Las protestas de volqueteros y transportadores contra la empresa KMA, contratista de la concesión Autopista Río Grande, se extendieron a dos nuevos puntos de Santander: los sectores de La Lizama y La Fortuna. Con esta ampliación, ya son cuatro los puntos con presencia de manifestantes en el departamento.Los bloqueos se mantienen en Puerto Araujo, en jurisdicción de Cimitarra, y en el sector La Gómez, en Sabana de Torres. A estos se sumaron en las últimas horas La Lizama y La Fortuna, lo que ha generado afectaciones en la movilidad y preocupación por el tránsito de vehículos particulares, transporte escolar y carga.Ante la situación, la Gobernación de Santander activó un Puesto de Mando Unificado para hacer acompañamiento a la protesta social y servir de puente entre los manifestantes, la Agencia Nacional de Infraestructura y el Ministerio de Transporte.El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, explicó que desde el Gobierno departamental se ha realizado acompañamiento interinstitucional y se convocó el PMU departamental, con articulación de los PMU municipales.“Hay unas peticiones claras que ya están siendo atendidas por la ANI. Hemos solicitado a la comunidad el paso intermitente y el cumplimiento del corredor humanitario extendido, no solo para ambulancias, sino también para niños que requieren desplazarse a sus instituciones educativas, personas con citas médicas y el tránsito de víveres perecederos”, señaló el funcionario.Según Hernández, este lunes 16 de febrero cuando iniciaron las protestas con bloqueos de vías el tráfico estuvo represado, pero las autoridades lograron abrir paso. Las autoridades mantienen diálogo permanente con los líderes del paro para recoger formalmente el pliego de peticiones y definir si se realizará una reunión centralizada o encuentros descentralizados.Las manifestaciones también se registran en departamentos como Boyacá y Cesar, en el marco de reclamos relacionados con la ejecución del proyecto de la Troncal del Magdalena Medio. Los volqueteros solicitan mayor participación laboral y cupos para gremios locales dentro de las obras que adelanta la concesión.La ANI confirmó el desplazamiento de su vicepresidente a una reunión técnica prevista para el próximo jueves 19 de febrero, atendiendo la invitación realizada por distintos sectores sociales.
La Gobernación de Santander solicitó acciones inmediatas a la Superintendencia Nacional de Salud para garantizar la entrega oportuna de medicamentos por parte de las EPS en el departamento, tras el fallecimiento del menor Kevin Arley Acosta Pico, de 7 años.El pronunciamiento oficial se conoció luego de que el niño, cuya familia es oriunda de Santander pero residía desde hace un año en el departamento del Huila, falleciera en medio de un proceso médico que, según sus allegados, estuvo marcado por dificultades en el acceso a tratamientos y medicamentos. Sus exequias se cumplieron en el municipio de Charalá, donde familiares y amigos le dieron el último adiós.A través de la Secretaría de Salud departamental, la administración expresó sus condolencias a la madre del menor, Yudy Katherine Pico, y a sus familiares, y elevó un llamado formal al ente de control para que adopte medidas que obliguen a las Entidades Promotoras de Salud a cumplir con la entrega oportuna de los fármacos requeridos por los pacientes, especialmente aquellos diagnosticados con enfermedades de alto costo.“Situaciones como esta nos obligan a reforzar los mecanismos de seguimiento, articulación y vigilancia, para prevenir que hechos similares se presenten en el departamento y afecten a las familias santandereanas”, señaló la administración departamental en el comunicado.Asimismo, se unió al llamado de la familia de Kevin, que ha pedido celeridad, claridad y justicia frente a lo ocurrido, y manifestó su disposición para brindar acompañamiento integral en este difícil momento.El caso ha generado indignación en distintos sectores sociales y reaviva el debate sobre las fallas estructurales del sistema de salud, particularmente en lo relacionado con la entrega de medicamentos y la atención a menores con patologías complejas. Mientras avanzan las solicitudes ante los organismos de control, la Gobernación insistió en que la memoria del niño debe traducirse en acciones concretas que eviten nuevas tragedias.
Mejoran las condiciones de salud del niño de 10 años y de sus padres, quienes resultaron heridos tras ser alcanzados por un rayo en zona rural de Guaca, Santander. Los tres continúan bajo atención médica en el Hospital Universitario de Santander (HUS), en Bucaramanga.El subgerente médico del HUS, José Orlando Quintero, informó que la evolución de los pacientes ha sido “muy satisfactoria” desde su ingreso al centro asistencial.La madre del menor, de 34 años, fue quien presentó el cuadro más delicado. Según el reporte médico, sufrió quemaduras de consideración, contusiones y lesiones internas, lo que obligó a su manejo inicial en la unidad de cuidados intensivos. Actualmente, permanece en la unidad de quemados, donde continúa su recuperación con evolución favorable.El padre del niño, también de 34 años, presentó lesiones de menor severidad y se encuentra estable, bajo observación en el servicio de urgencias.Por su parte, el menor de 10 años sufrió quemaduras en la parte anterior del tórax y en uno de sus miembros superiores. Debido a la gravedad de las lesiones fue atendido en la unidad de cuidados intensivos, pero en las últimas horas fue trasladado a la unidad de quemados, donde evoluciona satisfactoriamente.El total fueron seis los campesinos alcanzados por el rayo cuando intentaban resguardarse del fuerte aguacero acompañado de una tormenta eléctrica que caía en la vereda El Alizal, zona rural de Guaca, en inmediaciones del páramo de Santurbán, el pasado 13 de febrero. La descarga sorprendió al grupo mientras recolectaba papa y buscaba refugio bajo un plástico improvisado.El director departamental de Gestión del Riesgo, Eduard Sánchez, advirtió que el ingreso de un frente frío por el Caribe mantiene alta la probabilidad de tormentas eléctricas y granizadas en varias zonas del departamento.“Se están presentando tormentas que ya dejan personas lesionadas. Es clave seguir las recomendaciones, mantener comunicación con los organismos de socorro y activar los planes de contingencia, porque también se han registrado inundaciones y desprendimientos de rocas en distintos corredores viales”, señaló.
En un operativo conjunto liderado por la Policía Nacional, fue capturada una mujer señalada por el delito de proxenetismo con menor de edad en el municipio de Cerrito.El procedimiento fue adelantado por La Sijin e Inteligencia Policial, en articulación con el Ejército Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), bajo la coordinación de la Fiscalía Primera Seccional de Málaga.La captura se hizo efectiva en zona rural de Cerrito, en límites con el corregimiento de Presidente, Norte de Santander, donde fue ubicada la mujer, quien era requerida por autoridad judicial competente.De acuerdo con la investigación, los hechos se remontan al 1 de mayo de 2020. Según el proceso adelantado por las autoridades, la hoy capturada, quien sería madre de la víctima, presuntamente habría ofrecido servicios sexuales de su hija, que para ese entonces tenía 13 años de edad. Las labores investigativas permitieron recopilar elementos materiales probatorios que sustentaron la expedición de la orden judicial.En desarrollo del mismo caso, el pasado 27 de enero de 2026 fue capturado en Cerrito un hombre señalado como presunto responsable de cometer acceso carnal violento en contra de la menor.Tras las audiencias preliminares, un juez de control de garantías impuso a la mujer medida de aseguramiento en centro carcelario. El otro procesado también permanece privado de la libertad con medida de aseguramiento intramural.
El presidente interino de Perú, José Jerí, rechazó las acusaciones de contrataciones irregulares de personal en el Ejecutivo y defendió la legalidad de los nombramientos, mientras el Congreso se prepara para debatir y votar mociones de censura en su contra que podrían apartarlo del cargo.Jerí fue entrevistado la noche del domingo en el programa Sin Rodeos, del canal Panamericana, para dar explicaciones sobre las presuntas contrataciones irregulares de funcionarias que consiguieron trabajos en el Ejecutivo tras reunirse con él en el Palacio de Gobierno.Este asunto es uno de los motivos por los que este martes enfrentará una serie de mociones de censura en el Congreso, sumado a las reuniones semiclandestinas mantenidas con empresarios chinos contratistas con el Estado."¿Por qué solo mencionaron a las mujeres y no a los hombres? No se puede maltratar a la mujer de esa manera porque, para tal caso, fueron mujeres y fueron hombres. Esas personas han trabajado conmigo en el Congreso. Todas las contrataciones han sido conforme a procedimiento", dijo Jerí en el programa dominical.Agregó que, cuando en octubre pasado asumió la Presidencia por sucesión constitucional, pues era el presidente del Congreso en el momento que el Legislativo destituyó a su predecesora Dina Boluarte (2022-2025), se quiso rodear de un equipo de su confianza "para rearmar lo que se había encontrado".En este sentido, afirmó que se ha distorsionado la información de dichas contrataciones por el hecho de ser mujeres, "es completamente falso e injusto para sus carreras"."Es bastante descabellado y bastante descortés con el talento que puedan tener jóvenes profesionales que tienen currículum y trayectoria, que han trabajado en el Estado en diferentes momentos y que han trabajado en el Congreso", reiteró.Jerí también admitió que cuando era congresista, desde 2021 hasta 2025, pagó durante unos meses a una becaria (practicante) de su propio sueldo y que esta no tenía contrato, un hecho del que consideró que no había ningún acto ilegal en él.¿Vacancia o censura?Este martes, está convocado un pleno extraordinario para debatir y votar varias mociones de censura presentadas contra Jerí, quien sostuvo que, en su opinión, el procedimiento que corresponde es una moción de vacancia (destitución), que necesita más votos por parte de los parlamentarios."Mi origen es parlamentario, pero yo tomé juramento como presidente de la República y el procedimiento que corresponde constitucionalmente hablando y con todas las normas que devienen es un procedimiento de vacancia, pero finalmente será el Congreso el que tome una decisión en base a la Constitución, a las leyes, a los reglamentos", señaló.Agregó que como se votará un mecanismo de censura (como presidente del Congreso que temporalmente ejerce la Presidencia de la República) no irá al pleno para ejercer su defensa, un componente que sí está previsto en las mociones de vacancias presidenciales, y apeló al "buen criterio y sentido de responsabilidad del Congreso".
El consolidado nacional de eventos por lluvias entregado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, con corte al 16 de febrero, reporta 165 emergencias registradas en 18 departamentos y 123 municipios del país, con un total de 83.773 familias y 169.721 personas afectadas.De acuerdo con el informe, las lluvias han impactado 111.309 hectáreas y han provocado la destrucción de 1.101 viviendas, mientras que otras 17.020 presentan averías. Los eventos más recurrentes corresponden a movimientos en masa, con 71 casos, seguidos de inundaciones, con 61 reportes, y crecientes súbitas, con 19.El departamento de Córdoba concentra el mayor número de familias afectadas, con 59.703 registros. Le siguen La Guajira, con 11.286; Antioquia, con 3.907; Chocó, con 3.393; y Magdalena, con 2.827, según el consolidado oficial.La entidad señaló que el seguimiento a las emergencias se mantiene en coordinación con autoridades territoriales, mientras avanzan las acciones de respuesta y atención a las comunidades afectadas en las zonas reportadas.
La ciudad de Puebla está conmocionada tras el ataque armado registrado la madrugada del sábado en las inmediaciones del bar Sala de Despecho, ubicado en la zona de Angelópolis. El hecho dejó tres personas muertas y cinco más heridas, en un episodio que se produjo cuando las víctimas salían del establecimiento e intentaban abordar una camioneta blanca.De acuerdo con los primeros reportes oficiales, hombres armados que se movilizaban en motocicletas abrieron fuego de manera directa y luego huyeron del lugar.Las víctimas mortales fueron identificadas como Gisele Ortiz, psicóloga de 33 años; Emmanuel Esteban, fisioterapeuta de 28; y el arquitecto Joaquín Wirth García, de 34 años. El grupo compartía en el establecimiento antes del ataque.Testigos señalaron que los disparos se escucharon de manera repentina y generaron pánico entre quienes se encontraban en la zona, considerada una de las más exclusivas y concurridas de la capital.Las autoridades estatales informaron que una de las principales líneas de investigación apunta a que el atentado habría estado dirigido contra Wirth García, egresado de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP). De manera extraoficial, se ha mencionado que el móvil podría estar relacionado con una presunta deuda económica; sin embargo, allegados al arquitecto rechazaron esas versiones y aseguraron que se encontraba enfocado en retomar su carrera profesional en la región tras haber regresado de España. La Fiscalía continúa recopilando pruebas para esclarecer si se trató de un ataque directo o de un hecho vinculado a otras hipótesis.En un operativo posterior, la Secretaría de Seguridad Pública confirmó la captura de cuatro presuntos implicados, entre ellos un menor de edad. Según las autoridades, los señalados habrían rentado un inmueble a través de Airbnb en las cercanías del lugar para vigilar a sus víctimas antes de ejecutar el ataque. El secretario de Seguridad Pública, Francisco Sánchez González, indicó que la acción fue “planeada con antelación y ejecutada con logística precisa”. Mientras avanza el proceso judicial, universidades como la Universidad Iberoamericana Puebla y la Universidad Madero expresaron su solidaridad con las familias y exigieron garantías de seguridad.
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este lunes, 16 de febrero de 2026:Bloqueos y tomas de indígenas afectan entidades públicas en Bogotá.Encuentran cadáver en instalación del acueducto del norte de Cali.Riña con arma blanca en Bogotá quedó registrada en video.Continúa mesa de diálogo por ajuste salarial tras decisión del Consejo de Estado.Escuche el programa completo aquí:
Las tropas de la Tercera Brigada del Ejercito continúan desplegadas en la zona alta de Jamundí, Valle del Cauca, para recuperar el control territorial de este sector, donde hay presencia de la disidencia 'Jaime Martínez', al mando de alias 'Iván Mordisco'.Las acciones se adelantan con patrullajes y ofensivas, para restablecer la tranquilidad en corregimientos como Ampudia, San Antonio, y Timba, esto a pesar de la asonada ocurrida días atrás, donde un grupo de aproximadamente 50 soldados, fue expulsado de este territorio, por un grupo de 400 campesinos."Fueron cercados por un grupo de personas que posteriormente los bajaron a la fuerza. Hacemos un llamado para que haya un respeto por la dignidad, la seguridad y el bienestar de nuestros soldados. Las tropas seguirán subiendo a todas las zonas rurales del departamento", señaló el secretario de seguridad del Valle, Guillermo Londoño.Cabe señalar que estas asonadas contra el Ejército son organizadas por los mismos disidentes, quienes obligan a la comunidad a expulsar a las tropas de sus territorios, quienes no participen deben pagar una multa."Andan los guerrilleros junto con campesinos obligando a la gente de las veredas a salir. El que no vaya, tiene multa de dos millones de pesos", denunció un habitante de la zona rural de este municipio.La comunidad de Jamundí pide un acompañamiento permanente de la fuerza pública, especialmente en las vías que conectan a San Antonio con el corregimiento de Villa Colombia, teniendo en cuenta que es el corredor que conecta esta zona del municipio con la región del Naya.
Barrancabermeja registró su primer caso de persona lesionada por el uso de pólvora en el marco de las festividades de fin de año. Se trata de un adulto mayor de 70 años que resultó afectado luego de ser alcanzado por un artefacto pirotécnico tipo tote, encendido por terceros en un lugar cercano al sitio donde se encontraba.“El primer caso corresponde a una persona mayor de 70 años que se encontraba en un lugar específico donde otras personas estaban manipulando pólvora y terminó lesionada en su pierna”, explicó Andrés Manosalva, secretario de Salud de Barrancabermeja.De acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud, el hecho ocurrió durante el pasado fin de semana del Día de las Velitas, pero hubo una notificación tardía del caso por parte de la IPS que atendió al paciente. Según indicaron, el reporte no se realizó dentro de los tiempos establecidos, lo que dificulta el seguimiento y la vigilancia de este tipo de eventos. “Hacemos un llamado a toda la red de salud de Barrancabermeja para que las notificaciones se realicen de manera oportuna, ya que esto nos permite una atención y control adecuados”, puntualizó.Este caso se suma a las cifras reportadas en el departamento de Santander, donde ya se contabilizan 23 personas afectadas por quemaduras con pólvora en la actual temporada decembrina.De acuerdo con el Sistema de Vigilancia en Salud Pública en el departamento nueve menores (uno en compañía de adulto bajo los efectos del alcohol) y 14 adultos han resultado con algún tipo de quemaduras.Las autoridades departamentales mantienen activas las labores de vigilancia, control y campañas pedagógicas para intentar disminuir la manipulación de artefactos pirotécnicos.
La Registraduría Nacional del Estado Civil entregó este lunes el certificado electoral a Cristian Portilla, quien fue electo como nuevo alcalde de Bucaramanga tras obtener cerca de 63.300 votos, con el respaldo político del exmandatario Jaime Andrés Beltrán.Este martes, el nuevo mandatario local llega a la Alcaldía de Bucaramanga para recibir su cargo. Durante la entrega oficial de la credencial, el alcalde anunció una auditoría exprés a los contratos firmados por los alcaldes encargados.“Le voy a solicitar a las autoridades una auditoría interna muy importante para que revisemos qué fue lo que pasó, porque yo tengo que saber en qué estado recibo el municipio de Bucaramanga, qué contratos adelantaron, qué convenios se celebraron, cuál fue el rendimiento que estos dos alcaldes tuvieron mientras nosotros no estuvimos en el gobierno. Y los ciudadanos tendrán que conocer esta auditoría forense exprés que vamos a realizar”, indicó Cristian Portilla, nuevo alcalde de Bucaramanga.El alcalde electo también se refirió al papel del Concejo de Bucaramanga, indicando que los concejales son “conscientes de los desafíos de ciudad y que lo que se espera de su administración son resultados concretos y una visión clara de Gobierno”.Además, explicó que su llegada al cargo responde al cumplimiento de una orden judicial, tras una vulneración de garantías constitucionales que, según dijo, debían ser reparadas.
Un cilindro metálico y una bandera con letras alusivas al ELN aparecieron a un costado de la vía nacional que comunica a San Gil con Bucaramanga, situación que generó el cierre preventivo del corredor vial mientras las autoridades adelantan labores de verificación.El hecho se presenta a la altura del kilómetro 7, en el sector de ingreso al Zamorano, antes del ramal que conduce al municipio de Curití, donde Policía y Ejército Nacional hacen presencia para descartar la existencia de explosivos.En el lugar se adelanta un operativo conjunto, con el acompañamiento de un canino antiexplosivos, con el fin de inspeccionar el objeto abandonado y garantizar la seguridad de los usuarios de la vía y de las comunidades cercanas.Como medida preventiva, las autoridades ordenaron el cierre total de la vía San Gil – Bucaramanga, mientras se desarrolla el procedimiento técnico por parte de personal especializado en manejo de artefactos explosivos.Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a no acercarse al sector, acatar las indicaciones de los organismos de seguridad y mantenerse informada a través de los canales oficiales, mientras se restablece la movilidad en este importante corredor vial del departamento de Santander.
Después de la acción terrorista contra el peaje La Lizama, cerca de Barrancabermeja, el brigadier general William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga y comandante de la Región 5 de la Policía, informó que, de manera preliminar, se atribuye la responsabilidad del atentado a integrantes del frente ‘Édgar Amílcar Grimaldos Barón’ del ELN, estructura armada ilegal con injerencia en el Magdalena Medio.El alto oficial expresó que desde hace mucho tiempo Santander no registraba un atentado de esta magnitud, razón por la cual se activó la máxima alerta en Santander, el Magdalena Medio y el área metropolitana de Bucaramanga.En el caso de la capital santandereana, el brigadier general William Quintero Salazar confirmó que, como respuesta a esta situación, se desplegaron ocho unidades del grupo de operaciones especiales (Goes) en sectores considerados críticos del área metropolitana, especialmente en el municipio de Piedecuesta, donde meses atrás aparecieron banderas alusivas al ELN.Asimismo, la Policía Nacional, en coordinación con el Ejército, anunció la instalación de puestos de control en las entradas y salidas de Bucaramanga para blindar la ciudad y prevenir nuevas acciones violentas.El comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga confirmó que hace una semana fueron capturados dos presuntos integrantes del ELN, quienes habrían llegado desde Cúcuta para realizar algunas investigaciones, aunque no confirmó de qué tipo.Las autoridades confirmaron que están trabajando de manera coordinada con la Fiscalía General de la Nación para que, en caso de tener alguna información precisa, hacer allanamientos en forma inmediata con el fin de poder capturar o evitar alguna acción criminal en el área metropolitana.
Tras el atentado registrado contra el peaje La Lizama, en la vía que comunica a Bucaramanga con Barrancabermeja, la Alcaldía Distrital expidió el Decreto 726 de 2025, mediante el cual se adoptan medidas transitorias, preventivas y excepcionales para garantizar el orden público, la seguridad ciudadana y la convivencia en el distrito.Las disposiciones fueron adoptadas desde este lunes 15 hasta el miércoles 17 de diciembre, periodo durante el cual las autoridades reforzarán los controles en distintos puntos de la ciudad, tanto en la zona urbana como rural.Entre las principales medidas se encuentra la prohibición de circulación de vehículos de carga, así como el transporte de escombros, cilindros de gas y trasteos, en el horario comprendido entre las 7:00 p.m. y las 5:00 a.m. Esta restricción no aplica para vehículos de la Fuerza Pública, organismos de seguridad del Estado, red de salud, Registraduría Nacional ni transporte de residuos hospitalarios o biológicos.El decreto también establece la suspensión general del porte de armas desde las 6:00 p.m. del lunes 15 hasta las 6:00 a.m. del miércoles 17 de diciembre, sin perjuicio de autorizaciones especiales que puedan expedir las autoridades militares competentes, según las condiciones de orden público.Adicionalmente, se decretó la restricción temporal y preventiva de manifestaciones y movilizaciones públicas, medida que regirá en el mismo horario de la suspensión del porte de armas. La administración distrital aclaró que esta disposición no constituye una prohibición permanente del derecho a la protesta, sino una acción excepcional ante una amenaza grave e inminente.En materia de protección a menores de edad, se implementó una restricción de movilidad para niños, niñas y adolescentes entre las 10:00 p.m. y las 6:00 a.m., durante los días de vigencia del decreto. La medida no aplica para menores que se encuentren acompañados por sus padres o familiares responsables. En caso de incumplimiento, la Policía de Infancia y Adolescencia trasladará a los menores a la Comisaría de Familia, y de ser necesario, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).El decreto contempla sanciones e inmovilización de vehículos para quienes incumplan las restricciones, conforme a lo establecido en el Código Nacional de Tránsito, el Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana y el Código de Infancia y Adolescencia.Finalmente, la Alcaldía de Barrancabermeja informó que la Secretaría Distrital de Seguridad, la Policía Nacional, el Ejército, la Armada, la Inspección de Tránsito, las Comisarías de Familia y el ICBF realizarán operativos conjuntos para garantizar el cumplimiento de las medidas y preservar la seguridad de la ciudadanía mientras avanzan las investigaciones por el atentado.
La creciente súbita de la quebrada La Llanera en Guadalupe, Santander, dejó a un conductor atrapado en plena vía El Zapatón, en medio de la corriente. Gelver Albarracín, se movilizaba en su vehículo cuando el aumento repentino del caudal, provocado por las intensas lluvias, le impidió cruzar y lo obligó a buscar refugio mientras pedía auxilio.Habitantes del sector alertaron a las autoridades y, junto con uniformados de la Policía Nacional, organizaron el rescate. Varias personas atravesaron la vía inundada para llegar hasta el punto donde el hombre permanecía resguardado. Minutos después lograron retornarlo por el mismo trayecto y ponerlo a salvo.El alcalde del municipio, Gustavo Franco Gómez, confirmó que Gelver se encuentra en buen estado de salud y destacó la articulación entre comunidad e institucionalidad para atender la emergencia.“Hoy hemos atendido con la Policía Nacional, con la ciudadanía, un llamado de una persona, que, por efectos de estas lluvias, la quebrada no le permitió cruzar y gracias a la comunidad y a toda la institucionalidad, ya él está con nosotros y en muy buenas condiciones”, señaló el alcalde Franco.Gelver quien además trabaja en una obra que adelanta la administración municipal en la zona relacionada con la construcción de unidades sanitarias, agradeció el apoyo recibido tras el susto. “Muchas gracias, me vi atrapado en la inundación y lo único que pude hacer fue buscar un lugar seguro”, expresó.Las lluvias de las últimas horas han incrementado el caudal de quebradas y ríos en el municipio, por lo que las autoridades reiteraron el llamado a la precaución, especialmente a quienes transitan por vías rurales que puedan inundarse por su cercanía a ríos y quebradas; igualmente, evitar la movilización a altas horas de la noche o durante lluvias intensas por la vía Guadalupe – Tirano – Oiba, debido a las alertas de deslizamientos.
La Policía Metropolitana de Bucaramanga confirmó la captura del presunto cómplice en el homicidio del tendero Sergio Andrés Suárez, de 40 años, ocurrido el pasado 12 de febrero en el barrio Monterredondo.De acuerdo con el general William Quintero, comandante de la institución en la capital santandereana, el hombre detenido sería quien conducía la motocicleta en la que huyeron tras cometer el crimen.“Se han realizado más de 100 cámaras en toda la zona. Ya con la Fiscalía le entregamos un sujeto del cual ya rindió indagatoria, que estuvo involucrado en estos hechos. Este sujeto fue el que condujo la motocicleta. Entonces ya lo tenemos identificado”, señaló el oficial.El alto mando agregó que las labores investigativas permitieron identificar plenamente al hombre que disparó contra el comerciante.“Podemos decir que el día de hoy tenemos claramente identificado la persona que disparó en contra de este ciudadano que se encontraba laborando en su establecimiento de comercio y fue asesinado vilmente”, afirmó.Según las autoridades, el presunto asesino no solo estaría vinculado a este homicidio, sino también a otros hechos delictivos en distintas ciudades del país. Incluso, tendría una orden de captura vigente por otro caso violento.El crimen ocurrió hacia las 2:40 de la tarde en el supermercado Surtimarket del barrio Monterredondo. Las cámaras de seguridad registraron el momento en que Suárez atendía con normalidad su negocio cuando un hombre, que vestía chaqueta de una empresa de telefonía, llevaba casco negro y portaba un arma de fuego, lo encañonó con la intención de robarlo.Sin mediar palabra, el agresor accionó el arma y le disparó, dejándolo gravemente herido en el piso del establecimiento. El comerciante falleció minutos después.La Policía indicó que continúan las diligencias judiciales para lograr la captura del autor material del homicidio y avanzar en el esclarecimiento total del caso que ha generado indignación en la comunidad.
Un remolcador terminó en el fondo del río Magdalena luego de impactar contra uno de los pilares del Puente Guillermo Gaviria Correa, en un accidente fluvial ocurrido al finalizar la tarde de este lunes en jurisdicción de Yondó en límites con Barrancabermeja. Cuatro tripulantes que iban a bordo lograron salvarse tras reaccionar en cuestión de segundos.De acuerdo con las autoridades, no se reportaron víctimas mortales ni personas lesionadas. Según explicó Eduardo Ramírez, secretario de Seguridad de Barrancabermeja, el incidente se registró cuando el remolcador, perteneciente a la empresa Trimeka, había salido minutos antes del puerto fluvial Yuma con destino a la empresa Indicol.“La información suministrada por la Armada de Colombia, que prestó el primer auxilio y socorro en el momento, indica que se presentó una pérdida de direccionamiento por parte del capitán del navío, lo que ocasionó que terminara chocando con uno de los pilares del puente Guillermo Gaviria Correa”, señaló el funcionario.En un video se observa cómo, tras el impacto, la embarcación comienza a inclinarse hasta quedar sumergida. En cuestión de segundos, el remolcador se hunde completamente mientras los tripulantes se lanzan hacia una de las columnas del puente para evitar ser arrastrados por la fuerte corriente del río Magdalena.Ramírez destacó la rápida reacción de la Armada Nacional y de los organismos de socorro, lo que permitió atender la emergencia de manera oportuna y evitar consecuencias mayores. “No tenemos víctimas ni lesionados, únicamente pérdidas materiales”, reiteró.Las autoridades avanzan en la verificación de las causas exactas del siniestro y en la evaluación de posibles afectaciones en la zona del puente, uno de los puntos de tránsito fluvial más importantes sobre el río Magdalena.
El microfútbol colombiano está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Giovanni Hernández en Bucaramanga. El exdeportista fue capitán de la Selección Colombia de fútbol de salón que conquistó el Campeonato Mundial disputado en Bolivia, logro que marcó una de las páginas más importantes de esta disciplina en el país.De acuerdo con sus familiares, Hernández venía afrontando problemas de salud en los últimos meses. Aunque no se entregaron mayores detalles sobre las causas de su muerte, su partida ha generado múltiples reacciones de pesar en el ámbito deportivo local y nacional.Giovanni Hernández fue reconocido no solo por su liderazgo dentro del terreno de juego, sino también por su compromiso y entrega con el deporte. Como capitán, guió a Colombia hacia la conquista del título mundial, consolidando al país como potencia en el fútbol de salón.El fútbol de salón o microfútbol ha sido una de las disciplinas que mayores alegrías internacionales le ha dado a Colombia, especialmente en campeonatos mundiales organizados en Sudamérica. La generación de la que hizo parte Hernández dejó una huella imborrable y abrió camino a nuevas figuras del deporte.En Bucaramanga y en diferentes regiones del país, clubes, dirigentes y excompañeros han expresado su solidaridad con la familia del exjugador, recordándolo como un referente deportivo y humano.
En una ofensiva simultánea contra el tráfico local de estupefacientes en Santander, la Policía logró la captura de cuatro personas en operativos desarrollados en Bucaramanga y Zapatoca, donde además fueron incautadas drogas y un arma de fuego.Unidades de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, a través de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), capturaron a dos hombres en el barrio Girardot por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego.Durante labores de verificación e inteligencia, los uniformados interceptaron a los sospechosos que se movilizaban en dos vehículos. En el procedimiento hallaron un arma de fuego y cerca de 10 kilos de clorhidrato de cocaína.El brigadier general William Quintero Salazar aseguró que “son producto del trabajo articulado entre nuestras capacidades investigativas y operativas, permitiendo impactar redes dedicadas al tráfico de estupefacientes”.De manera paralela, en Zapatoca, uniformados del Departamento de Policía Santander lograron la captura en flagrancia de otras dos personas durante controles y registros a vehículos en el perímetro urbano.A los detenidos les encontraron 326 dosis de marihuana y 21 papeletas de cocaína listas para su comercialización.Las autoridades indicaron que uno de los capturados presenta nueve anotaciones judiciales por delitos relacionados con tráfico de estupefacientes y hurto, lo que evidenciaría reincidencia.El coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante del Departamento de Policía Santander, destacó que estos operativos buscan frenar el microtráfico y proteger especialmente a niños, niñas y adolescentes: “Seguiremos intensificando los controles y patrullajes en todos los municipios del departamento”, afirmó.Los cuatro capturados y el material incautado quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que los presentará ante un juez para definir su situación jurídica.La Policía invitó a denunciar cualquier hecho relacionado con el tráfico de drogas a través de la línea 123 bajo absoluta reserva.
En Cúcuta fue capturado Wilder Arias, alias 'Franco', señalado de asesinar a Camilo Andrés Rojas Rey el pasado 27 de enero, tras un partido de fútbol en la ciudad.Según la Policía Metropolitana de Cúcuta, la captura se logró luego de un trabajo investigativo conjunto con la Fiscalía General de la Nación y el análisis de más de 20 horas de videos de seguridad.“El 27 de enero se produjo el asesinato de un hincha del Atlético Bucaramanga después de un partido en esta ciudad… Es así como el día de hoy se logra la captura de Wilder Arias, alias 'Franco', como presunto responsable de este homicidio”, afirmó el coronel Libardo Fabio Ojeda.“No permitiremos que la fiesta del fútbol se convierta en una fiesta de la tristeza. Vamos a seguir trabajando por su seguridad”, agregó el oficial.Las autoridades investigan si alias 'Franco', presuntamente hincha del Cúcuta Deportivo, atacó a la víctima por vestir la camiseta del equipo rival.El capturado quedó a disposición de la Fiscalía mientras avanzan las investigaciones para ubicar a otros posibles implicados.
El pequeño féretro avanzaba en silencio por las calles del pueblo. Detrás, una multitud caminaba con rabia contenida y lágrimas en los ojos. No era solo un sepelio era una despedida marcada por la impotencia.Kevin Acosta Pico, de apenas siete años, murió esperando un medicamento vital para tratar la hemofilia que padecía, un tratamiento que, según su familia, debía ser suministrado por la Nueva EPS y que durante meses no llegó.El niño falleció en Pitalito, tras ser remitido de urgencia, pero para su madre, la atención fue tardía, insuficiente y rodeada de demoras que, asegura, terminaron costándole la vida: “Dicen que hicieron un traslado oportuno, pero mi hijo duró más de 24 horas allá y no hicieron nada, lo entubaron y lo dejaron sangrar, solo me decían que esperara, que no había camas en UCI, mientras yo veía cómo se me iba”, relató entre lágrimas Judith Katerine Pico Naranjo.Según cuenta, Kevin llevaba cerca de dos meses sin recibir el medicamento por trámites administrativos y supuestos cambios de contrato: “Cada vez que iba a reclamar, me decían ‘espere’. Mientras tanto, mi hijo estaba sin tratamiento, hoy lo estoy velando, mi niño está en una caja, y sólo lo trasladaron por que yo en medio de videos y llamadas pedí ayuda a la gente a través de medios de comunicación”, dice con la voz quebrada.“Me tocó suplicar, cuando reaccionaron ya era demasiado tarde; como me dijo el médico para él cada minuto era mortal”, agregó.El drama no terminó con la muerte. El cuerpo del menor permaneció varios días en Medicina Legal por trámites y demoras. “Ni muerto lo dejaban descansar. Seguían jugando con él”, denunció.Hoy, el dolor de una madre se convirtió en un reclamo colectivo, en Charalá no solo lloran a Kevin, exigen respuestas.La familia pidió a las autoridades abrir una investigación para establecer si hubo negligencia en la entrega del medicamento y en la atención médica.“Mi hijo ya se fue, pero hay más niños esperando medicinas, no quiero que otra mamá pase por esto, no quiero que cierren el caso, quiero justicia”, concluyó.
A 45 años y 4 meses de prisión fue condenado Keiner Arrieta Geney por el feminicidio de Carolín Alejandra Vitola Cuello, una adolescente de 16 años asesinada en mayo de 2025 en Barrancabermeja.La sentencia fue emitida luego de Arrieta Geney, quien tenía 18 años al momento de los hechos, aceptara su responsabilidad mediante un preacuerdo con la Fiscalía, el cual fue avalado por un juez. Según el ente acusador, el joven admitió haber disparado contra la menor y posteriormente participar en el desmembramiento y ocultamiento del cuerpo."Los agresores atacaron a la adolescente con un arma de fuego y luego ocultaron su cuerpo", señaló el ente investigador.Los hechos ocurrieron el 7 de mayo de 2025 en el asentamiento humano El Centenario, en la comuna tres del distrito petrolero. De acuerdo con la investigación, la adolescente fue abordada por cuatro integrantes del grupo de delincuencia comunitaria organizada ‘Los Búcaros’, entre ellos el ahora condenado.Las autoridades establecieron que la víctima recibió dos impactos de arma de fuego en el rostro y luego su cuerpo fue desmembrado y abandonado en una zona boscosa del sector. El hallazgo se produjo tras la denuncia anónima de un ciudadano que alertó sobre la presencia del cadáver en el lugar.El caso generó profunda conmoción y repudio en la comunidad de Barrancabermeja, que exigió justicia por la brutalidad del crimen.Arrieta Geney fue hallado responsable de los delitos de feminicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego; y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.Por estos mismos hechos, otras tres personas capturadas, también señaladas como integrantes de ‘Los Búcaros’, permanecen privadas de la libertad a la espera de que se emita sentencia en su contra. Según las autoridades, alias “Alianza” habría sido quien desmembró el cuerpo de la menor.
Líderes comunales del sector de Cabecera solicitaron al alcalde de Bucaramanga, Cristián Portilla, la asignación permanente de un guarda de seguridad para el Parque San Pío, luego de denunciar un nuevo caso de actos sexuales en espacio público.La petición fue formalizada por la Junta de Acción Comunal y la JAL de la Comuna 12, mediante un oficio en el que advierten sobre varias problemáticas que, según indican, vienen afectando de manera reiterada este emblemático escenario urbano.En la comunicación, los líderes señalan que el Parque San Pío, considerado un referente cultural, turístico y de encuentro familiar en la ciudad, enfrenta situaciones como consumo de cigarrillo y otras sustancias en zonas frecuentadas por niños, vandalismo contra el mobiliario y zonas verdes, daños a bienes culturales, ocupación indebida del espacio público por vendedores informales y deterioro del césped.Sin embargo, el hecho que motivó con mayor urgencia la solicitud fue la denuncia de actos sexuales protagonizados por una pareja en el parque, situación que, según la comunidad, quedó registrada en fotografías y que habría ocurrido en horario de alta afluencia de familias.Ante este panorama, los líderes piden la asignación inmediata y permanente de un guarda exclusivo para el parque, así como controles periódicos, recuperación del espacio público, intervención en el alumbrado y poda técnica de árboles que actualmente, aseguran, generan zonas oscuras e inseguras.El llamado también se extiende a la zona conocida como Cuadra Play, sector de rumba de la ciudad, donde residentes denuncian desórdenes permanentes entre jueves y domingo.César Niño, líder del sector de Cabecera, afirmó que las medidas adoptadas hasta ahora han sido insuficientes frente al aumento del consumo de licor y drogas en vía pública, el ruido excesivo, el mal parqueo de motocicletas y los disturbios a altas horas de la madrugada.“Se necesita reforzar la seguridad y controlar a las personas que vienen en las noches a disfrutar y emborracharse en las discotecas. El desorden se presenta desde el jueves hasta el domingo”, manifestó.El líder también pidió mayor presencia de la Policía, agentes de tránsito y funcionarios de la Secretaría del Interior, incluyendo la de un inspector que pueda imponer cierres a discotecas cuando sea necesario. Además, solicitó mayor regulación a establecimientos comerciales y droguerías que, según indicó, estarían facilitando el consumo de licor en el espacio público.Esta es la carta de los líderes del barrio Cabecera de Bucaramanga.
Atravesados con carteles en el sector del peaje La Gomez, en el municipio de Sabana de Torres, se encuentran transportadores y miembros de la comunidad que mantienen bloqueada la Troncal del Magdalena Medio en protesta contra la empresa KMA, contratista de la concesión Autopista Río Grande. La manifestación ha generado una gran congestión vehicular y un trancón de varios kilómetros en este corredor nacional.Desde las 6:00 a. m. de este lunes 16 de febrero, el gremio de volqueteros inició los bloqueos que se mantienen en varios puntos del Magdalena Medio, afectando la movilidad en municipios como San Alberto, Puerto Araujo y Sabana de Torres. Las protestas también se replican en otras localidades del Cesar, Norte de Santander, Santander y Boyacá.El corredor vial afectado conecta Puerto Salgar, Cundinamarca, con Curumaní, en el Cesar, por lo que el cierre impacta el transporte de carga y pasajeros en una de las principales rutas del país.Los manifestantes aseguran que la empresa KMA no ha vinculado mano de obra ni maquinaria local para las obras que se ejecutan en la concesión, pese a que, según afirman, llevan más de dos años adelantando trámites y entregando documentación para ser contratados.Rodolfo Patiño, conductor y vocero de los transportadores en Sabana de Torres, señaló que la empresa ha traído personal y equipos de otras regiones, dejando por fuera a los trabajadores locales.“Llevamos dos años presentando documentación y lo único que hacen es traer maquinaria y personal de afuera. Nos parqueamos todo el día esperando que nos den trabajo y no nos dan. En la noche no hay señalizadoras y es un peligro, en una vía nacional, poniendo en riesgo a todos”, expresó.El conductor aseguró que la decisión del gremio es mantenerse en protesta pacífica hasta obtener respuestas concretas. Una habitante de Sabana de Torres indicó que el gremio exige vinculación laboral, pero con garantías claras y sin la firma de pagarés.“Queremos trabajar, pero exigimos garantías y sin firmar ningún pagaré. No vamos a permitir que nos pisoteen. Esta protesta se está realizando en varios tramos porque todos queremos trabajar, pero con condiciones justas”, afirmó.Otro transportador hizo un llamado directo al Gobierno Nacional y a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para que intervengan en el conflicto.“Pedimos a la ANI y a los entes del Gobierno Nacional que nos pongan cuidado. En todo el 2025 no nos escucharon y ya vamos en 2026. Queremos participar en los proyectos de desarrollo del Magdalena Medio”, manifestó.El cierre de la Troncal del Magdalena Medio ha provocado largas filas de vehículos de carga, buses intermunicipales y particulares. Conductores reportan demoras de varias horas para cruzar el sector del peaje en Sabana de Torres.