bomba fue detonado en el barrio Villa Flor, muy cerca a la estación de Policía del municipio, tierra natal de la vicepresidenta Francia Márquez.De acuerdo con los primeros reportes, dos personas perdieron la vida y cuatro resultaron heridas, siendo trasladadas a centros asistenciales. Las autoridades locales adelantan un consejo de seguridad en el norte del departamento para evaluar la situación y definir nuevas medidas que permitan prevenir más ataques contra la fuerza pública y proteger a la comunidad.
Con la presencia de técnicos en explosivos del grupo Marte del Ejército Nacional y observadores de la Misión de la MAPP-OEA, concluyó en el sector de La Laguna, zona rural de Roberto Payán (Nariño), la destrucción de las 14 toneladas de explosivos entregadas por las disidencias de las FARC autodenominadas Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, en el marco de los diálogos de paz con el Gobierno del presidente Gustavo Petro.Blu Radio conoció que este lunes 3 de noviembre, bajo estrictas medidas de seguridad, se logró inutilizar las últimas 4,1 toneladas de material de guerra, entre las que se encontraban granadas diseñadas para ser lanzadas con drones, morteros hechizos, minas antipersonal y explosivos destinados a la fabricación de bombas artesanales. Esta acción se desarrolló en cumplimiento del acuerdo número 12 pactado por las partes, que volverán a reunirse este martes 4 de noviembre en la ciudad de Tumaco, en el Pacífico nariñense.El capitán Mahecha, jefe del grupo antiexplosivos Marte del Ejército Nacional, aseguró que entre el material destruido había decenas de minas antipersonal y granadas que pudieron haber sido utilizadas para atentar contra la Fuerza Pública mediante lanzamientos a través de drones.El oficial destacó que este es un hecho significativo, “porque con la cantidad de explosivos y material de guerra destruido se están salvando vidas en las zonas donde el grupo ilegal Ejército Bolivariano tiene presencia”, y resaltó la voluntad e intención de paz de esa estructura armada ilegal.Mahecha añadió que “las minas antipersonales destruidas son artefactos muy peligrosos que no distinguen entre la población civil y la Fuerza Pública”.Esta destrucción del material de guerra concluye 24 horas antes de que las delegaciones se reúnan en la ciudad de Tumaco, Nariño, donde —de acuerdo con el cronograma de la mesa— se espera perfeccionar los protocolos para habilitar las dos primeras zonas de capacitación integral y ubicación temporal en Nariño y Putumayo. A estos lugares llegarán inicialmente 120 combatientes que entregarán sus armas para reintegrarse a la vida civil.
Se van conociendo más detalles del atentando contra la fuerza pública ocurrido en la madrugada de este lunes festivo en el norte del departamento del Cauca, con la explosión de un carro bomba muy cerca a la estación de policía del municipio de Suárez.El último reporte que entregan las autoridades es que el ataque sí dejó víctimas, la mayoría de ellas civiles, debido a que el vehículo no alcanzó a llegar a la estación. Son en total dos personas muertas y cuatro más heridas, las que fueron trasladadas al hospital.Las autoridades locales adelantan un consejo de seguridad en el norte del departamento, en el que se buscará implementar acciones para evitar más ataques contra la fuerza pública.Mientras tanto, la comunidad se encuentra en la zona ayudando a recolectar los escombros que dejó la explosión y los daños a diferentes casas y negocios afectados por la explosión.
El plazo máximo que se tiene para garantizar la cofinanciación del Gobierno nacional en el proyecto del Tren de Cercanías del Valle del Cauca es el 8 de noviembre. Hasta ese día, se puede recibir el aval fiscal y técnico de los ministerios de Hacienda y Transporte para así iniciar en firme la licitación del primer tramo de la obra, que va desde Jamundí a Cali. ¿Qué pasará con el tren de Cercanías en el Valle del Cauca?Si no se obtiene una respuesta por parte del Gobierno nacional en esta semana, aplica la ley de garantías y este proyecto podría retrasarse por lo menos durante dos años más, poniendo en riesgo los procesos que ya se han adelantado, como los estudios previos."Se perderían las vigencias de todos los estudios, diseños y estructuración del proyecto, que han representado una inversión superior a los 34.000 millones y más de tres años de trabajo especializado. Se desactualizarían los estudios de demanda, que obligaría a invertir nuevamente 12.000 millones y extender los tiempos de ejecución, a dos meses adicionales", dijo María Fernanda Santa, directora de la seccional Suroccidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura.Los diferentes sectores y gremios del departamento se han unido en la campaña 'Que no se nos vaya el Tren' para pedirle al Gobierno nacional que no obstaculice el proyecto y se logre su ejecución, logrando así una gran oportunidad de desarrollo para la región.
Sigue en aumento la tensión entre el presidente Gustavo Petro y la gobernadora del Valle Dilian Francisca Toro, la cual inició esta semana, cuando Toro le reclamó a Petro, por la falta de apoyo y recorte presupuestal a la Fuerza Pública en medio de la crítica situación de orden público que está viviendo la región.Reclamo al que el presidente Petro le respondió que la violencia en el Valle del Cauca es generada "por la cercanía de algunos poderosos políticos con poder regional al narcotráfico", acusando directamente a la gobernadora de tener este tipo de relaciones.Las palabras del mandatario nacional fueron calificadas por Dilian Francisca Toro como una bajeza cobarde, en su intervención invitó a Petro a pasar menos tiempo en redes sociales y visitar más los territorios."Son calumnias que además no solamente me están afectando a mí sino a nuestro departamento, yo lo único que le digo es que venga a trabajar con nosotros, que deje de trinar tanto y más bien venga trabaje con nosotros por la seguridad del departamento", dijo la gobernadora del Valle.Nuevamente el presidente Petro le respondió a la gobernadora diciendo que lo que origina la violencia en el Valle del Cauca es la relación mafia - política, denunciando que contrabandistas estarían usando la zona franca de Palmaseca, el aeropuerto de Cali y el puerto de Buenaventura, para ingresar mercancía de contrabando, "comprado policías, funcionarios, investigadores, políticos les ayudan y han amenazado y asesinado funcionarios de la DIAN en Tuluá", indicó Petro a través de X.
La oportuna información de habitantes de Popayán, Cauca, permitió la rápida reacción de la Policía, que frustró un nuevo ataque terrorista y evitó una tragedia en el sur de esa ciudad.Una camioneta cargada con cinco cilindros con explosivos fue descubierta antes de ser activada contra la estación sur de la Policía Metropolitana, ubicada en el barrio Vásquez Cobo, cerca del centro histórico de Popayán.La Policía confirmó que pasadas las 5 de la mañana, la comunidad denunció un desplazamiento sospechoso de una camioneta de alta gama, que se dirigía directamente hacia la estación, ignorando las vallas de seguridad instaladas en el lugar.Los explosivos fueron detonados de manera controlada. Luego de esa detonación, autoridades se encuentran verificando cámaras de seguridad para identificar a los terroristas.
Después de un consejo de seguridad que se llevó a cabo en el municipio de Tuluá, en el departamento del Valle del Cauca, las autoridades decidieron ofrecer una millonaria recompensa por información que permita ubicar a los responsables de asesinar a Gilberto Jesús Calao, director seccional de la DIAN en Tuluá.La víctima, oriunda del departamento de Córdoba, fue asesinada cuando hombres armados lo abordaron y le dispararon en varias ocasiones en el barrio El Jazmín de ese municipio vallecaucano, lo que le produjo la muerte al funcionario público.“Hemos evaluado las primeras indagaciones que se han realizado por el vil asesinato del director seccional aquí en el municipio de Tuluá y que no había ninguna denuncia formal por ningún medio de este funcionario que nos permitiera establecer que tenía amenazas o algo parecido y nuestra policía judicial avanza para establecer los autores materiales de este hecho, por eso la recompensa es de hasta $50 millones”, dijo Guillermo Londoño, secretario de Seguridad y Convivencia del Valle.Sobre este hecho, que conmocionó al país, el presidente Gustavo Petro manifestó que la mafia que hoy lava dinero, principalmente, a través del contrabando ha amenazado a varios funcionarios de la entidad.“El contrabando es siempre el lavado de dólares de la cocaina. La mafia de la cocaina hoy lava dinero principalmente a través del contrabando y del oro, entonces esta mafia ha amenazado a funcionarios de la DIAN en Tuluá y probablemente sea el autor del asesinato del señor Gilberto Calao”, expresó Gustavo Petro, presidente de Colombia.Por otro lado, el director de la DIAN, Carlos Galeano, señaló que esas mafias, con procedimientos irregulares de impuestos, podrían estar relacionadas con el asesinato.“Al parecer, mafias asociadas al tema de las importaciones ficticias tendrían que ve con el infortunado caso de asesinato de nuestro director de aduanas esta mañana en Tuluá, entonces eso es un tema de lavado de la DIAN porque además esto genera unas devoluciones importantes“, explicó Galeano.Con un equipo especial de la Policía y mediante diferentes actividades, se busca a los responsables de este hecho, mientras las autoridades, a través de videos de cámaras de seguridad, tratan de establecer la ruta que usaron los sicarios para cometer el crimen.
Luego de tres días de la toma armada perpetrada por disidencias de las Farc en el municipio de Buenos Aires, en el norte del departamento del Cauca, las autoridades explicaron las razones por las cuales no fue posible brindar apoyo oportuno al personal de la Policía durante los hechos.Las explicaciones se entregaron durante un consejo de seguridad realizado este jueves en Popayán. Allí, el general Luis Emilio Cardozo Santamaría, comandante del Ejército Nacional, señaló que las dificultades de acceso terrestre y aéreo fueron determinantes.“Los grupos armados ilegales bloquearon todas las vías de comunicación hacia Buenos Aires con vehículos y artefactos explosivos, lo que impidió el ingreso por tierra. A esto se sumaron las malas condiciones climáticas que limitaron el apoyo aéreo. Inicialmente, salió un avión de la Fuerza Aérea, un C-47, hacia las 7:00 de la mañana, pero no pudo ingresar por mal tiempo", dijo."Posteriormente, los Super Tucano intentaron entrar, pero las condiciones no mejoraron. Las limitaciones del apoyo aéreo están directamente relacionadas con el clima”, explicó el general Cardozo.Durante el mismo consejo de seguridad, el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, solicitó al Gobierno nacional fortalecer la infraestructura de las estaciones de Policía en municipios críticos como Jambaló, Buenos Aires, Patía y Almaguer.“Ha sido un espacio de diálogo franco en el que reiteramos que el Cauca requiere de manera inmediata fortalecer su capacidad de respuesta y contención frente a las acciones armadas. La seguridad debe ser una política sostenida, eficaz y anticipada”, manifestó el mandatario departamental.Asimismo, las autoridades solicitaron respaldo tecnológico y logístico para la Vía Panamericana, corredor estratégico que ha sido blanco frecuente de atentados y se anunció el refuerzo de la seguridad con 300 hombres de la Fuerza Pública, quienes serán desplegados en municipios priorizados hasta el mes de enero. Además, se ofreció una recompensa de 100 millones de pesos por información que permita identificar a los responsables del ataque en Buenos Aires.