A 10 años de prisión fueron condenados Leonardo Jesús Rivera Hidalgo y Alberson Armando Aponte Plaza por su responsabilidad en un ataque armado contra cuatro personas en el barrio Los Comuneros de Bucaramanga.La sentencia se dio luego de que las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación permitieran que los procesados aceptaran su responsabilidad por los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego agravado; receptación agravada y falsedad marcaria.Un juez avaló el preacuerdo suscrito de manera libre y voluntaria por los hoy condenados, quienes estuvieron asesorados por su abogado defensor.De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Seccional Santander, los hechos ocurrieron el 30 de agosto de 2025, cuando cuatro personas salieron de un establecimiento nocturno y se movilizaban en un automóvil por el barrio Los Comuneros. En ese momento, fueron perseguidas y atacadas a disparos por Rivera Hidalgo y Aponte Plaza, quienes se desplazaban en una motocicleta que había sido hurtada.Durante el atentado, uno de los ocupantes del vehículo resultó herido. Las víctimas buscaron refugio en un Comando de Atención Inmediata (CAI), pero el ataque continuó y los agresores se enfrentaron a los uniformados que se encontraban en el lugar.La rápida reacción de la Policía permitió la captura de los responsables, quienes ahora deberán cumplir la pena de 10 años de prisión por estos hechos.
La Alcaldía de Bucaramanga confirmó que al menos 80 familias resultaron damnificadas en las últimas horas debido a las intensas lluvias que se registraron en la zona rural y en el norte de la ciudad. El balance preliminar reporta viviendas afectadas, inundaciones y vías rurales bloqueadas por deslizamientos de tierra.Según informó Didier Rodríguez, coordinador de Gestión del Riesgo de Santander, tras las precipitaciones la Oficina de Gestión del Riesgo del municipio activó el monitoreo en los sectores más vulnerables.“En efecto, luego de las lluvias ocurridas en las últimas horas, la Oficina de Gestión del Riesgo de la Alcaldía Bucaramanga ha hecho el monitoreo en los diferentes sectores de la ciudad, sobre todo en el norte y en los corregimientos, especialmente el corregimiento 1, que tuvo una mayor afectación y puntualmente en la vereda San Ignacio, donde parte de una bancada se vino y bloqueó gran parte de la vía”, explicó el funcionario.Uno de los puntos más críticos se registra en la vereda San Ignacio, del corregimiento 1, donde un deslizamiento provocó el colapso parcial de una bancada, interrumpiendo la movilidad en la zona. Asimismo, en el barrio Gracia de Dios y en el sector de El Nogal se reportaron varias viviendas inundadas.En la vía del sector de Colorado, que comunica con el norte de la ciudad, algunos vehículos quedaron atrapados, debido a las condiciones del terreno tras las lluvias.Las autoridades locales continúan con las labores de inspección técnica para determinar la magnitud de los daños y consolidar el censo oficial de afectados. “Estamos haciendo y continuamos haciendo el monitoreo, disponiendo de un equipo en terreno para realizar las valoraciones, generar los respectivos informes y tratar de hacer la entrega lo más rápido posible de las ayudas humanitarias que corresponden en este tipo de situaciones”, añadió Rodríguez.
La Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, informó que en los últimos tres días se han presentado retrasos en la llegada de productos de la canasta familiar provenientes de la costa Atlántica y Antioquia, debido a los bloqueos generados por la protesta de volqueteros en la Troncal del Magdalena Medio.Según explicó Alfonso Peñalosa, director de operaciones de la central mayorista, aunque se han registrado contratiempos en el ingreso de mercancías, hasta el momento no hay desabastecimiento.“Por el momento es importante informar a la opinión pública que no ha habido desabastecimiento en ningún producto; se han presentado contratiempos en la llegada de los mismos por las manifestaciones que se presentan”, señaló el directivo.Peñalosa indicó que los manifestantes han permitido el paso de camiones en algunos sectores y en horarios nocturnos, especialmente entre las 11:00 de la noches y las 7:00 de la mañana, lo que ha facilitado que los comerciantes puedan acopiar y despachar mercancías en esas franjas.Los mayores retrasos se han presentado en productos provenientes de Antioquia, como tomate de árbol y lulo. También han llegado con demora frutas del sur del país, entre ellas uvas y granadillas, así como mercancía importada que arriba por Puerto de Buenaventura.En el corredor afectado, particularmente en los sectores de Sabana de Torres y La Fortuna, también se han visto impactados alimentos que ingresan por el departamento del Cesar, como el mango tommy, mango de azúcar y la yuca.A esta situación se suman las lluvias que han afectado distintos puntos de Santander, especialmente en la zona del Magdalena Medio y el sur del departamento, lo que complica aún más la movilidad de carga.Desde Centroabastos advirtieron que, aunque el abastecimiento está garantizado, los sobrecostos logísticos derivados de los retrasos podrían generar incrementos en los precios de algunos alimentos si la situación persiste en los próximos días.
La Universidad Industrial de Santander avanzará en la apertura de una sede en el departamento de Arauca, tras el encuentro sostenido en Bucaramanga entre el gobernador Renson Martínez, el rector Hernán Porras Díaz y el Consejo Académico de la institución.La reunión tuvo como propósito fortalecer el diálogo institucional y articular la capacidad científica y tecnológica de la UIS con las necesidades sociales y productivas de Arauca.“Es la falta de acceso a la educación superior la que causa atraso en el departamento de Arauca. Tener una educación de mejor calidad hará que las instituciones mejoren. En Arauca tenemos un alto déficit de profesionales, por eso quedamos en deuda con las potencialidades reales que tiene el territorio”, afirmó el gobernador Renson Martínez, al destacar la importancia de la llegada de la universidad al departamento.Por su parte, el rector Hernán Porras Díaz subrayó el compromiso social de la institución con el desarrollo regional. “Tenemos un compromiso social con el país; en la medida que se desarrolle el país, nos va bien a todos y Arauca tiene muchas potencialidades. Nos sentimos aliados estratégicos y por eso nuestra idea como UIS no es solo formar a la gente joven sino generar espacios para todos”, expresó.La apertura de una sede de la UIS en Arauca representa un paso significativo para ampliar la cobertura en educación superior en la Orinoquía colombiana, una región que históricamente ha enfrentado limitaciones en acceso a formación profesional y tecnológica.Con esta iniciativa, se busca no solo formar talento humano local, sino también impulsar proyectos de investigación, innovación y transferencia tecnológica que fortalezcan sectores estratégicos del departamento y contribuyan al desarrollo sostenible del territorio.
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, le pidió a la Corte Constitucional declarar inconstitucional el Decreto 1390 de 2025, mediante el cual el Gobierno declaró el estado de emergencia económica y social en todo el país.No obstante, solicitó que la Corte “declare la inconstitucionalidad del Decreto 1390 de 2025, modulando sus efectos para que sean diferidos únicamente en lo que respecta a la vigencia de las medidas destinadas a conjurar la crisis en el sector salud”.En un documento enviado al magistrado Carlos Camargo Assis, la defensora examinó tres de las causas que el Gobierno presentó como fundamento de la emergencia: el cumplimiento de órdenes judiciales relacionadas con la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y la financiación del sistema de salud; el deterioro de la seguridad territorial y los riesgos para líderes sociales, defensores de derechos humanos y candidatos electorales; y el atraso en el pago de indemnizaciones a víctimas del conflicto armado.Crisis en salud y financiación de la UPCEn materia de salud, la Defensoría recuerda que desde 2016 se estableció como estándar mínimo que la UPC del régimen subsidiado no sea inferior al 95 % de la del régimen contributivo. La persistencia en los incumplimientos ha generado incluso incidentes de desacato.Según cifras recopiladas por la entidad, en 2025 la Adres destinó $88,4 billones a la UPC, lo que representa el 88 % de los recursos del sistema. Para 2026 se proyectan $101 billones, un incremento del 14,3 %.“No obstante, las EPS reportaron una siniestralidad del 109,5 %, que implicó un déficit presupuestal estimado de $5,95 billones, sin incluir los $5,2 billones adicionales correspondientes a gastos administrativos”, señala el documento.La Defensoría advierte que “la evidencia disponible indica que el ajuste proyectado de la UPC para 2026 corrige solo parcialmente el problema, pues subsisten déficits estructurales acumulados de vigencias anteriores. De hecho, el requerimiento fiscal de 3,3 billones que indica el Gobierno en el Decreto 1390 puede incrementarse si se consideran las deudas acumuladas del sistema, estimadas entre $10 y $30 billones, respecto de las cuales no existe consenso”.La entidad también señala que el desfinanciamiento ha impactado directamente el acceso a medicamentos y servicios. “En definitiva, el panorama descrito permite concluir que la desfinanciación de la UPC configura una situación de gravedad e inminencia que exige una respuesta urgente del Estado orientada a asegurar la búsqueda de fuentes adicionales de recursos que facilite la estabilidad de los pagos en la cadena de atención y la protección efectiva de las personas, especialmente las más vulnerables”.Las cifras respaldan esa advertencia. Las quejas por fallas en la prestación del servicio aumentaron 78 % entre 2023 y 2025. Solo en 2025 se registraron más de 46.000 reclamaciones. También crecieron las tutelas y los reclamos ante la Superintendencia de Salud, con cerca de 685.000 quejas por medicamentos. Además, el gasto de bolsillo de los hogares alcanzó su nivel más alto en años, llegando en algunos departamentos hasta el 30 % de los ingresos familiares.Sin embargo, pese a reconocer la gravedad de la situación, la Defensoría argumentó que “ninguna de estas causas cumple el presupuesto fáctico de sobreviniencia” y que el Gobierno “no demostró la insuficiencia de los mecanismos ordinarios”, entre ellos la “reasignación del presupuesto flexible” y las “operaciones de crédito público”.Seguridad y orden públicoEl segundo argumento del Gobierno fue el deterioro del orden público, los ataques con drones en departamentos como Cauca, Cesar y Norte de Santander, y el aumento del riesgo para líderes sociales y candidatos en el contexto electoral.La Defensoría señala que solo en 2025 se documentaron 177 homicidios de personas defensoras de derechos humanos. También aumentaron las amenazas contra actores políticos.Sin embargo, la entidad sostiene que la violencia contra líderes sociales ha sido advertida durante años a través del Sistema de Alertas Tempranas. Incluso el uso de drones con explosivos ya había sido documentado antes de la declaratoria de emergencia.“Si bien los riesgos para la población líder y defensora de derechos humanos, así como para los y las candidatas son graves, el Decreto no identifica un riesgo efectivo capaz de materializarse en un daño concreto e inminente”.Además, recuerda que el Congreso ya había aprobado aumentos presupuestales para el sector defensa y para la Unidad Nacional de Protección.Reparación a víctimasEl tercer punto analizado fue el atraso en el pago de indemnizaciones a víctimas del desplazamiento forzado.Según el documento, “el gobierno había pagado indemnizaciones a un total de 1.769.413 víctimas”, cifra que “corresponde únicamente al 19% de las 9.226.775 personas susceptibles de recibir la medida”.Pero la Defensoría insiste en que tampoco se trata de un problema reciente. Desde la expedición de la Ley de Víctimas en 2011 se advertía que la financiación sería insuficiente frente al universo real de afectados.“En 2022, la entonces directora de la Unidad para las Víctimas indicó que, de no adoptar medidas adicionales, tardaríamos más de 60 años en reparar a todas las víctimas registradas hasta ese momento.32 Esto evidencia que el problema de los pagos atrasados por concepto de reparación no es nuevo y que obedece a un problema estructural advertido por el gobierno desde tiempo atrás”.Inconstitucionalidad con efectos diferidosCon base en todo este análisis, la Defensoría concluye que el Decreto es inconstitucional porque no se cumplieron los requisitos para declarar un estado de excepción.No obstante, hace una precisión clave sobre la salud. Advierte que “la falta de liquidez financiera en el sistema de salud demanda medidas inmediatas y certeras para conjurar el progresivo agravamiento de los problemas de acceso equitativo a medicamentos, tratamientos y procedimientos incluidos en el PBS”. Y agrega que “ante la duda, la solución debe contemplar todas las medidas posibles para conjurar la extensión de la crisis”.Por eso insiste en que la Corte declare la inconstitucionalidad, pero con efectos diferidos en lo relacionado con las medidas tributarias.“Declarar la inconstitucionalidad del Decreto 1390 de 2025, modulando sus efectos para que sean diferidos únicamente en lo que respecta a la vigencia de las medidas destinadas a conjurar la crisis en el sector salud”, y “preservar las medidas tributarias adoptadas en el Decreto 1474 de 2025 por el término de la vigencia fiscal de 2026”, con destinación específica al sistema de salud.También pide que la Procuraduría, la Contraloría y la Sala Especial de Seguimiento ejerzan vigilancia estricta sobre esos recursos, y exhorta al Gobierno y al Congreso a tramitar una ley de financiamiento que estabilice estructuralmente el sistema.
Luego de meses de inteligencia, en 2016 las autoridades dieron un golpe contra el crimen en Bogotá que quedó para la historia: el megaoperativo en el Bronx, en el corazón de la capital. Un sector que por años operó como el mayor centro de microtráfico y diversos actos ilícitos en la zona con casos confirmados de tortura, violación, entre otros.Allí existió ‘Pepe’, un cocodrilo que fue la mascota de la zona en donde, supuestamente, le echaban personas vivas para que se alimentara, en especial aquellos que no pagan la ‘vacuna’ (cuota) de los líderes de las bandas que operaban en la zona.Un especial de Los Informantes, de Caracol Televisión, entró a las entrañas de las historias y, allí, descubrieron una carta aterradora de un hombre que pidió a gritos que lo ayudaran a salvarse, algo que, probablemente, no terminó sucediendo.“Por favor sáquenme con vida de aquí. Me quieren hacer daño a mí y a mi mujer (…) Ojo, tendido en el piso. Hay personas delicadas arriba y piensan que yo soy sapo”, fueron las palabras que se encontraron en la carta, incluso, con sospechas de que podría ser un de menor de edad que habría estado secuestrado por las bandas de la zona.Y es que por toda esta zona operaron bandas muy fuertes que, prácticamente, controlaban el crimen organizado en toda la ciudad en este momento y quienes incumplían llegaban a este sector para “pagar” lo que “quedaba pendiente”. Una de las personas que se infiltró en la zona, contó en Los Informante aseguró que “eran más respetados que el presidente” y se hacía todo lo que ellos decían.Los mayores afectados en la zona eran menores de edad que fueron objeto de abusos, tortura y demás. Si bien operaba principalmente el microtráfico, se usó para el control organizado en donde se daba espacio a la prostitución, asesinatos y demás, incluso, algunos de los implicados, según autoridades, fueron las barras bravas que tenían como tarea llevar a las personas para cumplirle a los líderes y cada uno con espacios personalizados.
Camuflado en un costal era transportado un cilindro cargado con explosivos por cuatro hombres que se movilizaban en dos motocicletas por el kilómetro 6 de la vía que comunica al municipio de La Plata con el departamento del Cauca.La operación militar, adelantada por tropas del Batallón de Infantería Liviana N.° 26 Cacique Pigoanza, de la Novena Brigada, en conjunto con el Grupo de Caballería Liviano N.° 11, permitió evitar que se repitieran las dolorosas imágenes vividas en esta población el 17 de abril de 2025, cuando una motocicleta cargada con explosivos detonó, dejando dos personas muertas y 30 más heridas.La neutralización de la acción terrorista se dio gracias a la información oportuna de la Red de Participación Ciudadana. De manera inmediata, las unidades desplegaron un reconocimiento de ruta en el sector.Fue así como, al notar la presencia de los soldados, los individuos emprendieron la huida y abandonaron en el lugar un cilindro bomba.“En el kilómetro 6 vía Inzá, la Red de Participación Ciudadana nos informa de uno hombres circulando por la vía con unos bultos, que posiblemente contenían un material extraño. Al nosotros localizarlos, estos sujetos abandonan el sitio y abandonan sobre el lugar un costal", confirmó el brigadier general César Augusto Suárez Giraldo, comandante Novena Brigada.Siguiendo los protocolos de seguridad, se realizó el acordonamiento del área y se activó el equipo de Explosivos y Demoliciones (EXDE) Delta, de la Novena Brigada. El trabajo técnico, con el apoyo del canino SOK, permitió confirmar la presencia de material explosivo y garantizar una intervención segura.Posteriormente, el artefacto fue destruido de manera controlada, sin afectar a la población civil ni la infraestructura vial.“Se realizo un procedimiento con nuestro grupo EXDE y se logra determinar que hay un artefacto explosivo tipo cilindro. El EXDE Delta logran neutralizar el artefacto explosivo, lo destruye y de esta manera protegemos a la población civil de una posible acción terrorista de estos actores criminales”. Puntualizo el comandante de la Novena Brigada del Ejército.Como medida preventiva, el tránsito vehicular estuvo suspendido mientras se desarrollaban las labores y fue restablecido una vez culminó la operación.
Un bebé recién nacido fue encontrado con vida luego de haber sido abandonado dentro de una bolsa de basura en el barrio Obando, en el municipio de El Rosal, en la mañana de este 17 de febrero.De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca, la alerta inicial se produjo cuando vecinos del sector llamaron a los organismos de emergencia al creer que se trataba de un animal atrapado en una bolsa que estaba en el tejado de una vivienda.Fueron los mismos vecinos del sector de este municipio, al noroccidente de Bogotá, quienes, usando escaleras, subieron al techo de la casa y rescataron la bolsa. Al abrirla encontraron un bebé recién nacido que había sido abandonado. “Al llegar al lugar, ya la comunidad se había subido al techo de la casa; había un bebé que tenía pocas horas de nacido”, relató el sargento Rubén Masmela, comandante de Bomberos de El Rosal.Los habitantes del sector actuaron de inmediato y trasladaron al menor al Centro de Salud El Rosal, desde donde fue remitido al Hospital San Rafael de Facatativá, donde permanece bajo observación médica. “El bebé es masculino y el Centro de Salud de El Rosal lo llevó al Hospital San Rafael de Facatativá; al niño lo tienen en la unidad de neonatos”, explicó Masmela, quien además aclaró que por ahora la información detallada de este caso es escasa.Al momento del hallazgo, la bolsa en la que fue abandonado aún presentaba rastros de sangre, lo que refuerza la hipótesis de que el nacimiento se habría producido pocas horas antes.
Una decisión de la Sala Tercera Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó al Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Colombia permitir que José Ismael Peña Reyes asuma como rector para el período 2024-2027 y dio un plazo de 48 horas para cumplir la decisión, al concluir que se vulneró su derecho a ejercer el cargo para el que fue elegido.La determinación se tomó dentro de una acción de tutela en la que el tribunal revisó la controversia sobre la rectoría de la universidad. En primera instancia, un juzgado laboral de Bogotá había negado el amparo, pero esa decisión fue revocada por el tribunal. Según la sentencia, la elección de Peña Reyes realizada en marzo de 2024 sigue vigente porque no ha sido anulada por un juez. Por eso, impedirle posesionarse equivale a desconocer un acto oficial que aún tiene efectos legales y afecta su derecho a desempeñar funciones públicas.En su análisis, los magistrados señalaron que, aunque las universidades públicas tienen autonomía para organizarse, esa facultad no permite ignorar decisiones administrativas válidas. El fallo enfatiza que la institución debe respetar la elección mientras no exista una orden judicial que diga lo contrario y que la protección de los derechos fundamentales exige una solución inmediata.Con esta orden, el Consejo Superior Universitario deberá adoptar en dos días las medidas necesarias para hacer efectiva la posesión del rector. Si la decisión no se cumple, podrían iniciarse sanciones por desacato contra los funcionarios responsables. El expediente será remitido a la Corte Constitucional de Colombia para su eventual revisión, y al tratarse de un fallo de segunda instancia en tutela, no admite nuevas impugnaciones.
Crece la polémica en Girón, Santander, tras la firma de tres contratos, por más de $192.000 millones, mediante los cuales la Administración Municipal entregó la operación de los megacolegios Mario Morales Delgado, Gabriel García Márquez y Nuestra Señora de Belén a la Corporación Crecer Educados, una entidad privada con sede en Cúcuta.Los contratos, que tendrían vigencia por 12 años, fueron cuestionados por el Sindicato de Educadores de Santander (SES), que advierte un “afán privatizador” y posibles irregularidades en el proceso.La organización asegura que la contratación no cumplió los requisitos establecidos en los decretos que regulan la prestación del servicio educativo, incluida la exigencia de experiencia mínima de 10 años, pese a que la corporación contratada obtuvo reconocimiento jurídico apenas en octubre de 2023.Según el SES, los acuerdos comprometen recursos del Sistema General de Participaciones durante cuatro administraciones municipales, situación que, afirman, podría generar riesgos de sobreendeudamiento y vulnerar principios de moralidad y sostenibilidad fiscal. El sindicato también cuestionó que las comunidades educativas y la Junta Municipal de Educación no fueron informadas previamente sobre la entrega de los colegios.Heriberto Delgado, presidente del SES, aseguró que los contratos “no cumplen con las condiciones que exige la normativa para este tipo de servicio” y que ya interpusieron denuncias ante la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría. Además, informaron que radicaron una acción popular con medida cautelar para solicitar la suspensión de los contratos.Por su parte, Gladys González, directiva del SES en Girón, afirmó que la decisión afecta directamente a los docentes porque la Alcaldía no gestionó la ampliación de la planta de personal, obligación contemplada en los acuerdos laborales y en las normas del Ministerio de Educación.También cuestionó la capacidad técnica del operador privado: “Tiene apenas dos años de experiencia en educación pública; no sabemos con qué respaldo pretende asumir el servicio educativo de Girón”.El sindicato anunció que el 14 de enero la comunidad educativa, junto con el SES, iniciará movilizaciones en las calles del municipio para exigir la suspensión de los contratos y defender la educación pública.
Un fuerte sismo de magnitud 5,8 sacudió en la madrugada de este miércoles al municipio de Los Santos, en Santander, y se sintió en buena parte del territorio nacional. Según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el evento tuvo una profundidad de 150 kilómetros, una característica que, aunque reduce la probabilidad de daños en superficie, amplifica el alcance de la vibración en amplias zonas del país.Fredy Tovar, sismólogo del SGC, explicó que la entidad ha recibido más de 4.000 reportes de ciudadanos que percibieron el temblor en 482 municipios, especialmente en Cundinamarca, Santander, Antioquia y Bogotá.“Le recordamos a la comunidad que la región de la Mesa de los Santos es una de las zonas sísmicas más activas del planeta. Aquí encontramos lo que denominamos un nido sísmico, que libera energía sísmica todos los días. Por eso sentimos temblores con frecuencia en esta región”, señaló.¿Por qué tiembla tanto en Los Santos?El área donde se originó este nuevo sismo corresponde al Nido Sísmico de Bucaramanga, una anomalía geológica reconocida internacionalmente por su intensa actividad. Allí, a más de 150 kilómetros bajo tierra, se producen cientos de microeventos sísmicos diarios asociados al choque, deformación y acomodación de varias placas tectónicas que interactúan en el norte de los Andes.A diferencia de otras zonas sísmicas del mundo donde los eventos superficiales suelen generar daños estructurales, los sismos profundos como el registrado hoy liberan energía de manera esférica, permitiendo que las ondas sísmicas viajen grandes distancias sin disiparse por completo.“Este sismo del día de hoy, de 150 kilómetros de profundidad, tiene como particularidad que por lo general no presentan daños en superficie, pero sí son ampliamente sentidos a lo largo de todo el territorio colombiano. Esto ocurre porque la energía liberada se proyecta en todas las direcciones y no alcanza a disiparse a lo largo de toda su trayectoria hasta llegar a la superficie”, explicó Tovar.Sin reportes de daños, pero con fuerte percepciónHasta el momento, las autoridades locales y organismos de socorro no han reportado afectaciones materiales ni personas lesionadas. Sin embargo, en ciudades como Bucaramanga, Bogotá y Medellín miles de ciudadanos fueron despertados por el movimiento telúrico que, aunque breve, fue descrito como intenso.El SGC recordó que la actividad sísmica en Los Santos es constante y natural, y reiteró la importancia de que la población mantenga medidas de preparación, identifique puntos seguros y atienda siempre las recomendaciones de los organismos de gestión del riesgo.
Un sismo de magnitud 5,8 con epicentro en Los Santos, Santander, sacudió al oriente del país en la madrugada de este miércoles. El movimiento telúrico ocurrió a las 3:27 a.m., a una profundidad de 150 kilómetros, y aunque su origen fue intermedio, generó un amplio alcance y despertó a miles de ciudadanos en Bucaramanga, el área metropolitana y otras regiones del país, incluida Bogotá.El temblor se sintió con fuerza en zonas residenciales, donde muchos habitantes relataron momentos de angustia.“Eran las 3 y 28 de la mañana cuando se sintió un sismo muy terrible, muy fuerte y se temblaban mucho las ventanas. Siempre se siente un pánico muy terrible, eso se siente que uno quiere salir corriendo”, contó Cecilia Pilonieta, habitante de Bucaramanga en diálogo con este medio.Otro ciudadano aseguró que el movimiento telúrico lo tomó completamente desprevenido mientras dormía.“Creo que ha sido uno de los temblores más fuertes que he sentido en mi vida. Acá en el edificio incluso se produjo el sonido de los sismos, cosa que obviamente asusta mucho más en medio de ese momento de pánico”, relató Arley Sánchez, habitante de Bucaramanga.En edificios de gran altura el susto fue aún mayor. Un residente de un conjunto en un piso 19 describió la sensación como una escena de intensa inestabilidad.“Mi santo, que tengo detrás del apartamento, y la puerta empezaron a sonar muy duro. Sentí que la cama daba vueltas y todo se movió, y no paraba. Ahí comencé a pensar en que tenía que evacuar. Fue muy duro, me asustó mucho y preocupante que este tipo de temblor se haya sentido en lugares como Bogotá”, dijo.Las autoridades locales reportaron que, hasta el momento, no se han registrado afectaciones graves ni emergencias mayores, pero recomendaron mantener la calma ante posibles réplicas y revisar el estado de viviendas y edificaciones.El área de influencia de Los Santos continúa siendo uno de los puntos de mayor actividad sísmica en Colombia, por lo que expertos reiteran la importancia de fortalecer los planes de evacuación y las medidas de autoprotección en hogares y lugares de trabajo.
Belisario Peñaranda de 82 años de edad recobró la libertad en las últimas horas. Su caso de secuestro se presentó cuando hombres armados lo interceptaron en zona rural del municipio de Sardinata, en Norte de Santander.El caso ocurrió el pasado 5 de octubre y desde entonces nada se sabía de su paradero. Tan solo, hace algunos días, quienes lo tenían en su poder enviaron un vídeo como prueba de supervivencia y apareció cabizbajo, triste y afligido pidiendo a sus hijos que no lo dejaran morir en cautiverio.Belisario, tras su llegada a la libertad, fue recibido por familiares y actualmente está recibiendo atención medica en el hospital Emiro Quintero Cañizares de Ocaña. Las autoridades acompañan este proceso.En la zona en donde fue secuestrado, operan grupos como el ELN, las disidencias de las FARC y un reducto de Los Pelusos. Son ellos quienes continúan en la práctica de este flagelo que azota a comerciantes, educadores, ganaderos y transportadores en una región como el Catatumbo, históricamente marcada por el conflicto armado.Es claro mencionar que en esta región de Norte de Santander, los hechos de secuestro han aumentado desde el pasado 16 de enero cuando comenzó una disputa territorial entre las Disidencias de las FARC y la guerrilla del ELN.
El Juzgado 3 Penal Municipal de Bucaramanga impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra los cinco capturados por el violento asalto a una joyería en el centro comercial Cabecera Cuarta Etapa, ocurrido el pasado 29 de diciembre. Los procesados dos mujeres de 27 años y tres hombres son señalados de integrar la estructura criminal que ejecutó el robo y que dejó como saldo la muerte de Víctor Manuel Martínez Suárez, alias 'El Viejo', presunto líder del grupo delincuencial.Durante la audiencia, la Fiscalía presentó la identificación de los implicadosEsta es la identidad de los ladrones de joyería en BucaramangaAdrianis Esther González Garavito, 27 años, de Barranquilla. Tiene antecedente por porte ilegal de armas; es madre de tres hijos, entre ellos una bebé de dos meses. Su abogado sostiene que ella no era campanera y que solo vino a Bucaramanga a comprar zapatos para su mamá.Antonio José Felipe Lanchez, 50 años, de Puebloviejo (Magdalena), vendedor de pescado, sin antecedentes.Karina Michellys Criado Pumarejo, 27 años, de Valledupar, con anotación por porte ilegal de armas.Jhony José Rodríguez Castillo, 27 años, venezolano, herido por un impacto de bala en un hombro.Orlando José Cabrera Méndez, 54 años, de Barranquilla, herido en el antebrazo.Esto determinó la FiscalíaEn declaración leída en la audiencia, contó que viajó con alias 'El Viejo', que se alojaron en una bodega y que visitaron la joyería días antes del robo para observar su distribución.El fallecido Víctor Manuel Martínez Suárez, alias 'El Viejo', de 73 años, fue señalado como uno de los coordinadores del ingreso armado al centro comercial.En la diligencia, el juez leyó la declaración de Cabrera Méndez, quien aseguró que todos los capturados hacen parte de la misma banda. Relató que llegaron juntos desde el 19 y 20 de noviembre, se reunieron con alias 'El Viejo' y realizaron rondas en inmediaciones del centro comercial antes de cometer el hurto.El fiscal Óscar Julián Moreno señaló que la defensa intenta desligar a algunos capturados argumentando que no estaban dentro de la joyería. Sin embargo, afirmó que hay trazabilidad en video, donde se observa al grupo llegando junto desde una discoteca y caminando cerca de la joyería días antes del robo.Añadió que la Policía realizó seguimientos desde horas de la mañana del día del asalto y que todos los implicados tuvieron roles dentro de la estructura algunos ingresaron armados, mientras que otros se ubicaron afuera como campaneros.Los delitos a los que se enfrentan son Hurto calificado y agravado, homicidio agravado, Coautoría, Fabricación, tráfico o porte de armas de fuego.El juez concluyó que se trató de una acción organizada con participación plural, constituyendo peligro para la comunidad. Aunque las defensas de algunos detenidos pedían casa por cárcel o medidas menos severas, el despacho determinó que la gravedad de los hechos exigía medida de aseguramiento intramural para los cinco capturados.
Las centrales obreras y organizaciones sindicales de Santander convocaron para este jueves 19 de febrero un plantón en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán Sarmiento, en el centro de Bucaramanga, como parte del paro nacional en defensa del decreto del salario mínimo expedido por el Gobierno Nacional.La concentración está prevista para las 4:00 de la tarde y contará con la participación de trabajadores de distintos municipios del departamento.Óscar Estupiñán, representante del sindicato de trabajadores del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, explicó que la jornada busca respaldar el decreto del salario mínimo vital y rechazar decisiones judiciales que, según los sindicatos, irían en contravía de los derechos laborales.“Desde las centrales obreras y la clase trabajadora estamos invitando a todos los trabajadores y trabajadoras de Santander a que nos concentremos este jueves 19 de febrero a partir de las cuatro de la tarde en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán, para respaldar el decreto del Gobierno Nacional. Creemos que el salario mínimo vital dignifica al trabajador”, afirmó.Según los organizadores, se espera la llegada de delegaciones desde municipios como Piedecuesta, Girón, Lebrija y Barrancabermeja, con el propósito de concentrar el mayor número de manifestantes en la capital santandereana.Por su parte, Heriberto Delgado, presidente del Sindicato de Educadores de Santander, confirmó que el magisterio también se sumará a la jornada.“Como organización sindical convocamos al magisterio para que salgamos a reclamar por un incremento digno, porque además es un motor económico que mejora la calidad de vida de la clase trabajadora”, señaló.El dirigente anunció que los docentes realizarán anormalidad académica en la jornada de la tarde, a partir de las 3:00 de la tarde, para facilitar la participación en el plantón. Asimismo, indicó que el gremio evalúa la convocatoria de un paro departamental de tres días en el marco de estas movilizaciones.
El Hospital Universitario de Santander (HUS) presentó ante los ministerios de Trabajo y de Salud un proyecto para formalizar laboralmente a 120 trabajadores del área asistencial, que actualmente están contratados a través de cooperativas o empresas intermediarias, como parte del plan de formalización que adelanta la institución para dignificar el empleo público en el sector salud.La iniciativa fue radicada antes del plazo fijado el pasado 6 de febrero, según explicó el gerente del centro asistencial, Ricardo Arturo Hoyos, quien señaló que el hospital cumplió con todas las instrucciones para avanzar en este proceso.“Fue radicado ante el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud el proyecto de formalización de 120 personas. Son empleos totalmente asistenciales, no es personal administrativo”, indicó el directivo.De acuerdo con la gerencia, cerca de 94 de los cargos están dirigidos a auxiliares del área de la salud, entre ellos camilleros, auxiliares de laboratorio y auxiliares de enfermería. El resto corresponde a enfermeras jefes y otros perfiles asistenciales que hacen parte de la operación hospitalaria.El proyecto contempla impactar principalmente los servicios de urgencias, hospitalización y la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), áreas consideradas estratégicas dentro del funcionamiento del hospital y que soportan una alta demanda de pacientes en el departamento.El gerente explicó que el hospital ahora queda a la espera de la aprobación por parte del Gobierno Nacional para avanzar en la vinculación formal de este personal, lo que permitiría mejorar las condiciones laborales y fortalecer la prestación del servicio.Hoyos aseguró que la institución está alineada con los objetivos del plan nacional de formalización laboral en el sector público y reiteró que el propósito es contribuir a la estabilidad de los trabajadores y al fortalecimiento de la red hospitalaria en Santander.El propósito del Hospital Universitario de Santander es formalizar a largo plazo a 1.000 trabajadores, actualmente solo 48 personas están vinculadas directamente con el centro asistencial.
La Procuraduría General de la Nación reiteró su llamado a la transparencia y a la estricta observancia de las normas de participación en política por parte de servidores públicos en Santander, en el marco del actual proceso electoral.En el departamento se destaca el caso del gobernador Juvenal Díaz Mateus, cuyo hermano, Luis Eduardo Díaz Mateus, actual representante a la Cámara por Santander, aspira ahora al Senado por el Partido Conservador Colombiano.Frente a esta situación, la Procuraduría enfatizó que la candidatura debe avanzar con total transparencia y sin ningún tipo de apoyo, intervención o utilización del equipo gubernamental departamental, recordando que la ley prohíbe a los servidores públicos participar en actividades políticas o favorecer campañas desde el ejercicio de sus cargos.En Barrancabermeja también surge un caso que ha generado atención. Se trata de Laura Cristina Ahumada García, esposa del alcalde Jonathan Stivel Vásquez Gómez y candidata al Senado por el Pacto Histórico.Como antecedente, la Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra el mandatario local y lo suspendió provisionalmente por tres meses en octubre de 2025, por presunta participación indebida en política, un hecho que marcó precedente en materia de control electoral en la región.La Procuraduría reiteró que continuará realizando seguimiento preventivo en Santander y en el Magdalena Medio, con el fin de garantizar unas elecciones transparentes y en igualdad de condiciones para todos los candidatos. En escenarios donde existen vínculos familiares directos entre aspirantes y autoridades en funciones, los entes de control suelen intensificar la vigilancia para evitar posibles conflictos de interés o intervenciones indebidas.
La escalada de ataques sicariales en Santander, y en particular en el municipio de San Gil, encendió las alarmas de las autoridades. El pasado 14 de febrero, un nuevo atentado en pleno centro de la localidad dejó tres personas heridas y obligó a reforzar las acciones operativas, ante lo que la Policía ha calificado como una ofensiva criminal coordinada desde centros penitenciarios del país.El coronel Néstor Arévalo, comandante de la Policía de Santander, aseguró que las investigaciones preliminares indican que estos hechos estarían siendo ordenados desde las cárceles.“Sin embargo, quiero informar a la opinión pública que este crimen se está dinamizando desde las cárceles del país; es por eso que en una coordinación que vamos a hacer con el Inpec, en el marco de lo que es el plan dominó, mover a este actor criminal que está dinamizando estos hechos criminales en el municipio”, afirmó el oficial.De acuerdo con el reporte oficial, hombres armados que se movilizaban en motocicletas abrieron fuego contra tres personas en vía pública. Las víctimas, todas mayores de edad y con más de 18 antecedentes judiciales, fueron trasladadas de urgencia al hospital local.Los hechos se suman a una serie de atentados que, según las autoridades, evidencian la presencia de bandas criminales y cabecillas que han comenzado a establecerse en la región, incrementando los niveles de violencia en una zona reconocida por su vocación turística.Habitantes y comerciantes han manifestado su preocupación por la repetición de estos hechos en sectores céntricos, donde también circulan visitantes nacionales y extranjeros.El coronel Arévalo confirmó que los recientes ataques responden a un patrón coordinado y que se activó el denominado “plan dominó” en articulación con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), con el objetivo de identificar y aislar a los internos que estarían ordenando los atentados.“Estamos aplicando el plan dominó con el Inpec para investigar y desarticular estas redes. Pedimos a los ciudadanos que nos entreguen información que nos permita dar con los responsables”, agregó.En San Gil, en los últimos días también se registró el asesinato de Miguel Ángel Suescún Rodríguez, de 32 años, quien estaría vinculado al cartel de los más buscados del Valle de Aburrá. El hombre fue atacado a tiros mientras permanecía en una tienda del municipio.Este homicidio y los recientes intentos de sicariato han incrementado la percepción de inseguridad entre los residentes. Solo en lo corrido del mes, San Gil registra al menos tres intentos de sicariato en barrios como Villa Olímpica y Villa Laura, con saldo de heridos y víctimas mortales.La Policía anunció el fortalecimiento de patrullajes, controles a motocicletas y labores de inteligencia para frenar la ola de violencia que amenaza la tranquilidad de este municipio santandereano.
Una compleja situación se registró en la vía que comunica a Bucaramanga con Rionegro, debido a graves inundaciones provocadas por las fuertes lluvias.El paso permaneció durante varias horas cerrado, luego de que un camión quedara varado en uno de los puntos críticos del corredor vial, generando represamiento de agua y riesgo para los demás conductores. En el norte de la capital santandereana también se reportan múltiples emergencias. Sectores como Vijagual, El Nogal, El Pablón y la vereda San Ignacio presentan vías anegadas y viviendas inundadas, situación que mantiene en alerta a los organismos de socorro.Habitantes de estas zonas han reportado el ingreso de agua a sus viviendas, afectando enseres y generando preocupación ante la continuidad de las precipitaciones."Miren como quedó mi casa. Todo se daño", dijo una mujer afectada por las lluvias en el sector de Vijagual. Campesinos de la zona rural de Bucaramanga reportaron que las lluvias provocaron deslizamientos de tierra y caída de árboles en varios sectores que a esta hora siguen incomunicados.Las lluvias de las últimas semanas han incrementado el nivel de quebradas y drenajes en el área metropolitana, generando emergencias recurrentes por desbordamientos e inundaciones, especialmente en sectores vulnerables del norte de la ciudad.Se espera que en las próximas horas las autoridades locales entreguen un balance oficial de las afectaciones y anuncien medidas para atender a las familias damnificadas y restablecer en su totalidad el tránsito en este importante corredor vial del departamento que une a Bucaramanga con Rionegro y El Playón.
El alcalde de Florían, Néstor Delgado, denunció graves afectaciones ambientales y riesgos para varias comunidades rurales por los trabajos que adelanta un contratista en la vía que comunica a Florián con Jesús María y Puente Nacional, en medio del incremento de las lluvias.Según el mandatario, los movimientos de tierra y el material extraído de la carretera habrían sido depositados muy cerca de la quebrada La Venta, provocando derrumbes que terminaron cayendo al afluente y generando represamientos que ponen en peligro a las familias que viven aguas abajo.“Desafortunadamente, el contratista ha puesto el material muy cerca de la quebrada y todo se ha ido al cauce, generando riesgo para las familias ribereñas”, aseguró Delgado.La situación también amenaza un punto turístico de la región, las Ventanas de Tisquizoque, considerado uno de los atractivos naturales más importantes del departamento.Ante la emergencia, la administración municipal interpuso denuncias ante la Personería, Gestión del Riesgo y la autoridad ambiental Corporación Autónoma Regional de Santander, entidad que realizó visitas técnicas y notificó a la Procuraduría y a la Gobernación para evaluar posibles responsabilidades disciplinarias.El alcalde advirtió que el panorama es crítico: el 50 % de las 32 veredas del municipio presentan afectaciones por deslizamientos y lodo, mientras la vía clave para la conexión comercial y de salud con Bucaramanga y Bogotá registra daños constantes.Además, tres familias ya fueron evacuadas por riesgo inminente y reciben apoyo de arriendo temporal, mientras otras 15 a 20 podrían verse afectadas si se presenta una creciente súbita.“No sabemos si el contratista tiene los permisos para trabajar de esta manera y arrojar escombros cerca de la quebrada, la carga de material está represando el agua y puede provocar una emergencia mayor”, concluyó el mandatario.Las autoridades mantienen monitoreo permanente ante el temor de nuevos deslizamientos por la continuidad de las lluvias.
Cuatro familiares de Kevin Arley Acosta Pico, el niño que falleció tras sufrir un golpe mientras montaba bicicleta, por falta de continuación de su tratamiento, enfrentan hoy la misma enfermedad.La familia denuncia que desde diciembre no reciben el medicamento esencial para controlar el trastorno de coagulación, poniendo en riesgo su salud y su vida.Kevin murió en Bogotá, y sus allegados aseguran que la falta de tratamiento oportuno habría agravado las consecuencias del accidente. Ahora temen que la historia se repita.De acuerdo con los afectados, la Nueva EPS dejó de suministrar el medicamento desde el 2 de diciembre, luego de que la IPS que los atendía informara que ya no tenía contrato vigente.Sergio Torres, primo del menor, de 39 años, explicó que en su caso no recibe la aplicación desde esa fecha. A esto se suma un sobrino de 30 meses cuya última dosis fue el 18 de diciembre, otro niño de 10 años que la recibió el 22 de diciembre y un adulto de 31 años que también quedó sin tratamiento.“Hace más de 20 años recibimos este medicamento sin fallas, ni siquiera en pandemia nos faltó. Es la primera vez que nos dejan desprotegidos”, afirmó la familia, que reside en zona rural.Explican que con el tratamiento pueden llevar una vida normal: correr, trabajar, montar bicicleta o hacer ejercicio. “La hemofilia no es un limitante, pero sin el medicamento no puedo caminar bien, duelen las articulaciones y hasta dormido puedo sufrir hemorragias”, advirtió Torres.Con dolor, aseguran que la muerte de Kevin pudo evitarse. “Si él hubiera tenido el medicamento, los efectos del golpe habrían sido leves”, recalcaron.Frente a esta denuncia, la Gobernación de Santander solicitó acciones urgentes a la Superintendencia Nacional de Salud para garantizar la entrega inmediata de tratamientos a pacientes con enfermedades de alto riesgo en el departamento.
La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al exgobernador de Santander, Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo, por presuntas irregularidades en un millonario contrato para la compra y entrega de juguetes destinados a niños de escasos recursos del departamento.El convenio, suscrito en agosto de 2007, superaba los 650 millones de pesos y, según la investigación, presentó anomalías desde la planeación hasta la ejecución. Para el ente acusador, el exmandatario habría incumplido su deber constitucional de vigilancia, control y seguimiento sobre la contratación pública.De acuerdo con la Fiscalía, en la etapa precontractual se detectaron estudios incompletos, ausencia de un censo poblacional que permitiera identificar cuántos menores serían beneficiados y en qué municipios, además de falta de justificación sobre la necesidad del proyecto.Tampoco se abrió un proceso de licitación pública. En cambio, el contrato fue adjudicado de manera directa a una fundación que, según los investigadores, no tenía la idoneidad ni la capacidad técnica y administrativa para ejecutarlo.Las irregularidades también habrían continuado durante la ejecución. El contratista debía entregar 130.000 juguetes, pero solo suministró 36.000 unidades. A esto se sumó un modificatorio que aumentó el valor de cada juguete de $5.000 a $6.500, lo que, según la Fiscalía, permitió que la fundación se apropiara de alrededor de 416 millones de pesos de recursos públicos.Desde el ente investigador se indicó que estas omisiones permitieron el presunto detrimento patrimonial. “El exmandatario no ejerció los controles necesarios para garantizar el cumplimiento del contrato ni la correcta destinación de los recursos”, señala el expediente.Por estos hechos, una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia acusó a Aguilar Naranjo por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado en favor de terceros.
La tensión laboral en el sector energético de Santander entró en su punto más crítico. Tras cumplirse los 10 días desde la asamblea sindical del 7 de febrero y luego de varias reuniones convocadas por los ministerios de Ministerio de Minas y Energía de Colombia y Ministerio del Trabajo de Colombia, no se logró un acuerdo entre la empresa y los trabajadores de la Electrificadora de Santander.La última mesa de diálogo terminó sin consensos y ahora la organización sindical anunciará este viernes si inicia oficialmente una huelga indefinida. Mientras tanto, los empleados advierten que comenzarán a operar a “media marcha”, cumpliendo solo actividades mínimas y básicas.Carlos Roncancio, asesor legal de los trabajadores, confirmó que la decisión será comunicada de manera virtual.“Mañana nos vamos a reunir y daremos a conocer a la opinión pública, a la empresa y a las autoridades locales y nacionales la determinación final. Estamos pidiendo la intervención de la Gobernación de Santander como garante del proceso”, afirmó.Según el sindicato, 681 trabajadores están afiliados a la organización y podrían sumarse al cese de actividades, con impacto en los 87 municipios de Santander, donde opera la empresa, además de localidades en Cesar, Norte de Santander y Boyacá, para un total de 102 municipios con cobertura del servicio.La huelga fue respaldada en votación por 556 empleados afiliados a Sindicato de Trabajadores de la Energía de Colombia Sintraelecol, mientras una minoría optó por acudir a un tribunal de arbitramento. La decisión contó con el apoyo de las subdirectivas de Bucaramanga, Socorro, San Gil, Barrancabermeja y Barbosa.El conflicto laboral se produce tras la etapa de negociación directa sin acuerdos y pocos días después de que el Ministerio del Trabajo ordenara medidas preventivas contra la empresa por presuntas acciones que limitarían el derecho a la huelga.Los trabajadores insisten en que sus exigencias se centran en derechos básicos: ajuste salarial conforme a la ley, cumplimiento de acuerdos colectivos firmados en 2023, garantías de progresividad laboral y mejores condiciones de seguridad y salud en el trabajo.La eventual suspensión de actividades genera preocupación por posibles afectaciones en la prestación del servicio de energía eléctrica en gran parte del nororiente del país, mientras las autoridades locales son llamadas a actuar como garantes ante un paro que podría extenderse por tiempo indefinido.
Las protestas de volqueteros y transportadores contra la empresa KMA, contratista de la concesión Autopista Río Grande, se extendieron a dos nuevos puntos de Santander: los sectores de La Lizama y La Fortuna. Con esta ampliación, ya son cuatro los puntos con presencia de manifestantes en el departamento.Los bloqueos se mantienen en Puerto Araujo, en jurisdicción de Cimitarra, y en el sector La Gómez, en Sabana de Torres. A estos se sumaron en las últimas horas La Lizama y La Fortuna, lo que ha generado afectaciones en la movilidad y preocupación por el tránsito de vehículos particulares, transporte escolar y carga.Ante la situación, la Gobernación de Santander activó un Puesto de Mando Unificado para hacer acompañamiento a la protesta social y servir de puente entre los manifestantes, la Agencia Nacional de Infraestructura y el Ministerio de Transporte.El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, explicó que desde el Gobierno departamental se ha realizado acompañamiento interinstitucional y se convocó el PMU departamental, con articulación de los PMU municipales.“Hay unas peticiones claras que ya están siendo atendidas por la ANI. Hemos solicitado a la comunidad el paso intermitente y el cumplimiento del corredor humanitario extendido, no solo para ambulancias, sino también para niños que requieren desplazarse a sus instituciones educativas, personas con citas médicas y el tránsito de víveres perecederos”, señaló el funcionario.Según Hernández, este lunes 16 de febrero cuando iniciaron las protestas con bloqueos de vías el tráfico estuvo represado, pero las autoridades lograron abrir paso. Las autoridades mantienen diálogo permanente con los líderes del paro para recoger formalmente el pliego de peticiones y definir si se realizará una reunión centralizada o encuentros descentralizados.Las manifestaciones también se registran en departamentos como Boyacá y Cesar, en el marco de reclamos relacionados con la ejecución del proyecto de la Troncal del Magdalena Medio. Los volqueteros solicitan mayor participación laboral y cupos para gremios locales dentro de las obras que adelanta la concesión.La ANI confirmó el desplazamiento de su vicepresidente a una reunión técnica prevista para el próximo jueves 19 de febrero, atendiendo la invitación realizada por distintos sectores sociales.