La defensora del Pueblo, Iris Marín, advirtió sobre un escenario de alto riesgo para el proceso electoral en Norte de Santander, al señalar que las amenazas no se limitan al día de la votación, sino que ya se están presentando en la etapa previa.“En la Defensoría del Pueblo acabamos de intervenir planteando unas serias preocupaciones por interferencias no sólo para el día de las jornadas de votación, sino para los días que ya están corriendo antes de la jornada electoral”, afirmó.Marín explicó que identificaron cuatro riesgos principales. El primero tiene que ver con la interferencia en el proselitismo político.“Se han reportado seguimientos, intimidaciones, interrupción de campañas e inclusive renuncias de candidaturas que podrían estar asociadas con presiones de los grupos armados”, señaló.El segundo riesgo está relacionado con las barreras para ejercer el derecho al voto en zonas rurales, donde persiste la presencia de minas antipersonal y restricciones a la movilidad.“Hay muchos municipios que se encuentran minados o con riesgos de artefactos explosivos y esto va a impedir que muchas personas en zonas rurales puedan moverse hasta los puestos de votación y se requiere un plan de emergencia”, advirtió.Un tercer punto crítico es la afectación del censo electoral debido a desplazamientos masivos registrados el año pasado.“Muchas personas no están viviendo en el lugar donde tienen inscrita la cédula”, explicó, y mencionó especialmente el caso del ETC Caño Indio, cuyos firmantes de paz fueron trasladados recientemente a Cúcuta. Según indicó, “se requiere un mecanismo extraordinario que les permita votar”.Finalmente, alertó sobre la violencia digital y la estigmatización en redes sociales. “No es sólo hostigamientos o bullying, sino además señalamientos de que candidatos o candidatas hacen parte de grupos armados”, dijo.Aunque el Frente 33, el ELN y el Clan del Golfo han manifestado públicamente que respetarán el proceso electoral, la defensora advirtió que en la práctica persisten intimidaciones.“Autoridades del pueblo barí y líderes de juntas de acción comunal están recibiendo algunas intimidaciones”, sostuvo, y agregó que esto podría traducirse en mayor abstención o en presiones indebidas sobre los votantes.Finalmente señaló que hay zonas donde no hay control territorial de la fuerza pública. “Son zonas minadas donde la gente no tiene capacidad y hay muy riesgos enormes, hay controles fuertes a la movilidad y eso lo tiene que evaluar y resolver el gobierno nacional”, concluyó.
A 10 años de prisión fueron condenados Leonardo Jesús Rivera Hidalgo y Alberson Armando Aponte Plaza por su responsabilidad en un ataque armado contra cuatro personas en el barrio Los Comuneros de Bucaramanga.La sentencia se dio luego de que las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación permitieran que los procesados aceptaran su responsabilidad por los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego agravado; receptación agravada y falsedad marcaria.Un juez avaló el preacuerdo suscrito de manera libre y voluntaria por los hoy condenados, quienes estuvieron asesorados por su abogado defensor.De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Seccional Santander, los hechos ocurrieron el 30 de agosto de 2025, cuando cuatro personas salieron de un establecimiento nocturno y se movilizaban en un automóvil por el barrio Los Comuneros. En ese momento, fueron perseguidas y atacadas a disparos por Rivera Hidalgo y Aponte Plaza, quienes se desplazaban en una motocicleta que había sido hurtada.Durante el atentado, uno de los ocupantes del vehículo resultó herido. Las víctimas buscaron refugio en un Comando de Atención Inmediata (CAI), pero el ataque continuó y los agresores se enfrentaron a los uniformados que se encontraban en el lugar.La rápida reacción de la Policía permitió la captura de los responsables, quienes ahora deberán cumplir la pena de 10 años de prisión por estos hechos.
La Alcaldía de Bucaramanga confirmó que al menos 80 familias resultaron damnificadas en las últimas horas debido a las intensas lluvias que se registraron en la zona rural y en el norte de la ciudad. El balance preliminar reporta viviendas afectadas, inundaciones y vías rurales bloqueadas por deslizamientos de tierra.Según informó Didier Rodríguez, coordinador de Gestión del Riesgo de Santander, tras las precipitaciones la Oficina de Gestión del Riesgo del municipio activó el monitoreo en los sectores más vulnerables.“En efecto, luego de las lluvias ocurridas en las últimas horas, la Oficina de Gestión del Riesgo de la Alcaldía Bucaramanga ha hecho el monitoreo en los diferentes sectores de la ciudad, sobre todo en el norte y en los corregimientos, especialmente el corregimiento 1, que tuvo una mayor afectación y puntualmente en la vereda San Ignacio, donde parte de una bancada se vino y bloqueó gran parte de la vía”, explicó el funcionario.Uno de los puntos más críticos se registra en la vereda San Ignacio, del corregimiento 1, donde un deslizamiento provocó el colapso parcial de una bancada, interrumpiendo la movilidad en la zona. Asimismo, en el barrio Gracia de Dios y en el sector de El Nogal se reportaron varias viviendas inundadas.En la vía del sector de Colorado, que comunica con el norte de la ciudad, algunos vehículos quedaron atrapados, debido a las condiciones del terreno tras las lluvias.Las autoridades locales continúan con las labores de inspección técnica para determinar la magnitud de los daños y consolidar el censo oficial de afectados. “Estamos haciendo y continuamos haciendo el monitoreo, disponiendo de un equipo en terreno para realizar las valoraciones, generar los respectivos informes y tratar de hacer la entrega lo más rápido posible de las ayudas humanitarias que corresponden en este tipo de situaciones”, añadió Rodríguez.
La Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, informó que en los últimos tres días se han presentado retrasos en la llegada de productos de la canasta familiar provenientes de la costa Atlántica y Antioquia, debido a los bloqueos generados por la protesta de volqueteros en la Troncal del Magdalena Medio.Según explicó Alfonso Peñalosa, director de operaciones de la central mayorista, aunque se han registrado contratiempos en el ingreso de mercancías, hasta el momento no hay desabastecimiento.“Por el momento es importante informar a la opinión pública que no ha habido desabastecimiento en ningún producto; se han presentado contratiempos en la llegada de los mismos por las manifestaciones que se presentan”, señaló el directivo.Peñalosa indicó que los manifestantes han permitido el paso de camiones en algunos sectores y en horarios nocturnos, especialmente entre las 11:00 de la noches y las 7:00 de la mañana, lo que ha facilitado que los comerciantes puedan acopiar y despachar mercancías en esas franjas.Los mayores retrasos se han presentado en productos provenientes de Antioquia, como tomate de árbol y lulo. También han llegado con demora frutas del sur del país, entre ellas uvas y granadillas, así como mercancía importada que arriba por Puerto de Buenaventura.En el corredor afectado, particularmente en los sectores de Sabana de Torres y La Fortuna, también se han visto impactados alimentos que ingresan por el departamento del Cesar, como el mango tommy, mango de azúcar y la yuca.A esta situación se suman las lluvias que han afectado distintos puntos de Santander, especialmente en la zona del Magdalena Medio y el sur del departamento, lo que complica aún más la movilidad de carga.Desde Centroabastos advirtieron que, aunque el abastecimiento está garantizado, los sobrecostos logísticos derivados de los retrasos podrían generar incrementos en los precios de algunos alimentos si la situación persiste en los próximos días.
La Asociación Colombiana de Hematología y Oncología Pediátrica emitió una carta abierta dirigida al Ministerio de Salud y Protección Social, la Superintendencia Nacional de Salud, el Congreso de la República de Colombia, la Defensoría del Pueblo y a la opinión pública, en la que expone una situación relacionada con el acceso a tratamientos para niños y adolescentes con hemofilia y otras coagulopatías.Según la organización, en el país hay más de 6.000 personas diagnosticadas con estos trastornos, entre ellas más de 3.200 pacientes con hemofilia, y se han presentado casos de interrupciones en la entrega de factores de coagulación, medicamentos necesarios para prevenir hemorragias y otras complicaciones.En el documento, la asociación señala que la falta de suministro oportuno de estos tratamientos se ha asociado con hospitalizaciones, daños articulares y episodios de sangrado en menores de edad.Por ello, solicita a las autoridades garantizar la entrega continua de los medicamentos, reforzar las labores de inspección y control a las EPS, priorizar a esta población dentro de las estrategias de aseguramiento y establecer mesas técnicas de trabajo con participación de sociedades científicas y asociaciones de pacientes para identificar causas y proponer soluciones.
El candidato independiente en las presidenciales Daniel Palacios, que se encuentra en EE.UU. promoviendo su propuesta de mano dura contra el crimen y el narcotráfico en su país, realizó una petición a la Fiscalía estadounidense para que investiguen las menciones del también candidado Iván Cepeda en los computadores del abatido 'Raúl Reyes'.Palacios asegura que está en Washington para presentar una solicitud formal a la Fiscal General estadounidense, Pam Bondi, para que revise las menciones del hoy candidato del oficialismo a la presidencia, Iván Cepeda (al que él califica "como heredero de las FARC"), en los computadores del guerrillero Édgar Devia, alias Raúl Reyes, fallecido en una operación militar en 2008.El político considera que esos computadores "en Colombia fueron decretados inadmisibles por la Corte Suprema de Justicia, pero aquí en EE.UU. hacen parte y son pieza fundamental de la acusación federal (por narcoterrorismo y conspiración) contra (el expresidente venezolano) Nicolás Maduro" y por ello podrían ameritar una investigación formal contra Cepeda.Promesa de mano duraEn entrevista con EFE aseguró que, si resulta elegido, Bogotá y Washington pueden desarrollar los lazos más sólidos de su historia común gracias a sus intereses compartidos.El candidato responsabiliza enteramente al presidente Gustavo Petro del distanciamiento bilateral que se ha dado desde el retorno al poder en EE.UU. de Donald Trump en enero de 2025 y considera que más allá "insultar" o "criticar" políticas del republicano, el mandatario suramericano no ha cumplido a la hora de combatir la criminalidad a nivel interno y transfronterizo.La relación con Washington según Palacios, que entre 2020 y 2022 fue ministro del Interior bajo la presidencia de Iván Duque, "podría tener el mejor momento de la historia de Colombia porque se alinearían los intereses de EE.UU. con los intereses de Colombia en una presidencia de Daniel Palacio".El primer objetivo compartido es, según él, "derrotar a la criminalidad, derrotar al narcotráfico, perseguir el terrorismo y hacer una migración ordenada y regulada".Además de tener en Bogotá a "un aliado comercial estratégico fundamental", Palacios señala otro interés común, que es el de lograr que la inversión que se va a hacer en Venezuela a partir de la venta de crudo gestionada por EE.UU. se "reinvierta" en las regiones fronterizas que Colombia comparte con el país caribeño.Palacios cree que esta inyección a ambos lados de la divisoria podría superar los 6 billones de dólares y que debe centrarse en "tener fronteras seguras, para poder derrotar a los grupos de narcotráfico y terrorismo que operan en esas zonas", pero también "en infraestructura, en zonas de comercio, en temas de hidrocarburos tan importantes para las dos naciones".El que fuera exsecretario personal del expresidente Álvaro Uribe cree que también debe invertirse parte de ese dinero en "una operación de retorno de migrantes venezolanos (que están actualmente en suelo colombiano) a Venezuela que se haga de manera ordenada, segura y humana, porque en esa reconstrucción de Venezuela, muchos venezolanos van a querer regresar".Candidatura de PalaciosPalacios concurrirá como independiente tras recolectar 1,3 millones de firmas ya avaladas y abandonar en enero la Gran Consulta por Colombia, el bloque de centro‑derecha que escogerá el 8 de marzo candidato único para primera vuelta, que se celebra en mayo.El exiministro, de 43 años, insiste en que "a algunos de esos candidatos les pareció que yo era muy de derecha y que entonces no debía participar en esa consulta"."Yo he dicho que si mi firmeza en contra de la criminalidad, si mi firmeza en contra del Gobierno de Gustavo Petro, me descalifican de estar en esa consulta, pues que nos descalifiquen", explica, insistiendo en que su propuesta de mano dura en materia de seguridad o su negativa a sentarse a dialogar con grupos armados son innegociables.Palacios insiste en que no va a ser un obstáculo si más adelante "hay una candidatura que se consolide y tenga mayor chance de derrotar al candidato de Petro y lo que representa el continuismo de Gustavo Petro".
A meses de que se ponga en funcionamiento el esperado Túnel del Toyo, nuevamente hay confrontaciones entre las autoridades antioqueñas y el Gobierno nacional.Esta vez, porque la Nación está retrasando la instalación de los equipos electromecánicos a pesar de que, aparentemente, los requisitos ya se cumplieron hace varios meses.El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, señaló que el compromiso de la instalación estaba desde la presidencia de Iván Duque y el Gobierno nacional estaba en la obligación de comprar e instalar los equipos electromecánicos una vez se culminaran las obras del primer tramo, mismas que finalizaron el año pasado y ahora todo se enredó."Aquí pareciera existir un ánimo, una vez más, de fastidiar del Gobierno nacional. Esos equipos están embodegados desde hace mucho más de un año, tal vez año y medio, un poco más, pero no hay razón alguna para que ellos se rehúsen a poner los equipos electromecánicos en el setenta y cinco por ciento del trayecto", indicó Rendón.Ahora, y ante esta decisión que podría retrasar la apertura del Túnel del Toyo, el mandatario departamental aseguró que enviarán un oficio ante la Contraloría General de la República porque había un compromiso desde mediados de 2025 y al no entregar los equipamientos podría estar recurriendo en un detrimento al patrimonio. Ante esta situación desde la Gobernación se ha buscado una solución para no seguir postergando la inauguración.Rendón explicó que se necesitan 170.000 millones de pesos, de los cuales solo hay aproximadamente 50.000 millones de pesos y el Gobierno nacional ya le habría indicado a la empresa encargada de la instalación que sí dará los recursos pero entre 2027 y 2028, por lo que el mandatario propuso una alternativa."Los 120.000 restantes, la Nación se los puso en el 2027, les puso como 90.000 millones y el resto se los ponen en el 2028. Ayer en Consejo de Gobierno decidimos, hablemos con el contratista, advirtamos del detrimento patrimonial, que la idea le ponga esos 120.000 que necesita ya, pueda instalar los equipos electromecánicos y la gobernación asume el costo financiero", explicó el gobernador de Antioquia.A la espera que se haga la reunión entre Gobernación y contratista y así se pueda definir el camino a seguir, otro que mostró su voz de rechazo fue el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien insistió que la situación nuevamente pone en jaque las intenciones de las administraciones regionales por culminar esta infraestructura de 37.7 kilómetros.
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) ordenó el retiro inmediato en todo el país del producto infantil Delicada Espuma Limpiadora 210 mL, destinado a bebés y niños, correspondiente al lote 2506022, tras evidenciar una alteración microbiológica. La decisión fue informada este 17 de febrero de 2026 en Bogotá, en el marco de las acciones de inspección, vigilancia y control y del programa institucional “Demuestra la Calidad”.Según la entidad, los análisis realizados por su laboratorio detectaron un recuento de microorganismos mesófilos aerobios totales por encima del límite máximo permitido para productos cosméticos, de acuerdo con lo establecido en la Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia mediante la Resolución 2120 de 2019. Por esta razón, el lote fue clasificado como Producto Alterado (Alterado 2) y se ordenó su retiro del mercado.El registro sanitario del producto pertenece a la empresa ECOTU S.A.S. y su fabricación fue realizada por TECSER LABORATORIOS S.A.. De acuerdo con el comunicado, no se reportan fecha de producción ni fecha de vencimiento asociadas al lote involucrado en la alerta.Como parte de las medidas preventivas, el Invima recomendó a la ciudadanía suspender de inmediato el uso del producto y reportar a la entidad o a las autoridades territoriales de salud los lugares donde se esté distribuyendo o comercializando. También pidió informar cualquier evento no esperado relacionado con su aplicación a través de sus canales oficiales.A las secretarías de salud les solicitó reforzar las labores de inspección en establecimientos donde pueda encontrarse el producto y adoptar las medidas sanitarias correspondientes, así como notificar a la autoridad en caso de hallarlo. A los establecimientos comerciales les advirtió que deben abstenerse de distribuir o vender el lote señalado, ya que podrían ser objeto de sanciones.La Dirección de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos de Higiene Doméstica del Invima indicó que estas acciones hacen parte de las estrategias para proteger la salud pública y asegurar que los productos cosméticos que circulan en el país cumplan con los estándares de calidad y seguridad establecidos.
En la noche de este martes, haciendo uso del derecho contemplado en el Estatuto de la Oposición, los partidos Cambio Radical y Centro Democrático realizaron la réplica a la alocución del presidente Gustavo Petro realizada el pasado domingo 16 de febrero en el que defendió el incremento del salario mínimo a un 23,7 %.La réplica de Cambio Radical estuvo representada por el senador cabeza de lista, Carlos Fernando Motoa, y el representante Julio César Triana, quienes denunciaron una profunda inestabilidad institucional y una falta de seguridad jurídica que mantiene al país en la incertidumbre.Desde Cali, el senador Motoa señaló que el Gobierno ha sumido a la nación en un “limbo jurídico” debido a su falta de respeto por la Constitución y la ley. Según Motoa, el Ejecutivo ha demostrado ser “incapaz de tomar decisiones que superen el análisis de las Cortes o del Congreso porque son decisiones pensadas para dar golpes de opinión y no para lograr mejorías reales”.El senador también cuestionó el rol actual del mandatario, afirmando que Petro “no está fungiendo como mandatario de todos los colombianos”, sino que actúa como “jefe de debate de un candidato presidencial que es aún más fanático que él”, posiblemente refiriéndose al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda.“Colombia merece certeza, estabilidad y un liderazgo amplio que gobierne para la totalidad, no para una base política. Desde la oposición al Gobierno nacional tenemos una invitación clara: no coman cuento ni traguen entero. Si a Petro le interesara el pueblo colombiano tomaría decisiones con vocación de permanencia, en vez de decisiones pensadas para agitar a sus adeptos”, aseguró Motoa.Por su parte, el representante Julio César Triana centró su intervención en la indignación ciudadana frente a lo que calificó como un Gobierno de imposiciones populistas. Triana exigió que el ingreso digno se busque “bajo la concertación y el diálogo” y no mediante la confrontación.Uno de los puntos más críticos de su discurso fue el cuestionamiento sobre la movilización social: “Presidente, la pregunta que hoy nos formulamos miles de colombianos es: ¿por qué no llama a la movilización social por la corrupción y el desgobierno?”.El representante recordó escándalos protagonizados por funcionarios de este gobierno como el de la Unidad para la Gestión de Riesgo, en donde dice, se robaron más de $8 billones de pesos de recursos necesarios para atender a los damnificados por la ola invernal en departamentos como Córdoba.Triana también mencionó otros escándalos, incluyendo el cartel de títulos, la financiación irregular de la campaña y contratos millonarios para servicios de maquillaje y fotografía para la exprimera dama, señalando que estos hechos son los que realmente le duelen al pueblo colombiano.
El Juzgado 3 Penal Municipal de Bucaramanga impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra los cinco capturados por el violento asalto a una joyería en el centro comercial Cabecera Cuarta Etapa, ocurrido el pasado 29 de diciembre. Los procesados dos mujeres de 27 años y tres hombres son señalados de integrar la estructura criminal que ejecutó el robo y que dejó como saldo la muerte de Víctor Manuel Martínez Suárez, alias 'El Viejo', presunto líder del grupo delincuencial.Durante la audiencia, la Fiscalía presentó la identificación de los implicadosEsta es la identidad de los ladrones de joyería en BucaramangaAdrianis Esther González Garavito, 27 años, de Barranquilla. Tiene antecedente por porte ilegal de armas; es madre de tres hijos, entre ellos una bebé de dos meses. Su abogado sostiene que ella no era campanera y que solo vino a Bucaramanga a comprar zapatos para su mamá.Antonio José Felipe Lanchez, 50 años, de Puebloviejo (Magdalena), vendedor de pescado, sin antecedentes.Karina Michellys Criado Pumarejo, 27 años, de Valledupar, con anotación por porte ilegal de armas.Jhony José Rodríguez Castillo, 27 años, venezolano, herido por un impacto de bala en un hombro.Orlando José Cabrera Méndez, 54 años, de Barranquilla, herido en el antebrazo.Esto determinó la FiscalíaEn declaración leída en la audiencia, contó que viajó con alias 'El Viejo', que se alojaron en una bodega y que visitaron la joyería días antes del robo para observar su distribución.El fallecido Víctor Manuel Martínez Suárez, alias 'El Viejo', de 73 años, fue señalado como uno de los coordinadores del ingreso armado al centro comercial.En la diligencia, el juez leyó la declaración de Cabrera Méndez, quien aseguró que todos los capturados hacen parte de la misma banda. Relató que llegaron juntos desde el 19 y 20 de noviembre, se reunieron con alias 'El Viejo' y realizaron rondas en inmediaciones del centro comercial antes de cometer el hurto.El fiscal Óscar Julián Moreno señaló que la defensa intenta desligar a algunos capturados argumentando que no estaban dentro de la joyería. Sin embargo, afirmó que hay trazabilidad en video, donde se observa al grupo llegando junto desde una discoteca y caminando cerca de la joyería días antes del robo.Añadió que la Policía realizó seguimientos desde horas de la mañana del día del asalto y que todos los implicados tuvieron roles dentro de la estructura algunos ingresaron armados, mientras que otros se ubicaron afuera como campaneros.Los delitos a los que se enfrentan son Hurto calificado y agravado, homicidio agravado, Coautoría, Fabricación, tráfico o porte de armas de fuego.El juez concluyó que se trató de una acción organizada con participación plural, constituyendo peligro para la comunidad. Aunque las defensas de algunos detenidos pedían casa por cárcel o medidas menos severas, el despacho determinó que la gravedad de los hechos exigía medida de aseguramiento intramural para los cinco capturados.
La Policía Metropolitana de Bucaramanga anunció la puesta en marcha del Escuadrón Antipólvora, una estrategia creada ante el preocupante aumento de lesionados con pólvora durante el fin de semana. Según el más reciente balance, ya son 10 los casos reportados en Santander en lo que va de la temporada decembrina.El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, subcomandante de la Policía Metropolitana, explicó que esta medida hace parte del plan institucional “Una Navidad con Propósito”, que busca proteger la vida, la integridad y la seguridad de las familias durante las celebraciones de fin de año.“La Policía Metropolitana, fundamentada en la seguridad, la dignidad y la democracia, generó ocho acciones preventivas dentro de las cuales está ‘Cero pólvora, más vida’. En este marco se crea el Escuadrón Antipólvora, con funciones específicas de control, disuasión y prevención, para contrarrestar este flagelo que ha afectado a menores y adultos que han resultado lesionados. Enfatizamos a la comunidad en no manipular pólvora; la seguridad de las familias es la prioridad”, afirmó el coronel Pinzón.El Escuadrón Antipólvora está conformado por personal de la Seccional de Protección y Servicios Especiales, apoyado por unidades de Infancia y Adolescencia, Turismo, Protección a Personas e Instalaciones, y Unidad Básica de Investigación Criminal (DIPRO).Estas capacidades trabajan articuladamente con los cuadrantes de Policía, además de equipos de inteligencia y policía judicial, lo que permite reforzar los controles sobre el uso, transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de productos pirotécnicos.Las acciones se desarrollan bajo el cumplimiento de la normativa nacional y los decretos municipales vigentes que prohiben el uso de la Pólvora así como lo emitieron Bucaramanga Decreto 0853 del 26/11/2025, Girón Decreto 0094 del 12/06/2025, Lebrija Decreto 100-02 del 01/11/2025, Los Santos Decreto 101 del 03/12/2025.Además, se aplica la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana), artículo 30, numeral 1, que sanciona comportamientos contrarios a la convivencia relacionados con la fabricación, porte, almacenamiento, transporte o uso de pólvora sin cumplir los requisitos legales.La Policía recalcó que el objetivo principal del Escuadrón Antipólvora es evitar la manipulación indebida de pirotecnia, especialmente entre niños, niñas y adolescentes, quienes continúan siendo la población más afectada por quemaduras graves durante esta temporada.
La Policía Metropolitana de Bucaramanga confirmó que inició una investigación disciplinaria que podría terminar en la destitución del subintendente Richard José Sierra Bravo, señalado de haber sido cómplice en el violento atraco ocurrido en el centro comercial Cabecera Cuarta Etapa. En las diligencias judiciales también se reveló que otros tres policías estarían vinculados al hecho.El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, subcomandante de la Policía Metropolitana, indicó que la institución no tolerará conductas delictivas dentro de sus filas: “Él cometió una falta, un delito, y hay que iniciar la investigación disciplinaria. Estamos en un proceso de destituirlo”, afirmó.Durante el fin de semana se llevó a cabo ante un juez la legalización de la captura del subintendente Sierra Bravo. Por ahora, no se le han imputado cargos y la audiencia continuará en los próximos días, según lo programado por la Fiscalía.El uniformado, adscrito a la Fuerza Disponible, habría tenido un rol clave en la planificación del robo. De acuerdo con el expediente, habría entregado información estratégica sobre la ubicación de la joyería, el esquema de seguridad y los horarios de menor afluencia.Un testigo clave aseguró que los implicados se reunieron previamente en un restaurante de la carrera 35 para coordinar cada detalle del asalto, lo que demuestra que se trató de un atraco premeditado y no de una acción improvisada.La institución confirmó que continúa la verificación interna sobre la presunta participación de otros tres uniformados.
La candidata al Senado por el Centro Democrático Estefanía Colmenares, expresó profunda preocupación por el deterioro del orden público en Cúcuta. En entrevista con Mañanas Blu 10 AM, afirmó que “lo que viene pasando en Cúcuta es delicado” y que los hechos recientes confirman una tendencia que se ha agudizado durante todo el año.Colmenares señaló que los incidentes registrados durante el fin de semana “se suman a otros también muy delicados”, los cuales, según autoridades, serían responsabilidad del ELN. Aseguró que esta guerrilla “se ha fortalecido con el proceso de paz total” y que ha retomado su estrategia con dos frentes activos en la región.Explicó que uno de esos frentes opera en el Catatumbo y ha provocado casi 60.000 desplazamientos en lo corrido del año. El otro, dijo, tendría como objetivo afianzarse en Cúcuta para demostrar “capacidad urbana” y aumentar su presencia en zonas estratégicas de la frontera.La aspirante añadió que esta demostración de fuerza tendría una lectura geopolítica. Según dijo, “para el ELN, que opera como una guerrilla binacional, es importante demostrar que tienen esa capacidad urbana pensando, tal vez, en una eventual incursión de EE. UU. en Venezuela”.Colmenares recordó que Norte de Santander enfrenta un contexto singular, marcado por la cercanía con el Catatumbo y la frontera con Venezuela. Indicó que estas condiciones, donde confluyen droga, minería ilegal y contrabando, han hecho que Cúcuta sea “epicentro de una cantidad de cosas ilícitas”.Según la dirigente, esta mezcla de factores ha agravado las dinámicas violentas y exige un fortalecimiento urgente de la presencia institucional en la región. Pidió mayor acción del Estado para evitar que la situación escale aún más.
La Navidad llegó oficialmente a Floridablanca. Con el tradicional encendido del alumbrado navideño, el municipio se transformó en una gran ruta de luz: figuras gigantes, diseños tradicionales, caminos brillantes y miles de luces que iluminan cada rincón, desde los parques más concurridos hasta los espacios que guardan la esencia del pueblo.Desde el primer destello, la ciudad se llenó de familias completas dispuestas a recorrer los escenarios que este año estrenaron una iluminación renovada, pensada para las fotos, los paseos nocturnos y los momentos que se quieren guardar para siempre.“Invitamos a los florideños para que, en familia, entre vecinos y amigos, recorran los parques que ya están iluminados. Están decorados con miles de luces y muchas figuras para disfrutar esta temporada tan bonita”, expresó el alcalde José Fernando Sánchez durante la apertura.El recorrido inició en el Parque Principal, convertido en un escenario donde la iglesia resplandece aún más con figuras nuevas, colores cálidos y caminos brillantes que invitan a caminar despacio.“Hemos visitado varios sitios y hoy acá en el parque principal nos ha gustado mucho. Las figuras son nuevas, la iglesia está muy iluminada. Es un espacio bonito, seguro y perfecto para venir en familia”, contó Yeison Santamaría, residente del municipio.Este año, Floridablanca encendió cerca de ocho parques y sectores emblemáticos que ya hacen parte del mapa navideño del área metropolitana. Entre ellos: el parque Principal, las llaves, la pera, el Reposo, el palacio municipal, Alameda Bucarica, Iglesia La Cumbre, la autopista Papi Quiero Piña y el puente de Provenza.El alumbrado se caracteriza por figuras artesanales en 2D y 3D, diseños temáticos y tradicionales, miles de metros de manguera LED y espacios seguros ideales para sentarse, hablar, caminar, tomarse fotos y sentir el ambiente decembrino.
La Universidad Industrial de Santander avanzará en la apertura de una sede en el departamento de Arauca, tras el encuentro sostenido en Bucaramanga entre el gobernador Renson Martínez, el rector Hernán Porras Díaz y el Consejo Académico de la institución.La reunión tuvo como propósito fortalecer el diálogo institucional y articular la capacidad científica y tecnológica de la UIS con las necesidades sociales y productivas de Arauca.“Es la falta de acceso a la educación superior la que causa atraso en el departamento de Arauca. Tener una educación de mejor calidad hará que las instituciones mejoren. En Arauca tenemos un alto déficit de profesionales, por eso quedamos en deuda con las potencialidades reales que tiene el territorio”, afirmó el gobernador Renson Martínez, al destacar la importancia de la llegada de la universidad al departamento.Por su parte, el rector Hernán Porras Díaz subrayó el compromiso social de la institución con el desarrollo regional. “Tenemos un compromiso social con el país; en la medida que se desarrolle el país, nos va bien a todos y Arauca tiene muchas potencialidades. Nos sentimos aliados estratégicos y por eso nuestra idea como UIS no es solo formar a la gente joven sino generar espacios para todos”, expresó.La apertura de una sede de la UIS en Arauca representa un paso significativo para ampliar la cobertura en educación superior en la Orinoquía colombiana, una región que históricamente ha enfrentado limitaciones en acceso a formación profesional y tecnológica.Con esta iniciativa, se busca no solo formar talento humano local, sino también impulsar proyectos de investigación, innovación y transferencia tecnológica que fortalezcan sectores estratégicos del departamento y contribuyan al desarrollo sostenible del territorio.
Las centrales obreras y organizaciones sindicales de Santander convocaron para este jueves 19 de febrero un plantón en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán Sarmiento, en el centro de Bucaramanga, como parte del paro nacional en defensa del decreto del salario mínimo expedido por el Gobierno Nacional.La concentración está prevista para las 4:00 de la tarde y contará con la participación de trabajadores de distintos municipios del departamento.Óscar Estupiñán, representante del sindicato de trabajadores del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, explicó que la jornada busca respaldar el decreto del salario mínimo vital y rechazar decisiones judiciales que, según los sindicatos, irían en contravía de los derechos laborales.“Desde las centrales obreras y la clase trabajadora estamos invitando a todos los trabajadores y trabajadoras de Santander a que nos concentremos este jueves 19 de febrero a partir de las cuatro de la tarde en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán, para respaldar el decreto del Gobierno Nacional. Creemos que el salario mínimo vital dignifica al trabajador”, afirmó.Según los organizadores, se espera la llegada de delegaciones desde municipios como Piedecuesta, Girón, Lebrija y Barrancabermeja, con el propósito de concentrar el mayor número de manifestantes en la capital santandereana.Por su parte, Heriberto Delgado, presidente del Sindicato de Educadores de Santander, confirmó que el magisterio también se sumará a la jornada.“Como organización sindical convocamos al magisterio para que salgamos a reclamar por un incremento digno, porque además es un motor económico que mejora la calidad de vida de la clase trabajadora”, señaló.El dirigente anunció que los docentes realizarán anormalidad académica en la jornada de la tarde, a partir de las 3:00 de la tarde, para facilitar la participación en el plantón. Asimismo, indicó que el gremio evalúa la convocatoria de un paro departamental de tres días en el marco de estas movilizaciones.
El Hospital Universitario de Santander (HUS) presentó ante los ministerios de Trabajo y de Salud un proyecto para formalizar laboralmente a 120 trabajadores del área asistencial, que actualmente están contratados a través de cooperativas o empresas intermediarias, como parte del plan de formalización que adelanta la institución para dignificar el empleo público en el sector salud.La iniciativa fue radicada antes del plazo fijado el pasado 6 de febrero, según explicó el gerente del centro asistencial, Ricardo Arturo Hoyos, quien señaló que el hospital cumplió con todas las instrucciones para avanzar en este proceso.“Fue radicado ante el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud el proyecto de formalización de 120 personas. Son empleos totalmente asistenciales, no es personal administrativo”, indicó el directivo.De acuerdo con la gerencia, cerca de 94 de los cargos están dirigidos a auxiliares del área de la salud, entre ellos camilleros, auxiliares de laboratorio y auxiliares de enfermería. El resto corresponde a enfermeras jefes y otros perfiles asistenciales que hacen parte de la operación hospitalaria.El proyecto contempla impactar principalmente los servicios de urgencias, hospitalización y la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), áreas consideradas estratégicas dentro del funcionamiento del hospital y que soportan una alta demanda de pacientes en el departamento.El gerente explicó que el hospital ahora queda a la espera de la aprobación por parte del Gobierno Nacional para avanzar en la vinculación formal de este personal, lo que permitiría mejorar las condiciones laborales y fortalecer la prestación del servicio.Hoyos aseguró que la institución está alineada con los objetivos del plan nacional de formalización laboral en el sector público y reiteró que el propósito es contribuir a la estabilidad de los trabajadores y al fortalecimiento de la red hospitalaria en Santander.El propósito del Hospital Universitario de Santander es formalizar a largo plazo a 1.000 trabajadores, actualmente solo 48 personas están vinculadas directamente con el centro asistencial.
La Procuraduría General de la Nación reiteró su llamado a la transparencia y a la estricta observancia de las normas de participación en política por parte de servidores públicos en Santander, en el marco del actual proceso electoral.En el departamento se destaca el caso del gobernador Juvenal Díaz Mateus, cuyo hermano, Luis Eduardo Díaz Mateus, actual representante a la Cámara por Santander, aspira ahora al Senado por el Partido Conservador Colombiano.Frente a esta situación, la Procuraduría enfatizó que la candidatura debe avanzar con total transparencia y sin ningún tipo de apoyo, intervención o utilización del equipo gubernamental departamental, recordando que la ley prohíbe a los servidores públicos participar en actividades políticas o favorecer campañas desde el ejercicio de sus cargos.En Barrancabermeja también surge un caso que ha generado atención. Se trata de Laura Cristina Ahumada García, esposa del alcalde Jonathan Stivel Vásquez Gómez y candidata al Senado por el Pacto Histórico.Como antecedente, la Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra el mandatario local y lo suspendió provisionalmente por tres meses en octubre de 2025, por presunta participación indebida en política, un hecho que marcó precedente en materia de control electoral en la región.La Procuraduría reiteró que continuará realizando seguimiento preventivo en Santander y en el Magdalena Medio, con el fin de garantizar unas elecciones transparentes y en igualdad de condiciones para todos los candidatos. En escenarios donde existen vínculos familiares directos entre aspirantes y autoridades en funciones, los entes de control suelen intensificar la vigilancia para evitar posibles conflictos de interés o intervenciones indebidas.
La escalada de ataques sicariales en Santander, y en particular en el municipio de San Gil, encendió las alarmas de las autoridades. El pasado 14 de febrero, un nuevo atentado en pleno centro de la localidad dejó tres personas heridas y obligó a reforzar las acciones operativas, ante lo que la Policía ha calificado como una ofensiva criminal coordinada desde centros penitenciarios del país.El coronel Néstor Arévalo, comandante de la Policía de Santander, aseguró que las investigaciones preliminares indican que estos hechos estarían siendo ordenados desde las cárceles.“Sin embargo, quiero informar a la opinión pública que este crimen se está dinamizando desde las cárceles del país; es por eso que en una coordinación que vamos a hacer con el Inpec, en el marco de lo que es el plan dominó, mover a este actor criminal que está dinamizando estos hechos criminales en el municipio”, afirmó el oficial.De acuerdo con el reporte oficial, hombres armados que se movilizaban en motocicletas abrieron fuego contra tres personas en vía pública. Las víctimas, todas mayores de edad y con más de 18 antecedentes judiciales, fueron trasladadas de urgencia al hospital local.Los hechos se suman a una serie de atentados que, según las autoridades, evidencian la presencia de bandas criminales y cabecillas que han comenzado a establecerse en la región, incrementando los niveles de violencia en una zona reconocida por su vocación turística.Habitantes y comerciantes han manifestado su preocupación por la repetición de estos hechos en sectores céntricos, donde también circulan visitantes nacionales y extranjeros.El coronel Arévalo confirmó que los recientes ataques responden a un patrón coordinado y que se activó el denominado “plan dominó” en articulación con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), con el objetivo de identificar y aislar a los internos que estarían ordenando los atentados.“Estamos aplicando el plan dominó con el Inpec para investigar y desarticular estas redes. Pedimos a los ciudadanos que nos entreguen información que nos permita dar con los responsables”, agregó.En San Gil, en los últimos días también se registró el asesinato de Miguel Ángel Suescún Rodríguez, de 32 años, quien estaría vinculado al cartel de los más buscados del Valle de Aburrá. El hombre fue atacado a tiros mientras permanecía en una tienda del municipio.Este homicidio y los recientes intentos de sicariato han incrementado la percepción de inseguridad entre los residentes. Solo en lo corrido del mes, San Gil registra al menos tres intentos de sicariato en barrios como Villa Olímpica y Villa Laura, con saldo de heridos y víctimas mortales.La Policía anunció el fortalecimiento de patrullajes, controles a motocicletas y labores de inteligencia para frenar la ola de violencia que amenaza la tranquilidad de este municipio santandereano.
Una compleja situación se registró en la vía que comunica a Bucaramanga con Rionegro, debido a graves inundaciones provocadas por las fuertes lluvias.El paso permaneció durante varias horas cerrado, luego de que un camión quedara varado en uno de los puntos críticos del corredor vial, generando represamiento de agua y riesgo para los demás conductores. En el norte de la capital santandereana también se reportan múltiples emergencias. Sectores como Vijagual, El Nogal, El Pablón y la vereda San Ignacio presentan vías anegadas y viviendas inundadas, situación que mantiene en alerta a los organismos de socorro.Habitantes de estas zonas han reportado el ingreso de agua a sus viviendas, afectando enseres y generando preocupación ante la continuidad de las precipitaciones."Miren como quedó mi casa. Todo se daño", dijo una mujer afectada por las lluvias en el sector de Vijagual. Campesinos de la zona rural de Bucaramanga reportaron que las lluvias provocaron deslizamientos de tierra y caída de árboles en varios sectores que a esta hora siguen incomunicados.Las lluvias de las últimas semanas han incrementado el nivel de quebradas y drenajes en el área metropolitana, generando emergencias recurrentes por desbordamientos e inundaciones, especialmente en sectores vulnerables del norte de la ciudad.Se espera que en las próximas horas las autoridades locales entreguen un balance oficial de las afectaciones y anuncien medidas para atender a las familias damnificadas y restablecer en su totalidad el tránsito en este importante corredor vial del departamento que une a Bucaramanga con Rionegro y El Playón.
El alcalde de Florían, Néstor Delgado, denunció graves afectaciones ambientales y riesgos para varias comunidades rurales por los trabajos que adelanta un contratista en la vía que comunica a Florián con Jesús María y Puente Nacional, en medio del incremento de las lluvias.Según el mandatario, los movimientos de tierra y el material extraído de la carretera habrían sido depositados muy cerca de la quebrada La Venta, provocando derrumbes que terminaron cayendo al afluente y generando represamientos que ponen en peligro a las familias que viven aguas abajo.“Desafortunadamente, el contratista ha puesto el material muy cerca de la quebrada y todo se ha ido al cauce, generando riesgo para las familias ribereñas”, aseguró Delgado.La situación también amenaza un punto turístico de la región, las Ventanas de Tisquizoque, considerado uno de los atractivos naturales más importantes del departamento.Ante la emergencia, la administración municipal interpuso denuncias ante la Personería, Gestión del Riesgo y la autoridad ambiental Corporación Autónoma Regional de Santander, entidad que realizó visitas técnicas y notificó a la Procuraduría y a la Gobernación para evaluar posibles responsabilidades disciplinarias.El alcalde advirtió que el panorama es crítico: el 50 % de las 32 veredas del municipio presentan afectaciones por deslizamientos y lodo, mientras la vía clave para la conexión comercial y de salud con Bucaramanga y Bogotá registra daños constantes.Además, tres familias ya fueron evacuadas por riesgo inminente y reciben apoyo de arriendo temporal, mientras otras 15 a 20 podrían verse afectadas si se presenta una creciente súbita.“No sabemos si el contratista tiene los permisos para trabajar de esta manera y arrojar escombros cerca de la quebrada, la carga de material está represando el agua y puede provocar una emergencia mayor”, concluyó el mandatario.Las autoridades mantienen monitoreo permanente ante el temor de nuevos deslizamientos por la continuidad de las lluvias.
Cuatro familiares de Kevin Arley Acosta Pico, el niño que falleció tras sufrir un golpe mientras montaba bicicleta, por falta de continuación de su tratamiento, enfrentan hoy la misma enfermedad.La familia denuncia que desde diciembre no reciben el medicamento esencial para controlar el trastorno de coagulación, poniendo en riesgo su salud y su vida.Kevin murió en Bogotá, y sus allegados aseguran que la falta de tratamiento oportuno habría agravado las consecuencias del accidente. Ahora temen que la historia se repita.De acuerdo con los afectados, la Nueva EPS dejó de suministrar el medicamento desde el 2 de diciembre, luego de que la IPS que los atendía informara que ya no tenía contrato vigente.Sergio Torres, primo del menor, de 39 años, explicó que en su caso no recibe la aplicación desde esa fecha. A esto se suma un sobrino de 30 meses cuya última dosis fue el 18 de diciembre, otro niño de 10 años que la recibió el 22 de diciembre y un adulto de 31 años que también quedó sin tratamiento.“Hace más de 20 años recibimos este medicamento sin fallas, ni siquiera en pandemia nos faltó. Es la primera vez que nos dejan desprotegidos”, afirmó la familia, que reside en zona rural.Explican que con el tratamiento pueden llevar una vida normal: correr, trabajar, montar bicicleta o hacer ejercicio. “La hemofilia no es un limitante, pero sin el medicamento no puedo caminar bien, duelen las articulaciones y hasta dormido puedo sufrir hemorragias”, advirtió Torres.Con dolor, aseguran que la muerte de Kevin pudo evitarse. “Si él hubiera tenido el medicamento, los efectos del golpe habrían sido leves”, recalcaron.Frente a esta denuncia, la Gobernación de Santander solicitó acciones urgentes a la Superintendencia Nacional de Salud para garantizar la entrega inmediata de tratamientos a pacientes con enfermedades de alto riesgo en el departamento.
La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al exgobernador de Santander, Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo, por presuntas irregularidades en un millonario contrato para la compra y entrega de juguetes destinados a niños de escasos recursos del departamento.El convenio, suscrito en agosto de 2007, superaba los 650 millones de pesos y, según la investigación, presentó anomalías desde la planeación hasta la ejecución. Para el ente acusador, el exmandatario habría incumplido su deber constitucional de vigilancia, control y seguimiento sobre la contratación pública.De acuerdo con la Fiscalía, en la etapa precontractual se detectaron estudios incompletos, ausencia de un censo poblacional que permitiera identificar cuántos menores serían beneficiados y en qué municipios, además de falta de justificación sobre la necesidad del proyecto.Tampoco se abrió un proceso de licitación pública. En cambio, el contrato fue adjudicado de manera directa a una fundación que, según los investigadores, no tenía la idoneidad ni la capacidad técnica y administrativa para ejecutarlo.Las irregularidades también habrían continuado durante la ejecución. El contratista debía entregar 130.000 juguetes, pero solo suministró 36.000 unidades. A esto se sumó un modificatorio que aumentó el valor de cada juguete de $5.000 a $6.500, lo que, según la Fiscalía, permitió que la fundación se apropiara de alrededor de 416 millones de pesos de recursos públicos.Desde el ente investigador se indicó que estas omisiones permitieron el presunto detrimento patrimonial. “El exmandatario no ejerció los controles necesarios para garantizar el cumplimiento del contrato ni la correcta destinación de los recursos”, señala el expediente.Por estos hechos, una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia acusó a Aguilar Naranjo por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado en favor de terceros.
La tensión laboral en el sector energético de Santander entró en su punto más crítico. Tras cumplirse los 10 días desde la asamblea sindical del 7 de febrero y luego de varias reuniones convocadas por los ministerios de Ministerio de Minas y Energía de Colombia y Ministerio del Trabajo de Colombia, no se logró un acuerdo entre la empresa y los trabajadores de la Electrificadora de Santander.La última mesa de diálogo terminó sin consensos y ahora la organización sindical anunciará este viernes si inicia oficialmente una huelga indefinida. Mientras tanto, los empleados advierten que comenzarán a operar a “media marcha”, cumpliendo solo actividades mínimas y básicas.Carlos Roncancio, asesor legal de los trabajadores, confirmó que la decisión será comunicada de manera virtual.“Mañana nos vamos a reunir y daremos a conocer a la opinión pública, a la empresa y a las autoridades locales y nacionales la determinación final. Estamos pidiendo la intervención de la Gobernación de Santander como garante del proceso”, afirmó.Según el sindicato, 681 trabajadores están afiliados a la organización y podrían sumarse al cese de actividades, con impacto en los 87 municipios de Santander, donde opera la empresa, además de localidades en Cesar, Norte de Santander y Boyacá, para un total de 102 municipios con cobertura del servicio.La huelga fue respaldada en votación por 556 empleados afiliados a Sindicato de Trabajadores de la Energía de Colombia Sintraelecol, mientras una minoría optó por acudir a un tribunal de arbitramento. La decisión contó con el apoyo de las subdirectivas de Bucaramanga, Socorro, San Gil, Barrancabermeja y Barbosa.El conflicto laboral se produce tras la etapa de negociación directa sin acuerdos y pocos días después de que el Ministerio del Trabajo ordenara medidas preventivas contra la empresa por presuntas acciones que limitarían el derecho a la huelga.Los trabajadores insisten en que sus exigencias se centran en derechos básicos: ajuste salarial conforme a la ley, cumplimiento de acuerdos colectivos firmados en 2023, garantías de progresividad laboral y mejores condiciones de seguridad y salud en el trabajo.La eventual suspensión de actividades genera preocupación por posibles afectaciones en la prestación del servicio de energía eléctrica en gran parte del nororiente del país, mientras las autoridades locales son llamadas a actuar como garantes ante un paro que podría extenderse por tiempo indefinido.