La Policía en Bucaramanga informó que logró en menos de 48 horas la captura de uno de los hombres que figuraba en el cartel de los más buscados por el delito de hurto calificado y agravado.De acuerdo con el reporte oficial, el detenido tenía una orden judicial vigente por hechos ocurridos el 7 de enero de 2025 en el barrio La Concordia, donde, presuntamente, participó en el hurto de 208 millones de pesos en efectivo. Según las investigaciones, el implicado utilizaba prendas similares a las de una empresa de aseo para cometer el ilícito.Las autoridades indicaron que el trabajo investigativo permitió recopilar elementos materiales probatorios que sustentaron la orden de captura y facilitaron su posterior ubicación. Este resultado representa, según la institución, un avance significativo en la ofensiva contra el delito de fleteo en el área metropolitana.Asimismo, el capturado estaría vinculado a otro caso ocurrido el 14 de enero de 2026 en el barrio El Gaitán, donde presuntamente participó en el hurto de 12 millones de pesos a una mujer que se movilizaba en motocicleta y fue interceptada durante la acción criminal.De igual manera, el 30 de enero de 2025 había sido capturado en flagrancia en el municipio de Acacías por otro caso de fleteo contra una mujer, quien resultó gravemente lesionada en el rostro durante el hecho.El brigadier general William Quintero Salazar destacó: “este resultado es producto del trabajo técnico y sostenido de nuestra Seccional de Investigación Criminal. Seguimos identificando, ubicando y capturando a quienes generan mayor afectación a la ciudadanía”.El detenido fue dejado a disposición de la autoridad judicial competente para que responda por el delito de hurto calificado y agravado, mientras avanzan las actuaciones judiciales.
La muerte de Cecilia Quintero, una mujer de 70 años que colapsó mientras hacía fila en un dispensario de Cafam en Cúcuta para reclamar medicamentos, ha generado conmoción y cuestionamientos sobre las fallas en la entrega de tratamientos médicos.En entrevista con Blu Radio, su hijo, Edinson Rojas, aseguró que la familia no ha recibido respuestas claras tras el fallecimiento. “No se han comunicado. El único comunicado que dio Cafam fue por redes sociales, que estaban investigando, pero de ahí nada más”, afirmó.Rojas explicó que su madre, una enfermera pensionada que vivía en Chinácota, padecía insuficiencia renal y hepática, pero su estado era estable mientras recibía sus medicamentos. Sin embargo, denunció que desde hacía años enfrentaba demoras en la entrega. “Hace varios años ya le empezaron a tomar del pelo. Ya no le entregaban a tiempo. Ella vivía en Chinácota y pedir mensualmente se le dificultaba. Entonces ya a partir de diciembre prácticamente no le entregaron”, dijo.También señaló que no han recibido avances de las autoridades sobre el caso. “No, hasta el momento nada, absolutamente nada”, expresó, al tiempo que pidió que se investigue lo ocurrido. “Le pido a las autoridades que realmente hagan algo, porque no es solo mi madre”, agregó.Rojas reiteró que su madre necesitaba medicamentos para tratar enfermedades cardíacas, renales y hepáticas, y que la última vez que recibió tratamiento fue en diciembre de 2025. “Desde diciembre hasta acá no le habían vuelto a dar medicinas”, afirmó.El día de su fallecimiento, Cecilia Quintero había viajado desde Chinácota hasta Cúcuta para reclamar sus medicamentos y otros insumos médicos, incluidos pañales para su hijo. En medio de la espera dentro del dispensario, su estado de salud se deterioró.Su hijo también describió la difícil situación médica de su familia. “Mi padrastro es hipertenso y fue operado del corazón. Y mi hermano está en silla de ruedas desde hace muchos años. Son situaciones que son insoportables”, señaló.La familia pidió a las autoridades esclarecer lo ocurrido, en medio de crecientes denuncias por demoras en la entrega de medicamentos en distintas regiones del país.
La empresa Isagen anunció que este miércoles 25 de febrero, a partir de las 2:00 de la tarde, iniciará la apertura intermitente y controlada de compuertas en el canal de vertedero de la Central Hidroeléctrica Sogamoso, debido al aumento sostenido de los niveles del embalse Topocoro por las fuertes lluvias registradas en las últimas semanas.La compañía explicó que las crecientes en las cuencas de los ríos Suárez y Chicamocha, principales afluentes del Sogamoso, han generado un incremento significativo en los aportes hídricos. Los niveles del embalse se acercan a la cota máxima de 320 metros sobre el nivel del mar (msnm), por lo que se hace necesario realizar vertimientos para mantener condiciones estables y seguras en la operación.De acuerdo con el más reciente informe técnico del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), más de 20 cuencas hidrográficas del país se encuentran en alerta naranja y roja por las lluvias y tormentas, entre ellas la del río Sogamoso y varios de sus afluentes, como el río Chucurí.Isagen destacó que, en medio de este panorama, el embalse Topocoro ha cumplido su función reguladora, absorbiendo las crecientes y reduciendo el riesgo de afectaciones aguas abajo, lo que contribuye a la protección de las comunidades ribereñas. Según la empresa, el promedio de afluencias acumuladas en febrero ha alcanzado el 308 % frente al histórico del mes, y en los últimos días los aportes hídricos han llegado al 450 % del promedio histórico.La compañía aseguró que la central mantiene la generación de energía en toda su capacidad instalada, aportando de manera constante y segura al Sistema Interconectado Nacional.Asimismo, la empresa informó que mantendrá comunicación directa con comunidades e instituciones para brindar información oportuna sobre la evolución de la situación.Recomendaciones a la comunidadAnte el incremento del caudal del río Sogamoso, ISAGEN pidió a la comunidad:* Abstenerse de acceder a la zona del río entre Puente La Paz y la presa Latora.* Estar atentos al aumento en el nivel del río.* Evacuar las islas que se forman a lo largo del afluente.* No ubicar pertenencias cerca de la orilla.* Vigilar permanentemente a los niños y evitar que permanezcan solos en charcos o riberas.* Trasladar ganado y semovientes a zonas altas y alejadas del río.La empresa advirtió que algunos cultivos ubicados en planicies y zonas de inundación natural podrían verse anegados por el incremento del nivel del agua.
En lo corrido de 2026, las autoridades en Bucaramanga ha expulsado a 16 ciudadanos extranjeros que registraban alertas enlazadas con Interpol, según confirmó el secretario del Interior, Alfonso Pinto Frattali.El funcionario explicó que estas expulsiones hacen parte de un trabajo permanente de control migratorio y seguridad que se adelanta en la ciudad. “Es un tema diario. Todos los días los operativos que lideramos van con acompañamiento de Migración”, señaló.Entre los casos, Pinto mencionó la expulsión de un estadounidense con alerta del sistema ‘Ángel Watch’, relacionada con delitos sexuales en su país. En este caso, la medida también implicó la salida del país de su hijo quien lo estaba acompañando. Asimismo, indicó que varios de los expulsados tenían alertas por hurto agravado y calificado y otros delitos contra la convivencia.El secretario precisó que la caracterización de los ciudadanos intervenidos permite establecer cuántos contaban con estas alertas: en enero fueron nueve y en febrero siete.De acuerdo con el balance entregado, en lo que va del año se han realizado casi 70 operativos de control en diferentes puntos de Bucaramanga, lo que ha permitido detectar ciudadanos con antecedentes o alertas internacionales. En promedio, la ciudad está registrando una expulsión cada tres días.Finalmente, el funcionario reiteró que continuarán los controles para garantizar que la migración en la ciudad sea regularizada y caracterizada."Bucaramanga y Santander históricamente han sido territorios abiertos a la migración que aporta al desarrollo regional. Todo extranjero que venga a hacer cosas buenas y aportar a la ciudad es bienvenido”, afirmó. Sin embargo, advirtió que quienes tengan anotaciones judiciales o atenten contra la convivencia deberán regresar a su país de origen o responder ante la justicia colombiana.
La reciente caída de los canales digitales de Bancolombia no solo dejó memes y quejas en redes sociales, sino que también abrió un debate en el sector financiero de Colombia.En medio de las dificultades para acceder a cuentas y realizar transferencias, la gerente general de Nu Colombia, Marcela Torres, lanzó una crítica directa: este tipo de fallas podría estar impactando el funcionamiento de Bre-B, el sistema de pagos inmediatos del Banco de la República.Bre-B en el centro por fallas de BancolombiaTorres indicó que es "inaceptable" que una entidad como esta se caiga por días y, por extensión, afecte la operación de Bre-B. Según señaló, intentó realizar pagos y transferencias por medio de ese sistema sin éxito.En su mensaje, la gerente dejó varios puntos sobre la mesa:Bre-B es un bien público clave para los colombianos.Se requieren acuerdos de nivel de servicio (SLA) uniformes.Deben existir consecuencias cuando esos estándares no se cumplan.El debate no es menor. Bre-B ha sido presentado como una infraestructura esencial para la interoperabilidad y los pagos digitales en el país. Si uno de los actores más grandes del sistema financiero presenta intermitencias, la estabilidad del ecosistema completo entra en discusión.La crítica pone el foco en la confianza. En un entorno donde las transferencias inmediatas hacen parte del día a día de miles de colombianos, cualquier interrupción golpea la credibilidad de este modelo financiero.Bancolombia responde: mantenimiento programado y “el dinero está seguro”Desde Bancolombia, la explicación fue técnica. La entidad informó que las fallas se originaron durante un mantenimiento programado en la madrugada del domingo 22 de febrero, como parte de su proceso de modernización tecnológica.Según el banco, ocurrió:Una falla en un componente suministrado por un proveedor externo.La detención del procedimiento antes de finalizarlo.La afectación temporal de algunos servicios digitales.La entidad insistió en tres mensajes centrales:El dinero de los clientes está seguro.La información no fue vulnerada.No se trató de un incidente de ciberseguridad.
La Cámara Colombiana de la Confección (CCC), junto con los gremios del calzado y la marroquinería, lanzó una alerta sobre lo que denomina "contrabando digital hormiga" por el ingreso masivo de prendas de vestir, calzado y accesorios provenientes de plataformas de comercio electrónico como Temu, Shein y AliExpress.Según el gremio, estos productos llegan al país a precios por debajo del costo real de producción nacional, sin pagar impuestos ni cumplir con obligaciones laborales y productivas, lo que hace imposible competir para los empresarios colombianos."El principal problema no es que vendan barato, sino cómo están entrando al país. Estas plataformas usan el esquema de minimis, que permite que paquetes de hasta 200 dólares entren sin pagar aranceles, mientras las empresas colombianas tienen que pagar IVA, renta, seguridad social, energía y todos los costos de producir en Colombia", explicó Guillermo Criado, presidente de la Cámara Colombiana de Confecciones, Textiles y Calzado, en entrevista con Blu Radio.Según cifras de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), se estima que cerca de 400.000 kilos diarios de mercancía ingresan a Colombia a través de estas plataformas, un volumen que supera la capacidad de respuesta de las empresas nacionales y que estaría desplazando la producción nacional a una velocidad sin precedentes.El sistema moda colombiano está compuesto por 142.000 empresas y genera más de 2,5 millones de empleos, principalmente en micro y pequeñas empresas familiares. Sin embargo, el gremio advierte que el fenómeno está provocando cierres masivos de talleres y fábricas."El 95 % de las empresas del sistema moda son micro y pequeñas. Cada día que el Estado permite esta avalancha de Temu, Shein y AliExpress está firmando el cierre silencioso de cientos de empresas que sostienen la economía de miles de familias", aseguró Criado.El presidente de la CCC señaló que las prendas importadas se venden en Colombia entre 10.000 y 30.000 pesos, precios imposibles de igualar por la industria local. "Un empresario colombiano no puede competir por precio, aunque tenga la mejor calidad y el mejor diseño. La presión sobre los precios está destruyendo los márgenes de los productores nacionales", indicó.Cadena productiva en riesgoEste fenómeno, que genera una sobreoferta de productos de baja calidad y precios económicos, está afectando a toda la cadena productiva del sector, pues no solo golpea a confeccionistas, sino también a textileros, hilanderos, estampadores, transportadores, diseñadores, estudiantes del Sena y toda la cadena industrial, de acuerdo con lo explicado por Guillermo Criado en diálogo con Blu Radio.«Están llenando al país de basura, trayendo prendas de muy mala calidad. Este es un negocio anormal, con saldos y segundas que se venden a precio huevo, muchas veces subsidiados por el Gobierno chino, y no hay cómo competir contra eso», sostuvo.Ante este panorama, la Cámara Colombiana de la Confección hizo un llamado urgente al Gobierno del presidente Gustavo Petro para adoptar medidas inmediatas, entre ellas regulación, control aduanero y la imposición de aranceles."No estamos pidiendo privilegios, estamos pidiendo igualdad de condiciones. Queremos que quienes venden en Colombia cumplan las mismas obligaciones que cumplen las empresas colombianas", enfatizó Criado.El gremio señaló que varios países ya han tomado medidas contundentes frente a este tipo de comercio. Por ejemplo, Estados Unidos prohibió este tipo de mercancías; la Unión Europea impuso aranceles superiores al 40 %, y otros países como Brasil, México y Ecuador ya tomaron decisiones. Según Criado, Colombia no puede quedarse atrás en la implementación de medidas que, además, son urgentes.Criado explicó que la propuesta del sector es aplicar IVA y un arancel mínimo del 40 %, permitido por la Organización Mundial del Comercio. "Mientras al empresario local lo exprimen con impuestos y costos laborales, a las plataformas extranjeras les abren las puertas. El resultado es claro y devastador: menos industria, más desempleo y un país condenado a importar lo que ha sabido producir durante más de cien años", afirmó.Impacto en el empleo y la economía popularEl gremio advirtió que el fenómeno no es solo un problema sectorial, sino social y nacional, pues aseguraron que es una demolición del empleo financiada por la «pasividad del Gobierno». "Cada día que pasa se pierden empresas, empleos y capacidad productiva, y se debilita la economía popular", señaló Criado.La Cámara Colombiana de la Confección hizo un llamado a los consumidores colombianos para apoyar la industria nacional. "Cuando compramos en Temu, Shein o AliExpress estamos apoyando a emprendedores de otros países. Tenemos que generar empleo en Colombia, apoyar a las micro y pequeñas empresas y proteger un sector que ha dado bienestar durante más de cien años", concluyó.Finalmente, Guillermo Criado recordó la importancia de consumir el producto nacional y aseguró que la variedad es necesaria, pero bajo las mismas condiciones, para que la competencia sea leal. Además, instó a los colombianos a priorizar el producto nacional, que por años ha sido de excelente calidad.
El coronel retirado David Herley Guzmán compareció ante la JEP en la segunda sesión del juicio adversarial en su contra por falsos positivos ocurridos en Antioquia entre 2004 y 2005, que dejaron 18 víctimas.Durante la mañana, la JEP escuchó a Isaías Montes, quien fue exsegundo comandante militar del bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia. En su declaración, aseguró que mantenía una “comunicación excelente” con el entonces oficial del Ejército y que existía intercambio de información en zona de operaciones.Según su testimonio, por órdenes de Guzmán retuvieron a dos personas en un campamento paramilitar y posteriormente las entregaron siguiendo sus instrucciones.También afirmó que las autoridades militares conocían la existencia del campamento y que no hubo “una sola” acción para impedir su funcionamiento.En la misma jornada declaró Jeoveb Muñetón, padre de Wilber Muñetón, uno de los jóvenes retenidos en noviembre de 2004. Con voz entrecortada, recordó el momento en que supo que su hijo había sido llevado por hombres armados. “A mí se me juntó el cielo con la tierra”, relató ante los magistrados.Muñetón aseguró que habló directamente con el mayor Guzmán, quien, según dijo, tomó un radio y luego le confirmó que su hijo estaba retenido en el sector del Alto del Oso.El joven permaneció en cautiverio “como ocho o diez días” y, cuando regresó, estaba “bastante acabado”, según describió su padre. Tiempo después, la familia terminó desplazándose del corregimiento por la violencia en la zona.En la tarde, cuando la audiencia se había reanudado, la defensa del coronel (r) Guzmán solicitó que no se tuvieran en cuenta los testimonios relacionados con los hechos del 9 de diciembre de 2004, en los que fueron asesinadas cuatro personas. Argumentó que ese caso ya había precluido en la justicia ordinaria.La Fiscalía, la Procuraduría y la representación de víctimas se opusieron a la petición y pidieron que esos testimonios permanecieran dentro del juicio.Finalmente, los magistrados negaron la solicitud de la defensa. Tras la decisión, el abogado de Guzmán interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación.El juicio fue suspendido y continuará mañana, 25 de febrero a las 8:00 de la mañana, cuando se escuchará la sustentación de los recursos y los relatos de los testigos.
Controles más estrictos, en los que inclusive prime la revisión de antecedentes judiciales, es lo que están exigiendo los taxistas en Barranquilla para aquellos conductores que deseen sumarse al gremio.Jorge Guerrero, presidente de Sinchotaxis, asegura que las autoridades deben ser más exigentes a la hora de otorgar permisos para conducir vehículos de servicio público, pues ello evitaría que delincuentes se valgan de dicho medio de transporte para atrapar víctimas, robarlas, drogarlas y someterlas a todo tipo de vejámenes.Insiste en que la licencia de conducción, aun cuando tenga la categoría correspondiente, no basta para obtener pase libre para conducir taxi."Debido a este caso ocurrido en Bogotá con la joven Diana Ospina y a muchas otras situaciones que han pasado, exigimos que cambien las reglas de juego para la contratación o expedición de tarjetón para un nuevo taxista, que los antecedentes se exijan y que el taxista no reciba el tarjetón inmediatamente, sino a los dos, tres o cuatro días, cuando se verifiquen los antecedentes de esta persona", sugirió Guerrero. "No es mentira, el gremio del taxismo está permeado por la delincuencia", sostuvo.Al respecto, Gustavo Santos, subdirector de transporte del Área Metropolitana de Barranquilla, aseguró que esta entidad “ejerce inspección, vigilancia y control para que estos vehículos porten los documentos que sustente la operación”. Agregó, no obstante, que las empresas también deben valorar los antecedentes de los conductores."Las empresas de transporte público individual también tienen sus propias competencias, como es la expedición de la tarjeta de control, lo que comúnmente conocemos como el tarjetón, y vincular a los vehículos, los propietarios y sus conductores para el ejercicio de esta actividad, debiendo verificar los antecedentes de cada uno de ellos", dijo.
Bajo alerta naranja emitida por el Ideam se encuentra todo el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, debido a la llegada de un nuevo frente frío que está provocando vientos de hasta 45 km/h y olas en el mar que alcanzan entre los 2.3 y 3 metros de altura.Dadas las condiciones climáticas, la Gobernación y la Armada Nacional están haciendo recorridos por todas las islas para advertir a bañistas y operadores turísticos sobre este fenómeno, prepararlos ante el azote de los fuertes vientos y el mar de leva, y actuar a tiempo frente a cualquier emergencia.Como parte de las estrategias para enfrentar estos embates del clima, las autoridades también están haciendo una evaluación de los refugios existentes en el archipiélago para constatar que sean seguros y estén en condiciones de habitabilidad para alojar a personas que así lo requieran.Así lo informó la ingeniera Luisa Acevedo, del Área de Reducción del Riesgo de San Andrés, quien explicó que la idea es prepararse de cara a la próxima temporada de huracanes."Estamos realizando la visita de inspección de los refugios oficiales departamentales que se encuentran en la isla de San Andrés, para ver cuál es su nivel, su condición en los aspectos estructurales y de servicios para la futura temporada huracanes que inicia a partir del mes de junio", manifestó.Por lo pronto, la autoridad marítima también hace campañas de prevención en los muelles de embarque a turistas y residentes para que estén alerta ante el frente frío.
Un trágico balance dejó el fin de semana en carreteras de Santander, donde tres accidentes de tránsito cobraron la vida de cuatro personas.El hecho más reciente ocurrió en la madrugada del sábado 18 de octubre, en la vía que comunica a Piedecuesta con la Mesa de los Santos. Dos hombres, identificados como Luis Puerta, y Andruth Polo, se movilizaban en una motocicleta cuando, por causas que aún son materia de investigación, el conductor perdió el control en una curva, a la altura del sector de Incomesa, a un kilómetro del peaje.El fuerte impacto contra un poste hizo que ambos salieran despedidos del vehículo y quedaran entre la vegetación a un costado de la carretera. Las autoridades de tránsito de Piedecuesta realizaron la inspección técnica y el levantamiento de los cuerpos hacia las 7:00 de la mañana.Horas después, hacia las 11:00 de la noche del mismo sábado, se registró otro siniestro en el sector de Chimitá, vía que conduce de Bucaramanga a Girón. En este caso, el joven Joat Alexander García Villamizar, de 24 años, perdió la vida cuando se desplazaba hacia su vivienda tras salir de su jornada laboral.De acuerdo con testigos, García habría perdido el control de su motocicleta al tomar una curva, chocando primero contra el separador vial y luego contra un árbol. El impacto fue mortal. Su acompañante, una mujer que viajaba con él, sufrió graves heridas y fue trasladada de urgencia a un centro asistencial.El tercer siniestro se registró en la vía que comunica Barrancabermeja con Lebrija, donde un hombre de 47 años falleció luego de chocar la motocicleta que conducía contra la parte trasera de un camión. Según el reporte preliminar de las autoridades, ambos vehículos se movilizaban en dirección a Lebrija, y el accidente habría ocurrido por no mantener la distancia de seguridad.Las autoridades de tránsito hicieron un llamado a los conductores para extremar las medidas de precaución en las carreteras del departamento, especialmente durante los fines de semana, cuando se incrementa el flujo vehicular hacia zonas turísticas y rurales.
El alcalde de Los Santos, Diego Mendoza, aseguró que el peaje instalado en la vía que comunica al municipio con Bucaramanga ha sido clave para el desarrollo y la prosperidad de esa región en los últimos 20 años.Aunque reconoció que el cobro genera inconformidad entre algunos habitantes, el mandatario destacó que los recursos recaudados han permitido mantener una buena malla vial y subsidiar el mantenimiento de gran parte de las carreteras rurales.“El peaje ha traído prosperidad. Tenemos una malla vial relativamente buena a comparación de otros municipios de nuestra categoría. Gracias a ese recurso, la administración puede apalancar más de 100 kilómetros de vías, algo que sería imposible solo con el presupuesto municipal”, señaló Mendoza.El alcalde explicó que el contrato de concesión anterior finalizó el año pasado y que actualmente se adelanta una nueva etapa en la que la Gobernación de Santander definirá cómo se invertirán los recursos del peaje.“La gente tiene afán e indignación, hay necesidades, pero este es el momento de orientar bien las inversiones para que el municipio siga prosperando”, agregó el mandatario.El municipio de Los Santos cuenta con cerca de 400 kilómetros de vías, por lo que el apoyo derivado del peaje, según el alcalde, resulta fundamental para el mantenimiento y la conectividad de esta zona turística del departamento.En respuesta a la situación, la Gobernación de Santander convocó una nueva mesa de diálogo con la comunidad de la Mesa de los Santos, que se llevará a cabo este jueves 23 de octubre de 2025 a las 9:00 a.m. en las instalaciones de la administración departamental.El encuentro, liderado por el gobernador Juvenal Díaz Mateus, contará con la presencia del Ministerio Público como garante del proceso y tiene como propósito socializar los avances de las inversiones viales en la zona, además de resolver las inquietudes de los líderes comunitarios.La meta es que la Gobernación de Santander, con parte del recaudo, intervenga 91,5 kilómetros de vías en Los Santos y 46,4 kilómetros en Piedecuesta.
La noche del domingo 19 de octubre de 2025, un nuevo hecho de violencia estremeció al puerto petrolero. Una pareja de esposos fue asesinada a tiros cuando compartían unas bebidas en la tienda Nueva Ola, ubicada en el barrio El Progreso, comuna Seis de Barrancabermeja.Las víctimas fueron identificadas como Deiner Lozada, de 32 años, y su esposa Carolina Serrano, quienes fueron sorprendidos por hombres armados que irrumpieron en el establecimiento y abrieron fuego sin pronunciar palabra.De acuerdo con las autoridades, Lozada murió en el lugar, debido a la gravedad de las heridas, mientras que Serrano fue trasladada de urgencia a la Clínica Magdalena, donde los médicos no pudieron salvarle la vida.En el mismo ataque resultó lesionado Yorguis Acosta González, de 38 años, quien recibió tres impactos de bala: uno en el brazo, otro en el abdomen y uno más en la pierna. El hombre permanece bajo atención médica especializada, y su estado de salud fue reportado como delicado pero estable.Unidades del CTI de la Fiscalía y de la Policía del Magdalena Medio realizaron el levantamiento de los cuerpos y avanzan en la recolección de evidencias que permitan esclarecer los móviles del doble homicidio y capturar a los responsables.El crimen ha generado gran consternación entre los habitantes del barrio El Progreso, que nuevamente se ven sacudidos por la violencia que azota a Barrancabermeja.
La empresa Ecopetrol anunció la suspensión temporal de sus operaciones en la zona norte del campo petrolero de Tibú, en Norte de Santander, ante los reiterados hechos de violencia y apoderamiento ilegal de hidrocarburos protagonizados por grupos guerrilleros y bandas criminales que operan en la región del Catatumbo.La compañía informó que en lo corrido del año 2025 se han registrado siete incursiones armadas en la Estación Norte, ubicada en la vereda Palmeras, kilómetro 16 del municipio de Tibú. Durante estos ataques se hurtaron más de 1.300 barriles de crudo, afectando la continuidad de las operaciones y poniendo en riesgo la seguridad de los trabajadores.Ecopetrol señaló que estos hechos han generado pérdidas superiores a 39 mil barriles de petróleo por apoderamiento ilegal y la retirada de más de 150 válvulas ilícitas, las cuales han provocado graves daños ambientales. Además, la restricción en la operación ha causado una disminución diaria de más de 300 barriles en la producción del campo.La empresa advirtió que la presencia de grupos armados organizados (ELN, disidencias de las Farc) en Tibú y Sardinata amenaza la estabilidad de la producción regional, estimada en 1.400 barriles de petróleo y 900 mil pies cúbicos de gas diarios. "Este gas abastece la totalidad del servicio público domiciliario en Tibú y cerca del 25% del consumo de la ciudad de Cúcuta, por lo que la suspensión impacta directamente a miles de usuarios", dice el comunicado. Ecopetrol también destacó que la decisión afecta la generación de empleo y la contratación local de bienes y servicios en la zona, e hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional y a las autoridades locales para que se restablezcan las condiciones de seguridad que permitan retomar las operaciones y continuar aportando al desarrollo económico del Catatumbo.La compañía petrolera mantendrá una comunicación constante con las autoridades ante la ola de violencia que afecta la producción petrolera en el campo de Tibú.
Una nueva jornada violenta sacudió a Bucaramanga durante el fin de semana, dejando dos personas muertas y al menos cuatro heridas en distintos hechos ocurridos entre la noche del sábado 18 y el domingo 19 de octubre de 2025. Según las autoridades, los ataques estarían relacionados con ajustes de cuentas por microtráfico y conflictos personales.El primer caso se registró hacia las 10:50 de la noche del sábado en la peatonal 8 del barrio Luz de Salvación II, donde Carlos Fabián Olarte Ballesteros, de 37 años, fue atacado con arma de fuego mientras se encontraba en vía pública. La víctima, quien presentaba anotaciones por violencia intrafamiliar y tráfico de estupefacientes, recibió varios impactos en diferentes partes del cuerpo y fue trasladado a la Clínica Foscal, donde llegó sin signos vitales.Horas después, cerca de las 9:20 de la noche del domingo, otro ataque armado se presentó en la Diagonal 15 con calle 55, frente al centro comercial La Isla. En el hecho murió Vladimir Castro Espitia, de 30 años, conocido como ‘Pericles’, quien se movilizaba en motocicleta junto a su pareja, Ivonne Tatiana Coronel Benítez, de 29 años. Según el informe preliminar, dos hombres en motocicleta se acercaron y dispararon en repetidas ocasiones contra la pareja. Castro murió por la gravedad de las heridas, mientras que Coronel resultó lesionada y fue atendida en la Clínica Chicamocha.Las autoridades indicaron que Castro tenía antecedentes por porte ilegal de armas, hurto, receptación y tráfico de estupefacientes, por lo que no se descarta que el ataque esté relacionado con un ajuste de cuentas por microtráfico en el norte de la ciudad.El tercer hecho se presentó hacia el mediodía del domingo 19 de octubre en el barrio Villas de Girardot, donde un hombre identificado como Enrique Vesga Quintero, de 34 años, fue atacado a tiros mientras se encontraba en la entrada de una tienda. El agresor disparó de manera indiscriminada, dejando además heridas a Blanca Inés Laguado Guevara, de 56 años, y Haslady Yurani Bravo Sanabria, su compañera sentimental. Vesga recibió siete impactos de bala y fue trasladado al Hospital Universitario de Santander, donde falleció.De acuerdo con el reporte policial, Vesga presentaba antecedentes por hurto, porte ilegal de armas, lesiones personales y fuga de presos. Testigos relataron que el ataque ocurrió tras una discusión, lo que sugiere que el hecho podría estar relacionado con problemas personales."Las autoridades del CTI y la SIJIN realizaron las inspecciones técnicas en los lugares de los hechos y activaron los equipos de investigación para ubicar a los responsables de estos violentos hechos", dijo el general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga. El Comando de la Policía Metropolitana de Bucaramanga reforzó los patrullajes en las zonas afectadas y anunció la activación de un plan especial de intervención en barrios del norte y occidente de la ciudad, donde se concentran las disputas entre estructuras dedicadas al microtráfico.Fuentes judiciales confirmaron que los ataques estarían conectados con la disputa territorial de bandas locales por el control de expendios de droga, fenómeno que ha incrementado los homicidios selectivos en la capital santandereana durante los últimos meses.
Luego de la captura de la madre y la tía de una menor de edad en hechos relacionados con un presunto abuso sexual, por solicitud de la Fiscalía, un juez en Bucaramanga envió a la cárcel a las dos mujeres, quienes deberán responder por el delito de homicidio agravado.Los hechos ocurrieron el pasado 18 de febrero en el asentamiento humano Los Laureles en la capital santandereana, cuando las dos mujeres ingresaron de manera violenta a la vivienda de César Augusto Neira Menco, de 45 años, atacarlo por presuntamente haber abusado sexualmente de la niña.Madre y tía no aceptaron los cargos, sin embargo, el Juez 12 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Bucaramanga las envió a la cárcel con base en las pruebas presentadas por el ente investigador.Tras la captura de las mujeres, la tarde del pasado 18 de febrero, la Policía Metropolitana de Bucaramanga, señaló que no se conocían denuncias previas del presunto abuso sexual a la menor de 14 años, ante las autoridades.“Los hechos estarían relacionados con un presunto caso de abuso sexual contra una menor de 14 años, que habría ocurrido en la mañana del mismo día. Sin embargo, este señalamiento no fue puesto en conocimiento de las autoridades competentes en el momento en que, al parecer, se presentó”, señalo el coronel Héctor Daniel García Acevedo, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.La Fiscalía adelanta las investigaciones para establecer la posible participación de más personas en los hechos debido a que fue un grupo, en su mayoría de familiares, el que decidió tomar justicia por mano propia, se dirigió a la vivienda del presunto agresor, armados con cuchillos, varillas y piedras, entre ellos las dos mujeres señaladas del homicidio, para agredirlo hasta ocasionarle la muerte.
En su primera rueda de prensa tras ser nombrado por el papa León XIV como nuevo arzobispo de Bucaramanga, monseñor Luis Augusto Campos hizo un llamado a la responsabilidad democrática de candidatos y votantes, en medio del ambiente preelectoral que vive Colombia.El prelado, quien asumirá oficialmente el próximo 18 de abril en una ceremonia que se realizará en Bucaramanga, pidió que el proceso electoral se desarrolle “por las vías constitucionales” y sin ningún tipo de irregularidad.“Yo quisiera enviarles un mensaje a los candidatos y también a los votantes y es que respetemos el proceso, que no se vaya a contaminar de ninguna cuestión que pueda implicar algún desvío de votos”, expresó.Monseñor Campos insistió en la importancia de ejercer un voto informado y consciente. Señaló que los ciudadanos tienen la responsabilidad de estudiar las propuestas y revisar las hojas de vida de los aspirantes, con el fin de garantizar que quienes lleguen a los cargos públicos tengan integridad moral y honestidad.“Creo que todos tenemos una enorme responsabilidad de saber por quién votamos, de tomarnos el trabajo de estudiar las propuestas (…) de tal manera que den una garantía de integridad moral”, afirmó.Asimismo, invitó a que la política se oriente hacia el bien común y no hacia intereses partidistas o personales. En su mensaje, hizo referencia al momento complejo que atraviesa el país, marcado, según dijo, por enfrentamientos y rivalidades.“¿Será posible pensar más allá de los intereses personales? ¿Será posible pensar también en una política honesta, en una política que sea transparente?”, cuestionó.
En un contundente operativo contra el maltrato animal y la corrupción de alimentos, la Policía Nacional capturó a cinco personas y decomisó más de dos toneladas de carne en un matadero clandestino que funcionaba en la vereda Ojo de Agua, zona rural de San Gil, Santander. Durante la intervención, las autoridades incautaron 1.800 kilogramos de carne, 230 kilogramos de vísceras, 8 kilogramos de material orgánico correspondiente a producto de gestación y 160 kilogramos de subproductos cárnicos, para un total de 2.198 kilogramos, avaluados en aproximadamente 32 millones de pesos.Según la investigación, la actividad se realizaba en un sitio no autorizado, sin cumplir con las condiciones técnicas de manipulación e inocuidad exigidas para el consumo humano. Además, se evidenció el sacrificio de semovientes sin protocolos técnicos ni humanitarios, vulnerando las normas de protección animal.El operativo también permitió establecer el manejo irregular de residuos orgánicos y la disposición inadecuada de despojos, lo que generaba riesgo de contaminación de fuentes hídricas en esta zona rural. El producto cárnico fue trasladado a la planta de beneficio del municipio de Villanueva para su destrucción, evitando su comercialización. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de maltrato animal y corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico. El coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante del Departamento de Policía Santander, señaló que este resultado “demuestra la determinación institucional de proteger la salud pública, salvaguardar el bienestar animal y combatir las economías ilegales que atentan contra la seguridad alimentaria”.Las autoridades anunciaron que continuarán los controles permanentes en todo el territorio para evitar este tipo de prácticas ilegales en municipios de Santander.
En medio de la huelga que adelantan trabajadores de la Empresa Electrificadora de Santander (ESSA), la Gobernación de Santander hizo un llamado al diálogo responsable y advirtió que incrementos “desproporcionados” en los beneficios laborales podrían afectar la sostenibilidad financiera de la compañía.La administración departamental señaló que, aunque respeta el derecho a la organización sindical y reconoce las peticiones planteadas por los empleados, “el servicio de energía es un servicio público esencial del que dependen hospitales, acueductos, instituciones educativas, el sector productivo y la vida diaria de los santandereanos”, dice la Gobernación en un comunicado.La huelga se produjo luego de 40 días de conversaciones entre el sindicato y la empresa sin lograr acuerdos. Entre los puntos que mantienen el desacuerdo está la solicitud de un incremento salarial del 23,7 %, equivalente al aumento del salario mínimo para 2026, pese a que, según se ha indicado, ninguno de los trabajadores sindicalizados devenga ese salario básico.En el comunicado oficial, la Gobernación advirtió que aumentos superiores a la capacidad financiera de la empresa podrían poner en riesgo su operación, su capacidad de inversión y los recursos que transfiere al departamento. Recordó que el 22 % de las utilidades de ESSA ingresan a Santander para financiar obras, programas sociales y el pago de salarios de servidores públicos.El director de Prosantander, Juan Pablo Remolina, también intervino en la discusión a través de su cuenta en X, donde cuestionó que el sindicato solicite un incremento del 23,7 % para empleados que, según afirmó, devengan salarios de hasta 10 millones de pesos, además de otros beneficios, y que adicionalmente se estén pidiendo 96.000 millones de pesos en el pliego. “La ESSA es una empresa que nos pertenece a los santandereanos (…) Hay que cuidarla y protegerla. ¿Quién tiene que ceder?”, escribió.Por su parte, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, respondió al representante de Prosantander, señaló que el conflicto incluye varios puntos adicionales y que la salida debe ser producto de la concertación. “Lo mejor es hablar y acordar. Es una negociación”, manifestó.Frente al llamado que han hecho los gremios al diálogo para superar la huelga, Carlos Roncancio, abogado de Sintraelecol, dijo que la Electrificadora de Santander cerró las puertas a las conversaciones.“Ninguna autoridad en este momento está mediando este conflicto la ANDI manifiesta que deben sentarse a negociar, pero su afiliado que es la empresa cerró las puertas del diálogo todos los gremios económicos piden diálogo y este es un llamado para las instituciones para el Ministerio de Trabajo y misterio de minas de cómo construimos una mesa de diálogo real y diálogos que surta efectos”, puntualizó Roncancio.
Las autoridades de Santander mantienen alerta por la posibilidad de un vertimiento controlado en Hidrosogamoso de ISAGEN, ante el incremento sostenido del nivel del embalse Topocoro, que se aproxima a la cota máxima de 320 metros sobre el nivel del mar.De acuerdo con el más reciente informe del IDEAM, la cuenca del río Sogamoso se encuentra en alerta naranja debido a las intensas lluvias registradas en diferentes regiones de Santander. Las precipitaciones en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y el sur de Santander han generado crecientes en los ríos Suárez, Chicamocha y sus afluentes, cuyos caudales desembocan en el embalse de Topocoro. La empresa ISAGEN informó que, aunque el embalse ha logrado soportar las crecientes y la central opera actualmente con plena capacidad instalada, se inició una etapa de seguimiento técnico ante la cercanía del nivel máximo permitido. De mantenerse las condiciones meteorológicas, en los próximos días podría iniciarse un vertimiento controlado desde la Central Hidroeléctrica Sogamoso.Según la compañía, este procedimiento produciría un aumento en el nivel del río Sogamoso aguas abajo de la presa Latora, por lo que se activaría el Plan de Acción Durante Emergencias y Contingencias (PADEC), notificando a los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo, bomberos, hospitales y demás organismos de socorro.Las autoridades recomendaron a la comunidad abstenerse de ingresar a la zona del río entre Puente La Paz y la presa Latora, evacuar las islas formadas en el cauce, mantener vigilancia permanente sobre el comportamiento del nivel del agua y trasladar ganado y pertenencias a zonas altas.Asimismo, se advirtió que algunos cultivos ubicados en planicies naturales de inundación podrían verse afectados en caso de concretarse el vertimiento.ISAGEN reiteró que continuará informando oportunamente a las comunidades y autoridades locales sobre cualquier decisión relacionada con la operación de la central.
Cecilia Quintero, una mujer de 70 años, falleció de forma repentina en un dispensario de Cafam en Cúcuta mientras denunciaba ante medios locales las persistentes barreras en el acceso a servicios de salud. La ciudadana, quien había llegado desde temprano al establecimiento para realizar los trámites correspondientes, se desplomó tras relatar el drama que vivía por la falta de fármacos vitales para su familia.Denuncia sobre falta de medicamentos en CúcutaEl trágico incidente ocurrió mientras Quintero exponía la situación de su hijo, quien requiere pañales y metadona de manera permanente. Según su testimonio brindado en el sitio, los pendientes de entrega se acumulaban desde septiembre del año pasado. "Estamos en febrero acabándose y no me entregan el pendiente de enero teniendo pañales en el sitio", relató la mujer minutos antes de su deceso.La afectada también señaló irregularidades en el manejo de los inventarios, afirmando que, en ocasiones, los productos se vencen en bodega sin ser entregados a los pacientes bajo el argumento de trámites administrativos o fechas de corte.Además de la situación de su hijo, Quintero manifestó su angustia por la salud de su esposo, un paciente con problemas vasculares y operado del corazón que no recibía Rivaroxaban de 20 mg, medicamento considerado vital para su condición. La mujer, quien también se identificó como paciente renal, aseguró llevar más de seis meses sin recibir su propio tratamiento.En sus declaraciones finales, la ciudadana coincidió con las críticas hacia el sistema de salud sobre el presunto acaparamiento de fármacos: "He visto y me consta que venden medicinas de uso institucional por fuera. No revisan los pendientes y luego dicen que ya se vencieron", sentenció ante las cámaras.Pese a que las personas presentes en el dispensario de Cafam intentaron realizar maniobras de reanimación tras su colapso, la mujer falleció en el lugar.
Las consecuencias de los enfrentamientos armados entre el ELN y el frente 33 de las disidencias de las Farc en zona rural de Tibú, siguen impactando la vida cotidiana de cientos de familias.El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) entregó asistencia humanitaria a más de 770 personas que resultaron afectadas por recientes hechos de violencia en tres comunidades del municipio.“Recientemente la población civil se vio afectada por confrontaciones y otros riesgos. Muchas personas tuvieron que desplazarse, mientras otras se quedaron confinadas en sus casas, impedidas de acceder a sus alimentos y a la pesca”, subrayó Georgia Kramer, delegada del CIRC.La ayuda consistió en kits de higiene y alimentación, priorizados tras una evaluación realizada por un equipo de la organización. Según el CICR, la visita permitió identificar las afectaciones que enfrentan las comunidades, entre ellas desplazamientos forzados, confinamientos y limitaciones para movilizarse dentro y fuera de sus veredas.“Estos elementos que han sido bien recibidos por la comunidad en un momento en el que tienen muchas dificultades para poder acceder a sus medios de ingresos y obviamente para el consumo de alimentos”, aseguró Oswaldo Mancilla, responsable de seguridad económica de la subdelegación del CICR en Cúcuta.La organización señaló que durante el diálogo con líderes comunitarios y habitantes de la zona, se evidenció que varias familias tuvieron que abandonar temporalmente sus viviendas, mientras otras permanecieron confinadas por temor a nuevos enfrentamientos.Esta situación no solo restringió su movilidad, sino que también les impidió acceder a sus cultivos, trabajos y fuentes de ingreso, aumentando la dificultad para conseguir alimentos y productos básicos.Con base en lo anterior, el CICR concentró su respuesta en las comunidades con mayores niveles de afectación y urgencia.“La comunidad no cuenta hoy en día con trabajos, se han puesto los trabajos escasos y muchos hogares no cuentan con los alimentos necesarios para los niños ya que la comunidad cuenta con una gran cantidad de niños”, señaló una de las personas beneficiarias, al referirse a la inestabilidad económica que atraviesan tras los hechos de violencia.Otro de los beneficiarios insistió en que la prioridad sigue siendo garantizar condiciones para el retorno de quienes salieron desplazados.“Lo que necesitamos es alimentos que aún no tenemos por la situación que vivimos de esta guerra que estamos viviendo dentro de nuestro Catatumbo. Pues nosotros queremos que nuestras comunidades desplazadas, nuestros habitantes desplazados vuelvan a nuestro territorio para que estemos todos unidos ya que esto está quedando totalmente solo”.
Un joven de 18 años fue capturado en el municipio de Barbosa, en Santander, señalado de cometer abusos sexuales reiterados contra dos menores de edad. El caso salió a la luz gracias a una jornada de prevención realizada por la Policía en el colegio donde estudian las víctimas.Según las autoridades, los niños de 9 y 10 años se acercaron a los uniformados durante la actividad pedagógica y denunciaron lo que venía ocurriendo. De inmediato se activaron las rutas de protección y comenzó la investigación judicial.El capturado, identificado como Andrés Felipe Cubides López, fue detenido mediante orden judicial por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado y actos sexuales abusivos.De acuerdo con el proceso investigativo, coordinado con la Fiscalía General de la Nación, las agresiones se habrían presentado de manera sistemática desde 2021. El joven, presuntamente, aprovechaba la cercanía con la familia de las víctimas y utilizaba amenazas para obligarlas a guardar silencio.El comandante del Departamento de Policía Santander, Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, destacó que la captura fue posible gracias a las estrategias de prevención en entornos escolares.“Es un abusador sexual que desde el 2021 venía sometiendo a dos menores de edad, aprovechando su cercanía familiar. Gracias a los programas de prevención que hace la Policía en los colegios, los niños se acercan a los uniformados y ponen en conocimiento lo que venía sucediendo”, afirmó el oficial.La institución reiteró que continuará fortaleciendo la estrategia de protección a la infancia y pidió a padres, docentes y estudiantes denunciar cualquier hecho que vulnere los derechos de niños, niñas y adolescentes a través de la línea 123 o la línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.El joven quedó a disposición de la justicia mientras avanza el proceso judicial.
El Tribunal Administrativo de Santander declaró ilegal la medida que impedía la circulación de motocicletas durante las madrugadas en la capital santandereana, una restricción que estaba vigente desde 2024 sin un límite temporal definido.La decisión se tomó tras revisar una acción de nulidad interpuesta contra la norma emitida por la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, que prohibía el tránsito de motos entre las 12:00 de la mañana y las 4:00 de la madrugada todos los días.El tribunal concluyó que la medida, al no tener un plazo específico ni evidencia técnica clara que justifique su vigencia indefinida, vulnera el derecho fundamental a la libre locomoción de miles de ciudadanos que utilizan la motocicleta como su principal medio de transporte o herramienta de trabajo.La decisión ratifica el criterio adoptado inicialmente por un juez de primera instancia, que también había anulado la restricción por considerar que su aplicación sin límites temporales ni explicación técnica constituía una medida desproporcionada.Colectivos de motociclistas y usuarios celebraron el fallo, señalando que la prohibición afectaba especialmente a quienes laboran en servicios de entrega, mensajería y transporte, así como a quienes deben desplazarse por motivos laborales en horarios nocturnos.Aunque la restricción queda sin efecto con la sentencia del tribunal, la Dirección de Tránsito de Bucaramanga aún debe pronunciarse formalmente sobre su aplicación inmediata y si adoptará una nueva regulación con límites temporales y argumentos técnicos que la respalden legalmente.La decisión también pone sobre la mesa la necesidad de que este tipo de medidas vayan acompañadas de estudios de movilidad, impacto y proporcionalidad, especialmente en una ciudad donde la motocicleta representa uno de los principales medios de transporte.
Las lluvias intensas que se han registrado recientemente mantienen en máxima alerta a Santander, donde las autoridades declararon alerta roja en 15 municipios por el alto riesgo de deslizamientos de tierra, crecientes súbitas y posibles desbordamientos de ríos y quebradas.El más reciente reporte del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales advierte que la saturación de los suelos ha elevado la probabilidad de emergencias, especialmente, en zonas de ladera y corredores viales rurales. Además, otros 30 municipios permanecen en alerta naranja y 10 en amarilla, bajo monitoreo constante ante cualquier eventualidad.Las precipitaciones han sido generalizadas en gran parte del centro y occidente del departamento, con reportes en Sabana de Torres, Bajo Rionegro, Puerto Wilches, San Vicente, Barrancabermeja, Cimitarra, Landázuri y el área metropolitana de Bucaramanga, así como en la provincia de Vélez. Según el pronóstico, las lluvias continuarán durante la tarde y la noche, con especial atención en las provincias García Rovira y Guanentá, donde podrían registrarse tormentas de mayor intensidad.Los efectos del invierno ya se sienten en la infraestructura. El director de la Oficina de Gestión del Riesgo departamental, Eduard Sánchez, confirmó que varias carreteras presentan afectaciones y que se activaron planes de respuesta con los municipios.“Vías secundarias registran afectaciones, por lo que se está verificando con alcaldes municipales para coordinar el apoyo con maquinaria amarilla. Hay daños en diferentes municipios y aumento del caudal de los ríos que generan alerta por posible desbordamiento”, explicó el funcionario.Ante este panorama, las autoridades no descartan cierres preventivos de vías, aislamiento de comunidades rurales o evacuaciones si las condiciones empeoran. Los organismos de socorro pidieron a la ciudadanía evitar transitar por zonas inestables, no cruzar corrientes crecidas y reportar de inmediato cualquier señal de deslizamiento.El monitoreo se mantiene permanente mientras las lluvias siguen poniendo a prueba la capacidad de respuesta del departamento.