La comunidad de la zona rural del municipio de La Unión, Valle del Cauca, se encuentra conmocionada tras el hallazgo de la cabeza de una persona, encontrada a un costado de la vía Panorama, a la altura del corregimiento de San Luis.La cabeza se encontraba dentro de una bolsa plástica que fue abandonada en una zona verde del sector, al lado de unos árboles. Cuando la comunidad verificó el contenido de la bolsa, de inmediato dio aviso a las autoridades, quienes adelantaron las respectivas labores judiciales, trasladándolo a las instalaciones de Medicina Legal para la identificación de la víctima.Este hecho genera incertidumbre en la comunidad, pues, durante las últimas semanas, el municipio había permanecido en una relativa calma. Por el momento, avanzan las investigaciones, para esclarecer las circunstancias en las que se cometió el crimen."Efectivamente es un hecho que conmociona al municipio. Se venía registrando una tranquilidad en el tema de seguridad, y una situación de estas no se vivía desde hace unos siete u ocho años", dijo Gersaín Torres, personero de La Unión.La principal hipótesis que manejan las autoridades apunta a que el crimen sería consecuencia de un ajuste de cuentas por temas de microtráfico, problemática que ha afectado al municipio y al resto del norte del Valle del Cauca durante los últimos años.Este hecho será analizado por las autoridades municipales en la tarde de este martes, en un consejo de seguridad, donde también se definirán las medidas a tomar en la zona, para avanzar en la búsqueda de los responsables."He solicitado un aumento de Fuerza Pública, pie de fuerza para poder cumplir con el cometido de vigilancia y control, y así se repone la seguridad y propender por la sana convivencia.", añadió el personero.
Luego de que la Clínica Nuestra Señora de los Remedios, en Cali, Valle del Cauca, anunciara que dejará de atender a los pacientes afiliados a la Nueva EPS, debido a una deuda que asciende a cerca de 59.000 millones de pesos, crece la preocupación entre usuarios y autoridades de salud.Según la Asociación de Usuarios del Valle, los más afectados serán los pacientes oncológicos. Cerca de 3.000 personas que adelantaban su tratamiento en esta clínica quedarán, a partir de ahora, en un limbo, sin claridad sobre dónde podrán continuar procedimientos vitales como quimioterapias, radioterapias y yodoterapias."Es una situación muy compleja la que estamos viviendo cientos de pacientes , la salud está en riesgo y más lo que tienen enfermedades oncológicas y no nos brindan respuesta alguna pero vamos a seguir luchando por nuestros derechos”, dijo Sandra Martínez, representante de los usuarios de la Nueva EPS.Esta situación, que podría reiniciar procesos médicos, en muchos casos desde cero, entorpecería la evolución de los tratamientos y romper la continuidad en la atención que los pacientes han construido junto a sus especialistas. "Nosotros vamos hacer todas las denuncias posibles porque caemos en lo mismo, porque es el mismo comú denoninador del país, no hay pagos, entonces es un efecto domino, no hay pago, no entran los recursos y los que terminan en la crisis son los pacientes", manifestó la representante de los usuarios.Con la vida de estos 3.000 pacientes oncológicos en riesgo, el secretario de Salud de Cali, Germán Escobar, hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para evitar la interrupción de servicios esenciales en el tratamiento del cáncer, especialmente en la zona norte de la ciudad, donde se encuentra la clínica.
Los damnificados por los atentados terroristas del año pasado en Cali serán exonerados del pago del predial y otros impuestos del Distrito. El alcalde de Cali, Alejandro Eder, confirmó que el alivio tributario será para comerciantes y habitantes de viviendas ubicadas en las zonas afectadas por el terrorismo del 2025.Esta iniciativa acogerá a las víctimas de todos los atentados ocurridos en la capital del Valle quienes sufrieron graves daños en sus viviendas y negocios con las explosiones, vecinos de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, y habitantes de los barrios Meléndez, Manuela Beltrán y el sector de Los Mangos."Un acuerdo que exonera del predial, del ICA y de los costos de delimitación de las personas que fueron afectadas durante los ataques terroristas. El año pasado fue un año muy duro para Cali. Tuvimos seis ataques terroristas. Con este acuerdo nosotros logramos ese alivio económico para que las personas que fueron afectadas puedan recuperar sus viviendas, recuperar sus negocios y de esa manera reactivar las zonas que fueron afectadas por estos ataques.", señaló el alcalde Alejandro Eder.Los beneficiarios de estos alivios ya están definidos, teniendo en cuenta el censo de damnificados realizado después de cada atentado. Los beneficios tributarios temporales están dirigidos a propietarios, poseedores y establecimientos de comercio que hayan sufrido afectaciones verificadas, por los atentados del 10 de junio y 21 de agosto de 2025."No tendrán que pagar el impuesto predial y el impuesto de industria y comercio durante las vigencias fiscales 2026 y 2027. Teniendo en cuenta el Censo Oficial de las Afectaciones emitido por la Secretaría de Gestión del Riesgo, desde la Dirección de Hacienda vamos a implementar esto (0:18) mediante oficio, es decir, las personas afectadas no tienen que aplicar", aseguró John Quinchua, director de Hacienda Distrital.
Tras el accidente de una aeronave tipo ambulancia durante la mañana de este martes 9 de febrero, cuando se encontraba a pocos kilómetros de aterrizar en el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón de la ciudad de Cali, se conocieron las primeras fotos de cómo quedó la avioneta.La aeronave, una PA-34 con matrícula HK-4754, cubría la ruta Popayán – Cali, cuando sufrió el percance aproximadamente a cinco millas del umbral de la pista. A pesar del impacto, la Aeronáutica Civil confirmó que los cuatro ocupantes resultaron ilesos. Entre el personal a bordo se encontraban el piloto, el copiloto, un médico y un profesional en Atención Prehospitalaria. Al momento del incidente, por fortuna, no se transportaba ningún paciente.Le puede interesar: Avioneta se accidentó antes de llegar al aeropuerto de Cali: ocupantes salieron vivosEn cuanto al estado de la avioneta, tras el reporte del accidente, se activaron de inmediato los equipos de Búsqueda y Rescate (SAR) y el Cuerpo de Bomberos para asegurar el área. Personal de la Dirección Técnica de Investigaciones se trasladó hasta el lugar del suceso para realizar las labores de verificación e inspección técnica correspondientes.Sobre causas del accidenteLas autoridades competentes han iniciado las investigaciones bajo los protocolos establecidos para determinar las causas exactas del siniestro y evaluar los daños materiales de la aeronave.Vea en fotos el estado en el que quedó la avioneta:
La guerra comercial entre Estados Unidos y China acaba de escalar a un nuevo terreno: los tribunales. BYD, el mayor vendedor de carros eléctricos del mundo, decidió dejar de esquivar los golpes y demandó formalmente al Gobierno estadounidense por los aranceles que hoy bloquean su entrada al mercado norteamericano. Por primera vez, una automotriz china enfrenta directamente las medidas arancelarias de Washington, abriendo un frente legal que podría redefinir el comercio global de carros eléctricos y el auge de los fabricantes de ese país.Por qué BYD decidió demandar a EEUULa demanda fue presentada por cuatro filiales de BYD en Estados Unidos ante el Tribunal de Comercio Internacional. El eje del reclamo no es político, sino jurídico: la empresa sostiene que el Gobierno estadounidense no tiene autoridad legal para imponer estos aranceles bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).En términos simples, BYD afirma que los gravámenes fueron impuestos usando una herramienta pensada para crisis excepcionales, no para regular la competencia industrial. Por eso, solicita que las órdenes ejecutivas sean declaradas inválidas y que se devuelvan los aranceles cobrados, con intereses incluidos.¿Quién impuso aranceles a carros chinos?El conflicto no nació con esta demanda. Durante el gobierno de Joe Biden, EE. UU. impuso aranceles del 100 % a los carros eléctricos chinos. Con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, la presión se intensificó: tras ajustes y negociaciones, las tasas llegaron hasta el 135 %, haciendo prácticamente imposible vender carros eléctricos chinos en ese país.El argumento oficial ha sido la protección de la industria local y la seguridad económica. Para BYD y otros fabricantes chinos, en cambio, se trata de una barrera artificial que distorsiona el mercado.Qué pasaría si BYD gana la demandaAquí está la verdadera bomba del caso. Según CarNews China, una victoria legal permitiría a BYD reorganizar su estrategia global con efectos inmediatos:Podría ingresar a EE. UU. con vehículos fabricados en Brasil, pagando aranceles inferiores al 15 %.Se reactivaría el plan de construir una planta en México, hoy congelado por la incertidumbre comercial.Se abriría la puerta para que otras marcas chinas presenten demandas similares.En la práctica, esto rompería el cerco que hoy protege a los fabricantes estadounidenses y aceleraría la competencia en precios y tecnología.Expertos del sector advierten que el caso va más allá de BYD. Las cadenas globales de suministro ya están tensionadas, y mantener aranceles tan altos encarece componentes, retrasa inversiones y fragmenta el mercado.Desde la Cámara China de Comercio para la Importación y Exportación de Maquinaria y Productos Electrónicos, señalan que estas medidas no solo golpean a los fabricantes chinos, sino que afectan la estabilidad del ecosistema automotor mundial, incluidos proveedores y socios en terceros países.Aunque analistas reconocen que BYD enfrenta un camino legal complejo y de resultado incierto, coinciden en algo clave: el precedente ya está sentado. Por primera vez, una automotriz china no se limita a adaptarse o rodear los aranceles, sino que los impugna de frente.Si China gana, Estados Unidos no solo perdería un caso, sino una herramienta clave de su política industrial. Si pierde, el mensaje será claro: la vía legal también tiene límites.
El anuncio hecho por la Secretaría de Hacienda de Bogotá le recuerda a los contribuyentes obligados a declarar el impuesto de Industria y Comercio (ICA) que el plazo para presentar la declaración y pagar la obligación del sexto bimestre de 2025, es decir, la correspondiente al período noviembre–diciembre, vence este viernes 13 de febrero de 2026.Asimismo, señala que, para evitar intereses por mora y sanciones, la Secretaría recomienda cumplir con esta obligación en el tiempo establecido y realizar el trámite a través de los canales virtuales oficiales.“Para esto, los contribuyentes deben ingresar en la página web de la Secretaría de Hacienda, dar clic en el botón Pagos Bogotá y, una vez dentro de su oficina virtual, presentar la declaración y realizar su pago a través de medios virtuales o en las entidades financieras autorizadas”, afirmó Pablo Verástegui, director de Impuestos de Hacienda Bogotá.¿Quiénes deben pagar y declarar este impuesto?Aquellas personas que en 2024 hayan tenido un impuesto a cargo superior a 391 Unidades de Valor Tributario (UVT), lo que es equivalente a $18.402.415, están obligadas a declarar el impuesto de Industria y Comercio (ICA) de forma bimestral durante 2025.Por su parte, los contribuyentes cuyos ingresos netos del período a declarar superen las 43.498 UVT, es decir, $2.166.157.000, deberán liquidar y pagar la Sobretasa Bomberil, correspondiente al 1 % del impuesto de Industria y Comercio (ICA) del período respectivo.Los contribuyentes pueden hacer un aporte voluntario de hasta el 10 % sobre el valor del impuesto.Finalmente, la Alcaldía les pide a los ciudadanos que eviten ser estafados y les recuerda que todos estos trámites son gratuitos, por lo que la Secretaría no les enviará enlaces ni comunicaciones solicitando dinero, ni les sugerirá cuentas bancarias para que hagan consignaciones por fuera de los canales establecidos.
La Registraduría presentó la tarjeta electoral de las consultas interpartidistas del 8 de marzo.Ese día habrá tres consultas y todas irán en la misma tarjeta, pues, según la Registraduría, de esta manera se garantizará el secreto del voto.Es importante recordar que cada ciudadano solo puede votar en una consulta, aunque las tres estén en la misma tarjeta.En la parte superior estarán los dos candidatos de la Consulta de las Soluciones. En el medio se encontrará la Gran Consulta por Colombia y, al final, estarán los cinco integrantes del ‘Frente por la Vida’.Cada consulta llevará el nombre de la coalición y la foto de cada uno de los candidatos, así como el partido o movimiento al que pertenecen.Es importante recordar que el 8 de marzo los jurados entregarán las tarjetas electorales de Cámara y Senado y deberán informar a la ciudadanía sobre la existencia de las consultas; sin embargo, esta última solo se entrega por solicitud de los votantes.
Con millones de personas que han encontrado en el running una alternativa para hacer deporte y mejorar su estado de salud, cada fin de semana múltiples comunidades de corredores salen a las calles para practicar esta disciplina.Sin embargo, uno de los factores de practicar este deporte, así como el atletismo, tiene que ver con la salud de las rodillas y el impacto que estas reciben con cada paso que se da. Esto, para muchos, afecta a la hora de disfrutar el running, pero todo podría cambiar tras el lanzamiento de una nueva tecnología para tenis.Lanzan nueva tecnología para tenisRecientemente, la marca de tenis deportivos Nike lanzó su nuevo modelo para corredores: las Nike Structure Plus, que por primera vez incorporan la tecnología ZoomX y ReactX. Esta innovación busca mantener una estabilidad adecuada, permitiendo que cada pisada sea más suave y eficiente al momento de correr.“Atendimos la necesidad de los corredores que siempre buscan mayor estabilidad con una experiencia de carrera más amortiguada y dinámica. Nike Structure Plus reflejan nuestro compromiso con la innovación funcional y el rendimiento. Vimos la oportunidad de aportar más amortiguación y una pisada más divertida y enérgica a las zapatillas con estabilidad. Ahí es donde está el Plus de este modelo”, aseguró Guido Damiani, gerente de Running para la región.De acuerdo con la marca, se estudiaron cientos de runners, tanto de élite como aficionados, para desarrollar esta nueva tecnología y encontrar la mejor combinación entre estabilidad y amortiguación, lo que, según señalan, da como resultado unas zapatillas con un nivel de estabilidad en cada paso inigualable.¿Cómo son las Nike Structure Plus?Los nuevos tenis para running de Nike están enfocados en la amortiguación. Ante esto, la parte superior de las Structure Plus incorpora una malla técnica transpirable, que está reforzada para asegurar un ajuste seguro y mucho más firme, mientras que la suela exterior cuenta con goma de alta resistencia y goma soplada en el antepié, una técnica que asegura mayor tracción y durabilidad.Cabe señalar que estos tenis tienen un costo de $934.950 y se pueden adquirir en todas las tiendas físicas de Nike en Colombia y a través de su página oficial.
La Jurisdicción Especial para la Paz imputó a 15 exintegrantes del Bloque Oriental y 7 del Bloque Sur, estructuras en las que se concentraron los secuestros más complejos, prolongados y violentos del conflicto armado.En el caso del Bloque Oriental, la estructura fundacional y más grande de la antigua guerrilla, la JEP los halló responsables por secuestros cometidos en Arauca, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés y Vichada, así como en algunas zonas de Boyacá, Caquetá y Santander.Para el Bloque Sur, las conductas investigadas ocurrieron principalmente en Huila, Caquetá, Putumayo, Nariño, Amazonas y en sectores de Cauca y Meta.Los imputados del Bloque Oriental son: Wilmar Antonio Marín, quien fue conocido como ‘Hugo o Hugo 22’; Bernardo Mosquera, quien fue conocido como ‘Negro Antonio’; Nelson Quintero, quien fue conocido como ‘Arcesio Angarilla’; Marco Fidel Suárez, quien fue conocido como ‘Arsenio Mejía o Kokoriko’; Holmes Puentes, quien fue conocido como ‘Ricaurte Páez’; Marcos Patiño, quien fue conocido como ‘Efrén o Patequeso’; Germán Gómez, quien fue conocido como ‘Lucas 40’, ‘Lucas Urueta’ o ‘El Médico’; José Ricaurte Valencia, quien fue conocido como ‘Jerónimo Gutiérrez’ o ‘Caresanto’; Luis Garzón, quien fue conocido como ‘Severiano’; Elmer Caviedes, quien fue conocido como ‘Albeiro Córdoba’; Rodolfo Restrepo, quien fue conocido como ‘Víctor Tirado’; Bertulfo Caicedo, quien fue conocido como ‘Alberto Pitufo’; Julián Saavedra, quien fue conocido como ‘William Sánchez’ o ‘Plinio’; Olivo Guantiva, quien fue conocido como ‘Robledo’; y Gerardo Aguilar, quien fue conocido como ‘César’.Por su parte, los imputados del Bloque Sur son: Fabián Ramírez; Floresmiro Burbano (Martín Corena); Darío Lee Díaz (Robledo); Luis Montes (Euclides Bermúdez); Ángel García (Hernán Benítez); Ezequiel Hueguía (Rolando Romero); y William Tovar (Franklin Smith Caicedo). Según la JEP, este bloque tuvo un papel central en secuestros con fines de canje, especialmente contra figuras políticas, entre ellas Ingrid Betancourt, entonces candidata presidencial, y Clara Rojas, su fórmula vicepresidencial y jefa de campaña.La investigación estableció que, debido a su mayor capacidad operativa y control territorial, el Bloque Oriental recibió durante años a víctimas de secuestro provenientes del Bloque Sur, particularmente aquellas retenidas para intercambio por guerrilleros presos. Estas personas permanecieron durante largos periodos en campamentos selváticos, en condiciones extremas de cautiverio.La Sala de Reconocimiento llamó a estos comparecientes a reconocer responsabilidad por crímenes de guerra de toma de rehenes, así como por otros delitos cometidos durante el cautiverio, entre ellos homicidio, tortura, tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.Además, les atribuyó crímenes de lesa humanidad por graves privaciones de la libertad y conductas asociadas, como desaparición forzada, asesinato, esclavitud y otros actos inhumanos, los cuales, por su gravedad, no pueden ser objeto de amnistía ni perdón judicial.La investigación concluyó que los excombatientes imputados tenían control efectivo sobre su tropa y capacidad de imponer disciplina, por lo que son responsables tanto por haber impartido órdenes directas que derivaron en secuestros y asesinatos, como por no impedir los abusos cometidos contra las víctimas durante el cautiverio.Algunos de ellos, además, participaron de manera directa en crímenes graves y comandaron campamentos donde las personas permanecieron privadas de la libertad durante años.De acuerdo con la JEP, el Bloque Oriental fue responsable del 34 % de los secuestros atribuidos a las Farc-EP en todo el país, mientras que el Bloque Sur concentró el 8 %. Sin embargo, el 18 % de las víctimas acreditadas ante la JEP señalan al Bloque Sur como responsable. Entre las 4.439 víctimas acreditadas, 1.239 atribuyen su secuestro al Bloque Oriental y 771 al Bloque Sur.La JEP documentó que ambos bloques actuaron bajo tres patrones criminales: secuestros para financiar la organización, para forzar intercambios por guerrilleros presos y para ejercer control social y territorial. En este último patrón se registraron trabajos forzados, castigos colectivos y asesinatos de personas que intentaron escapar del cautiverio.Con estas imputaciones, la Sala de Reconocimiento de Verdad cerró la investigación del Caso 01 y dejó delimitada la lista de responsables por el secuestro en las Farc-EP. El proceso entra ahora en la etapa de reconocimiento de responsabilidad, en la que los imputados deberán aceptar o rechazar los cargos en un plazo de 30 días.De haber reconocimiento, se avanzará hacia sanciones propias de carácter restaurativo; de lo contrario, los casos podrán ser remitidos al Tribunal para la Paz o a la Unidad de Investigación y Acusación, donde podrían derivar en juicios con penas de hasta 20 años de cárcel.
La Aeronáutica Civil confirmó el accidente de una avioneta en inmediaciones del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón de Cali. Según las autoridades, la aeronave cubría la ruta Popayán-Cali y tenía a bordo 4 ocupantes: el piloto, el copiloto, un médico y un profesional en Atención Prehospitalaria, quienes resultaron ilesos. De acuerdo con la información oficial, la situación involucró una aeronave PA-34, de matrícula HK-4754, operada por la empresa Solair S.A.S., la cual cubría la ruta Popayán–Cali cuando presentó la novedad a varios kilómetros del umbral de pista del principal aeropuerto del suroccidente del país.En el avión se movilizaban cuatro ocupantes, entre ellos el piloto, el copiloto y dos profesionales del sector salud. Las autoridades confirmaron que todas las personas resultaron ilesas, descartando afectaciones físicas tras el incidente.Asimismo, se precisó que la aeronave no transportaba pacientes en el momento del suceso, un dato clave que permitió descartar una emergencia médica asociada al vuelo y concentrar los esfuerzos en la atención del evento operativo.Tras conocerse la situación, la Aeronáutica Civil activó de forma inmediata los equipos de Búsqueda y Rescate (SAR), los cuales se desplazaron hacia el punto donde se presentó el incidente. A estas labores se sumaron unidades del Cuerpo de Bomberos del aeropuerto, encargadas de asegurar la zona y brindar apoyo preventivo.Las autoridades señalaron que el despliegue tuvo como objetivo principal verificar el estado de la aeronave, garantizar la seguridad de sus ocupantes y evitar riesgos adicionales en el área donde ocurrió el evento.Paralelamente a la atención de la emergencia, personal especializado de la Dirección Técnica de Investigaciones de la Aeronáutica Civil inició el desplazamiento hacia el lugar con el fin de adelantar las labores de verificación e investigación.Este proceso buscará establecer las causas técnicas u operativas que derivaron en el incidente, siguiendo los protocolos nacionales e internacionales de seguridad aérea. Las autoridades aclararon que este tipo de investigaciones no tienen carácter sancionatorio, sino preventivo, y su objetivo es mejorar los estándares de seguridad operacional.Hasta el momento, no se reportaron afectaciones en la operación regular del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, ni retrasos significativos en vuelos comerciales como consecuencia directa del incidente.
En el sector del Jarillón, del municipio de Cartago, Valle del Cauca, recientemente fueron encontrados sin vida los cuerpos de dos mujeres que, al parecer, serían los de María Camila Salazar y Paola Giraldo, quienes se encontraban desaparecidas desde el pasado 03 de febrero.Los restos fueron hallados por familiares de estas jóvenes, quienes adelantaban la búsqueda en el sector donde fue abandonada la motocicleta en la que ambas se movilizaban, la cual apareció a un costado de la vía, oculta en un plástico.El hallazgo fue confirmado por la Policía del Valle del Cauca a través de un comunicado."Las autoridades judiciales adelantan los actos urgentes, mientras se desarrollan las investigaciones para esclarecer las circunstancias de este hecho", indica la institución.Las autoridades adelantan la búsqueda de testimonios y recolección de pruebas para determinar quiénes serían los responsables de este crimen, teniendo en cuenta que no es el primer caso de desapariciones de jóvenes ocurrido en el municipio."Estamos a la espera de confirmación de identidades de cuerpos encontrados en el jarillón. Lamentamos profundamente que estos hechos se sigan presentando, y pedimos a las autoridades competentes esclarecer estos casos. Acompañamos las familias desde primer momento", indicó el alcalde de Cartago, Juan David Piedrahita a través de sus redes sociales.Por otra parte, la violencia no solo afectó al municipio de Cartago, pues otro doble homicidio se registró en El Cerrito, específicamente en el corregimiento de Santa Elena, ahí fueron asesinados Didier Arias Espinoza, de 38 años y Mayra Alejandra Ortega, de 29 años de edad, cuando hombres armados los atacaron a disparos al interceptar la camioneta en la que se movilizaban.
Las autoridades colombianas detuvieron a Disney Stiven Montoya Taba y Erika Alejandra Castillo Uribe, dos líderes de la banda transnacional 'La empresa', que son requeridos por Chile por los delitos de "asociación delictiva y lavado de dinero", informaron este domingo fuentes oficiales.El ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez Suárez, señaló que detuvo por notificación roja de la Interpol a los dos criminales en el municipio de El Dovio, en el departamento del Valle del Cauca (suroeste)."Ambos serían cabecillas criminales de 'La Empresa', una organización criminal transnacional dedicada al gota a gota (préstamos ilegales) en Chile, donde amenazaban, hostigaban y amedrentaban a sus víctimas para imponer el cobro ilegal", agregó el funcionario.Esta forma de préstamo consiste en conceder créditos con altos intereses y suelen ir sujetos a amenazas, coacciones o incluso agresiones en caso de que los pagos no se hagan en el plazo establecido.Tras la detención, el ministro señaló que "en Colombia no hay escondite para quienes viven del delito". "Seguimos trabajando con nuestros aliados para cerrarles el cerco, proteger a las personas y defender la legalidad", precisó el jefe de la cartera de Defensa.
Cinco días de incertidumbre total completan las familias de María Camila Salazar Cano y Paola Giraldo Castaño en el municipio de Cartago, Valle del Cauca, tras su desaparición el pasado 3 de febrero, cuando salieron juntas hacia una clínica del municipio, donde iban a encontrarse con un familiar, y desde entonces se perdió su rastro.Hoy todos los esfuerzos de las autoridades en el norte del departamento están enfocados en encontrar sanas y salvas a las jóvenes. Por esta razón, se han ofrecido 25 millones de pesos como recompensa por información que permita ubicarlas en el menor tiempo posible.Las jóvenes, de 24 y 26 años, se movilizaban en una motocicleta el día de su desaparición, la cual fue encontrada horas después abandonada en una calle del municipio de Cartago junto a uno de los cascos de las mujeres, cubierta con plásticos negros.Hay que tener en cuenta que en este municipio del Valle del Cauca en los últimos años se han registrado desapariciones de jóvenes, la mayoría de ellos menores de edad. Situación que agiliza aún más la búsqueda de estas mujeres.
En inmediaciones del río Yurumanguí, en zona rural de Buenaventura, tropas de la Armada Nacional y del Ejército se encontraron con cinco personas que al parecer formaban parte de la columna Alex Guerrero, de la disidencia Jaime Martínez, que delinque en este sector; tres de ellos eran adultos y dos menores de edad, quienes habían sido víctimas de reclutamiento forzado.Los adultos, que eran dos hombres y una mujer, con edades entre los 27 y 36 años, manifestaron su intención de abandonar el grupo armado e iniciar la ruta de sometimiento a la justicia. Ahí también hicieron entrega de un importante arsenal que incluía un artefacto explosivo. Los menores recuperados fueron atendidos y revisados por paramédicos para verificar su estado de salud."Durante la acción, se activaron de inmediato los protocolos de protección y restablecimiento de derechos para los menores, garantizándoles a todos los involucrados la atención humanitaria, primeros auxilios y el respeto por los derechos humanos. Se incautaron siete fusiles, dos pistolas, más de 1,400 cartuchos de diferentes calibres, un artefacto explosivo improvisado y equipos de comunicación", señaló el coronel Jorge Enrique González, comandante de la Brigada de Infantería de Marina No. 4.Los menores y los ahora desmovilizados fueron trasladados al casco urbano de Buenaventura; mientras tanto, las tropas siguen desplegadas en la zona rural de este distrito, para contrarrestar el accionar delictivo de los grupos armados ilegales.
Tras una reunión realizada en Bogotá entre varios gobernadores del país y el Ministerio de Hacienda, los mandatarios regionales expusieron sus preocupaciones frente al decreto de emergencia económica y el impacto que tendría el incremento del impuesto a licores y cigarrillos en las finanzas territoriales.La gobernadora explicó que este gravamen afectaría directamente las rentas departamentales, recursos que se destinan a garantizar derechos fundamentales como la salud, la educación y el deporte. Advirtió que una disminución en estos ingresos pondría en riesgo programas esenciales como el PAE, el transporte escolar y el régimen subsidiado de salud.“Yo creo que todos los gobernadores nos sentimos aludidos en un tema que me pareció de mal gusto, decir que es que nuestra nación es unitaria y centralizada, y nosotros somos unitaria, descentralizada, con autonomía regional, con unas rentas cedidas que constitucionalmente están establecidas, que esas rentas cedidas van para poder fortalecer y darle la posibilidad a nuestros ciudadanos de los derechos fundamentales que son la salud, la educación y el deporte”, dijo Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle.Como resultado del encuentro, la mandataria anunció que los gobernadores participarán en una mesa técnica con el fin de analizar el comportamiento de los tributos. Además, informó que se elevará una solicitud ante la Corte Constitucional para establecer una salvaguarda frente a las medidas que afectan las rentas por licores y cigarrillos.“Vamos a atender la invitación del ministro de hacer una mesa técnica para poder evaluar los tributos, cómo van disminuyendo y si en un momento determinado tienen que salvaguardar, porque quien va a definir esto es la Corte Constitucional. Esta es una medida que acabamos de tomar, de tomar la decisión de que vamos a solicitar a la Corte Constitucional de que nos genere una salvaguarda para el tema de licores y una protección temprana para el tema de licores y el tema de cigarrillos.”, expresó Toro.Finalmente, la gobernadora del Valle del Cauca alertó que las rentas provenientes del cigarrillo ya registran una caída cercana al 40 %, principalmente por el contrabando, una actividad que además fortalece estructuras criminales y agrava los problemas de seguridad. En el caso del Valle del Cauca, la medida también se traduciría en un fuerte aumento para los consumidores, con una botella de aguardiente de 750 ml que pasaría de $39.300 a $65.200, y el ron de $51.300 a $82.800.
La oportuna reacción de unidades de la Armada Nacional evitó la entrega de más de una tonelada y media de cocaína de alta pureza, que tenía como destino Centroamérica, y permitió la captura de dos ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana y uno colombiano.El capitán de corbeta, comandante de la Estación de Guardacostas de Tumaco, Andrés Henao, dijo a Blu Radio que la Armada Nacional, a través del Departamento de Inteligencia, fue alertada sobre los movimientos de una lancha rápida que se desplazaba por aguas del Pacífico, a unas 197 millas del puerto nariñense de Tumaco.El oficial indicó que de inmediato se dio la orden a una unidad de reacción rápida para realizar la interdicción de la embarcación, en cuyo interior —según explicó— se encontraron 62 costales en los que iban mimetizados los kilos de cocaína.Tras la llegada de la motonave y sus tripulantes a Tumaco, agentes del CTI de la Fiscalía General de la Nación realizaron la prueba de identificación preliminar homologada y determinaron que los costales contenían 1.344 kilogramos de clorhidrato de cocaína.Según Henao, con este resultado se logró una afectación económica de más de 64 millones de dólares, que dejaron de ingresar a las organizaciones criminales. Asimismo, se evitó la comercialización de más de 3,3 millones de dosis en las calles del mundo.Este es el segundo cargamento incautado en los primeros 19 días de enero de 2026.El oficial agregó que, gracias a información suministrada por Inteligencia Naval, el pasado 14 de enero unidades de la Estación de Guardacostas de Tumaco detectaron una embarcación tipo “go fast” que se desplazaba de manera sospechosa a 140 millas náuticas del distrito de San Andrés de Tumaco, departamento de Nariño. De inmediato, se desplegó una Unidad de Reacción Rápida (URR) hasta el lugar de los hechos para efectuar la interdicción de la embarcación. Al realizar la inspección, los marinos de Colombia hallaron en su interior 68 bultos que, por sus características, se asemejarían a sustancias ilícitas, así como 18 canecas plásticas con combustible.
Una nueva masacre se registró en la madrugada de este lunes en el norte del departamento del Cauca. Cuatro personas fueron asesinadas en zona rural del municipio de Padilla, cuando hombres arrmados irrumpieron en sus viviendas en el corregimiento de El Chamizo, disparando contra todas las personas en el interior.Según las autoridades, este hecho, al parecer, estaría relacionado con disputas de pandillas que delinquen en la zona y que tienen conflictos con bandas criminales de otros municipios.Esto, teniendo en cuenta que los atacantes habrían llegado desde Guachené para perpetrar el ataque, sin embargo, las víctimas no estarían vinculadas a esta problemática."A los que mataron todos eran inocentes, gente buena. Uno de ellos estaba pensionado ya, y su hijo era un trabajador. El otro era mayordomo en cabaña y el último muchacho era discapacitado, no era de andar en nada malo, él cuidaba ganado de las fincas de por ahí", señaló la alcaldesa de Padilla, Aidé Romero.Las autoridades han iniciado una investigación para identificar y capturar a los responsables de esta masacre, mientras que la comunidad pide una intervención que permita la protección de la vida de los jóvenes en el municipio."Las víctimas no tenían nada que ver con esa joda de los jóvenes que están metidos en problemas. Muy duro, Dios mío, la violencia de estos muchachos. Desde hace rato tienen esa disputa y aunque ya se había hablado siguió, hasta que llegó a pasar esto", indicó la alcaldesa.
Los transportadores de carga del Valle del Cauca enfrentan un panorama complejo ante el aumento de los costos operativos. Según los gremios, factores como la subida del salario mínimo, los peajes y el precio del diésel están afectando directamente la rentabilidad de sus operaciones y generando preocupación en el sector regional.Ante esta situación, Alejandro Quiroga, presidente ejecutivo de la Asamblea Nacional del Transporte, anunció que los transportadores se encuentran en asamblea permanente, como medida preventiva y paso previo ante posibles acciones de presión si sus demandas no son atendidas.“Realmente sí hay mucha inconformidad, hay muchos temas. Estamos tomando el protocolo que es previo a un paro nacional, que es declarar las asambleas permanentes. Vamos a presentar un informe de la situación actual del sector, sumado al tema de seguridad y al de todas estas alzas, y cómo impacta a la base transportadora. Aunque aún no hay una decisión de paro, estamos alertas ante cualquier eventualidad”, dijo Quiroga.Aunque no hay una convocatoria formal a un paro en el Valle del Cauca, los gremios han señalado que este tipo de asambleas son un mecanismo para visibilizar la urgencia de soluciones concretas.Los transportadores insisten en que es necesario que el Gobierno nacional implemente medidas que permitan mitigar el impacto de los aumentos en el salario mínimo, el alza de los peajes y la subida del precio del combustible. De no atenderse estas solicitudes, advierten que podrían verse obligados a acciones que afecten el transporte de carga y, por ende, la economía local.El Valle del Cauca, como uno de los principales corredores logísticos del país, depende en gran medida del transporte terrestre de carga para el abastecimiento de productos agrícolas, industriales y de consumo masivo. Por ello, cualquier interrupción en este sector podría generar consecuencias inmediatas en la movilidad de mercancías y en la economía regional.Los gremios también hacen un llamado a la concertación y al diálogo con las autoridades, buscando acuerdos que permitan garantizar la sostenibilidad del transporte de carga sin afectar el flujo económico del departamento. Mientras tanto, las asambleas permanentes continuarán como mecanismo de presión, a la espera de respuestas concretas que eviten medidas más drásticas.