Una semana después de las elecciones legislativas y las consultas presidenciales del 8 de marzo, en Cali finalizó el proceso de escrutinio que se estaba llevando a cabo en el centro comercial Cosmocentro.Las comisiones escrutadoras estuvieron acompañadas de testigos, representantes de los partidos políticos y entes de control, revisando actas y formularios electorales para determinar resultados, y garantizar así que el proceso se completara con transparencia. En el resto del valle del Cauca continúa la consolidación de resultados."“El proceso en Santiago de Cali transcurrió muy bien. En el Valle del Cauca van 21 municipios escrutados al 100 % en Consulta, Senado y Cámara de Representantes. Es importante mencionar que en el escrutinio local hemos contado con presencia de testigos de movimientos como Pacto Histórico, La U, Cambio Radical, Centro Democrático, Nuevo Liberalismo, entre otros", aseguró Johan Ernesto Bonilla, miembro del Tribunal Seccional del Consejo Nacional Electoral.Con más de la mitad de los municipios del Valle del Cauca completamente escrutados, ya se conoce cómo quedan distribuidas las 13 curules del departamento: Seis para el Pacto Histórico, dos para el Partido de la U, dos para el Centro Democrático y de a una curul para el Partido Liberal, Cambio Radical y la Coalición Ahora Colombia.
Persisten las tensiones entre la comunidad y las autoridades en la zona de ladera de Cali, específicamente en las comunas 18 y 20, pues durante este fin de semana, varios ciudadanos se han opuesto a la realización de puestos de control y patrullajes en las vías de esta zona de la ciudad.El hecho más reciente ocurrió en inmediaciones de los barrios Caldas y Lourdes, donde los agentes de tránsito, la Policía e incluso algunos soldados del Ejército fueron atacados por varios ciudadanos con piedras, palos y botellas plásticas.Las autoridades de Movilidad indican que estos inconvenientes con la comunidad se registran con mayor frecuencia en esta zona de ladera y también en el oriente de la ciudad, por lo que la directriz que se ha establecido es retirarse del sitio y evitar alguna confrontación con los ciudadanos."Es una problemática que se viene presentando en esta parte de Siloé, en Meléndez, donde constante y lamentablemente nos agreden los agentes. Afortunadamente, ninguno resultó herido, tampoco ningún policía, pero pues sí queda el sinsabor de esta renuencia al control, esta renuencia al orden que se genera allí. Ellos estaban haciendo unos patrullajes que se hacen conjuntos. No estaban haciendo ningún operativo revisando documentos, simplemente estaban haciendo patrullajes", indicó Luis Fernando Escobar, subsecretario de Movilidad de Cali.Justo la noche anterior, una situación similar se registró en el sector de Siloé, donde decenas de motociclistas se opusieron a los controles de tránsito, obligando a los funcionarios a retirarse del lugar. Y el viernes, la tensión se vivió en el oriente de Cali, donde los ciudadanos realizaron una asonada expulsando a los funcionarios del distrito de Aguablanca.
La Procuraduría General de la Nación le hizo un llamado de atención a la Aeronáutica Civil para que atienda las irregularidades en las pistas de aterrizaje en el Aeropuerto Santiago Pérez Quiroz, en el departamento de Arauca. La advertencia surge tras una denuncia hecha el pasado 7 de marzo por la aerolínea Satena, en la que reportaba que no existían las condiciones mínimas de seguridad aérea en esta terminal.Entre las fallas que la aerolínea señalaba en ese aeropuerto se encuentran la falta de iluminación en los bordes, vegetación que cubría algunas farolas y varios tramos donde las lámparas se encuentran fuera de servicio. Satena advirtió que, si estas condiciones no se corregían pronto, se podría suspender la operación de vuelos nocturnos hacia Arauca.En la denuncia, la aerolínea también advirtió que se podrían suspender los vuelos nocturnos si no se cumplen las condiciones mínimas de seguridad, especialmente en lo referente a la visibilidad. La Procuraduría Regional de Arauca señaló que la situación podría afectar la estabilidad turística, económica y la conectividad de la región.La denuncia de Satena también se hizo sobre otras pistas de aterrizaje, específicamente las de Nuquí, Condoto y Acandí, municipios del Chocó. En estos casos, las fallas estaban relacionadas con la presencia recurrente de personas y animales en la pista, objetos abandonados en zonas de seguridad y presencia de hongos en la superficie de la pista. De hecho, la aerolínea suspendió temporalmente su operación en el Bajo Baudó, en el departamento del Chocó.
Esta emergencia ocurrió en el municipio de La Unión, en el norte del Valle del Cauca, en medio de una fiesta infantil, donde el ambiente de celebración se convirtió en angustia total cuando uno de los globos de la decoración se estalló al entrar en contacto con la vela del pastel.Aunque la familia creía que estos globos habían sido inflados con helio, la realidad es que estos tenían en su interior hidrógeno, un elemento que, al entrar en contacto con el fuego, generó una combustión que le provocó graves quemaduras a un niño de 21 meses de edad y a una mujer que lo tenía cargado en ese momento."El más comprometido es el menor de 21 meses, con quemaduras de segundo grado, en la mayoría del rostro del niño, comprometiendo labios, mucosa, antebrazo izquierdo y gran parte de su cuerpo. Realizamos protocolos de estabilización y manejo integral de las quemaduras", explicó la doctora Cristina Colonia, coordinadora de Servicios Hospitalarios del Hospital Gonzalo Contreras de La Unión, Valle.El menor fue remitido al Hospital Universitario del Valle en Cali, donde hoy permanece siendo atendido en la Unidad de Quemados. Mientras tanto, las autoridades en el norte del departamento iniciaron una investigación para verificar el establecimiento encargado de la decoración de la fiesta, y así adelantar las sanciones correspondientes."Iniciaremos visitas en conjunto con Bomberos y Policía, para poder hacer vigilancia y control a los establecimientos que tienen el expendio de este tipo de elementos. El llamado es al comercio, que de pronto, por ahorrarse unos cuantos centavos y aumentar sus utilidades, no puede poner en riesgo la vida y la seguridad e integridad de nuestro territorio", aseguró John Robert Manzano, secretario de Gobierno de La Unión, Valle.
Las alarmas siguen encendidas en la Policía del departamento de Cesar tras la detonación de un artefacto explosivo, al parecer tipo petardo, contra un puesto de control de esta autoridad que estaba ubicado en la entrada al municipio de Curumaní.Según el reporte inicial de las autoridades competentes, los hechos no registraron personas heridas y se abrió una investigación para determinar qué grupo armado pudo estar detrás de ese atentado.El episodio fue rechazado por la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuan, quien ordenó el aumento de unidades del Ejército en la zona para restablecer la movilidad vehicular.“Un nuevo hecho de violencia ocupa a nuestro departamento. Un artefacto explosivo fue detonado hace algunas horas en la vía Curumaní - San Roque, hecho que rechaza la gobernadora Elvia Milena Sanjuan y a partir del cual articula nuevas acciones con la fuerza pública”, escribieron por sus redes sociales.“El ataque no dejó lesionados, ni daños a la infraestructura vial, pero llevó al aumento de Policía y Ejército en la zona. A esta hora se registra tránsito normal”, agregó.Del mismo modo, el alcalde Hermes Martínez, analiza en estos momentos la realización de un consejo extraordinario de seguridad para tomar medidas al respecto.Como ya informamos, los hechos son materia de investigación para las autoridades.
Luz Mendoza García todavía puede recordar la última llamada que el pasado 28 de diciembre tuvo con sus hermanos Manuel María (51 años) y Alfonso Manuel (49 años), en la que le dijeron que tenían que salir, junto con sus primos Pablo Guillermo (42 años) y Darío Miguel Vides García (52 años), desde una base militar en Rusia hacia una zona llamada el área, uno de los puntos en los que se libra la guerra de este país con Ucrania.La mujer tomó con preocupación la noticia de que “estarían incomunicados por lo menos hasta enero de este año”, mucho más ahora que transcurren tres meses del 2026 y todavía no hay rastro de ellos.Desde su casa en Soledad, Atlántico, declaró a Blu Radio que sus allegados fueron reclutados con la promesa de ganar mucho dinero en la logística del ejército ruso. Sin embargo, tras un par de semanas de entrenamiento les entregaron fusiles y los sacaron a “una realidad muy diferente”.“Hemos hecho de todo. Mandamos una carta a la embajada de Rusia, a la de Colombia en ese país, a Polonia. Incluso opté por ingresar a un grupo ucraniano para pedir información y ni así. Lo único que me dicen es que no aparecen en la lista de nada. Si no aparecen entre los muertos, ni entre los desaparecidos, ni en lista de heridos, tampoco en hospitales, ¿entonces dónde están?”, dijo inicialmente.Para ella esto es anormal, pues desde el 10 de noviembre que partieron hacia Moscú, siempre mantuvieron comunicación por la plataforma de Telegram. De hecho, la alcanzaron a tranquilizar explicándole que solo cuidarían las ciudades bajo el dominio ruso. Aun así, aclara que su única esperanza ahora es volver a verlos.“Es horrible no saber lo que le pasa a tu familia. No tener ni idea de si está vivo o muerto. Angustioso. Estamos agarrados de la fe de Dios. Por lo menos le pido que me dé la oportunidad de que mis hermanos aparezcan. Hay veces en las que pierdo la esperanza, porque todo está como muy difícil”, agregó entre lágrimas.Manuel trabajaba con la empresa Brasilia en Maicao, La Guajira; Alfonso se ganaba la vida haciendo oficios varios en La Jagua de Ibirico, en Cesar, mientras que Darío y Pablo laboraban juntos en un restaurante ubicado en la playa de El Rodadero, en Santa Marta.Su vuelo salió desde Bogotá hacia París, Francia, para posteriormente tomar rumbo hacia Estambul, Turquía, y finalmente, Moscú.Hoy Luz Mendoza García suplica una ayuda del Gobierno nacional para volver a ver a sus hermanos y primos.
La aparición de hasta 300 tarjetones de más en varias mesas de votación es una irregularidad que no solo está llevando a la destrucción masiva de votos al azar durante los escrutinios, sino que está afectando a partidos como el movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia, Aico, que denuncia la anulación de más de 70.000 sufragios que tenía a su favor en Barranquilla, Bucaramanga y varios municipios del Valle del Cauca.El inconformismo lo manifestó inicialmente Rafael Esguerra, representante jurídico del partido Aico, durante los escrutinios que se realizan en el centro de eventos Puerta de Oro en Barranquilla. Aseguró que lo que está ocurriendo en este lugar y en otras zonas del país es un acto de “discriminación indirecta”, pues afirma que están siendo castigados junto a la circunscripción nacional, siendo que ellos son una circunscripción especial.Si bien la ley obliga a hacer un nuevo conteo y a destruir los votos en exceso cada vez que el número de sufragios supere la cantidad de votantes por mesa, el abogado Esguerra sostiene que la circunscripción indígena merece un tratamiento especial.“Hoy se están metiendo en la misma bolsa dos circunscripciones totalmente distintas, la nacional y la especial indígena. Los votos de la circunscripción indígena no afectan ni el umbral ni la cifra repartidora. Es decir, ni le suman ni le restan votos a la circunscripción nacional. Se están destruyendo también nuestros votos, castigando a una minoría política por un problema que no nos corresponde, ya que el problema viene de las mesas”, declaró.El abogado insiste en que la falta de capacitación de los jurados puede ser una de las causas por las que se están dando estas irregularidades.Lo cierto es que estas inconsistencias, como votos que superan el número de votantes inscritos por mesa, motivaron a la Procuraduría a abrir una investigación en contra de cuatro jurados de votación en Barranquilla que, pese a no estar vinculados a ninguna entidad pública, están siendo procesados como funcionarios públicos, pues su labor como jurado los convirtió en servidor del Estado por un día.Más molestiasOtro de los que habló del tema fue el candidato al Senado Rubén Marino, del movimiento Autoridades Indígenas de Colombia (AICO), quien sostuvo que solo en Barranquilla le anularon cerca de 12.000 votos.“En Barranquilla saqué algo más de 9.000 votos y me anularon 12.000, me anularon más de los que registraron buenos y nadie responde”, dijo Marino.“El problema no es solamente una candidatura. Aquí estamos hablando de la representación política de las comunidades indígenas, una minoría que durante años ha sido excluida y que hoy ve cómo su votación está siendo afectada en medio del proceso electoral”, agregó.Para Marino, lo más preocupante es la ausencia de respuestas por parte de las autoridades responsables de garantizar la transparencia del proceso electoral.“No hay una explicación del registrador, no hay respuesta de los organismos de control. Estamos hablando de decenas de miles de votos de ciudadanos que confiaron en este proyecto político y que hoy no aparecen reflejados en los resultados”, indicó.El candidato insistió en que lo que está en juego no es únicamente una aspiración electoral, sino la posibilidad de que las comunidades indígenas cuenten con una representación real en el Congreso.
La desaparición de David Acosta Botina, un ingeniero de petróleos de 27 años, mantiene en alerta a su familia y a las autoridades en Bogotá. El joven fue visto por última vez la madrugada del 1 de marzo en la Zona T, en el norte de la capital. Según relató su madre, Piedad Botina, en entrevista con Blu Radio, inicialmente David había salido de su casa para comprar unas camisas que necesitaba para su trabajo en una multinacional, pero horas después se conoció que terminó la noche en un casino del sector, lugar donde fue captado por última vez antes de que su teléfono celular se apagara.Las cámaras de seguridad registraron sus últimos movimientos hacia la 1:05 de la madrugada, imágenes que hoy hacen parte clave de la investigación. De acuerdo con su madre, en el video se observa cuando el joven sale del establecimiento con dinero en la mano y el celular, momento en el que tropieza con dos personas cerca del lugar. Tras ese breve contacto, los desconocidos se dirigen hacia un vehículo cercano mientras David continúa caminando y gira en una esquina. Desde ese punto, su rastro se pierde completamente para las cámaras del sector.La familia también ha señalado que el ingeniero portaba varios objetos de valor, entre ellos un reloj y joyas de oro blanco con diamantes y esmeraldas. Días después de su desaparición, el celular de David fue ubicado en manos de una ciudadana argentina, quien no habría podido explicar con claridad cómo llegó el dispositivo a su poder. "Él comete un error, él sale del casino como contando una plata, más el celular en la mano, se tropieza con dos personas", señaló su madre. A esto se suman llamadas de presuntos extorsionistas que han pedido hasta 20 millones de pesos a cambio de información, aunque, según la familia, ninguno ha presentado pruebas de supervivencia del joven.Mientras las autoridades revisan más grabaciones y adelantan la investigación, la familia Acosta Botina continúa pidiendo ayuda para esclarecer lo ocurrido. Su madre hizo un llamado a quienes puedan tener información sobre el paradero del joven. “Como mamá les pido que me ayuden a buscar a mi hijo. No tengo paz ni tranquilidad”, dijo, al insistir en que lo único que buscan es encontrarlo sano y salvo.
En medio de la incertidumbre que rondaba los recientes hechos violentos en el corregimiento Puerto López de El Bagre donde dos personas fueron asesinadas y dos niñas fueron posteriormente secuestradas, algo de claridad para los casos llegó con un reciente pronunciamiento de las disidencias de las Farc.A través de un video difundido ampliamente en redes sociales miembros del cuatro frente de este grupo armado reconocieron la incursión en esta zona rural del Bajo Cauca antioqueño el pasado 12 de marzo con el objetivo, según afirmaron, de “golpear” la presencia del Clan del Golfo en el territorio y a personas que señalaron de ser integrantes o colaboradores del mismo.Por estas circunstancias los ilegales, adscritos a la compañía móvil Alfredo Jiménez, se atribuyeron el crimen de dos personas, pero además el secuestro de las hermanas Jhocer Alexandra y María Ana Yánez Hernández, a quienes también señalaron de ser ‘puntos’, es decir, personas involucradas en la vigilancia y aviso de acciones a bandos considerados como enemigos."Las menores hasta el momento se encuentran bien y estamos en la espera para ser entregadas a las entes competentes. Se aclara también que en ningún momento hubo enfrentamiento con la fuerza pública y estos en ningún momento hicieron presencia en el corregimiento", manifestó la vocera de esta estructura al mando de alias 'Calarcá'.Tras conocerse esta situación hay temor en la población civil por las retaliaciones que podría tomar el Clan del Golfo contra las disidencias, pero también contra ellos mismos en medio de un escenario de disputa territorial y del control de rentas criminales que permanece desde hace varios meses en este corregimiento e incluso zonas aledañas de otros municipios limítrofes del Nordeste antioqueño.Lo ocurrido particularmente con las menores de edad ya había generado el pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo desde donde solicitaron la liberación de las mismas y acciones contundentes de la fuerza pública ante alertas tempranas emitidas hace varios años para esta región.
Más de cien personas, en su mayoría afrodescendientes que se autodenominan la “Minga de Cali”, se encuentran protestando en el centro de ciudad, exigiéndole a las autoridades competentes atender varias problemáticas relacionadas con el acceso a tierras, soluciones habitacionales, y reconocimiento de grupos étnicos y culturales.“La vivienda también es un derecho. Llevamos varios años en esta situación y no nos dan soluciones, por eso estamos aquí protestando, haciéndonos escuchar y seguiremos en las calles hasta que nuestras exigencias sean atendidas”, manifestó un líder de la movilización.Sin embargo, desde la Secretaría de Vivienda manifestaron que los diálogos fueron suspendido de manera temporal hasta que finalice el 2024 .“Ante este panorama, la Alcaldía de Santiago de Cali ha tomado la decisión de suspender temporalmente los diálogos con la “Minga Cali” durante lo que resta de 2024. Esta medida busca garantizar el orden y la seguridad, al tiempo que se espera la reglamentación nacional necesaria para abordar las problemáticas de manera efectiva y dentro del marco legal”, dice el comunicado.La Alcaldía de Cali lamentó que, a pesar de los esfuerzos que se han realizando, han sido desconocidos por parte de la “Minga Cali”, lo que ha derivado en acciones de hecho que afectan gravemente a la ciudad, entre las que se encuentran el cierre de vías en zonas residenciales y hospitalarias, poniendo en riesgo la prestación de servicios vitales y actos vandálicos como grafitis en espacios públicos y daños a la infraestructura.
La normal operación de los 52 hospitales del Valle del Cauca está en riesgo, debido al retraso en los pagos de las EPS Emasanar, Nueva EPS, Coosalud y Asmet Salud, las cuales están intervenidas por la Superintendencia de Salud. Los cambios en los agentes interventores de estas entidades han impedido la entrega de recursos, lo que representa un alto riesgo para la prestación de servicios a los vallecaucanos.La secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, se sumó al llamado que hizo la Asociación de Hospitales y Empresas Sociales del Estado del Valle para que el Gobierno nacional agilice el pago directo de los meses de octubre, noviembre y diciembre.“Llevamos tres meses sin recibir los giros directos. Son tres meses que suman una deuda cercana a los 2 billones de pesos y una cartera de más de 360 días. Esto ha llevado a un incumplimiento con las obligaciones laborales, con proveedores y toda la dificultad en la compra de insumos y suministros. La situación es muy grave", aseguró la secretaria.Los directamente afectados con la falta de recursos son más de 4.5 millones de vallecaucanos usuarios de estos hospitales. Si no encuentran una respuesta por parte de la Superintendencia de Salud, la red de salud pública se verá obligada a habilitar únicamente el servicio de urgencias.“El lunes 16 de diciembre, a la hora 00:00, si no hay un diálogo, si no hay pago, es imposible poder seguir atendiendo a nuestra gente. Solo podremos atender casos de urgencias. Los controles, el mantenimiento de la salud, las actividades de prevención, la consulta externa de nuestras instituciones no va a poder seguir siendo atendidas, porque no vamos a tener para pagarle al personal y no tenemos los suministros para atender con calidad y sin riesgo a nuestros pacientes”, expresó Ligia Viáfara, directora ejecutiva de la Asociación de Hospitales y Empresas Sociales del Estado del Valle.
Dos personas fueron asesinadas y otras dos resultaron heridas en confusos hechos en una vía de Nariño, que son investigados por agentes de la Sijin de la Policía Nacional y funcionarios del Cuerpo Técnico de la Fiscalía General de la Nación.Alex González, subsecretario de Paz y Derechos Humanos de Nariño, dijo a Blu Radio que los hechos ocurrieron pasadas las diez de la noche del lunes 9 de diciembre en la vía que del municipio de El Tambo conduce a El Peñol, en el noroccidente del departamento.Las primeras informaciones entregadas a las autoridades indican que los ocupantes de una camioneta color blanco, que se dirigía hacia el municipio de El Tambo, fueron interceptados por dos personas que se movilizaban en una motocicleta, quienes de inmediato abrieron fuego contra los ocupantes del automotor.Dos personas de sexo masculino, entre los 24 y 26 años de edad, conocidos con los nombres de Juan Pablo y Arturo, murieron de manera instantánea, mientras que otros dos hombres que viajaban como pasajeros resultaron heridos y fueron trasladados hasta un centro asistencial de Pasto, en donde, según el parte médico, su estado de salud es reservado.Las dos personas asesinadas, al igual que las otras dos que resultaron heridas, no registran anotaciones judiciales, aseguró González.El funcionario aseguró que una comisión de la Fiscalía y la Sijin de la Policía Nacional asumieron las investigaciones para establecer los móviles de este ataque, el cual, de acuerdo con las versiones de la comunidad, no se registraba hace más de una década en esa parte del noroccidente de Nariño."Es un hecho muy extraño", dijo a Blu Radio el vocero oficial, tras advertir que lo ocurrido en Policarpa, donde tres venezolanos y un colombiano fueron asesinados, y lo sucedido en Ipiales, donde cinco personas resultaron muertas, son hechos que no tienen ninguna relación, pero que las autoridades ya tienen pistas claras de los autores materiales de estos hechos.
La Alcaldía de Cali publicó el borrador del decreto que establece el reajuste de las tarifas para movilizarse en taxi en la ciudad a partir de este mes y que entrará en vigencia en los próximos días.¿En cuánto quedará el valor de la carrera mínima en Cali?Las modificaciones propuestas por las autoridades de movilidad y el gremio de taxistas contemplan, por ejemplo, que la carrera mínima en un taxi básico subirá de $6.000 a $6.500, mientras que en un taxi de lujo se fijará el precio en $8.600.Además, el tiempo de espera, calculado en bloques de 50 segundos, pasará de tener un costo de $128 a $135 para los taxis básicos. En el caso de los taxis de lujo, el valor de este concepto será fijado en $180.Por otra parte, los recargos adicionales por servicios nocturnos, domingos y festivos en el nivel básico serán de $1.600, lo que representa un incremento de $50, mientras que en el nivel de lujo el costo se fijará en $2.100.¿Cuánto vale el banderazo de taxis en Cali?Hay que decir también que el valor del denominado "banderazo", que representa el costo inicial del servicio, aumentará de $3.200 a $3.400 en los taxis básicos y de $4.500 en los taxis de lujo.¿Cómo se establecen valores de los taxis en Cali?Sobre estos ajustes, Wilmer Tabares, secretario de Movilidad, explicó que se realizaron con base en un análisis detallado de costos y gastos del sector de los taxistas: "Hemos hecho un trabajo muy juicioso, tanto técnico como ciudadano, para establecer una tarifa que no solo mejore los ingresos de los taxistas, sino que también sea beneficiosa para los usuarios del servicio", señaló el funcionario.Por su parte, representantes del gremio de taxistas expresaron que estos reajustes son necesarios para compensar el aumento en los costos operativos, como el combustible, que ha afectado sus ingresos. También mencionaron la competencia que enfrentan con las plataformas digitales de transporte, lo que reduce su capacidad de captar usuarios."Ya no es solo el precio de la gasolina, sino también el del gas vehicular, que ha subido considerablemente. Por eso, muchos compañeros consideran justo este reajuste. El último se hizo en octubre del año pasado, y ahora, en diciembre, ya es urgente realizarlo. Además, vemos precios injustos en otros insumos que no están regulados por el gobierno", señaló Jhonny Rangel, líder del gremio conocido como la Mancha Amarilla.Este documento, que está disponible en la página web de la Alcaldía, podrá ser consultado por los ciudadanos hasta este jueves 12 de diciembre, para que los caleños envíen sus comentarios y sugerencias. La intención es que los nuevos costos entren en vigor antes de finalizar este 2024.
Se conoció el caso de por lo menos 30 ciudadanos que resultaron estafadas por personas inescrupulosas que, a través de redes sociales, engañaron a la comunidad con un supuesto recorrido en el bus turístico de Cali a quienes les cobraron alrededor de $30.000.De acuerdo con la denuncia que se presentó, el recorrido incluía un paseo por el centro y oeste de la ciudad con paradas en el complejo religioso La Merced, el monumento al Gato del Río y el mirador donde está ubicado el monumento a Sebastián de Belalcázar."Queremos hacer un llamado a la ciudadanía a no caer en posibles fraudes. Este es un servicio financiado por la secretaria de turismo, que no tienen que pagar por un cupo en un bus, no se dejen tumbar por trampas en las redes", dijo Mabel Lara, secretaria de Turismo.Asimismo, desde la dependencia indicaron que el servicio del bus turístico es gratuito para la comunidad y solo se gestiona a través de un proceso de inscripción que se realiza en la página oficial de la Alcaldía de Cali y la secretaria de turismo."Para poder hacer el registro deben utilizar las redes sociales de la secretaria de turismo y también la plataforma de la página web visitcali.travel para que allí se inscriban en los diferentes horarios de los recorridos del bus", explicó la funcionaria pública.El bus, que hace los recorridos por los lugares más emblemáticos de Cali, tiene la capacidad para transportar a 70 personas, y especialmente va dirigido para extranjeros, fundaciones, comunidad en general, sectores educativos y empresariales, entre otros.
Persiste la indignación en el municipio de Palmira, Valle del Cauca, por la muerte de Valentina Villegas, la mujer de 29 años de edad, quien fue asesinada por su pareja sentimental, y cuyo cuerpo casi termina incinerado cuando este hombre provocó un incendio.Las autoridades confirmaron que los restos de Valentina llevaban en una habitación varios días, y solo fueron encontrados por los bomberos cuando atendieron un incendio en esta vivienda ubicada en el barrio Coronado, envueltos en sábanas y casi calcinados."Presuntamente la víctima fue asesinada tres días atrás y, después de una conflagración, de un siniestro, es encontrado el cuerpo sin vida. Estaremos atentos al desarrollo penal para conocer la verdad de los hechos y hacerle un acompañamiento a la familia de la mujer", señaló el personero de Palmira, William Espinoza.Lo que indican las autoridades es que el agresor en estos momentos está detenido; a pesar de intentar quitarse la vida, fue él quien habría avisado a las autoridades sobre el incendio, confesando finalmente que él le quitó la vida a Valentina."En el marco del procedimiento fue capturada una persona en flagrancia, quien presuntamente estaría vinculada con estos hechos y quien era la pareja sentimental de la víctima. Esta persona fue dejada a disposición de la autoridad judicial competente para el proceso correspondiente", aseguró el teniente coronel Edison Aux Mora, comandante encargado del distrito especial de Policía Palmira.
El ataque armado se registró a la altura del sector de El Crucero del corregimiento de Timba, en zona rural de Jamundí, Valle del Cauca, en una de las vías donde diariamente integrantes del frente 'Jaime Martínez', de las disidencias de las Farc, instalan retenes ilegales.La víctima se movilizaba en su vehículo particular, y se dirigía hacia el casco urbano del municipio, cuando se encontró con los disidentes, quienes le ordenaron detenerse, señal que esta persona desobedeció por el temor de resultar secuestrado por esta estructura criminal.Esta acción provocó que de inmediato los sujetos armados dispararan hacia el vehículo, y las balas lograron impactar a esta persona en su espalda, dejándola gravemente herida. Minutos después, fue auxiliada por la comunidad y trasladada de inmediato a una clínica de Cali, donde hoy se encuentra en una unidad de cuidados intensivos con pronóstico reservado.La comunidad de la zona rural de Jamundí ha manifestado que los retenes ilegales son una constante en todas las vías de acceso a corregimientos y veredas. Incluso, en vías que conectan con el departamento del Cauca, donde constantemente asaltan vehículos de carga y hurtan camionetas de alta gama, como el caso de hace unas semanas, donde este mismo grupo disidente se robó dos camiones tipo niñera, que movilizaban camionetas, en plena vía Panamericana.Este hecho se suma a la invasión de una finca productora de piña ocurrida esta semana en el sector de Río Claro, donde sujetos armados, al parecer siguiendo órdenes de los disidentes, ingresaron al predio a la fuerza, amenazando e intimidando a los propietarios y trabajadores, y destruyendo todos los cultivos.
Los propietarios de la finca La Novillera, ubicada entre los sectores de Río Claro y Ampudia, en zona rural de Jamundí, Valle, están elevando un llamado de atención tanto a las comunidades de la zona rural como a las autoridades, para ponerle fin a las invasiones que se han venido registrando en este predio.El hecho más reciente ocurrió hace dos días, cuando sujetos armados con fusiles llegaron al cultivo de piñas de este lote y lo destruyeron asegurando que iban siguiendo órdenes de “los de arriba”, refiriéndose a integrantes de la disidencia 'Jaime Martínez', que delinquen en esa zona del municipio.A través de un comunicado, los propietarios de La Novillera señalaron que este lugar no tiene relación alguna con la Sociedad de Activos Especiales ni la Agencia Nacional de Tierras, y tampoco han cedido terrenos para la ubicación del batallón de Alta Montaña u otra instalación militar, por lo que no deberían ser objeto de estas invasiones.Los dueños de este lugar aseguran que esta propiedad lleva más de 90 años en esa región, generando actualmente más de 100 puestos de trabajo en ganadería, piscicultura en cultivos de piña, limón, mandarina, guayaba; incluso comprende una reserva ambiental, la cual corre riesgo por estas constantes ocupaciones irregulares.Hasta el momento, ninguna autoridad se ha pronunciado respecto a la última invasión, hecho que aumenta la incertidumbre de los propietarios del predio. Por su parte, el concejal de Jamundí, Luigi Morales, aseguró que esta falta de respuesta estatal lo que hace es incentivar más estas invasiones."Hace varios meses hemos venido viendo cómo algunos predios de nuestro municipio han sido invadidos por diferentes personas, tanto del territorio como otras ajenas que han sido incentivadas por grupos armados o también por tomadores ilegales de predios que ya tienen eso como un negocio. Esto agudiza la situación de orden público en nuestro municipio", indicó el concejal.
Este crimen se registró en una finca ubicada entre los sectores de La Marina y La Carbonera, en límites del municipio de El Cairo con Ansermanuevo, al norte del Valle del Cauca, cuando varios hombres armados llegaron y comenzaron a disparar indiscriminadamente al grupo de personas que ahí se encontraba departiendo.En un video conocido a través de las redes sociales se ve a las víctimas de este ataque armado tendidas en el suelo. Por la magnitud de sus heridas, se indicaría que el hecho habría sido perpetrado con armas largas. El saldo de este caso son tres personas asesinadas, las cuales aún no han sido identificadas."Además de las víctimas mortales, otras dos personas resultaron heridas. Este hecho ocurre en un territorio donde la violencia y el control armado sobre la población ya habían sido advertidos. En esta zona hacen presencia el Clan del Golfo, el frente 'Jaime Martínez' de las disidencias de las Farc, el ELN y bandas de control local, en medio de dinámicas de disputas y control territorial que siguen afectando gravemente a las comunidades", señaló Leonardo González, director de Indepaz.Según Indepaz, esta sería la masacre N.º 28 ocurrida en Colombia en este 2026. Las autoridades ya desplegaron un grupo de investigación para determinar qué grupo armado estaría detrás de este hecho.