Estos menores entre los 14 y 17 años de edad lograron escapar del centro de entrenamiento que las disidencias al mando de alias ‘Iván Mordisco’ tienen en el sector del Naya, zona rural de Jamundí. Tras un recorrido de más de ocho días, lograron bajar de las montañas y encontrarse con el puesto del Ejército ubicado en el puente Valencia, que conecta a los departamentos de Valle y Cauca.Los jóvenes pidieron la ayuda de los soldados, asegurando que habían sido reclutados desde hacía más de un año, y que decidieron escapar cuando les anunciaron que serían enviados al Guaviare para apoyar a los frentes disidentes de esa región.Tres de estos menores fueron reclutados en Cali, y el cuarto fue sacado de una comunidad indígena del departamento del Cauca, con falsas promesas, donde les aseguraban iban a ganar hasta cinco millones de pesos. Sin embargo, al llegar al Naya, les quitaban los celulares y por varios días los dejaban sin comer."Inicialmente ellos vienen en buen estado de salud, ya nosotros los dejamos a disposición del Bienestar Familiar y la Policía de Infancia y Adolescencia que son las entidades encargadas de restablecer sus derechos. Ya están haciéndoles los chequeos médicos", señaló general Hernando Africano, comandante de la Tercera División del Ejército.La Fuerza Pública en el suroccidente se encuentra en alerta ante el incremento de menores reclutados por las disidencias de mordisco, según el Ejército, el 70% de estos jóvenes provienen de las zonas vulnerables de Cali como el oriente y la ladera, además de Popayán, Jamundí y Suárez."Desafortunadamente esta estructura no limita región para el reclutamiento de menores, lo hace con niños en el Cauca, lo hace en el Valle, especialmente sobre el sector del Naya", añadió el general Africano.
El Hospital Tomás Uribe del municipio de Tuluá es una de las instituciones de alta complejidad que está recibiendo la sobredemanda de pacientes del centro del valle del Cauca, usuarios de las EPS intervenidas a las que otras instituciones de salud les han suspendido su atención.Por esta razón el hospital está reportando una sobreocupación en todos sus servicios, especialmente en urgencias, donde los tiempos de espera, incluso para la realización del triage se han extendido.A través de un comunicado, el hospital Tomás Uribe señaló que "la situación obedece a las dificultades que actualmente atraviesa el sistema de salud relacionadas con la operación y prestación de servicios por parte de las EPS, que escapan del alcance del hospital".Para superar esta contingencia, la secretaría de Salud de Tuluá envió una comunicación a hospitales de municipios cercanos como Riofrío, Bugalagrande, Andalucía, San Pedro y Trujillo, para que reciban a los pacientes que actualmente puedan ser atendidos en los hospitales de nivel 1 y 2 para así ir descongestionando al Tomás Uribe.
El comandante de las Fuerzas Militares, el general Hugo Alejandro López, llegó a la ciudad de Cali para liderar la más reciente reunión de seguridad electoral para definir las acciones a realizar en el marco del 'Plan Democracia' en el suroccidente del país, de cara a las elecciones al congreso que se realizarán el próximo ocho de marzo.En este encuentro, el general López confirmó que en el Valle del Cauca hay especial cubrimiento en municipios donde en los últimos días se han registrado alteraciones al orden público, como lo son Dagua, Jamundí y Buenaventura. Mientras que en el norte del Cauca también hay una atención especial de la fuerza pública para garantizar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto."En el Valle del Cauca nos corresponden 1.152 puestos de votación que van a ser cubiertos por 8.167 soldados de las Fuerzas Militares, Ejército, Armada y la Fuerza Aeroespacial, en coordinación con la Policía. Es un plan en el que se ha venido trabajando desde hace un año, donde evaluamos todas las necesidades en la llegada de los vallecaucanos a los puestos de votación", aseguró el comandante de las Fuerzas Militares.El general López señaló que aún no se ha definido si es necesario trasladar puestos de votación en la zona rural de la región. Recordemos que los personeros de Dagua y Buenaventura estaban solicitando estos traslados debido a la presencia de grupos armados en algunos corregimientos y veredas de sus municipios.
Más 200 policías se han desplegado en el distrito especial de Buenaventura, para reforzar la seguridad en esta ciudad tras la captura en España de Diego Fernando Bustamante, conocido en el mundo criminal como alias ‘Diego Optra', quien es el principal cabecilla de la banda crimina 'Los Shottas'.Este hombre fue detenido por las autoridades españolas en la ciudad de Madrid, donde se encontraba evadiendo a la justicia colombiana, tras más de 17 años de trayectoria criminal.En el Valle del Cauca, las autoridades se han desplegado especialmente en la comuna 12 de Buenaventura, para evitar cualquier alteración al orden público relacionada con la detención de este cabecilla."Es una captura muy importante porque es el líder de una de las organizaciones criminales de acá. La idea es que reforcemos, que trabajemos conjuntamente para que la seguridad no se vaya a alterar en el Distrito de Buenaventura, pero además hay que decir que ojalá continuemos con la mesa sociojurídica, ese diálogo que se ha venido realizando y que también nos ha ayudado mucho para que disminuyan la criminalidad", señaló la gobernadora Dilian Francisca Toro.Así como la gobernadora, el clamor de la comunidad de Buenaventura es que se mantengan los diálogos de paz entre las bandas criminales para lograr la recuperación de la tranquilidad en este distrito.
La caída del cabello dejó de ser un tema menor. En Colombia, la alopecia afecta al 27 % de la población, es decir, a más de dos millones de personas, según cifras del DANE. El impacto no es solo estético: también toca la autoestima y la calidad de vida. En ese escenario, el país se ha convertido en un actor fuerte del turismo médico en América Latina, especialmente en tratamientos capilares.El mercado global de implantes proyecta mover 6.300 millones de dólares hacia 2032, y Colombia quiere una tajada importante. De hecho, ProColombia estima que el país podría atraer hasta 2,8 millones de turistas de salud en los próximos años. Con esa demanda en aumento, cuatro clínicas marcan la pauta en innovación y resultados.Las cuatro clínicas de implante capilar que más buscan los colombianosEl crecimiento del sector no es improvisado. Estas instituciones combinan tecnología, experiencia médica y modelos de atención diferenciados:Medicapilar: irrumpió en Bogotá en 2025 con una propuesta enfocada en accesibilidad. Implementa la técnica FUE (Follicular Unit Extraction), un método mínimamente invasivo que ofrece resultados naturales y permanentes. Ha atendido más de 500 pacientes con una tasa de éxito reportada del 100 %.Mediarte: con 12 años de trayectoria y 22 sedes en el país, es la única certificada en Colombia para implantes con fibras biocompatibles desarrolladas por Medicap. Ha realizado más de 20.000 procedimientos y ofrece garantía escrita sobre el crecimiento del cabello implantado.Hero Institute: apuesta por tecnología robótica de precisión quirúrgica. Sus sistemas automatizados permiten implantes milimétricos, reduciendo el margen de error y optimizando resultados estéticos.Dermaster Hair Medical: en Barranquilla, combina trasplante FUE y ARTAS con medicina regenerativa. Su enfoque integra terapias que fortalecen el folículo y mejoran la calidad del cabello existente.Implante capilar en Colombia: innovación, turismo médico y crecimiento del sectorEl sector de belleza y cuidado personal emplea a 2,3 millones de personas en el país y crece a un ritmo del 12,8 % interanual. Bogotá y Medellín lideran el turismo de salud, consolidando a Colombia como uno de los mercados más dinámicos en restauración capilar.Hoy el implante ya no es un lujo inalcanzable. La combinación de tecnología avanzada, personal médico especializado y modelos de financiación más flexibles está democratizando el acceso. Para quienes enfrentan la pérdida de cabello, el país ofrece cada vez más alternativas con estándares internacionales y resultados respaldados por ciencia.
De nuevo se registraron en las últimas horas enfrentamientos armados en la vereda Tamar Bajo, jurisdicción del municipio de Remedios, en el Nordeste antioqueño, situación que mantiene en alerta a las comunidades campesinas del territorio desde hace por lo menos una semana.De acuerdo con las denuncias de ONG en territorio, los fuertes combates estarían siendo protagonizados por el ELN y el Clan del Golfo.Además, según la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (CAHUCOPANA) un numeroso grupo de hombres fuertemente armados habría salido desde la vereda La Cruz Bajitales con dirección hacia Caño Tigre, lo que incrementa la tensión y el riesgo en otros sectores rurales del municipio.El secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Martínez, aseguró que el ente departamental ya adelanta gestiones con la Secretaría de Gobierno de la vecina localidad de Yondó, para la asistencia humanitaria a las familias que se han tenido que desplazar por la situación, mientras que también convocaron un Consejo de Seguridad con Ejército y Policía."Unos enfrentamientos que hay en jurisdicción de Remedios, pero muy cerca del municipio de Yondó. Ha hecho que unas personas se desplacen hacia el casco urbano del municipio. Ya desde la Gobernación de Antioquia hemos convocado a nuestro Ejército para que haga presencia y solucione la situación de orden público que allí se presenta", dijo el funcionario.La Primera División del Ejército, que tiene bajo su jurisdicción esta zona afectada, confirmó que se realizó una solicitud a la Alcaldía de Remedios para que se desarrolle un consejo de seguridad extraordinario y por ahora están a la espera de que la autoridad civil del municipio convoque el encuentro, para que se establezcan medidas ante esta alteración de orden público.Por lo pronto, las comunidades campesinas reiteraron la petición urgente a las autoridades competentes para que se adopten medidas que garanticen la vida, la integridad y la permanencia de la población civil en el territorio.
El reciente caso de un incidente de desacato que terminó en el ‘carcelazo’ por dos días para el agente interventor y el gerente regional de Nueva EPS, por incumplimientos en procedimientos a una paciente cardíaca en un hospital de Envigado, no se trata de un hecho aislado.La crisis del sistema de salud, traducida en realidades como las demoras en la práctica de procedimientos, la atención de enfermedades y la entrega de medicamentos, ha trasladado el escenario de los consultorios médicos a los juzgados.Buscando el cumplimiento de un derecho fundamental como la salud, las tutelas se han convertido casi en el único y último mecanismo que encuentran los usuarios para obtener alguna respuesta por parte de las autoridades o las EPS, en medio de largas filas o extensas llamadas sin ninguna solución.Datos de Medellín Cómo Vamos indican que en la capital antioqueña, durante 2025, se interpusieron 24.541 tutelas relacionadas con temas de salud. Si bien fueron unas 400 menos que en 2024, tener un promedio de 67 por día resulta preocupante, no solo para el sistema de justicia por la carga que debe tramitar, sino por la misma vida de los pacientes.Aun con un incidente de desacato a favor, Mónica Isabel Uribe, hija de una mujer de 92 años que requiere el cambio de su marcapasos, indicó en Blu Radio que Nueva EPS sigue sin cumplir."No han llegado ni llamadas telefónicas ni respuestas al Manuel Uribe, que ahí es donde debe llegar la remisión. Para mi mamá no ha llegado nada; no se han pronunciado en ningún momento. No hemos tenido ninguna llamada de ellos", añadió.Con las cifras registradas el año anterior en tutelas interpuestas, Medellín se convierte en la ciudad del país con la mayor tasa de este tipo de mecanismos legales, llegando casi a las 10 por cada mil habitantes, mientras que en otras ciudades como Cali, Cartagena o Barranquilla son 5, 4 y 3 acciones, respectivamente, por la misma proporción de habitantes.
Un caso de feminicidio sacudió a Colombia y a Estados Unidos por la crudeza de los hechos. Una mujer paisa de 39 años, identificada como Lina María, fue hallada sin vida en su vivienda en Norfolk, Virginia, luego de que su familia en Colombia reportara su desaparición. La última vez que hablaron con ella fue el 16 de enero; desde entonces, el silencio encendió las alarmas entre sus allegados.El 5 de febrero, su hermano hizo oficial el reporte ante las autoridades. Días después, durante el allanamiento de un apartamento en el edificio Icon, agentes en Estados Unidos encontraron el cuerpo sin signos vitales en un congelador, así como su celular y un vehículo Tesla perteneciente a su esposo.Quién es el presunto feminicidaEl principal señalado es su esposo, David Varela, colombiano de 38 años que actualmente es buscado por las autoridades. Tras el hallazgo, el hombre fue acusado formalmente por:Ocultar un cadáver para evitar su detección.Asesinato en primer grado.La investigación estableció que el 5 de febrero el hombre tomó un vuelo con destino a Hong Kong. En el caso intervienen el Federal Bureau of Investigation (FBI), el Homeland Security Investigations (HSI) y el Naval Criminal Investigative Service (NCIS).El NCIS confirmó que el sospechoso era reservista de la Armada de Estados Unidos. Llamó la atención que no se presentó a trabajar ni respondió llamadas oficiales, además de no registrar vínculos aparentes con Hong Kong.Feminicida dio versión inesperada a familiaAntes de confirmarse la muerte de Lina María, el esposo aseguró a la familia que ella había sido detenida por un supuesto robo en un establecimiento comercial y que, incluso, fue condenada a cinco años de prisión. Para sostener esa versión, envió una fotografía en la que, al parecer, la visitaba en la cárcel, vestida con uniforme naranja.Sin embargo, la verificación de registros judiciales citada por News 3 no halló evidencia de proceso alguno en su contra. Esa contradicción encendió las alertas tanto en la familia como en los investigadores.Mensajes en los que el hoy prófugo afirmaba “no he dejado de llorar” y “no he comido en más de un día” también hacen parte del expediente. Mientras las autoridades avanzan en la búsqueda internacional del sospechoso, la familia de Lina María insiste en que se esclarezca por completo lo ocurrido y que David Varela responda por el crimen.
La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) manifestó su preocupación por el anuncio de huelga realizado por el sindicato Sintraelecol, que agrupa a trabajadores de la Electrificadora de Santander, al advertir que una eventual suspensión del servicio de energía tendría graves consecuencias sociales, económicas y de salud pública.Desde Bogotá, el gremio aseguró que la medida podría impactar a más de 958.000 usuarios en 102 municipios de seis departamentos donde opera la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. (ESSA).Según Andesco, el servicio eléctrico es considerado esencial y, de acuerdo con la Constitución y la Ley 142 de 1994, no sería susceptible de interrupciones que pongan en riesgo derechos fundamentales de la población.La asociación detalló que, además de los usuarios residenciales, existen 4.921 cuentas de manejo especial que dependen directamente del suministro continuo de energía, entre ellas 260 acueductos, 3.492 instituciones educativas, 21 sistemas de seguridad ciudadana, 288 cuentas asociadas a la Policía, 28 centros penitenciarios, 9 sistemas de semaforización, 78 sistemas de alumbrado público, 10 cuerpos de bomberos, 6 aeropuertos y 40 nodos de telecomunicaciones.También se verían comprometidos 517 establecimientos de salud, 71 usuarios electrodependientes, 47 hogares geriátricos y 54 centros del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).Frente al pliego sindical, Andesco indicó que la empresa ha propuesto mejoras en beneficios como auxilios de alimentación, seguros, educación, salud y vivienda, además de un aumento salarial por encima del IPC.Sin embargo, señaló que las peticiones de Sintraelecol tendrían un costo cercano a 243 mil millones de pesos, de los cuales más de 132 mil millones corresponderían a incrementos salariales equivalentes a un alza del 23 %.El gremio reiteró su respeto por el derecho a la asociación sindical y la negociación colectiva, pero insistió en que estos procesos deben garantizar la continuidad del servicio público.Andesco hizo un llamado al Ministerio de Minas y Energía, al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Salud para que intervengan y faciliten acuerdos que eviten una interrupción que afecte a miles de familias y sectores estratégicos.“La energía eléctrica soporta la operación hospitalaria, el abastecimiento de agua potable, la seguridad ciudadana y las telecomunicaciones. Los derechos de los usuarios deben prevalecer sobre cualquier desacuerdo laboral”, concluyó la asociación.
Luego de varios meses de incertidumbre, los módulos comerciales del Ecoparque Cristo Rey fueron finalmente entregados a vendedores y artesanos que desarrollan su actividad económica en este emblemático punto turístico de Cali. Aunque los espacios estaban construidos desde la apertura del parque, permanecían cerrados mientras los comerciantes debían instalar y desmontar sus puestos diariamente en el exterior.La entrega representa un alivio para decenas de familias que dependen del turismo en la zona. José Perafán, uno de los artesanos beneficiados, aseguró que ahora podrán trabajar en mejores condiciones.“En realidad es una alegría poder ya volver al comercio aquí adentro. Antes llegaba con mi negocio, tenía que descargar, armar durante casi dos horas y al final del día desmontar otras dos para llevármelo. Ahora simplemente llego, abro y me pongo a trabajar”, señaló.Desde la administración municipal explicaron que el proceso hace parte de una estrategia de formalización y organización del ecoparque. El subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control, Jorge Moreno, detalló que este martes se entregaron 11 módulos bajo condiciones previamente establecidas.“Estamos en un proceso de entrega de los módulos en el Ecoparque Cristo Rey. Hoy estamos entregando 11 módulos; ellos ya tienen horarios, condiciones y firmaron las actas de entrega. Estamos validando un proceso desde la Alcaldía para que aquellos ciudadanos que crean en esta política pública pasen a la formalidad, y eso es lo que estamos logrando el día de hoy”, indicó.Con esta medida, la Alcaldía busca dinamizar la economía del sector y ofrecer una experiencia más organizada y segura para los visitantes de uno de los principales atractivos turísticos de la capital vallecaucana.
La violencia volvió a golpear al distrito de Buenaventura. En la noche del jueves 19 de febrero, un ataque sicarial en vía pública del barrio El Bosque, comuna 6, dejó tres personas baleadas, dos de ellas fallecidas en el lugar y una más trasladada a un centro asistencial.Entre las víctimas mortales se encuentra Rubén Fernando Sinisterra, de 27 años, reconocido por su talento en el fútbol sala. El joven había integrado la Selección Buenaventura y posteriormente la Selección Valle, consolidándose como una de las figuras deportivas más prometedoras del puerto. Sinisterra deja una esposa y un hijo menor de edad, hecho que ha generado aún mayor conmoción entre familiares, amigos y la comunidad deportiva.El director del Inder Buenaventura, Ferney Asprilla, lamentó profundamente lo ocurrido y recordó el liderazgo y la proyección deportiva del joven: “Lamentamos profundamente el fallecimiento de este joven, Rubén Fernando. Militó con nosotros en diferentes torneos del distrito, donde en varias oportunidades logramos títulos gracias a su gran talento. Era un líder dentro y fuera de la cancha, un futbolista de esos que uno se pregunta cómo no llegan al profesionalismo. Un muchacho tranquilo, que solo quería proyectarse y hacer deporte”.Por su parte, Camilo Martinez, líder social del Puerto, advirtió que este crimen refleja que la violencia sigue afectando a la juventud del distrito.“Hoy le hacemos un llamado al Gobierno Nacional y al Gobierno departamental para que se vea ese apoyo real a nuestro distrito. Necesitamos que se sigan implementando programas de inversión social que sí dan resultados, porque aunque en los últimos días ha habido momentos de calma, la violencia sigue presente”, aseveró Martínez.Las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer los móviles del ataque e identificar a los responsables.
Si bien la lluvia le ha dado un respiro a Cali en la mañana del viernes, los sectores más afectados por la fuerte precipitación del día de ayer aún están recuperadonse, siendo las zonas del norte, el oeste y el centro de la ciudad los de mayor afrectación.En la ladera, el fuerte vendaval destechó ocho casas, provocó la caída de once árboles, además de generar daños en una vivienda por el desprendimiento de una valla publicitaria."Empezamos por San Antonio, San Cayetano y Siloé. La tormenta se originó en el centro oeste de la ciudad, donde tuvo mayor precipitaciones, las ráfagas de viento fueron de 49 kilómetros y esto lo que provoca es el destechamiento. Recomendamos ajustar los techos, no con rocas ni con ladrillos, sino que tienen que hacer un ajuste responsable para que esto no se vuelva un arma, porque esto vuela y no es solamente es 'perdí mi techo', sino donde cayó", indicó el secretario de gestión del riesgo de Cali, Ricardo Peñuela.Las autoridades indicaron que lluvias como las de ayer son difíciles de predecir, por lo que la recomendación siempre será tomar medidas preventivas como el buen manejo de residuos para evitar el colapso del alcantarillado."Estas lluvias son de improvisto, se cargan rápidamente, y tienen cargas eléctricas. Para las personas que vayan a transitar en días lluviosos, la recomendación inicial es que no salgan de su casa, pero si usted tiene que salir, pues tiene que ser cuidadoso. También necesitamos la contribución de todos los ciudadanos con el tema de la disposición de los residuos, que nos afectan demasiado, el tema de los canales de agua lluvia, los sumideros y el alcantarillado", finalizó el secretario.
La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, aseguró que actualmente el país vive una emergencia humanitaria y sanitaria peor que la del COVID-19, por culpa de la crisis del sistema de salud, situación por la cual le pidió al procurador y al contralor de la República que convoque al Gobierno nacional a una mesa técnica para que se garantice la atención de los pacientes.La mandataria también se refirió al caso de la muerte del niño Kevin Acosta, que padecía hemofilia, asegurando que como él, son miles los pacientes que hay en el país con su vida en riesgo, por la no entrega de medicamentos y las barreras para la continuidad de tratamientos.“Hay muchos Kevin en este país que están muriendo por la falta de atención en salud en varias EPS, que, además, están intervenidas por el Gobierno. Tenemos que lograr la solidaridad de todos los colombianos porque lo más importante es la salud y la vida de las personas y lo que nos toca a nosotros es ayudar a preservarla, porque han crecido las barreras de atención, la mortalidad ha crecido”, indicó la mandataria vallecaucana.Por otra parte, recientemente se conoció un fallo del Tribunal Superior de Buga, dando respuesta a una tutela interpuesta por Diana Katherine García Chávez, a quien la Nueva EPS no le autorizó los procedimientos para tratar su hipertensión intra craneal.En el fallo, además de ordenar el restablecimiento del derecho a la salud de la paciente en menos de 48 horas, el tribunal también indicó que esta EPS "ha abandonado a sus usuarios", teniendo en cuenta que en el último año se han atendido más de 140 casos donde la nueva EPS fue sancionada por incumplir los fallos de tutela.Según el Tribunal Superior de Buga, además de la vulneración al derecho a la salud de los pacientes, la falta de respuesta de la Nueva EPS a las tutelas está generando una considerable congestión judicial.La postura del tribunal fue respaldada por la Asociación de Usuarios de la Nueva EPS en el Valle, que sostiene que en la actualidad no se está garantizando una buena atención a los pacientes."No tenemos cómo garantizar ni a la corte de alto costo ni a la población de las redes primarias, una integralidad de servicios como lo merecen los pacientes. Se dejan de entregar algunas moléculas a pacientes con hipertensión, pacientes diabéticos se están presentando dificultades, los pacientes con enfermedad de alto costo, pacientes con enfermedad huérfana", aseguró Sandra Martínez, presidente de la Asociación.La representante de los usuarios de la Nueva EPS asegura que la mayor complicación está para los pacientes con enfermedades de alto costo, pues deben ser atendidos en clínicas de alta complejidad, las cuales actualmente no les están prestando servicios.
Empresas Municipales de Cali está solicitando al Gobierno Nacional la aprobación para asumir la operación de aseo en la ciudad. El gerente general de la entidad, Roger Mina, aseguró que todo está listo para Emcali se encargue de garantizar el barrido de las calles y la recolección de basuras en todos los barrios.Cabe recordar que el contrato para la recolección de basuras en la capital vallecaucana entre la Superintendencia de Servicios Públicos y los operadores privados de aseo finalizó hace unas tres semanas, y desde entonces en la ciudad se ha aplicado un modelo de libre competencia.Sin embargo, Emcali busca cambiar esa situación, al asegurar que cuenta con las capacidades para asumir el control de la recolección de basuras, pues cuenta con la habilidad en sus estatutos, además de apostar por la modernización del modelo."Le envié una carta a la Superintendencia diciéndole que Emcali está en capacidad de recuperar ese catastro de usuarios que perdió Emsirva, y se debe pasar ese patrimonio público a Emcali. Las Empresas Municipales deben liderar el esquema de prestación de aseo. y como estamos en un esquema de libre competencia, es necesario que se solicite al Gobierno nacional el establecimiento de unas áreas de servicio exclusivo, que pueda implementar un nuevo modelo donde Emcali sea protagonista", señaló el gerente, Roger Mina.Por otra parte, el gerente de Emcali también habló del proceso de modernización del alumbrado público, señalando que la segunda fase iniciará en este primer trimestre del año, con una licitación pública, y tendrá un costo superior a los 400 millones de pesos, aseguró que la meta es lograr la reposición de 101.000 luminarias, y aunque se ha avanzado en este proceso, aún es un reto por completar."Esto aún es insuficiente, porque 55.000 luminarias son algo más del 30% del total del alumbrado público de la ciudad. Por es, lo que nosotros estamos planteando es que haya un plan agresivo de inversión para que el alumbrado público esté a tono con el impuesto que se cobra y para que, además, tecnológicamente funcione como tiene que funcionar. El alumbrado hoy es un alumbrado que no funciona como debe funcionar y, por eso, ahora encontramos tantos problemas en barrios, en parques, canchas y avenidas", finalizó Mina.
La Policía ha incautado en Cali, en lo corrido del año, más de 900 armas de fuego, que estaban siendo utilizadas por criminales. Este plan desarme ha permitido la desarticulación de 44 bandas multicrimen y la captura de más de 4.800 personas por diferentes delitos"Las acciones operativas, fundamentales para reducir los índices de la delincuencia, también han permitido la desarticulación de 44 redes del multicrimen y la captura de 4.846 personas por diferentes delitos: 1.058 de ellas por hurto, 350 por homicidio y 712 por porte ilegal de armas de fuego. Cabe resaltar que un porcentaje de las armas incautadas con características traumáticas cuentan también con modificaciones para disparar munición letal", detalló el general Henrry Bello, comandante de la Policía Cali. Por otro lado, la Policía capturó a alias 'Jota', en un allanamiento en el sector de Pance, sur de Cali. Estaría vinculado a una banda delincuencial dedicada a la extorsión y el microtráfico. El hombre de 25 años tenía en su poder una escopeta, dos pistolas y dos revólveres.Además. fueron capturados seis motoladrones que tenían atemorizado varios sectores de la capital del Valle especialmente en el centro de la ciudad. "Entre los resultados contundentes contra este mismo delito, se reporta además la captura de seis moto-atracadores en las comunas 10, 12, 17, 19 y 21 de Cali, y con ella, la afectación a grupos de delincuencia común organizada dedicados al hurto calificado. Se les incautó un arma de fuego, 12 cartuchos, dos celulares y dinero en efectivo; se investiga su participación en hurto a vehículos, homicidios y tentativas de homicidio", expresó el general. Por su parte, las autoridades dieron a conocer a la ciudadanía el volante de “Los más buscados” por hurto, con el rostro de ocho principales dinamizadores de este delito en la ciudad. Ofrecieron una recompensa de hasta 30 millones de pesos por información que conduzca a su identificación, ubicación, captura y judicialización.
A través de videos que se hicieron virales en las redes sociales, la comunidad del corregimiento de El Carmelo, zona rural del municipio de Cajibío, Cauca, evidenció los fuertes enfrentamientos que se han registrado desde muy tempranas horas de este domingo 14 de septiembre.Según información preliminar, la estación de Policía fue atacada con ráfagas de fusil y explosivos, dejando como resultado la muerte del patrullero David Fabián Rodríguez Navarro y otros cuatro uniformados heridos."¡𝗣𝗘́𝗥𝗗𝗜𝗗𝗔 𝗜𝗥𝗥𝗘𝗣𝗔𝗥𝗔𝗕𝗟𝗘! Condenamos y rechazamos con la mayor contundencia el atentado criminal perpetrado contra la subestación de Policía de El Carmelo (Cauca), que segó la vida de nuestro patrullero David Fabián Rodríguez Navarro y dejó heridos a otros cuatro uniformados. Toda nuestra solidaridad con sus respetadas familias, con el compromiso de desplegar las capacidades de inteligencia e investigación criminal dirigidas a dar con el paradero de los asesinos y ponerlos a buen recaudo de la justicia", expresó el director de la Policía a través de su cuenta de X.Esta situación ha obligado a los habitantes de este sector a resguardarse en sus casas; incluso, las comunidades se han visto obligadas a abandonar sus puestos de venta en plazas de mercado para protegerse de los ataques.Sumado a este ataque, también se han registrado hostigamientos en los municipios de Corinto, Caldono, Toribío, Caloto, Miranda y Silvia, por parte de diferentes estructuras de las disidencias de las Farc que delinquen en esa región del país.
La tranquilidad en el municipio de Popayán, Cauca, se vio afectada en las últimas horas, cuando un hombre que se encontraba departiendo en un establecimiento nocturno, en un bar llamado BBT, atacó con arma de fuego a varios asistentes que se encontraban en el lugar. El hecho dejó como resultado tres víctimas fatales.Según versiones preliminares, este ataque estaría relacionado con un caso de intolerancia. La comunidad intentó auxiliar a los heridos, pero por la gravedad de las heridas fallecieron en el sitio. Las víctimas fueron identificadas como Daniel Felipe Samboní, Orlando Cuscue y Carlos Mauricio Mosquera."En horas de la noche, en el barrio Bello Horizonte en el municipio de Popayán, fueron asesinadas tres personas por un acto de intolerancia", expresó Indepaz a través de un comunicado.Por su parte, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta de inminencia, en la que advierte sobre el riesgo para las comunidades rurales de Popayán por la expansión del Bloque Occidental Jacobo Arenas a través del frente Jaime Martínez, el cual busca controlar corredores estratégicos, ejercer presión sobre la población y generar amenazas, homicidios y posibles desplazamientos forzados.Según Indepaz, con este atentado sería la masacre número 58 en el 2025.
La Sociedad de Activos Especiales denunció la aparición de bolsas con desechos biológicos en la bodega de uno de los predios de su propiedad en Quibdó. Aseguran que unas 300 familias están en riesgo por cuenta de estas prácticas que estaría implementando el hospital Ismael Roldán.Una grave alerta en materia de salud pública levantó la Sociedad de Activos Especiales tras verificar la presencia de residuos tóxicos que fueron depositados en la bodega de uno de los predios que administra en el barrio La Esperanza de la ciudad de Quibdó.Según Amelia Pérez, presidente de la SAE, en el lugar se identificaron decenas de bolsas plásticas rojas que contienen residuos hospitalarios, desechos clínicos y restos orgánicos, los cuales ponen en alto riesgo de contaminación y de enfermedades, según la funcionaria, a unas 300 familias que residen cerca a este lugar.Pérez también indicó que inclusive en el predio se han encontrado desechos provenientes de un cementerio cercano, al parecer fragmentos de restos humanos extraídos de tumbas y fosas."Los funcionarios que estuvieron allí observaron que había restos que provenían del cementerio, con prendas, con otros elementos que no tienen por qué estar dentro de los predios de la SAE y que generan un riesgo no solamente a la salud, sino ambiental", detalló la directora.Desde la SAE indicaron que a través de oficios ya reportaron esta novedad a las diferentes autoridades ambientales, sanitarias y municipales para que se adelanten las investigaciones pertinentes y se tomen de manera inmediata las medidas necesarias.De igual manera, oficiaron a la Fiscalía y la Procuraduría, para que inicien las correspondientes investigaciones que identifiquen a quienes sean los responsables de esta situación y se adopten las sanciones respectivas.