A 10 años de prisión fueron condenados Leonardo Jesús Rivera Hidalgo y Alberson Armando Aponte Plaza por su responsabilidad en un ataque armado contra cuatro personas en el barrio Los Comuneros de Bucaramanga.La sentencia se dio luego de que las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación permitieran que los procesados aceptaran su responsabilidad por los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego agravado; receptación agravada y falsedad marcaria.Un juez avaló el preacuerdo suscrito de manera libre y voluntaria por los hoy condenados, quienes estuvieron asesorados por su abogado defensor.De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Seccional Santander, los hechos ocurrieron el 30 de agosto de 2025, cuando cuatro personas salieron de un establecimiento nocturno y se movilizaban en un automóvil por el barrio Los Comuneros. En ese momento, fueron perseguidas y atacadas a disparos por Rivera Hidalgo y Aponte Plaza, quienes se desplazaban en una motocicleta que había sido hurtada.Durante el atentado, uno de los ocupantes del vehículo resultó herido. Las víctimas buscaron refugio en un Comando de Atención Inmediata (CAI), pero el ataque continuó y los agresores se enfrentaron a los uniformados que se encontraban en el lugar.La rápida reacción de la Policía permitió la captura de los responsables, quienes ahora deberán cumplir la pena de 10 años de prisión por estos hechos.
La Alcaldía de Bucaramanga confirmó que al menos 80 familias resultaron damnificadas en las últimas horas debido a las intensas lluvias que se registraron en la zona rural y en el norte de la ciudad. El balance preliminar reporta viviendas afectadas, inundaciones y vías rurales bloqueadas por deslizamientos de tierra.Según informó Didier Rodríguez, coordinador de Gestión del Riesgo de Santander, tras las precipitaciones la Oficina de Gestión del Riesgo del municipio activó el monitoreo en los sectores más vulnerables.“En efecto, luego de las lluvias ocurridas en las últimas horas, la Oficina de Gestión del Riesgo de la Alcaldía Bucaramanga ha hecho el monitoreo en los diferentes sectores de la ciudad, sobre todo en el norte y en los corregimientos, especialmente el corregimiento 1, que tuvo una mayor afectación y puntualmente en la vereda San Ignacio, donde parte de una bancada se vino y bloqueó gran parte de la vía”, explicó el funcionario.Uno de los puntos más críticos se registra en la vereda San Ignacio, del corregimiento 1, donde un deslizamiento provocó el colapso parcial de una bancada, interrumpiendo la movilidad en la zona. Asimismo, en el barrio Gracia de Dios y en el sector de El Nogal se reportaron varias viviendas inundadas.En la vía del sector de Colorado, que comunica con el norte de la ciudad, algunos vehículos quedaron atrapados, debido a las condiciones del terreno tras las lluvias.Las autoridades locales continúan con las labores de inspección técnica para determinar la magnitud de los daños y consolidar el censo oficial de afectados. “Estamos haciendo y continuamos haciendo el monitoreo, disponiendo de un equipo en terreno para realizar las valoraciones, generar los respectivos informes y tratar de hacer la entrega lo más rápido posible de las ayudas humanitarias que corresponden en este tipo de situaciones”, añadió Rodríguez.
La Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, informó que en los últimos tres días se han presentado retrasos en la llegada de productos de la canasta familiar provenientes de la costa Atlántica y Antioquia, debido a los bloqueos generados por la protesta de volqueteros en la Troncal del Magdalena Medio.Según explicó Alfonso Peñalosa, director de operaciones de la central mayorista, aunque se han registrado contratiempos en el ingreso de mercancías, hasta el momento no hay desabastecimiento.“Por el momento es importante informar a la opinión pública que no ha habido desabastecimiento en ningún producto; se han presentado contratiempos en la llegada de los mismos por las manifestaciones que se presentan”, señaló el directivo.Peñalosa indicó que los manifestantes han permitido el paso de camiones en algunos sectores y en horarios nocturnos, especialmente entre las 11:00 de la noches y las 7:00 de la mañana, lo que ha facilitado que los comerciantes puedan acopiar y despachar mercancías en esas franjas.Los mayores retrasos se han presentado en productos provenientes de Antioquia, como tomate de árbol y lulo. También han llegado con demora frutas del sur del país, entre ellas uvas y granadillas, así como mercancía importada que arriba por Puerto de Buenaventura.En el corredor afectado, particularmente en los sectores de Sabana de Torres y La Fortuna, también se han visto impactados alimentos que ingresan por el departamento del Cesar, como el mango tommy, mango de azúcar y la yuca.A esta situación se suman las lluvias que han afectado distintos puntos de Santander, especialmente en la zona del Magdalena Medio y el sur del departamento, lo que complica aún más la movilidad de carga.Desde Centroabastos advirtieron que, aunque el abastecimiento está garantizado, los sobrecostos logísticos derivados de los retrasos podrían generar incrementos en los precios de algunos alimentos si la situación persiste en los próximos días.
La Universidad Industrial de Santander avanzará en la apertura de una sede en el departamento de Arauca, tras el encuentro sostenido en Bucaramanga entre el gobernador Renson Martínez, el rector Hernán Porras Díaz y el Consejo Académico de la institución.La reunión tuvo como propósito fortalecer el diálogo institucional y articular la capacidad científica y tecnológica de la UIS con las necesidades sociales y productivas de Arauca.“Es la falta de acceso a la educación superior la que causa atraso en el departamento de Arauca. Tener una educación de mejor calidad hará que las instituciones mejoren. En Arauca tenemos un alto déficit de profesionales, por eso quedamos en deuda con las potencialidades reales que tiene el territorio”, afirmó el gobernador Renson Martínez, al destacar la importancia de la llegada de la universidad al departamento.Por su parte, el rector Hernán Porras Díaz subrayó el compromiso social de la institución con el desarrollo regional. “Tenemos un compromiso social con el país; en la medida que se desarrolle el país, nos va bien a todos y Arauca tiene muchas potencialidades. Nos sentimos aliados estratégicos y por eso nuestra idea como UIS no es solo formar a la gente joven sino generar espacios para todos”, expresó.La apertura de una sede de la UIS en Arauca representa un paso significativo para ampliar la cobertura en educación superior en la Orinoquía colombiana, una región que históricamente ha enfrentado limitaciones en acceso a formación profesional y tecnológica.Con esta iniciativa, se busca no solo formar talento humano local, sino también impulsar proyectos de investigación, innovación y transferencia tecnológica que fortalezcan sectores estratégicos del departamento y contribuyan al desarrollo sostenible del territorio.
La tensión laboral en el sector energético de Santander entró en su punto más crítico. Tras cumplirse los 10 días desde la asamblea sindical del 7 de febrero y luego de varias reuniones convocadas por los ministerios de Ministerio de Minas y Energía de Colombia y Ministerio del Trabajo de Colombia, no se logró un acuerdo entre la empresa y los trabajadores de la Electrificadora de Santander.La última mesa de diálogo terminó sin consensos y ahora la organización sindical anunciará este viernes si inicia oficialmente una huelga indefinida. Mientras tanto, los empleados advierten que comenzarán a operar a “media marcha”, cumpliendo solo actividades mínimas y básicas.Carlos Roncancio, asesor legal de los trabajadores, confirmó que la decisión será comunicada de manera virtual.“Mañana nos vamos a reunir y daremos a conocer a la opinión pública, a la empresa y a las autoridades locales y nacionales la determinación final. Estamos pidiendo la intervención de la Gobernación de Santander como garante del proceso”, afirmó.Según el sindicato, 681 trabajadores están afiliados a la organización y podrían sumarse al cese de actividades, con impacto en los 87 municipios de Santander, donde opera la empresa, además de localidades en Cesar, Norte de Santander y Boyacá, para un total de 102 municipios con cobertura del servicio.La huelga fue respaldada en votación por 556 empleados afiliados a Sindicato de Trabajadores de la Energía de Colombia Sintraelecol, mientras una minoría optó por acudir a un tribunal de arbitramento. La decisión contó con el apoyo de las subdirectivas de Bucaramanga, Socorro, San Gil, Barrancabermeja y Barbosa.El conflicto laboral se produce tras la etapa de negociación directa sin acuerdos y pocos días después de que el Ministerio del Trabajo ordenara medidas preventivas contra la empresa por presuntas acciones que limitarían el derecho a la huelga.Los trabajadores insisten en que sus exigencias se centran en derechos básicos: ajuste salarial conforme a la ley, cumplimiento de acuerdos colectivos firmados en 2023, garantías de progresividad laboral y mejores condiciones de seguridad y salud en el trabajo.La eventual suspensión de actividades genera preocupación por posibles afectaciones en la prestación del servicio de energía eléctrica en gran parte del nororiente del país, mientras las autoridades locales son llamadas a actuar como garantes ante un paro que podría extenderse por tiempo indefinido.
La industria de la publicidad exterior en Colombia atraviesa un proceso de transformación marcado por el crecimiento sostenido de la inversión y la incorporación de herramientas tecnológicas. De acuerdo con datos de Mediabrands, la inversión publicitaria en el país aumentaría un 9 %, hasta alcanzar los 6,6 billones de pesos. Este comportamiento confirma la relevancia del sector dentro del ecosistema de medios, en un contexto donde las marcas buscan mayor precisión y eficiencia en sus estrategias de comunicación.A nivel internacional, el informe Global Expenditure Report señala que la pauta Out Of Home (OOH) alcanzó los 46,2 mil millones de dólares en 2024, representando cerca del 4,8 % del gasto publicitario total. Estas cifras reflejan que la publicidad exterior mantiene un papel estratégico dentro del mix de medios, especialmente en entornos urbanos donde el alcance masivo se combina con nuevas capacidades de segmentación y medición.En este escenario, Publicis Groupe realizó en Medellín una edición especial de Woohland 2026, un evento enfocado en fortalecer la visión estratégica del OOH. La jornada, diseñada para el Grupo Nutresa, se desarrolló bajo un formato técnico tipo showroom que permitió a los equipos de mercadeo conocer de primera mano soluciones basadas en tecnología Digital Out Of Home (DOOH), análisis de datos y formatos innovadores orientados a mejorar la conexión con las audiencias."Llevar Woohland a Medellín junto a nuestros aliados estratégicos es un paso clave en nuestra evolución. Buscamos que los equipos del Grupo Nutresa vivieran una experiencia técnica, práctica e inspiradora, validando que el OOH es una herramienta potente para generar conexiones en el entorno urbano", resaltó Sheyla Bedoya directora de OOH Publicis Groupe.Durante el encuentro se abordaron temas como métricas de efectividad, tendencias globales y oportunidades en el sector retail, en una dinámica centrada en la aplicación práctica de la data para optimizar resultados. La iniciativa evidencia cómo la publicidad exterior en Colombia evoluciona hacia modelos más medibles y estratégicos.
Un fuerte accidente se registró en la mañana de este martes, 17 de febrero, sobre las 11:00 de la mañana, cuando un camión de basura que se movilizaba a alta velocidad terminó impactando contra una vivienda en el centro de Bogotá, específicamente en el sector de la calle 10 con carrera 2.Gracias a un video difundido en redes sociales, se conoció el momento exacto en que el vehículo perdió el control y se estrelló contra la casa. Es importante recordar que la primera hipótesis sobre las causas del accidente apunta a una posible falla en los frenos. En el clip se observa que el camión no reduce la velocidad antes del impacto, lo que obligó a varias personas que se encontraban en el lugar a correr para evitar ser atropelladas.El siniestro ocurrió cerca de la Universidad de La Salle. Al lugar llegaron autoridades de tránsito y organismos de emergencia para evaluar la situación y establecer la gravedad de lo ocurrido. De manera preliminar, el hecho dejó únicamente daños materiales, entre ellos un automóvil que también resultó afectado, tal como se aprecia en el video, donde el camión lo impacta antes de chocar contra la vivienda.En el video también se pudo apreciar el momento en que el camión destruyó por completo uno de los laterales de la casa en el centro de Bogotá, provocando la caída de una gran cantidad de escombros. Estos daños tuvieron que ser atendidos por las autoridades que hicieron presencia en el lugar.El accidente de tránsito continuará siendo materia de investigación para determinar con exactitud qué fue lo que ocurrió. Por ahora, las autoridades confirmaron que no se reportaron personas heridas por este hecho.Este es el video del momento del choque del camión
En medio de una creciente controversia política por la entrega de avales a figuras que no pertenecen tradicionalmente a comunidades originarias, el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) defendió públicamente sus decisiones y aseguró que actúa bajo el principio de autonomía de los pueblos.Jesús Cuasapud, representante legal de la colectividad, respondió a las críticas en entrevista con Mañanas Blu 10:30 AM y sostuvo que las determinaciones adoptadas por el movimiento obedecen a sus estatutos internos y a la autodeterminación de los siete pueblos que lo conforman.Avales bajo la lupa: el caso de Rubén Marino BorgesLa polémica se intensificó tras conocerse el respaldo de AICO a Rubén Marino Borges, aspirante al Senado con ascendencia italiana, y al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, como precandidato presidencial.En el caso de Borges, el debate se centra en su aspiración a una curul de circunscripción especial indígena en el Senado, figura creada por la Constitución de 1991 para garantizar representación a los pueblos originarios.Cuasapud explicó que AICO cuenta con tres espacios al Senado: dos tradicionalmente asignados al departamento de Nariño y uno correspondiente al pueblo Wayúu en La Guajira. Según indicó, fue precisamente esta comunidad la que, en ejercicio de su autonomía, decidió postular a Borges.“Ellos en consenso colocaron a Rubén Marino Borges como candidato al Senado de la República, cumpliendo con los requisitos mínimos que exige la Constitución para las curules especiales, que es ser indígena”, afirmó.El dirigente aseguró que el aspirante cuenta con certificación oficial del Ministerio del Interior que lo acredita como miembro de una comunidad indígena. Además, enfatizó que cada pueblo valida a sus integrantes de acuerdo con sus propios usos y costumbres.Daniel Quintero y la apuesta presidencialLa decisión de otorgar aval al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, para aspirar a la Presidencia de la República también ha generado cuestionamientos y reacciones en redes sociales. Para Cuasapud, sin embargo, se trata de una estrategia política que busca posicionar a AICO en el escenario nacional.“AICO es un partido pequeño que hoy está en el juego presidencial, en la conversa presidencial, con un candidato avalado por el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia”, señaló.El representante legal reconoció que alcanzar la Casa de Nariño es un desafío mayor, pero afirmó que el propósito es abrir camino para que, en el futuro, un líder indígena formado desde las bases pueda competir por el máximo cargo del país.Asimismo, rechazó las burlas y caricaturizaciones que han circulado en redes sociales, al considerar que desconocen el papel del partido en la representación no solo de comunidades indígenas, sino también de sectores campesinos y afrodescendientes.“Jamás hemos cobrado un recurso por un aval”Otro de los puntos sensibles en la discusión tiene que ver con posibles cobros económicos a cambio de avales políticos. Frente a ello, Cuasapud fue enfático. Según reveló, en 2023 el movimiento otorgó 3.765 avales para distintos cargos regionales sin exigir contraprestación económica.“Jamás hemos cobrado. Nosotros cambiamos esa forma de pensar. (…) Usted a cualquiera de ellos puede preguntar si le pedimos un solo recurso. No, al contrario”, afirmó.Explicó que los acuerdos con figuras como Quintero son de carácter político y programático, enfocados en la defensa del medio ambiente, la ancestralidad y los derechos colectivos. Entre los compromisos planteados estaría la expedición de decretos para salvaguardar territorios y fortalecer instrumentos jurídicos que protejan a las comunidades.El horizonte inmediato de AICO está puesto en el 8 de marzo de 2026, fecha clave para la renovación de su personería jurídica.De acuerdo con Cuasapud, la estrategia de ampliar la entrega de avales —incluyendo a campesinos y madres cabeza de familia que no necesariamente pertenecen a comunidades indígenas— busca fortalecer la presencia del movimiento en municipios y corporaciones públicas en todo el país.“El único compromiso es que, en estos momentos en que AICO necesita sostener su personería jurídica, le abran las puertas al movimiento”, concluyó.Escuche la entrevista compelta aquí
La Orden Civil al Mérito José Acevedo y Gómez fue entregada por el Concejo de Bogotá a Fernando Soler, fundador de la Universidad ECCI, en reconocimiento a su trayectoria y aporte a la educación superior en la capital.En una ciudad donde la educación continúa siendo una de las principales herramientas de movilidad social, el Concejo de Bogotá condecoró a Soler por su papel en la consolidación de un proyecto académico que durante 48 años ha formado a miles de jóvenes.La ceremonia fue liderada por el concejal Edward Arias Rubio, quien destacó la incidencia de las instituciones de educación superior en la construcción de oportunidades y en el desarrollo productivo de la capital. El acto no solo exaltó una trayectoria individual, sino que puso el foco en el valor estructural de la academia para el futuro de la ciudad.¿Por qué el Concejo de Bogotá otorgó la Orden al Mérito?El reconocimiento resaltó el impacto de la Universidad ECCI en la formación técnica y profesional, especialmente en áreas vinculadas al desarrollo industrial y tecnológico de Bogotá. En un contexto marcado por desafíos como el acceso, la permanencia y la calidad educativa, la distinción subrayó la importancia de fortalecer proyectos sostenibles y conectados con el entorno laboral.Durante su intervención, Soler hizo un balance del camino recorrido por la institución. “Ha sido un honor brindarle la oportunidad a miles de jóvenes de la ciudad de recibir una educación de alta calidad, desde lo práctico y lo teórico, que permite construir a un profesional excepcional”, afirmó.Más allá del homenaje, la entrega de la Orden José Acevedo y Gómez sirvió como recordatorio del papel que cumple la educación superior en la vida pública de la capital. La universidad, como espacio formativo, no solo prepara profesionales, sino que promueve ciudadanía y pensamiento crítico.
Luego del fuerte sismo registrado en la madrugada de este miércoles, con epicentro en el municipio de Los Santos, los organismos de socorro de Santander sostuvieron una reunión de coordinación para evaluar posibles emergencias y definir acciones preventivas en el departamento.De acuerdo con el reporte de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres, el movimiento telúrico alcanzó una magnitud de 5.8 y tuvo una profundidad aproximada de 150 kilómetros, lo que hizo que fuera sentido en varios municipios del área metropolitana de Bucaramanga y en localidades cercanas al epicentro.Durante el encuentro participaron representantes de la Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja, la Policía Nacional y autoridades departamentales, quienes realizaron un balance preliminar tras las verificaciones efectuadas en Los Santos y en municipios vecinos como Cepitá, Piedecuesta y Zapatoca.Según el informe presentado en la reunión, no se reportan afectaciones en infraestructura, viviendas, vías ni pérdidas humanas. Sin embargo, las autoridades señalaron que se mantiene el monitoreo permanente ante la posibilidad de réplicas y se reforzó el llamado a la comunidad para adoptar medidas de prevención.“Seguimos enviando un mensaje de precaución a todos los ciudadanos, para que tengan presentes todas y cada una de las recomendaciones emitidas por las entidades operativas y los organismos de socorro que conforman el sistema de gestión del riesgo”, expresó Eduard Jesús Sánchez Ariza, jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de Santander.Las autoridades confirmaron que los planes de contingencia continúan activos y reiteraron la importancia de reportar cualquier novedad a las líneas de emergencia, mientras se mantiene la vigilancia en zonas consideradas de mayor riesgo sísmico en Santander.
En menos de dos semanas, la Policía Nacional recuperó la mayor parte del dinero robado durante un millonario hurto ocurrido el pasado 23 de noviembre en el peaje Aguas Negras, ubicado en jurisdicción de Puerto Parra, Santander. El caso, que inicialmente parecía un asalto ejecutado con sigilo, hoy apunta a un presunto plan articulado desde el interior de la propia operación del peaje.De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el robo se registró hacia las 11:40 de la noche, cuando un hombre vestido de negro y cubierto con un pasamontaña ingresó de manera clandestina tras saltar la malla perimetral. La primera hipótesis indica que se trataría de un exempleado de mantenimiento del peaje, quien conocía las rutinas y puntos vulnerables de seguridad.El delincuente habría aprovechado que otra persona, al parecer también vinculada al peaje, dejó las instalaciones solas y con las luces apagadas, condición que habría facilitado su desplazamiento sin ser detectado. Según las indagaciones preliminares, el sujeto manipuló el sistema de videovigilancia, accedió a un área restringida y sustrajo $110 millones en efectivo, para luego huir por la parte posterior del punto de recaudo.Tras la denuncia del hurto, unidades de la Seccional de Investigación Criminal, Sijín, del Departamento de Policía del Magdalena Medio desplegaron un operativo relámpago que incluyó revisión de cámaras, entrevistas y rastreo en zona rural. Estas labores condujeron a la vereda Campo Capote, donde los investigadores hallaron 109 millones 500 mil pesos ocultos en un predio. El dinero corresponde casi en su totalidad a la cifra reportada como robada.Aunque el hallazgo representa un avance significativo, el caso aún no está resuelto. Las autoridades trabajan sobre la hipótesis de que no se trató de un ladrón solitario, sino de un plan elaborado entre empleados o personas con acceso interno, quienes habrían coordinado la desactivación temporal de la seguridad para permitir el ingreso clandestino.Las diligencias continúan y se espera que en las próximas horas la Fiscalía avance en la identificación y judicialización de los presuntos responsables de este hurto que dejó al descubierto fallas de seguridad en esta estación de peaje del Magdalena Medio.
En una operación contra el delito de extorsión, el Gaula de la Policía del Magdalena Medio capturó en flagrancia a dos presuntos integrantes del grupo de delincuencia común organizado “Los de la M”, quienes intimidaban a un comerciante en Barrancabermeja para exigirle dinero a cambio de no atentar contra su vida y la de su familia.El coronel John Jairo Roa, comandante de la Policía del Magdalena Medio, informó que los detenidos fueron identificados como alias “El Flaco”, de 18 años, y un adolescente de 17 años conocido como alias “El Cabezón”. Ambos fueron sorprendidos en un hotel ubicado en el sector comercial de la comuna 1, desde donde realizaban llamadas extorsivas para exigir $5 millones al comerciante afectado.Alias “El Flaco” fue presentado ante un juez de control de garantías, quien ordenó su reclusión en un centro carcelario. En el caso del menor de edad, la aprehensión se efectuó conforme al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.Durante el operativo, las autoridades incautaron dos celulares, elementos que presuntamente utilizaban para cometer las exigencias ilícitas. La Policía destacó que este resultado representa un golpe directo a una estructura que venía afectando la tranquilidad del sector comercial de la ciudad.El coronel Roa señaló que: “Este tipo de acciones fortalecen la presencia del Gaula y buscan brindar mayor confianza a la ciudadanía durante la temporada decembrina
El Tribunal Administrativo de Santander, en un fallo de primera instancia, dejó sin efectos la decisión de la Procuraduría General de la Nación que suspendió, por tres meses, al alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Vásquez, por presunta participación en política.Según el Tribunal, la medida de la Procuraduría “vulneraba sus derechos fundamentales al debido proceso, al sufragio pasivo y al trabajo”.Según la magistrada ponente, Claudia Ximena Ardila, la Procuraduría incumplió el deber de motivación y el estándar probatorio exigidos por el Código Disciplinario.“En suma, las deficiencias en la motivación de la suspensión provisional y las irregularidades observadas en el trámite de consulta desconocen las garantías del disciplinable establecidas en el artículo 217 del Código General Disciplinario, lo que vulnera de manera directa su derecho fundamental al debido proceso”, dice el fallo.Para el Tribunal Administrativo de Santander no configura una participación indebida en política por parte del funcionario distrital, así como tampoco el uso de una gorra con el logo “BCA EJA”, el hecho de que Laura Ahumada, en ese momento candidata en la consulta interna del Pacto Histórico al Senado, hubiera asistido a un evento público en el que participó su esposo, el alcalde Jonathan Vásquez.“La conducta de la señora Laura Ahumada, al hacer propaganda aprovechando su condición de primera dama o al vincular su campaña con la gestión de su esposo, es ajena al investigado. Además, el acto cautelar no incluye un razonamiento que permita considerar que de este hecho pueda derivarse alguna relevancia para la investigación de las faltas disciplinarias”, señala el fallo del Tribunal.
Crece la polémica en Girón, Santander, tras la firma de tres contratos, por más de $192.000 millones, mediante los cuales la Administración Municipal entregó la operación de los megacolegios Mario Morales Delgado, Gabriel García Márquez y Nuestra Señora de Belén a la Corporación Crecer Educados, una entidad privada con sede en Cúcuta.Los contratos, que tendrían vigencia por 12 años, fueron cuestionados por el Sindicato de Educadores de Santander (SES), que advierte un “afán privatizador” y posibles irregularidades en el proceso.La organización asegura que la contratación no cumplió los requisitos establecidos en los decretos que regulan la prestación del servicio educativo, incluida la exigencia de experiencia mínima de 10 años, pese a que la corporación contratada obtuvo reconocimiento jurídico apenas en octubre de 2023.Según el SES, los acuerdos comprometen recursos del Sistema General de Participaciones durante cuatro administraciones municipales, situación que, afirman, podría generar riesgos de sobreendeudamiento y vulnerar principios de moralidad y sostenibilidad fiscal. El sindicato también cuestionó que las comunidades educativas y la Junta Municipal de Educación no fueron informadas previamente sobre la entrega de los colegios.Heriberto Delgado, presidente del SES, aseguró que los contratos “no cumplen con las condiciones que exige la normativa para este tipo de servicio” y que ya interpusieron denuncias ante la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría. Además, informaron que radicaron una acción popular con medida cautelar para solicitar la suspensión de los contratos.Por su parte, Gladys González, directiva del SES en Girón, afirmó que la decisión afecta directamente a los docentes porque la Alcaldía no gestionó la ampliación de la planta de personal, obligación contemplada en los acuerdos laborales y en las normas del Ministerio de Educación.También cuestionó la capacidad técnica del operador privado: “Tiene apenas dos años de experiencia en educación pública; no sabemos con qué respaldo pretende asumir el servicio educativo de Girón”.El sindicato anunció que el 14 de enero la comunidad educativa, junto con el SES, iniciará movilizaciones en las calles del municipio para exigir la suspensión de los contratos y defender la educación pública.
Las centrales obreras y organizaciones sindicales de Santander convocaron para este jueves 19 de febrero un plantón en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán Sarmiento, en el centro de Bucaramanga, como parte del paro nacional en defensa del decreto del salario mínimo expedido por el Gobierno Nacional.La concentración está prevista para las 4:00 de la tarde y contará con la participación de trabajadores de distintos municipios del departamento.Óscar Estupiñán, representante del sindicato de trabajadores del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, explicó que la jornada busca respaldar el decreto del salario mínimo vital y rechazar decisiones judiciales que, según los sindicatos, irían en contravía de los derechos laborales.“Desde las centrales obreras y la clase trabajadora estamos invitando a todos los trabajadores y trabajadoras de Santander a que nos concentremos este jueves 19 de febrero a partir de las cuatro de la tarde en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán, para respaldar el decreto del Gobierno Nacional. Creemos que el salario mínimo vital dignifica al trabajador”, afirmó.Según los organizadores, se espera la llegada de delegaciones desde municipios como Piedecuesta, Girón, Lebrija y Barrancabermeja, con el propósito de concentrar el mayor número de manifestantes en la capital santandereana.Por su parte, Heriberto Delgado, presidente del Sindicato de Educadores de Santander, confirmó que el magisterio también se sumará a la jornada.“Como organización sindical convocamos al magisterio para que salgamos a reclamar por un incremento digno, porque además es un motor económico que mejora la calidad de vida de la clase trabajadora”, señaló.El dirigente anunció que los docentes realizarán anormalidad académica en la jornada de la tarde, a partir de las 3:00 de la tarde, para facilitar la participación en el plantón. Asimismo, indicó que el gremio evalúa la convocatoria de un paro departamental de tres días en el marco de estas movilizaciones.
El Hospital Universitario de Santander (HUS) presentó ante los ministerios de Trabajo y de Salud un proyecto para formalizar laboralmente a 120 trabajadores del área asistencial, que actualmente están contratados a través de cooperativas o empresas intermediarias, como parte del plan de formalización que adelanta la institución para dignificar el empleo público en el sector salud.La iniciativa fue radicada antes del plazo fijado el pasado 6 de febrero, según explicó el gerente del centro asistencial, Ricardo Arturo Hoyos, quien señaló que el hospital cumplió con todas las instrucciones para avanzar en este proceso.“Fue radicado ante el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud el proyecto de formalización de 120 personas. Son empleos totalmente asistenciales, no es personal administrativo”, indicó el directivo.De acuerdo con la gerencia, cerca de 94 de los cargos están dirigidos a auxiliares del área de la salud, entre ellos camilleros, auxiliares de laboratorio y auxiliares de enfermería. El resto corresponde a enfermeras jefes y otros perfiles asistenciales que hacen parte de la operación hospitalaria.El proyecto contempla impactar principalmente los servicios de urgencias, hospitalización y la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), áreas consideradas estratégicas dentro del funcionamiento del hospital y que soportan una alta demanda de pacientes en el departamento.El gerente explicó que el hospital ahora queda a la espera de la aprobación por parte del Gobierno Nacional para avanzar en la vinculación formal de este personal, lo que permitiría mejorar las condiciones laborales y fortalecer la prestación del servicio.Hoyos aseguró que la institución está alineada con los objetivos del plan nacional de formalización laboral en el sector público y reiteró que el propósito es contribuir a la estabilidad de los trabajadores y al fortalecimiento de la red hospitalaria en Santander.El propósito del Hospital Universitario de Santander es formalizar a largo plazo a 1.000 trabajadores, actualmente solo 48 personas están vinculadas directamente con el centro asistencial.
La Procuraduría General de la Nación reiteró su llamado a la transparencia y a la estricta observancia de las normas de participación en política por parte de servidores públicos en Santander, en el marco del actual proceso electoral.En el departamento se destaca el caso del gobernador Juvenal Díaz Mateus, cuyo hermano, Luis Eduardo Díaz Mateus, actual representante a la Cámara por Santander, aspira ahora al Senado por el Partido Conservador Colombiano.Frente a esta situación, la Procuraduría enfatizó que la candidatura debe avanzar con total transparencia y sin ningún tipo de apoyo, intervención o utilización del equipo gubernamental departamental, recordando que la ley prohíbe a los servidores públicos participar en actividades políticas o favorecer campañas desde el ejercicio de sus cargos.En Barrancabermeja también surge un caso que ha generado atención. Se trata de Laura Cristina Ahumada García, esposa del alcalde Jonathan Stivel Vásquez Gómez y candidata al Senado por el Pacto Histórico.Como antecedente, la Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra el mandatario local y lo suspendió provisionalmente por tres meses en octubre de 2025, por presunta participación indebida en política, un hecho que marcó precedente en materia de control electoral en la región.La Procuraduría reiteró que continuará realizando seguimiento preventivo en Santander y en el Magdalena Medio, con el fin de garantizar unas elecciones transparentes y en igualdad de condiciones para todos los candidatos. En escenarios donde existen vínculos familiares directos entre aspirantes y autoridades en funciones, los entes de control suelen intensificar la vigilancia para evitar posibles conflictos de interés o intervenciones indebidas.
La escalada de ataques sicariales en Santander, y en particular en el municipio de San Gil, encendió las alarmas de las autoridades. El pasado 14 de febrero, un nuevo atentado en pleno centro de la localidad dejó tres personas heridas y obligó a reforzar las acciones operativas, ante lo que la Policía ha calificado como una ofensiva criminal coordinada desde centros penitenciarios del país.El coronel Néstor Arévalo, comandante de la Policía de Santander, aseguró que las investigaciones preliminares indican que estos hechos estarían siendo ordenados desde las cárceles.“Sin embargo, quiero informar a la opinión pública que este crimen se está dinamizando desde las cárceles del país; es por eso que en una coordinación que vamos a hacer con el Inpec, en el marco de lo que es el plan dominó, mover a este actor criminal que está dinamizando estos hechos criminales en el municipio”, afirmó el oficial.De acuerdo con el reporte oficial, hombres armados que se movilizaban en motocicletas abrieron fuego contra tres personas en vía pública. Las víctimas, todas mayores de edad y con más de 18 antecedentes judiciales, fueron trasladadas de urgencia al hospital local.Los hechos se suman a una serie de atentados que, según las autoridades, evidencian la presencia de bandas criminales y cabecillas que han comenzado a establecerse en la región, incrementando los niveles de violencia en una zona reconocida por su vocación turística.Habitantes y comerciantes han manifestado su preocupación por la repetición de estos hechos en sectores céntricos, donde también circulan visitantes nacionales y extranjeros.El coronel Arévalo confirmó que los recientes ataques responden a un patrón coordinado y que se activó el denominado “plan dominó” en articulación con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), con el objetivo de identificar y aislar a los internos que estarían ordenando los atentados.“Estamos aplicando el plan dominó con el Inpec para investigar y desarticular estas redes. Pedimos a los ciudadanos que nos entreguen información que nos permita dar con los responsables”, agregó.En San Gil, en los últimos días también se registró el asesinato de Miguel Ángel Suescún Rodríguez, de 32 años, quien estaría vinculado al cartel de los más buscados del Valle de Aburrá. El hombre fue atacado a tiros mientras permanecía en una tienda del municipio.Este homicidio y los recientes intentos de sicariato han incrementado la percepción de inseguridad entre los residentes. Solo en lo corrido del mes, San Gil registra al menos tres intentos de sicariato en barrios como Villa Olímpica y Villa Laura, con saldo de heridos y víctimas mortales.La Policía anunció el fortalecimiento de patrullajes, controles a motocicletas y labores de inteligencia para frenar la ola de violencia que amenaza la tranquilidad de este municipio santandereano.
Una compleja situación se registró en la vía que comunica a Bucaramanga con Rionegro, debido a graves inundaciones provocadas por las fuertes lluvias.El paso permaneció durante varias horas cerrado, luego de que un camión quedara varado en uno de los puntos críticos del corredor vial, generando represamiento de agua y riesgo para los demás conductores. En el norte de la capital santandereana también se reportan múltiples emergencias. Sectores como Vijagual, El Nogal, El Pablón y la vereda San Ignacio presentan vías anegadas y viviendas inundadas, situación que mantiene en alerta a los organismos de socorro.Habitantes de estas zonas han reportado el ingreso de agua a sus viviendas, afectando enseres y generando preocupación ante la continuidad de las precipitaciones."Miren como quedó mi casa. Todo se daño", dijo una mujer afectada por las lluvias en el sector de Vijagual. Campesinos de la zona rural de Bucaramanga reportaron que las lluvias provocaron deslizamientos de tierra y caída de árboles en varios sectores que a esta hora siguen incomunicados.Las lluvias de las últimas semanas han incrementado el nivel de quebradas y drenajes en el área metropolitana, generando emergencias recurrentes por desbordamientos e inundaciones, especialmente en sectores vulnerables del norte de la ciudad.Se espera que en las próximas horas las autoridades locales entreguen un balance oficial de las afectaciones y anuncien medidas para atender a las familias damnificadas y restablecer en su totalidad el tránsito en este importante corredor vial del departamento que une a Bucaramanga con Rionegro y El Playón.
El alcalde de Florían, Néstor Delgado, denunció graves afectaciones ambientales y riesgos para varias comunidades rurales por los trabajos que adelanta un contratista en la vía que comunica a Florián con Jesús María y Puente Nacional, en medio del incremento de las lluvias.Según el mandatario, los movimientos de tierra y el material extraído de la carretera habrían sido depositados muy cerca de la quebrada La Venta, provocando derrumbes que terminaron cayendo al afluente y generando represamientos que ponen en peligro a las familias que viven aguas abajo.“Desafortunadamente, el contratista ha puesto el material muy cerca de la quebrada y todo se ha ido al cauce, generando riesgo para las familias ribereñas”, aseguró Delgado.La situación también amenaza un punto turístico de la región, las Ventanas de Tisquizoque, considerado uno de los atractivos naturales más importantes del departamento.Ante la emergencia, la administración municipal interpuso denuncias ante la Personería, Gestión del Riesgo y la autoridad ambiental Corporación Autónoma Regional de Santander, entidad que realizó visitas técnicas y notificó a la Procuraduría y a la Gobernación para evaluar posibles responsabilidades disciplinarias.El alcalde advirtió que el panorama es crítico: el 50 % de las 32 veredas del municipio presentan afectaciones por deslizamientos y lodo, mientras la vía clave para la conexión comercial y de salud con Bucaramanga y Bogotá registra daños constantes.Además, tres familias ya fueron evacuadas por riesgo inminente y reciben apoyo de arriendo temporal, mientras otras 15 a 20 podrían verse afectadas si se presenta una creciente súbita.“No sabemos si el contratista tiene los permisos para trabajar de esta manera y arrojar escombros cerca de la quebrada, la carga de material está represando el agua y puede provocar una emergencia mayor”, concluyó el mandatario.Las autoridades mantienen monitoreo permanente ante el temor de nuevos deslizamientos por la continuidad de las lluvias.
Cuatro familiares de Kevin Arley Acosta Pico, el niño que falleció tras sufrir un golpe mientras montaba bicicleta, por falta de continuación de su tratamiento, enfrentan hoy la misma enfermedad.La familia denuncia que desde diciembre no reciben el medicamento esencial para controlar el trastorno de coagulación, poniendo en riesgo su salud y su vida.Kevin murió en Bogotá, y sus allegados aseguran que la falta de tratamiento oportuno habría agravado las consecuencias del accidente. Ahora temen que la historia se repita.De acuerdo con los afectados, la Nueva EPS dejó de suministrar el medicamento desde el 2 de diciembre, luego de que la IPS que los atendía informara que ya no tenía contrato vigente.Sergio Torres, primo del menor, de 39 años, explicó que en su caso no recibe la aplicación desde esa fecha. A esto se suma un sobrino de 30 meses cuya última dosis fue el 18 de diciembre, otro niño de 10 años que la recibió el 22 de diciembre y un adulto de 31 años que también quedó sin tratamiento.“Hace más de 20 años recibimos este medicamento sin fallas, ni siquiera en pandemia nos faltó. Es la primera vez que nos dejan desprotegidos”, afirmó la familia, que reside en zona rural.Explican que con el tratamiento pueden llevar una vida normal: correr, trabajar, montar bicicleta o hacer ejercicio. “La hemofilia no es un limitante, pero sin el medicamento no puedo caminar bien, duelen las articulaciones y hasta dormido puedo sufrir hemorragias”, advirtió Torres.Con dolor, aseguran que la muerte de Kevin pudo evitarse. “Si él hubiera tenido el medicamento, los efectos del golpe habrían sido leves”, recalcaron.Frente a esta denuncia, la Gobernación de Santander solicitó acciones urgentes a la Superintendencia Nacional de Salud para garantizar la entrega inmediata de tratamientos a pacientes con enfermedades de alto riesgo en el departamento.
La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al exgobernador de Santander, Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo, por presuntas irregularidades en un millonario contrato para la compra y entrega de juguetes destinados a niños de escasos recursos del departamento.El convenio, suscrito en agosto de 2007, superaba los 650 millones de pesos y, según la investigación, presentó anomalías desde la planeación hasta la ejecución. Para el ente acusador, el exmandatario habría incumplido su deber constitucional de vigilancia, control y seguimiento sobre la contratación pública.De acuerdo con la Fiscalía, en la etapa precontractual se detectaron estudios incompletos, ausencia de un censo poblacional que permitiera identificar cuántos menores serían beneficiados y en qué municipios, además de falta de justificación sobre la necesidad del proyecto.Tampoco se abrió un proceso de licitación pública. En cambio, el contrato fue adjudicado de manera directa a una fundación que, según los investigadores, no tenía la idoneidad ni la capacidad técnica y administrativa para ejecutarlo.Las irregularidades también habrían continuado durante la ejecución. El contratista debía entregar 130.000 juguetes, pero solo suministró 36.000 unidades. A esto se sumó un modificatorio que aumentó el valor de cada juguete de $5.000 a $6.500, lo que, según la Fiscalía, permitió que la fundación se apropiara de alrededor de 416 millones de pesos de recursos públicos.Desde el ente investigador se indicó que estas omisiones permitieron el presunto detrimento patrimonial. “El exmandatario no ejerció los controles necesarios para garantizar el cumplimiento del contrato ni la correcta destinación de los recursos”, señala el expediente.Por estos hechos, una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia acusó a Aguilar Naranjo por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado en favor de terceros.
Las protestas de volqueteros y transportadores contra la empresa KMA, contratista de la concesión Autopista Río Grande, se extendieron a dos nuevos puntos de Santander: los sectores de La Lizama y La Fortuna. Con esta ampliación, ya son cuatro los puntos con presencia de manifestantes en el departamento.Los bloqueos se mantienen en Puerto Araujo, en jurisdicción de Cimitarra, y en el sector La Gómez, en Sabana de Torres. A estos se sumaron en las últimas horas La Lizama y La Fortuna, lo que ha generado afectaciones en la movilidad y preocupación por el tránsito de vehículos particulares, transporte escolar y carga.Ante la situación, la Gobernación de Santander activó un Puesto de Mando Unificado para hacer acompañamiento a la protesta social y servir de puente entre los manifestantes, la Agencia Nacional de Infraestructura y el Ministerio de Transporte.El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, explicó que desde el Gobierno departamental se ha realizado acompañamiento interinstitucional y se convocó el PMU departamental, con articulación de los PMU municipales.“Hay unas peticiones claras que ya están siendo atendidas por la ANI. Hemos solicitado a la comunidad el paso intermitente y el cumplimiento del corredor humanitario extendido, no solo para ambulancias, sino también para niños que requieren desplazarse a sus instituciones educativas, personas con citas médicas y el tránsito de víveres perecederos”, señaló el funcionario.Según Hernández, este lunes 16 de febrero cuando iniciaron las protestas con bloqueos de vías el tráfico estuvo represado, pero las autoridades lograron abrir paso. Las autoridades mantienen diálogo permanente con los líderes del paro para recoger formalmente el pliego de peticiones y definir si se realizará una reunión centralizada o encuentros descentralizados.Las manifestaciones también se registran en departamentos como Boyacá y Cesar, en el marco de reclamos relacionados con la ejecución del proyecto de la Troncal del Magdalena Medio. Los volqueteros solicitan mayor participación laboral y cupos para gremios locales dentro de las obras que adelanta la concesión.La ANI confirmó el desplazamiento de su vicepresidente a una reunión técnica prevista para el próximo jueves 19 de febrero, atendiendo la invitación realizada por distintos sectores sociales.
La Gobernación de Santander solicitó acciones inmediatas a la Superintendencia Nacional de Salud para garantizar la entrega oportuna de medicamentos por parte de las EPS en el departamento, tras el fallecimiento del menor Kevin Arley Acosta Pico, de 7 años.El pronunciamiento oficial se conoció luego de que el niño, cuya familia es oriunda de Santander pero residía desde hace un año en el departamento del Huila, falleciera en medio de un proceso médico que, según sus allegados, estuvo marcado por dificultades en el acceso a tratamientos y medicamentos. Sus exequias se cumplieron en el municipio de Charalá, donde familiares y amigos le dieron el último adiós.A través de la Secretaría de Salud departamental, la administración expresó sus condolencias a la madre del menor, Yudy Katherine Pico, y a sus familiares, y elevó un llamado formal al ente de control para que adopte medidas que obliguen a las Entidades Promotoras de Salud a cumplir con la entrega oportuna de los fármacos requeridos por los pacientes, especialmente aquellos diagnosticados con enfermedades de alto costo.“Situaciones como esta nos obligan a reforzar los mecanismos de seguimiento, articulación y vigilancia, para prevenir que hechos similares se presenten en el departamento y afecten a las familias santandereanas”, señaló la administración departamental en el comunicado.Asimismo, se unió al llamado de la familia de Kevin, que ha pedido celeridad, claridad y justicia frente a lo ocurrido, y manifestó su disposición para brindar acompañamiento integral en este difícil momento.El caso ha generado indignación en distintos sectores sociales y reaviva el debate sobre las fallas estructurales del sistema de salud, particularmente en lo relacionado con la entrega de medicamentos y la atención a menores con patologías complejas. Mientras avanzan las solicitudes ante los organismos de control, la Gobernación insistió en que la memoria del niño debe traducirse en acciones concretas que eviten nuevas tragedias.