Un ciclista resultó gravemente herido al quedar aprisionado en medio de dos ambulancias, involucradas en un nuevo caso de la denominada guerra del centavo, en el oriente de Cali.Según las autoridades, los vehículos se desplazaban a alta velocidad y, al parecer, competían entre sí. Al llegar a un cruce vial, arrollaron al ciudadano, quien fue trasladado a un centro asistencial, donde permanece bajo observación médica."Como cualquier otro ciudadano deben cumplir las normas de tránsito, y también dar ejemplo, dado que son trabajadores de la salud. Por ejemplo no pueden invadir del carril del MIO, tener exceso de velocidad, pasarse los semáforos en rojo, todo eso está prohibido, incluso, para las ambulancias, salvo condiciones muy particulares, y con permisos especiales que deben tramitar o en el caso de una urgencia", señaló Germán Escobar, secretario de Salud de Cali.Asimismo, el funcionario hizo un llamado a evitar este tipo de conductas que, en la mayoría de los casos, terminan en accidentes que afectan no solo a los ciudadanos, sino también a los pacientes que son transportados en estos vehículos.En este caso, se pudo confirmar que una de las ambulancias estaba georreferenciada por el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias, y que al momento del accidente no tenía asignado ningún servicio para recoger pacientes.
Alrededor del mediodía de este martes se registró un ataque sicarial en el norte de Cali, a la altura de la Avenida Vásquez Cobo con calle 34 norte, frente a la sede administrativa del Deportivo Cali, hecho que desató el pánico entre trabajadores y transeúntes de la zona, que de inmediato dieron aviso a las autoridades.Según algunos testigos del hecho, hombres armados llegaron en motocicleta y atacaron a disparos a un hombre que se encontraba en un negocio de compraventa de vehículos. La víctima fue identificada como Jhon Jairo Moreno Rodríguez, quien, al parecer, laboraba por la zona.La Policía llegó al sitio de la balacera, acordonando la zona y cerrando por completo ambas calzadas de la avenida Vásquez Cobo, mientras se realizan las respectivas labores de levantamiento."En una oportuna y muy rápida reacción de nuestras unidades de Policía en el sector. Se logra la captura de dos personas, las cuales portaban dos armas de fuego y se movilizaban en una motocicleta. Este hecho está siendo investigado por la Fiscalía General de la Nación y nuestra Policía Judicial Sijín", señaló el teniente coronel Javier Martín, comandante operativo (e) de la Policía Cali.Unidades de Policía y el CTI permanecen en el sitio, recolectando todo el material probatorio del lugar. Se desconocen las causas del crimen ni quienes serían los responsables. Las autoridades tratan de establecer si esta balacera tendría relación con otro hecho registrado días atrás, donde varios vehículos ubicados en esa compraventa fueron incinerados.
Cerca de 5.000 usuarios de la EPS Emssanar en el Valle del Cauca, especialmente aquellos que padecen enfermedades crónicas, resultaron afectados con la más reciente suspensión de servicios de salud de una institución privada.Se trata de la IPS Grupo de Especialistas en el Manejo de Enfermedades Crónicas, Gesencro, que a partir de hoy 10 de febrero suspendió la atención a los pacientes de esta EPS en las sedes de los municipios de Buenaventura, Palmira, Buga, Candelaria y El Cerrito.A través de un comunicado, la institución señaló que tomó la decisión, debido a la persistente falta de pago de Emssanar de las obligaciones económicas derivadas de servicios ya prestados."Una demostración más de la situación financiera que está viviendo el sistema y que acaba afectando a los pacientes. Es una cosa compleja, este centro presta servicios de baja complejidad en estos municipios. Esto significará muchos tratamientos interrumpidos, muchas personas sin saber dónde van a ser atendidas y una profundización más de la situación de salud en el departamento, donde ya es evidente el incremento de la mortalidad evitable", aseguró secretaria de salud del Valle, María Cristina Lesmes.La funcionaria aseguró que en estos momentos Emssanar está tratando de migrar la atención a sus usuarios a la red pública, siguiendo una orden del Ministerio de Salud, sin embargo, es una medida que no sería viable teniendo en cuenta que la red pública es insuficiente para atender tal demanda de pacientes."La red pública es incapaz de atender el 100% de los pacientes y se requiere el trabajo conjunto con la red privada. El señor ministro de Salud no ha podido comprender que la oferta privada corresponde al 85% de los prestadores. Desde luego hay municipios pequeños donde la oferta pública es suficiente, pero en los municipios grandes necesitamos trabajar de forma coordinada públicos y privados", añadió Lesmes.La suspensión de servicios de salud a los pacientes de EPS intervenidas hace que otras instituciones se congestionen cada vez más. Tal es el caso de la clínica Versalles en Cali, que actualmente está atendiendo solo urgencias vitales, debido a su alto nivel de sobreocupación.
La comunidad de la zona rural del municipio de La Unión, Valle del Cauca, se encuentra conmocionada tras el hallazgo de la cabeza de una persona, encontrada a un costado de la vía Panorama, a la altura del corregimiento de San Luis.La cabeza se encontraba dentro de una bolsa plástica que fue abandonada en una zona verde del sector, al lado de unos árboles. Cuando la comunidad verificó el contenido de la bolsa, de inmediato dio aviso a las autoridades, quienes adelantaron las respectivas labores judiciales, trasladándolo a las instalaciones de Medicina Legal para la identificación de la víctima.Este hecho genera incertidumbre en la comunidad, pues, durante las últimas semanas, el municipio había permanecido en una relativa calma. Por el momento, avanzan las investigaciones, para esclarecer las circunstancias en las que se cometió el crimen."Efectivamente es un hecho que conmociona al municipio. Se venía registrando una tranquilidad en el tema de seguridad, y una situación de estas no se vivía desde hace unos siete u ocho años", dijo Gersaín Torres, personero de La Unión.La principal hipótesis que manejan las autoridades apunta a que el crimen sería consecuencia de un ajuste de cuentas por temas de microtráfico, problemática que ha afectado al municipio y al resto del norte del Valle del Cauca durante los últimos años.Este hecho será analizado por las autoridades municipales en la tarde de este martes, en un consejo de seguridad, donde también se definirán las medidas a tomar en la zona, para avanzar en la búsqueda de los responsables."He solicitado un aumento de Fuerza Pública, pie de fuerza para poder cumplir con el cometido de vigilancia y control, y así se repone la seguridad y propender por la sana convivencia.", añadió el personero.
Una escuela en zona rural del municipio de Briceño ya dejó de ser una trinchera, ante enfrentamientos de grupos armados.La comunidad y las autoridades la pintaron y restauraron los huecos que dejaron las balas. Esta localidad del Norte de Antioquia ha sido fuertemente golpeada por presencia de las disidencias 18, 36 y el Clan del GolfoLas paredes aún hablaban. En los salones de la institución educativa de la vereda El Pescado de Briceño, Norte de Antioquia, los impactos de bala permanecían visibles en puertas y muros, recordando el miedo que se instaló allí el 10 de septiembre de 2024. Ese día, los enfrentamientos armados entre grupos ilegales, en específico, las disidencias de los frentes 18 y 36 y el Clan del Golfo, estallaron en las inmediaciones de la escuela.El eco de los disparos no solo dejó dos personas muertas, presuntamente vinculadas a estas estructuras o vestidas con prendas similares a las de uso exclusivo de la Fuerza Pública, sino que también marcó las viviendas cercanas y la infraestructura del centro educativo.Desde entonces, la escuela continuó funcionando entre huellas de violencia. Las paredes perforadas, las puertas con orificios de bala y la pintura deteriorada se convirtieron en parte del paisaje cotidiano. No eran solo daños materiales: eran señales de un hecho que ocurrió cerca, demasiado cerca, y que se mantuvo visible durante más de un año, agravado por el tiempo transcurrido sin mantenimiento.Pero ahora el ambiente es distinto. Un acto conjunto cambió el temor por esperanza y el Ejército Nacional, la Personería Municipal, con el apoyo de la comunidad, se pusieron manos a la obra y pintaron lo que estaba en mal estado: los muros fueron cubiertos, los impactos sellados y los colores regresaron a los espacios donde antes dominaban las marcas de la confrontación.Luis Fernando Lopera, integrante de la vereda y de la mesa municipal de víctimas, admitió que esperaron por meses tener una solución a estas dificultades.“vinculado acá esta obra tan bonita que es en la comunidad. Le queremos dar las gracias porque hace tiempos que la estábamos necesitando y pues ahora llegaron aquí las personas de buena fe a ser”, afirmó.También Wilmer Moreno Sanchez, personero municipal, indicó que con las autoridades buscaron la forma de darle una nueva cara al centro educativo.“Esos espacios habían sido afectados por la violencia hoy a través de la pintura. Construimos esperanza y reconciliación en nuestros niños, permitiéndoles tener un desarrollo integral. Agradecemos a la fuerza pública por ese compromiso y entrega hacia nuestro municipio. Porque con estos pequeños espacios o estos pequeños detalles construimos esperanza”, revelóLa escuela, que durante meses fue testigo silencioso de la violencia, empieza ahora a recuperar su rostro en medio de las confrontaciones que se siguen registrando en áreas rurales de Briceño, que en el último año ha sido epicentro frecuente de desplazamientos, confinamientos y afectaciones a la población civil.
La Corte Suprema de Justicia revocó la sentencia emitida en agosto de 2025 por el Tribunal Superior de Bogotá, que había absuelto a la funcionaria, y en su lugar profirió un fallo condenatorio en segunda instancia.La exfiscal deberá cumplir más de 4 años de cárcel, además de pagar una multa equivalente a 75 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Además, se ordenó la pérdida definitiva del cargo que desempeñaba como Fiscal 49 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.El fallo también negó cualquier beneficio penal, lo que en la práctica significa que la exfuncionaria no podrá acceder ni a la suspensión condicional de la pena ni a la prisión domiciliaria, al tratarse de un delito doloso contra la administración pública.El proceso contra la exfiscal se originó por una resolución adoptada el 28 de mayo de 2015, cuando decidió revocar la medida de aseguramiento contra Alejandro Cárdenas Orozco, además de precluir la investigación en su favor por todos los delitos relacionados con el ataque a Jineth Bedoya.Para la Corte Suprema de Justicia, esa determinación fue abiertamente ilegal, pues desconoció de manera flagrante las normas de la Ley 600 de 2000, que regulaban la revocatoria de medidas de aseguramiento y la preclusión de investigaciones.El alto tribunal también determinó que la exfiscal omitió analizar de manera integral el material probatorio, ignoró contradicciones evidentes en las pruebas sobrevinientes y, sobre todo, pasó por alto la incriminación directa hecha por la propia víctima contra el procesado.En su análisis, la Sala Penal señaló que las circunstancias del caso, las advertencias previas recibidas por la funcionaria y la evidente ilegalidad de la decisión adoptada permitían concluir que actuó con pleno conocimiento de estar contrariando el ordenamiento jurídico.El caso hace parte del complejo expediente por los graves hechos ocurridos el 25 de mayo del año 2000 contra la periodista Jineth Bedoya, quien fue secuestrada, torturada y víctima de violencia sexual cuando realizaba una investigación sobre estructuras paramilitares.Durante años, la investigación ha tenido múltiples giros procesales, entre ellos la aceptación inicial de responsabilidad de Alejandro Cárdenas ante la justicia ordinaria, su posterior retractación en Justicia y Paz y el regreso del proceso a la Fiscalía, escenario en el que se produjo la controvertida decisión de la hoy condenada.
El mundo sigue conmocionado tras la violenta muerte de una joven creadora de contenido, un caso que sacudió a Brasil y a miles de seguidores en redes sociales. El asesinato de Maria Luiza Costa da Silva, conocida como Malu Constantine, puso en el centro de la conversación la violencia asociada a conflictos personales que tuvieron el peor desenlace y que hoy cubren de tristeza a sus seres queridos.Influencer de 18 años fue asesinada por la ex de su parejaEl crimen ocurrió en plena vía pública de Recife, capital del estado de Pernambuco. Malu Constantine, de 18 años, salía de un bar en compañía de su novio, Gabryel Nascimento da Silva, cuando apareció Kallyne Santos da Silva, expareja de él. De acuerdo con el relato entregado a la Policía Militar, la situación escaló rápidamente de una discusión verbal a una agresión con arma blanca.Testigos y versiones oficiales indican que la mujer habría sacado un cuchillo y atacó a la joven en varias ocasiones. Gabryel intentó defender a su pareja y también recibió una puñalada en el muslo. En medio del forcejeo, Maria Luiza logró desarmar a la agresora y la hirió, sin embargo, las lesiones que sufrió terminaron siendo fatales.¿Qué se sabe del ataque?Tras el ataque, un vehículo particular trasladó a la pareja a un centro médico. Aunque Gabryel sobrevivió, la joven falleció mientras recibía atención médica. La agresora huyó del lugar, pero horas después fue localizada en una Unidad de Atención de Emergencias, donde buscó ayuda por sus propias heridas.Las autoridades brasileñas confirmaron que el caso es investigado como homicidio voluntario. Kallyne Santos da Silva permanece hospitalizada y bajo custodia policial, mientras avanzan las diligencias judiciales para esclarecer completamente lo ocurrido y establecer las responsabilidades penales correspondientes.Violencia en Brasil enciende las alarmasMaria Luiza Costa da Silva contaba con miles de seguidores en redes sociales, donde compartía contenido de estilo de vida y conectaba con una audiencia joven. Su muerte generó una ola de mensajes de despedida y consternación en plataformas digitales, pero también abrió un debate doloroso:La violencia derivada de conflictos sentimentales no resueltos.La vulnerabilidad de jóvenes creadores de contenido fuera del entorno digital.La necesidad de alertas tempranas y acompañamiento en situaciones de riesgo.El asesinato de Malu no solo dejó a una familia destrozada, sino que también se convierte en un recordatorio de la violencia que enfrentan muchos jóvenes desde temprana edad y que, aún hoy, sigue cobrando vidas y talentos.
Los recientes cambios regulatorios que afectan la formulación de esmaltes y geles semipermanentes a nivel internacional también comenzaron a sentirse en el mercado colombiano. En ese contexto, Organic Nails, anunció que acelera la incorporación de nuevas tecnologías en su portafolio para cumplir con los estándares de seguridad y desempeño que hoy rigen en Europa y la Comunidad Andina.Las normas prohíben el uso y comercialización de productos que contengan sustancias como óxido de difenilfosfina (TPO) y dimetil-p-toluidina (DMTA). Según la compañía, estas restricciones no implican la eliminación del esmaltado semipermanente, sino la exclusión de componentes específicos que ya no cumplen con los requisitos de seguridad.Organic Nails, empresa de origen mexicano con operación en Colombia desde 2013, explicó que parte de la confusión en el sector surge por interpretaciones erróneas de la norma. La marca aseguró que sus productos no incluyen estas sustancias, por lo que su portafolio se mantiene dentro de los parámetros exigidos por la regulación vigente.Ante este escenario, la empresa informó que trabaja en la implementación de tecnologías que buscan mejorar la adherencia, durabilidad y desempeño de los productos, sin comprometer la seguridad del usuario ni la efectividad para el profesional.“El mercado cambió. Hoy no solo se evalúa el color o la duración, sino el respaldo técnico y el cumplimiento normativo”, señaló Nathaly Guerrero, directora técnica de Organic Nails Colombia.El portafolio de la marca incluye geles semipermanentes, sistemas de acrílico, tecnologías de construcción avanzada como TechGel y el sistema Press On, enfocados en el segmento profesional.
En una operación conjunta entre la Armada y la Policía, fue capturado alias ‘Ayapel’ o ‘Niño Mercado’, señalado cabecilla de quinto nivel del Clan del Golfo y presunto coordinador logístico de la subestructura ‘Nicolás Antonio Urango Reyes’, que delinque en el departamento de Bolívar.La operación se llevó a cabo en la vereda Buenavista, zona rural del municipio de El Carmen de Bolívar, donde unidades de la Fuerza Naval del Caribe, con apoyo de la Policía, lograron materializar una orden de captura emitida por la Fiscalía General de la Nación. El procedimiento combinó capacidades aeronavales y terrestres para ubicar y detener al señalado cabecilla.De acuerdo con las autoridades, alias ‘Ayapel’ estaría encargado de coordinar las actividades logísticas de esta subestructura, incluyendo el control ilegal de corredores de movilidad utilizados para el transporte de insumos, recursos y armamento, con el fin de sostener las operaciones criminales del grupo armado organizado en la subregión de los Montes de María.La información de inteligencia indica que el capturado presuntamente articulaba el suministro de recursos provenientes del narcotráfico y la extorsión, además de servir como enlace para el movimiento de hombres armados y material de guerra. Su accionar se concentraba principalmente en las veredas Bajo Grande, Buenavista, San Carlos y Raízal, zonas estratégicas para la movilidad ilegal del grupo.Las autoridades señalaron que este rol logístico era clave para mantener la capacidad operativa y la continuidad de las acciones criminales de la subestructura, por lo que su captura representa un golpe a la estructura financiera y operativa del Clan del Golfo en el Caribe colombiano.Tras el operativo, alias ‘Ayapel’ fue trasladado al casco urbano de El Carmen de Bolívar, donde quedó a disposición de las autoridades judiciales para continuar con su proceso de judicialización.
Luego de que la Clínica Nuestra Señora de los Remedios, en Cali, Valle del Cauca, anunciara que dejará de atender a los pacientes afiliados a la Nueva EPS, debido a una deuda que asciende a cerca de 59.000 millones de pesos, crece la preocupación entre usuarios y autoridades de salud.Según la Asociación de Usuarios del Valle, los más afectados serán los pacientes oncológicos. Cerca de 3.000 personas que adelantaban su tratamiento en esta clínica quedarán, a partir de ahora, en un limbo, sin claridad sobre dónde podrán continuar procedimientos vitales como quimioterapias, radioterapias y yodoterapias."Es una situación muy compleja la que estamos viviendo cientos de pacientes , la salud está en riesgo y más lo que tienen enfermedades oncológicas y no nos brindan respuesta alguna pero vamos a seguir luchando por nuestros derechos”, dijo Sandra Martínez, representante de los usuarios de la Nueva EPS.Esta situación, que podría reiniciar procesos médicos, en muchos casos desde cero, entorpecería la evolución de los tratamientos y romper la continuidad en la atención que los pacientes han construido junto a sus especialistas. "Nosotros vamos hacer todas las denuncias posibles porque caemos en lo mismo, porque es el mismo comú denoninador del país, no hay pagos, entonces es un efecto domino, no hay pago, no entran los recursos y los que terminan en la crisis son los pacientes", manifestó la representante de los usuarios.Con la vida de estos 3.000 pacientes oncológicos en riesgo, el secretario de Salud de Cali, Germán Escobar, hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para evitar la interrupción de servicios esenciales en el tratamiento del cáncer, especialmente en la zona norte de la ciudad, donde se encuentra la clínica.
Los damnificados por los atentados terroristas del año pasado en Cali serán exonerados del pago del predial y otros impuestos del Distrito. El alcalde de Cali, Alejandro Eder, confirmó que el alivio tributario será para comerciantes y habitantes de viviendas ubicadas en las zonas afectadas por el terrorismo del 2025.Esta iniciativa acogerá a las víctimas de todos los atentados ocurridos en la capital del Valle quienes sufrieron graves daños en sus viviendas y negocios con las explosiones, vecinos de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, y habitantes de los barrios Meléndez, Manuela Beltrán y el sector de Los Mangos."Un acuerdo que exonera del predial, del ICA y de los costos de delimitación de las personas que fueron afectadas durante los ataques terroristas. El año pasado fue un año muy duro para Cali. Tuvimos seis ataques terroristas. Con este acuerdo nosotros logramos ese alivio económico para que las personas que fueron afectadas puedan recuperar sus viviendas, recuperar sus negocios y de esa manera reactivar las zonas que fueron afectadas por estos ataques.", señaló el alcalde Alejandro Eder.Los beneficiarios de estos alivios ya están definidos, teniendo en cuenta el censo de damnificados realizado después de cada atentado. Los beneficios tributarios temporales están dirigidos a propietarios, poseedores y establecimientos de comercio que hayan sufrido afectaciones verificadas, por los atentados del 10 de junio y 21 de agosto de 2025."No tendrán que pagar el impuesto predial y el impuesto de industria y comercio durante las vigencias fiscales 2026 y 2027. Teniendo en cuenta el Censo Oficial de las Afectaciones emitido por la Secretaría de Gestión del Riesgo, desde la Dirección de Hacienda vamos a implementar esto (0:18) mediante oficio, es decir, las personas afectadas no tienen que aplicar", aseguró John Quinchua, director de Hacienda Distrital.
Tras el accidente de una aeronave tipo ambulancia durante la mañana de este martes 9 de febrero, cuando se encontraba a pocos kilómetros de aterrizar en el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón de la ciudad de Cali, se conocieron las primeras fotos de cómo quedó la avioneta.La aeronave, una PA-34 con matrícula HK-4754, cubría la ruta Popayán – Cali, cuando sufrió el percance aproximadamente a cinco millas del umbral de la pista. A pesar del impacto, la Aeronáutica Civil confirmó que los cuatro ocupantes resultaron ilesos. Entre el personal a bordo se encontraban el piloto, el copiloto, un médico y un profesional en Atención Prehospitalaria. Al momento del incidente, por fortuna, no se transportaba ningún paciente.Le puede interesar: Avioneta se accidentó antes de llegar al aeropuerto de Cali: ocupantes salieron vivosEn cuanto al estado de la avioneta, tras el reporte del accidente, se activaron de inmediato los equipos de Búsqueda y Rescate (SAR) y el Cuerpo de Bomberos para asegurar el área. Personal de la Dirección Técnica de Investigaciones se trasladó hasta el lugar del suceso para realizar las labores de verificación e inspección técnica correspondientes.Sobre causas del accidenteLas autoridades competentes han iniciado las investigaciones bajo los protocolos establecidos para determinar las causas exactas del siniestro y evaluar los daños materiales de la aeronave.Vea en fotos el estado en el que quedó la avioneta:
La Aeronáutica Civil confirmó el accidente de una avioneta en inmediaciones del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón de Cali. Según las autoridades, la aeronave cubría la ruta Popayán-Cali y tenía a bordo 4 ocupantes: el piloto, el copiloto, un médico y un profesional en Atención Prehospitalaria, quienes resultaron ilesos. De acuerdo con la información oficial, la situación involucró una aeronave PA-34, de matrícula HK-4754, operada por la empresa Solair S.A.S., la cual cubría la ruta Popayán–Cali cuando presentó la novedad a varios kilómetros del umbral de pista del principal aeropuerto del suroccidente del país.En el avión se movilizaban cuatro ocupantes, entre ellos el piloto, el copiloto y dos profesionales del sector salud. Las autoridades confirmaron que todas las personas resultaron ilesas, descartando afectaciones físicas tras el incidente.Asimismo, se precisó que la aeronave no transportaba pacientes en el momento del suceso, un dato clave que permitió descartar una emergencia médica asociada al vuelo y concentrar los esfuerzos en la atención del evento operativo.Tras conocerse la situación, la Aeronáutica Civil activó de forma inmediata los equipos de Búsqueda y Rescate (SAR), los cuales se desplazaron hacia el punto donde se presentó el incidente. A estas labores se sumaron unidades del Cuerpo de Bomberos del aeropuerto, encargadas de asegurar la zona y brindar apoyo preventivo.Las autoridades señalaron que el despliegue tuvo como objetivo principal verificar el estado de la aeronave, garantizar la seguridad de sus ocupantes y evitar riesgos adicionales en el área donde ocurrió el evento.Paralelamente a la atención de la emergencia, personal especializado de la Dirección Técnica de Investigaciones de la Aeronáutica Civil inició el desplazamiento hacia el lugar con el fin de adelantar las labores de verificación e investigación.Este proceso buscará establecer las causas técnicas u operativas que derivaron en el incidente, siguiendo los protocolos nacionales e internacionales de seguridad aérea. Las autoridades aclararon que este tipo de investigaciones no tienen carácter sancionatorio, sino preventivo, y su objetivo es mejorar los estándares de seguridad operacional.Hasta el momento, no se reportaron afectaciones en la operación regular del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, ni retrasos significativos en vuelos comerciales como consecuencia directa del incidente.
En el sector del Jarillón, del municipio de Cartago, Valle del Cauca, recientemente fueron encontrados sin vida los cuerpos de dos mujeres que, al parecer, serían los de María Camila Salazar y Paola Giraldo, quienes se encontraban desaparecidas desde el pasado 03 de febrero.Los restos fueron hallados por familiares de estas jóvenes, quienes adelantaban la búsqueda en el sector donde fue abandonada la motocicleta en la que ambas se movilizaban, la cual apareció a un costado de la vía, oculta en un plástico.El hallazgo fue confirmado por la Policía del Valle del Cauca a través de un comunicado."Las autoridades judiciales adelantan los actos urgentes, mientras se desarrollan las investigaciones para esclarecer las circunstancias de este hecho", indica la institución.Las autoridades adelantan la búsqueda de testimonios y recolección de pruebas para determinar quiénes serían los responsables de este crimen, teniendo en cuenta que no es el primer caso de desapariciones de jóvenes ocurrido en el municipio."Estamos a la espera de confirmación de identidades de cuerpos encontrados en el jarillón. Lamentamos profundamente que estos hechos se sigan presentando, y pedimos a las autoridades competentes esclarecer estos casos. Acompañamos las familias desde primer momento", indicó el alcalde de Cartago, Juan David Piedrahita a través de sus redes sociales.Por otra parte, la violencia no solo afectó al municipio de Cartago, pues otro doble homicidio se registró en El Cerrito, específicamente en el corregimiento de Santa Elena, ahí fueron asesinados Didier Arias Espinoza, de 38 años y Mayra Alejandra Ortega, de 29 años de edad, cuando hombres armados los atacaron a disparos al interceptar la camioneta en la que se movilizaban.
La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, pidió celeridad en las investigaciones para esclarecer el asesinato de dos menores de edad en el municipio de Ansermanuevo, hace unos días.A través de su cuenta de X, la mandataria confirmó la identidad de las víctimas: Yair Fernando Henao, el joven de 14 años, y Geraldine Giraldo Marín, adolescente de 17 años, estudiante y egresada respectivamente, de la institución educativa Santa Ana de los Caballeros de este municipio.Lo que se sabe hasta el momento del caso es que ambos menores fueron atacados a disparos en una vía rural de Ansermanuevo, y sus cuerpos fueron encontrados horas después por la comunidad que transitaba por la zona.La gobernadora envió un mensaje de solidaridad y condolencias a las familias de las víctimas, y exigió celeridad y rigor en las investigaciones para esclarecer el crimen."Acompaño de corazón a sus familias, a sus seres queridos y a toda la comunidad educativa. Mis más sinceras condolencias. Cuando la violencia golpea a nuestros jóvenes, al futuro del Valle, el dolor es de todos como sociedad. Exigimos celeridad y todo el rigor en el esclarecimiento de este atroz crimen: no podemos permitir que la violencia siga arrebatándonos la vida y los sueños de nuestros niños y jóvenes", finalizó la mandataria.
Fueron por lo menos tres explosiones las que estremecieron a la comunidad de Cajibío, en el departamento del Cauca en la madrugada del domingo, las cuales dejaron múltiples daños en el casco urbano del municipio.Lo que se conoce hasta el momento es que se trató de un ataque que iba dirigido contra la estación de Policía. Se utilizaron drones para lanzar varios artefactos explosivos, los cuales no alcanzaron a afectar la estación, pero sí varias viviendas del municipio y otras edificaciones.Entre lo lugares afectados se encuentra el hospital San Juan Bautista, que resultó con varios vidrios quebrados, y daños en su fachada y en el cielo raso. También se reportó la afectación a una torre de energía cercana al centro asistencial. Hasta el momento no hay reporte de personas heridas o fallecidas."Tengo el reporte del ataque que fue cerca al hospital y algunas redes eléctricas se afectaron. Fueron explosiones muy grandes pues afectaron varias viviendas y el estruendo fue tan ruidoso que se alcanzó a escuchar en otros municipios como Piendamó y Morales. Se habla de daños materiales solamente", aseguró la personera de Cajibío, Amanda Nubia Elvira Méndez.En el transcurso del día las autoridades se trasladarán hasta los lugares donde cayeron los explosivos para evaluar el nivel de daños provocados por el ataque. Mientras tanto la fuerza pública se ha desplegado en el municipio para prevenir alguna otra alteración.Si bien no se ha establecido aún que grupo armado estaría detrás de estas explosiones, en ese territorio hay presencia de las disidencias de las FARC, al mando de alias ‘Iván Mordisco’.
En zona rural del municipio de El Cerrito, centro del Valle de Cauca, en inmediaciones de un ingenio azucarero, dos hombres armado interceptaron a cuatro trabajadores de este lugar, cuando finalizaban su jornada de trabajo.Los sujetos les indicaron que lo que pretendían era llevarse la camioneta en la que se movilizaban, la cual es propiedad del ingenio. En el asalto, los hombres se identificaron como integrantes del frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc y dejaron a dos de los trabajadores abandonados en medio de la nada, a los otros dos, los obligaron a ir con ellos, cubriéndoles las cabezas, iniciando así la huida.Las víctimas que quedaron en el sitio rápidamente dieron aviso a las autoridades, quienes de inmediato desplegaron la búsqueda, logrando interceptar el vehículo en los la vía que del municipio de Florida conduce a Miranda, Cauca."El carro es identificado por cámaras de seguridad cuando pasa por el municipio de Palmira, y es detenido en un puesto de control articulado con el Ejército, en el corredor seguro en la entrada al departamento del Cauca, donde se capturan dos personas y se recupera el vehículo que al parecer iba a ser utilizado por las disidencias de las Farc en el Cauca", señaló el coronel Pedro Pablo Astaiza, subcomandante de la Policía Valle.Las autoridades indican que este tipo de asaltos es la nueva modalidad que están utilizando los grupos armados en la región para hurtar vehículos. Donde intimidan a los conductores con armas de largo alcance. Esta sería la misma modalidad que utilizaron hace dos días, en el hurto a dos camiones tipo niñera, en la vía Panamericana, donde disidentes se llevaron 17 vehículos de alta gama nuevos, hacia el sector del Naya.
Continúan las lluvias en el Valle del Cauca, el 60% del territorio en el departamento se ha visto afectado por emergencias relacionadas con estas fuertes precipitaciones, especialmente en el centro y el norte del departamento.Actualmente hay seis municipios con declaratoria de Calamidad Pública, siendo el más crítico, Buga, donde aún están buscando a una mujer que fue arrastrada por la creciente de un río en el corregimiento de la María."En Crucebar La María está trabajando la maquinaria, haciendo un trabajo para evitar que la situación se vuelva más crítica con las lluvias y hemos habilitado una vía alterna temporal. Igualmente en Villa del Río tenemos una situación muy crítica pues se tiene el riesgo de pérdida de la vía, esta es la más delicada porque conecta la zona rural con el casco urbano, lo que afectaría al rededor de 13.000 bugueños", indicó la alcaldesa de Buga, Karol Martínez.Otra de las emergencias que aún se está atendiendo es la que se vivió en el municipio de El Águila, donde una avenida torrencial destruyó por completo el puente que comunica este municipio con el departamento de Risaralda."Estamos dándole asistencia humanitaria a las personas que perdieron casi todo lo que tenían y también mirando cómo podemos lograr superar la problemática de la vía que es muy importante, hay mucha empresa, los niños bajan para tener la educación, la salud y si esta vía se va, tendremos miles de personas completamente aisladas. Esto es una urgencia”, dijo la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.