Los fabricantes de calzado y productores de cuero en Ecuador encendieron las alarmas tras la decisión de ese país de elevar al 50 % los aranceles para productos provenientes de Colombia, una medida que impacta directamente a la industria santandereana, que destina cerca del 25 % de sus exportaciones a ese mercado.Empresarios del sector advierten que la nueva tarifa encarece los productos, reduce la competitividad frente a fabricantes asiáticos y brasileños, y pone en riesgo miles de empleos formales, especialmente en Bucaramanga, donde el calzado es uno de los principales motores económicos.Laura Castro, empresaria del sector, explicó que la situación ya se está sintiendo en las fábricas: “Las afectaciones que tenemos es que se reducen las ventas internacionales, baja la producción y se pone en riesgo el empleo formal, ecuador es un aliado estratégico por cercanía logística y cultural, con estos aranceles quedamos en desventaja frente a países como China, Brasil e Indonesia, que también exportan calzado a ese mercado”, señaló.Según la empresaria, la caída podría ser drástica: las exportaciones pasarían de operar al 100 % a apenas un 30 %, lo que afectaría directamente la estabilidad de las plantas de producción.“Cada fábrica tiene al menos seis trabajadores por proceso, son seis familias afectadas por empresa. Ahora imagine cuántas fábricas del gremio están en las mismas circunstancias”, agregó.El sector espera que el Gobierno Nacional gestione una salida diplomática con Ecuador para evitar mayores pérdidas, ya que la medida no solo encarece el precio final del zapato, sino que frena el crecimiento empresarial y la generación de empleo.Los industriales advierten que, de mantenerse la restricción, podría generarse cierre de plantas, reducción de turnos y pérdida de mercados internacionales, en medio de un panorama económico que ya consideran complejo para la manufactura nacional.
Lo que comenzó como una serie de clips espontáneos grabados con un celular en el asilo San Rafael, ubicado en el norte de Bucaramanga, hoy se ha convertido en una auténtica sensación en redes sociales. Un grupo de adultos mayores, muchos de ellos residentes del hogar, ha conquistado los corazones de miles de internautas con sus divertidos bailes al ritmo de reguetón, acumulando millones de reproducciones y una legión de seguidores en plataformas como TikTok e Instagram.Los videos muestran a los abuelos y abuelas participando con entusiasmo en tendencias de baile, coreografías sencillas y movimientos alegres acompañados por ritmos urbanos populares. Más allá de la música, lo que más ha cautivado a los usuarios es la espontaneidad, la alegría y el carisma con que los adultos mayores enfrentan cada grabación, desafiando estereotipos sobre la vejez en el mundo digital.La respuesta en redes ha sido tan contundente que incluso algunos de estos clips han viajado más allá de fronteras regionales: el reconocido cantante de reguetón Wisin compartió uno de los bailes del grupo, destacando el alcance y la simpatía de los videos. Este gesto del artista urbano impulsó aún más la visibilidad de la iniciativa y generó cientos de comentarios de seguidores de diferentes países.Para los responsables del asilo, el auge viral no solo ha sido motivo de orgullo sino también una herramienta de impacto social. Gracias a la exposición en internet, la comunidad digital ha convertido cada “like” y cada comentario en gestos concretos de apoyo: desde donaciones de insumos básicos hasta visitas y padrinazgos que fortalecen los programas de bienestar del hogar.Entre los personajes más queridos por el público está Jaime Muñoz, un adulto mayor de 85 años cuyo carisma y sonrisa han convertido sus apariciones en verdaderos íconos del canal. Sus videos, acompañados de comentarios alentadores, buscan romper barreras generacionales y recordar que el ritmo, la alegría y la creatividad no tienen edad.La historia del asilo San Rafael demuestra que, en la era digital, la viralidad puede convertirse en una herramienta poderosa para la inclusión social y el fortalecimiento de lazos comunitarios. Y para estos abuelos y abuelas, cada paso de baile es mucho más que un trend: es una celebración de vida, energía y dignidad que trasciende generaciones.
Con cuchillos y machetes en su poder fueron sorprendidos varios motociclistas durante los operativos adelantados por la Alcaldía y las autoridades de tránsito en Bucaramanga para frenar las caravanas y piques ilegales que, según denuncias ciudadanas, vienen generando ruido e inseguridad en distintos sectores de la ciudad.El alcalde Cristian Fernando Portilla reveló que, además de las armas blancas, dos personas fueron capturadas por tráfico de estupefacientes, luego de ser sorprendidas con sustancias psicoactivas durante los controles realizados en la noche del jueves 26 de febrero. En total, más de 74 motocicletas fueron inmovilizadas.“Anoche tuvimos resultados muy importantes, más de 74 motocicletas inmovilizadas y la captura de dos personas por tráfico de estupefacientes. También encontramos personas que llevaban armas blancas, machetes y cuchillos. Yo me pregunto, a altas horas de la noche en una motocicleta, ¿para qué se utiliza un cuchillo o un machete?”, cuestionó el mandatario.Desde hace varios meses, especialmente los días jueves, se vienen registrando caravanas y piques ilegales que recorren diferentes puntos de la capital santandereana, muchas veces con exostos modificados que generan altos niveles de ruido y alteran la tranquilidad de los ciudadanos.Frente a esta situación, la administración municipal articuló un dispositivo con más de 12 puestos de control en coordinación con la Policía Metropolitana y el Ejército, con el objetivo de frenar estas prácticas y recuperar el orden en las vías.“Todo ciudadano tiene derecho a transitar en Bucaramanga a cualquier hora, pero respetando las normas de tránsito, al peatón y el descanso de las personas, del adulto mayor y del enfermo. Lo que no podemos permitir es que se rompa la tranquilidad con caravanas ilegales y poniendo en riesgo a quienes transitan por la ciudad”, afirmó Portilla.El mandatario fue enfático en que los operativos continuarán y que no habrá tolerancia frente a conductas que afecten la seguridad y la convivencia. “Si siguen haciendo caravanas y generando ruido, tenemos que entrar con nuestra fuerza pública para poner orden. No vamos a parar”, concluyó.
A ocho días del inicio de la huelga en la Electrificadora de Santander, filial del Grupo EPM, el sindicato de trabajadores denunció la suspensión unilateral de más de 250 contratos de empleados que participan en el cese de actividades.De acuerdo con el sindicato Sintraelecol, las cancelaciones se habrían realizado sin previo acuerdo y afectarían principalmente a personas próximas a pensionarse y a mujeres cabeza de familia, lo que -según advierten- incrementa el impacto social del conflicto laboral.Juan Carlos Terán, presidente de Sintraelecol Bucaramanga, señaló que estas decisiones elevan la tensión en medio de una huelga que, hasta el momento, no ha logrado avances en la mesa de negociación. Los trabajadores sostienen que el paro se originó por desacuerdos relacionados con estabilidad laboral, condiciones contractuales y garantías para el ejercicio sindical.El sindicato también manifestó su preocupación por la programación de mantenimientos preventivos que, según afirman, podrían derivar en suspensiones del servicio de energía en distintos sectores del departamento.Aseguran que esta medida contraviene lo pactado en mesas técnicas con los ministerios de Minas y Trabajo, donde -según indican- se acordó garantizar la prestación continua del servicio esencial y realizar únicamente mantenimientos correctivos durante la huelga.Pese al conflicto, los voceros sindicales aclararon que el suministro de energía no se ha interrumpido y que los servicios esenciales continúan operando con normalidad.Ante la situación, solicitaron la intervención y vigilancia de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, con el fin de verificar el cumplimiento de los acuerdos y proteger tanto los derechos laborales como el acceso de la ciudadanía a un servicio público esencial.En medio de la controversia, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, hizo un llamado a las partes para que cedan en sus posiciones y permitan una salida negociada.El jefe de la cartera energética incluso planteó la posibilidad de acudir a un tribunal de arbitramento como mecanismo institucional para resolver el conflicto si no se alcanza un acuerdo directo.
En las últimas horas se conoció un decreto del Gobierno con el cual podrían desaparecer algunas EPS de baja cobertura o con pocos afiliados en los territorios. Pues los usuarios serían trasladados a algunas EPS más grandes, como la Nueva EPS, hoy en día intervenida por el Gobierno.El representante a la Cámara del Centro Democrático asegura que esta medida es inconveniente y por eso le pidió al Consejo de Estado la suspensión provisional del decreto.“Radiqué ante el Consejo de Estado la solicitud de apertura de incidente de desacato contra Guillermo Alfonso Jaramillo por reproducir el contenido de un decreto suspendido. También he solicitado la suspensión provisional del nuevo decreto, el 0182. Seguimos defendiendo a los pacientes”, dijo Forero.Es importante recordar que la Nueva EPS está intervenida por el Gobierno, pero además, según la Defensoría del Pueblo, en 2025 aumentaron hubo 14.603 quejas contra esa EPS por las dificultades en el acceso a servicios y medicamentos, es decir, un aumento del 107% en comparación con 2024.Con este decreto del Gobierno ahora más de 2.6 millones de usuarios de distintas EPS serían trasladas a la Nueva EPS.En las últimas horas el presidente Petro ha defendido esta decisión.“Es claro y racional, para una EPS y para el erario es muy costoso tener a los afiliados de las EPS dispersos en el país y en regiones con muy baja densidad de afiliación. Viajes en avión de pacientes y con acompañantes innecesarios, porque se encuentran IPS con los servicios cerca de los afiliados pero no contratadas, tiempo perdido para los pacientes y para sus tratamientos, hacen que el actual sistema de atención de EPS tenga más sentido si adquiere más conformación territorial”, dijo Petro.
La Superintendencia de Sociedades reconoció el proceso de reorganización de Canacol Energy en Canadá. El proceso implica que Canacol buscará acuerdos de pago con sus acreedores para evitar el cierre definitivo de sus operaciones.Canacol es la segunda productora de gas natural en importancia en Colombia, detrás de la estatal Ecopetrol."El Despacho concluyó que las órdenes del tribunal canadiense, relacionadas con la implementación del SISP (Sale and Investment Solicitation Process), constituyen medidas apropiadas en los términos del artículo 106 de la Ley 1116 de 2006, siendo necesarias para asegurar la coherencia del proceso internacional y la adecuada protección de los activos situados en Colombia", señaló la Superintendencia de Sociedades en un comunicado.Sin embargo, si Canacol decide vender activos en Colombia tendrá que tramitar una autorización de la Superintendencia de Sociedades en Colombia.La entidad ordenó a Canacol la entrega de información adicional sobre la composición de pasivos previos al inicio del proceso extranjero, obligaciones laborales, fiscales y parafiscales a cargo, pasivos litigiosos, así como inventarios actualizados de activos y pasivos con corte al 31 de diciembre de 2025. Igualmente, se deberán aportar estados financieros completos, individuales y consolidados, con sus respectivas certificaciones y opinión del revisor fiscal, dentro de los plazos fijados en audiencia.“La decisión adoptada reafirma el compromiso de la Entidad con la coordinación efectiva de los procesos de insolvencia transfronteriza y la aplicación armónica de la Ley 1116 de 2006 con los estándares internacionales. El reconocimiento de las órdenes emitidas por la autoridad judicial canadiense facilita la continuidad del proceso extranjero, protege los bienes ubicados en Colombia y garantiza que cualquier medida que pueda afectar a los acreedores locales sea objeto de control estricto por parte del juez colombiano. Así, la Superintendencia continuará velando por la transparencia del procedimiento, la protección del crédito y la preservación del valor empresarial, asegurando que todas las actuaciones se ajusten al orden público económico y al interés general”, señaló el superintendente Billy Escobar.
El Ministerio del Trabajo realizó una visita de inspección al Hospital Universitario del Valle (HUV) con el fin de revisar las condiciones de contratación de más de 4.000 trabajadores. La diligencia buscaba establecer si se están garantizando los derechos laborales del personal que presta sus servicios en esta institución de salud.Según explicó la viceministra de Relaciones Laborales, Sandra Milena Muñoz, su despacho recibió denuncias que indican que cerca del 90 % del personal estaría vinculado de manera irregular a través de contratos sindicales.“El 90 % del personal del hospital estaría intermediado de manera ilegal a través de la figura del contrato sindical. Estamos hablando de alrededor de 4.000 trabajadores bajo contrato sindical y solo 260 con vinculación directa. Esto genera discriminación laboral. Trabajadores que hacen las mismas funciones reciben salarios muy distintos. Mientras un trabajador con contrato sindical gana cerca de $1.700.000, un trabajador directo puede ganar $3.300.000", dijo Muñoz. Además, la funcionaria aseguró que a este personal "no se le reconoce jornadas justas, horas extras, licencias, incapacidades ni 15 días de vacaciones, como lo establece la ley, sino que solo les dan 5”.Agregó que, durante la inspección, también se identificaron riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, así como denuncias por posibles represalias.“Adicional a esto, hemos identificado riesgos químicos, físicos y ergonómicos. Durante la inspección a la morgue encontramos un manejo inadecuado del formol, que podría generar afectaciones graves a la salud a futuro, incluso, riesgos cancerígenos. Además, varios trabajadores se han acercado a los inspectores para manifestar que temen denunciar estas situaciones, porque aseguran que podrían ser despedidos”.Por su parte, el gerente del Hospital Universitario del Valle, Irne Torres Castro, explicó que la institución realiza la contratación de estos servicios mediante procesos de licitación pública y que se acogerán a las conclusiones de la inspección.“Desde el hospital hemos adelantado procesos de licitación pública, en los que se ofertan los servicios y las necesidades de los distintos procesos. Estos procedimientos se realizan de manera juiciosa y responsable. Esperaremos el concepto y los resultados de la inspección del Ministerio del Trabajo y, con base en ello, tomaremos las decisiones que correspondan”.Esta inspección, según el Ministerio del Trabajo, busca garantizar los derechos laborales de los trabajadores del Hospital Universitario del Valle, sin afectar la prestación de los servicios de salud que reciben los pacientes.Sobre el tema se pronunció el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta en la red social X. "En el hospital universitario del Valle tenían practicamente un centro de esclavitud. La fuerza de la salud debe ser respetada", escribió el presidente Petro.
Las autoridades sanitarias mantienen vigilancia ante la aparición de infecciones en humanos causadas por un hongo que puede transmitirse directamente desde los gatos. La situación genera preocupación entre especialistas debido a que este patógeno tiene la capacidad de propagarse en entornos domésticos, especialmente cuando existe contacto cercano con felinos que presentan lesiones visibles o signos de enfermedad.El caso que encendió las alertas comenzó cuando una familia desarrolló lesiones cutáneas tras convivir con un gato que presentaba úlceras en el hocico y las orejas. Posteriormente, otros integrantes del hogar y más animales domésticos manifestaron síntomas similares, lo que llevó a realizar estudios clínicos y de laboratorio para determinar el origen de la infección.Fue en ese contexto que las autoridades confirmaron un brote en Uruguay provocado por el hongo Sporothrix brasiliensis, una variante identificada originalmente en Brasil. El diagnóstico fue verificado mediante análisis de biología molecular, lo que permitió activar protocolos de control epidemiológico para evitar su propagación.Qué es el Sporothrix brasiliensis y por qué preocupa a dueñosEl Sporothrix brasiliensis es un hongo dimorfo perteneciente a un grupo conocido desde finales del siglo XIX, aunque esta variante específica fue clasificada en la década de 1990. Lo que lo diferencia de otras especies es su alta capacidad de transmisión zoonótica, es decir, puede pasar de animales a humanos con facilidadDurante décadas, la esporotricosis estuvo asociada principalmente a actividades rurales, como el contacto con plantas, tierra o material orgánico en descomposición. Sin embargo, el patrón ha cambiado y ahora los gatos, especialmente aquellos que viven en la calle, son considerados los principales transmisores.Este cambio en la dinámica de transmisión ha incrementado el riesgo en zonas urbanas, donde la convivencia cercana entre humanos y mascotas facilita el contagio.Cómo se transmite el hongo de gatos a humanosLa transmisión ocurre cuando el hongo entra en el organismo a través de la piel, generalmente por contacto directo con un animal infectado. Las principales formas de contagio incluyen:Arañazos de gatos infectados.Mordeduras que rompen la piel.Contacto con secreciones de lesiones abiertas.Manipulación de animales enfermos sin protección.Los veterinarios advierten que los gatos infectados pueden portar grandes cantidades del hongo en sus heridas, lo que aumenta la probabilidad de transmisión.Síntomas en humanos: señales de alertaEn las personas, la infección suele comenzar con lesiones pequeñas que pueden parecer inofensivas, pero que evolucionan con el tiempo. Los síntomas más frecuentes son:Aparición de nódulos o protuberancias rojizas en la piel.Formación de úlceras en la zona afectada.Lesiones que se expanden siguiendo los vasos linfáticos.Inflamación y dolor en el área comprometida.En casos más graves, especialmente en personas con sistemas inmunológicos debilitados, la infección puede extenderse a órganos internos como los pulmones, el hígado o los huesos.En el brote confirmado, los pacientes humanos respondieron favorablemente al tratamiento antifúngico tras recibir diagnóstico oportuno. Sin embargo, el impacto en los animales fue más severo. De los tres gatos infectados en el mismo entorno, solo uno logró recuperarse, mientras que los otros fallecieron debido al avance de la enfermedad.Veterinarios también han reportado un aumento en la detección de gatos con lesiones cutáneas sospechosas, lo que refuerza la preocupación sobre una posible expansión del hongo.Uno de los mayores desafíos para las autoridades sanitarias es el control de los gatos en situación de calle, considerados reservorios del patógeno y una fuente potencial de contagio continuo.Medidas de prevenciónAnte esta situación, expertos en salud recomiendan adoptar medidas preventivas para reducir el riesgo de infección:Evitar el contacto con gatos que tengan heridas visibles.No manipular animales enfermos sin protección.Acudir al médico ante cualquier lesión sospechosa.Llevar a las mascotas al veterinario si presentan síntomas.Lavarse las manos después de interactuar con animales.Aunque esta infección es tratable, el diagnóstico temprano es clave para evitar complicaciones. Las autoridades continúan reforzando la vigilancia epidemiológica y no descartan implementar nuevas medidas de control para prevenir la propagación de esta zoonosis emergente.
Un nuevo caso de intoxicación por medicamentos encendió las alarmas en San Gil, luego de que tres estudiantes de grado séptimo, con edades entre los 13 y 14 años, ingresaran este miércoles al servicio de urgencias del Hospital Regional de San Gil tras consumir clonazepam dentro de su institución educativa.Según versiones de familiares, las menores habrían llevado el medicamento al plantel y lo ingirieron durante la jornada académica. Una de las madres denunció que, en el caso de su hija, la pastilla habría sido mezclada en una bebida sin que la adolescente se percatara. La situación fue reportada de inmediato a las directivas del colegio y una de las estudiantes se desmayó a causa de los efectos del fármaco.Las jóvenes permanecieron hospitalizadas durante todo el miércoles y continúan bajo observación médica, debido a los síntomas presentados, entre ellos somnolencia, mareo y pérdida de conocimiento en uno de los casos.Este nuevo episodio ocurre apenas una semana después de que otras cinco estudiantes resultaran intoxicadas con el mismo medicamento en la misma institución, lo que ha generado preocupación entre padres de familia y autoridades locales.Las investigaciones son adelantadas por la Seccional de Investigación Criminal (Sijin), en articulación con autoridades de salud y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con el fin de establecer cómo las adolescentes accedieron nuevamente al fármaco y si existe una red de distribución en entornos escolares.De manera paralela, se analiza la posible relación de estos hechos con el denominado “Reto Clonazepam”, una práctica que circula en redes sociales y que consiste en ingerir el medicamento para comprobar quién logra mantenerse despierto por más tiempo. En distintas regiones del país se han reportado casos similares de adolescentes que han requerido atención médica por síntomas como confusión, vértigo y estado de obnubilación.Especialistas advierten que el clonazepam pertenece al grupo de las benzodiacepinas y tiene un alto potencial de generar dependencia, además de riesgos asociados como sobredosis, combinación con otras sustancias y posibles secuelas a largo plazo.Las autoridades reiteraron el llamado a padres, docentes y estudiantes a fortalecer los controles, promover el diálogo y denunciar cualquier intento de comercialización de medicamentos o sustancias en los alrededores de los colegios. Entretanto, continúan las acciones judiciales contra personas que estarían suministrando este tipo de fármacos a menores de edad en el municipio.
Un juez con funciones de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Eliseo Cacua Trillos y Juan José Durán Cepeda, dos hombres señalados de extorsionar en la provincia de Guanentá, quienes habían sido capturados en un puesto de control entre Charalá y Coromoro, en Santander, el pasado 19 de septiembre.La Fiscalía solicitó la medida luego de que los procesados fueran imputados por el delito de rebelión. Ninguno aceptó los cargos en su contra. El operativo que llevó a la detención de los señalados ocurrió en la vía que conecta Charalá y Coromoro. Tropas del Gaula Militar Chicamocha, el Gaula de la Policía y el Batallón de Artillería N.° 5 interceptaron a los dos hombres, que se movilizaban en una motocicleta de alto cilindraje y omitieron una señal de pare en el puesto de control.En el momento de la captura, las autoridades les encontraron material probatorio que los vinculaba a actividades ilegales. Entre lo incautado se hallaron, más de $10 millones de origen no justificado, boletas y citaciones extorsivas alusivas al ELN, una agenda con registros de cobros ilegales, celulares, una memoria USB y un computador.El comandante de la Quinta Brigada del Ejército, coronel Jairo Fuentes, indicó que los capturados serían responsables de exigir dinero a campesinos, ganaderos y comerciantes de municipios como Coromoro, Simacota, Ocamonte y Charalá.De hecho, las autoridades señalaron que los hombres también estarían implicados en extorsiones dirigidas al alcalde de Coromoro desde principios de año.Para el Ejército, este golpe representa una afectación directa a las finanzas del grupo armado organizado ELN y un paso clave para frenar la intimidación contra autoridades locales y la comunidad en el sector.
Según el reporte del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES), Santander aseguró un lugar entre los tres mejores del país en las pruebas Saber Técnico y Tecnológico y obtuvo un resultado destacado en las Saber Pro 2025-I.El rendimiento más notable se dio en el nivel técnico y tecnológico. En las pruebas Saber TyT, Santander se ubicó en el Top 3 nacional.El departamento registró un promedio global superior a los 103 puntos, lo que representa una diferencia de casi 10 puntos respecto a la media nacional (94 puntos). Este resultado ubica a la región en el mismo nivel de desempeño que departamentos como Meta y Caquetá.Los futuros profesionales de Santander también figuraron entre los más preparados. En las pruebas Saber Pro, el promedio departamental alcanzó los 155 puntos.“Este puntaje posiciona a Santander como uno de los de mejor rendimiento del país, quedando a tan solo un punto de Risaralda (156 puntos) y en la persecución del líder, Cundinamarca (167 puntos)”, señaló la Gobernación de Santander en un comunicado.El éxito no es solo colectivo. El ICFES resaltó el caso de un estudiante del municipio de Socorro que obtuvo un puntaje perfecto (500/500) en el examen Saber 11 calendario B de 2025."Con estos avances, Santander se consolida como una región académicamente competitiva, capaz de formar profesionales con altas competencias en lectura crítica, razonamiento cuantitativo, comunicación escrita, competencias ciudadanas e inglés, contribuyendo al desarrollo del país", dijo la Gobernación de Santander.
Un grupo de pequeños futbolistas de la escuela Cacique Guanentá Charalá Ocamonte se ha convertido en sensación en redes sociales gracias a un video lleno de ternura que ya acumula más de 30 millones de reproducciones en TikTok.En las imágenes, cinco niños de apenas cinco y seis años aparecen reunidos en círculo, abrazados, planeando la estrategia para su partido. Uno de ellos, con gran carisma y liderazgo, da las instrucciones a sus compañeros: “Yo se la paso a él, tú se la pasas a él, luego se la pasas a él, me la pasas a mí, se la paso a él y tú haces el gol”. Tras la explicación, todos ponen sus manos en el centro y levantan el grito de unidad: “¡A ver, mano, equipo Chihuahua!”.El video, que fue grabado en marzo durante un entrenamiento, permaneció guardado por meses hasta que Julián Casas, entrenador de los niños, decidió publicarlo en redes.“Ese momento fue totalmente natural. Nosotros simplemente organizamos los equipos, les dijimos que pusieran un nombre y que pensaran su estrategia. Yo le pedí a mi pareja que grabara y lo subimos sin esperar la respuesta que tuvo”, explicó el formador.Casas aseguró que la viralidad lo sorprendió, pues de un día para otro el clip empezó a rodar por todo el mundo. Incluso, la Liga Mexicana de Fútbol reaccionó al video y varias figuras reconocidas lo han compartido en sus cuentas oficiales.La escuela de fútbol, que entrena a los niños en Charalá y Ocamonte los lunes, miércoles y viernes en la tarde, ahora recibe mensajes y propuestas de distintos lugares gracias a esta publicación que muestra no solo la pasión por el balompié, sino también el valor del trabajo en equipo desde la infancia.
El gremio turístico de San Gil, junto a ambientalistas y defensores de derechos humanos, expresaron su preocupación por la solicitud de licencias mineras para dragado en el río Fonce, un pilar fundamental para la economía de la provincia de Guanentá.La controversia se centra en tres títulos mineros que, según los denunciantes, se encuentran actualmente en trámite para dragar hasta 200 hectáreas del río Fonce. El área de impacto se extendería a jurisdicciones como el Valle de San José y El Páramo, con la intención de extraer material de arrastre usando maquinaria pesada.Empresarios del turismo y veedores ciudadanos han manifestado su rechazo, asegurando que esta actividad de dragado representa una amenaza no solo para el turismo de aventura y ecológico de San Gil, sino también para toda la economía local que depende del río.Alba Luz Salazar, representante de empresas de canotaje en San Gil, expresó la preocupación del sector.“Realmente muy preocupados por esos permisos que están dando. Ya están en la tercera fase, en la socialización. Nos enteramos por información de terceros en el Valle de San José que el río Fonce no tiene una prohibición minera. Nosotros todos los días entrenamos hasta el Parque Gallineral y vemos con preocupación los daños del dragado que cambia el color y la densidad del agua y eso es notorio”, señaló Salazar.Salazar hizo un llamado urgente a las autoridades locales: “Hemos pedido que los mandatarios en el Valle de San José, el señor alcalde Luis, y el alcalde Mauricio en El Páramo, tengan una postura más fuerte en cuanto al tema de la minería”.Ante los reclamos, la directora de la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS), Gloria Milena Durán, aseguró que la entidad no tienen ningún trámite de licencia ambiental.“Nos permitimos aclarar que actualmente en la corporación no tenemos ningún trámite de licencia ambiental sobre el río Fonce. Los contratos de concesión se deben tramitar, inicialmente, ante la Agencia Nacional Minera. Por eso queremos dar un parte de tranquilidad a la comunidad de que no hay ninguna solicitud de licencia, razón por la cual no tenemos ningún trámite a la fecha”, expresó Durán.A pesar de la aclaración de la CAS sobre la ausencia de trámites ambientales en su sede, el gremio turístico insiste en la preocupación por la existencia de los títulos mineros otorgados por la Agencia Nacional Minera y la posibilidad de que las licencias ambientales se soliciten en cualquier momento.Como respuesta a la amenaza de los títulos mineros y los trámites asociados, el gremio turístico, veedores y ambientalistas han convocado a la ciudadanía a una movilización pacífica para expresar su rechazo.La manifestación está programada para este jueves 2 de octubre a las 8:00 a.m. en el Malecón de San Gil, buscando que las autoridades nacionales y locales detengan cualquier tipo de actividad minera en el río Fonce.
Un grave caso de presunta negligencia médica fue denunciado por el gerente del hospital de El Carmen de Chucurí, Santander, quien alertó sobre la situación de un paciente afiliado a la Nueva EPS que, tras sufrir un accidente con una motosierra, aún no ha recibido la atención especializada que requiere con urgencia en Bucaramanga. Según explicó John Pimiento, gerente de la institución, el pasado sábado fue remitido el señor Segundo Miguel León Peña, de 45 años, con una lesión severa en el brazo derecho, la cual compromete gravemente su mano y requiere una intervención quirúrgica inmediata. Sin embargo, a pesar de estar hospitalizado en la Fundación Cardiovascular, hasta la fecha la EPS y la clínica no han llegado a un acuerdo para proceder con el tratamiento.“El señor tiene una gran probabilidad de perder la mano por falta de intervención. Hay un trámite administrativo el cual no ha permitido que se haga el procedimiento quirúrgico. Los únicos que tienen especialista en mano son el Hospital Internacional de Colombia y el Hospital Universitario de Santander, este último está a su máxima capacidad", señaló en diálogo con un periodista de Blu Radio. Se conoció que el Hospital Internacional de Colombia no realiza el procedimiento al paciente Segundo Miguel León Peña, porque la Nueva EPS debe realizar el pago de la cirugía por anticipado, ya que los servicios están suspendidos a esa entidad por millonaria deuda con el centro médico.La denuncia evidencia nuevamente las fallas en la atención oportuna de pacientes por parte de la Nueva EPS, en Santander, situación que pone en riesgo la salud y la calidad de vida de los usuarios. En este caso, la demora en la autorización del procedimiento podría derivar en la pérdida total de la extremidad afectada tras un accidente con una motosierra. Familiares de Segundo Miguel León Peña hacen un llamado urgente a la Nueva EPS para que resuelva de inmediato los trámites administrativos y garantice el derecho fundamental a la salud del paciente que está a punto de perder su mano derecha.
Ante el incremento inusual de casos de Infección Respiratoria Aguda (IRA) asociados a influenza, la Alcaldía de Vélezactivó un plan de contingencia y emitió lineamientos preventivos dirigidos a instituciones educativas, padres de familia y comunidad en general.La decisión se tomó luego de que, a través del Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA), se confirmara un aumento significativo de casos que configura un brote en el municipio.La influenza hace parte de las infecciones respiratorias agudas (IRA), enfermedades que afectan las vías respiratorias, desde la nariz y la garganta hasta los pulmones, y que se transmiten con facilidad por gotas de saliva al hablar, toser o estornudar, así como por contacto con superficies contaminadas.Como primera acción, la administración municipal ordenó fortalecer los protocolos en todas las instituciones educativas públicas y privadas.Entre las principales medidas adoptadas están: activación de los planes institucionales de contingencia frente a infecciones respiratorias, intensificación de la limpieza y desinfección diaria en aulas, baños, pasamanos, escritorios y superficies de contacto frecuente, garantía permanente de agua potable, jabón y alcohol glicerinado, jornadas pedagógicas sobre lavado correcto de manos, higiene respiratoria y prevención del contagio.Además, los colegios deberán notificar a los padres cuando un estudiante presente síntomas respiratorios, solicitar que no se envíe a clases a menores con gripa y reportar a la Secretaría de Salud cualquier aumento inusual en el ausentismo escolar por causas respiratorias.Las autoridades también dejaron abierta la posibilidad de implementar medidas transitorias adicionales, dependiendo del comportamiento epidemiológico en los próximos días.La estrategia no se limita a las aulas. La Alcaldía hizo un llamado a padres, madres y cuidadores para reforzar la prevención desde casa.Asimismo, se insiste en completar los esquemas de vacunación, especialmente contra la influenza, en población priorizada como niños entre 6 y 23 meses, gestantes, adultos mayores de 60 años, personas con enfermedades crónicas, talento humano en salud y grupos étnicos priorizados.Las autoridades de salud advirtieron que no se debe recurrir a la automedicación y que, ante signos de alarma, se debe acudir de inmediato a un centro asistencial.El trabajo articulado, señaló la administración municipal, permitirá reducir la transmisión del virus, evitar complicaciones y proteger especialmente a la población infantil mientras se mantiene el seguimiento epidemiológico permanente en el municipio.
En zonas rurales y escuelas apartadas de Santander, Norte de Santander, Cesar y Boyacá, más de 82.200 niños, niñas y adolescentes hoy ocupan su tiempo en la música, el arte y la creación, en lugar de estar expuestos al riesgo de ser reclutados por grupos ilegales al margen de la ley.Se trata del programa Artes para la Paz, una estrategia de alcance nacional que en estos departamentos es operada por la Universidad Industrial de Santander (UIS) y que llega a 449 instituciones educativas, especialmente en sectores rurales y territorios con dinámicas sociales complejas.En total, cerca de 800 personas, entre líderes, formadores y equipos de apoyo, hacen parte de esta iniciativa que ha convertido el tiempo escolar en una oportunidad para transformar realidades.Leonardo Fabio Olarte, gestor territorial del nodo 19 de Santander, explicó que solo en su zona se impactan 14 municipios y 21 establecimientos educativos, alcanzando aproximadamente 4.000 beneficiarios. Para Olarte, el objetivo del programa va mucho más allá de enseñar habilidades artísticas.“Como su nombre lo dice, es transformar las comunidades y los territorios de Colombia, resignificando el tiempo escolar de los estudiantes. Estamos siendo testigos diariamente de una reducción de problemáticas sociales no solamente en los establecimientos educativos, sino también en la comunidad educativa en general, en sus familias y en el territorio. Es una transformación social muy importante”, afirmó.El gestor reconoce que cada municipio tiene dinámicas distintas e incluso, a pocos kilómetros de distancia, se pueden encontrar realidades completamente diferentes. Sin embargo, incluso en zonas con mayores conflictos sociales, el programa ha logrado mantenerse y generar impactos positivos sostenidos en el tiempo.Uno de los mayores retos al inicio fue vencer el escepticismo en las instituciones educativas.“Debo confesar que al principio los rectores eran escépticos. Era difícil convencerlos de que el programa era algo positivo. Hoy son ellos quienes acuden a nosotros, lo solicitan y esperan que haya continuidad en el tiempo”, relató Olarte.El cambio en la percepción se ha dado gracias a resultados visibles: mejor convivencia escolar, mayor permanencia en las aulas y una disminución de situaciones asociadas a violencia o riesgo social.En el departamento del Cesar, Luis Alejandro Forero, gestor territorial del programa en la zona 6 nodo 3, que integra los municipios de El Copey, Bosconia, El Paso, La Paz y San Diego, destacó que en su área también se atienden 21 establecimientos educativos con más de 4.000 beneficiarios.Sin embargo, insiste en que el mayor logro no es artístico, sino humano.“Lo más valioso no es cuando aprenden a pulsar una cuerda. Lo más valioso es cuando aprenden a resignificar su existencia, cuando descubren que su vida puede ser mucho más de lo que habían imaginado. Cuando su convivencia escolar mejora y la escuela deja de ser un entorno de tedio para convertirse en un espacio de alivio y alegría”, señaló.Forero compartió uno de los testimonios más impactantes que ha dejado el programa.“El caso más fuerte es cuando un niño te dice que quiere ser parte de un grupo armado cuando grande, y al cabo de un tiempo te dice: ‘No, yo quiero ser cantante, quiero tocar guitarra, quiero ser profesor’. Eso es lo más valioso que ocurre a partir del programa”, expresó.En regiones donde históricamente han operado estructuras ilegales, ocupar el tiempo libre de niños y adolescentes con procesos artísticos continuos se convierte en una estrategia de prevención clave.
El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, anunció oficialmente la habilitación de nuevas rutas aéreas comerciales desde el Aeropuerto Internacional Palonegro, como parte de la estrategia para fortalecer la conectividad de la ciudad y su área metropolitana.De acuerdo con la administración municipal, la apertura de nuevas frecuencias y destinos nacionales es el resultado de un trabajo articulado entre la Alcaldía, aerolíneas comerciales y autoridades aeronáuticas. Con esta ampliación, se espera un mayor número de vuelos semanales, mejores horarios de conexión y una reducción en los tiempos de desplazamiento para los pasajeros.La alcaldía destacó que el incremento en la oferta de sillas también permitirá una mayor competitividad en tarifas, favoreciendo tanto a viajeros frecuentes como al sector empresarial y turístico.En el marco de la Vitrina Turística de Anato, la aerolínea de bajo costo JetSMART anunció que a partir del 4 de junio de 2026 comenzará a operar nuevas frecuencias en la ruta Bogotá–Bucaramanga, ampliando la oferta aérea entre la capital del país y la capital santandereana.Según lo informado, la compañía operará 14 vuelos semanales entre Bogotá y Bucaramanga y 10 vuelos entre Bogotá y Cúcuta, lo que incrementará el número de sillas disponibles y generará mayor competencia en el mercado doméstico. Los tiquetes estarán disponibles con tarifas desde $84.500 por trayecto, impuestos incluidos, bajo el modelo de bajo costo.
Con el objetivo de garantizar una jornada transparente, segura y en paz, la Procuraduría General de la Nación anunció un amplio dispositivo de acompañamiento para las elecciones del próximo 8 de marzo en el departamento de Santander.La procuradora regional de instrucción de Santander, Magda Buendía, aseguró que, a la fecha, no se tiene identificado ningún riesgo electoral en el territorio, gracias al trabajo preventivo que se ha venido adelantando de manera articulada con las diferentes autoridades.La estrategia hace parte de una iniciativa liderada por el procurador general, Gregorio Eljach, denominada “paz electoral”, que busca promover elecciones transparentes, seguras y respetuosas de los resultados.El lanzamiento de la campaña en Santander se realizó en la Universidad Industrial de Santander (UIS), con la participación de funcionarios de la Procuraduría, quienes invitaron a la comunidad estudiantil a convertirse en multiplicadores del mensaje democrático.“La campaña es una iniciativa del señor procurador Gregorio Eljach para que las elecciones se realicen de una manera transparente, segura. La estrategia se llama Paz Electoral y en ella están la Registraduría y la Contraloría. La idea es que las elecciones se desarrollen de manera consciente, oportuna y libre, que se respeten los resultados”, expresó Buendía.Frente al panorama para la jornada del 8 de marzo, la procuradora regional fue enfática en señalar que no existen alertas de riesgo en el departamento.“Hasta el momento no tenemos un riesgo. Hemos trabajado para ello. En cada puesto de votación va a haber seguridad de Policía y Ejército. De igual manera, en cada punto va a estar el Ministerio Público en las mesas de justicia, unidos con la Contraloría, la Defensoría del Pueblo y las personerías”, indicó.La articulación institucional incluye la presencia de organismos de control y autoridades de seguridad en todos los puestos de votación, con el fin de prevenir irregularidades y atender de manera inmediata cualquier eventualidad.Como parte del dispositivo especial, la Procuraduría dispuso la conformación de un grupo élite que recorrerá los distintos puntos y puestos de votación durante la jornada electoral.“Se han dispuesto funcionarios y también unos grupos élites para estar revisando las elecciones. El grupo élite va a pasar revista por todos los puntos y puestos de votación y, si se presenta alguna situación que amerite la presencia de la Procuraduría Regional o de alguno de los procuradores provinciales, vamos a estar ahí tratando de solucionar en tiempo las situaciones que se puedan presentar”, explicó la procuradora.En el área metropolitana de Bucaramanga se contará con aproximadamente 120 funcionarios de la entidad, además de procuradores judiciales que acompañarán los escrutinios en cada una de las comisiones.“Tenemos todo dispuesto. Hay un compromiso de todos los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación frente a esta campaña de Paz Electoral”, puntualizó Buendía.Con este despliegue institucional, las autoridades buscan garantizar que la jornada electoral del 8 de marzo en Santander se desarrolle con normalidad.
En desarrollo de operaciones militares contra el narcotráfico, el Ejército Nacional de Colombia confirmó la destrucción de dos laboratorios para el procesamiento de clorhidrato de cocaína en los departamentos de Norte de Santander y Cesar, en acciones coordinadas con la Policía Nacional de Colombia.En la vereda Campo Alicia, municipio de El Zulia, tropas del Batallón de Artillería de Campaña N.° 30, orgánico de la Brigada 30, ubicaron y destruyeron un laboratorio compuesto por tres construcciones al servicio de las economías ilícitas, con posibles nexos con el frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN.Durante la operación, adelantada con apoyo de la SIJIN de la Dirección de Antinarcóticos, fueron incautados 845 kilogramos de clorhidrato de cocaína en estado sólido, 395 galones en suspensión y más de 3.356 galones de insumos líquidos, entre ellos acetato de N-Propilo, ácido clorhídrico y gasolina. También se hallaron 255 kilogramos de sustancias químicas sólidas como soda cáustica, carbón activado y metabisulfito.Según las autoridades, este resultado representa una afectación al músculo financiero del narcotráfico estimada en más de 6.555 millones de pesos.En una segunda acción militar, tropas de la Quinta Brigada, unidad orgánica de la Segunda División, ubicaron y destruyeron un laboratorio en la vereda La Estación, municipio de Gamarra, que pertenecería al frente Camilo Torres del ELN.De acuerdo con información de inteligencia, esta infraestructura tenía una producción mensual aproximada de una tonelada de clorhidrato de cocaína. En el lugar fueron hallados 307 kilogramos del alcaloide, 1.039 galones de insumos líquidos, 345 kilogramos de insumos sólidos, además de hornos microondas, grameras, tanques y otros elementos empleados para el procesamiento.Las autoridades estimaron que esta operación generó una afectación económica superior a los 1.600 millones de pesos y evitó la comercialización de aproximadamente 700.000 dosis de cocaína en mercados ilegales. El material y las infraestructuras fueron destruidos de manera controlada, mientras que los actos urgentes y procedimientos judiciales quedaron a cargo de la Policía Judicial de la Dirección de Antinarcóticos.El Ejército Nacional informó que continuará desarrollando operaciones contundentes contra las estructuras criminales que financian sus actividades a través del narcotráfico en el oriente del país.
La terapia de oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO) continúa consolidándose como una alternativa de soporte vital de alta complejidad en Santander. Así lo evidencian las cifras del programa del HIC Instituto Cardiovascular de la Fundación Cardiovascular de Colombia, que en 2025 superó los estándares internacionales establecidos por la Extracorporeal Life Support Organization (ELSO).Los datos consolidados muestran que la tasa de supervivencia al egreso hospitalario en pacientes adultos que recibieron soporte con ECMO alcanzó el 57,8%, frente al 47% reportado a nivel global. En población pediátrica, el indicador llegó al 78,7%, superando el 57% internacional.La historia de Édgar Serrano refleja estos resultados. El santandereano, de 65 años, sufrió un infarto que derivó en choque cardiogénico, una condición crítica en la que el corazón no logra bombear suficiente sangre para mantener con vida al organismo. Aunque llegó tarde para salvar su corazón, no fue tarde para salvar su vida.A su ingreso al HIC Instituto Cardiovascular presentaba arritmias graves y falla cardíaca severa. Mientras el equipo de hemodinamia intervenía la arteria comprometida, el programa de ECMO se activó de manera inmediata.“La terapia permitió reemplazar de forma temporal la función del corazón y los pulmones, mantener los órganos vitales y ganar tiempo para tomar la mejor decisión en el momento más crítico”, explicó el doctor Leonardo Salazar, director del programa de ECMO y Asistencia Ventricular.Tras estabilizarlo, se activaron los equipos de falla cardíaca avanzada, cirugía cardiovascular y trasplante. El daño era irreversible, por lo que el grupo médico decidió implantarle un dispositivo de asistencia ventricular Corheart 6, considerado el corazón artificial más pequeño del mundo.Meses después de salir de la Unidad de Cuidados Intensivos, Édgar camina, realiza ejercicio y avanza en su rehabilitación. “En cualquier otro escenario, lo más probable es que no estuviera aquí. Hubo un equipo que hizo todo lo necesario en el momento exacto”, afirmó.El informe del Centro de Excelencia en ECMO detalla además que, en pediatría, la supervivencia fue del 73% en soporte cardiovascular (ELSO: 62%) y del 93,3% en soporte respiratorio (ELSO: 70%).En adultos, los resultados también superaron los estándares: 59% en soporte cardiovascular, 63,6% en respiratorio y 45,4% en reanimación cardiopulmonar extracorpórea.Estos indicadores, según la institución, evidencian la capacidad del programa para sostener la vida en escenarios de alta complejidad y conducir a los pacientes hacia terapias definitivas con mejores pronósticos.Los resultados también se atribuyen a la Central de Telemonitoreo, un sistema que vigila en tiempo real a los pacientes en UCI y permite anticipar riesgos clínicos. Inspirada en una torre de control aérea, integra signos vitales e información clínica con personal disponible 24/7.De acuerdo con el reporte, gracias a este modelo la supervivencia al egreso tras un paro cardíaco intrahospitalario pasó del 24% a más del 60% en tres años, mientras que el tiempo de respuesta ante una alarma crítica se redujo de 135 a 17 segundos.El desempeño del programa le ha valido al Centro de Excelencia en ECMO la certificación nivel Oro otorgada por la Extracorporeal Life Support Organization, reconocimiento que respalda su calidad clínica y lo posiciona como referente internacional en soporte vital extracorpóreo, con atención simultánea para pacientes adultos y pediátricos en Latinoamérica.
La Electrificadora de Santander (Essa) descartó cualquier afectación estructural en la represa de Bocas, ubicada en el municipio de Lebrija, luego de que comunidades de la zona alertaran sobre una posible ruptura de la infraestructura.De acuerdo con el reporte oficial de la compañía, las intensas y persistentes lluvias registradas los días 12 y 13 de febrero de 2026 provocaron una creciente súbita del río Lebrija, que ocasionó la afectación y posterior ruptura de una ataguía temporal construida para adelantar obras de reparación en la represa.Essa explicó que la ataguía es una estructura independiente que no hace parte de la obra civil principal de la represa y que no cumple funciones de almacenamiento ni regulación del embalse. Por esta razón, la empresa aseguró que la situación no compromete la estabilidad de la infraestructura ni representa riesgo para las comunidades aguas abajo.Tras una inspección técnica, la Oficina de Gestión del Riesgo de Santander también confirmó que no existe alarma ni peligro inminente en la represa, donde se genera energía para varios municipios del departamento.Como medida preventiva y en atención a los riesgos climáticos derivados de las lluvias y las crecientes del río, Essa radicó ante los entes competentes una declaratoria de contingencia ambiental relacionada con la represa de Bocas. Esta fue sustentada ante el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, donde se expuso la situación actual y se socializaron los planes de contingencia y acciones a ejecutar.La declaratoria se suma a la calamidad pública decretada por el municipio de Lebrija debido a las condiciones climáticas, así como a la alerta roja vigente emitida por el Ideam, en el marco de la actual temporada de lluvias.Las autoridades reiteraron el llamado a la calma y señalaron que mantienen el monitoreo constante del comportamiento del río y de la infraestructura energética.
Un golpe a las estructuras armadas ilegales se registró en el departamento de Santander con la captura de alias “Culebro”, presunto integrante del Frente Domingo Laín Sáenz del Ejército de Liberación Nacional (ELN). El procedimiento fue realizado por la Policía Nacional de Colombia en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, el Ejército Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).La detención se llevó a cabo en el municipio de Barbosa, luego de labores de inteligencia e investigación que permitieron ubicar y capturar al hombre requerido por la justicia colombiana por los delitos de homicidio agravado en persona protegida y rebelión.Según las autoridades, alias “Culebro” estaría vinculado al ELN desde hace más de 11 años, participando presuntamente en homicidios, extorsiones e intimidaciones en zonas rurales de Arauquita (Arauca) y sectores fronterizos, lo que habría afectado la seguridad de las comunidades en esa región limítrofe con Venezuela.Dentro de los hechos que se le atribuyen figuran el asesinato de un líder social integrante de la Asociación Campesina de Arauca (ACA) y miembro de la Junta de Acción Comunal de la vereda Santa Ana, así como el homicidio de una mujer estilista en el sector Pueblo Nuevo, ambos crímenes cometidos en 2016.Las investigaciones también establecen que el capturado habría hecho parte de un grupo conocido como “Los Comandos de la Muerte”, presuntamente bajo el mando de otro cabecilla del ELN, dedicado a sostener el control territorial mediante acciones criminales. Además, desde 2022 se habría radicado en Santander, específicamente en los municipios de Sábana de Torres y Barbosa, con la aparente finalidad de ocultar su identidad y evadir a las autoridades.Tras su captura, alias “Culebro” fue presentado ante un juez de control de garantías, quien le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial en su contra.
Empresarios y ciudadanos de Cimitarra, Vélez, La Paz y Barbosa, en Santander, se unieron a la campaña solidaria “50 mil Razones para Ayudar a Córdoba” y aportaron alimentos para las familias afectadas por las inundaciones en ese departamento.Desde Barbosa hubo respaldo logístico y convocatoria ciudadana; en Cimitarra, empresarios del sector esmeraldero apoyaron la recolección; mientras que en Vélez y La Paz también se sumaron donaciones de víveres. A estos aportes se sumó la entrega de tres toneladas de arroz por parte del molino Improarroz, además de otra tonelada adquirida con recursos propios de la organización promotora.De 14 toneladas de alimentos e implementos recolectados 10 toneladas de ayudas humanitarias fueron trasladadas hasta Montería, Córdoba.La caravana partió el 23 de febrero desde Bogotá en tres camiones y varias camionetas cargadas con alimentos no perecederos, papa, arroz, cebolla y concentrado para perros y gatos. Tras recorrer varios municipios del centro del país, llegó al estadio 18 de junio, centro de acopio dispuesto por la Oficina de Gestión Social para atender a los damnificados.“Logramos entregar 10 toneladas y tenemos cuatro más listas en Bogotá para una segunda fase”, explicó Jorge Lozano, director de la fundación Lozano del Campo, quien destacó que la ayuda es el resultado de la unión de empresarios y campesinos de Bogotá, Boyacá, Cundinamarca, Meta y Santander.Los alimentos son transformados en raciones de comida caliente que se distribuyen en 18 alojamientos temporales donde permanecen miles de personas afectadas. Parte de los productos también se convierten en mercados que son enviados a zonas rurales donde familias continúan aisladas por la emergencia.La donación incluyó además una tonelada de concentrado para animales, entregada a la Asociación Amor Animal, entidad que atiende a más de 770 perros y 330 gatos rescatados.“La campaña continuará con una segunda etapa que contempla un concierto solidario en Bogotá, donde artistas como Adriana Bottina y Jimmy Gutiérrez, entre otros, donarán sus presentaciones para recaudar fondos destinados a la compra de herramientas y equipos que permitan a las comunidades iniciar la recuperación de sus viviendas y fincas”, dijo lozano.La fundación mantiene activo su centro de acopio en Bogotá y continúa gestionando apoyos para ampliar la ayuda a las más de 250 mil personas afectadas por las inundaciones en Córdoba.
Una estructura criminal estaría utilizando menores de edad como “moscas”, una modalidad delictiva en la que los niños son instrumentalizados para alertar sobre la presencia de la fuerza pública y facilitar el transporte de estupefacientes. El caso fue descubierto por la Policía en el departamento de Norte de Santander.Los hechos se registraron en el kilómetro 48 de la vía Sardinata – Cúcuta, sector Los Bananos, jurisdicción del municipio de El Zulia, donde uniformados adelantaban controles viales. Allí fueron capturados en flagrancia dos adultos y puestos a salvo dos niños que se encontraban involucrados en el transporte ilegal de drogas.De acuerdo con las investigaciones preliminares, los menores eran utilizados por la red para advertir sobre retenes y movimientos de las autoridades, exponiéndolos a graves riesgos y vulnerando sus derechos fundamentales. Esta práctica les permitía a los responsables movilizar cargamentos ilícitos con mayor margen de maniobra.Durante la inspección a un vehículo tipo campero, en el que se movilizaban junto a una motocicleta, los uniformados hallaron 36 recipientes plásticos ocultos en las puertas y amarrados al chasis. En su interior había una sustancia rocosa color beige con características similares a la base de coca, con un peso aproximado de 38 kilogramos. Los vehículos fueron inmovilizados y también se incautaron dos teléfonos celulares.El coronel Jair Alonso Parra Archila, director de Tránsito y Transporte de la Policía, rechazó de manera contundente esta modalidad criminal. “Rechazamos y repudiamos el uso de niños, niñas y adolescentes como ‘moscas’ para alertar sobre la presencia de las autoridades. Esta práctica no solo constituye un delito, sino una grave vulneración de sus derechos”, afirmó el oficial, quien agregó que se fortalecerán los controles en los corredores viales del país.Los menores fueron dejados a disposición de la autoridad competente para el restablecimiento de sus derechos, mientras que los dos adultos capturados deberán responder ante la Fiscalía de Cúcuta por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. La Policía reiteró su llamado a denunciar cualquier hecho que ponga en riesgo a niños y adolescentes a la línea 123.