El sepelio del subintendente Luis Sarmiento, asesinado en un atentado atribuido al ELN en Cúcuta, se realizará en el municipio de Lebrija, de donde era oriundo el uniformado.El ataque ocurrió en la noche del miércoles en el anillo vial oriental de Cúcuta, cerca del centro comercial Jardín Plaza Cúcuta, cuando una patrulla de la Policía fue interceptada y atacada a disparos por hombres armados, al parecer con armas de largo alcance.El subintendente Sarmiento conducía el vehículo oficial junto al mayor Álvaro Salcedo, comandante de la estación del barrio Ospina Pérez. Tras el atentado, ambos fueron trasladados de urgencia a la Clínica Medical Duarte, donde recibieron atención especializada. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, Sarmiento falleció debido a la gravedad de las heridas. El mayor Salcedo permanece bajo observación médica.Luego del ataque, la Policía activó un plan candado en distintos puntos de la ciudad y su área metropolitana, desplegando unidades adicionales e intensificando los controles en vías estratégicas para dar con los responsables.Las autoridades anunciaron una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los autores materiales e intelectuales del crimen. Asimismo, avanzan en la recolección de pruebas y en la revisión de cámaras de seguridad del sector para esclarecer lo ocurrido.El atentado se produjo horas después de una reunión de seguridad encabezada por el Ministerio del Interior y otras autoridades, en el marco de las medidas preventivas para las elecciones legislativas y consultas programadas para el 8 de marzo.
Cinco estudiantes entre los 14 y 16 años resultaron intoxicadas tras consumir clonazepam al interior del Colegio San José de Guanentá, en el municipio de San Gil. Las menores permanecen bajo observación médica en el Hospital Regional de San Gil.El caso ocurrió el miércoles 18 de febrero y fue confirmado por la Subsecretaría de Salud municipal, luego de que el centro asistencial emitiera una alerta por el ingreso de varias adolescentes con cuadro de intoxicación por medicamentos.De acuerdo con el reporte oficial, el fármaco consumido fue clonazepam, un medicamento de uso psiquiátrico que solo puede ser comercializado con fórmula médica.A través de un comunicado fechado el 19 de febrero, la institución educativa informó que “cinco estudiantes consumieron pastillas de uso psiquiátrico dentro de la institución” y precisó que los medicamentos habrían sido suministrados por una persona ajena al plantel, quien los introdujo por debajo de una puerta lateral que no corresponde a los accesos oficiales.Según el rector, José Antonio Ballesteros Vásquez, tras el hecho una de las menores presentó desmayo, lo que activó de inmediato el protocolo de atención contemplado en el manual de convivencia.La institución indicó que se brindó atención inicial desde Enfermería y la Coordinación de Bienestar y Convivencia, se notificó a los padres y acudientes y se realizó la remisión inmediata al hospital para valoración médica especializada. Asimismo, se efectuó el reporte a las autoridades competentes para el inicio de las respectivas investigaciones.El colegio señaló que el caso se está abordando desde un enfoque “formativo y preventivo”, al tiempo que anunció el refuerzo de medidas de seguridad institucional y el fortalecimiento de acciones de promoción del autocuidado y prevención del consumo de sustancias psicoactivas.Por tratarse de adolescentes, tras el ingreso al centro médico se activaron las rutas de atención correspondientes. El caso fue puesto en conocimiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y de la Comisaría de Familia, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer cómo las estudiantes accedieron al medicamento.Desde la Subsecretaría de Salud de San Gil también se inició una investigación epidemiológica de campo, que incluye la revisión de historias clínicas para determinar si alguna de las menores presentaba antecedentes emocionales o crisis previas que pudieran estar relacionadas con el consumo del fármaco.
Tres personas con discapacidad visual del área metropolitana de Bucaramanga denunciaron haber sido designadas como jurados de votación por la Registraduría Nacional del Estado Civil, situación que generó reacciones en redes sociales.Uno de los casos más visibles fue el de Juan David Pérez Quintero, integrante de la Selección Colombia de Fútbol para Ciegos, quien dio a conocer la situación a través de un video publicado en sus redes sociales. Con un tono jocoso, pero cuestionando la asignación, expresó:“Oiga imagínense que a Walter lo llamaron de jurado de votación, ¿cómo la ven? ¿Ahora quieren que los ciegos miren que no se roben los votos?; pues imagínense que nos llegó la notificación de que debemos ser jurados de votación (…)”.La publicación rápidamente generó comentarios de apoyo y cuestionamientos sobre los filtros utilizados para la designación de los jurados.Tras conocerse el caso, la Delegación Departamental de Santander de la Registraduría Nacional del Estado Civil emitió un comunicado en el que explicó que, al momento del sorteo y designación en la Registraduría Municipal de Piedecuesta, no se tenía conocimiento de la condición del ciudadano Juan David Pérez Quintero, quien fue postulado por la Alcaldía Municipal como apto para ser nombrado jurado de votación.“Una vez el ciudadano informa su situación, se procedió a exonerarlo de su función como jurado de votación y se le comunicó de forma inmediata”, señala el documento firmado por Ricardo Yezid Montoya Infante y Daniel David Barrios Mogollón, delegados departamentales del Registrador Nacional en Santander.Las otras dos personas ciegas que también denunciaron la designación como jurados de votación para la jornada electoral del 8 de marzo también fueron desvinculados por la Registraduría.
La Universidad Industrial de Santander celebra un hito histórico al ser reconocida con el premio Edificio del Año 2026 otorgado por ArchDaily en la categoría Educación, uno de los galardones más importantes de la arquitectura a nivel mundial.El reconocimiento destaca la calidad, innovación y proyección internacional de la infraestructura universitaria, consolidando a la UIS como referente en diseño arquitectónico al servicio de la formación académica y la transformación social.Desde la institución resaltaron que este logro es el resultado del trabajo colectivo. "Respira este momento. Siéntelo. Este triunfo también es tuyo. Cada voto, cada mensaje y cada gesto de apoyo construyó esta victoria”, señalaron directivas universitarias al agradecer a estudiantes, docentes, egresados y ciudadanía en general.El premio no solo exalta una obra física, sino una visión de futuro donde la infraestructura se convierte en motor de conocimiento, inclusión y desarrollo regional. "Con este reconocimiento internacional, la Universidad Industrial de Santander demuestra que la arquitectura colombiana puede inspirar al mundo cuando se construye con identidad, propósito y participación", manifestó el rector Hernán Porras.
En el centro y norte del Valle del Cauca continúan las emergencias provocadas por las fuertes lluvias, que han generado graves afectaciones en la zona rural del departamento. En total son once municipios los que han reportado novedades, relacionadas con vendavales, inundaciones y daños en vías terciarias.Las emergencias más complejas se han registrado en los municipios de Ginebra, con viviendas destechadas; y y Ansermanuevo, donde la creciente súbita de una quebrada generó daños en el puente que comunica a este municipio con Argelia."En el municipio de Ginebra, se tuvo en el corregimiento de Costa Rica un fuerte vendaval que desprendió la cubierta de aproximadamente 32 viviendas. Ya se hicieron los respectivos censos y en las próximas horas, la Secretaría Departamental de Gestión del Riesgo y Desastres atenderá con la asistencia humanitaria requerida para estas familias", señaló el secretario de Gestión del Riesgo del Valle, Francisco Tenorio.Más de la mitad de los municipios del Valle se encuentran en alerta por las lluvias, teniendo en cuenta que estas fuertes precipitaciones podrían extenderse hasta el mes de abril."El municipio de Palmira reportó en la vereda El Chontaduro y en la Buitrera fuertes vientos con desprendimiento de cubiertas. Igualmente el municipio de Ulloa, en Calima Darién hubo afectaciones por movimientos en masa y algunos desprendimientos de cubiertas. El municipio del Cerrito con la inundación de un corregimiento. Los municipios de Bolívar, Toro, Restrepo, Vijes, Ansermanuevo y Yotoco han sido los que nos han reportado afectaciones.", finalizó Tenorio.
La Asociación de Transportadores de Carga, ATC, encendió las alarmas al revelar lo que califica como un problema estructural en varios de los principales puertos de Colombia: cobros irregulares y las presuntas presiones que estarían afectando de manera directa a los camioneros.Según los transportadores, en medio de procesos como asignación de citas, inspecciones y movimientos en patios de contenedores, se estarían exigiendo pagos que van desde 30.000 hasta 300.000 pesos para agilizar trámites. La regla, es que quien paga, avanza más rápido; quien no lo hace, puede esperar hasta 10 días con el contenedor sobre su vehículo, e incluso arriesgarse a ser vetado y quedarse sin trabajo.“Esta situación es más extorsivo, es un enfoque que le hemos querido hacer ver al Ministerio de Transporte y la Superintendencia de mil maneras, pero parece que no lo comprenden”, señaló Anderson Quiceno, presidente de la ATC, tachando esta situación cómo “una estafa legalizada”.Los casos, principalmente se presentan con mayor frecuencia en puertos estratégicos como Buenaventura, Aguadulce, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena y Tolú, donde, según la ATC, algunos operadores portuarios estarían realizando estos cobros, obligando a los conductores a asumir costos que no les corresponden.“Son mafias que están organizadas alrededor de las diferentes necesidades de las operaciones portuarias y son cobradas a los transportadores. Es decir, son los camioneros en última los que tienen que sacar plata de su propio bolsillo para poder que les bajen o les suban un contenedor en tiempo oportuno y no se genere precisamente esa crisis alrededor de lo que tiene que ver con los descargues y cargas de los contenedores”, añadió Quiceno.Pero el impacto va más allá de los pagos irregulares. Cientos de camioneros deben permanecer durante días con la carga montada, funcionando en la práctica como bodegas móviles, mientras se resuelven trámites que son responsabilidad de importadores, exportadores o navieras. Ese tiempo perdido no es reconocido ni remunerado.Las cifras que entrega la asociación son alarmantes. Calculan que entre 200 y 300 camioneros pueden llegar a perder semanalmente entre 26 y 30 millones de pesos cada uno, sumando parqueaderos, alimentación, hospedaje y otros gastos derivados de las largas esperas. En conjunto, las afectaciones superarían los 5.000 millones de pesos por semana.Ante este panorama, la ATC exige al Ministerio de Transporte y a la Superintendencia de Puertos y Transporte que reconozcan un problema que, aseguran, lleva décadas sin resolverse y que trasladen las denuncias a las autoridades competentes.“Si esos cobros son legales, pues que los incluyan precisamente dentro de los costos. Hay que reconocerle a los camioneros para que a través del sistema de costos eficientes se los reconozca la empresa de transporte de carga. Pero no ha habido poder humano que haga entender a los funcionarios del ministerio, comenzando por la viceministra, cuál es el problema estructural en los puertos de Colombia”, exigió el Presidente de la ATC.De no haber intervención, plantean una alternativa. Así como las navieras cobran en dólares las demoras en la devolución de contenedores, los camioneros deberían poder cobrar automáticamente por el tiempo que permanecen retenidos con la carga. Para el gremio, se trata de dignificar al eslabón más vulnerable de la cadena logística nacional.
Quedó lista la obra de reconstrucción y reforzamiento del muro de contención que protege a Centroabastos, la zona industrial de Bucaramanga y unas 150 familias del barrio José Antonio Galán.El proyecto fue promovido desde Centroabastos y materializado por la CDMB (Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga), con una inversión que osciló entre los 27.000 y 28.000 millones de pesos, incluyendo obra, interventoría y estudios previos.Carlos Eduardo Quiroga, gerente de Centroabastos, recordó que durante 20 años enfrentaron crisis recurrentes por las inundaciones generadas por la creciente del río.“Es una obra de reforzamiento de lo que se deterioró desde hace 20 años. Tuvimos una crisis con la inundación por la creciente del río de Oro 2005 y no queríamos volver a pasar lo mismo”, afirmó.Según explicó, la configuración de una curva en el sector generaba que el caudal impactara con fuerza hacia predios vecinos, especialmente hacia Almagrario, lo que provocó emergencias en el pasado.“Lo que hicimos fue generar la problemática, hacer amigos en todas partes y buscar que nos brindaran esta protección. La CDMB fue la que nos prestó atención y construyó la obra”, señaló el directivo.La intervención consistió en la reconstrucción del muro de gaviones en la margen derecha del río de Oro, con una extensión de 866 metros lineales. Durante más de un año trabajaron alrededor de 100 personas en la ejecución del proyecto.La obra incluyó un sistema estructural de avanzada, compuesto por gaviones y 95 anclajes activos que refuerzan el punto más crítico de la margen derecha del afluente. Además, se construyó una estructura especial de estabilización en la parte baja, diseñada para prevenir fenómenos de socavación y erosión lateral provocados por la fuerza del río.También se levantaron estructuras perpendiculares a la margen que permiten la acumulación de sedimentos, formando playas naturales que ayudan a controlar la erosión y disminuir el impacto del caudal sobre la infraestructura.Para Juan Carlos Reyes Nova, gerente de la CDMB, el proyecto trasciende la infraestructura física. “Más de dos millones de santandereanos se ven favorecidos de manera indirecta, de los cuales 1,2 millones hacen parte de la jurisdicción de la CDMB. Esto no es solo infraestructura, es protección de la fuente hídrica, seguridad alimentaria y resiliencia para las futuras generaciones”, recalcó.Con esta obra, se busca mitigar el riesgo de nuevas emergencias en uno de los sectores estratégicos para la economía regional, garantizando mayor estabilidad a la central de abastos y a las empresas asentadas en la zona industrial de Bucaramanga.
La Policía Nacional confirmó que un auxiliar que se encontraba de turno en le Subestación de Puente Iglesias salió de su turno en horas de la tarde del pasado 18 de febrero, decidió ir a las orillas del río Cauca, lugar en donde fue visto por última vez por uno de sus compañeros.La información que se ha conocido hasta el momento es que el auxiliar se lanzó al afluente y nunca más fue visto en la superficie, por lo que se comenzó de inmediato con la búsqueda del joven de 19 años, sin que hasta el momento se hayan encontrado indicios de su paradero.El coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía Antioquia, manifestó que las autoridades en esta zona del Suoreste antioqueño comenzaron con diferentes labores para tratar de hallar al joven auxiliar."Terminó su turno y se fue a bañarse pues al río Cauca, a la ribera del río Cauca y uno de los compañeros pues dio informe que el muchacho se había tirado y no volvió a salir al río. Están en la búsqueda, no ha sido encontrado este jovencito, vamos a esperar que resulta de acuerdo a las labores propias de búsqueda con el personal idóneo en la zona", indicó el uniformado.Por ahora, autoridades de gestión del riesgo de Fredonia y Venecia, así como el DAGRAN de la Gobernación de Antioquia se encuentran haciendo presencia en esta zona. Además, se conoció que incluso se ha hecho un recorrido en lancha por el afluente, sin que se haya avistado al uniformado.Hay que mencionar que debido a las fuertes lluvias que hay caído sobre el departamento de Antioquia, uno de los puntos de riesgo para comunidades es precisamente el río Cauca en donde desde hace varios días se había hecho la recomendación de no hacer ningún tipo de actividades como, por ejemplo, nadar.
En medio de una prolongada crisis política, con cambios frecuentes de presidentes y alta rotación de autoridades, Perú ha logrado mantener una estabilidad macroeconómica que llama la atención en la región.Para explicar ese fenómeno, el exministro de Finanzas Luis Miguel Castilla aseguró en Mañanas Blu 10:30 que la clave ha estado en la fortaleza institucional del Banco Central y en el rechazo ciudadano a la inflación.“Creo que ustedes le han dado al clavo porque la estabilidad en el Banco Central es que ya tenemos el presidente que tenemos ya hace 20 años. Ha sido lo que ha permitido, digamos, lidiar con estas aguas tumultuosas políticas que no se ven. Entonces, la independencia y la continuidad y el manejo meritocrático de la política monetaria ha sido clave en el país”, afirmó.¿Cómo lo han logrado?Castilla señaló que existen dos factores determinantes. El primero, la autonomía constitucional del Banco Central, que —según explicó— ha “blindado al Banco Central del poder político”. El segundo, un consenso social amplio en torno a la estabilidad de precios. “La población no tolera la inflación y eso ha percolado a la clase política”, dijo.Esa combinación ha permitido que presidentes de distintas corrientes ideológicas hayan ratificado en el cargo al actual titular del Banco Central. “Tenemos que presidentes de todo el espectro ideológico, incluido desde García hasta Pedro Castillo, en las antípodas ideológicas han ratificado a Julio Velarde. Entonces a mí me tocó ser el segundo en ratificarlo en la época del expresidente Humala, y eso creo que es el secreto, digamos, de por qué hay esa continuidad y ese respeto”, sostuvo.El exministro destacó además un elemento poco común: el alto nivel de conocimiento ciudadano sobre la autoridad monetaria. “Probablemente sea un país insólito donde probablemente el 80% de la población sepa quién es el presidente del Banco Central. Eso no ocurre en todas partes, y eso creo que hace parte de la credibilidad que tiene el manejo monetario en el Perú”, afirmó.Sobre el papel de la informalidad, Castilla reconoció que tiene un doble efecto. “Es bueno y malo”, explicó. “Es malo porque tenemos mucha población vulnerable cuando hay shocks como la pandemia, no tienen ahorros y son mucho más expuestos a los embates de las crisis. Pero lo cierto es que también ha sido una válvula de escape para poder tener una economía resiliente”.A su juicio, Perú ha vivido un fenómeno particular: “el fenómeno de las cuerdas separadas, ¿no? La economía va por un lado, la política va por el otro”. No obstante, advirtió que esa desconexión tiene límites. “Tanto cambio y tanta rotación de autoridades está minando, está minando a la economía, y eso se ve una paralización de toma de decisiones que le pasa factura a la economía”, señaló. Incluso aseguró que el país podría estar creciendo más con los actuales precios de materias primas: “En lugar de crecer 6% con estos precios, las materias primas debemos estar creciendo al doble. Este, creo que ese 3 podría crecer 6”.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
En una operación conjunta realizada en límites entre Santander y Antioquia, tropas de la Quinta Brigada del Ejército capturaron a dos presuntos sicarios del Clan del Golfo, señalados de participar en varios homicidios, extorsiones y recientes hechos violentos ocurridos en Yondó y Barrancabermeja.Los detenidos, identificados con los alias de ‘Chuler’ y ‘Jincho’, se movilizaban en una motocicleta cuando fueron interceptados por las autoridades. De acuerdo con el reporte militar, en su poder les fueron hallados un revólver y una libreta que contenía apuntes de presuntas víctimas extorsionadas en la región.El coronel Gerson Molina, comandante de la Quinta Brigada, aseguró que los dos hombres serían responsables de varias acciones violentas que han incrementado la zozobra entre los habitantes del Magdalena Medio.“Estos dos integrantes del Clan del Golfo estaban desarrollando inteligencia delictiva para ejecutar homicidios contra personas que, al parecer, serían integrantes del grupo armado ELN. Esto venía generando intranquilidad y temor en los habitantes de ese sector”, señaló el oficial.Según información de las autoridades, alias ‘Chuler’ y ‘Jincho’ harían parte de una estructura criminal encargada de intimidar y extorsionar a comerciantes, transportadores y pobladores de Yondó y Barrancabermeja, con el propósito de mantener el control territorial en zonas estratégicas para el tráfico ilegal.Tras ser presentados ante un juez de control de garantías, ambos hombres fueron enviados a la cárcel mientras avanza el proceso judicial en su contra por los delitos de homicidio, fabricación y porte ilegal de armas, y extorsión.
El anillo vial volvió a convertirse en escenario de tragedias viales. En menos de 9 horas, dos motociclistas perdieron la vida en accidentes ocurridos en diferentes puntos de este corredor que comunica a Girón con Floridablanca, una vía donde la alta velocidad, las maniobras riesgosas y el flujo continuo de vehículos suelen incrementar el riesgo de siniestros.El primer accidente ocurrió hacia la 1:30 de la tarde del miércoles, cerca del sector de aguas residuales en dirección hacia Girón. Allí, Juvenal Gómez Gamboa, de 35 años, se estrelló contra un bus de servicio público perteneciente a la empresa Transpiedecuesta. De acuerdo con las primeras versiones, el vehículo había dejado un pasajero y se reincorporaba a la vía cuando el motociclista, que al parecer se desplazaba a gran velocidad, colisionó de frente.El impacto dejó a Gómez Gamboa tendido en el asfalto y su motocicleta atravesada sobre la calzada. En ese momento, tres motociclistas que venían por el carril izquierdo no lograron frenar a tiempo y chocaron contra el vehículo afectado, generando un accidente múltiple que agravó aún más la situación: Gómez fue golpeado de nuevo por una de las motos y murió de manera inmediata.Tres personas más resultaron heridas, entre ellas un menor de edad, quienes fueron trasladadas a centros asistenciales. Gómez Gamboa trabajaba en una empresa de transporte terrestre.Horas después, hacia las 9:40 de la noche, la tragedia volvió a repetirse, esta vez, en jurisdicción de Floridablanca. La víctima fue Karen Sofía Quiroz Ramírez, de 25 años, una aficionada a las motocicletas que conducía hacia Girón.Según el reporte preliminar de la Dirección de Tránsito, la joven habría intentado pasar entre un automóvil y un tractocamión que circulaban por los carriles izquierdo y derecho, respectivamente. En medio de la maniobra, Quiroz habría golpeado el automóvil y perdió el control de la moto, cayendo justo delante de las llantas traseras de la tractomula, que la arrolló.La muerte fue inmediata pese a los intentos de personas en la zona que corrieron a auxiliarla.Cabe recordar que el Anillo Vial es considerado uno de los tramos más peligrosos del área metropolitana, especialmente para los motociclistas.Las autoridades municipales y departamentales le han pedido al Instituto Nacional de Vías, Invías, desde hace varios meses, que se construyan retornos porque en más de 10 kilómetros sólo hay uno y eso lleva a que los motociclistas salten el separador ocasionando un sinnúmero de accidentes, muchos de ellos con desenlaces fatales.
En una acción considerada determinante para debilitar una de las estructuras delincuenciales con mayor incidencia en el norte de Bucaramanga, la Policía Metropolitana capturó a Yeferson David Cárcamo Jaimes, alias ‘Pescorí’, señalado cabecilla de la organización criminal Los Claverianos y requerido por homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego.El operativo fue adelantado por el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) en el asentamiento humano José Antonio Galán, donde los uniformados lograron ubicar y materializar la orden judicial en su contra. Según las investigaciones, ‘Pescorí’, de 35 años, tenía una injerencia directa en actividades criminales que afectaban la convivencia y seguridad del barrio, ejerciendo control sobre zonas priorizadas y coordinando acciones al interior de la banda.Las autoridades confirmaron que el capturado fue dejado a disposición de la autoridad judicial competente, que definirá su situación jurídica en las próximas horas.Este resultado se suma a un segundo operativo ejecutado en las últimas horas también por el GOES en el mismo asentamiento humano. Allí, fue capturado Diego Armando Rojas Vergel, conocido como alias ‘Lucho’ o ‘El Gomelo’, señalado de ser otro de los líderes de Los Claverianos.La intervención ocurrió en el sector Gallineral, donde los uniformados le encontraron una pistola con cinco cartuchos, arma que fue incautada durante el procedimiento. La Policía estableció que Rojas Vergel registra un extenso prontuario: antecedentes por concierto para delinquir, dos procesos por porte ilegal de armas, vínculos con grupos armados del sur de Bolívar y múltiples reclusiones en cárceles de Valledupar, Aguachica, Cúcuta, Espinal y Palogordo.El brigadier general William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, destacó que estos golpes “son reflejo del esfuerzo decidido de nuestros policías para desarticular organizaciones criminales y fortalecer la seguridad de Bucaramanga”.
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria y formuló cargos contra Kelly Paola Restrepo Amaya, exdirectora del Instituto Departamental de Recreación y Deportes de Santander (Indersantander), por presuntas irregularidades en la modificación de la planta de personal y en el nombramiento de funcionarios durante su gestión.Según el Ministerio Público, en diciembre de 2023 la exfuncionaria habría creado nuevos cargos y expedido resoluciones sin contar con el aval legal requerido, así como nombrado en provisionalidad a seis funcionarios sin la autorización de la Junta Directiva ni del Gobierno departamental, entidades competentes para este tipo de decisiones según los estatutos del instituto.La Procuraduría señaló que Restrepo Amaya: “debió abstenerse de realizar estos nombramientos y calificó provisionalmente su conducta como grave a título de culpa gravísima, al considerar que, conociendo los estatutos de Indersantander, estaba obligada a gestionar previamente los permisos para modificar la planta de personal”.El proceso disciplinario continuará con la recolección de pruebas y la evaluación de las posibles faltas en el ejercicio de sus funciones.
Este viernes 28, sábado 29 y domingo 30 de noviembre se realizará en Santander una nueva edición del Black Friday, una jornada de tres días con descuentos especiales que busca impulsar la actividad económica de fin de año en los 87 municipios del departamento.De acuerdo con Fenalco Santander, se prevé que más de 2 millones de personas visiten los centros comerciales durante el fin de semana, lo que permitirá dinamizar el comercio formal, aumentar la demanda de bienes y servicios y generar un crecimiento estimado del 15% en empleos temporales.Alejandro Almeyda, director ejecutivo de Fenalco en Santander, explicó que la jornada contará con la participación de más de 68.000 establecimientos y 35.600 marcas, que ofrecerán cerca de 450.000 referencias con descuentos y promociones. “Es una oportunidad para madrugarle a la Navidad. Habrá premios, rifas, experiencias familiares y rebajas en prendas, artículos seleccionados, tecnología, electrodomésticos y calzado”, señaló.El gremio comerciante estima que las ventas podrían crecer más del 20% frente al Black Friday del año pasado, una señal positiva tras un año complejo para el sector. Según Almeyda, más del 90% de los consumidores encuestados manifestó su intención de asistir a los centros comerciales en busca de ofertas.Fenalco destacó que, para muchos comerciantes, los dos últimos meses del año representan más del 60% de sus ventas anuales, por lo que estas jornadas de descuentos son clave para cerrar el año con recuperación económica.La invitación del gremio es a aprovechar las promociones a través del comercio formal, tanto en canales presenciales como digitales, para acceder a beneficios seguros y transparentes.
Tropas del Ejército Nacional de Colombia evitaron la comercialización de más de un millón de dosis de cocaína en los Estados Unidos, tras ubicar y destruir un complejo cocalero en zona rural de Sabana de Torres, Santander.La operación se desarrolló en el marco del Plan de Campaña Operacional Ayacucho Plus 2023-2026, bajo el concepto de acción unificada, y fue liderada por el Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (CONAT), en coordinación con la Policía Nacional.El laboratorio fue hallado en la vereda Bella Vista y, según información oficial, haría parte de las finanzas ilícitas del grupo armado organizado Clan del Golfo, específicamente de la subestructura Édgar Madrid Benjumea.De acuerdo con el reporte militar, el complejo estaba conformado por cuatro estructuras con capacidad para producir hasta dos toneladas mensuales de clorhidrato de cocaína. En el lugar fueron encontrados 1.026 kilogramos de esta sustancia, avaluados en aproximadamente 151.000 millones de pesos.La infraestructura destruida tendría un valor cercano a los 700 millones de pesos. Las autoridades indicaron que, gracias a labores de inteligencia militar, se estableció que esta organización estaría buscando expandir sus rutas de narcotráfico hacia países de Centroamérica y los Estados Unidos, utilizando corredores costeros y marítimos en el mar Caribe.
Dos mujeres fueron capturadas por su presunta participación en el homicidio de un hombre de 47 años, identificado como César Neira, en hechos ocurridos en el barrio Laureles de Bucaramanga.De acuerdo con el reporte entregado por el coronel Héctor Daniel García Acevedo, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el homicidio se registró en horas de la tarde.Según la información preliminar, “los hechos estarían relacionados con un presunto caso de abuso sexual contra una menor de 14 años, que habría ocurrido en la mañana del mismo día. Sin embargo, este señalamiento no fue puesto en conocimiento de las autoridades competentes en el momento en que, al parecer, se presentó”.El oficial indicó que, tras conocerse el supuesto caso, algunas personas habrían decidido tomar justicia por mano propia, lo que derivó en el asesinato de César Neira.Como resultado de la reacción policial, dos mujeres fueron capturadas señaladas de ser presuntas responsables del homicidio y quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que asumirá la investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.Entre tanto, la menor de 14 años está siendo valorada por personal médico especializado y recibe atención integral para el restablecimiento de sus derechos, conforme a los protocolos establecidos para este tipo de casos.Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para que cualquier hecho relacionado con presuntos delitos, especialmente contra menores de edad.Este homicidio se suma a los cuatro homicidios ocurridos en las últimas 24 horas en Bucaramanga. De los hechos ocurridos hay cuatro capturados, la Policía Metropolitana de Bucaramanga busca a los responsables de los hechos violentos e investiga las causas de los asesinatos.
Cinco estudiantes, entre los 14 y 16 años, resultaron intoxicadas tras consumir clonazepam al interior del Colegio San José de Guanentá, en el municipio de San Gil. Las menores permanecen hospitalizadas bajo observación médica en el Hospital Regional de San Gil.El caso fue confirmado por el subsecretario de Salud de San Gil, Víctor Chaparro, quien explicó que la alerta se recibió en horas de la tarde de este miércoles 18 de brero por parte del centro asistencial.“Desafortunadamente el día de ayer (18 de febrero) en horas de la tarde fuimos notificados por una alerta por parte del Hospital Regional de San Gil por unos estudiantes que ingresaron con un cuadro de intoxicación. Se identificaron cinco estudiantes entre las edades de 14 y 16 años que ingresaron al servicio de urgencias por intoxicación por medicamentos”, indicó el funcionario.Según el reporte oficial, el medicamento consumido fue clonazepam, un fármaco de uso psiquiátrico que solo puede ser vendido con fórmula médica.Tras el ingreso de las menores, se activaron de inmediato las rutas correspondientes por tratarse de adolescentes. El caso fue puesto en conocimiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y de la Comisaría de Familia, mientras avanzan las investigaciones para establecer cómo las estudiantes accedieron al medicamento.Desde la Subsecretaría de Salud también iniciaron la investigación epidemiológica de campo, revisando las historias clínicas para determinar si alguna de las menores presentaba antecedentes emocionales o crisis previas que pudieran estar relacionadas con el consumo del fármaco.El padre de una de las niñas afectadas expresó su preocupación por lo ocurrido y pidió mayores controles dentro de la institución educativa.“Lo que yo pido es más seguridad en el colegio. En el colegio no hay ninguna clase de seguridad. Le facilitan la entrada al mismo colegio a personas haciéndose pasar por familiares”, afirmó.El hombre relató que su hija presenta alteraciones en su comportamiento tras la intoxicación. “Está como sonámbula, llora, grita, da golpes, se pone agresiva. La van a llevar para atención en salud mental”, agregó.El subsecretario de Salud hizo un llamado a las instituciones educativas para que estén atentas a cambios en el comportamiento de los estudiantes, teniendo en cuenta que pasan gran parte del tiempo en los planteles.También pidió a los padres de familia mantener una vigilancia activa y acudir de inmediato a los servicios de salud ante cualquier señal de alarma.De igual manera, solicitó a las droguerías del municipio abstenerse de vender clonazepam sin la respectiva fórmula médica. “Es un medicamento de uso exclusivo psiquiátrico y no puede ser vendido sin prescripción. Ya tenemos las primeras consecuencias de que factores externos fueron quienes suministraron este medicamento a las estudiantes”, advirtió.Las autoridades aclararon que, hasta el momento, solo hay cinco casos confirmados relacionados con esta intoxicación. Además, continúan las investigaciones para determinar el modo en que el medicamento llegó a manos de las menores y evitar que situaciones similares se repitan.
La operación se realizó en el casco urbano del municipio de Los Patios, Norte de Santander, en el marco del Plan Ayacucho Plus. En el procedimiento participaron soldados del Batallón de Infantería N.° 13 General Custodio García Rovira, orgánico de la Trigésima Brigada, y del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas N.° 4, en coordinación con la SIJIN de la Dirección de Antinarcóticos y los Comandos Jungla de la Policía Nacional.Según las investigaciones, alias “Gustavo” sería el líder de una organización criminal de alcance internacional dedicada al envío de grandes cargamentos de clorhidrato de cocaína desde Colombia hacia el noreste de Uruguay mediante aeronaves clandestinas. Posteriormente, la droga era transportada por vía marítima hacia países europeos, principalmente España y Países Bajos.Las autoridades indicaron que el capturado utilizaba sofisticados métodos logísticos para el ocultamiento y transporte de estupefacientes, incluyendo el camuflaje en cargamentos de frutas destinadas a la exportación. Su trayectoria criminal registra antecedentes de captura en 2007 en territorio uruguayo con cerca de 496 kilogramos de cocaína, así como procesos judiciales en Europa que derivaron en su extradición y condena por narcotráfico y lavado de activos.En Bucaramanga fueron capturadas otras dos personas por el delito de narcotráfico y lavado de activos, confirmaron las autoridades de Colombia.
La tragedia aérea del 28 de enero de 2025 no solo le arrebató la vida al congresista Diógenes Quintero y a otras 15 personas en las montañas de Norte de Santander, sino que también dejó un vacío en la investigación que hoy sigue sin resolverse.La esposa de Diógenes, Diana Riveros habló en Relatos al Límite y aseguró que, más allá del dolor por su muerte, enfrenta una angustia adicional por el paradero desconocido de pertenencias que, para ella, tienen un valor incalculable.El vuelo operado por Satena había despegado desde Cúcuta con destino a Ocaña, en un trayecto habitual que duraba apenas 17 minutos. Sin embargo, la aeronave terminó estrellándose en zona rural del municipio de La Playa de Belén, causando la muerte de todos sus ocupantes. En medio de la recuperación de los cuerpos y las investigaciones posteriores, varias pertenencias del congresista no aparecieron. El bolso, el celular y la libreta: objetos que nunca regresaronRiveros relata que su esposo viajaba siempre con un bolso negro personalizado con sus iniciales. Allí guardaba elementos esenciales de su trabajo: su celular, una libreta donde escribía a mano sus ideas, una iPad y documentos personales. Ninguno de estos objetos fue recuperado.“Ese bolso no aparece. Era un bolso negro, personalizado, que no tiene pierde. Tenía su libreta, su iPad, sus cosas personales. Para mí eso tiene un valor demasiado alto”, explicó Riveros, quien desde entonces ha pedido ayuda a la comunidad para ubicar esos elementos.La desaparición del celular es otro de los misterios. Según la familia, el dispositivo continuó recibiendo llamadas y mensajes horas después del accidente, lo que generó confusión sobre su estado. Sin embargo, hasta hoy no ha sido entregado ni reportado oficialmente entre los objetos recuperados.Lo poco que quedóAlgunas pertenencias sí lograron ser rescatadas por quienes llegaron primero al lugar del accidente. Entre ellas, una cadena, manillas y su billetera con documentos personales, que permitieron confirmar su identidad. También fue reconocido por un tatuaje en su cuerpo, el cual, según su esposa, permanecía intacto.Otros elementos, como su reloj, nunca fueron encontrados. “Él se compró uno igual al que me regaló días antes. Ese reloj no aparece. Yo creo que salió expulsado en el impacto”, contó.Incluso los zapatos que llevaba ese día fueron vistos en imágenes posteriores al accidente, pero tampoco han sido entregados a la familia.Para Riveros, recuperar estos objetos representa mucho más que una cuestión material. Son, dice, fragmentos de memoria que le permitirían conservar una conexión tangible con su esposo.“Cada cosa que pertenecía a él tiene un valor demasiado grande para mí. Es lo último que tuvo, lo último que usó”, afirmó.La viuda también ha cuestionado los protocolos de recuperación y custodia de pertenencias tras el accidente, y pide claridad sobre el destino de estos elementos, así como avances en la investigación sobre las causas del siniestro.Mientras las autoridades continúan las indagaciones, la incertidumbre persiste. Para la familia de Quintero, el duelo no solo está marcado por la pérdida de un ser querido, sino por la ausencia de objetos que, en medio del dolor, se han convertido en símbolos de despedida que aún no han podido recuperar.
Dos accidentes de tránsito en motocicleta dejaron como saldo dos personas muertas y un herido de gravedad en hechos ocurridos entre la vía Bucaramanga – Girón y el municipio de Rionegro, en Santander.La primera víctima fue Juan Sebastián Angarita Rojas, estudiante de Tecnología en Producción Industrial en las Unidades Tecnológicas de Santander.El joven había salido de clases y se movilizaba como parrillero en una motocicleta conducida por un compañero del mismo programa académico. El accidente ocurrió en la vía Bucaramanga – Girón, en el sector conocido como Coca Cola.Según la información preliminar, el conductor perdió el control del vehículo, invadió el carril contrario y ambos ocupantes cayeron sobre el pavimento. Juan Sebastián sufrió un trauma craneoencefálico severo. Aunque fue trasladado de inmediato a un centro asistencial, falleció debido a la gravedad de las lesiones.El conductor de la motocicleta resultó gravemente herido y permanece bajo atención médica.Tras conocerse la noticia, el rector de las UTS, Omar Lengerke, lamentó el fallecimiento del estudiante.“Con el corazón conmovido, hoy despedimos a uno de nuestros jóvenes talentos. La partida de Juan Sebastián Angarita Rojas nos deja un vacío profundo en los pasillos de nuestra institución”, expresó el directivo, quien envió un mensaje de solidaridad a sus padres, amigos y compañeros del programa académico.En un segundo hecho, ocurrido en la vía hacia la Costa Atlántica, en el sector Cristo Rey antes de ingresar al municipio de Rionegro, perdió la vida Orlando Rodríguez.De acuerdo con el reporte oficial, el motociclista perdió el control del vehículo en una curva y chocó con la parte lateral de la carrocería de una tractomula. Producto del fuerte impacto, sufrió la amputación de su brazo izquierdo.Rodríguez fue trasladado al Hospital San Antonio de Rionegro, donde falleció pese a los esfuerzos médicos.Las autoridades de tránsito adelantan las investigaciones para establecer con exactitud las circunstancias de ambos siniestros viales y reiteraron el llamado a la prudencia en las carreteras.
Hay preocupación entre los residentes del barrio Cabecera por la convocatoria que está haciendo un grupo de personas que se identifican como therian para reunirse en el parque San Pío de Bucaramanga al mediodía del sábado 21 de febrero de 2026.Ante esta situación, la Junta de Acción Comunal (JAC) del sector elevó una solicitud formal a la Alcaldía y a la Policía Metropolitana para que no sea permitida la actividad, al considerar que podría generar alteraciones del orden público.La comunicación fue dirigida al alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, al secretario del Interior, Alfonso Pinto, y al comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, William Quintero Salazar.En la carta, la JAC solicita “de manera formal y urgente” que no sea autorizada ni permitida la reunión anunciada para las 12:00 p.m. en el Parque San Pío, argumentando que el horario nocturno y la naturaleza de la convocatoria representan un riesgo para la tranquilidad ciudadana y la sana convivencia.Según el documento, permitir el encuentro podría generar afectaciones al orden público y a la seguridad, especialmente por tratarse de un espacio público concurrido del sector de Cabecera del Llano. La Junta advierte que “la autoridad está facultada para intervenir de manera preventiva, con base en los artículos 33, 35, 53 y 92 de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana)”.A la preocupación de la comunidad se suma que, a la misma hora, otro grupo de ciudadanos estaría convocando a una concentración para rechazar la presencia de los denominados therians, personas que, según la convocatoria difundida en redes sociales, se identifican como animales.Entre las solicitudes puntuales están “No autorizar ni permitir la realización de la reunión anunciada, disponer presencia preventiva de la Policía en el sector y adoptar las medidas necesarias para garantizar el uso adecuado del espacio público y la protección de la comunidad”, dice el documento.La Junta de Acción Comunal de Cabecera indicó que la petición se formula “con carácter preventivo y en defensa del interés general”, e insistió en la necesidad de evitar situaciones que puedan poner en riesgo la seguridad en uno de los parques más emblemáticos de la ciudad.Esta es la carta de la Junta de acción comunal de Cabecera del Llano.
Los casos se registraron en los barrios Nariño, Villas de Girardot, Villas de San Ignacio y Laureles, sectores donde las autoridades desplegaron operativos para dar con los responsables y esclarecer los móviles de los crímenes en Bucaramanga y Piedecuesta. De acuerdo con información preliminar, los homicidios se perpetraron en circunstancias aisladas, aunque no se descarta que algunos de los hechos estén relacionados con disputas por el control territorial y actividades delictivas como el microtráfico, problemática que ha venido generando preocupación entre la comunidad y las autoridades metropolitanas.El caso que más conmoción ha causado es el del menor de 15 años, cuyo asesinato en Piedecuesta es materia de investigación por parte de unidades de la Sijín y el CTI. Organismos judiciales realizaron las inspecciones técnicas a los cuerpos y adelantan la recolección de pruebas y testimonios.Con estos hechos, aumenta la preocupación por la escalada violenta en el área metropolitana, donde en las últimas semanas se han registrado varios ataques sicariales en diferentes sectores residenciales.Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para aportar información que permita identificar y capturar a los responsables, al tiempo que anunciaron el fortalecimiento de los patrullajes y controles en zonas consideradas de mayor riesgo.La situación vuelve a encender las alarmas sobre la seguridad en la capital santandereana y su área metropolitana, mientras líderes comunitarios piden acciones contundentes para frenar la ola de homicidios.
Un nuevo hecho de violencia sacudió a Cúcuta en la noche de este miércoles, cuando una patrulla de la Policía fue atacada a disparos en el anillo vial oriental, cerca del centro comercial Jardín Plaza Cúcuta. El subintendente Luis Sarmiento murió tras resultar gravemente herido, mientras que el mayor Álvaro Salcedo, comandante de la estación del barrio Ospina Pérez, permanece bajo observación médica.El atentado ocurrió cuando el subintendente Sarmiento conducía la patrulla junto al mayor Salcedo. De acuerdo con la información preliminar, hombres armados, al parecer con armas de largo alcance, dispararon contra el vehículo oficial en inmediaciones de Jardín Plaza.Tras el ataque, ambos uniformados fueron trasladados de urgencia a la Clínica Medical Duarte, donde recibieron atención especializada. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, el subintendente Luis Sarmiento falleció debido a la gravedad de las heridas.Plan candado en la ciudadLuego del atentado, la Policía activó un plan candado en distintos puntos de Cúcuta y su área metropolitana, con el objetivo de ubicar y capturar a los responsables del ataque. Se desplegaron unidades adicionales y se intensificaron los controles en vías estratégicas.El hecho se produjo horas después de que el Ministerio del Interior y otras autoridades sostuvieran una reunión de seguridad en la ciudad, en el marco de las medidas preventivas para las elecciones legislativas y consultas programadas para el 8 de marzo.Las autoridades avanzan en la recolección de pruebas y en la revisión de cámaras de seguridad del sector para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables de este ataque que enluta a la Policía y vuelve a encender las alertas por la situación de orden público en la región.
Un operativo coordinado entre la Policía Nacional de Colombia, la organización policial interamericana Ameripol y la Oficina Central Nacional de Interpol en Caracas (Venezuela) culminó con la captura de dos presuntos cabecillas de una plataforma global de narcotráfico asociada al ELN, informó la institución en un comunicado oficial.La acción, denominada Operación Imperio, se desarrolló este martes en la ciudad de Bucaramanga (Santander) en el marco de la estrategia institucional de inteligencia. Según las autoridades, los detenidos eran requeridos internacionalmente y tenían vínculos directos con las rutas de envío de cocaína desde la frontera colombo-venezolana hacia Estados Unidos y Europa.Alias “César”: coordinador de red global del crimenLa primera captura corresponde a César Pérez Serrano, conocido con el alias “César”, señalado como uno de los principales cabecillas de una estructura criminal transnacional dedicada al narcotráfico, la asociación para delinquir y el blanqueo de capitales. Contra él pesaba una Notificación Roja de Interpol, lo que lo hacía buscado en al menos 196 países.De acuerdo con las investigaciones policiales, “César” mantenía comunicación permanente con células del ELN radicadas en la zona fronteriza de Arauca y Norte de Santander. Desde Bucaramanga habría coordinado logística, financiamiento y movimientos estratégicos de la organización, lo que le permitió sostener un alto nivel de vida financiado con recursos ilícitos.Alias “Katy”: líder del componente financieroLa segunda persona capturada fue Katiuska Pargas, conocida como alias “Katy”, solicitada en extradición por su presunta responsabilidad en delitos de blanqueo de capitales. Las autoridades señalan que lideraba el componente financiero de la red criminal, siendo responsable del ocultamiento, administración e integración de recursos ilícitos al sistema financiero nacional y facilitando así la operación continua de la banda.La Operación Imperio representa, según el reporte oficial, un “golpe estructural” a una organización criminal con alcance internacional, golpeando directamente las finanzas del narcotráfico y debilitando la operatividad del ELN en corredores estratégicos de la frontera oriental del país.