El alcalde de Morales, Cauca, Óscar Guachetá, y un integrante de su esquema de seguridad fueron liberados tras haber sido secuestrados por hombres armados en la vía Panamericana, entre Popayán y Cali, cuando regresaban de Bogotá hacia su municipioLa operación de rescate fue adelantada por tropas de la Brigada 29 del Ejército Nacional, en coordinación con el Gaula Militar y la Policía Nacional. Las víctimas fueron ubicadas en el corregimiento de Siberia, municipio de Caldono, luego de los hechos ocurridos en la vereda La María, en Piendamó.De acuerdo con el Ejército, la rápida activación de los operativos permitió garantizar la liberación del mandatario y su acompañante. Las autoridades informaron que continúan las operaciones en la zona para dar con el paradero de los responsables.El secuestro se produjo pocas horas después de un hecho similar que involucró a la senadora Aída Quilcué, quien denunció haber sido interceptada junto a dos escoltas por un grupo armado en zona rural del Cauca.“Nos interceptó un grupo armado en un sitio bastante solo”, relató la congresista, quien aseguró que la presión ejercida por la Guardia Indígena, la fuerza pública y la comunidad permitió su liberación. La camioneta en la que se movilizaba fue hallada posteriormente en jurisdicción de Totoró.Ante la seguidilla de hechos violentos en menos de ocho horas, el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para reforzar la seguridad en la vía Panamericana y proteger a los líderes y autoridades del departamento.
Padres de familia de la Institución Educativa Liceo Marisol, ubicada en el barrio Manuela Beltrán, en el oriente de Cali, realizaron una protesta a las afueras de la sede educativa para exigir la contratación de docentes y permitir el inicio de clases de sus hijos.Según los padres de familia y líderes comunitarios, cerca de 700 estudiantes se han visto afectados, a lo que se suma la falta de contratación de personal de aseo y vigilancia en el plantel educativo.“Recogimos firmas y presentamos un derecho de petición el pasado 17 de diciembre, solicitando a la Secretaría de Educación garantías para que el colegio, al pasar a ser público, no perdiera clases. Las clases iniciaron el 2 de febrero y aún no contamos con docentes. Supuestamente hay cuatro profesores para toda la institución, cuando se requieren entre 28 y 32”, afirmó Jeimy Bravo, madre de familia.La Secretaría de Educación de Cali señaló que, tras una reunión con los padres de familia, se acordó que para el próximo lunes 16 de febrero estará nombrado el 80 % de los docentes, lo que permitirá avanzar en la normalización de las actividades académicas.“El balance del proceso de asignación de docentes es el siguiente: en traslados tenemos 12 notificados, de los cuales cinco ya están ubicados y siete tienen recursos en trámite. En cuanto a los docentes etnoeducativos, dos ingresan este miércoles, tres el jueves y 13 el lunes, tal como se acordó con los padres”, explicó César López, subsecretario administrativo y financiero de la Secretaría de Educación de Cali.Finalmente, la dependencia informó que ya se adelantó la contratación de personal administrativo, servicios generales, aseo y vigilancia, así como la formalización del contrato de arrendamiento de la sede. Además, se anunció que con horas extras se buscará recuperar las clases perdidas.
La senadora Aida Quilcué entregó detalles del posible intento de secuestro del que habría sido víctima junto a dos de sus escoltas, en hechos ocurridos en zona rural del departamento del Cauca. En sus primeras declaraciones, la congresista señaló que fueron interceptados por un grupo de hombres fuertemente armados.De acuerdo con su relato, el hecho se presentó en una zona de difícil acceso, condición que habría sido aprovechada por los sujetos para interceptarlos, cuando ella se desplazaba desde tierra adentro hacia la ciudad de Popayán."Fue la presión la que hizo que hiciera que saliéramos de ahí, no se identificaron, pero sé que era un grupo armado. Desafortunadamente nos cogieron en un sitio bastante solo y nos llevaron, pero ya estamos a salvo”, dijo Aida Quilcué.La congresista confirmó que logró salir ilesa gracias a la intervención de la Guardia Indígena, que desde el primer momento inició labores de búsqueda en la parte alta de los municipios de Inzá y Totoró, en zona de páramo, lo que permitió su rescate.“Tenía que pasar esta situación el día de hoy y gracias a Dios y a los espíritus estoy bien junto a los compañeros que me acompañaban y especialmente agradezco a la Guardia Indígena del Cauca, a la fuerza pública y a toda la solidaridad de Colombia,”, expresó tras recuperar la libertad.El Ejército Nacional anunció que entregará más detalles de lo ocurrido, luego de que la camioneta en la que se movilizaba la senadora fuera hallada en jurisdicción del municipio de Totoró, mientras se adelantan las investigaciones para establecer quiénes estarían detrás de este hecho.
El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) confirmó esta tarde que la senadora Aída Quilcué ya fue encontrada en un sector de páramo entre los municipios de Inzá y Totoró. La senadora estaba junto a los dos hombres de su esquema de seguridad y será trasladada por la Guardia Indígena a un centro asistencial para su valoración médica."En el momento la están sacando un equipo de guardia y autoridades indígenas y a esperar la evaluación de lo que ha sucedido. Ella fue encontrada en una zona que es zona de Páramo, donde no hay comunicación por señal de celular ni de radios de comunicación de guardia", dijo Eduin Mauricio Capaz Lectamo, coordinador del área de derechos humanos del CRIC.Tras ser ubicada, la Guardia Indígena inició su traslado hacia un centro asistencial para que reciba valoración médica."Es una zona bastante complicada en el que ya se han dado varios hechos anteriores, en el que se ha afectado a ciudadanos y a comuneros indígenas del sector. Ahora solo esperamos que la senadora y su equipo sea sacada completamente de la zona", explicó Capaz.Las autoridades y organizaciones indígenas continúan recopilando información para esclarecer lo ocurrido, mientras se mantiene el acompañamiento a la senadora y a su equipo de seguridad.
Una mujer en Medellín estuvo secuestrada durante dos días, al parecer para inducirla a abortar, por parte de su pareja sentimental. Durante el operativo de rescate fueron capturados dos hombres que venían extorsionando a la familia de la víctima con exigencias de hasta 500 mil pesos.Un grave caso de violencia contra la mujer logró ser frustrado en las últimas horas en la capital antioqueña, tras la denuncia oportuna a las autoridades por parte de familiares de la víctima.Se trata de una mujer de 25 años de edad que fue secuestrada durante dos días por parte de su expareja sentimental, luego de anunciarle que estaba en estado de embarazo.La retención se habría producido por parte de este hombre en una vivienda del barrio Manrique, con el objetivo de inducirla al aborto por medio de medicamentos. Además, durante este periodo, la mujer también fue víctima de maltrato físico y psicológico.https://x.com/BLUAntioquia/status/2021181038949523944“La familia recibió mensajes a través de aplicaciones de mensajería instantánea, acompañados de videos en los que se evidenciaban agresiones físicas y las condiciones en las que permanecía retenida. De manera inmediata, más de 40 uniformados del Gaula de la Metropolitana de Medellín desplegaron un operativo antisecuestro”, indicó el coronel Juan Carlos Sierra, subcomandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.Las acciones desplegadas por la Policía permitieron no solo la liberación de la mujer, sino también la captura en flagrancia del presunto victimario y de otro hombre que en ese momento lo acompañaba.Ambos, durante el tiempo de cautiverio, intentaron extorsionar a la familia de la mujer, exigiéndoles una suma de hasta 500 mil pesos, presuntamente para cubrir gastos de alimentación.Valeria Molina, secretaria de las Mujeres de Medellín, destacó que avanzan en el acompañamiento psicojurídico de la víctima y sus allegados.“Cuando la mujer fue recuperada y llevada al hospital, desde la Secretaría de las Mujeres hemos venido acompañándola psicológicamente y activamos todas las rutas de acompañamiento jurídico para que este caso no quede en la impunidad”, dijo la secretaria Molina.Los capturados, a quienes les fueron incautados dos celulares y una motocicleta, deberán responder ante la justicia por el delito de secuestro extorsivo, por el que podrían enfrentar una condena de hasta 30 años de prisión.Por lo pronto, un juez de control de garantías será el encargado de definir en las próximas horas la situación jurídica de ambos procesados.Este hecho fue rechazado por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.
La emergencia climática que golpea a diversos municipios del departamento ha dejado un centenar de familias afectadas. Por esta razón, la Asociación de Acción Social para Apoyar a Santander (ASPAS), en un esfuerzo conjunto con la Gobernación de Santander, ha puesto en marcha una campaña de solidaridad para mitigar el impacto sufrido por la pérdida de enseres y medios de subsistencia.La primera dama del departamento, Victoria Eugenia Casallas Lozano, lidera este llamado a la unidad regional, destacando que la magnitud de la situación requiere de una acción conjunta entre las instituciones y la sociedad civil. “Estamos tocando nuevamente los corazones de nuestros santandereanos; infortunadamente hemos tenido que activar esta campaña para poder ayudar a todos aquellos damnificados en este periodo de lluvias”, manifestó Casallas Lozano, enfatizando que cada aporte, por pequeño que parezca, representa un mensaje de esperanza y un alivio tangible para quienes lo han perdido todo.Para facilitar la recepción de las ayudas, la administración departamental ha dispuesto de dos puntos estratégicos de acopio que operarán en jornada continua de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. El primero de ellos se encuentra ubicado en la entrada principal del Palacio Amarillo (Gobernación de Santander) en el centro de Bucaramanga, mientras que el segundo punto está habilitado en la Oficina de Gestión del Riesgo de Santander, en el municipio de Floridablanca, metros arriba de Papi Quiero Piña.Las autoridades han sido enfáticas en las necesidades prioritarias para atender la emergencia. Se solicita a la ciudadanía priorizar la donación de alimentos no perecederos, agua potable, útiles de aseo personal y elementos de limpieza.Asimismo, dada la pérdida de mobiliario doméstico en las zonas inundadas, se requieren con urgencia colchonetas, cobijas, frazadas y ropa usada en buen estado. La campaña también contempla el bienestar animal, por lo que se ha incluido la recepción de alimento para mascotas.El municipio más afectado por el invierno es Lebrija, especialmente en la vereda Vanegas, donde cerca de 200 personas permanecen en zona de alto riesgo luego de una creciente súbita del afluente que lleva el mismo nombre del municipio.La emergencia también se extiende a Sabana de Torres, Rionegro y Florián, donde se reportan inundaciones, deslizamientos de tierra, vías cerradas y centenares de familias damnificadas. En el corregimiento Provincia, en Sabana de Torres, el desbordamiento del río afectó a 80 familias y dejó al menos 167 personas damnificadas. Según el Ideam, las lluvias en Santander seguirán durante este mes.
Estos fueron los temas tratados en Bla Bla Blu este lunes, 9 de febrero:La actriz Flora Martínez habló sobre su participación en la película ¡Basta mamá!. Además, realizó un análisis sobre los artistas en la comedia.En la sección 'Historias que merecen ser contadas', Ernesto Gutiérrez, head of partner AI de Google, contó cómo logró trabajar en esta empresa gigante de la tecnología.
La decisión de la Fiscalía de imputar cargos al presidente de Ecopetrol Ricardo Roa por dos delitos es uno de los golpes más duros que ha recibido el gobierno del presidente Gustavo Petro en materia judicial.Roa es uno de los funcionarios más cercanos al presidente Gustavo Petro y el hecho de que tenga que responder ante la justicia, lo deja muy mal parado frente a la posibilidad de que pueda seguir al frente de la empresa más importante del país.De hecho, el primer cargo que le imputará la Fiscalía a Ricardo Roa, tiene que ver con irregularidades que presuntamente cometió siendo el gerente de la campaña que llevó a Gustavo Petro a la presidencia en 2022.Según las investigaciones de un fiscal de la Unidad Anticorrupción, Roa sería el responsable del delito de violación de topes para la financiación de campañas políticas, específicamente en el caso de la campaña Petro presidente 2022, se habría superado el límite de gastos en más de 1.500 millones de pesos.La Fiscalía llegó a esa conclusión luego de analizar las facturas entregadas por la campaña a la Fiscalía, sumado a la información que tiene en su poder el Consejo Nacional Electoral, que demostró que la campaña presidencial de Gustavo Petro, cuyo máximo responsable financiero era Ricardo Roa, no reportó todos los gastos en los que incurrió, lo cual se demuestra por medio de facturas faltantes y servicios que se contrataron pero que no fueron reportados en la contabilidad.La otra imputación de cargos contra Ricardo Roa será por el delito de tráfico de influencias, por haber presuntamente favorecido con contratos al coronel retirado de la Policía, Juan Guillermo Mancera, exjefe de seguridad de Pacific Rubiales, a cambio de que este le comprara un lujoso apartamento en la zona del Museo del Chicó, en el norte de Bogotá, que además era propiedad de una de las empresas del empresario petrolero Serafino Iácono.Aunque la Colombia Humana, partido del presidente Gustavo Petro y el propio jefe de Estado intentan descalificar a la Fiscal General Luz Adriana Camargo, vinculando a su esposo con la campaña presidencial de Abelardo De La Espriella, hay que aclarar que en el caso de Ricardo Roa, las investigaciones ya cumplen tres años, para muchos incluso hubo retraso en definir la situación del presidente de Ecopetrol, que dijo que por ahora no renuncia, sus abogados defienden la presunción de su inocencia y se espera si la Junta Directiva de la empresa decide eventualmente pedir su salida.A propósito, vale la pena preguntarle a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, en qué va la investigación contra el presidente Gustavo Petro por las presuntas irregularidades en la financiación de su campaña en 2022.
La Procuraduría General tiene bajo la lupa la contratación para asesoría jurídica en el municipio de Segovia. Desde 2021, la administración municipal vendría adquiriendo el servicio con una misma firma con la cual ya han suscrito millonarios contratos que superan los 17.000 millones de pesos.Pese al cambio de administraciones, para el Ministerio Público ha levantado sospechas el manejo que, en los últimos años, en el municipio de Segovia se ha dado a la contratación en materia de asesoría jurídica externa.Y es que, según la Procuraduría General, desde el año 2021 la alcaldía ha suscrito con la misma firma al menos 17 contratos que acumulan un valor cercano a los 17.750 millones de pesos durante distintos periodos fiscales.Por eso, el ente de control inició una indagación previa para establecer posibles irregularidades, pues solo el año anterior hubo seis contratos, incluso con adiciones, por casi 7.000 millones de pesos. Entre los objetos también se encuentran la gestión de obligaciones tributarias y el desarrollo de procesos de cobro coactivo.Para determinar la existencia de eventuales faltas disciplinarias, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Puerto Berrío ordenó la práctica de pruebas con el fin de determinar a los posibles responsables y verificar la legalidad de las acciones llevadas a cabo.Este tipo de vínculos prolongados se convierten en señales de alerta para los entes de control en la medida que podría estarse desnaturalizando la contratación, es decir, usando contratos temporales para cubrir funciones permanentes.Por otra parte, tal continuidad podría indicar falta de pluralidad y competencia, especialmente si los contratos se renuevan sin procesos abiertos o con estudios previos “hechos a la medida”.
Tras confirmarse el secuestro de la senadora Aida Quilcué entre Inzá y Totoró, en el departamento del Cauca, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó el hallazgo de la camioneta en donde se transportaba la funcionara antes de desaparecer junto a su equipo de seguridad.De acuerdo con la información preliminar, la camioneta no presentó signos de violencia o de ataque, pero sí completamente abandonada sin ningún rastro de hacía dónde pudo ser llevada la funcionara y en la zona avanza operaciones de la fuerza pública para dar pronto con la senadora."La guardia indígena reporta que llegó al lugar y halló la camioneta donde viajaba la senadora @aida_quilcue, pero sin personas en el interior. Se continúa la búsqueda. Cualquier información llame al 147 o 165", indicó el ministro de Defensa a través de su cuenta de X.La camioneta fue hallada gracias a la Guardia Indígena, según contó el jefe de la cartera de Defensa, y junto a las autoridadades avanza búsqueda en la zona para ubicar a la senadora. Cabe recordar que en este sector operan algunos grupos al margen de la ley."Lo que nos informan es que la parte alta en Inchada, donde casi no hay señal, pues ya no se volvió a tener información ni responde ni el celular ni ella aparece ni han dicho que es un secuestro. Estamos con la Guardia trabajando de manera interna en la zona para ver qué podemos hacer frente a lo que está sucediendo”, dijo Jhoe Sauca, exconsejero del CRIC.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó una denuncia sobre el secuestro de la senadora Aida Quilcué en el departamento del Cauca, exactamente entre Inzá y Totoró.El funcionario anunció que la Fuerza Pública adelanta su búsqueda este martes. Además, se conoció que la congresista habría sido secuestrada junto con su cuerpo de seguridad.Por su parte, el equipo de la senadora Aida Quilcué lanzó una alerta a través de X. "Solicitamos la mayor colaboración sobre información de la integridad de la senadora y su esquema de seguridad", escribieron desde la cuenta de la funcionaria.Reacción de la Guardia IndígenaTras la denuncia, la Guardia Indígena se sumó a la búsqueda de la senadora Aida Quilcué y su esquema de seguridad. El último reporte indica que se desplazaban en una camioneta hacia Popayán, pero su rastro se perdió en la parte alta de Inzá."Lo que nos informan es que la parte alta en Inchada, donde casi no hay señal, pues ya no se volvió a tener información ni responde ni el celular ni ella aparece ni han dicho que es un secuestro. Estamos con la Guardia trabajando de manera interna en la zona para ver qué podemos hacer frente a lo que está sucediendo”, dijo Jhoe Sauca, exconsejero del CRIC.El exconsejero explicó que la senadora viajaba acompañada de su esquema de seguridad que normalmente son dos integrantes de su protección, sin embargo, no responde llamadas ni mensajes, lo que ha generado preocupación entre las comunidades.Desde el CRIC señalaron que en esa zona delinquen grupos armados, y exigen a las autoridades una pronta reacción para esclarecer lo ocurrido.
Un ciclista resultó gravemente herido al quedar aprisionado en medio de dos ambulancias, involucradas en un nuevo caso de la denominada guerra del centavo, en el oriente de Cali.Según las autoridades, los vehículos se desplazaban a alta velocidad y, al parecer, competían entre sí. Al llegar a un cruce vial, arrollaron al ciudadano, quien fue trasladado a un centro asistencial, donde permanece bajo observación médica."Como cualquier otro ciudadano deben cumplir las normas de tránsito, y también dar ejemplo, dado que son trabajadores de la salud. Por ejemplo no pueden invadir del carril del MIO, tener exceso de velocidad, pasarse los semáforos en rojo, todo eso está prohibido, incluso, para las ambulancias, salvo condiciones muy particulares, y con permisos especiales que deben tramitar o en el caso de una urgencia", señaló Germán Escobar, secretario de Salud de Cali.Asimismo, el funcionario hizo un llamado a evitar este tipo de conductas que, en la mayoría de los casos, terminan en accidentes que afectan no solo a los ciudadanos, sino también a los pacientes que son transportados en estos vehículos.En este caso, se pudo confirmar que una de las ambulancias estaba georreferenciada por el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias, y que al momento del accidente no tenía asignado ningún servicio para recoger pacientes.
Alrededor del mediodía de este martes se registró un ataque sicarial en el norte de Cali, a la altura de la Avenida Vásquez Cobo con calle 34 norte, frente a la sede administrativa del Deportivo Cali, hecho que desató el pánico entre trabajadores y transeúntes de la zona, que de inmediato dieron aviso a las autoridades.Según algunos testigos del hecho, hombres armados llegaron en motocicleta y atacaron a disparos a un hombre que se encontraba en un negocio de compraventa de vehículos. La víctima fue identificada como Jhon Jairo Moreno Rodríguez, quien, al parecer, laboraba por la zona.La Policía llegó al sitio de la balacera, acordonando la zona y cerrando por completo ambas calzadas de la avenida Vásquez Cobo, mientras se realizan las respectivas labores de levantamiento."En una oportuna y muy rápida reacción de nuestras unidades de Policía en el sector. Se logra la captura de dos personas, las cuales portaban dos armas de fuego y se movilizaban en una motocicleta. Este hecho está siendo investigado por la Fiscalía General de la Nación y nuestra Policía Judicial Sijín", señaló el teniente coronel Javier Martín, comandante operativo (e) de la Policía Cali.Unidades de Policía y el CTI permanecen en el sitio, recolectando todo el material probatorio del lugar. Se desconocen las causas del crimen ni quienes serían los responsables. Las autoridades tratan de establecer si esta balacera tendría relación con otro hecho registrado días atrás, donde varios vehículos ubicados en esa compraventa fueron incinerados.
Cerca de 5.000 usuarios de la EPS Emssanar en el Valle del Cauca, especialmente aquellos que padecen enfermedades crónicas, resultaron afectados con la más reciente suspensión de servicios de salud de una institución privada.Se trata de la IPS Grupo de Especialistas en el Manejo de Enfermedades Crónicas, Gesencro, que a partir de hoy 10 de febrero suspendió la atención a los pacientes de esta EPS en las sedes de los municipios de Buenaventura, Palmira, Buga, Candelaria y El Cerrito.A través de un comunicado, la institución señaló que tomó la decisión, debido a la persistente falta de pago de Emssanar de las obligaciones económicas derivadas de servicios ya prestados."Una demostración más de la situación financiera que está viviendo el sistema y que acaba afectando a los pacientes. Es una cosa compleja, este centro presta servicios de baja complejidad en estos municipios. Esto significará muchos tratamientos interrumpidos, muchas personas sin saber dónde van a ser atendidas y una profundización más de la situación de salud en el departamento, donde ya es evidente el incremento de la mortalidad evitable", aseguró secretaria de salud del Valle, María Cristina Lesmes.La funcionaria aseguró que en estos momentos Emssanar está tratando de migrar la atención a sus usuarios a la red pública, siguiendo una orden del Ministerio de Salud, sin embargo, es una medida que no sería viable teniendo en cuenta que la red pública es insuficiente para atender tal demanda de pacientes."La red pública es incapaz de atender el 100% de los pacientes y se requiere el trabajo conjunto con la red privada. El señor ministro de Salud no ha podido comprender que la oferta privada corresponde al 85% de los prestadores. Desde luego hay municipios pequeños donde la oferta pública es suficiente, pero en los municipios grandes necesitamos trabajar de forma coordinada públicos y privados", añadió Lesmes.La suspensión de servicios de salud a los pacientes de EPS intervenidas hace que otras instituciones se congestionen cada vez más. Tal es el caso de la clínica Versalles en Cali, que actualmente está atendiendo solo urgencias vitales, debido a su alto nivel de sobreocupación.
A la cárcel fue enviado un integrante de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, por su responsabilidad en el crimen de al menos 19 personas, hechos que ocurrieron en zonas rurales de municipios como Jamundí, Restrepo y Dagua, en el Valle del Cauca.Se trata de Jair Valencia Solís, quien fue sentenciado a 22 años y 2 meses de prisión por los delitos de homicidio agravado, homicidio agravado en grado de tentativa, desaparición forzada; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, entre otros delitos. Un juez dio a conocer uno de los casos en los que este hombre participó, el asesinato de seis personas al interior de un establecimiento público."Su responsabilidad es por arribar al lugar de los hechos, procedieron selectivamente a apuntar y disparar junto con otros integrantes que se identificaron con el nombre del grupo, disparar las siete armas de fuego, entre ellas de uso privativo de las fuerzas militares, causando heridas que produjeron la muerte a las seis víctimas allí identificadas como occisos. Sin embargo, previo a ejecutar a las víctimas, hicieron bajar el volumen de la música y selectivamente, e incluso pidiéndole a una de las víctimas que se arrodillara en el piso, procedieron a impactarlo en su frente.", dijo el juez.La investigación determinó que Valencia Solís participó en la ejecución de tres homicidios colectivos, ocurridos entre 2020 y 2021 en los corregimientos La Meseta y Villacolombia de Jamundí y Restrepo, en los que fueron asesinadas 14 personas, entre ellas un menor de edad."También fue declarado responsable del homicidio de dos personas dedicadas a la minería el 15 de marzo de 2021. Así como el asesinato de un ciudadano extranjero ocurrido el 29 de junio de 2020. Los dos hechos ocurrieron en zona rural de Jamundí.", dice un documento emitido por la Fiscalía General de la Nación.Igualmente, se le atribuyó la desaparición forzada y muerte de dos personas. Una de las víctimas era un integrante del Ejército Nacional que fue secuestrado, asesinado y posteriormente ocultaron su cuerpo en una fosa ubicada en la vereda El Placer, en Dagua, Valle del Cauca, en hechos ocurridos el 23 de agosto de 2021.
La repentina muerte del cantante Yeison Jiménez ha generado todo tipo de reacciones entre sus fanáticos en Cali, una ciudad que siempre le abrió las puertas al artista. Su música era coreada en cada esquina, en discotecas y escenarios, convirtiéndolo en uno de los cantantes de música popular más aclamados por el público caleño.Tanto así que, en una de sus presentaciones durante la Feria de Cali 2025, el artista manifestó que este 2026 sería el año en el que se tomaría un descanso de la música."El próximo año voy a estar un poquito ausente porque… prometí que a mis 35 años iba a descansar un poco. “Llevo 20 años trasnochando, gracias, de verdad", dijo el artista.Y es que en diferentes establecimientos públicos, bares y discotecas, anoche se le rindió homenaje al artista, así como en Jacaranda, en el Bulevar del Río, uno de los lugares más icónicos de Cali. Además, el Concejo de Cali, en el año 2024, le otorgó la Medalla Santiago de Cali en Grado Cruz de Oro al cantante y compositor de música popular, por su aporte social a Cali y al Valle del Cauca, a través de la Fundación Trébol."Pero Yeison Jiménez no es solo cantante, también hace labor social en Cali y la región vallecaucana, a través de la Fundación Trébol con la que patrocina el estudio para más de mil niños y jóvenes de escasos recursos y que buscan su superación personal. Y hace poco, inició un proyecto para subsidiar la mejora de viviendas a personas en condición de vulnerabilidad”, expresó la concejal Alexandra Hernández Cedeño.Cabe mencionar que Yeison Jiménez ya tenía programados varios conciertos en Cali para este 2026. Uno de ellos era el Festival del Guaro, que se realizará el próximo 14 de marzo en la Arena Cañaveralejo, donde era uno de los artistas centrales junto con otros cantantes de música popular, concierto que desde ya se hará en su memoria.
A través de una circular emitida con fecha 9 de enero, dirigida a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) con servicios de urgencias habilitados en la ciudad de Cali, la Secretaría de Salud Distrital exige la garantía de atención inmediata en los servicios de urgencias, sin barreras de acceso para los ciudadanos.La medida se adopta en medio de la crítica situación que atraviesa actualmente el sistema de salud en el país, así como por las protestas y denuncias de usuarios registradas en distintos centros asistenciales de la capital del Valle.“Ante posibles vulneraciones del derecho fundamental a la salud y, específicamente, en lo relacionado con la atención de obligatorio cumplimiento de pacientes que requieren atención de urgencias o que se encuentran ante una urgencia vital, hemos expedido una circular que recuerda esta obligatoriedad, casi de carácter constitucional, derivada de la propia Ley Estatutaria de Salud”, dijo Germán Escobar, secretario de Salud de Cali.La circular advierte, además, que las IPS que no presten el servicio de urgencias vitales se enfrentarán a la imposición de sanciones administrativas, conforme a la normatividad vigente.“Recordamos a todos los prestadores con servicios de urgencias habilitados la imposibilidad legal de cualquier negación de los servicios de urgencias, en lo relacionado con urgencias vitales y requerimientos asociados al derecho fundamental a la salud”, manifestó el secretario.El documento también señala que, en los casos en los que se evidencien conductas graves o reiteradas, la Secretaría de Salud procederá a compulsar copias ante los entes de control competentes, como la Superintendencia Nacional de Salud, la Procuraduría General de la Nación, la Personería Distrital, la Fiscalía General de la Nación y la Contraloría, según corresponda, para analizar los casos de negación en la atención de urgencias.
Luego de un ataque armado registrado en la zona insular del barrio Nayita, en la comuna uno de Buenaventura, Valle del Cauca, las autoridades iniciaron el proceso de investigación y determinaron que el hecho obedeció a un ajuste de cuentas entre bandas criminales que delinquen en el distrito.Este hecho dejó cuatro personas lesionadas, entre ellas una menor de edad de tres años, quienes tuvieron que ser trasladadas de urgencia a centros asistenciales para recibir atención médica."Lo que hemos evidenciado dentro de la investigación y del trabajo de campo que empezamos a hacer con la Policía Judicial es que se trata de un hecho de ajuste de cuentas al interior de un grupo delincuencial, y que con la Fiscalía ya nos permite dar una orientación de lo que sucedió. Al parecer, ya está la identificación y el señalamiento de las personas involucradas", dijo el coronel Gustavo Chaparro, comandante de la Policía de Buenaventura.La investigación también arrojó que la persona contra quien iba dirigido el atentado sicarial presenta antecedentes judiciales."Esta persona registra cuatro antecedentes por hurto, porte ilegal de arma de fuego, y en efecto la persecución se hacía a este individuo. El lugar donde se presentó el hecho era un establecimiento público; esta persona llegó y empezaron los disparos, y allí resultaron lesionadas una persona de 21 años con pronóstico reservado, la menor de edad y la madre de la menor, quien en este momento ya se encuentra estable y fuera de peligro", expresó el oficial.Por esta razón, las autoridades anunciaron el refuerzo de las medidas de seguridad, especialmente durante este fin de semana, ante la llegada de miles de turistas al principal puerto sobre el océano Pacífico.