En zona rural de Tuluá, fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre que se encontraba desaparecido desde diciembre de 2025. La familia de la víctima había denunciado su desaparición ante las autoridades, quienes desde un inicio manejaron la hipótesis de un posible secuestro atribuido a grupos armados al margen de la ley que operan en la región.De acuerdo con el reporte preliminar, el cuerpo presentaba múltiples heridas causadas por arma de fuego. Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer los responsables de este crimen y esclarecer las circunstancias en las que se produjo el homicidio."Su familia había denunciado su desaparición desde diciembre , el Gaula tomo el caso pero desafortunadamente el cuerpo de la victima fue encontrado sin vida en zona rural con impactos de arma de fuego, estamos investigando quienes están detrás de estos hechos" dijo la general Sandra Liliana Rodríguez, comandante Policía Valle. Una de las primeras líneas de investigación apunta a la posible participación del frente 57, estructura armada que delinque en esta zona del centro del Valle del Cauca.La víctima era un comerciante con varios años de trayectoria en el sector agrícola. Según las indagaciones preliminares, habría sido objeto de extorsiones, una hipótesis que también es materia de análisis por parte de las autoridades judiciales.
Los habitantes de diferentes municipios del Valle del Cauca como Buenaventura, y del departamento de Córdoba, golpeados por las fuertes lluvias, necesitan de la ayuda de todos. Por eso, la Gobernación del Valle del Cauca y el Banco de Alimentos se unen en un llamado a la solidaridad con la recolección de ayudas.“En estos momentos difíciles que viven los habitantes del Departamento de Córdoba y del municipio de Buenaventura a causa de las fuertes lluvias, quiero llamar a la ciudadanía, a las empresas, a las organizaciones sociales, a las instituciones para que nos unamos en un gesto de apoyo y generosidad con estas personas. Estamos solicitando ayudas que las puedan llevar y entregar en Telepacífico y el Banco de Alimentos”, indicó la gobernadora Dilian Francisca Toro.Las donaciones se pueden realizar hasta el domingo 15 de febrero en la plazoleta de Telepacífico y en el Banco de Alimentos de Cali, ubicado en la Calle 24 #6-103, en el barrio San Nicolás, en el horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.La recolección de alimentos no perecederos será de gran ayuda para las familias afectadas.“A las familias afectadas nuestra solidaridad, quiero decirles: ¡no están solas!, vamos a estar desde el Valle del Cauca, siempre acompañándolos, trabajando duro para superar esta emergencia con solidaridad y compromiso”, concluyó la mandataria.
El Centro de Gestión de Emergencias y Seguridad (CGES), que hoy vigila en tiempo real 29 municipios del Valle del Cauca, recibirá cerca de $120.000 millones para ampliar su cobertura a los 42 municipios del departamento. La gobernadora Dilian Francisca Toro informó que $50.000 millones se invertirán en mejorar las comunicaciones y $69.000 millones en más cámaras inteligentes y arcos de seguridad en puntos clave.“Cambiar toda la red de comunicaciones, tanto de Cali como del departamento del Valle del Cauca, para que de esa manera también seamos mucho más efectivos, la Policía sea mucho más efectiva en todo su trabajo, nos cuesta $50.000 millones. Además, son $69.000 millones que vamos a invertir en todo lo que es videovigilancia, cámaras de seguridad inteligentes, 29 arcos de seguridad que vamos a tener en todas las entradas a los municipios, sobre todo Cali, Buenaventura, el corredor de Buenaventura, Jamundí, y en todos los corredores seguros que tenemos en el Valle del Cauca”, indicó la gobernadora Dilian Francisca Toro.Así como el CGES, las ‘Megatomas’ realizadas por la Fuerza Pública con apoyo del Gobierno departamental en Buenaventura, Palmira y Tuluá, y las que se llevarán a cabo en Buga, Cartago y Roldanillo, también son posibles gracias a la tasa de seguridad, a través de la cual también se harán inversiones por 120.000 millones de pesos para cambiar la red de comunicaciones de la Policía y fortalecer la videovigilancia en el Valle.Los sistemas antidrones con los que ya cuenta el Ejército, Policía y próximamente la Armada, así como un geolocalizador con el que será dotado el Gaula del Ejército para combatir delitos como el secuestro y la extorsión, también son obtenidos con recursos de la tasa de seguridad pagada por los vallecaucanos y que el Gobierno departamental administra para fortalecer las capacidades de la fuerza pública y garantizar la tranquilidad de la población.
Las intensas lluvias de las últimas horas han ocasionado emergencias en diferentes municipios del Valle del Cauca, especialmente en Caicedonia, Tuluá, San Pedro y El Cerrito.Juan Felipe Jiménez, director seccional de la Defensa Civil en el Valle, aseguró que equipos de los organismos de socorro adelantan las atenciones debido a inundaciones en vías y viviendas.“En este momento, la Defensa Civil Colombiana, a través de la Seccional Valle, se encuentra atendiendo varios incidentes a lo largo del departamento, producto de las intensas lluvias que se presentaron en el día de hoy. Desde la Defensa Civil ratificamos nuestro compromiso con el Valle del Cauca y el alistamiento total de nuestros voluntarios, de todas las juntas del departamento, para que estén pendientes de la comunidad y podamos brindar tranquilidad”, dijo Jiménez.Sin embargo, las autoridades reiteraron el llamado para que la comunidad esté atenta a los cambios que puedan presentar algunos afluentes, ya que las lluvias continuarán durante todo el fin de semana.“Nuestros voluntarios se encuentran atendiendo estos requerimientos de la mano del Sistema Departamental de Gestión del Riesgo. El Ideam nos ha notificado sobre la posibilidad de alertas importantes por lluvias fuertes a lo largo del día, e incluso para mañana se esperan condiciones similares”, señaló el funcionario.Las precipitaciones registradas en los últimos días en el departamento han ocasionado la muerte de 11 personas, que en la mayoría de los casos habrían sido arrastradas por crecientes de ríos, además de afectar a miles de familias, especialmente en zonas rurales como Buenaventura.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías envió a prisión a Jaiver Bohórquez Nieto, señalado de participar en el homicidio de una mujer de 27 años, ocurrido en zona rural de Floridablanca.El crimen se registró la noche del 14 de octubre de 2024, cuando la víctima, identificada como Karlys Nayerlin Reyes Lugo, de nacionalidad venezolana, se movilizaba como parrillera en una motocicleta hacia el sector de Ruitoque. Según la investigación, al descender del vehículo fue interceptada por varios hombres y atacada en repetidas ocasiones con arma cortopunzante y arma de fuego. La gravedad de las heridas le causó la muerte en el lugar.El conductor de la motocicleta también fue blanco de disparos. Uno de los proyectiles impactó su casco y otro le causó una lesión en el brazo. El hombre logró huir y alertó a las autoridades.De acuerdo con el expediente, la mujer habría salido del barrio La Cumbre rumbo a la parte baja de Ruitoque y, durante el trayecto, habría acordado encontrarse con varias personas. En el punto señalado fue rodeada por el grupo de atacantes.La captura de Bohórquez Nieto se produjo en la vía Zapatoca–Girón, durante un procedimiento de verificación de antecedentes realizado por uniformados de la Policía Nacional de Colombia, quienes confirmaron que tenía una orden judicial vigente.La Fiscalía le imputó los delitos de homicidio agravado, homicidio agravado en grado de tentativa y porte ilegal de armas de fuego. El procesado no aceptó los cargos.Según las autoridades, el detenido también estaría vinculado al grupo delincuencial Los Claverianos, donde presuntamente cumplía funciones relacionadas con la distribución de estupefacientes y la coordinación de acciones violentas.
Las autoridades en la ciudad de Medellín no bajan la guardia para esclarecer situaciones que van en contra de la ley. En las últimas horas, uniformados de la Policía Nacional capturaron a un hombre que habría participado en un hecho de violencia en el que un ciudadano perdió la vida.En pleno centro de la capital antioqueña un hombre fue requerido mediante una orden judicial expedida por la Fiscalía General de la Nación, por el delito de homicidio agravado, en hechos sucedieron el pasado 19 de enero del año 2025, específicamente en el barrio Manrique, La Honda.De acuerdo con las investigaciones entregadas por las autoridades, el agresor atacó a la otra persona con un arma blanca, ocasionándole la muerte de inmediato en el lugar en el que se presentó el altercado. "Se trata de la captura por orden judicial de un hombre que era señalado de homicidio agravado, que pretendía seguir moviéndose por la ciudad como si nada. Lo hemos dicho, en Medellín no vamos a permitir que quienes asesinan para resolver conflictos sigan circulando entre la ciudadanía como si nada", indicó el secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa Mejía.Además, esta dependencia también confirmó, que el hoy capturado registra anotaciones por otros delitos como homicidio y tentativa de homicidio. Tras la captura, el implicado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para continuar con el proceso de imputación y la solicitud de medida de aseguramiento.Con esta última aprehensión, en la ciudad de Medellín a través de los distintos operativos de control y registros mediante órdenes de captura, ya van 13 personas capturadas por el delito de homicidio en lo corrido de este año.
Autoridades en la capital antioqueña siguen tras la pista de dinamizadores para el expendio y consumo de sustancias psicoactivas, por lo que en las últimas horas se reportaron avances tanto en materia de capturas como de judicializaciones.En el primer caso, a un hombre de 28 años de edad, durante un registro voluntario en inmediaciones de la Terminal del Sur, le descubrieron en un morral dos pistolas, una bolsa con aproximadamente 3.000 gramos de marihuana, 30 bolsas con cerca de 300 gramos de una sustancia similar a la cocaína y 13 frascos con un líquido que sería droga sintética."Este capturado fue dejado a disposición de las autoridades competentes y este es otro resultado que confirma que esa presencia institucional de la fuerza pública funciona y que de esta manera estamos cerrando el paso a las estructuras criminales y a los delincuentes que buscan financiar sus actividades mediante el tráfico de armas y mediante el tráfico de estupefacientes", aseguró el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa.Por su parte, la Fiscalía General anunció que un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Rosalba Chávez de Álvarez, una mujer de 73 años de edad, la cual habría sido sorprendida por las autoridades dosificando estupefacientes en su vivienda del barrio Trinidad, en el occidente de la ciudad.En el operativo fueron incautados 2.337 gramos de cocaína y sus derivados, una gramera, un celular y una libreta con apuntes relevantes para el proceso investigativo. La procesada no aceptó los cargos por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y destinación ilícita de bienes muebles o inmuebles.
Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, expresó este sábado que vive "agradeciendo todos los días por el lugar" que tiene y el "afecto" que recibe como técnico del equipo rojiblanco e insistió que, tanta carga de partidos, de nuevo sin 72 horas de descanso, "no le importa a nadie" este domingo, sino sólo el resultado ante el Rayo Vallecano en Butarque."Sinceramente, si me pedís una palabra que sintetice el sentimiento que tengo por este club, no la encuentro. Soy un agradecido. Vivo agradeciendo todos los días por el lugar que tengo, por el afecto que recibo y por la suerte que tengo de haber compartido con futbolistas que siempre han llevado una idea al campo de juego y la han transmitido con la pasión que siento yo por este juego. Pero no tengo una palabra que pueda resumir para explicar el sentimiento que se siente", explicó en rueda de prensa tras el entrenamiento matutino en Majadahonda.Su contrato termina en 2027. ¿Se ve más allá de ese año en el banquillo del Atlético?"No sé, estoy pensando en el Rayo y tengo en la cabeza dos mil millones de partidos", contestó el técnico argentino, que enfoca al encuentro de este domingo: "El Rayo está con necesidades, más allá de este tiempo que ahora no viene jugando (por el aplazamiento ante el Oviedo). Y nosotros tenemos nuestras necesidades también para seguir compitiendo como lo solemos hacer"."No tengo claro todavía por quién empezar este domingo, pero sí hemos trabajado con gente en un imaginario partido. Siempre le digo a los futbolistas que la formación la damos en la previa, así que en este tiempo, hasta este domingo, resolveremos con lo que empezaremos el partido", expuso.Simeone se refiere a la alineación con la que probó en el entrenamiento de este sábado y que incluye nueve cambios respecto al 4-0 al Barcelona en las semifinales de la Copa del Rey del pasado jueves: el portero Jan Oblak; los defensas Nahuel Molina, José María Giménez, Clement Lenglet y Matteo Ruggeri; los centrocampistas Álex Baena, Rodrigo Mendoza, Johnny Cardoso y Nico González; y los atacantes Thiago Almada y Alexander Sorloth.Una rotación masiva en el once, cuando asoma el próximo miércoles el Brujas en los dieciseisavos de final de la Liga de Campeones y cuando está tan reciente el duelo del pasado jueves en la Copa del Rey.El Atlético sólo tendrá 65 horas y 15 minutos de pausa entre el final del partido contra el Barcelona y el inicio del choque contra el Rayo Vallecano."No le importa a nadie todo esto. Este domingo va a importar el resultado que tengamos en el partido. Y nosotros, desde el lugar que tenemos, intentar poner a los que mejor creamos que puedan representar el partido y que puedan jugar de la manera que queremos", advirtió el técnico.El objetivo es "mantener lo que el equipo está transmitiendo, más allá de haber perdido el otro día con el Betis"."Sobre todo, hicimos un primer tiempo muy bueno (contra el equipo verdiblanco) y seguir en la misma línea que estamos juegue quien juegue. Ya venimos diciendo hace años, y lo confirmo más ahora que nos van a tocar dos partidos de Champions por delante, que necesitamos a todos y todos es todos. Y a partir de ahí, sean 90, 40 o 10, lo que toque, necesitamos al equipo y al grupo", proclamó Simeone.También fue preguntado por el centrocampista Obed Vargas y su proceso de adaptación al equipo, tras ser fichado en este mercado de invierno. "Vargas está tratando de acoplarse al equipo, igual que Rodrigo (Mendoza) y Lookman. Los tres están en la misma situación, vienen a ayudarnos y esperamos que, de a poco, vayan dando lo mejor en el entrenamiento para que podamos tener más tiempo de ellos en los partidos", afirmó.
La explotación ilegal de oro en zona rural de Sabana de Torres dejó al descubierto un nuevo foco de daño ambiental en Santander. Dos personas fueron capturadas en flagrancia cuando, según las autoridades, extraían entre 18 y 20 gramos diarios del mineral mediante maquinaria de dragado instalada sobre una fuente hídrica.El operativo fue adelantado por tropas del Ejército Nacional de Colombia, a través del Batallón de Infantería No. 40 Coronel Luciano D’Elhuyar, en coordinación con la Policía Nacional de Colombia, tras varios meses de labores de inteligencia que permitieron ubicar el punto de extracción clandestina en la vereda Aguas Claras.Durante la intervención, los uniformados incautaron y destruyeron cuatro motobombas y una draga utilizadas para remover sedimentos del río y separar el oro, actividad que genera contaminación y graves afectaciones a los ecosistemas.El coronel Mario Andrés Poveda Carreño, comandante del batallón, explicó que la operación permitió frenar una actividad que se venía desarrollando de manera intermitente desde hace más de un año.“Mediante actividades de inteligencia se logró la destrucción del material empleado para el dragado, preservando el medio ambiente en el departamento. Se estima que los mineros ilegales sacaban entre 18 y 20 gramos de oro por día”, indicó el oficial.Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía por el delito de explotación ilícita de yacimientos mineros, mientras las autoridades anunciaron que continuarán reforzando los operativos para combatir la minería ilegal y proteger los recursos naturales del departamento.
La cadena logística en Buenaventura vuelve a encender las alarmas. Aunque actualmente la congestión en las vías está controlada, el verdadero problema persiste dentro de los puertos.Las largas demoras en el cargue y descargue de contenedores que tienen a los transportadores esperando entre 120 y 150 horas en promedio, es decir, cinco o seis días detenidos sin operar.Según denuncian desde la Asociación de Transportadores de Carga (ATC), esta no es una situación reciente. Se trata de una problemática estructural que lleva cerca de tres décadas afectando a los puertos que manejan carga contenerizada de importación y exportación. El panorama es crítico. El camionero llega a Buenaventura, supera bloqueos y dificultades en carretera, pero al ingresar al puerto debe estacionarse a la espera de que le asignen turno para cargar o descargar. Durante ese tiempo no recibe compensación alguna.Las pérdidas son millonarias. Un solo caminero puede dejar de recibir hasta 23 millones de pesos en una semana de inactividad. Si se calcula sobre un promedio de 200 transportadores en la misma situación, las pérdidas semanales superarían los 5.000 millones de pesos.El problema radica en cómo funciona la cadena. Las empresas de transporte de carga contratan a propietarios de tractocamiones para movilizar contenedores por un valor fijo de flete. Sin embargo, cuando las citas no se cumplen o los contenedores no están disponibles, los tiempos de espera se extienden incluso hasta 10 o 15 días. En ese lapso, el conductor debe asumir parqueaderos, alimentación, hospedaje y otros gastos no contemplados inicialmente.“El camionero que está esperando, por la demora de las citas o cuando no reciben en el puerto los contenedores, tiene que pagar una serie de gastos y de costos que no tenían contemplado dentro del primer valor por el cual lo contrataron. ¿Quién responde por esos costos?”, señaló Anderson Quiceno, presidente de la ATC.El llamado al Gobierno es a intervenir de manera estructural, identificar responsables y garantizar el pago justo por los tiempos de espera. Los transportadores piden que el Ministerio de Transporte analice el problema en toda la cadena logística y no solo en navieras o sociedades portuarias. Advierten que mientras no haya una solución integral, los camineros seguirán asumiendo el costo de un sistema que los está afectando sustancialmente.
La crisis del sector salud continúa generando efectos en el Valle del Cauca. Esta vez, los afectados son los habitantes de Guadalajara de Buga y sus corregimientos, tras el anuncio del Hospital San José de Buga, que informó la suspensión temporal de servicios para los usuarios afiliados a EPS Emssanar.A través de un comunicado, la institución señaló que la medida entrará en vigencia a partir del 15 de febrero y obedece a la inviabilidad financiera en la prestación de servicios a dicha EPS. La secretaria de Salud del Valle del Cauca, María Cristina Lesmes, explicó que únicamente se mantendrá la atención en el área de urgencias, y solo en casos que comprometan la vida de los pacientes.“Sigue funcionando urgencias y lo derivado de la urgencia, pero lo ambulatorio que pueda postergarse sin poner en riesgo la vida de las personas se suspenderá. A los usuarios les pedimos paciencia, responsabilidad y un uso racional de los servicios”, señaló la funcionaria.Lesmes también indicó que se adelantan conversaciones con la EPS para buscar una solución que permita restablecer la normalidad en la prestación de los servicios médicos.“En el Valle del Cauca hemos tenido dos episodios graves con Emssanar. Uno de ellos involucra al Hospital San José de Buga. Estamos trabajando con la interventoría regional para encontrar una salida, donde todas las partes tendremos que ceder para evitar la interrupción en la atención a los pacientes”, dijo la secretaria.De acuerdo con las autoridades, la suspensión de servicios impactará a más de 32.000 usuarios de Emssanar en Buga y a más de 42.000 ciudadanos en su zona de influencia.
Momentos de tensión se registraron en la tarde de este viernes en el sector de La Berta, en el corregimiento de La Liberia, zona rural del municipio de Jamundí, Valle del Cauca, debido a una asonada contra tropas del Ejército Nacional. De acuerdo con información preliminar, la comunidad, presuntamente instrumentalizada por las disidencias de las Farc, estaría exigiendo la salida de los militares del territorio.Blu Radio pudo confirmar con la comunidad que, en medio de la situación, varios establecimientos comerciales fueron obligados a cerrar, mientras que a los habitantes que permanecían en el sector se les habría ordenado mantenerse resguardados en sus viviendas. La medida también se habría extendido a sectores aledaños como Villa Colombia, La Cabaña, El Descanso, San Antonio y El Pital.Durante esta semana, la fuerza pública ha venido adelantando operativos en la zona rural de Jamundí con el objetivo de recuperar el control territorial, tras la reciente aparición de vallas y banderas alusivas a las disidencias de las Farc, estructuras vinculadas a alias Iván Mordisco, en corregimientos como San Antonio y San Vicente, hechos que han generado temor entre habitantes y turistas.Cabe recordar que en julio del año pasado también se registró una asonada en los corregimientos de Ampudia y Villa Colombia, en la zona alta de Jamundí. En esa ocasión, cerca de 150 soldados permanecieron retenidos por más de cinco horas.Según reportaron las autoridades en su momento, en los hechos habrían participado aproximadamente 700 personas, presuntamente instrumentalizadas por integrantes del frente Jaime Martínez, quienes exigían a los militares poner fin a la denominada operación “Escudo del Norte”.
La Alcaldía de Cali puso en funcionamiento una nueva Unidad Móvil de Atención en Salud que empezará a operar en la zona de ladera, con el objetivo de acercar servicios médicos a comunidades de difícil acceso.El vehículo fue adquirido a través de un proyecto financiado por la Secretaría de Salud Distrital, con una inversión cercana a los 490 millones de pesos, de los cuales la Red de Salud de Ladera aportó 70 millones.La unidad está dotada con consultorio médico y odontológico, equipos para consulta general, atención dental y jornadas de vacunación. Además, cuenta con planta eléctrica, carpa y una rampa para garantizar el acceso de personas con movilidad reducida.“Con la llegada de esta nueva unidad móvil se fortalece nuestra flota para realizar procedimientos de atención en cualquier punto del territorio, asegurando condiciones adecuadas, calidad en la prestación de los servicios y mayor cobertura para las comunidades que más lo necesitan”, aseguró Diana Carolina Velásquez, gerente de la ESE Ladera.Entre tanto, la IPS Cascajal, en la zona rural de Cali, amplió su capacidad de atención tras un proceso de remodelación. Las obras incluyeron mejoras en infraestructura, dotación médica y adecuaciones complementarias.Con estas intervenciones, las autoridades de salud buscan fortalecer los servicios para cerca de 2.600 habitantes de sectores rurales.
Dos banderas alusivas al frente ‘Jaime Martínez’ de las disidencias de las Farc, instaladas en el corregimiento de San Vicente, zona rural de Jamundí, Valle del Cauca, generaron temor entre la comunidad, así como entre ciclistas y turistas que visitan la zona.Concejales del municipio manifestaron su preocupación por la presencia de estos grupos armados, que buscan generar zozobra en un corregimiento reconocido por sus ríos y su oferta turística."Esta situación que se presentó en el corregimiento San Vicente, a solo 20 minutos del casco urbano de nuestro municipio, nos genera gran preocupación, porque San Vicente siempre ha sido un corregimiento pacífico, con mucho turismo y mucho por mostrar. Su gente ha realizado inversiones en glamping, hoteles y estaderos muy bonitos, y cuenta con ríos maravillosos. Que lleguen estos grupos al margen de la ley a generar zozobra nos preocupa profundamente", dijo Luigi Morales, concejal de Jamundí.Por su parte, Rafael Rodríguez, diputado del Valle del Cauca, indicó que estas banderas son un mensaje de control territorial, dado que Jamundí es una zona estratégica del narcotráfico y de los grupos armados. Sin embargo, destacó que en la zona rural se construirá un batallón de alta montaña con el fin de reforzar la seguridad."Expreso mi total respaldo al Ejército Nacional para recuperar el control que se perdió como consecuencia de una fracasada estrategia de seguridad del gobierno nacional. Jamundí y todo el territorio del sur del Valle del Cauca, que colinda con el norte del Cauca, están siendo afectados por los cultivos de coca y la disputa de grupos armados, incluida la presencia del frente Jaime Martínez, por el control de este corredor que conduce al río Naya y al Pacífico", manifestó Rodríguez.Por esta razón, se solicitó a las autoridades locales reforzar la seguridad para garantizar que la comunidad y los visitantes puedan transitar sin riesgos y evitar que la violencia se extienda a otros corregimientos del municipio.
La Procuraduría General de la Nación avocó el poder preferente para adelantar una investigación disciplinaria contra el gerente de las Empresas Municipales de Cali (Emcali), Roger Mina Carbonero, por presuntas irregularidades en el contrato para la prestación de servicios de optimización del sistema de alumbrado público.El organismo de control también vinculó al expediente a Lesly Yahel Gil Sosa, gerente de Área; los jefes de Unidad Marelby Caicedo Rizo, Ángela María Perea Meneses y Luis Antonio Muñoz Pérez; el subgerente Mario Germán Ocaña Guerrero; el gerente de la Unidad Estratégica de Negocios José David Insuasti Avendaño; y la gerente de área y general (e) Nury Dolores Devia Criollo.Cabe recordar que la Red de Veedurías Ciudadanas a través de su presidente Pablo Bustos, ya había advertido públicamente sobre presuntas anomalías en este contrato, lo que llevó a la apertura de las indagaciones que hoy son objeto de investigación formal por parte del Ministerio Público.La Procuraduría Provincial de Instrucción de Cali precisó que examinará las condiciones del negocio jurídico adelantado por la Gerencia de Abastecimiento Empresarial, las actividades relacionadas con su modernización, la documentación existente y los roles de los funcionarios involucrados.El ente de control busca establecer si los implicados incurrieron en faltas disciplinarias relacionadas con las normas de contratación estatal y determinar si hubo posible direccionamiento en el proceso 900-IPU-0148-2024, el cual, según los reportes iniciales, presentaría sobrecostos e inconsistencias financieras.La Procuraduría indicó además que el proceso se prorrogará más allá de los seis meses establecidos inicialmente —que comenzaron a contarse en marzo pasado— debido a que las pruebas requeridas no han sido allegadas y aún se está a la espera del informe técnico de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales.
Alrededor de 200 personas de la Minga Cali decidieron desde este miércoles tomarse el edificio Palacio de San Francisco, donde están ubicadas las instalaciones de la Gobernación del Valle del Cauca, como medida de presión para que el Gobierno Nacional les garantice el acceso a tierras y vivienda.Esta situación está perjudicando el ingreso de funcionarios públicos, contratistas y comunidad en general, y desde la Gobernación se decidió instalar un P.M.U. para atender sus peticiones.“Ayer, 15 personas en condición de discapacidad no pudieron ser atendidas. Hoy hay más de 25 citas y se están represando las del día anterior. Es decir, hay una flagrante violación a los derechos de los ciudadanos que vienen a utilizar los servicios, y desde el Puesto de Mando Unificado se han hecho las coordinaciones y acciones de respuesta a la situación”, dijo Guillermo Londoño, secretario de Seguridad y Convivencia del Valle.Por otro lado, Diana Lorena Vanegas, directora del Departamento Administrativo de Jurídica del Valle, indicó que los manifestantes piden la presencia del Gobierno Nacional, ya que sus peticiones son directamente con la Nación.“Se han agotado todos los procedimientos que garantizan el derecho a la protesta, porque nadie está limitando ese derecho. Además, son peticiones que no son responsabilidad de la señora gobernadora Dilian Francisca Toro Torres ni del gobierno territorial; son temas que están siendo reclamados ante las instancias del Gobierno Nacional, y ellos no han hecho presencia”, expresó Vanegas.Y es que, aparte de pedir vivienda popular y tierras, la Minga Cali también está denunciando que algunas familias de comunidades campesinas y afrodescendientes en municipios como El Cerrito y Zarzal están siendo amenazadas por ocupar terrenos, por lo que reclaman protección del Gobierno Nacional.
El teniente coronel del Ejército Rafael Granados Rueda, perteneciente al Grupo de Operaciones de la Brigada Contra el Narcotráfico N.° 3, fue asesinado en Popayán, en un ataque dirigido que vuelve a poner bajo tensión la situación de seguridad en el departamento del Cauca.El oficial, reconocido por su participación en operaciones contra estructuras dedicadas al narcotráfico en el suroccidente del país, se desplazaba en un vehículo particular blanco cuando fue interceptado por sicarios que se movilizaban en motocicleta.De acuerdo con los testimonios iniciales, los agresores se acercaron al vehículo en movimiento y dispararon en repetidas ocasiones, impactando al oficial de manera directa. El ataque ocurrió exactamente en inmediaciones de las casas fiscales ubicadas en el sector de La Toscana, una zona residencial cercana a instalaciones militares. El lugar quedó acordonado mientras unidades de la Policía y del Ejército avanzaron en la recolección de evidencia.Tras el ataque, las autoridades activaron un plan candado en distintos puntos de Popayán para intentar ubicar a los responsables. Investigadores revisan cámaras de seguridad del sector y recopilan declaraciones de testigos que presenciaron la fuga de los sicarios.El teniente coronel Granados Rueda tenía una trayectoria destacada en la lucha contra el narcotráfico y había liderado varias operaciones recientes en áreas rurales del Cauca, una de las regiones más complejas del país por la presencia de grupos armados ilegales. Aunque las autoridades no han confirmado una hipótesis sobre el móvil del crimen, no descartan que su asesinato esté relacionado con las operaciones que dirigía.
Barrios como Ulpiano Lloreda, Decepaz, Calimio, El Rodeo, entre otros, están en la mira de las autoridades ante las alboradas que se registrarán este 1 de diciembre. Desde la Personería informaron que durante esta semana han recibido varios reportes sobre la realización de este tipo de actividades, especialmente en el oriente de la ciudad.Por estas razones, el personero Gerardo Mendoza manifestó su preocupación, principalmente por el uso de pólvora —sobre todo por parte de menores de edad—, ya que puede causar quemaduras y otros accidentes.“Es de conocimiento público que estas prácticas, año tras año, ponen en riesgo también la vida y la salud de las personas y de la fauna urbana, al igual que la convivencia, generando incluso desórdenes y afectaciones en inmediaciones donde se realice esta desafortunada práctica”, dijo el personero. Además, estas actividades suelen ir acompañadas de consumo excesivo de alcohol, lo que puede generar casos de intolerancia.Ante esta alerta, la Subsecretaría de Seguridad de Cali, Natalia Zuluaga, confirmó que desde hace un mes vienen realizando reuniones con líderes de estos barrios para garantizar que estas alboradas no deriven en situaciones trágicas. La funcionaria mencionó algunas medidas que se implementarán, como la instalación de un Puesto de Mando Unificado y más de 200 uniformados que estarán desplegados en diferentes zonas de la ciudad durante estas actividades. Las autoridades esperan que, tras estas reuniones, los resultados sean positivos durante este fin de semana y que no se presenten afectaciones a la vida ni personas heridas durante estas festividades.