La cadena logística en Buenaventura vuelve a encender las alarmas. Aunque actualmente la congestión en las vías está controlada, el verdadero problema persiste dentro de los puertos.Las largas demoras en el cargue y descargue de contenedores que tienen a los transportadores esperando entre 120 y 150 horas en promedio, es decir, cinco o seis días detenidos sin operar.Según denuncian desde la Asociación de Transportadores de Carga (ATC), esta no es una situación reciente. Se trata de una problemática estructural que lleva cerca de tres décadas afectando a los puertos que manejan carga contenerizada de importación y exportación. El panorama es crítico. El camionero llega a Buenaventura, supera bloqueos y dificultades en carretera, pero al ingresar al puerto debe estacionarse a la espera de que le asignen turno para cargar o descargar. Durante ese tiempo no recibe compensación alguna.Las pérdidas son millonarias. Un solo caminero puede dejar de recibir hasta 23 millones de pesos en una semana de inactividad. Si se calcula sobre un promedio de 200 transportadores en la misma situación, las pérdidas semanales superarían los 5.000 millones de pesos.El problema radica en cómo funciona la cadena. Las empresas de transporte de carga contratan a propietarios de tractocamiones para movilizar contenedores por un valor fijo de flete. Sin embargo, cuando las citas no se cumplen o los contenedores no están disponibles, los tiempos de espera se extienden incluso hasta 10 o 15 días. En ese lapso, el conductor debe asumir parqueaderos, alimentación, hospedaje y otros gastos no contemplados inicialmente.“El camionero que está esperando, por la demora de las citas o cuando no reciben en el puerto los contenedores, tiene que pagar una serie de gastos y de costos que no tenían contemplado dentro del primer valor por el cual lo contrataron. ¿Quién responde por esos costos?”, señaló Anderson Quiceno, presidente de la ATC.El llamado al Gobierno es a intervenir de manera estructural, identificar responsables y garantizar el pago justo por los tiempos de espera. Los transportadores piden que el Ministerio de Transporte analice el problema en toda la cadena logística y no solo en navieras o sociedades portuarias. Advierten que mientras no haya una solución integral, los camineros seguirán asumiendo el costo de un sistema que los está afectando sustancialmente.
La crisis del sector salud continúa generando efectos en el Valle del Cauca. Esta vez, los afectados son los habitantes de Guadalajara de Buga y sus corregimientos, tras el anuncio del Hospital San José de Buga, que informó la suspensión temporal de servicios para los usuarios afiliados a EPS Emssanar.A través de un comunicado, la institución señaló que la medida entrará en vigencia a partir del 15 de febrero y obedece a la inviabilidad financiera en la prestación de servicios a dicha EPS. La secretaria de Salud del Valle del Cauca, María Cristina Lesmes, explicó que únicamente se mantendrá la atención en el área de urgencias, y solo en casos que comprometan la vida de los pacientes.“Sigue funcionando urgencias y lo derivado de la urgencia, pero lo ambulatorio que pueda postergarse sin poner en riesgo la vida de las personas se suspenderá. A los usuarios les pedimos paciencia, responsabilidad y un uso racional de los servicios”, señaló la funcionaria.Lesmes también indicó que se adelantan conversaciones con la EPS para buscar una solución que permita restablecer la normalidad en la prestación de los servicios médicos.“En el Valle del Cauca hemos tenido dos episodios graves con Emssanar. Uno de ellos involucra al Hospital San José de Buga. Estamos trabajando con la interventoría regional para encontrar una salida, donde todas las partes tendremos que ceder para evitar la interrupción en la atención a los pacientes”, dijo la secretaria.De acuerdo con las autoridades, la suspensión de servicios impactará a más de 32.000 usuarios de Emssanar en Buga y a más de 42.000 ciudadanos en su zona de influencia.
Momentos de tensión se registraron en la tarde de este viernes en el sector de La Berta, en el corregimiento de La Liberia, zona rural del municipio de Jamundí, Valle del Cauca, debido a una asonada contra tropas del Ejército Nacional. De acuerdo con información preliminar, la comunidad, presuntamente instrumentalizada por las disidencias de las Farc, estaría exigiendo la salida de los militares del territorio.Blu Radio pudo confirmar con la comunidad que, en medio de la situación, varios establecimientos comerciales fueron obligados a cerrar, mientras que a los habitantes que permanecían en el sector se les habría ordenado mantenerse resguardados en sus viviendas. La medida también se habría extendido a sectores aledaños como Villa Colombia, La Cabaña, El Descanso, San Antonio y El Pital.Durante esta semana, la fuerza pública ha venido adelantando operativos en la zona rural de Jamundí con el objetivo de recuperar el control territorial, tras la reciente aparición de vallas y banderas alusivas a las disidencias de las Farc, estructuras vinculadas a alias Iván Mordisco, en corregimientos como San Antonio y San Vicente, hechos que han generado temor entre habitantes y turistas.Cabe recordar que en julio del año pasado también se registró una asonada en los corregimientos de Ampudia y Villa Colombia, en la zona alta de Jamundí. En esa ocasión, cerca de 150 soldados permanecieron retenidos por más de cinco horas.Según reportaron las autoridades en su momento, en los hechos habrían participado aproximadamente 700 personas, presuntamente instrumentalizadas por integrantes del frente Jaime Martínez, quienes exigían a los militares poner fin a la denominada operación “Escudo del Norte”.
La Alcaldía de Cali puso en funcionamiento una nueva Unidad Móvil de Atención en Salud que empezará a operar en la zona de ladera, con el objetivo de acercar servicios médicos a comunidades de difícil acceso.El vehículo fue adquirido a través de un proyecto financiado por la Secretaría de Salud Distrital, con una inversión cercana a los 490 millones de pesos, de los cuales la Red de Salud de Ladera aportó 70 millones.La unidad está dotada con consultorio médico y odontológico, equipos para consulta general, atención dental y jornadas de vacunación. Además, cuenta con planta eléctrica, carpa y una rampa para garantizar el acceso de personas con movilidad reducida.“Con la llegada de esta nueva unidad móvil se fortalece nuestra flota para realizar procedimientos de atención en cualquier punto del territorio, asegurando condiciones adecuadas, calidad en la prestación de los servicios y mayor cobertura para las comunidades que más lo necesitan”, aseguró Diana Carolina Velásquez, gerente de la ESE Ladera.Entre tanto, la IPS Cascajal, en la zona rural de Cali, amplió su capacidad de atención tras un proceso de remodelación. Las obras incluyeron mejoras en infraestructura, dotación médica y adecuaciones complementarias.Con estas intervenciones, las autoridades de salud buscan fortalecer los servicios para cerca de 2.600 habitantes de sectores rurales.
Desde horas de la mañana de este jueves, 12 de febrero, se han registrado algunas protestas en la ciudad por parte de recicladores en diversos puntos y, nuevamente, sobre las 6:00 de la tarde autoridades confirmaron otra manifestación en Bogotá a la altura de la NQS con calle 26, generando afectación total en esa calzada.Específicamente, el punto afectado es el carril de norte-sur de la NQS y calle 26, es decir, a la altura de la estación Av. El Dorado de TransMilenio y afectando la movilidad en este punto, en donde hacen presencia las autoridades. "Avanza manifestación por la NQS con Av. Calle 26, sentido norte-sur. ❌Se genera afectación total de la calzada mixta", informaron en redes sociales, pidiendo, además, a las personas que movilizan por la zona a tomar rutas alternas para evitar mayor aglomeración de tráfico en este punto de la ciudad.Por su parte, TransMilenio informó que algunas rutas de SITP se encuentran haciendo desvíos en la calle 45, 53 y por la avenida Américas para evitar el tráfico pesado en la zona, mientras que las troncales operan con normalidad, pero con servicio demorado en algunos rutas.No es el primer bloqueo que se presenta este jueves, pues en horas de la mañana se registraron otros dos: uno sobre la calle 26 y otro cerca a la localidad e Chapinero también por grupos de recicladores que exigen diálogo con la Alcaldía de Bogotá por supuestos incumplimientos en los últimos acuerdos entre ambas partes.
Un juez de conocimiento especializado de Antioquia condenó a 12 años de prisión a cinco hombres hallados responsables de torturar a dos trabajadores en una finca ubicada en la vereda La Convención, en el municipio de Rionegro.La decisión se produjo luego de que la Fiscalía General de la Nación presentara las pruebas que demostraron la responsabilidad de los implicados: Kevin Alexander Bernal Sánchez, Brandon Steven Cruz Martínez, Ariel Armel Ospina Mendieta, Gelber Cárdenas Torres y Giovanni Alberto Hernández Castro en el delito de tortura.Los hechosLa investigación estableció que los hechos ocurrieron en la mañana del 8 de mayo de 2023, cuando los hoy condenados, quienes trabajaban para una empresa logística al servicio del propietario del inmueble, señalaron a dos empleados de la finca de participar en el supuesto hurto de dinero guardado en una caja fuerte.Según la Fiscalía, uno de los trabajadores, de 61 años de edad, fue llevado hasta la habitación del mayordomo, donde fue golpeado en repetidas ocasiones. El otro empleado también fue agredido físicamente y sometido a actos violentos con el fin de presionarlo para que entregara información sobre el dinero desaparecido.Las agresiones se prolongaron por un largo tiempo, luego unidades de la Policía Nacional llegaron al lugar y capturaron en flagrancia a los implicados, lo que permitió detener los hechos.Además, el ente acusador indicó que “Por los mismos hechos ya fue imputado, en calidad de determinador, Luis Alberto Rendón, familiar del dueño del predio”.La sentencia corresponde a una decisión de primera instancia y fue apelada por la defensa ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia.
Colombia despidió el 2025 con un dato que no se registraba desde hace 24 años: en diciembre, el desempleo cayó al 8 %, la cifra más baja para ese mes desde 2001. Este resultado no fue aislado. A lo largo del año, 603 mil personas lograron conseguir trabajo, lo que representó un crecimiento del 2,6 % en el número de ocupados. Al mismo tiempo, 272 mil colombianos dejaron de estar en condición de desempleo frente a diciembre de 2024, reflejando un avance sostenido del mercado laboral.En el balance general del año, la tasa promedio de desempleo se ubicó en 8,9 %, una mejora importante frente al 10,2 % registrado en 2024. Además, la tasa de ocupación subió hasta 59,2 % en diciembre, lo que significa que más personas en edad de trabajar efectivamente encontraron una oportunidad laboral. Es decir, no solo bajó el desempleo, sino que aumentó la proporción de ciudadanos activos dentro de la economía. Entre los jóvenes también se registró un alivio, puesto que el desempleo en este grupo bajó a 14,2 % en el trimestre octubre-diciembre.Sin embargo, el panorama no es completamente alentador. Aunque hay más empleo, el 55,5 % de quienes trabajan lo hacen en la informalidad, sin contrato estable ni acceso pleno a seguridad social. Aun así, este indicador mostró una leve mejoría al disminuir 1,2 puntos porcentuales frente al año anterior. Por sectores, la industria manufacturera lideró la generación de puestos con 510 mil nuevos empleos, seguida por la administración pública, educación y salud, y las actividades artísticas y de servicios. En contraste, el sector agropecuario perdió 42 mil empleos.Las brechas regionales, siguen siendo evidentes. Quibdó encabezó las cifras más altas de desempleo en el último trimestre con 23,1 %, aunque mejoró frente al año anterior. Cartagena, Valledupar, Cúcuta y Sincelejo también presentaron tasas elevadas. Por el contrario, Bogotá, Manizales, Medellín, Villavicencio y Pereira reportaron los niveles más bajos. En el balance anual, Quibdó, Tumaco y Buenaventura fueron las ciudades con mayor desempleo, mientras que Leticia, Rionegro y Mitú registraron las menores tasas.Más colombianos están trabajando y menos están buscando trabajo. Sin embargo, el gran reto sigue siendo transformar esos empleos en oportunidades formales, estables y con garantías, que realmente se traduzcan en una mejor calidad de vida para millones de familias.
El Gobierno de Estados Unidos denunció este jueves que agentes cubanos "han estado acosando" al encargado de negocios de la embajada estadounidense en La Habana, Mike Hammer, durante sus recientes viajes por la isla."Quiero que estas personas comprendan que sabemos quiénes son y que responderemos en consecuencia, entre otras medidas, con sanciones de visado", declaró el subsecretario de Estado, Christopher Landau, en redes sociales.Landau subrayó en el mismo mensaje que, de acuerdo al derecho internacional, "los diplomáticos deben tener la libertad de desempeñar sus funciones sin ser acosados por matones".El subsecretario compartió un video en el que se escuchan gritos mientras Hammer aborda un vehículo oficial.El jefe de la misión diplomática estadounidense emprendió recientemente un recorrido por varios puntos de la isla para dialogar con comunidades locales.La relación entre Estados Unidos y Cuba se encuentra en un punto de máxima tensión por el bloqueo energético impuesto por la Administración de Donald Trump sobre la isla, al imponer aranceles a quienes suministren crudo al país caribeño, lo que ha agravado la crisis.
El pasado mes de noviembre Ingrid Betancourt presentó la lista al Senado de su partido, Oxígeno. En ese momento la lista se presentó como la "selección antipetro" algo con lo que finalmente no estuvieron de acuerdo algunos candidatos. Posteriormente hubo diferencias entre algunos de los aspirantes y Betancourt y eso podría llevar a algunos de ellos a renunciar a su candidatura por Oxígeno.Una de las personas con las que más marcadas están las diferencias es Sofía Gaviria, justamente la cabeza de lista a quien la Dirección del partido, entre quienes se encuentra Ingrid Betancourt, le envió una carta de seis páginas en las últimas horas.En la misiva mencionan varios episodios de diferencias que se han vivido en los últimos días. Incluso un caso que se presentó en un club donde Gaviria habría hecho comentarios ofensivos sobre Ingrid Betancourt."Lejos de contribuir a la búsqueda de consensos y una convivencia interna adecuada para el cumplimiento de los objetivos de la lista al Senado del Partido, usted ha presentado información parcializada y tendenciosa a los medios de comunicación, e insiste en descalificar los aportes y decisiones adoptadas por el Partido”, le dice la Dirección de Oxígeno a Gaviria.Blu Radio conoció que el día de mañana habrá una reunión virtual entre algunos de los aspirantes en la lista de Oxígeno y que ahí se podría definir la salida de algunos de ellos de la lista.La carta enviada a Gaviria está firmada por los cuatro miembros de la dirección del partido, incluidos Jhon Frank Pinchao e Ingrid BetancourtEsta es la carta completa:
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, identificó un patrimonio ilícito ubicado en Putumayo, Caquetá, Cauca y Nariño, presuntamente destinado a financiar y sostener las estructuras Jaime Martínez y Carlos Patiño, pertenecientes a las disidencias de las FARC.Según la investigación, se trata de 13 bienes que no solo facilitaban el actuar criminal de estas organizaciones, sino que también eran utilizados para dar apariencia de legalidad a recursos derivados del narcotráfico en el suroccidente del país.Entre las propiedades intervenidas se encuentran seis inmuebles rurales, dos de ellos utilizados para reuniones en las que se planificaban acciones delictivas, además del procesamiento de estupefacientes y almacenamiento de armas. También fueron afectados dos establecimientos comerciales y cinco vehículos.Las pesquisas establecieron que estos bienes habían sido registrados a nombre de parejas sentimentales y personas cercanas a los cabecillas, con el fin de ocultar su origen ilícito y su verdadero propósito.Como resultado, la Fiscalía impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre los activos, cuyo valor supera los 11.500 millones de pesos.
En la madrugada de este sábado 29 de noviembre, se registró un fuerte accidente en la ciudad de Popayán, a la altura del sector conocido como Parque Industrial. Un bus de servicio público terminó volcado sobre la carretera, dejando un saldo preliminar de tres personas muertas y más de quince heridas, según informaron los organismos de socorro.El vehículo, perteneciente a la empresa Flota Magdalena, quedó atravesado en la vía, lo que obligó al cierre total del corredor mientras se atendía la emergencia.Según los bomberos, el accidente fue alertado por otros conductores quienes dieron aviso sobre la situación, deteniéndose para auxiliar a las personas afectadas. “El bus Gacela de la empresa Flota Magdalena terminó volcado en el sector del Parque Industrial. Las personas heridas fueron trasladadas en ambulancias hacia centros asistenciales. Además, se realiza el rescate de un menor de edad ”. dijo El teniente Francisco José Arboleda, comandante de los bomberos de Popayán. Hasta el momento las autoridades no han revelado las primeras hipótesis de este accidente, se espera que en las próximas horas se emita un pronunciamiento oficial para esclarecer las causa del accidente.
Ante las lluvias fuertes y repentinas que se han presentado en varias zonas del departamento, la Gobernación del Valle del Cauca, junto con los organismos de socorro y las oficinas municipales de gestión del riesgo, reforzó el monitoreo y la atención de posibles emergencias que puedan afectar a las comunidades.El secretario de Gestión del Riesgo del Valle, Francisco Tenorio, explicó que el clima actual requiere vigilancia constante. “Estamos en el fenómeno de La Niña, en la segunda temporada de lluvias, y hemos visto precipitaciones en el norte, centro y sur del departamento. Esto ha generado deslizamientos y bloqueos en algunas vías terciarias”, indicó.Con la información recogida por los equipos técnicos, las autoridades advierten que las lluvias podrían intensificarse en diciembre y enero, por lo que siguen activos los planes de prevención y respuesta.Tenorio también hizo recomendaciones a la ciudadanía. Señaló la importancia de limpiar los sistemas de alcantarillado y los sumideros, que con frecuencia están tapados por basura, arena y otros residuos. Además, pidió especial cuidado al visitar los ríos: “Aunque en la zona no esté lloviendo, aguas arriba puede haber lluvias fuertes que generen crecientes súbitas”, explicó.La Gobernación continúa fortaleciendo la capacidad de respuesta de los municipios y de los organismos de socorro, con capacitaciones, entrega de herramientas y equipos de comunicación para garantizar reportes rápidos ante cualquier emergencia.
En una operación contra la extorsión y las estructuras criminales que afectan la seguridad en el Valle del Cauca, unidades del Gaula de la Policía capturaron en flagrancia a alias 'Fox', señalado de pertenecer a la organización delincuencial "La Inmaculada".La captura se realizó en zona urbana de Tuluá, durante un plan antiextorsión que permitió interceptar al hombre en el momento en que recibía dinero, producto de una extorsión, correspondiente al primer abono de una exigencia total de 3 millones de pesos a una mujer dedicada a labores del hogar.“De acuerdo con las investigaciones, el detenido usaba el nombre de la estructura criminal para intimidar a las víctimas, generar temor y presionar el pago bajo la amenaza de atentar contra ellas y su familia”, expresó la general Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Policía Valle.En el procedimiento, la Policía incautó un teléfono celular que habría sido utilizado para las llamadas intimidatorias, así como el dinero entregado durante la operación.Alias 'Fox' y el material probatorio fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberá responder por el delito de extorsión.
La Gobernación del Valle del Cauca y la Minga Cali lograron llegar a un acuerdo este viernes, luego de una mesa interinstitucional que permitió levantar las 46 horas de permanencia y bloqueo en la entrada del Palacio de San Francisco.En el encuentro participaron representantes de la Comisión de Paz de la Presidencia de la República y del Ministerio del Interior, quienes acompañaron el proceso de mediación.La protesta había iniciado el pasado miércoles, cuando integrantes de la Minga Cali bloquearon las entradas y salidas del edificio de la Gobernación, exigiendo ser escuchados por las autoridades nacionales. La jornada afectó el funcionamiento institucional y perjudicó a cientos de ciudadanos que no pudieron realizar trámites administrativos.Ante la situación, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, activó un Puesto de Mando Unificado (PMU) y solicitó la intervención del Gobierno Nacional, al considerar que “se trataba de una protesta contra el Gobierno Nacional y no contra el departamento”.Tras varias horas de diálogo, Jorge Orozco, enlace de la Consejería Comisionada de Paz de la Presidencia de la República, anunció que se alcanzó un acuerdo para implementar una Ruta Humanitaria que visitará las fincas ocupadas actualmente por la Minga Cali.“Esta ruta es importante para conocer en territorio lo que está pasando en estos espacios, saber qué ha venido sucediendo y llevar una oferta institucional”, afirmó Orozco.Con el levantamiento del bloqueo, la Gobernación informó que la atención al público se reanudará con normalidad. Óscar Armando Trujillo, director de la DADI, confirmó que los servicios para los contribuyentes ya operan sin restricciones.
Dos banderas alusivas al frente ‘Jaime Martínez’ de las disidencias de las Farc, instaladas en el corregimiento de San Vicente, zona rural de Jamundí, Valle del Cauca, generaron temor entre la comunidad, así como entre ciclistas y turistas que visitan la zona.Concejales del municipio manifestaron su preocupación por la presencia de estos grupos armados, que buscan generar zozobra en un corregimiento reconocido por sus ríos y su oferta turística."Esta situación que se presentó en el corregimiento San Vicente, a solo 20 minutos del casco urbano de nuestro municipio, nos genera gran preocupación, porque San Vicente siempre ha sido un corregimiento pacífico, con mucho turismo y mucho por mostrar. Su gente ha realizado inversiones en glamping, hoteles y estaderos muy bonitos, y cuenta con ríos maravillosos. Que lleguen estos grupos al margen de la ley a generar zozobra nos preocupa profundamente", dijo Luigi Morales, concejal de Jamundí.Por su parte, Rafael Rodríguez, diputado del Valle del Cauca, indicó que estas banderas son un mensaje de control territorial, dado que Jamundí es una zona estratégica del narcotráfico y de los grupos armados. Sin embargo, destacó que en la zona rural se construirá un batallón de alta montaña con el fin de reforzar la seguridad."Expreso mi total respaldo al Ejército Nacional para recuperar el control que se perdió como consecuencia de una fracasada estrategia de seguridad del gobierno nacional. Jamundí y todo el territorio del sur del Valle del Cauca, que colinda con el norte del Cauca, están siendo afectados por los cultivos de coca y la disputa de grupos armados, incluida la presencia del frente Jaime Martínez, por el control de este corredor que conduce al río Naya y al Pacífico", manifestó Rodríguez.Por esta razón, se solicitó a las autoridades locales reforzar la seguridad para garantizar que la comunidad y los visitantes puedan transitar sin riesgos y evitar que la violencia se extienda a otros corregimientos del municipio.
Indignación tras conocerse un video que circula en redes sociales, en el que dos uniformados de la Policía de Cali insultan a dos mujeres, una de ellas menor de edad, quienes se movilizaban en una patineta eléctrica por un carril exclusivo del MIO. El comportamiento de los policías ha sido cuestionado por la comunidad caleña.La Policía Metropolitana de Cali, a través de un comunicado, informó que se activaron de inmediato los protocolos internos para determinar las responsabilidades de los dos uniformados que aparecen en las imágenes, las cuales se volvieron virales en las últimas horas."Se aperturó de oficio las investigaciones disciplinarias y penales conducentes a esclarecer la presunta actuación irregular por parte de los funcionarios policiales, actuaciones que se desarrollarán con celeridad y contundencia, y cuyas decisiones serán informadas en concordancia con lo dispuesto en el Estatuto Disciplinario para la Policía Nacional de Colombia", dice el comunicado.Por su parte, la Personería Distrital de Cali rechazó lo ocurrido y advirtió que hará seguimiento al proceso, al señalar que cualquier conducta de servidores públicos que implique maltrato, irrespeto o vulneración de la dignidad humana debería acarrear sanciones para los implicados."Haremos seguimiento riguroso a la investigación anunciada por la Policía Metropolitana, velando por la transparencia del proceso, las garantías del debido proceso y la adopción de las medidas correspondientes si a ello hubiere lugar. Reiteramos que ninguna circunstancia justifica actuaciones que degraden a las personas y reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos", señaló Gerardo Mendoza, personero de Cali.El video también evidencia posibles infracciones por parte de las ocupantes de la patineta eléctrica, quienes habrían invadido el carril exclusivo del MIO, una conducta que en Cali puede acarrear multas cercanas a los 711.000 pesos.
Tras varias horas de operativos conjuntos entre el Ejército y la Policía en Tuluá, en el centro del Valle del Cauca, las autoridades entregaron el balance de la intervención que dejó resultados en materia de seguridad.Entre las capturas más relevantes figuran alias ‘La Gorda’, señalada cabecilla del frente 57, y alias ‘Pipo’, presunto sicario del grupo delincuencial ‘Los de la G’, con presencia en Tuluá, Andalucía y Bugalagrande."En el corregimiento de La Marina, en zona rural, fue capturada alias ‘La Gorda’, sindicada de ser cabecilla del Frente 57 de Iván Mordisco. Durante el operativo se incautaron elementos de uso militar, material extorsivo y una agenda con información de víctimas. La detenida sería responsable de fortalecer las finanzas del grupo mediante extorsiones, secuestros y de coordinar actividades delictivas en la región", dijo Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca.Durante los procedimientos, las autoridades incautaron seis armas de fuego, cerca de tres toneladas de marihuana y 49 teléfonos celulares que, según las investigaciones, eran utilizados para coordinar actividades ilegales. Además, fueron recuperadas siete motocicletas y seis vehículos reportados como hurtados."Nosotros acá tenemos actores delincuenciales desde la cárcel y por eso también llegamos hasta allá. Allí les quitamos celulares, porque a través de llamadas extorsionan a la comunidad y les exigen dinero. Les pedimos a los ciudadanos seguir denunciando para poder capturar a los responsables, pero también vamos a marcar carros y motos para reducir el hurto y la comercialización de vehículos robados", expresó la general Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Policía Metropolitana de Cali.En esta, que es la tercera megatoma adelantada en el Valle del Cauca como medida de choque contra la criminalidad, participaron cerca de 400 uniformados de la fuerza pública. La operación contó además con apoyo aéreo del Comando Aéreo de Combate No. 7 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.
El jefe de la delegación del Gobierno en los diálogos de Paz, Armando Novoa, ratifico la petición hecha en el Putumayo el pasado 23 de enero sobre la necesidad de que haya una destrucción comunitaria de laboratorios para el procesamiento de cocaína en Nariño y Putumayo.En Tumaco, Nariño, Novoa en diálogo con Blu Radio aseguró que esta sería una demostración real por parte de la Coordinadora Nacional Ejercito Bolivariano, disidencia de alias 'Walter Mendoza', de su compromiso por acabar la economía ilegal en esta región y una forma de avanzar en las negociaciones.Dijo que esta propuesta no tiene nada que ver con la reunión entre el presidente Gustavo Petro y Donald Trump en la Casa Blanca en donde se llegaron a algunos acuerdos, sino que ha sido un trabajo desde antes del viaje del mandatario en donde tienen la meta de sustitución de 30.000 hectáreas dedicadas a la producción de coca en Nariño y Putumayo.“Sería un hecho indeseable y quedaría gravemente lesionada la política de paz total del Gobierno en el sur de Colombia”, aseveró de lo que sería no lograr con este plan en esta zona del país.Pero sí mencionó que tras esta reunión hay nuevos retos que se deben asumir de manera inmediata por parte de las mesas de diálogos de paz, en especial con las disidencias de las Farc. Novoa fue enfático en que la petición del presidente ha sido materializar la sustitución de cultivos en comunidad, de las cuales 15.000 deben ser de Putumayo y otras 15.000 de Nariño, que esperan lograrlo antes de que termine marzo.Aseguró que, tras una reunión extraordinaria en el resguardo indígena de Inda Sabaleta y en la zona urbana de Tumaco, quedó ratificado el compromiso de las disidencias de vincularse de manera activa al proceso de sustitución y erradicación de cultivos de coca. También se creó un movimiento popular de campesinos, resguardos indígenas, comunidades étnicas, entre otros, en favor de la erradicación.Entre diciembre de 2025 y enero de 2026, más de 10.000 personas del Putumayo se han inscrito al programa RenHacemos en la región, según Novoa, demostrando así el “compromiso” de las comunidades para poder acabar con la economía ilegal.Por otro lado, Novoa manifestó que tiene la esperanza de que el nuevo ministro de Justicia entienda el tamaño y el reto que hay por delante, en especial por un proyecto del ministro anterior que, según él, afectó en este proceso y que esperan entre en discusión después del 15 marzo, fecha en que habrán pasado las elecciones al Congreso.Esta es el acta de diálogos de paz