El Hospital Universitario de Santander (HUS) presentó ante los ministerios de Trabajo y de Salud un proyecto para formalizar laboralmente a 120 trabajadores del área asistencial, que actualmente están contratados a través de cooperativas o empresas intermediarias, como parte del plan de formalización que adelanta la institución para dignificar el empleo público en el sector salud.La iniciativa fue radicada antes del plazo fijado el pasado 6 de febrero, según explicó el gerente del centro asistencial, Ricardo Arturo Hoyos, quien señaló que el hospital cumplió con todas las instrucciones para avanzar en este proceso.“Fue radicado ante el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud el proyecto de formalización de 120 personas. Son empleos totalmente asistenciales, no es personal administrativo”, indicó el directivo.De acuerdo con la gerencia, cerca de 94 de los cargos están dirigidos a auxiliares del área de la salud, entre ellos camilleros, auxiliares de laboratorio y auxiliares de enfermería. El resto corresponde a enfermeras jefes y otros perfiles asistenciales que hacen parte de la operación hospitalaria.El proyecto contempla impactar principalmente los servicios de urgencias, hospitalización y la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), áreas consideradas estratégicas dentro del funcionamiento del hospital y que soportan una alta demanda de pacientes en el departamento.El gerente explicó que el hospital ahora queda a la espera de la aprobación por parte del Gobierno Nacional para avanzar en la vinculación formal de este personal, lo que permitiría mejorar las condiciones laborales y fortalecer la prestación del servicio.Hoyos aseguró que la institución está alineada con los objetivos del plan nacional de formalización laboral en el sector público y reiteró que el propósito es contribuir a la estabilidad de los trabajadores y al fortalecimiento de la red hospitalaria en Santander.El propósito del Hospital Universitario de Santander es formalizar a largo plazo a 1.000 trabajadores, actualmente solo 48 personas están vinculadas directamente con el centro asistencial.
La Procuraduría General de la Nación reiteró su llamado a la transparencia y a la estricta observancia de las normas de participación en política por parte de servidores públicos en Santander, en el marco del actual proceso electoral.En el departamento se destaca el caso del gobernador Juvenal Díaz Mateus, cuyo hermano, Luis Eduardo Díaz Mateus, actual representante a la Cámara por Santander, aspira ahora al Senado por el Partido Conservador Colombiano.Frente a esta situación, la Procuraduría enfatizó que la candidatura debe avanzar con total transparencia y sin ningún tipo de apoyo, intervención o utilización del equipo gubernamental departamental, recordando que la ley prohíbe a los servidores públicos participar en actividades políticas o favorecer campañas desde el ejercicio de sus cargos.En Barrancabermeja también surge un caso que ha generado atención. Se trata de Laura Cristina Ahumada García, esposa del alcalde Jonathan Stivel Vásquez Gómez y candidata al Senado por el Pacto Histórico.Como antecedente, la Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra el mandatario local y lo suspendió provisionalmente por tres meses en octubre de 2025, por presunta participación indebida en política, un hecho que marcó precedente en materia de control electoral en la región.La Procuraduría reiteró que continuará realizando seguimiento preventivo en Santander y en el Magdalena Medio, con el fin de garantizar unas elecciones transparentes y en igualdad de condiciones para todos los candidatos. En escenarios donde existen vínculos familiares directos entre aspirantes y autoridades en funciones, los entes de control suelen intensificar la vigilancia para evitar posibles conflictos de interés o intervenciones indebidas.
La escalada de ataques sicariales en Santander, y en particular en el municipio de San Gil, encendió las alarmas de las autoridades. El pasado 14 de febrero, un nuevo atentado en pleno centro de la localidad dejó tres personas heridas y obligó a reforzar las acciones operativas, ante lo que la Policía ha calificado como una ofensiva criminal coordinada desde centros penitenciarios del país.El coronel Néstor Arévalo, comandante de la Policía de Santander, aseguró que las investigaciones preliminares indican que estos hechos estarían siendo ordenados desde las cárceles.“Sin embargo, quiero informar a la opinión pública que este crimen se está dinamizando desde las cárceles del país; es por eso que en una coordinación que vamos a hacer con el Inpec, en el marco de lo que es el plan dominó, mover a este actor criminal que está dinamizando estos hechos criminales en el municipio”, afirmó el oficial.De acuerdo con el reporte oficial, hombres armados que se movilizaban en motocicletas abrieron fuego contra tres personas en vía pública. Las víctimas, todas mayores de edad y con más de 18 antecedentes judiciales, fueron trasladadas de urgencia al hospital local.Los hechos se suman a una serie de atentados que, según las autoridades, evidencian la presencia de bandas criminales y cabecillas que han comenzado a establecerse en la región, incrementando los niveles de violencia en una zona reconocida por su vocación turística.Habitantes y comerciantes han manifestado su preocupación por la repetición de estos hechos en sectores céntricos, donde también circulan visitantes nacionales y extranjeros.El coronel Arévalo confirmó que los recientes ataques responden a un patrón coordinado y que se activó el denominado “plan dominó” en articulación con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), con el objetivo de identificar y aislar a los internos que estarían ordenando los atentados.“Estamos aplicando el plan dominó con el Inpec para investigar y desarticular estas redes. Pedimos a los ciudadanos que nos entreguen información que nos permita dar con los responsables”, agregó.En San Gil, en los últimos días también se registró el asesinato de Miguel Ángel Suescún Rodríguez, de 32 años, quien estaría vinculado al cartel de los más buscados del Valle de Aburrá. El hombre fue atacado a tiros mientras permanecía en una tienda del municipio.Este homicidio y los recientes intentos de sicariato han incrementado la percepción de inseguridad entre los residentes. Solo en lo corrido del mes, San Gil registra al menos tres intentos de sicariato en barrios como Villa Olímpica y Villa Laura, con saldo de heridos y víctimas mortales.La Policía anunció el fortalecimiento de patrullajes, controles a motocicletas y labores de inteligencia para frenar la ola de violencia que amenaza la tranquilidad de este municipio santandereano.
Una compleja situación se registró en la vía que comunica a Bucaramanga con Rionegro, debido a graves inundaciones provocadas por las fuertes lluvias.El paso permaneció durante varias horas cerrado, luego de que un camión quedara varado en uno de los puntos críticos del corredor vial, generando represamiento de agua y riesgo para los demás conductores. En el norte de la capital santandereana también se reportan múltiples emergencias. Sectores como Vijagual, El Nogal, El Pablón y la vereda San Ignacio presentan vías anegadas y viviendas inundadas, situación que mantiene en alerta a los organismos de socorro.Habitantes de estas zonas han reportado el ingreso de agua a sus viviendas, afectando enseres y generando preocupación ante la continuidad de las precipitaciones."Miren como quedó mi casa. Todo se daño", dijo una mujer afectada por las lluvias en el sector de Vijagual. Campesinos de la zona rural de Bucaramanga reportaron que las lluvias provocaron deslizamientos de tierra y caída de árboles en varios sectores que a esta hora siguen incomunicados.Las lluvias de las últimas semanas han incrementado el nivel de quebradas y drenajes en el área metropolitana, generando emergencias recurrentes por desbordamientos e inundaciones, especialmente en sectores vulnerables del norte de la ciudad.Se espera que en las próximas horas las autoridades locales entreguen un balance oficial de las afectaciones y anuncien medidas para atender a las familias damnificadas y restablecer en su totalidad el tránsito en este importante corredor vial del departamento que une a Bucaramanga con Rionegro y El Playón.
A pocas horas de confirmarse la muerte del menor de 16 años en Gachancipá, estudiante de primer semestre de la Universidad El Bosque, identificado como Cristian Sneyder Marín, continúan conociéndose nuevos detalles del caso.Según confirmó la madre del joven a Noticias Caracol, Cristian había obtenido una beca tras lograr el mejor puntaje Icfes de su colegio, lo que le permitió ingresar a estudiar Ciencias y Matemáticas en la Universidad El Bosque.En medio del dolor, la madre aseguró que se trataría de una muerte en la que podrían estar involucradas más personas. Por su parte, la hermana del menor afirmó que su madre recibió mensajes en los que aseguraban tener a Cristian y solicitaban cerca de dos millones de pesos para devolverlo.La desaparición se registró en horas de la mañana de este lunes 16 de febrero, luego de que el joven saliera de su vivienda con destino a la universidad para cumplir con su jornada habitual. Sin embargo, nunca volvió a responder los mensajes enviados por su familia.La madre relató cuál fue la última conversación que sostuvo con su hijo: “Mami, nos vemos”. A lo que ella respondió: “Bueno, que la Virgen te proteja”.Tras varias llamadas sin obtener respuesta, hacia las 6:00 de la tarde la madre acudió a la Policía para reportar la desaparición. Posteriormente, el equipo del Ojo de la Noche acompañó a la familia en la búsqueda.Una de las pistas clave fue el teléfono celular del menor, cuya ubicación permanecía activa, lo que permitió rastrear su último punto de localización. Familiares, amigos y su pareja se desplazaron hasta Gachancipá, donde figuraba el último registro del dispositivo, y allí encontraron el cuerpo sin vida del joven. “Encontraron a mi bebé, encontraron a mi bebé muerto”, expresó la madre entre lágrimas durante una llamada telefónica.Tras conocerse diversas hipótesis sobre lo ocurrido, el alcalde del municipio, Alfonso López, se pronunció y entregó nuevos detalles. “Me manifestaron que incluso podía pensarse que había sido algo diferente, pero no, que solamente tenía muestras de haber sido él mismo el que había ocasionado el hecho. Parece que fue un suicidio”, indicó.Mientras tanto, las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para establecer con exactitud qué ocurrió con el menor Cristian Sneyder Marín.
Una operación militar en el Norte de Antioquia terminó en combates, capturas y la incautación de un importante arsenal que, según inteligencia, iba a fortalecer la presencia armada de las disidencias en la región. La acción fue desarrollada por tropas del Ejército, en coordinación con el CTI en zona rural de San Andrés de Cuerquia.Durante la operación fueron capturados dos criminales de la Estructura 36 de las disidencias de las Farc, señalados de delinquir bajo las órdenes de alias ‘Lobo’, hombre cercano a alias ‘Primo Gay’. En el lugar las autoridades hallaron seis fusiles, tres pistolas, más de 1.300 cartuchos de diferentes calibres, 31 proveedores, una granada, tres artefactos explosivos, celulares y abundante material de intendencia.De acuerdo con información de las autoridades, ‘Lobo’, quien tiene más de cinco años en actividades delictivas y orden de captura por homicidio agravado y otros delitos, se encontraba en la zona al momento de los enfrentamientos, pero logró escapar junto a otros integrantes del grupo armado.Las autoridades señalan que esta comisión armada pretendía reorganizar el autodenominado Frente Quinto y expandir su influencia en municipios como San Andrés de Cuerquia y Toledo, ocupando espacios que habían quedado vacíos tras anteriores operaciones militares en 2025.
Avanza la investigación por la muerte de Cristian Martín, el joven estudiante de 16 años de la Universidad El Bosque, cuyo cuerpo fue hallado en una zona boscosa de Gachancipá tras haber salido en la madrugada rumbo a su jornada académica en Bogotá.El menor había salido de su vivienda a las 4:40 de la mañana rumbo a su jornada académica en la Universidad El Bosque, como lo hacía habitualmente, pero horas después dejó de responder su celular, aunque permanecía encendido. La geolocalización del dispositivo condujo a su familia hasta ese municipio de Cundinamarca, donde finalmente fue encontrado sin vida hacia la 1:15 de la madrugada en zona montañosa.¿Cómo murió Cristian Martín?Después del hallazgo, el alcalde del municipio, Alfonso López, se pronunció y reveló una hipótesis preliminar basada en los primeros reportes conocidos por la administración local.López aseguró que el reporte preliminar indica que en el cuerpo no se evidenciaron signos de violencia.“Me manifestaron que incluso podía pensarse que había sido algo diferente, pero no, que solamente tenía muestras de haber sido él mismo el que había ocasionado el hecho. Parece que fue un suicidio”, afirmó el mandatario.¿Qué pasó?Martín salió de su vivienda a las 4:40 de la mañana, como lo hacía habitualmente, para dirigirse a su jornada académica. Se despidió de su madre y le dijo que regresaría en la noche, aunque no sabía si alcanzaría a ir a almorzar.Durante la mañana y la tarde no volvió a responder llamadas. Aunque el celular permanecía encendido, no contestaba. Ante la preocupación, su familia revisó información en el correo del portátil del joven y logró ubicar la geolocalización del dispositivo, que marcaba el municipio de Gachancipá, a cerca de 50 minutos de Bogotá.La familia se trasladó hasta la estación de Policía del municipio y, junto con uniformados, inició la búsqueda en la zona montañosa donde señalaba el celular. Hacia la 1:15 de la madrugada fue hallado sin signos vitales en área boscosa.El joven cursaba primer semestre de Ciencias y Matemáticas en la Universidad El Bosque. Según relataron sus familiares, había obtenido uno de los mejores puntajes en las pruebas ICFES de su colegio, lo que le permitió acceder a una beca.Personas cercanas indicaron que era un joven tranquilo y que no tenía conflictos conocidos.Aunque el alcalde habló de un posible suicidio con base en información preliminar, el caso continúa bajo investigación para determinar oficialmente la causa de la muerte.
Al personal médico del Hospital Departamental de San Andrés les adeudan de dos a cuatro meses de salario, razón por la que en las últimas horas los especialistas decidieron cesar sus actividades y solo atender las urgencias vitales hasta que haya una solución frente a sus pagos.Este cese de actividades comenzó de manera paulatina hace dos semanas, pero los especialistas denuncian que los retrasos en los pagos viene ocurriendo hace dos años, una crisis que también se evidencia en la falta de insumos médicos y en la entrega de medicinas para los pacientes, quienes están teniendo recaídas por el no suministro de sus tratamientos médicos.Jeffry Howard, especialista de medicina interna del hospital, afirma que los pacientes son en su mayoría usuarios de Sanitas y Nueva EPS, y que la crisis se deriva de las deudas que acumulan, sobre todo esta última entidad, con el hospital."Digamos que el grueso de los pacientes que se atienden en el hospital, especialmente por la consulta externa, son pacientes de Nueva EPS y a estos tampoco se les ha venido entregando la medicación, eso está haciendo que muchos de los pacientes estén ingresando de emergencia por patologías no resueltas, porque no han podido utilizar sus medicamentos", informó el especialista."Entonces, al llegar estos pacientes, se encuentran que en el hospital también hay una disminución de insumos básicos, equipos y medicaciones, es decir, se va generando un problema en cadena del cual es difícil salir y si sumamos el tema de los honorarios nuestros, pues está aumentando muchísimo la dificultad para poder trabajar", añadió.Howard afirmó que, a raíz de esta situación, el hospital de San Andrés espera un adelanto del subsidio a la oferta, recursos provenientes del Estado con los que se podrían realizar algunos pagos a los trabajadores para que estos reanuden la atención en todas las áreas del centro asistencial.
El jefe de la Misión de la ONU en Colombia, Miroslav Jenča, expresó su preocupación por el deterioro de la situación de seguridad en el departamento de Caquetá y por las afectaciones que está sufriendo la población civil como consecuencia del accionar de los grupos armados ilegales en la región.Jenča rechazó las prácticas que calificó como inadmisibles y contrarias a los derechos humanos, entre ellas las retenciones, amenazas contra la comunidad, confinamientos forzados y el uso de artefactos explosivos. Según advirtió, estas acciones vulneran la vida, la integridad y la libertad de las personas, además de generar un clima de temor e incertidumbre en los territorios.“Expreso preocupación por el deterioro de la seguridad y las afectaciones a la población en Caquetá por el accionar de los grupos armados. Rechazamos las prácticas inadmisibles en contra de los derechos de las personas como retenciones, amenazas, confinamiento y uso de explosivos”, afirmó a través de su cuenta de X.El jefe de la misión hizo un llamado al cese inmediato de las acciones, e instó al Gobierno nacional y a las instituciones del Estado a redoblar esfuerzos para garantizar “la protección de la vida y la integridad de la población”.Señaló que los derechos y el bienestar de la población deben constituir el eje central de toda acción institucional y humanitaria, especialmente en contextos donde la violencia impacta de manera directa a las comunidades más vulnerables.
El sector del calzado y la marroquinería en Colombia cierra el 2025 con un balance positivo en varios frentes, según la Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero y sus Manufacturas (Acicam). Aunque el año presentó resultados mixtos, la directora ejecutiva del gremio, Marcela Caicedo, aseguró que la recuperación del consumo entre enero y septiembre fue clave para dinamizar la industria.“Se reactivó el gasto en calzado y marroquinería, y eso para nosotros es muy positivo porque significa que fabricantes y comercializadores lograron salir del inventario acumulado. Esto permitirá mover la producción en el próximo semestre”, explicó Caicedo.La directiva destacó el papel de Bucaramanga y su área metropolitana como una región históricamente ligada a la fabricación de calzado. En las cifras nacionales, el departamento mantuvo un desempeño destacado.Exportaciones de calzado: Santander se ubicó en el quinto lugar nacional con USD 2,36 millones, equivalentes al 9% de las exportaciones del país entre enero y septiembre.Gasto de los hogares en calzado: Bucaramanga registró $81.707 millones, un 3% del total nacional, ocupando también el quinto lugar.Gasto en marroquinería: La ciudad sumó $10.056 millones, el 3% del país, según el balance del gremio.A nivel sectorial, Santander cerró el 2024 con 1.880 empresas dedicadas al calzado, 11.900 empleos directos, 36.000 indirectos y una producción estimada de 10,6 millones de pares de calzado formal.A pesar de las cifras favorables en consumo y exportaciones, Acicam advierte que el ingreso de producto asiático, legal y de contrabando, sigue siendo uno de los mayores desafíos para la industria nacional.“Competir con un producto que entra sin pagar IVA ni aranceles genera una desventaja para la producción colombiana. El contrabando técnico y abierto sigue siendo un gran reto”, señaló Caicedo.Según Acicam, el sector reportó un incremento del 5% en el gasto de los hogares en marroquinería y un 4% en calzado, frente al año anterior. En valores absolutos, el consumo nacional alcanzó 2,8 millones de pares de calzado y $298.000 millones en marroquinería.Caicedo también invitó a fabricantes y empresarios a participar en la feria IFLS + EICI, que en febrero de 2026 completará más de 25 años como la principal plataforma de negocios del sector del calzado y la marroquinería.La próxima edición espera reunir alrededor de 430 expositores, incluyendo participantes de Brasil, México, Turquía e Italia, además de compradores nacionales e internacionales.“Es la feria más grande de nuestra cadena productiva. Allí realmente se cierran negocios y se impulsa la producción del primer semestre”, afirmó la directora de Acicam.
Tres personas, dos mujeres y un hombre, fueron capturadas en pleno centro de Bucaramanga cuando, según la Policía Metropolitana, que se dedicaban a cometer hurtos y estafas bajo las modalidades de cosquilleo y paquete chileno. El operativo fue realizado por el Gaula durante acciones de control en esta zona comercial, que por estos días registra una alta afluencia de compradores por la temporada navideña.De acuerdo con las autoridades, los señalados, conocidos como alias “Largo”, “Churca” y “Azul”, aprovechaban la aglomeración en bancos y locales comerciales para distraer a sus víctimas, muchas de ellas adultos mayores o ciudadanos que acababan de retirar dinero. Con maniobras de engaño lograban apoderarse de efectivo y pertenencias.La intervención policial permitió detenerlos en flagrancia y recuperar un millón de pesos que había sido hurtado minutos antes. También les fueron incautados teléfonos celulares y billetes extranjeros que usaban para simular altas sumas durante las estafas.“Se capturan tres sujetos, dos mujeres y un hombre, que se encargaban de hacer el famoso cosquilleo aquí en el centro y el paquete chileno. Hay dos personas denunciantes y se recuperó un millón de pesos que previamente le habían quitado a unos ciudadanos aprovechando la aglomeración por Navidad”, explicó el coronel Diego López, subcomandante encargado de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para evitar portar grandes sumas de dinero, estar atentos a su entorno y reportar cualquier situación sospechosa a la línea 123 o al Gaula 165.
Después de varios años marcados por irregularidades, sobrecostos, suspensiones y retrasos, el proyecto del Hospital Regional de San Gil podría al fin terminarse. La Gobernación de Santander anunció que el Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes, aprobó la financiación para su fase final por $50.191 millones, recursos que serán aportados por el Ministerio de Salud en las vigencias de 2026 y 2027.La aprobación llega tras una compleja trayectoria que inició con la promesa de modernizar la infraestructura sanitaria de la provincia Guanentá, pero que derivó en uno de los proyectos más demorados y controversiales del departamento.Desde sus primeras etapas, el hospital estuvo rodeado de inconsistencias. En mayo de 2020, la Contraloría General de Santander identificó hallazgos fiscales, penales y disciplinarios por más de $120 millones en el contrato de consultoría para los estudios y diseños. Los errores en los estudios de suelo y en los diseños estructurales dispararon el presupuesto inicial: pasó de $23.000 millones a $48.000 millones, un incremento superior al 100 %.A estas irregularidades se sumó la suspensión total de la obra en noviembre de 2019, debido a problemas en el terreno que comprometían su viabilidad. Durante 2020, el proyecto permaneció paralizado mientras se realizaban nuevos estudios, profundizando la incertidumbre en las comunidades de San Gil y municipios vecinos.El estancamiento prolongado llevó a que en julio de 2021 la Procuraduría General de la Nación interviniera, impulsada por las quejas ciudadanas ante la falta de avances. La entidad verificó atrasos significativos relacionados con fallas en la cimentación y con pagos pendientes a los contratistas.Aunque las obras se reanudaron en diciembre de 2020, el progreso siguió siendo lento. Solo hasta el 13 de agosto de 2023 se entregó la primera fase, consistente en la estructura en obra gris: dos pisos, cuatro bloques, cubiertas, muros, tanque de agua y conexión al alcantarillado municipal.Los problemas financieros también marcaron el camino. La segunda fase del proyecto, correspondiente a acabados y obras exteriores, pasó de un estimado inicial de $25.000 millones a $36.000 millones, impulsado por el aumento del costo de los materiales. En febrero de 2024, el Ministerio de Salud aseguró $45.000 millones, lo que dio un respiro, pero aún no garantizaba la culminación total.Mientras tanto, la comunidad seguía esperando un hospital que promete servicios esenciales como consulta externa, urgencias, cirugía, laboratorio, sala de partos y hospitalización, y que beneficiará directamente a más de 46.000 habitantes y, de forma ampliada, a más de 168.000 personas de la provincia Guanentá.La reciente aprobación del Conpes representa, según las autoridades, el paso definitivo para cerrar un capítulo lleno de tropiezos. El proyecto fue viabilizado y priorizado por el Consejo Departamental de Seguridad Social en Salud, y hace parte de los proyectos estratégicos del Plan de Desarrollo Departamental.El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, celebró la noticia en su cuenta de X: “Conpes aprueba la terminación del Hospital Regional de San Gil. La culminación de la infraestructura quedó respaldada tras la gestión técnica realizada por la Gobernación y el Consejo Departamental de Seguridad Social en Salud. Esta decisión garantiza mejores servicios especializados para más de 168.000 habitantes de la provincia Guanentá y asegura recursos para finalizar la obra entre 2026 y 2027. Gestión que fortalece la salud y la calidad de vida de nuestra gente.”Se espera que las obras en el Hospital Regional de San Gil por fin finalicen y que pueda ponerse en funcionamiento en el menor tiempo posible.
La ciénaga El Llanito, uno de los humedales más importantes de Barrancabermeja, volvió a encender las alarmas ambientales tras el hallazgo de un manatí antillano recién nacido sin vida. Con este caso, ya son 14 los ejemplares muertos en los últimos cinco años, una cifra que preocupa profundamente a autoridades, pescadores y organizaciones ambientales por tratarse de una especie en vía de extinción.El hallazgo se produjo en un sector que la comunidad había señalado como crítico por la degradación del agua. Minutos después, funcionarios de la Alcaldía y de la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) llegaron al punto para iniciar la atención de la emergencia y recopilar las primeras muestras ambientales.El secretario de Ambiente y Transición Energética de Barrancabermeja, Leonardo Granados, advirtió que los riesgos que rodean a la ciénaga son múltiples y están ampliamente documentados.“Lamentablemente tenemos que decirlo: es la víctima número 14. Hemos identificado riesgos de contaminación por hidrocarburos, aguas residuales, desecación y sedimentación de humedales. Esto es una alarma muy grave porque se trata de una especie en vía de extinción”, explicó.Granados señaló que, según análisis recientes, la ciénaga ha perdido 300 de sus 1.375 hectáreas, una reducción que evidencia un avanzado proceso de sedimentación y la transformación acelerada del ecosistema. “Esto demuestra el deterioro del cuerpo hídrico y por eso estamos impulsando un acuerdo empresarial para la conservación del medio ambiente y la biodiversidad”, añadió.La Alcaldía anunció que se realizarán estudios de calidad del agua, sedimentos y macrófitas en varios puntos del humedal, priorizando las zonas donde los pescadores han reportado mayor mortandad.Estos análisis buscan establecer si existen contaminantes o alteraciones que estén impactando la supervivencia de los manatíes, particularmente de las crías, que son más sensibles a cambios bruscos en el entorno.Para las comunidades locales, sin embargo, los anuncios deben venir acompañados de acciones de fondo. Líderes pescadores han insistido en la necesidad de recuperar el flujo natural del agua y tomar decisiones sobre el denominado “dique de verano”, una estructura cuya incidencia en la dinámica hídrica aún debe ser evaluada.Granados confirmó que se está planteando un estudio hidrobiológico e hidráulico para determinar el comportamiento del sistema hídrico de la ciénaga y establecer un corredor biológico que permita proteger a las especies nativas. “No hemos sido indiferentes. Estamos trabajando articuladamente con la Red de Varamientos y con los pescadores para mitigar el impacto”, afirmó.El municipio reiteró la invitación a las compañías que operan en la zona a sumarse a un acuerdo ambiental para reducir los impactos derivados de sus procesos productivos.“Las empresas que de alguna u otra forma han generado impacto ambiental deben unirse para resolver el problema de manera definitiva”, sostuvo el secretario.
Bucaramanga está lista para las elecciones atípicas que se realizarán este domingo, 14 de diciembre, en las que 531.239 ciudadanos están habilitados para elegir al nuevo alcalde que gobernará durante los próximos dos años.Desde este viernes la Registraduría Nacional comenzó la instalación de 1.391 mesas de votación distribuidas en 88 puestos, de los cuales 82 estarán ubicados en la zona urbana y 6 en el sector rural.¿Quiénes son los ocho candidatos a la Alcaldía de Bucaramanga?Durante mes y medio, ocho ciudadanos estuvieron corriendo por ganarse la confianza y los votos de los bumangueses. Estos son los candidatos:Carlos Fernando Pérez: candidato avalado por el partido ADA. Fue contralor de Santander y señaló que busca continuar con el plan de gobierno aprobado por el Concejo para la vigencia actual.Juan Manuel González: candidato del partido Demócrata, es reconocido por ser periodista deportivo y exsenador. Él se identifica como candidato transparente e independiente.Cristian Portilla: tiene aval del Partido de la U y coaval Centro Democrático y Cambio Radical. Es abogado y exsecretario privado del exalcalde Jaime Andrés Beltrán. Su enfoque está centrado en la seguridad y continuidad del proyecto de la administración anterior.Jhan Carlos Alvernia: exconcejal, tiene el aval del Partido Liberal, sus propuestas están enfocadas en la seguridad y movilidad. Es empresario santandereano.Carlos Bueno Cadena: exdirector de Tránsito. Tiene el aval del partido Colombia Justa y Libres y coaval del partido Mira y Conservador.Rubén Morales Rey: tiene el aval del partido Unitarios, se desempeñó como juez laboral y tuvo relevancia en una denuncia que trabajó contra Rodolfo Hernández.Humberto Salazar García: es dirigente del Pacto Histórico, reconocido en la academia y el sector empresarial.Fabián Oviedo Pinzón: tiene el aval del Nuevo Liberalismo. Ha sido candidato por segunda vez y fue concejal de Bucaramanga.
El alcalde de Florían, Néstor Delgado, denunció graves afectaciones ambientales y riesgos para varias comunidades rurales por los trabajos que adelanta un contratista en la vía que comunica a Florián con Jesús María y Puente Nacional, en medio del incremento de las lluvias.Según el mandatario, los movimientos de tierra y el material extraído de la carretera habrían sido depositados muy cerca de la quebrada La Venta, provocando derrumbes que terminaron cayendo al afluente y generando represamientos que ponen en peligro a las familias que viven aguas abajo.“Desafortunadamente, el contratista ha puesto el material muy cerca de la quebrada y todo se ha ido al cauce, generando riesgo para las familias ribereñas”, aseguró Delgado.La situación también amenaza un punto turístico de la región, las Ventanas de Tisquizoque, considerado uno de los atractivos naturales más importantes del departamento.Ante la emergencia, la administración municipal interpuso denuncias ante la Personería, Gestión del Riesgo y la autoridad ambiental Corporación Autónoma Regional de Santander, entidad que realizó visitas técnicas y notificó a la Procuraduría y a la Gobernación para evaluar posibles responsabilidades disciplinarias.El alcalde advirtió que el panorama es crítico: el 50 % de las 32 veredas del municipio presentan afectaciones por deslizamientos y lodo, mientras la vía clave para la conexión comercial y de salud con Bucaramanga y Bogotá registra daños constantes.Además, tres familias ya fueron evacuadas por riesgo inminente y reciben apoyo de arriendo temporal, mientras otras 15 a 20 podrían verse afectadas si se presenta una creciente súbita.“No sabemos si el contratista tiene los permisos para trabajar de esta manera y arrojar escombros cerca de la quebrada, la carga de material está represando el agua y puede provocar una emergencia mayor”, concluyó el mandatario.Las autoridades mantienen monitoreo permanente ante el temor de nuevos deslizamientos por la continuidad de las lluvias.
Cuatro familiares de Kevin Arley Acosta Pico, el niño que falleció tras sufrir un golpe mientras montaba bicicleta, por falta de continuación de su tratamiento, enfrentan hoy la misma enfermedad.La familia denuncia que desde diciembre no reciben el medicamento esencial para controlar el trastorno de coagulación, poniendo en riesgo su salud y su vida.Kevin murió en Bogotá, y sus allegados aseguran que la falta de tratamiento oportuno habría agravado las consecuencias del accidente. Ahora temen que la historia se repita.De acuerdo con los afectados, la Nueva EPS dejó de suministrar el medicamento desde el 2 de diciembre, luego de que la IPS que los atendía informara que ya no tenía contrato vigente.Sergio Torres, primo del menor, de 39 años, explicó que en su caso no recibe la aplicación desde esa fecha. A esto se suma un sobrino de 30 meses cuya última dosis fue el 18 de diciembre, otro niño de 10 años que la recibió el 22 de diciembre y un adulto de 31 años que también quedó sin tratamiento.“Hace más de 20 años recibimos este medicamento sin fallas, ni siquiera en pandemia nos faltó. Es la primera vez que nos dejan desprotegidos”, afirmó la familia, que reside en zona rural.Explican que con el tratamiento pueden llevar una vida normal: correr, trabajar, montar bicicleta o hacer ejercicio. “La hemofilia no es un limitante, pero sin el medicamento no puedo caminar bien, duelen las articulaciones y hasta dormido puedo sufrir hemorragias”, advirtió Torres.Con dolor, aseguran que la muerte de Kevin pudo evitarse. “Si él hubiera tenido el medicamento, los efectos del golpe habrían sido leves”, recalcaron.Frente a esta denuncia, la Gobernación de Santander solicitó acciones urgentes a la Superintendencia Nacional de Salud para garantizar la entrega inmediata de tratamientos a pacientes con enfermedades de alto riesgo en el departamento.
La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al exgobernador de Santander, Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo, por presuntas irregularidades en un millonario contrato para la compra y entrega de juguetes destinados a niños de escasos recursos del departamento.El convenio, suscrito en agosto de 2007, superaba los 650 millones de pesos y, según la investigación, presentó anomalías desde la planeación hasta la ejecución. Para el ente acusador, el exmandatario habría incumplido su deber constitucional de vigilancia, control y seguimiento sobre la contratación pública.De acuerdo con la Fiscalía, en la etapa precontractual se detectaron estudios incompletos, ausencia de un censo poblacional que permitiera identificar cuántos menores serían beneficiados y en qué municipios, además de falta de justificación sobre la necesidad del proyecto.Tampoco se abrió un proceso de licitación pública. En cambio, el contrato fue adjudicado de manera directa a una fundación que, según los investigadores, no tenía la idoneidad ni la capacidad técnica y administrativa para ejecutarlo.Las irregularidades también habrían continuado durante la ejecución. El contratista debía entregar 130.000 juguetes, pero solo suministró 36.000 unidades. A esto se sumó un modificatorio que aumentó el valor de cada juguete de $5.000 a $6.500, lo que, según la Fiscalía, permitió que la fundación se apropiara de alrededor de 416 millones de pesos de recursos públicos.Desde el ente investigador se indicó que estas omisiones permitieron el presunto detrimento patrimonial. “El exmandatario no ejerció los controles necesarios para garantizar el cumplimiento del contrato ni la correcta destinación de los recursos”, señala el expediente.Por estos hechos, una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia acusó a Aguilar Naranjo por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado en favor de terceros.
La tensión laboral en el sector energético de Santander entró en su punto más crítico. Tras cumplirse los 10 días desde la asamblea sindical del 7 de febrero y luego de varias reuniones convocadas por los ministerios de Ministerio de Minas y Energía de Colombia y Ministerio del Trabajo de Colombia, no se logró un acuerdo entre la empresa y los trabajadores de la Electrificadora de Santander.La última mesa de diálogo terminó sin consensos y ahora la organización sindical anunciará este viernes si inicia oficialmente una huelga indefinida. Mientras tanto, los empleados advierten que comenzarán a operar a “media marcha”, cumpliendo solo actividades mínimas y básicas.Carlos Roncancio, asesor legal de los trabajadores, confirmó que la decisión será comunicada de manera virtual.“Mañana nos vamos a reunir y daremos a conocer a la opinión pública, a la empresa y a las autoridades locales y nacionales la determinación final. Estamos pidiendo la intervención de la Gobernación de Santander como garante del proceso”, afirmó.Según el sindicato, 681 trabajadores están afiliados a la organización y podrían sumarse al cese de actividades, con impacto en los 87 municipios de Santander, donde opera la empresa, además de localidades en Cesar, Norte de Santander y Boyacá, para un total de 102 municipios con cobertura del servicio.La huelga fue respaldada en votación por 556 empleados afiliados a Sindicato de Trabajadores de la Energía de Colombia Sintraelecol, mientras una minoría optó por acudir a un tribunal de arbitramento. La decisión contó con el apoyo de las subdirectivas de Bucaramanga, Socorro, San Gil, Barrancabermeja y Barbosa.El conflicto laboral se produce tras la etapa de negociación directa sin acuerdos y pocos días después de que el Ministerio del Trabajo ordenara medidas preventivas contra la empresa por presuntas acciones que limitarían el derecho a la huelga.Los trabajadores insisten en que sus exigencias se centran en derechos básicos: ajuste salarial conforme a la ley, cumplimiento de acuerdos colectivos firmados en 2023, garantías de progresividad laboral y mejores condiciones de seguridad y salud en el trabajo.La eventual suspensión de actividades genera preocupación por posibles afectaciones en la prestación del servicio de energía eléctrica en gran parte del nororiente del país, mientras las autoridades locales son llamadas a actuar como garantes ante un paro que podría extenderse por tiempo indefinido.
Las protestas de volqueteros y transportadores contra la empresa KMA, contratista de la concesión Autopista Río Grande, se extendieron a dos nuevos puntos de Santander: los sectores de La Lizama y La Fortuna. Con esta ampliación, ya son cuatro los puntos con presencia de manifestantes en el departamento.Los bloqueos se mantienen en Puerto Araujo, en jurisdicción de Cimitarra, y en el sector La Gómez, en Sabana de Torres. A estos se sumaron en las últimas horas La Lizama y La Fortuna, lo que ha generado afectaciones en la movilidad y preocupación por el tránsito de vehículos particulares, transporte escolar y carga.Ante la situación, la Gobernación de Santander activó un Puesto de Mando Unificado para hacer acompañamiento a la protesta social y servir de puente entre los manifestantes, la Agencia Nacional de Infraestructura y el Ministerio de Transporte.El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, explicó que desde el Gobierno departamental se ha realizado acompañamiento interinstitucional y se convocó el PMU departamental, con articulación de los PMU municipales.“Hay unas peticiones claras que ya están siendo atendidas por la ANI. Hemos solicitado a la comunidad el paso intermitente y el cumplimiento del corredor humanitario extendido, no solo para ambulancias, sino también para niños que requieren desplazarse a sus instituciones educativas, personas con citas médicas y el tránsito de víveres perecederos”, señaló el funcionario.Según Hernández, este lunes 16 de febrero cuando iniciaron las protestas con bloqueos de vías el tráfico estuvo represado, pero las autoridades lograron abrir paso. Las autoridades mantienen diálogo permanente con los líderes del paro para recoger formalmente el pliego de peticiones y definir si se realizará una reunión centralizada o encuentros descentralizados.Las manifestaciones también se registran en departamentos como Boyacá y Cesar, en el marco de reclamos relacionados con la ejecución del proyecto de la Troncal del Magdalena Medio. Los volqueteros solicitan mayor participación laboral y cupos para gremios locales dentro de las obras que adelanta la concesión.La ANI confirmó el desplazamiento de su vicepresidente a una reunión técnica prevista para el próximo jueves 19 de febrero, atendiendo la invitación realizada por distintos sectores sociales.
La Gobernación de Santander solicitó acciones inmediatas a la Superintendencia Nacional de Salud para garantizar la entrega oportuna de medicamentos por parte de las EPS en el departamento, tras el fallecimiento del menor Kevin Arley Acosta Pico, de 7 años.El pronunciamiento oficial se conoció luego de que el niño, cuya familia es oriunda de Santander pero residía desde hace un año en el departamento del Huila, falleciera en medio de un proceso médico que, según sus allegados, estuvo marcado por dificultades en el acceso a tratamientos y medicamentos. Sus exequias se cumplieron en el municipio de Charalá, donde familiares y amigos le dieron el último adiós.A través de la Secretaría de Salud departamental, la administración expresó sus condolencias a la madre del menor, Yudy Katherine Pico, y a sus familiares, y elevó un llamado formal al ente de control para que adopte medidas que obliguen a las Entidades Promotoras de Salud a cumplir con la entrega oportuna de los fármacos requeridos por los pacientes, especialmente aquellos diagnosticados con enfermedades de alto costo.“Situaciones como esta nos obligan a reforzar los mecanismos de seguimiento, articulación y vigilancia, para prevenir que hechos similares se presenten en el departamento y afecten a las familias santandereanas”, señaló la administración departamental en el comunicado.Asimismo, se unió al llamado de la familia de Kevin, que ha pedido celeridad, claridad y justicia frente a lo ocurrido, y manifestó su disposición para brindar acompañamiento integral en este difícil momento.El caso ha generado indignación en distintos sectores sociales y reaviva el debate sobre las fallas estructurales del sistema de salud, particularmente en lo relacionado con la entrega de medicamentos y la atención a menores con patologías complejas. Mientras avanzan las solicitudes ante los organismos de control, la Gobernación insistió en que la memoria del niño debe traducirse en acciones concretas que eviten nuevas tragedias.
Mejoran las condiciones de salud del niño de 10 años y de sus padres, quienes resultaron heridos tras ser alcanzados por un rayo en zona rural de Guaca, Santander. Los tres continúan bajo atención médica en el Hospital Universitario de Santander (HUS), en Bucaramanga.El subgerente médico del HUS, José Orlando Quintero, informó que la evolución de los pacientes ha sido “muy satisfactoria” desde su ingreso al centro asistencial.La madre del menor, de 34 años, fue quien presentó el cuadro más delicado. Según el reporte médico, sufrió quemaduras de consideración, contusiones y lesiones internas, lo que obligó a su manejo inicial en la unidad de cuidados intensivos. Actualmente, permanece en la unidad de quemados, donde continúa su recuperación con evolución favorable.El padre del niño, también de 34 años, presentó lesiones de menor severidad y se encuentra estable, bajo observación en el servicio de urgencias.Por su parte, el menor de 10 años sufrió quemaduras en la parte anterior del tórax y en uno de sus miembros superiores. Debido a la gravedad de las lesiones fue atendido en la unidad de cuidados intensivos, pero en las últimas horas fue trasladado a la unidad de quemados, donde evoluciona satisfactoriamente.El total fueron seis los campesinos alcanzados por el rayo cuando intentaban resguardarse del fuerte aguacero acompañado de una tormenta eléctrica que caía en la vereda El Alizal, zona rural de Guaca, en inmediaciones del páramo de Santurbán, el pasado 13 de febrero. La descarga sorprendió al grupo mientras recolectaba papa y buscaba refugio bajo un plástico improvisado.El director departamental de Gestión del Riesgo, Eduard Sánchez, advirtió que el ingreso de un frente frío por el Caribe mantiene alta la probabilidad de tormentas eléctricas y granizadas en varias zonas del departamento.“Se están presentando tormentas que ya dejan personas lesionadas. Es clave seguir las recomendaciones, mantener comunicación con los organismos de socorro y activar los planes de contingencia, porque también se han registrado inundaciones y desprendimientos de rocas en distintos corredores viales”, señaló.
En un operativo conjunto liderado por la Policía Nacional, fue capturada una mujer señalada por el delito de proxenetismo con menor de edad en el municipio de Cerrito.El procedimiento fue adelantado por La Sijin e Inteligencia Policial, en articulación con el Ejército Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), bajo la coordinación de la Fiscalía Primera Seccional de Málaga.La captura se hizo efectiva en zona rural de Cerrito, en límites con el corregimiento de Presidente, Norte de Santander, donde fue ubicada la mujer, quien era requerida por autoridad judicial competente.De acuerdo con la investigación, los hechos se remontan al 1 de mayo de 2020. Según el proceso adelantado por las autoridades, la hoy capturada, quien sería madre de la víctima, presuntamente habría ofrecido servicios sexuales de su hija, que para ese entonces tenía 13 años de edad. Las labores investigativas permitieron recopilar elementos materiales probatorios que sustentaron la expedición de la orden judicial.En desarrollo del mismo caso, el pasado 27 de enero de 2026 fue capturado en Cerrito un hombre señalado como presunto responsable de cometer acceso carnal violento en contra de la menor.Tras las audiencias preliminares, un juez de control de garantías impuso a la mujer medida de aseguramiento en centro carcelario. El otro procesado también permanece privado de la libertad con medida de aseguramiento intramural.
La creciente súbita de la quebrada La Llanera en Guadalupe, Santander, dejó a un conductor atrapado en plena vía El Zapatón, en medio de la corriente. Gelver Albarracín, se movilizaba en su vehículo cuando el aumento repentino del caudal, provocado por las intensas lluvias, le impidió cruzar y lo obligó a buscar refugio mientras pedía auxilio.Habitantes del sector alertaron a las autoridades y, junto con uniformados de la Policía Nacional, organizaron el rescate. Varias personas atravesaron la vía inundada para llegar hasta el punto donde el hombre permanecía resguardado. Minutos después lograron retornarlo por el mismo trayecto y ponerlo a salvo.El alcalde del municipio, Gustavo Franco Gómez, confirmó que Gelver se encuentra en buen estado de salud y destacó la articulación entre comunidad e institucionalidad para atender la emergencia.“Hoy hemos atendido con la Policía Nacional, con la ciudadanía, un llamado de una persona, que, por efectos de estas lluvias, la quebrada no le permitió cruzar y gracias a la comunidad y a toda la institucionalidad, ya él está con nosotros y en muy buenas condiciones”, señaló el alcalde Franco.Gelver quien además trabaja en una obra que adelanta la administración municipal en la zona relacionada con la construcción de unidades sanitarias, agradeció el apoyo recibido tras el susto. “Muchas gracias, me vi atrapado en la inundación y lo único que pude hacer fue buscar un lugar seguro”, expresó.Las lluvias de las últimas horas han incrementado el caudal de quebradas y ríos en el municipio, por lo que las autoridades reiteraron el llamado a la precaución, especialmente a quienes transitan por vías rurales que puedan inundarse por su cercanía a ríos y quebradas; igualmente, evitar la movilización a altas horas de la noche o durante lluvias intensas por la vía Guadalupe – Tirano – Oiba, debido a las alertas de deslizamientos.
La Policía Metropolitana de Bucaramanga confirmó la captura del presunto cómplice en el homicidio del tendero Sergio Andrés Suárez, de 40 años, ocurrido el pasado 12 de febrero en el barrio Monterredondo.De acuerdo con el general William Quintero, comandante de la institución en la capital santandereana, el hombre detenido sería quien conducía la motocicleta en la que huyeron tras cometer el crimen.“Se han realizado más de 100 cámaras en toda la zona. Ya con la Fiscalía le entregamos un sujeto del cual ya rindió indagatoria, que estuvo involucrado en estos hechos. Este sujeto fue el que condujo la motocicleta. Entonces ya lo tenemos identificado”, señaló el oficial.El alto mando agregó que las labores investigativas permitieron identificar plenamente al hombre que disparó contra el comerciante.“Podemos decir que el día de hoy tenemos claramente identificado la persona que disparó en contra de este ciudadano que se encontraba laborando en su establecimiento de comercio y fue asesinado vilmente”, afirmó.Según las autoridades, el presunto asesino no solo estaría vinculado a este homicidio, sino también a otros hechos delictivos en distintas ciudades del país. Incluso, tendría una orden de captura vigente por otro caso violento.El crimen ocurrió hacia las 2:40 de la tarde en el supermercado Surtimarket del barrio Monterredondo. Las cámaras de seguridad registraron el momento en que Suárez atendía con normalidad su negocio cuando un hombre, que vestía chaqueta de una empresa de telefonía, llevaba casco negro y portaba un arma de fuego, lo encañonó con la intención de robarlo.Sin mediar palabra, el agresor accionó el arma y le disparó, dejándolo gravemente herido en el piso del establecimiento. El comerciante falleció minutos después.La Policía indicó que continúan las diligencias judiciales para lograr la captura del autor material del homicidio y avanzar en el esclarecimiento total del caso que ha generado indignación en la comunidad.