En la noche de Año Nuevo, en el municipio de Floridablanca, se presentó un incendio de grandes proporciones en un taller mecánico ubicado en el barrio Prados del Sur, que generó importantes daños materiales.El hecho ocurrió alrededor de las 11:00 de la noche del jueves 31 de diciembre, tras la alerta de vecinos del sector, quienes informaron a los organismos de socorro sobre una densa columna de humo y llamas que rápidamente se extendieron por el establecimiento.Según el reporte oficial, el taller de latonería y pintura quedó completamente destruido por la acción de las llamas. Al interior del lugar se encontraban varios vehículos que también resultaron calcinados, así como cilindros de CO₂ y gas propano, lo que incrementó el riesgo durante las labores de control.Entre tanto, se evalúan las pérdidas materiales ocasionadas por el siniestro, que dejó daños en la infraestructura y en los bienes que se encontraban en el lugar. El origen de la conflagración es objeto de investigación por parte de las autoridades competentes, que adelantan las inspecciones técnicas para determinar qué provocó el incendio.A pesar de la intensidad de la emergencia, las autoridades confirmaron que no se reportaron personas lesionadas, gracias a la oportuna evacuación del área y a la rápida respuesta de los organismos de socorro.
La Policía Metropolitana de Bucaramanga, en desarrollo de los planes de control del escuadrón antipólvora durante el mes de diciembre, impuso 10 comparendos por comportamientos relacionados con el uso y la comercialización de artículos pirotécnicos en el área metropolitana.De acuerdo con el balance entregado por las autoridades, se incautaron más de 300 kilogramos de pólvora, lo que representa un aumento de 30 kilogramos frente a lo incautado en el año 2024. Los controles se realizaron en distintos puntos estratégicos de Bucaramanga y su área metropolitana, con el objetivo de prevenir accidentes y proteger la vida, especialmente la de niños, niñas y adolescentes.El coronel Diego Pinzón, comandante de la Policía Metropolitana, hizo un llamado a la ciudadanía a celebrar las festividades de manera responsable: “La Policía Nacional de los colombianos invita a continuar celebrando de manera responsable, especialmente de cara a la festividad de Reyes, adoptando comportamientos seguros, respetando las normas de tránsito, evitando el consumo excesivo de alcohol y denunciando oportunamente cualquier hecho que pueda afectar la seguridad y la tranquilidad ciudadana”, señaló.Por su parte, el Instituto Nacional de Salud reportó que durante diciembre de 2025 se presentaron ocho casos de menores lesionados por el uso de pólvora, lo que representa una disminución de cuatro casos frente al año 2024. Muchos de estos incidentes ocurrieron bajo la supervisión de adultos en estado de embriaguez, una situación que continúa generando preocupación entre las autoridades.La Policía reiteró que los controles continuarán en los primeros días del año, con especial énfasis en la celebración del Día de Reyes, e insistió en la importancia de la responsabilidad ciudadana para prevenir tragedias asociadas al uso indebido de pólvora.
Floridablanca y Girón se unen a la suspensión del pico y placa metropolitano entre el 1 y el 12 de enero de 2026, la medida se da tras el incremento de desplazamientos que se presenta en la temporada de inicio de año y para facilitar la movilidad de los residentes y visitantes.“Vamos a intensificar las acciones para prevenir el mal parqueo, verificar que los documentos estén al día y fortalecer las campañas de cultura ciudadana, con el objetivo de garantizar la seguridad vial”, afirmó Jahir Castellanos, secretario de Tránsito de Floridablanca.La nueva rotación del pico y placa en el área metropolitana iniciará el 13 de enero de 2026, aplicándose de lunes a viernes de 6:00 a.m. a 8:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m., bajo un esquema de rotación trimestral de dígitos.El lunes tendrán pico y placa los automotores que terminan en 1 y 2, el martes las placas terminadas en 3 y 4, los miércoles las que finalizan en 5 y 6, los jueves los que acaban en 7 y 8; y los viernes las placas que terminan en 9 y 0.El cronograma para los fines de semana del primer trimestre del año 2026 será:· 17 de enero: placas terminadas en 3 y 4· 24 de enero: placas terminadas en 5 y 6· 31 de enero: placas terminadas en 7 y 8· 7 de febrero: placas terminadas en 9 y 0· 14 de febrero: placas terminadas en 1 y 2· 28 de febrero: placas terminadas en 5 y 6· 7 de marzo: placas terminadas en 7 y 8· 14 de marzo: placas terminadas en 9 y 0· 21 y 28 de marzo: placas terminadas en 3 y 4· 4 de abril: placas terminadas en 5 y 6De acuerdo con Dirección de Tránsito de Bucaramanga, entre el 7 y el 13 de enero se realizará la socialización de la nueva rotación del pico y placa para que todos los conductores del área metropolitana conozcan los cambios.
El hecho que se presentó en la vereda Alto Semisa del municipio de Puente Nacional, Santander, fue controlado sin afectar el poliducto, tras un incidente en la infraestructura de Cenit que provocó un incendio de diésel y la propagación del fuego hacia una zona forestal.De acuerdo con Ecopetrol, la explosión fue ocasionada por recipientes ilegales usados para el almacenamiento de hidrocarburo hurtado, “la compañía rechaza las acciones ilícitas que ponen en riesgo la integridad de las comunidades, que generan graves consecuencias al medioambiente y afectan el desarrollo económico del país”, comunicó la empresa colombiana de Petróleo.Con el objetivo de mitigar los impactos generados por el combustible y garantizar la seguridad en el área intervenida, la empresa Cenit desplegó cuadrillas especializadas para las labores de limpieza, control del derrame y evaluación de afectaciones ambientales.Dentro de las acciones tomadas por las autoridades en el Plan de Emergencia y Contingencia (PEC), se aseguró la zona por parte del Ejército Nacional, también se desplegó un equipo multidisciplinario para desmantelar la válvula ilícita instalada por terceros desconocidos en el ducto y por la cual se hurtaba el combustible almacenado.Además, se dispuso de manera preventiva un punto de control en la Quebrada la Honda en la vereda Alto Semisa. Los bomberos de Barbosa en colaboración con los de Tunja y Tocancipá controlaron el incendio que no afectó el poliducto.La recomendación por parte de Cenit a la comunidad es a que no se acerquen al lugar de los hechos hasta tanto culminen las labores de atención y reparación.
El aumento del salario mínimo genera reacciones divididas en el sector agrícola del país. Mientras algunos gremios advierten un fuerte impacto en sus costos de producción, otros aseguran que el alza es manejable y beneficiosa para la economía rural.Desde el sector arrocero, uno de ellos, Eudoro Álvarez, explicó que el impacto no se da tanto por la contratación directa, ya que el arroz es un cultivo semestral y la mayoría de labores se pagan a destajo o por hectárea trabajada, usualmente por encima del salario mínimo.Sin embargo, advirtió que la afectación llega por el aumento de los costos paralelos. Según Álvarez, con el alza del salario mínimo también suben el transporte, los combustibles, los peajes y las tasas de interés, lo que termina encareciendo toda la cadena productiva. A esto se suma, dijo, la falta de liquidez del sector y la presión por las importaciones de arroz subsidiado, que —según afirmó— ponen en riesgo la competitividad y la seguridad alimentaria del país.“La afectación es por el lado de la elevación de los costos que, paralelamente, se tienen que asumir. Entonces, muy seguramente, sube el transporte. Muy seguramente, el caso de la ACPM ha seguido subiendo, la gasolina está imparable y algunos que usamos gas en los vehículos, pues ya estamos en 3.650 pesos el metro cúbico. Ahora, si lo de los peajes ya nos anunciaron que a partir del 1 de enero nos dan el alineado con un año de alza”, aseguró Álvarez.Asimismo, hizo un fuerte llamado al Gobierno nacional para que cumpla la promesa que les hizo de renegociar Tratados de Libre Comercio y medidas estratégicas para evitar que entre arroz de varios países sin control, para proteger la industria arrocera colombiana.“Entonces nos dicen, oiga, este país es como un potrero sin cerca. Todo el mundo entra y vende lo que quiere y no hay ningún control y no hay ninguna protección a quienes estamos sufriendo en una actividad que es fundamental. Lo primero en el caso nuestro de los productores de alimentos es que cumpla, le quedan siete meses, ocho meses, que cumpla con la promesa que nos hizo. Yo no sé si es que no miran un factor clave que es el de la seguridad alimentaria, ligado a la seguridad alimentaria. Ningún gobierno desesperaba que esto hiciera algo y la verdad ha sido un desastre de ineptitud, de improvisación y de falta de medidas”, pidió.Por su parte, Germán Bahamón, presidente de la Federación Nacional de Cafeteros, se pronunció respecto al aumento del salario mínimo asegurando que desde el sector cafetero respaldan la necesidad de mejorar los ingresos de los trabajadores y corregir inequidades, pero advirtió que el salario mínimo no es solo una herramienta social, sino un factor macroeconómico con impactos directos sobre inflación, empleo, competitividad y crecimiento.“La formalidad es un propósito irrenunciable. Pero la formalidad no se decreta: se construye, y para que exista debe ser económicamente viable. Cuando las cargas superan la capacidad real de pago, el resultado no es más equidad, sino más informalidad”, indicó a través de su cuenta de X.A pesar de esto, el empresario santandereano Benjamín Garzón, miembro de la asamblea cafetera, aseguró que el incremento salarial no afecta a los caficultores y, por el contrario, fortalece la economía rural.“En el caso nuestro, o sea, no nos afecta, vamos a compartir y estamos satisfechos que este Gobierno le dé la posibilidad para que el trabajador gane mejor y, si gana mejor, él compra más cosas, le va bien al trabajador, le va bien a nosotros los que somos los empresarios rurales y le va bien al país”, indicó en conversación con Blu Radio.Garzón explicó que en el café la mano de obra representa cerca del 18 % del costo total de producción y que, con precios de venta favorables, es posible asumir el aumento y pagar mejores jornales. Afirmó que compartir las ganancias con los trabajadores mejora el consumo, dinamiza el campo y beneficia al país en general.“Nosotros nos gastamos en mano de obra seis trabajadores a 90.000 pesos, nosotros ya pagamos más de lo que realmente se está pagando hasta hoy, 90.000 pesos. Seis trabajadores para la carga son 540.000 pesos; en insumo nos gastamos más o menos 300.000 pesos, que son los fertilizantes; nos gastamos en herramientas menores, que es lo que usamos, y la guadaña, más o menos 100.000 pesos. En el tema de la poscosecha, después de que se recogen, digamos, las cepas para limpiarlo, lavarlo y secarlo, nos gastamos más o menos 200.000 pesos en carga. O sea que nuestro costo de producción hoy sería 1.140.000 pesos por una carga y lo vendimos en 3 millones de pesos”, aseguró Garzón.También se pronunció, desde el gremio aduanero, la Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional. En diálogo con Blu Radio, Miguel Espinoza, director de FITAC, aseguró que el aumento en el salario mínimo es problemático para el sector, pues este requiere de mucha mano de obra que tendría que reemplazarse por tecnología, ocasionando dificultades en las gestiones logísticas y aduaneras.“El 75-80 % de los costos de una agencia de aduanas están representados en su mano de obra, en sus funcionarios, en sus auxiliares de aduana, en sus agentes aduaneros. Y, obviamente, muchos de ellos devengan en la base de la pirámide, salarios mínimos. Y, obviamente, toda la carga laboral está representada en gran porcentaje en actividades básicas, de inspecciones, de aforo en aeropuertos, en puertos”, indicó.Finalmente, advirtió que el anuncio de un incremento superior al 23 % del salario mínimo para 2026 genera una profunda preocupación, pues el alza impactará de forma directa los costos operativos y financieros de las empresas. Según señalaron, este sobrecosto terminará trasladándose a importadores y, finalmente, al consumidor final, con efectos negativos para la economía. Además, alertaron que ya hay compañías que evalúan relocalizar inversiones y centros logísticos en países vecinos como Perú, Ecuador o Panamá, mientras que para 2026 se anticipa un reacomodo laboral en el sector, mayor automatización, congelación de contrataciones y posibles despidos ante la imposibilidad de sostener las actuales plantas de personal.
A escasas horas de que termine el año 2025 y se le dé la bienvenida al Año Nuevo, varios sectores en la ciudad de Medellín comienzan a tomar medidas porque se prevé que se incrementará la comercialización y quema de pólvora en el Valle de Aburrá, que se usa en esta celebración, donde incluso se utiliza el popular muñeco de año viejo que tradicionalmente está abarrotado de elementos pirotécnicos.Desde el Parque la Conservación en Medellín, lugar que alberga fauna y flora, y que cuenta con 69 especies distintas de animales, se extreman medidas de protección y prevención, pensando en la integridad física de sus especies, que en algunas ocasiones mueren por las detonaciones de la pólvora.Entre las medidas que se toman desde este albergue animal se encuentran prácticas como el enriquecimiento ambiental, terapias psicofarmacológicas para relajar a los animales y zonas seguras con refugios para aislarlos de las explosiones de la pólvora, así lo explica Eliza Madrigal coordinadora de Etología del Parque la Conservación.“Colocamos diferentes estímulos a los animales para que desvíen su atención y estén entretenidos en otra cosa en lugar de la pólvora, los ruidos y los estímulos luminosos. Una de las cosas más importantes que hacemos son las zonas seguras, que es proporcionarle a los animales lugares seguros donde queden aislados de los estallidos y puedan estar tranquilos”En lo que va corrido del mes de diciembre en el Parque la Conservación murieron una chiguira y su cría, que nació de manera prematura a causa de las explosiones de la pólvora durante la noche del primero de diciembre en la popular alborada decembrina, Esa misma noche murió una lora que se estrelló contra las paredes al sufrir un episodio de estrés.Hay que recordar que en el caso de las personas, de acuerdo con el último reporte de quemados entregado por la Gobernación de Antioquia la cifra de quemados con corte a hoy 31 de diciembre sigue creciendo de manera preocupante, en el departamento el total de lesionados por pólvora es de 147, de los cuales 43 casos corresponden a menores de edad.El listado de municipios con mayor cantidad de quemados con pólvora está encabezado por Medellín con un total de 63 lesionados, seguido por Itagüí con 9 casos, Bello con 7 personas quemadas, mientras que Cáceres y Girardota llegan a 4 personas lesionadas cada uno.
Ante el alza de precios y los gastos propios de la temporada, la cocina tradicional vuelve a ser una aliada clave para muchas familias en Colombia. Así lo explicó el chef colombiano Lucciano Kôrner, quien habló en Blu Radio sobre los platos típicos del 31 de diciembre, las diferencias regionales y las alternativas sencillas y económicas para cerrar el año sin gastar de más.Kôrner, quien pasó del sector petrolero a la gastronomía, destacó que la cocina colombiana es profundamente diversa y está ligada a la memoria familiar. Según explicó, en estas fechas predominan preparaciones como el cerdo al horno, la lechona, los tamales, la natilla y el buñuelo, aunque cada región tiene sus propias tradiciones y sabores.El chef recordó que platos como el tamal cambian según el territorio: mientras en Santander se prepara con masa y se envuelve en hojas de bijao, en la Costa Caribe el pastel suele elaborarse con arroz o masa de arroz, reflejando los ingredientes más comunes de cada zona. Para Cornel, más allá de la receta, diciembre es un mes que evoca el sazón de la abuela y los encuentros familiares.Sobre el primero de enero, el chef defendió el “recalentado” como una de las grandes tradiciones del país. Recomendó aprovechar arroz, fríjoles y proteínas que queden de la cena para preparar tortillas de calentado, sofritos sencillos o el infaltable arroz con huevo, que calificó como uno de los platos más representativos y queridos por los colombianos.Para quienes aún no han decidido qué preparar en la cena de fin de año, Kôrner propuso opciones prácticas y económicas. Entre ellas, un pollo dorado al sartén bien adobado con hierbas, un ajiaco casero con papas, mazorca y guascas, o una pieza de cerdo al horno acompañada de yuca y ensalada. También mencionó preparaciones más elaboradas, como el tradicional lomo al trapo, cocinado en sal y brasas, para quienes buscan una experiencia distinta.Finalmente, el chef aseguró que la cocina de fin de año en Colombia no se trata de lujos, sino de compartir. “No importa si es un plato sencillo o uno más elaborado, lo esencial es reunirse y aprovechar lo que se tiene”, concluyó, recordando que muchas veces el mejor sabor está en lo más simple.Escuche la entrevista completa aquí:
Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este miércoles, 31 de diciembre de 2025:María Fernanda Quiñones, directora de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, habló sobre los nuevos impuestos.Óscar Benavides, abogado y denunciante, dio detalles de la denuncia que presentó tras no permitirle sentarse en una playa de Cartagena que, según señaló, estaba siendo restringida por un hotel.Luis Fernando Niño López, alto consejero para la Paz y la Reconciliación de Norte de Santander, se pronunció sobre la situación de orden público en el Catatumbo.Lucciano Kôrner, chef colombiano, comentó sobre lo que comen los colombianos para despedir el año.Luis Francisco Ruiz, gobernador de Caquetá, se refirió sobre el turismo en el departamento. Escuche el programa completo aquí:
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este miércoles, 31 de diciembre de 2025:Ana María Vesga, presidenta de Acemi, Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia e Ignacio Gaitán, presidente de Afidro, hablaron del aumento de la UPC.El general Hugo López, comandante de las Fuerzas Militares, se pronunció sobre el orden público en el país.Augusto Solano, presidente de Aoscolflores, comentó sobre el impacto del aumento del salario mínimo.Katheryn Mejía, presidenta de Corpohass, se refirió al aumento del salario mínimo.Guillermo Herrera, presidente de Camacol, profundizó acerca de la emergencia económica.Escuche el programa completo aquí:
La situación de orden público en Norte de Santander cerró 2025 con un balance alarmante. En pleno fin de año, mientras gran parte del país celebraba, en el Catatumbo se intensificaron los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC, dejando miles de víctimas atrapadas en el fuego cruzado. El recrudecimiento de la violencia volvió a poner en duda la efectividad de la política de paz del Gobierno nacional.En entrevista con Blu Radio este 31 de diciembre, el alto consejero para la Paz y la Reconciliación en Norte de Santander, Luis Fernando Niño, describió un panorama crítico y lanzó una de las frases más contundentes del diálogo: con el ELN, aseguró, “ya no existe ninguna negociación”, una afirmación que reavivó el debate sobre la estrategia del presidente Gustavo Petro frente a los grupos armados ilegales.Crisis de seguridad en el CatatumboNiño detalló que desde el 16 de enero se desató una confrontación directa entre el Frente 33 de las disidencias de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional. Las cifras son dramáticas: “A hoy, 84.000 desplazados, más de 23.000 personas confinadas y aproximadamente 300 personas asesinadas”, explicó al aire.Según el consejero, la disputa territorial se libra en medio de la población civil. “Los grupos queman las casas del contrario o las casas de los civiles que creen cercanos a los contrarios”, relató, al tiempo que confirmó casos de reclutamiento forzado y ataques con drones. Municipios como El Tarra y Filogringo siguen siendo los más golpeados por los combates.Luis Fernando Niño asegura que ya no existe negociación con el ELNUno de los puntos más sensibles de la entrevista fue la situación del diálogo con el ELN. Niño fue categórico: “En este momento con el Ejército de Liberación Nacional ya no existe ninguna negociación, solo preavisos de parte del Gobierno y del ELN”.Aunque reconoció que con el Frente 33 aún hay una mesa abierta, advirtió que sin un cese real de hostilidades cualquier intento de negociación pierde sentido. “Lo que pedimos de inmediato es que haya un cese de hostilidades”, subrayó, dejando entrever críticas a lo que considera una actitud permisiva frente al accionar armado.Norte de Santander atrapada en el fuego cruzadoEl consejero también defendió el rol de la fuerza pública, aunque admitió sus limitaciones. “Los combates se están dando en medio de la población civil, al lado de las escuelas y de las casas”, afirmó, señalando que el Ejército y la Policía actúan con cautela para no violar el derecho internacional humanitario.Para Niño, la prioridad sigue siendo proteger a las comunidades, pero insistió en que la falta de resultados con el ELN evidencia una política que, según él, ha sido condescendiente. Mientras tanto, el Catatumbo continúa pagando el costo más alto de una guerra que no da tregua.
Un incremento significativo en la movilización de pasajeros se registró en las últimas horas en la Terminal de Transportes de Bucaramanga, de acuerdo con el balance entregado por su gerente, Jaime Pérez, quien destacó que la cifra superó las proyecciones iniciales para esta temporada.Según informó el directivo, durante el martes 30 diciembre salieron de la terminal un total de 14.407 pasajeros, que se movilizaron en 874 vehículos, una cifra superior a la registrada para la misma fecha del año anterior, cuando se reportaron aproximadamente 13.200 viajeros. El aumento, señaló Pérez, refleja una mayor confianza de los ciudadanos en el uso del transporte legal y formal.“El flujo de pasajeros fue mayor al esperado y permitió que todas las rutas programadas se despacharan sin contratiempos. Las empresas de transporte cumplieron sus expectativas operativas”, indicó el gerente de la terminal.Entre los destinos con mayor demanda se encuentran Bogotá, Medellín, la Costa Atlántica y Cúcuta, así como las rutas internas del departamento de Santander. Dentro de estas últimas, las provincias de García Rovira, Guanentá y Vélez fueron las más visitadas por los viajeros.La Terminal de Transportes de Bucaramanga opera con normalidad, aunque con un flujo de pasajeros menor este 31 de diciembre. Algunas empresas realizarán despachos hasta las 4:00 p.m. o 5:00 p.m.; sin embargo, la administración reiteró que la terminal mantiene una operación constante, teniendo en cuenta que presta servicio de manera continua y no cierra sus puertas al público.Entre las medidas implementadas para garantizar la seguridad de pasajeros se destacan la presencia permanente de un CAI de la Policía Nacional, planes operativos de control, revisión técnica de los vehículos y pruebas de alcoholemia a todos los conductores antes de iniciar cada recorrido.Finalmente, el gerente hizo un llamado a los usuarios para que adquieran sus tiquetes directamente en las taquillas autorizadas, utilicen únicamente transporte legal y cumplan con las recomendaciones establecidas por el Gobierno Nacional. En especial, reiteró la importancia de portar la documentación requerida para el desplazamiento de menores de edad, atender las recomendaciones de salud para viajes largos y cumplir con los requisitos exigidos para el transporte de mascotas, con el fin de garantizar un viaje seguro y sin contratiempos.
En un giro inesperado dentro del panorama administrativo de Santander, la junta directiva de Neomundo designó formalmente a Julián Díaz Zambrano como su nuevo gerente general. El nombramiento se produce apenas una semana después de la renuncia irrevocable de Tomás León, quien permaneció en el cargo solo 54 días.Díaz Zambrano, quien hasta hace poco lideraba la Oficina de Asuntos Internacionales de la Alcaldía de Bucaramanga, llega al centro de convenciones más importante del nororiente colombiano en un contexto de recomposición de fuerzas políticas entre la administración municipal y la Gobernación de Santander.La salida de su predecesor, Tomás León, estuvo rodeada de controversia. León, cercano a la administración del gobernador Juvenal Díaz Mateus, dimitió argumentando presiones políticas derivadas de la reciente victoria de Cristian Fernando Portilla en las elecciones atípicas de la ciudad. Según León, la nueva mayoría en la junta directiva, alineada con la Alcaldía, buscaba estructurar su salida tras evaluar su corta gestión.Con este cambio, la Alcaldía de Bucaramanga recupera el control de la entidad de economía mixta, posicionando a Julián Díaz, una figura de confianza del sector administrativo local y cercano a la exgestora social Paula Ramírez.Tras su posesión, Julián Díaz enfatizó que su prioridad será consolidar a Neomundo como el epicentro del turismo MICE (reuniones, incentivos, congresos y exposiciones) en el país."Uno de los principales retos es convertirnos en el centro de convenciones del nororiente colombiano que reciba la mayor cantidad de eventos y apoye la promoción de la cultura y el turismo", afirmó el nuevo gerente.Entre los principales retos para el próximo año está la gestión para lograr la capitalización necesaria para la fase dos del centro de convenciones; aprovechar la reciente ampliación del Gran Salón (capacidad para 2.520 personas) para atraer congresos internacionales; y articular esfuerzos con hoteles, agencias de viajes y transporte para fortalecer a Bucaramanga como ciudad destino.
La Procuraduría Regional de Instrucción de Santander reveló presuntas fallas contractuales y operativas en el peaje La Punta, ubicado en la Mesa de Los Santos, tras la terminación del contrato de concesión con la firma Construvicol S. A., que finalizó en enero de 2025.De acuerdo con el ente de control, luego de un seguimiento institucional a la Gobernación de Santander y al Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander (Idesan), se identificaron al menos 14 presuntas irregularidades relacionadas con la administración, operación y recaudo del peaje, las cuales habrían surgido tras asumir la Gobernación la operación directa del punto de cobro.La actuación preventiva de la Procuraduría inició a raíz de quejas presentadas por una veeduría ciudadana, que alertó sobre la suscripción de contratos directos y la presunta deficiencia en los servicios prestados desde enero de este año.Durante más de tres meses, la Procuraduría realizó visitas de inspección, solicitó información contractual y adelantó mesas técnicas con las entidades involucradas, en las que se advirtieron riesgos jurídicos y administrativos. Según el informe, algunos de los contratos y convenios podrían desconocer el marco normativo vigente en materia de contratación pública.Entre los hallazgos se encuentran posibles elusiones a los procesos de selección objetiva, deficiencias en la publicación de la información contractual en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP), omisiones en la prestación de servicios esenciales y presuntas irregularidades en la tercerización de funciones.Asimismo, el ente de control evidenció la falta de conceptos ministeriales, posibles usurpaciones de funciones y otras situaciones que motivaron la activación de la función disciplinaria, con el fin de establecer eventuales responsabilidades de los funcionarios involucrados.La Procuraduría indicó que continuará con el seguimiento al caso para garantizar la protección de los derechos colectivos, la transparencia en el manejo de los recursos públicos y el correcto funcionamiento del peaje La Punta, mientras avanzan las investigaciones disciplinarias correspondientes.Cabe anotar que habitantes de la Mesa de Los Santos han protagonizado protestas y mantenido durante semanas las talanqueras del peaje La Punta levantadas en reclamo por la falta de inversión en las vías.
La empresa Cenit adelanta una investigación para determinar las causas de un incendio registrado en una línea de transporte de hidrocarburos, en el sector Alto Semisa, zona rural del municipio de Puente Nacional, Santander.La emergencia se presentó tras un incidente en la infraestructura que transporta diésel, lo que generó inicialmente un incendio de hidrocarburos y, posteriormente, un incendio forestal que encendió las alarmas entre la comunidad y las autoridades locales.De inmediato se activaron los protocolos de atención y al lugar se desplazaron unidades del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD), personal técnico de Cenit y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barbosa, quienes lograron controlar la situación y evitar que las llamas se propagaran hacia zonas habitadas y áreas de mayor cobertura vegetal.David Márquez, comandante de Bomberos de Barbosa, explicó que la emergencia fue reportada hacia las 5:47 p.m. de este 30 de diciembre y que, tras la llegada de las unidades, se evidenció que el fuego se originó en una de las tuberías que atraviesa el sector.Según indicó, por razones técnicas y para evitar un mayor derrame de hidrocarburos, se tomó la decisión de permitir que el combustible se consumiera de manera controlada durante varias horas.Hacia las 11:00 p.m., el incendio forestal ya se encontraba completamente liquidado y personal de Cenit asumió el control del tramo afectado, realizando el respectivo acordonamiento de la zona. Asimismo, el Ejército Nacional mantiene presencia en el lugar para garantizar la seguridad y restringir el acceso mientras avanzan las labores técnicas.Aunque en el sector hay viviendas cercanas, las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas ni afectaciones directas a las casas. Sin embargo, el incendio sí causó daños en algunos cultivos aledaños.Cenit informó que su personal especializado será el encargado de establecer las causas exactas del incidente, mientras continúan las labores de limpieza, evaluación ambiental y monitoreo del área afectada, la cual permanece acordonada como medida preventiva.
A pesar de los balances entregados por la Policía Metropolitana de Bucaramanga y las cifras que muestran reducciones porcentuales en diversos crímenes, lo cierto es que la comunidad de la capital santandereana se mantiene con incertidumbre debido a los casos de muertes violentas en el área metropolitana.En las últimas horas, la capital de Santander fue escenario de un cruento homicidio bajo la modalidad de sicariato en el barrio La Joya y un doble atentado con arma de fuego en el barrio Girardot, este último acompañado del hallazgo de panfletos extorsivos.En el primer caso la tranquilidad del barrio La Joya, en el occidente de la ciudad, se rompió por una ráfaga de disparos. Luis Carlos Lucena, de 43 años y conocido en el sector como ‘Lucho Simpson’, salía de un micromercado cuando fue atacado.Según el reporte de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, Lucena se disponía a encender su motocicleta cuando fue interceptado por dos sujetos en un vehículo similar. Sin mediar palabra, el parrillero descargó su arma de manera letal.El informe forense reveló que la víctima recibió un total de 11 impactos: cuatro en la cabeza, tres en el brazo izquierdo y cuatro más en la espalda. La sevicia del ataque no dio margen de auxilio; Lucena falleció de forma instantánea sobre el asfalto.La víctima acumulaba un extenso historial en el sistema penal oral acusatorio por los delitos de homicidio, tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas, fuga de presos y violencia intrafamiliar. Los investigadores manejan como principal móvil un ajuste de cuentas.Posteriormente, en la carrera 13 con calle 24 del barrio Girardot, dos hombres, identificados como José Murillo Sandoval (50 años) y Mario León (62 años), fueron atacados mientras se encontraban en la vía pública. Los agresores, al igual que en el caso de La Joya, operaron desde una motocicleta. El parrillero abrió fuego indiscriminadamente, hiriendo a Murillo en el abdomen y brazo, y a León en su pierna derecha.El detalle que preocupa es que en medio de la escena fueron hallados dos panfletos con contenido extorsivo dirigidos, al parecer, a los comerciantes de la zona.Las autoridades investigan ahora si las víctimas eran el blanco directo de una retaliación por el no pago de “vacunas” o si el ataque buscaba sembrar terror para presionar el recaudo ilegal en el sector. Ambos heridos permanecen bajo observación médica en el Hospital Universitario de Santander (HUS).Hasta el momento las autoridades no se han pronunciado respecto a estos panfletos, pero extraoficialmente se conoció que se abrió una investigación para dar con el paradero de los responsables.
En el sector Alto Semisa, zona rural del municipio de Puente Nacional, Santander, se registró una emergencia ambiental y operativa luego de un incidente en las líneas de hidrocarburos de la empresa CENIT, el cual provocó un incendio de diésel y posteriormente un incendio forestal que generó alarma entre la comunidad y las autoridades locales.Tras conocerse la situación, se activaron de inmediato los protocolos de atención de emergencias. Al lugar se desplazaron unidades del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD), personal técnico de CENIT y los Bomberos Voluntarios de Barbosa, quienes lograron controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara hacia áreas habitadas y zonas de mayor cobertura vegetal.De manera paralela, la empresa CENIT desplegó cuadrillas especializadas para las labores de limpieza, control del derrame y evaluación de afectaciones ambientales, con el objetivo de mitigar los impactos generados por el combustible y garantizar la seguridad en el área intervenida.Las autoridades informaron que, aunque la situación se encuentra bajo control, se mantiene la vigilancia permanente en el sector para descartar posibles reactivaciones del fuego y prevenir nuevos riesgos para la población.Por ahora, las causas del incidente son materia de investigación, mientras los organismos competentes avanzan en la recolección de información técnica que permita establecer el origen de la emergencia y las responsabilidades correspondientes.
Un fuerte cruce de declaraciones se registró entre el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, y el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, por la responsabilidad y entrega del tramo del tercer carril entre el puente Puerta del Sol y el puente de Provenza, cuyo sistema de alumbrado público permanece parcialmente apagado y representa un riesgo para los conductores.El alcalde Portilla aseguró que el tramo no era responsabilidad del municipio, sino del departamento, sustentado en el contrato 2738 de 2014, suscrito hace cerca de 11 años con la Gobernación de Santander, cuyo objeto era la ampliación del corredor vial primario Bucaramanga–Floridablanca por un valor aproximado de $146 millones.“Ese tramo estaba bajo custodia del departamento hasta hoy, por eso ya solicité formalmente que nos lo entreguen para poder hacer las reparaciones correspondientes”, afirmó el mandatario local.Según explicó, desde hace seis meses se venía solicitando la entrega del corredor, pero solo tras la presión ejercida por su administración en los primeros 10 días de gobierno se logró que la Gobernación elaborara el acta de entrega del tercer carril.Portilla advirtió que el apagón del corredor representa un riesgo inminente para la seguridad vial.“No podemos seguir generando ese riesgo. Una motocicleta se puede accidentar y luego el municipio termina respondiendo por los daños”.El alcalde aseguró que, si la Secretaría de Infraestructura departamental firma hoy el acta, el municipio podría restablecer completamente el alumbrado a más tardar el 31 de diciembre, en “tiempo récord”.Ante los señalamientos del alcalde, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, sostuvo que la Gobernación ha intentado desde hace más de dos años formalizar la entrega del tercer carril a la administración municipal, pero aseguró que estos asuntos deben resolverse dentro de los canales institucionales y no a través de confrontaciones públicas.“Nosotros estamos entregando; ellos deben recibir. Estos temas se deben tratar en consejos conjuntos con el alcalde, porque generar este tipo de debates innecesarios le hace daño a la institucionalidad”, afirmó.Díaz recordó el episodio de la vacancia absoluta ocurrido en la anterior administración municipal, cuando el entonces alcalde perdió su investidura y el propio gobernador designó como alcalde encargado a Eduard Sánchez, destacando que durante ese periodo no se emitió ninguna alerta sobre el estado del tercer carril.“Cuando se presentó la vacancia absoluta, el gobernador respondió nombrando un alcalde encargado. En ese momento designé a Eduard Sánchez, y durante su gestión no hubo una sola observación ni alerta sobre este tema. Fue un alcalde responsable, que hizo la tarea, ya responden después son los partidos y su terna”, puntualizó el mandatario departamental.
Los trabajadores de la Electrificadora de Santander (ESSA), empresa propiedad del Grupo EPM (Empresas Públicas de Medellín), se declararon en asamblea permanente, luego de varias semanas de negociaciones fallidas entre la directiva de la compañía y los representantes sindicales.Según el sindicato, la empresa no ha mostrado voluntad para llegar a acuerdos que garanticen mejores condiciones laborales a cerca de 3.500 trabajadores, muchos de los cuales prestan sus servicios a la electrificadora pero se encuentran tercerizados. Entre las principales exigencias se destaca la vinculación laboral directa, el respeto a los derechos convencionales y el fin del uso excesivo de empresas contratistas.Carlos Roncancio, asesor legal de los trabajadores del sector eléctrico, explicó que el proceso de negociación colectiva se encuentra estancado.“La filial de EPM se encuentra en negociación colectiva. Son 10 sesiones y vamos en la número 8. Durante estas reuniones, la compañía se ha abstenido de negociar las propuestas presentadas en el pliego de peticiones, lo que constituye una negativa encubierta a negociar”, afirmó. Roncancio señaló que esta situación ha llevado a los trabajadores a recurrir a la asamblea permanente y a contemplar la huelga como un mecanismo legítimo de diálogo.“La empresa hace un uso desmedido de compañías contratistas para desarrollar actividades propias de la electrificadora. Estas personas deberían ser contratadas directamente por la empresa, con contratos a término indefinido. Esta intermediación excesiva debilita la convención colectiva y genera condiciones laborales precarias, afectando el salario y la estabilidad de cientos de trabajadores”, agregó.Los trabajadores reiteraron que su principal petición es que la Electrificadora de Santander cumpla con la contratación directa de este personal y respete los acuerdos colectivos, garantizando condiciones laborales dignas para quienes sostienen la operación del servicio de energía en el departamento.Por ahora, el proceso de diálogo continúa sin avances significativos, mientras la asamblea permanente se mantiene como medida de presión en defensa de los derechos laborales.El asesor legal hizo un llamado a retomar el diálogo, avanzar hacia acuerdos de manera respetuosa y asumir la negociación con seriedad y compromiso.
El desplazamiento forzado en la región del Catatumbo continúa en aumento y mantiene en máxima alerta a Cúcuta. Así lo advirtió Leandro Ugarte, secretario de Víctimas del municipio, al asegurar que la magnitud de la emergencia humanitaria registrada en 2025 no tiene antecedentes en el país.En declaraciones a Mañanas Blu de Blu Radio, Ugarte explicó que el flujo de personas desplazadas ha sido constante desde mediados de enero. “Desde el 17 de enero a la fecha, este desplazamiento ha sido continuo. Del 22 al 29 de diciembre hemos recibido 230 núcleos en Cúcuta. Esto da un total de 580 personas”, precisó el funcionario.El secretario alertó que el incremento sostenido de llegadas ha generado una fuerte presión sobre las finanzas del municipio. Según indicó, Cúcuta ya enfrenta insuficiencia presupuestal para continuar atendiendo a la población desplazada y ha tenido que solicitar apoyo al Gobierno nacional.“Tenemos insuficiencia presupuestal para seguir atendiendo; estamos acudiendo a la Unidad para las Víctimas para iniciar subsidios y que nos apoyen con entregas. El presupuesto es finito y el desplazamiento no ha parado”, señaló Ugarte, al recalcar la gravedad del escenario.Actualmente, la ciudad no ha habilitado albergues temporales para esta población. De acuerdo con el funcionario, todas las familias desplazadas se encuentran en condición de autoalbergue, mientras la administración municipal ha entregado kits de alimentación y aseo como atención inicial.“Las personas que están arribando son básicamente cabeza de núcleo y cuando llegan buscan autoalbergue. El desplazamiento que hemos vivido este año es sin precedentes, el más grande en la historia de Colombia. Pedimos que se convoque una alerta nacional”, concluyó el secretario de Víctimas de Cúcuta.
Con la presencia de Juvenal Díaz Mateus, gobernador de Santander, y los altos mandos de la Policía Nacional, se presentó este martes 30 de diciembre los nuevos elementos humanos y físicos con los que contará la institución para reforzar sus capacidades operativas.“Presentamos un importante fortalecimiento institucional que evidencia el compromiso indeclinable de nuestra Policía con la vida, la tranquilidad y el bienestar de todos los habitantes del territorio. Nos honra presentar a 46 nuevos uniformados, entre ellos dos oficiales en el grado de subteniente, quienes se integran a esta unidad con la firme vocación de servir. Ellos representan una fuerza renovada, formada y comprometida con la protección de la ciudadanía. Su presencia en el territorio potenciará nuestras capacidades preventivas y operativas”, expresó el coronel Néstor Arévalo, comandante del Departamento de Policía de Santander.De acuerdo con las autoridades, el fortalecimiento institucional contó con el apoyo de la Dirección General de la Policía y tuvo una inversión de $2.700 millones. Además de los nuevos uniformados, la institución recibió 9 camionetas y 13 motocicletas de alto cilindraje destinadas a fortalecer las capacidades de las unidades de investigación criminal, inteligencia policial y el trabajo del Gaula.“Estos vehículos se convertirán en herramientas dentro de los procesos de recolección de información y ejecución de operaciones contra estructuras criminales”, acotó el coronel Arévalo.Por su parte, el Gobernador de Santander destacó que “es un día muy importante para la seguridad de la región"."Nosotros tenemos tres ejes importantes: la seguridad multidimensional, la prosperidad y la sostenibilidad. Este año invertimos más de 62 millones de pesos para dotación de la fuerza pública, instalaciones y bienestar para nuestros hombres de la Policía y el Ejército Nacional, y la idea es seguir fortaleciendo las instituciones”.Por último, el comandante del Departamento de Policía de Santander confirmó que durante el presente año la Gobernación y los entes territoriales entregaron 29 vehículos adicionales y 11 motocicletas, con lo cual el parque automotor policial fue reforzado con más de 62 medios de transporte en 2025, los cuales fueron puestos al servicio de la seguridad ciudadana.
Tras el anuncio del presidente de la República, Gustavo Petro, acerca del aumento de un 23,7% en el salario mínimo en Colombia para 2026, hay ciudadanos que temen que sus trabajos estén en riesgo debido a que este incremento podría desestabilizar la sostenibilidad de las empresas. En un sondeo realizado a los bumangueses, son varios las inquietudes y cuestionamientos que se dieron a conocer. “Por ejemplo, mi esposo: él trabaja en una empresa y él gana un poquito más del mínimo, pero ahora se igualó el mínimo con lo que él gana, y el problema es que los empleados lo van a recortar, porque ya eso es demasiado el precio del mínimo”, afirmó Nancy Amorocho.“Como empleado obvio que la persona va a salir, el rico más rico y el pobre más pobre, y como jefe de empleados si tengo 10 empleados me tocaría echar 3, y va a haber más desempleo, ya no va a haber horas extras, ni toda esa joda”, dijo Alfonso Rueda.“Obviamente no sirve de nada si van a aumentar el salario mínimo un 20% si al fin y al cabo la canasta familiar va a aumentar en esa misma proporción, si hay un aumento en el salario, pues que realmente se vea que los colombianos tienen más adquisición monetaria para comprar o disfrutar de su día a día”, expreso Josué Duarte.Los bumangueses hacen un llamado al Gobierno nacional a que analice mejor la situación económica de los colombianos, ya que puede traer aspectos negativos en los costos de la canasta familiar por una posible alza de precios.También se pronunció el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, quien indicó que revisará la situación para poder solventar este aumento que no se tenía previsto."Yo creo que hay que ir, como los gringos, aprendiendo a hacer el aseo y muchas tareas en la casa porque realmente se hace bastante difícil pagar. Nosotros desde la Gobernación de Santander vamos a mirar de donde sacamos los recursos para poder solventar ese 23% más que no teníamos previsto”.
En Norte de Santander se conoció un hecho que ha generado indignación y preocupación en la región del Catatumbo. En el corregimiento de San Pablo, municipio de Teorema, se realizó un sepelio masivo en homenaje a un cabecilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), en medio de la comunidad local. El acto contó con la presencia de guerrilleros uniformados y armados, música y disparos al aire, un espectáculo que se viralizó por la visibilidad pública de la guerrilla en pleno territorio civil.Las imágenes del cortejo fúnebre muestran a decenas de hombres fuertemente armados y varios vehículos escoltando el féretro por las calles del corregimiento. Durante el recorrido se observaron globos de colores y la asistencia de población civil, incluidos adultos mayores y menores de edad. Este tipo de ceremonias, organizadas de manera abierta entre la comunidad y grupos armados, no solo visibiliza la presencia del ELN en Teorama, sino también la ausencia de la fuerza pública.San Pablo y sus alrededores hacen parte de una región históricamente afectada por la presencia de grupos armados ilegales que se disputan el control territorial y económico. Estas dinámicas están ligadas, en gran medida, a rutas del narcotráfico y otras economías ilícitas. El Catatumbo ha sido señalado en múltiples informes como uno de los focos más críticos del conflicto armado en el país, con enfrentamientos entre el ELN, disidencias de las FARC y otros actores, así como un alto número de víctimas y desplazados.La falta de una presencia sostenida de la fuerza pública en el corregimiento ha facilitado que grupos como el ELN realicen actividades públicas sin una oposición visible de las autoridades. Sectores sociales y políticos han cuestionado que estos eventos se desarrollen “a plena luz del día” sin una reacción contundente de la Policía o el Ejército. Según denuncias, esto evidencia un vacío de control estatal que permite a la organización guerrillera movilizarse con relativa normalidad en zonas rurales del Catatumbo.Las críticas también apuntan al silencio de las autoridades, que hasta ahora no han emitido pronunciamientos claros sobre este sepelio ni sobre las implicaciones de permitir que un grupo armado exhiba su fuerza y simbología en un espacio público. Para analistas y habitantes de la región, estos hechos no solo representarían una vulneración a los acuerdos de cese al fuego y al orden público, sino también una señal de que el control territorial del Estado sigue siendo insuficiente en lugares como San Pablo, donde la población queda expuesta a la influencia de actores armados ilegales.
Las protestas de comunidades en Santander continúan sin acuerdos definitivos con el Instituto Nacional de Vías (Invías), manteniendo levantadas las talanqueras de cuatro peajes ubicados en la llamada Ruta de los Comuneros.La situación, que se presenta desde el 7 de octubre de 2025, ha generado una pérdida cercana a los 24.000 millones de pesos, según el balance entregado por la entidad.Los peajes afectados son Oiba, Los Curos, Curití y Río Blanco, ubicados en el corredor vial que comunica Zipaquirá con San Alberto, una de las rutas más importantes del país para la movilidad y el transporte de carga.De acuerdo con Jhon Jairo González, director encargado de Invías, estos recursos son fundamentales para el mantenimiento y la atención de emergencias en este eje vial.Pese al cese en el recaudo, Invías aseguró que durante 2025 ha invertido cerca de 62.000 millones de pesos en este corredor. De ese total, más de 25.000 millones se destinaron a mantenimiento rutinario y periódico, atención de puntos críticos, emergencias y señalización vial, mientras que otros 37.000 millones de pesos se ejecutaron en labores de mantenimiento adicional. Asimismo, la entidad señaló que se han garantizado servicios de atención al usuario, como grúa, carro taller y ambulancia.El Instituto indicó que ha sido garante del derecho a la protesta pacífica y que ha participado en cinco mesas de diálogo presenciales y varias reuniones virtuales con comunidades, transportadores y líderes de la manifestación, espacios en los que también han estado presentes autoridades locales, departamentales y organismos de control.En estos encuentros se han analizado propuestas orientadas a mejorar la infraestructura vial y, al mismo tiempo, se ha insistido en la necesidad de reactivar el cobro de los peajes como fuente clave de financiación.Como parte de una solución a largo plazo, Invías informó que avanza en una propuesta estructural que contempla una posible alianza con Findeter, con el objetivo de financiar la rehabilitación de los tramos más críticos de esta vía.Entre los acuerdos, se estableció que durante la primera semana de diciembre Findeter presentaría la propuesta para administrar esta vía; sin embargo, hasta el momento no se ha informado nada al respecto.Hace unos meses, Juvenal Díaz Mateus, gobernador de Santander, lanzó duros señalamientos al Gobierno nacional por la falta de inversiones en vías clave del departamento. “No se invierte en el departamento y la comunidad está exigiendo que la plata de los peajes se invierta bien en esta vía”, afirmó.
Mediante el Decreto 0244, la alcaldesa encargada de Girón, Dayana Milena Tavera Ruiz, suspendió la medida del pico y placa en el municipio, luego de una mesa de trabajo con las demás autoridades del Área Metropolitana.“Se busca facilitar el transporte de todas aquellas personas, turistas y visitantes que llegan a conocer todo nuestro centro histórico y las diferentes dependencias que tiene nuestro municipio en cuanto al tema turístico”, afirmó José Reinoso, secretario de Tránsito y Transporte de Girón.A partir del 18 de enero de 2026 volverá a regir el pico y placa en el municipio. La medida estará sujeta a las directrices establecidas desde Bucaramanga.La decisión de levantar la restricción durante estas fechas de fin de año se mantiene en el anillo vial, en el tramo que comprende el retorno del Hotel San Juan y donde están ubicadas las instalaciones de Tránsito de Girón.“Hemos logrado mitigar el tema de la sinistralidad mientras se ha implementado. El trabajo realizado durante todo el año nos ha garantizado que el control vial se mantenga estable”, expresó José Reinoso.Se espera que todas las personas que han arribado y las que llegarán al municipio para planes turísticos y gastronómicos tengan la libertad de vivir la experiencia en el pueblo patrimonio de Colombia, sin congestión vehicular.En los primeros días de enero de 2026 se establecerá una mesa de trabajo para determinar las condiciones del pico y placa en el Área Metropolitana.