En su primera rueda de prensa tras ser nombrado por el papa León XIV como nuevo arzobispo de Bucaramanga, monseñor Luis Augusto Campos hizo un llamado a la responsabilidad democrática de candidatos y votantes, en medio del ambiente preelectoral que vive Colombia.El prelado, quien asumirá oficialmente el próximo 18 de abril en una ceremonia que se realizará en Bucaramanga, pidió que el proceso electoral se desarrolle “por las vías constitucionales” y sin ningún tipo de irregularidad.“Yo quisiera enviarles un mensaje a los candidatos y también a los votantes y es que respetemos el proceso, que no se vaya a contaminar de ninguna cuestión que pueda implicar algún desvío de votos”, expresó.Monseñor Campos insistió en la importancia de ejercer un voto informado y consciente. Señaló que los ciudadanos tienen la responsabilidad de estudiar las propuestas y revisar las hojas de vida de los aspirantes, con el fin de garantizar que quienes lleguen a los cargos públicos tengan integridad moral y honestidad.“Creo que todos tenemos una enorme responsabilidad de saber por quién votamos, de tomarnos el trabajo de estudiar las propuestas (…) de tal manera que den una garantía de integridad moral”, afirmó.Asimismo, invitó a que la política se oriente hacia el bien común y no hacia intereses partidistas o personales. En su mensaje, hizo referencia al momento complejo que atraviesa el país, marcado, según dijo, por enfrentamientos y rivalidades.“¿Será posible pensar más allá de los intereses personales? ¿Será posible pensar también en una política honesta, en una política que sea transparente?”, cuestionó.Con este pronunciamiento, el nuevo arzobispo fijó una postura clara frente a la necesidad de fortalecer la ética pública y la participación responsable, en vísperas de su posesión como máxima autoridad de la Iglesia Católica en la capital santandereana.
En un contundente operativo contra el maltrato animal y la corrupción de alimentos, la Policía Nacional capturó a cinco personas y decomisó más de dos toneladas de carne en un matadero clandestino que funcionaba en la vereda Ojo de Agua, zona rural de San Gil, Santander. Durante la intervención, las autoridades incautaron 1.800 kilogramos de carne, 230 kilogramos de vísceras, 8 kilogramos de material orgánico correspondiente a producto de gestación y 160 kilogramos de subproductos cárnicos, para un total de 2.198 kilogramos, avaluados en aproximadamente 32 millones de pesos.Según la investigación, la actividad se realizaba en un sitio no autorizado, sin cumplir con las condiciones técnicas de manipulación e inocuidad exigidas para el consumo humano. Además, se evidenció el sacrificio de semovientes sin protocolos técnicos ni humanitarios, vulnerando las normas de protección animal.El operativo también permitió establecer el manejo irregular de residuos orgánicos y la disposición inadecuada de despojos, lo que generaba riesgo de contaminación de fuentes hídricas en esta zona rural. El producto cárnico fue trasladado a la planta de beneficio del municipio de Villanueva para su destrucción, evitando su comercialización. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de maltrato animal y corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico. El coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante del Departamento de Policía Santander, señaló que este resultado “demuestra la determinación institucional de proteger la salud pública, salvaguardar el bienestar animal y combatir las economías ilegales que atentan contra la seguridad alimentaria”.Las autoridades anunciaron que continuarán los controles permanentes en todo el territorio para evitar este tipo de prácticas ilegales en municipios de Santander.
En medio de la huelga que adelantan trabajadores de la Empresa Electrificadora de Santander (ESSA), la Gobernación de Santander hizo un llamado al diálogo responsable y advirtió que incrementos “desproporcionados” en los beneficios laborales podrían afectar la sostenibilidad financiera de la compañía.La administración departamental señaló que, aunque respeta el derecho a la organización sindical y reconoce las peticiones planteadas por los empleados, “el servicio de energía es un servicio público esencial del que dependen hospitales, acueductos, instituciones educativas, el sector productivo y la vida diaria de los santandereanos”, dice la Gobernación en un comunicado.La huelga se produjo luego de 40 días de conversaciones entre el sindicato y la empresa sin lograr acuerdos. Entre los puntos que mantienen el desacuerdo está la solicitud de un incremento salarial del 23,7 %, equivalente al aumento del salario mínimo para 2026, pese a que, según se ha indicado, ninguno de los trabajadores sindicalizados devenga ese salario básico.En el comunicado oficial, la Gobernación advirtió que aumentos superiores a la capacidad financiera de la empresa podrían poner en riesgo su operación, su capacidad de inversión y los recursos que transfiere al departamento. Recordó que el 22 % de las utilidades de ESSA ingresan a Santander para financiar obras, programas sociales y el pago de salarios de servidores públicos.El director de Prosantander, Juan Pablo Remolina, también intervino en la discusión a través de su cuenta en X, donde cuestionó que el sindicato solicite un incremento del 23,7 % para empleados que, según afirmó, devengan salarios de hasta 10 millones de pesos, además de otros beneficios, y que adicionalmente se estén pidiendo 96.000 millones de pesos en el pliego. “La ESSA es una empresa que nos pertenece a los santandereanos (…) Hay que cuidarla y protegerla. ¿Quién tiene que ceder?”, escribió.Por su parte, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, respondió al representante de Prosantander, señaló que el conflicto incluye varios puntos adicionales y que la salida debe ser producto de la concertación. “Lo mejor es hablar y acordar. Es una negociación”, manifestó.Frente al llamado que han hecho los gremios al diálogo para superar la huelga, Carlos Roncancio, abogado de Sintraelecol, dijo que la Electrificadora de Santander cerró las puertas a las conversaciones.“Ninguna autoridad en este momento está mediando este conflicto la ANDI manifiesta que deben sentarse a negociar, pero su afiliado que es la empresa cerró las puertas del diálogo todos los gremios económicos piden diálogo y este es un llamado para las instituciones para el Ministerio de Trabajo y misterio de minas de cómo construimos una mesa de diálogo real y diálogos que surta efectos”, puntualizó Roncancio.
Las autoridades de Santander mantienen alerta por la posibilidad de un vertimiento controlado en Hidrosogamoso de ISAGEN, ante el incremento sostenido del nivel del embalse Topocoro, que se aproxima a la cota máxima de 320 metros sobre el nivel del mar.De acuerdo con el más reciente informe del IDEAM, la cuenca del río Sogamoso se encuentra en alerta naranja debido a las intensas lluvias registradas en diferentes regiones de Santander. Las precipitaciones en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y el sur de Santander han generado crecientes en los ríos Suárez, Chicamocha y sus afluentes, cuyos caudales desembocan en el embalse de Topocoro. La empresa ISAGEN informó que, aunque el embalse ha logrado soportar las crecientes y la central opera actualmente con plena capacidad instalada, se inició una etapa de seguimiento técnico ante la cercanía del nivel máximo permitido. De mantenerse las condiciones meteorológicas, en los próximos días podría iniciarse un vertimiento controlado desde la Central Hidroeléctrica Sogamoso.Según la compañía, este procedimiento produciría un aumento en el nivel del río Sogamoso aguas abajo de la presa Latora, por lo que se activaría el Plan de Acción Durante Emergencias y Contingencias (PADEC), notificando a los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo, bomberos, hospitales y demás organismos de socorro.Las autoridades recomendaron a la comunidad abstenerse de ingresar a la zona del río entre Puente La Paz y la presa Latora, evacuar las islas formadas en el cauce, mantener vigilancia permanente sobre el comportamiento del nivel del agua y trasladar ganado y pertenencias a zonas altas.Asimismo, se advirtió que algunos cultivos ubicados en planicies naturales de inundación podrían verse afectados en caso de concretarse el vertimiento.ISAGEN reiteró que continuará informando oportunamente a las comunidades y autoridades locales sobre cualquier decisión relacionada con la operación de la central.
Las lluvias en el Valle del Cauca persisten y siguen generando afectaciones, producto de emergencias como crecientes súbitas, inundaciones y deslizamientos, que han dejado aisladas a múltiples comunidades que residen en la zona rural del departamento.La situación más reciente se registró en el municipio de Guacarí, específicamente en el corregimiento de Puente Rojo, donde se registraron fuertes precipitaciones durante más de diez horas. El exceso de agua sobrepasó la capacidad de la quebrada Lulos, la cual se desbordó e inundó varias viviendas."Las lluvias nos han pegado muy fuerte este año, tenemos deslizamientos en la parte alta en el sector conocido como La Magdalena, también en Santa Rosa, en Alto de Tapias y estamos atendiendo las emergencias con maquinaria amarilla. Durante las últimas emergencias hemos tenido unas 30 familias afectadas en la zona rural", señaló Enuar Narváez, líder del Grupo de Gestión del Riesgo de Guacarí.La zona más afectada del departamento es el centro, pues desde el inicio de las fuertes lluvias se han reportado afectaciones en municipios como Tuluá, Buga, El Cerrito y más recientemente Ginebra y Guacarí."Estamos llegando a la comunidad con kits humanitarios de emergencia y, en municipios del centro del Valle especialmente afectados, estamos interviniendo con maquinaria amarilla para habilitar vías y atender contingencias", añadió el funcionario.
Niños en San Francisco, Antioquia, tienen que estudiar en deplorables condiciones y poniendo en riesgo su vida por graves daños estructurales en una institución educativa. Padres de familias cerraron el colegio y espera pronta respuesta de las autoridades.Decenas de niños, niñas y adolescentes hoy sufren por no tener un lugar seguro en donde estudiar luego de que quedara en evidencia el pésimo estado estructural que tiene la Institución Educativa San Francisco que tiene techos a punta de caerse y muros agrietados que ponen en riesgo la vida de los menores de edad.Debido a esta situación, los padres de familias de este colegio ubicado en el municipio de San Francisco cerraron la institución y realizaron un plantón para exigir por una intervención urgente por parte de las autoridades correspondientes y así se pueda evitar una tragedia.Danyella Correa, representante del Consejo de Padres de la Institución Educativa San Francisco, pidió que la Secretaría de Educación de Antioquia ayude de manera prioritaria y se pueda mejorar las condiciones para estudiantes de primaria y bachillerato.“Pedimos ayuda a que la Secretaría de Educación nos pare bolas porque la vida de nuestros niños está en riesgo. Es notoria que la infraestructura se nos está cayendo encima y no hemos podido encontrar una solución. Estamos esperando que nos respondan y que nos ayuden, por favor, con esto”, aseguró.Se espera que prontamente la Gobernación de Antioquia llegue hasta esta zona del Oriente del departamento para poder explicarle a la población estudiantil y sus padres qué se encontró en una visita técnica que se le hizo al colegio, además de indicar qué estrategias de mitigación se implementarán en el corto plazo.Hay que mencionar que, a la espera de una solución pronta, se conoció que el traslado de la institución educativa fue presentado ante el Ministerio de Educación, sin embargo, el proyecto no fue viabilizado por el Gobierno nacional por lo que se espera que autoridades locales puedan encontrar una solución y evitar que los daños estructurales generan un hecho que lamentar.
La Contraloría General de la República determinó hallazgos fiscales por $8.839 millones en la administración de bienes y sociedades bajo extinción de dominio que estuvieron a cargo de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) durante las vigencias 2023, 2024 y el primer semestre de 2025.De acuerdo con el ente de control, en desarrollo de la auditoría se establecieron 22 hallazgos, de los cuales 11 tienen incidencia fiscal y 17 presunta incidencia disciplinaria. Las observaciones están relacionadas con deficiencias en la gestión de bienes, fallas en los procedimientos de desalojo y debilidades en los sistemas de información que afectan el manejo de inventarios y la articulación entre las áreas responsables.La Contraloría evidenció omisiones en la aplicación de normas y procedimientos internos, así como incumplimientos en los lineamientos para la ejecución de desalojos, la elaboración de estimados de renta y los procesos de comercialización y rendición de cuentas. También se identificaron falencias en el seguimiento y control de los contratos de arrendamiento y en la supervisión de las funciones de los depositarios.El análisis reveló contratos vigentes sin las pólizas exigidas, subarriendos no autorizados, descuentos improcedentes y falta de control sobre reparaciones y obligaciones de los arrendatarios. Estas situaciones, según el informe, habrían generado afectaciones económicas y riesgos en la conservación del patrimonio administrado.En cuanto a los vehículos bajo custodia, el órgano de control detectó debilidades en los procesos de enajenación, comercialización, asignación y chatarrización, lo que habría ocasionado pérdida de valor. Además, se estableció que varios automotores permanecieron almacenados en patios por más de seis años, generando costos de bodegaje por $1.090 millones entre 2021 y 2025.
En medio de una operación conjunta en zona rural de Belén de Umbría, tropas del Ejército, en coordinación con la Policía y la Fiscalía, capturaron a alias ‘Chucky’, integrante del Clan del Golfo y considerado una ficha clave en la estructura criminal en Risaralda.De acuerdo con las autoridades, el hombre tenía un amplio prontuario y cumplía un doble rol dentro del grupo armado. Por un lado, ejercía presión sobre comunidades rurales para citarlas a reuniones y generar intimidación; por otro, adelantaba labores de reclutamiento mediante plataformas digitales, donde contactaba adolescentes y jóvenes de distintas regiones del país.Durante el procedimiento, los uniformados hallaron archivos digitales que presuntamente eran enviados a las víctimas potenciales como material de captación. Tras ganar su confianza, les solicitaban datos personales con el fin de llevar un registro de quienes serían incorporados de forma forzada a la organización.Alias ‘Chucky’ tenía orden de captura vigente por uso de menores en la comisión de delitos y enfrentaba investigaciones por homicidio, fabricación, tráfico o porte de armas, actos sexuales con menor de 14 años y violencia intrafamiliar.
Siete personas fallecieron al estrellarse una ambulancia aérea a última hora de la noche del lunes en el distrito de Chatra, en el estado de Jharkhand, en el este de la India, informaron este martes fuentes oficiales.La aeronave trasladaba hacia Nueva Delhi a Sanjay Prasad, un paciente que presentaba quemaduras graves tras la explosión de un cilindro de gas en su establecimiento, informaron las autoridades.El balance total de siete víctimas incluye al paciente, el personal médico acompañante y la tripulación de la aeronave."Este es el mayor accidente aéreo en el estado de Jharkhand. La función de una ambulancia aérea es salvar vidas, y es preocupante que quienes las salvaban hayan perdido la vida", dijo en una declaración a la prensa el ministro regional de Salud, Irfan Ansari.De acuerdo con el funcionario, "la aeronave desapareció repentinamente del radar. Se encontraron partes de la aeronave en un denso bosque en Simaria. Tras investigar más a fondo, se hizo evidente que el avión se había estrellado".Los familiares de las víctimas señalaron que el traslado a la capital india fue necesario ante la falta de recursos médicos especializados en la región."Mi hijo estaba destinado en el Hospital Sadar de Ranchi. Si hubiera instalaciones de salud adecuadas aquí, ¿por qué habrían tenido que ir a Delhi para el tratamiento?", declaró el padre del médico a medios.Un pariente de Sanjay Prasad explicó que, tras no observar mejoría en el estado del paciente en los centros locales, la familia optó por contratar el servicio aéreo privado.Las autoridades de aviación civil han iniciado una investigación para determinar las causas del siniestro, ocurrido en una zona remota del estado de Jharkhand.
Tras conocerse la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, que en segunda instancia declaró inocente al expresidente Álvaro Uribe Vélez en el proceso que enfrentaba por presunta manipulación de testigos, diversos líderes políticos de Santander expresaron su respaldo y celebraron el fallo como un triunfo de la justicia.El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, manifestó su satisfacción por la determinación judicial, asegurando que “la justicia tarda, pero llega”, y destacó la importancia del expresidente para el país. “Me alegra profundamente que en segunda instancia haya sido declarado inocente. Colombia lo necesita hoy más que nunca”, expresó el mandatario departamental.En la misma línea, el exalcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, señaló que la decisión del tribunal marca un momento de reflexión sobre el rumbo político de la nación. “Durante años se intentó imponer la política de la mentira y el engaño. En el caso Uribe se sembraron dudas y se buscó dividir al país, pero la verdad ganó sobre las presiones de quienes promueven la anarquía y el caos”, manifestó Beltrán, quien resaltó que el fallo fortalece la confianza en la institucionalidad.Por su parte, el congresista santandereano Óscar Villamizar calificó el fallo como una reivindicación de la trayectoria del exmandatario. “La verdad se impuso. La justicia habló. Hoy celebramos la decisión en segunda instancia del Tribunal de Bogotá, al reconocer inocente al presidente Álvaro Uribe Vélez, un hombre que siempre le ha servido a la patria con honor”, afirmó.La decisión judicial, una de las más esperadas de los últimos años en la política colombiana, ha generado amplias reacciones en todo el país, especialmente entre los sectores cercanos al Centro Democrático, que consideran que el fallo confirma la inocencia del expresidente tras más de cinco años de investigación.Mientras tanto, la sentencia abre un nuevo capítulo en el debate político nacional y plantea una reflexión sobre la necesidad de fortalecer la confianza en la justicia, promover el respeto por el debido proceso y reducir la polarización que ha marcado la vida pública en Colombia en los últimos años.
Un nuevo hecho de violencia se registró en la zona rural de Barrancabermeja. Dos hombres fueron hallados sin vida en el patio de una vivienda ubicada en la vereda La Independencia, en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades.Las víctimas fueron identificadas como Johan Humberto Rangel, de 19 años, soldado activo que había salido de permiso el lunes, y Deimer Saravia, de 30 años, propietario de la vivienda donde ocurrió el crimen.Según versiones preliminares, el ataque se habría registrado la tarde del martes 21 de octubre, cuando sujetos armados llegaron hasta el lugar y les dispararon en repetidas ocasiones.Horas más tarde, el padre de Saravia llegó a la vivienda y encontró los cuerpos sin vida en el patio. De inmediato avisó a los Bomberos Voluntarios, quienes confirmaron que las víctimas no presentaban signos vitales y que, al parecer, llevaban varias horas fallecidas.Las autoridades informaron que la puerta principal no fue forzada, por lo que se presume que los atacantes ingresaron por el patio de la vivienda para cometer el crimen.La Policía y la Fiscalía adelantan las investigaciones para establecer los móviles y responsables de este doble homicidio en Barrancabermeja.Este es el segundo doble homicidio que ocurre en Barrancabermeja en menos de 48 horas. El domingo 19 de octubre una pareja fue asesinada a tiros cuando compartían unas bebidas en la tienda Nueva Ola, ubicada en el barrio El Progreso, comuna Seis de Barrancabermeja.Las víctimas fueron identificadas como Deiner Lozada, de 32 años, y su esposa Carolina Serrano, quienes fueron sorprendidos por hombres armados que irrumpieron en el establecimiento y abrieron fuego sin pronunciar palabra.De acuerdo con las autoridades, Lozada murió en el lugar, debido a la gravedad de las heridas, mientras que Serrano fue trasladada de urgencia a la Clínica Magdalena, donde los médicos no pudieron salvarle la vida.En el mismo ataque resultó lesionado Yorguis Acosta González, de 38 años, quien recibió tres impactos de bala: uno en el brazo, otro en el abdomen y uno más en la pierna. El hombre permanece bajo atención médica especializada, y su estado de salud fue reportado como delicado pero estable.
Un nuevo caso de feminicidio estremeció a Bucaramanga en la madrugada de este miércoles 22 de octubre. Una mujer identificada como Cindy Vanessa Sánchez Rodríguez, de 32 años, fue asesinada con arma blanca dentro de su vivienda, ubicada en el barrio Kennedy, al norte de la ciudad.Según el reporte de las autoridades, el hecho ocurrió alrededor de las 2:40 de la mañana en la carrera 15 #24N-103, donde la víctima convivía con su pareja sentimental, José Miguel Barrios Galván, de 31 años, quien fue capturado minutos después del crimen por la Policía. De acuerdo con la información preliminar de las autoridades, el ataque se desencadenó tras una discusión motivada por celos. José Barrios habría encontrado en el teléfono de su pareja mensajes y audios con su expareja sentimental, lo que originó una acalorada confrontación. En medio del altercado, el agresor tomó un arma cortopunzante y le propinó tres heridas en el cuello, causándole la muerte de manera inmediata.Le puede interesar: Acusado por feminicidio en Atlántico pide excluir del juicio a testigo de Medicina Legal"Tras el ataque, el hombre huyó del lugar y se refugió en el CAI Kennedy, donde fue detenido por uniformados de la Policía Nacional. Posteriormente, fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación y trasladado al CTI, que asumió los actos urgentes e inició el proceso judicial correspondiente", dijo el general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana. Las autoridades confirmaron que el capturado tenía antecedentes por violencia intrafamiliar y inasistencia alimentaria, y convivía con la víctima desde hacía aproximadamente dos años.El cuerpo de Laura Yesenia Ramírez fue inspeccionado por peritos del CTI y trasladado a Medicina Legal, mientras avanzan las diligencias para la judicialización del agresor por el delito de feminicidio agravado.Durante este año se han registrado 11 casos de presuntos feminicidios en Santander. Dos personas ya fueron judicializadas. La Alcaldía de Bucaramanga rechazó el hecho y reiteró su compromiso en la lucha contra la violencia de género, haciendo un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier señal de maltrato o riesgo a través de las líneas 155 y 123, que permanecen habilitadas las 24 horas.
Mientras crecía la preocupación por un posible paro de maestros, la Alcaldía de Bucaramanga convocó a los sindicatos de educadores para analizar sus quejas frente a los traslados y evaluaciones de ascenso, buscando soluciones que evitaran una suspensión de clases.El alcalde encargado de Bucaramanga, Eduard Sánchez, confirmó que se evitó un paro de profesores en la ciudad“Llegamos a unos acuerdos importantes con los representantes de los educadores. Pudimos escuchar sus inquietudes sobre traslados de docentes, situaciones específicas que requieren análisis, y temas relacionados con la atención en salud física y mental”, explicó el mandatario local.Sánchez señaló, además, que se revisarán las fechas de algunos periodos de prueba y beneficios especiales para los maestros. “Estamos considerando ajustes en fechas como el Día del Cumpleaños y el Día de la Familia, para que los docentes puedan disfrutar de estos espacios con sus seres queridos”, añadió.El alcalde encargado también aseguró que se revisarán los actos administrativos relacionados con los traslados de profesores. “Si encontramos decisiones que no estén ajustadas a la ley, se tomarán las acciones correspondientes o se revocarán”, enfatizó.Por su parte, Johana Luna, presidenta y negociadora del Sindicato de Profesionales de la Educación en Colombia (SIPRECOL), pidió respetar la labor docente“Queremos darle las gracias al alcalde por acceder a revisar los actos administrativos de los docentes trasladados recientemente. Consideramos que algunos se hicieron de manera irregular, y esperamos que esto siente un precedente para que no vuelva a ocurrir”.Tras el encuentro, la alcaldía y los sindicatos se comprometieron a mantener mesas de trabajo permanentes para fortalecer el diálogo y garantizar el normal desarrollo de las clases, así como el bienestar del personal docente en la ciudad.Se garantiza el desarrollo de las clases en los diferentes colegios públicos de Bucaramanga.
La Policía Nacional descartó que el panfleto amenazante que circuló recientemente en municipios del Magdalena Medio y que contiene logos y amenazas supuestamente firmadas por el ELN haya sido elaborado por esa guerrilla, y anunció una investigación para determinar qué estructura delictiva estaría detrás de la intimidación.El general William Quintero, comandante de la Región 5 de la Policía, confirmó que en la zona se han presentado casos de extorsión cometidos por personas que, según las pesquisas iniciales, se hacen pasar por integrantes del ELN.“Hemos tenido presencia de delincuentes que se hacen pasar por el ELN, estamos trabajando con el Ejército Nacional, sin embargo, dispusimos controles en los límites con Barrancabermeja, donde nos han llegado informaciones de hechos de extorsión, por ejemplo en Simacota, en el kilómetro 23, pero se pudo determinar que el panfleto no es auténtico, son delincuentes que buscan generar miedo en la zona”, dijo el oficial. El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, confirmó que la extorsión es un problema real en el puerto petrolero y otras zonas de la región. Díaz explicó que, por esa razón, se reforzó la presencia del Gaula para atender las denuncias y proteger a la comunidad, y que la administración departamental entregó elementos operativos para fortalecer las investigaciones y diseñar estrategias que permitan reducir este delito. Las autoridades pidieron a los ciudadanos mantener la calma, pero permanecer alerta y denunciar de inmediato cualquier intento de extorsión o la aparición de materiales intimidatorios. La Policía recordó que, aun cuando un panfleto sea falso, las amenazas no deben ser desestimadas, por lo que se debe verificar su origen y perseguir a quienes intentan generar zozobra entre la población. Mientras tanto, las autoridades reforzaron los controles en puntos estratégicos del Magdalena Medio y anunciaron operaciones de inteligencia para desarticular las redes que se hacen pasar por grupos armados para extorsionar a empresas y ciudadanos.Si alguna persona o empresa de la región ha recibido amenazas o identificó la circulación de panfletos similares, las autoridades solicitan que lo denuncien ante el Gaula o la Seccional de Policía más cercana para activar los protocolos de protección y permitir que las pesquisas avancen.
Cecilia Quintero, una mujer de 70 años, falleció de forma repentina en un dispensario de Cafam en Cúcuta mientras denunciaba ante medios locales las persistentes barreras en el acceso a servicios de salud. La ciudadana, quien había llegado desde temprano al establecimiento para realizar los trámites correspondientes, se desplomó tras relatar el drama que vivía por la falta de fármacos vitales para su familia.Denuncia sobre falta de medicamentos en CúcutaEl trágico incidente ocurrió mientras Quintero exponía la situación de su hijo, quien requiere pañales y metadona de manera permanente. Según su testimonio brindado en el sitio, los pendientes de entrega se acumulaban desde septiembre del año pasado. "Estamos en febrero acabándose y no me entregan el pendiente de enero teniendo pañales en el sitio", relató la mujer minutos antes de su deceso.La afectada también señaló irregularidades en el manejo de los inventarios, afirmando que, en ocasiones, los productos se vencen en bodega sin ser entregados a los pacientes bajo el argumento de trámites administrativos o fechas de corte.Además de la situación de su hijo, Quintero manifestó su angustia por la salud de su esposo, un paciente con problemas vasculares y operado del corazón que no recibía Rivaroxaban de 20 mg, medicamento considerado vital para su condición. La mujer, quien también se identificó como paciente renal, aseguró llevar más de seis meses sin recibir su propio tratamiento.En sus declaraciones finales, la ciudadana coincidió con las críticas hacia el sistema de salud sobre el presunto acaparamiento de fármacos: "He visto y me consta que venden medicinas de uso institucional por fuera. No revisan los pendientes y luego dicen que ya se vencieron", sentenció ante las cámaras.Pese a que las personas presentes en el dispensario de Cafam intentaron realizar maniobras de reanimación tras su colapso, la mujer falleció en el lugar.
Las consecuencias de los enfrentamientos armados entre el ELN y el frente 33 de las disidencias de las Farc en zona rural de Tibú, siguen impactando la vida cotidiana de cientos de familias.El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) entregó asistencia humanitaria a más de 770 personas que resultaron afectadas por recientes hechos de violencia en tres comunidades del municipio.“Recientemente la población civil se vio afectada por confrontaciones y otros riesgos. Muchas personas tuvieron que desplazarse, mientras otras se quedaron confinadas en sus casas, impedidas de acceder a sus alimentos y a la pesca”, subrayó Georgia Kramer, delegada del CIRC.La ayuda consistió en kits de higiene y alimentación, priorizados tras una evaluación realizada por un equipo de la organización. Según el CICR, la visita permitió identificar las afectaciones que enfrentan las comunidades, entre ellas desplazamientos forzados, confinamientos y limitaciones para movilizarse dentro y fuera de sus veredas.“Estos elementos que han sido bien recibidos por la comunidad en un momento en el que tienen muchas dificultades para poder acceder a sus medios de ingresos y obviamente para el consumo de alimentos”, aseguró Oswaldo Mancilla, responsable de seguridad económica de la subdelegación del CICR en Cúcuta.La organización señaló que durante el diálogo con líderes comunitarios y habitantes de la zona, se evidenció que varias familias tuvieron que abandonar temporalmente sus viviendas, mientras otras permanecieron confinadas por temor a nuevos enfrentamientos.Esta situación no solo restringió su movilidad, sino que también les impidió acceder a sus cultivos, trabajos y fuentes de ingreso, aumentando la dificultad para conseguir alimentos y productos básicos.Con base en lo anterior, el CICR concentró su respuesta en las comunidades con mayores niveles de afectación y urgencia.“La comunidad no cuenta hoy en día con trabajos, se han puesto los trabajos escasos y muchos hogares no cuentan con los alimentos necesarios para los niños ya que la comunidad cuenta con una gran cantidad de niños”, señaló una de las personas beneficiarias, al referirse a la inestabilidad económica que atraviesan tras los hechos de violencia.Otro de los beneficiarios insistió en que la prioridad sigue siendo garantizar condiciones para el retorno de quienes salieron desplazados.“Lo que necesitamos es alimentos que aún no tenemos por la situación que vivimos de esta guerra que estamos viviendo dentro de nuestro Catatumbo. Pues nosotros queremos que nuestras comunidades desplazadas, nuestros habitantes desplazados vuelvan a nuestro territorio para que estemos todos unidos ya que esto está quedando totalmente solo”.
Un joven de 18 años fue capturado en el municipio de Barbosa, en Santander, señalado de cometer abusos sexuales reiterados contra dos menores de edad. El caso salió a la luz gracias a una jornada de prevención realizada por la Policía en el colegio donde estudian las víctimas.Según las autoridades, los niños de 9 y 10 años se acercaron a los uniformados durante la actividad pedagógica y denunciaron lo que venía ocurriendo. De inmediato se activaron las rutas de protección y comenzó la investigación judicial.El capturado, identificado como Andrés Felipe Cubides López, fue detenido mediante orden judicial por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado y actos sexuales abusivos.De acuerdo con el proceso investigativo, coordinado con la Fiscalía General de la Nación, las agresiones se habrían presentado de manera sistemática desde 2021. El joven, presuntamente, aprovechaba la cercanía con la familia de las víctimas y utilizaba amenazas para obligarlas a guardar silencio.El comandante del Departamento de Policía Santander, Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, destacó que la captura fue posible gracias a las estrategias de prevención en entornos escolares.“Es un abusador sexual que desde el 2021 venía sometiendo a dos menores de edad, aprovechando su cercanía familiar. Gracias a los programas de prevención que hace la Policía en los colegios, los niños se acercan a los uniformados y ponen en conocimiento lo que venía sucediendo”, afirmó el oficial.La institución reiteró que continuará fortaleciendo la estrategia de protección a la infancia y pidió a padres, docentes y estudiantes denunciar cualquier hecho que vulnere los derechos de niños, niñas y adolescentes a través de la línea 123 o la línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.El joven quedó a disposición de la justicia mientras avanza el proceso judicial.
El Tribunal Administrativo de Santander declaró ilegal la medida que impedía la circulación de motocicletas durante las madrugadas en la capital santandereana, una restricción que estaba vigente desde 2024 sin un límite temporal definido.La decisión se tomó tras revisar una acción de nulidad interpuesta contra la norma emitida por la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, que prohibía el tránsito de motos entre las 12:00 de la mañana y las 4:00 de la madrugada todos los días.El tribunal concluyó que la medida, al no tener un plazo específico ni evidencia técnica clara que justifique su vigencia indefinida, vulnera el derecho fundamental a la libre locomoción de miles de ciudadanos que utilizan la motocicleta como su principal medio de transporte o herramienta de trabajo.La decisión ratifica el criterio adoptado inicialmente por un juez de primera instancia, que también había anulado la restricción por considerar que su aplicación sin límites temporales ni explicación técnica constituía una medida desproporcionada.Colectivos de motociclistas y usuarios celebraron el fallo, señalando que la prohibición afectaba especialmente a quienes laboran en servicios de entrega, mensajería y transporte, así como a quienes deben desplazarse por motivos laborales en horarios nocturnos.Aunque la restricción queda sin efecto con la sentencia del tribunal, la Dirección de Tránsito de Bucaramanga aún debe pronunciarse formalmente sobre su aplicación inmediata y si adoptará una nueva regulación con límites temporales y argumentos técnicos que la respalden legalmente.La decisión también pone sobre la mesa la necesidad de que este tipo de medidas vayan acompañadas de estudios de movilidad, impacto y proporcionalidad, especialmente en una ciudad donde la motocicleta representa uno de los principales medios de transporte.
Las lluvias intensas que se han registrado recientemente mantienen en máxima alerta a Santander, donde las autoridades declararon alerta roja en 15 municipios por el alto riesgo de deslizamientos de tierra, crecientes súbitas y posibles desbordamientos de ríos y quebradas.El más reciente reporte del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales advierte que la saturación de los suelos ha elevado la probabilidad de emergencias, especialmente, en zonas de ladera y corredores viales rurales. Además, otros 30 municipios permanecen en alerta naranja y 10 en amarilla, bajo monitoreo constante ante cualquier eventualidad.Las precipitaciones han sido generalizadas en gran parte del centro y occidente del departamento, con reportes en Sabana de Torres, Bajo Rionegro, Puerto Wilches, San Vicente, Barrancabermeja, Cimitarra, Landázuri y el área metropolitana de Bucaramanga, así como en la provincia de Vélez. Según el pronóstico, las lluvias continuarán durante la tarde y la noche, con especial atención en las provincias García Rovira y Guanentá, donde podrían registrarse tormentas de mayor intensidad.Los efectos del invierno ya se sienten en la infraestructura. El director de la Oficina de Gestión del Riesgo departamental, Eduard Sánchez, confirmó que varias carreteras presentan afectaciones y que se activaron planes de respuesta con los municipios.“Vías secundarias registran afectaciones, por lo que se está verificando con alcaldes municipales para coordinar el apoyo con maquinaria amarilla. Hay daños en diferentes municipios y aumento del caudal de los ríos que generan alerta por posible desbordamiento”, explicó el funcionario.Ante este panorama, las autoridades no descartan cierres preventivos de vías, aislamiento de comunidades rurales o evacuaciones si las condiciones empeoran. Los organismos de socorro pidieron a la ciudadanía evitar transitar por zonas inestables, no cruzar corrientes crecidas y reportar de inmediato cualquier señal de deslizamiento.El monitoreo se mantiene permanente mientras las lluvias siguen poniendo a prueba la capacidad de respuesta del departamento.
Una adulta mayor falleció mientras reclamaba medicamentos en un dispensario de Cafam en Cúcuta, en un hecho que ha generado conmoción entre usuarios y familiares. La mujer había llegado desde temprano al lugar para realizar el trámite correspondiente.Lo que se conoce, preliminarmente, es que la paciente habría tenido al menos 30 entregas de medicamentos pendientes. En múltiples oportunidades anteriores no habría recibido los fármacos formulados, situación que la mantenía a la espera de una solución.Además, una vez en el interior del dispensario este martes, la mujer habría sostenido un cruce de palabras con una funcionaria al no obtener respuesta frente a su caso. Tras la discusión, decidió sentarse mientras esperaba una atención definitiva. Minutos después, cuando intentó ponerse de pie, se desplomó repentinamente. Personal presente en el lugar intentó practicarle maniobras de reanimación, pero la adulta mayor no respondió y murió en el sitio.El dispensario permanece cerrado mientras se adelantan los actos urgentes. En el interior permanecen dos personas, entre ellas un familiar de la fallecida, a la espera del procedimiento oficial.Hasta el momento, ninguna autoridad se ha pronunciado sobre lo ocurrido y se espera el levantamiento del cuerpo y un informe oficial que esclarezca las circunstancias del caso.
La Contraloría General de Santander emitió el Informe Final tras la denuncia presentada por el medio independiente Metropolitano, en la que se advertían presuntas irregularidades en dos contratos de las vigencias 2023 y 2024 suscritos entre Juliana Guerrero y la Universidad Industrial de Santander para el apoyo al Sistema Nacional de Convivencia para la Vida.Los contratos hicieron parte de un convenio interadministrativo entre la Universidad Industrial de Santander (UIS) y el Ministerio del Interior, cuyo propósito era brindar apoyo técnico y operativo al programa nacional orientado a fortalecer la convivencia ciudadana y la prevención de conflictividades.Guerrero es cercana al presidente Gustavo Petro y vinculada al escándalo de la Fundación Universitaria San José por entregar títulos falsos.La actuación especial de fiscalización revisó la legalidad del proceso contractual, la ejecución de los contratos, los soportes y productos entregados y la supervisión ejercida por la entidad contratante.De acuerdo con la Contraloría también advierte que en la etapa precontractual la UIS no fue específica en las condiciones del perfil para el contrato.“Verificado el estudio de conveniencia y oportunidad, aportado por el ente de control "UIS" y publicado en la plataforma transaccional SECOPII, se evidenció que el mismo no definió de manera clara y precisa el perfil exigido para el contratista, particularmente en cuanto a los requisitos de formación, experiencia y competencias específicas. No obstante, en el contenido del estudio previo se afirma que la persona contratada cuenta con las conocimientos, habilidades y requisitos necesarios para la ejecución del objeto contractual, sin que dicha conclusión se encuentre debidamente sustentada en criterios objetivos previamente establecidos”.Y agrega el informe: “Esta situación limita la trazabilidad y la verificación objetiva del cumplimiento del principio de planeación, así como la debida motivación de la selección del contratista, aun tratándose de un proceso de contratación directa”.El informe sí estableció cinco hallazgos administrativos, 2 disciplinarios y 1 fiscal por valor de $2.000.000, relacionados con debilidades en la planeación contractual, falencias en la supervisión y seguimiento de las obligaciones y observaciones en los soportes documentales de ejecución.Estos hallazgos fueron trasladados a las instancias correspondientes para la adopción de planes de mejoramiento institucional.De acuerdo con el informe, las observaciones están dirigidas a los responsables de la supervisión contractual y a las dependencias encargadas del control del convenio interadministrativo dentro de la Universidad Industrial de Santander.
La Alcaldía de Bucaramanga anunció el fortalecimiento de los operativos de control en distintos sectores de la ciudad, especialmente contra las caravanas ilegales de motociclistas y en la zona de rumba de Cuadra Play, en la comuna 12.El alcalde Cristian Portilla aseguró que no se permitirá el desorden ni la alteración del orden público. Según el mandatario, en días pasados se realizaron más de 10 dispositivos de control en diferentes puntos de la ciudad, enfocados en evitar caravanas ilegales y conductas que pongan en riesgo la vida de los ciudadanos.“Cualquier ciudadano tiene derecho a transitar en Bucaramanga, pero también tiene el deber de respetar las normas de tránsito y no alterar el orden. No puede ser legal pasarse una norma de tránsito, ni conducir una motocicleta después de haber ingerido licor”, señaló el alcalde.Portilla explicó que estas caravanas generan altos niveles de ruido y múltiples quejas ciudadanas, especialmente en sectores residenciales. Además, advirtió que muchos de los casos se presentan en horarios nocturnos donde algunos conductores han consumido bebidas embriagantes.Frente a los recientes comportamientos registrados en Cuadra Play, reconocida zona de rumba de la ciudad, el alcalde anunció el incremento de la presencia policial y de los controles.“Que vuelva el respeto a nuestras autoridades y a los ciudadanos. No vamos a tolerar el desorden ni el irrespeto a las normas de tránsito ni a la Policía Nacional. Di la orden de aumentar las capacidades operativas en el sector, con el objetivo de evitar el caos”, afirmó.No obstante, señaló que el objetivo no es afectar la actividad económica ni los espacios de esparcimiento, sino garantizar que quienes asistan a compartir lo hagan de manera responsable. Para ello, aseguró que se adelanta un trabajo articulado con empresarios del sector, la comunidad y la Policía Nacional.
En la madrugada de este lunes, un accidente de tránsito tipo volcamiento ocurrido en el kilómetro 29+100 de la vía Puente Nacional – San Gil, en jurisdicción rural de San José de Pare (Boyacá), dejó dos personas fallecidas y cuatro más lesionadas, según el reporte oficial de las autoridades de Tránsito y Transporte.El siniestro, registrado en una curva de alto riesgo, involucró a un bus de servicio público afiliado a la empresa Copetran, de placas NTN 828, que cubría la ruta Bogotá- Cúcuta. El vehículo era conducido por Jhon Arnulfo Perico Durán, quien resultó ileso tras el incidente.Según las primeras versiones, el bus perdió el control al tomar una curva en condiciones adversas -probablemente por la presencia de lluvia o niebla, lo que podría haber reducido la visibilidad y la adherencia del vehículo-, provocando el volcamiento lateral hacia el costado izquierdo. Las autoridades investigan esta hipótesis como posible causa del accidente.Entre las víctimas fatales se encuentra Martha Isabel Canchila de Vargas, de 74 años, quien falleció en el Hospital de Santana tras presentar graves lesiones. La segunda fallecida fue una menor de 16 años, Gerly Analiz Acero Chique, de nacionalidad venezolana, quien perdió la vida en el lugar de los hechos.Los heridos fueron identificados como:Leonor Caballero, 57 años, con trauma cerrado de tórax, remitida al hospital de Moniquirá.Edilia Vela, 64 años, con trauma craneoencefálico moderado y fractura en el brazo izquierdo.Marta Inés Vargas, 53 años, con trauma craneoencefálico moderado, también remitida al hospital de Moniquirá.Nicol Dayanna Hernández, 23 años, con fractura en brazo izquierdo y trauma en la cadera.Los lesionados fueron atendidos inicialmente en el lugar por organismos de emergencia y posteriormente trasladados a centros asistenciales de la región para recibir atención especializada.La Policía Nacional y las autoridades de tránsito continúan con el levantamiento de información técnica para esclarecer las circunstancias exactas del accidente y verificar si factores como la velocidad, el estado de la vía o las condiciones climáticas influyeron en el desenlace fatal.
Las autoridades anunciaron el refuerzo de la seguridad en varios municipios del sur de Santander tras reportes sobre presencia esporádica de estructuras del ELN y el reciente asesinato de un ganadero en el municipio de Coromoro.El comandante de la Policía de Santander, coronel Néstor Arévalo, aseguró que se desplegarán todas las capacidades institucionales para garantizar la tranquilidad de la población, especialmente en el marco de la jornada electoral.Seguridad para elecciones en Santander“Van a haber tropas en absolutamente todos los puntos de votación que hay en el municipio de Coromoro. Nuestra Policía Nacional ha dispuesto capacidades desde San Gil, Charalá, Coromoro, San Joaquín, Ocamonte; todos los municipios que de alguna manera han estado y se están viendo afectados por una presencia esporádica de estructuras del ELN, estamos trabajando”, afirmó el oficial.La medida cobija, entre otros, a los municipios de San Gil, Charalá, San Joaquín y Ocamonte, donde se fortalecerán los dispositivos de control, patrullajes rurales y presencia en puntos estratégicos.El coronel Arévalo indicó que avanzan procesos investigativos para identificar y capturar a quienes estarían facilitando el ingreso o permanencia de integrantes del grupo armado en el territorio.“Hay procesos investigativos en curso con el único propósito de capturar a todas las personas que de alguna manera le están dando esa entrada a esta organización criminal en el territorio, a las redes de apoyo al terrorismo, y en eso estamos trabajando de manera articulada con el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación”, agregó.Las autoridades señalaron que el trabajo se desarrolla de forma coordinada con el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación, con el fin de garantizar la seguridad en la zona rural y urbana de estos municipios, así como esclarecer el homicidio del ganadero en Coromoro, hecho que ha generado preocupación entre los habitantes del sur del departamento.La Fuerza Pública reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier situación sospechosa y suministrar información que permita anticipar acciones de los grupos armados ilegales en la región.