El candidato a la Cámara por Santander, Mauricio Martínez Triana, comenzó a cumplir una sanción de tres días de arresto luego de que un juez lo declarara en desacato por incumplir un fallo de tutela que le ordenaba eliminar publicaciones en redes sociales contra el también aspirante al Congreso, Luis Ferley Sierra, y abstenerse de repetirlas.La decisión fue emitida por el Juzgado 26 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bucaramanga, que además impuso una multa equivalente a tres salarios mínimos mensuales legales vigentes. El despacho judicial determinó que Martínez no acató la orden previa del juez, por lo que procedía la sanción correctiva.A través de un video difundido en sus redes sociales, Martínez confirmó que ya se encuentra cumpliendo la medida. Señaló que respeta la decisión judicial, aunque aseguró que continuará defendiendo sus posiciones políticas. “Estoy dando la cara y cumpliendo lo ordenado por el juez”, manifestó.Por su parte, Luis Ferley Sierra indicó que acudió a la tutela para proteger sus derechos fundamentales al buen nombre y a la honra, argumentando que las publicaciones del hoy sancionado contenían señalamientos que, según él, afectaban su imagen pública. “Estas estrategias tratan de destruirnos mediáticamente y cómo en los puentes peatonales nos difaman me vi en la obligación de interponer la acción de tutela, en primera instancia nos negaron el derecho y en segunda instancia sí se nos protegió el derecho, y ante el incumplimiento de este personaje se da el arresto y vamos a interponer la denuncia penal”, expresó.El abogado Carlos Alfaro, quien ha estado al tanto del proceso, explicó que la sanción no constituye una condena penal ni genera antecedentes judiciales. “Es un desacato por incumplir una orden judicial y debe cumplir tres días en una inspección de Policía y luego queda en libertad”, precisó.Las autoridades señalaron que la medida se ejecuta en instalaciones administrativas y no en un centro carcelario.
El Ministerio del Trabajo realizó el sellamiento de varias oficinas administrativas de la Electrificadora de Santander en medio del paro laboral que completa 24 horas en el departamento, promovido por el sindicato Sintraelecol.La intervención se llevó a cabo durante la madrugada y, de acuerdo con los trabajadores, cobija únicamente dependencias de carácter administrativo que no tienen relación directa con la operación técnica ni con la distribución del fluido eléctrico.Desde el sindicato explicaron que el servicio para los usuarios se mantiene con normalidad y que no se han presentado interrupciones en la generación ni en el suministro de energía.Carlos Roncancio, asesor legal de los trabajadores, aseguró que la medida fue solicitada por la organización sindical como parte del proceso de huelga y recalcó que las áreas esenciales continúan funcionando.“Se han sellado áreas eminentemente administrativas que no tienen impacto en el fluido eléctrico. Además, se ha garantizado la prestación del servicio sin ninguna interrupción, porque las áreas operativas están cubiertas al 100% por los trabajadores. Incluso hay dependencias cuyos funcionarios están laborando desde casa con todos los implementos”, explicó.El paro hace parte de las reclamaciones laborales del sindicato, que busca avanzar en negociaciones con la empresa frente a condiciones contractuales y garantías para los empleados. Mientras tanto, el Ministerio del Trabajo actúa como autoridad competente para vigilar el cumplimiento de las normas durante la huelga.Por ahora, los usuarios del servicio de energía en Santander no registran afectaciones, aunque las partes continúan en diálogo para destrabar el conflicto.
Un procedimiento policial generó rechazo entre la comunidad del barrio El Progreso, en Barbosa, Santander, luego de que, en medio de una persecución, un uniformado presuntamente disparara contra un perro que acompañaba a un joven.El hecho se registró hacia las 6:37 de la tarde, cuando varios habitantes que se encontraban en la calle aseguraron haber escuchado múltiples detonaciones, lo que los obligó a correr para resguardarse ante el temor generado por los disparos.Según denuncias ciudadanas y videos difundidos en redes sociales, los hechos ocurrieron mientras la Policía perseguía a un hombre que corría junto a su mascota. En las grabaciones se escuchan advertencias y posteriormente los disparos; uno de los uniformados le dice “quieto o le mato el perro”. El animal habría resultado herido, al parecer con un impacto de bala en el cuello.Vecinos del sector increparon a los agentes, y la situación generó más tensión en el barrio, puesto que exigían que el perro lo llevaran a un centro veterinario, al punto que fueron necesarias más unidades de la Policía; sin embargo, al no encontrar respuesta y generarse más altercados, los mismos residentes fueron quienes auxiliaron al animal.Frente a la situación, el coronel Jhon Alexander Socha Ayala, comandante del Distrito de Policía Barbosa, explicó que el procedimiento se dio porque el hombre presuntamente intimidó a los uniformados para evitar su captura, "en actividades de registro y control el ciudadano reacciona evitando el procedimiento e intimido a los uniformados con un canino que se encontraba sin bozal, y en medio del forcejeo ingresa a su residencia, donde el canino se abalanza y le ocasiona una morderura al funcionario en su mano, es de resaltar que el policía al ver que el perro nuevamente lo ataca agoto todos medios para separarlo y como último recurso desenfundó su arma de fuego y le ´propino un disparo al canino".Confirmó que el ciudadano fue detenido por el delito de violencia contra servidor público, y además que la Policía inició una investigación preliminar para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar si hubo uso desproporcionado de la fuerza.
Ante el incremento de hechos de sicariato en San Gil, las autoridades departamentales y locales realizaron un consejo extraordinario de seguridad para analizar la situación y coordinar acciones urgentes que permitan frenar la llegada de estructuras criminales provenientes de otras regiones del país.De acuerdo con la Gobernación de Santander, los recientes homicidios estarían relacionados con bandas delincuenciales que buscan establecerse en el municipio, considerado uno de los principales destinos turísticos del departamento.El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, aseguró que no se permitirá el deterioro de la seguridad.“No vamos a permitir que se incremente la inseguridad. Estamos trabajando de manera articulada con Policía y Ejército para restablecer el orden en nuestros municipios”, afirmó.Las autoridades advirtieron sobre la posible incursión de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, conocidas como 'Los Pachenca', que intentarían ingresar al departamento por corredores del Magdalena Medio y el norte de Santander.También se han registrado capturas de integrantes de bandas provenientes de Cúcuta y del Valle del Cauca, cuyas acciones criminales, al parecer, eran coordinadas desde centros penitenciarios.El comandante de la Policía de Santander, coronel Néstor Arévalo, explicó que existe una intención criminal dinamizada por un cabecilla capturado en 2024, oriundo de San Gil, quien desde prisión habría establecido alianzas con delincuentes de Cúcuta, entre ciudadanos venezolanos y colombianos.Según el oficial, estos grupos estarían detrás de hechos violentos registrados en los últimos meses y de intentos por consolidar presencia en el municipio.Como parte de las medidas, se acordó acompañamiento permanente de la Fuerza Pública, refuerzo operativo con el grupo élite GOES, trabajo articulado con la Fiscalía, apoyo de Migración Colombia, coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y despliegues conjuntos entre Ejército y Policía.Las autoridades también alertaron sobre la presencia de grupos armados ilegales en sectores como el Magdalena Medio y la provincia de Vélez, donde se han reportado intimidaciones y extorsiones. Incluso, recientemente un ganadero fue asesinado por negarse a pagar exigencias económicas en el municipio de Coromoro.
Falta poco para que se dispute el duelo Atlético Nacional vs. Millonarios por la fase previa de la Copa Sudamericana 2026, sin embargo, desde ya la hinchada verdolaga recibió su primera mala noticia de cara a este duelo: Edwin Cardona no estará disponible en la convocatoria de Diego Arias para este encuentro.Y es que para el 4 de marzo -día en que se disputará el duelo-, Cardona deberá pagar su sanción pendiente de Conmebol, aquella tarjeta roja que recibió en el duelo de vuelta vs. Sao Paulo en los octavos de final de la Copa Libertadores 2025, día en que, lamentablemente, el cuadro paisa fue eliminado de la competencia continental.La baja de este hombre de experiencia en el cuadro verdiblanco, sin duda, tendrá reemplazo de la juventud del volante Juan Manuel Rengifo, quien en poco tiempo se ha convertido en uno de los mejores jugadores de la era de Diego Arias al mando del cuadro verdolaga, pero, seguramente, la experiencia de Edwin Cardona hará falta tanto dentro como fuera de la cancha en un duelo tan importante como este.Sin Cardona, Atlético Nacional buscará la clasificaciónMillonarios y Atlético Nacional se volverán a enfrentar el miércoles, 4 de marzo, por la fase previa de la Copa Sudamericana, en la ciudad de Medellín. Este partido será una “final adelantada”, pues solo podrá darse un vencedor y el que se quede con la victoria avanzará a la fase de grupos de la competencia continental, que al ser un clásico le da un toque ‘picante’ esta eliminatoria.Por ahora, los dirigidos de Diego Arias querrán seguir sumando puntos en la Liga BetPlay para clasificar a los cuadrangulares, sea que clasifique o no la fase de grupos. El próximo partido del conjunto paisa será este sábado, 21 de febrero, a las 6:20 de la tarde cuando reciba en el estadio Atanasio Girardot a Alianza F.C por la octava fecha del campeonato nacional.
La mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió este viernes en Caracas al ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma, con el fin de celebrar una reunión sobre "temas de interés para ambas naciones", informó el equipo de prensa de la Presidencia venezolana.El ministro colombiano encabeza una delegación enviada por el Gobierno del presidente colombiano, Gustavo Petro, con quien Rodríguez conversó el miércoles por teléfono y acordó celebrar "próximamente" una reunión, sin especificar cuándo ni dónde se llevaría a cabo este encuentro.Palma y su equipo fue recibido por la líder chavista en el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo venezolano, en Caracas, sin que se conozca de momento los temas sobre los conversaron.La prensa de Rodríguez indicó que el objetivo del futuro encuentro con Petro es "continuar avanzando en materia económica, energética y de seguridad".Petro habló por teléfono a principios de enero con Rodríguez, la invitó a visitar Colombia y le propuso un diálogo tripartito con Estados Unidos para estabilizar la sociedad venezolana y evitar un estallido de violencia tras el ataque militar de Washington y la captura del mandatario venezlano, Nicolás Maduro, el 3 de enero.El pasado 3 de febrero, Gustavo Petro dijo que, en la reunión celebrada ese mismo día en la Casa Blanca con su homólogo estadounidense, Donald Trump, le planteó la posibilidad de que la petrolera estatal Ecopetrol participe en la reactivación económica de Venezuela.El comercio entre Colombia y Venezuela llegó en 2025 a 1.170 millones de dólares, un crecimiento del 4,1 % frente a los 1.124 millones de dólares de 2024, reveló el jueves la Cámara de Comercio Colombo-venezolana, citando cifras del Departamento Nacional de Estadística (Dane).El comercio entre los dos países superó en 2008 los 7.000 millones de dólares, pero con la crisis venezolana y la ruptura de las relaciones entre 2019 y 2022, ese intercambio cayó hasta tocar un piso de 222 millones de dólares en 2020.La recuperación comenzó en 2022, cuando el actual Gobierno colombiano reanudó las relaciones comerciales con su vecino.
La Comando Sur de Estados Unidos informó que su Fuerza Conjunta llevó a cabo este viernes, 20 de febrero, un ataque letal contra una embarcación vinculada al narcotráfico en el Pacífico, en el que murieron tres tripulantes.El ataque se produjo bajo la dirección del general Francis L. Donovan, comandante de la fuerza, quien visitó esta semana Venezuela, cuando la embarcación transitaba por rutas conocidas del narcotráfico.Con la muerte de estas tres personas, durante el operativo realizado por la Fuerza de Tarea "Laza del Sur" suman más de 110 asesinados durante las actividades militares de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico, entre agosto de 2025 y la actualidad.Donovan, quien asumió a inicios de febrero el mando del Comando Sur de Estados Unidos, visitó esta semana Venezuela para reunirse con autoridades militares del país, actualmente dirigido de forma interina por Delcy Rodríguez.La presencia de navíos y aeronaves militares estadounidenses en aguas internacionales comenzó en el Caribe y precedió la intervención militar del 3 de enero de 2026, cuando Estados Unidos capturó en Caracas al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y lo trasladó posteriormente a una cárcel federal en Nueva York.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este viernes desde la Oficina Oval un arancel global del 10 % sobre todos los países, como respuesta a la resolución de la Corte Suprema que detuvo su política comercial."Es un gran honor para mí haber firmado un arancel global del 10 % a todos los países", escribió el mandatario en su cuenta oficial de Truth Social.La ley en la que se soportó Trump para esta nueva orden ejecutiva solo permite incrementar aranceles hasta un 15 % y por períodos de 150 días, por lo que no está claro cómo se articulará a largo plazo.El republicano agregó que la medida "entrará en vigor casi de inmediato".El nuevo arancel fue la respuesta de contingencia de la Administración, luego de que la Corte Suprema fallara en contra de sus amplios aranceles globales.El dictamen del Supremo afecta a la tarifa global base del 10 % a las importaciones extranjeras y los llamados gravámenes "recíprocos" a los socios comerciales de la mayor economía del mundo, junto a aranceles adicionales del 25 % a México y a Canadá para presionar a estos países a frenar el flujo de drogas, como el fentanilo, a través de sus fronteras hacia EE. UU.También, se incluyen las decisiones del republicano de aumentar hasta un 50 % los aranceles a Brasil y la India como represalia por el enjuiciamiento a su aliado, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, y la compra de crudo ruso, respectivamente.Antes de firmar la nueva ley, Trump había criticado abiertamente el actuar del Supremo durante una conferencia de prensa improvisada en la Casa Blanca.
Este viernes en Voz Populi hablamos de los diferentes temas políticos, nacionales e internacionales más importantes, acompañados del humor característico de cada uno de nuestros personajes en el programa.
La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) manifestó su preocupación por el anuncio de huelga realizado por el sindicato Sintraelecol, que agrupa a trabajadores de la Electrificadora de Santander, al advertir que una eventual suspensión del servicio de energía tendría graves consecuencias sociales, económicas y de salud pública.Desde Bogotá, el gremio aseguró que la medida podría impactar a más de 958.000 usuarios en 102 municipios de seis departamentos donde opera la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. (ESSA).Según Andesco, el servicio eléctrico es considerado esencial y, de acuerdo con la Constitución y la Ley 142 de 1994, no sería susceptible de interrupciones que pongan en riesgo derechos fundamentales de la población.La asociación detalló que, además de los usuarios residenciales, existen 4.921 cuentas de manejo especial que dependen directamente del suministro continuo de energía, entre ellas 260 acueductos, 3.492 instituciones educativas, 21 sistemas de seguridad ciudadana, 288 cuentas asociadas a la Policía, 28 centros penitenciarios, 9 sistemas de semaforización, 78 sistemas de alumbrado público, 10 cuerpos de bomberos, 6 aeropuertos y 40 nodos de telecomunicaciones.También se verían comprometidos 517 establecimientos de salud, 71 usuarios electrodependientes, 47 hogares geriátricos y 54 centros del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).Frente al pliego sindical, Andesco indicó que la empresa ha propuesto mejoras en beneficios como auxilios de alimentación, seguros, educación, salud y vivienda, además de un aumento salarial por encima del IPC.Sin embargo, señaló que las peticiones de Sintraelecol tendrían un costo cercano a 243 mil millones de pesos, de los cuales más de 132 mil millones corresponderían a incrementos salariales equivalentes a un alza del 23 %.El gremio reiteró su respeto por el derecho a la asociación sindical y la negociación colectiva, pero insistió en que estos procesos deben garantizar la continuidad del servicio público.Andesco hizo un llamado al Ministerio de Minas y Energía, al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Salud para que intervengan y faciliten acuerdos que eviten una interrupción que afecte a miles de familias y sectores estratégicos.“La energía eléctrica soporta la operación hospitalaria, el abastecimiento de agua potable, la seguridad ciudadana y las telecomunicaciones. Los derechos de los usuarios deben prevalecer sobre cualquier desacuerdo laboral”, concluyó la asociación.
El anuncio de una huelga por parte del sindicato de trabajadores de la Electrificadora de Santander (ESSA) encendió las alarmas del sector empresarial. El Consejo Gremial Nacional advirtió que la suspensión del servicio eléctrico podría generar graves afectaciones sociales y económicas para más de 958 mil usuarios en siete departamentos del país.La empresa, filial de Empresas Públicas de Medellín (EPM), presta un servicio considerado esencial, por lo que los gremios solicitaron la intervención inmediata del Ministerio de Minas y Energía, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Procuraduría General de la Nación para evitar una eventual interrupción.El Consejo Gremial fue enfático en que la Constitución prohíbe huelgas en servicios públicos esenciales como la energía eléctrica, por lo que pidió acciones inmediatas de vigilancia y control por parte de las autoridades.También exhortó al sindicato a retomar el diálogo y evitar medidas que puedan generar, según advierten, “daños irreversibles para la sociedad”.
El servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Santander (HUS) enfrenta una crítica situación por la alta demanda de pacientes, lo que ha llevado a una ocupación que supera ampliamente su capacidad instalada, especialmente en las áreas de adultos y ginecoobstetricia.De acuerdo con el más reciente reporte institucional, la atención en urgencias de adultos alcanza el 140% de ocupación, mientras que ginecoobstetricia llega al 175%, cifras que reflejan una saturación que dificulta la operación normal del centro asistencial.El subgerente del hospital, Orlando Quintero, explicó que la infraestructura habilitada no está diseñada para soportar el volumen actual de pacientes.“Tenemos sobreocupación en los servicios de urgencias adultos y ginecoobstetricia. Nuestra capacidad es de 116 pacientes adultos, 12 obstétricos y 9 pediátricos, y efectivamente estamos muy por encima de esos límites. Esto rebosa nuestra capacidad para seguir recibiendo pacientes de otras instituciones”, señaló.El directivo indicó que, debido a la congestión, el hospital se ha visto obligado a priorizar estrictamente los casos críticos y de alta complejidad, lo que ha implicado restringir algunas remisiones provenientes de otros centros médicos del departamento, así como orientar a ciertos usuarios hacia la red básica de atención.Como hospital de referencia regional, el HUS atiende patologías complejas, cirugías especializadas, traumas graves y emergencias que requieren manejo avanzado. Por ello, las directivas hicieron un llamado a la comunidad para que acuda primero a los servicios de urgencias de las EPS o centros de atención primaria cuando se trate de casos no vitales.Según la institución, la llegada masiva de pacientes con afecciones leves o moderadas incrementa los tiempos de espera y limita la capacidad de respuesta para quienes realmente necesitan atención inmediata.“El hospital está diseñado para resolver situaciones críticas, hay urgencias que pueden ser atendidas en otros niveles de la red, si todos acudimos directamente aquí, el sistema se congestiona”, concluyó Quintero.
La Defensoría del Pueblo denunció la retención ilegal de una caravana del Pueblo Indígena Barí, resguardo Catalaura, ocurrida el pasado 16 de febrero cuando se desplazaban hacia Cúcuta.Según la entidad, el grupo fue detenido en un retén ilegal por hombres vestidos de civil que se identificaron como integrantes del ELN.La entidad señala que aunque la caravana logró llegar posteriormente a Cúcuta sin incidentes, el episodio dejó un ambiente de zozobra, “pues la estigmatización les genera temor de que puedan agravarse las agresiones”.“Este tipo de acciones vulneran la integridad de los líderes y sus derechos como pueblo indígena y constituyen una infracción al Derecho Internacional Humanitario. El principio de distinción obliga a todos los actores armados a no involucrar a la población civil en las hostilidades”, dice el comunicado.En ese contexto, hizo un llamado a las autoridades para activar las rutas de prevención y protección que garanticen la seguridad de los delegados, tanto durante su permanencia en Cúcuta como en su retorno al territorio.También “reitera su llamado a los grupos armados para que cesen cualquier acción que ponga en riesgo a las autoridades ancestrales y respeten los espacios de interlocución legítima de los pueblos indígenas con el Estado”.La entidad anunció que continuará acompañando al Pueblo Barí para que pueda ejercer su derecho a la participación sin miedo a represalias ni ataques contra su vida e integridad.
Desde las 7:00 de la mañana de este viernes 20 de febrero comenzó la huelga convocada por el sindicato Sintraelecol en la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. (ESSA), filial del Grupo EPM, luego de no lograrse un acuerdo dentro del proceso de negociación colectiva.La decisión fue aprobada en Asamblea General el pasado 7 de febrero por las subdirectivas del sindicato en Bucaramanga, Barrancabermeja, Socorro, San Gil y Barbosa, tras agotarse 40 días de arreglo directo y dos jornadas de mediación realizadas el 11 y 16 de febrero en Bogotá con acompañamiento del Gobierno Nacional.El sindicato sostiene que la empresa rechazó todas las alternativas presentadas y que la organización buscaba introducir desmejoras laborales y afectar derechos adquiridos en la convención colectiva, por lo que califican la huelga como la “última alternativa” ante el cierre del diálogo.Carlos Roncancio, asesor legal de los Trabajadores de la Energía Eléctrica en Colombia, aseguró que, durante el cese, se respetarán los servicios mínimos esenciales.“El desarrollo de esta huelga garantiza los mínimos esenciales. La ciudadanía puede estar tranquila. Los trabajadores luchan por sus derechos y por un servicio de energía eficiente para los hogares”, afirmó.Además, hizo un llamado a las autoridades nacionales y regionales para que acompañen el proceso y actúen como garantes del derecho constitucional a la huelga.“Pedimos al Ministerio de Trabajo, Ministerio de Minas, Procuraduría, Defensoría, Superintendencia de Servicios Públicos, autoridades municipales y departamentales que sean garantes del desarrollo de la huelga y que vigilen que no haya conductas que intenten sabotear el movimiento obrero”, agregó Roncancio.Uno de los argumentos centrales de Sintraelecol es que ESSA cuenta con solidez financiera suficiente para atender el pliego de peticiones. Según el sindicato, la empresa registra márgenes operativos superiores al 28 %, rentabilidad del patrimonio cercana al 26 % y calificación crediticia AAA(col), lo que demostraría, afirman, que las solicitudes no comprometen su sostenibilidad.Entre sus peticiones también está la formalización de más de 3.000 trabajadores tercerizados que desarrollan actividades misionales permanentes. Asimismo, pidieron al Ministerio del Trabajo seguimiento para evitar represalias contra quienes participan en el cese.Tras el inicio de la huelga, Blu Radio conoció una carta enviada por el gerente general de EPM y líder del Grupo EPM, John Maya Salazar, a los trabajadores del grupo empresarial.En la comunicación, el directivo afirma que el Grupo EPM ofrece “una de las mejores condiciones laborales del país”, con salarios por encima del promedio del mercado y beneficios en vivienda, educación, salud y bienestar. Señala que en ESSA la compensación estaría por encima del 120 % del mercado laboral colombiano.Frente a la negociación, la empresa indicó que propuso mejoras en beneficios como auxilio sindical por alimentación, seguro de vida y fondos de vivienda y educación, además de un incremento salarial correspondiente al IPC a noviembre de 2025 más tres puntos adicionales, con el fin, según la compañía, de garantizar la sostenibilidad financiera.En la carta también se advierte que el pliego sindical tendría un costo cercano a los $243.000 millones, de los cuales $98.000 millones corresponderían a nuevos beneficios y $132.000 millones a salarios, incluyendo una solicitud de incremento del 23 %. La empresa enfatiza que ninguno de sus trabajadores devenga salario mínimo.El Grupo EPM alertó además que la huelga podría afectar a 445 profesionales del sindicato Siproessa, quienes se verán obligados a suspender actividades y salarios durante el cese.Asimismo, recordó que ESSA atiende 102 municipios en seis departamentos, con más de 958.000 clientes, entre ellos hospitales, acueductos, instituciones educativas, hogares geriátricos, centros penitenciarios, aeropuertos y usuarios con condiciones médicas especiales, por lo que subraya la importancia estratégica del servicio eléctrico.
En una emotiva y multitudinaria ceremonia, la ciudad de Bucaramanga rindió el pasado lunes, 1 de diciembre, un último homenaje al intendente jefe Fredy Francisco Leal Briceño, el oficial de 39 años que perdió la vida mientras enfrentaba a una banda de asaltantes dentro de una joyería del Centro Comercial, Cuarta Etapa, durante el fin de semana.La despedida tuvo lugar en la capilla La Resurrección, del Cementerio Las Colinas, donde familiares, amigos, compañeros de la Policía Metropolitana y autoridades locales se congregaron para darle el adiós final al uniformado. Su esposa y su hijo de 11 años encabezaron la ceremonia, rodeados por cientos de asistentes que llenaron por completo el templo, incapaz de albergar a la multitud que llegó para rendir tributo.El homenaje incluyó una calle de honor y la participación de la banda musical de la institución, en cumplimiento de los protocolos solemnes reservados para los policías que mueren en servicio.Durante el acto, el brigadier general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, dedicó un mensaje a la familia del intendente caído: “Mi abrazo de solidaridad y respeto para la familia de nuestro héroe, quien entregó su vida sirviendo a la Patria. Su compromiso y valentía permanecerán siempre en nuestra memoria. Que Dios conceda fortaleza y paz a sus seres queridos”.La comunidad bumanguesa continúa a la espera de avances en la investigación para esclarecer plenamente el asalto y dar con todos los responsables del crimen que enluta a la institución policial y a la ciudad.El intendente Fredy Francisco Leal Briceño, era un investigador reconocido por su liderazgo en misiones de alto riesgo y trayectoria en unidades élite.El uniformado, oriundo de Floridablanca y egresado del Colegio El Carmen, reaccionó de inmediato al ataque, conteniendo a una banda fuertemente armada que llegó desde Barranquilla, evitando que más personas resultaran heridas.El secretario del Interior del departamento, Óscar Hernández, afirmó: "Nos sumamos al acompañamiento de nuestra Policía Nacional, acompañamos a la familia del intendente, un héroe que pierde la vida en hechos valerosos. No vamos a descansar, ofrecemos esta recompensa de 100 millones de pesos para que los ciudadanos que tengan conocimientos de estos delincuentes nos brinden información y les caiga todo el peso de la justicia".Leal Briceño era un investigador experto de la Policía Nacional con más de 20 años de servicio, dedicados a la seguridad ciudadana, la investigación criminal y las operaciones especiales. Ingresó a la institución en 2002 y se destacó en unidades como la Dijín, el Goes y la Sijín de Bucaramanga, donde se desempeñaba como investigador judicial al momento de su muerte.A lo largo de su carrera acumuló más de 60 cursos y certificaciones en investigación criminal, criminalística, manejo táctico, operaciones especiales, seguridad, derechos humanos y procedimientos penales, con formación en Colombia y en países como Estados Unidos, México y España.Entre sus estudios se destacan el Curso de Operaciones Especiales, el Tactical Combat Casualty Care y entrenamientos con la Armada Nacional.Su trayectoria profesional incluyó misiones de alto riesgo en la lucha contra el crimen organizado, la integración de grupos élite, operaciones contra estructuras delincuenciales y la participación en labores de protección especializada. Era reconocido por su disciplina, liderazgo y capacidad para coordinar equipos tácticos y judiciales.El subintendente recibió más de 20 distinciones, entre ellas la Cruz al Mérito Policial, la Medalla de Servicios Distinguidos, la Orden al Mérito Custodio García Rovira y la Citación Presidencial de la Victoria Militar y Policial, además de múltiples menciones por valentía y compromiso en operaciones especiales.La Policía destacó que Fredy Leal será recordado como un servidor íntegro, valiente y profundamente comprometido con la seguridad de los colombianos, cuya entrega en Cabecera permitió evitar una tragedia mayor.
Han pasado dos días desde el violento asalto a la joyería Caracas, ubicada dentro del centro comercial Cuarta Etapa, en la exclusiva zona de Cabecera, en Bucaramanga. Con el paso de las horas, se han conocido nuevos y reveladores detalles sobre la planeación del hurto y la información previa con la que contaban las autoridades.Según confirmó el general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, tres semanas antes se había recibido una advertencia sobre un posible hurto a una joyería de la ciudad.“Teníamos información, desde hace 20 días, de que posiblemente estaban llegando los sujetos a la ciudad para cometer un hecho delictivo. No teníamos certeza del lugar exacto donde se podría ejecutar, pero sí contábamos con una alerta dirigida hacia el sector de Cabecera”, señaló el oficial.La Policía también confirmó que, durante la mañana del sábado, se observaron movimientos sospechosos en inmediaciones del centro comercial.“Ese día se genera una información, hacia las 9 de la mañana, donde nos dan algunos datos de sujetos que estaban siendo vistos de forma sospechosa en los alrededores del centro comercial y del sector de Cabecera”, añadió.“A las 10 de la mañana hice una reunión: convoqué al jefe de Inteligencia, al jefe de Policía Judicial y conformamos un equipo especial con el fin de tener presencia en la zona para labores de inteligencia y para intervenir en caso de que se presentara alguna situación especial, como efectivamente ocurrió”, agregó.Los ladrones intentaron llevarse joyas avaluadas en $1.000 millones; sin embargo, fueron interceptados por uniformados del Grupo de Operaciones Especiales (Goes).Durante el operativo, seis personas fueron capturadas y una más murió tras un cruce de disparos con la Policía. Los capturados y el abatido son:Adrianis Esther González Garavito, 27 años, de Barranquilla, con antecedente por porte ilegal de armas.Antonio José Felipe Lanchez, 50 años, de Puebloviejo (Magdalena), vendedor de pescado, sin antecedentes.Karina Michellys Criado Pumarejo, 27 años, de Valledupar, con anotación por porte ilegal de armas.Jhony José Rodríguez Castillo, 27 años, venezolano, herido por un impacto de bala en el hombro.Orlando José Cabrera Méndez, 54 años, de Barranquilla, herido en el antebrazo.Víctor Manuel Martínez Suárez (fallecido), quien, según las primeras verificaciones, sería uno de los líderes de la organización y el encargado de coordinar el ingreso armado al centro comercial.
Tras el violento asalto ocurrido el pasado sábado en un centro comercial de Bucaramanga, las autoridades anunciaron un refuerzo inmediato de la seguridad en la ciudad. El Ministerio de Defensa confirmó la llegada de 200 uniformados de la Policía para apoyar las labores de control en zonas comerciales y puntos estratégicos del área metropolitana.El alcalde encargado de Bucaramanga, Javier Sarmiento, explicó que las medidas se implementan de manera articulada entre el Gobierno Nacional, la Policía y el Ejército para devolver la tranquilidad a los ciudadanos.“Habrá patrullajes conjuntos mixtos entre la Policía Militar y la Policía Nacional, con un fortalecimiento específico en los centros comerciales. Además, contamos con un grupo especial de investigación enviado directamente desde la Dijín para apoyar a los bumangueses y a los santandereanos”, señaló Sarmiento.El mandatario también se refirió a la estructura criminal responsable del ataque, señalando que integrantes de la banda ‘Los Costeños’ ingresaron a la ciudad, pero se encontraron con la reacción inmediata del intendente jefe Fredy Leal, quien murió tras proteger a una madre y su hija que quedaron en medio del fuego cruzado.“No vamos a permitir que bandas internacionales vengan a dañar nuestra tranquilidad”, enfatizó el alcalde encargado.Las autoridades mantienen operativos en distintos puntos de Bucaramanga para evitar nuevas incursiones criminales y avanzar en la identificación plena de los responsables del asalto.Más de 20 delincuentes integrarían dicha estructura criminal 'Los Costeños', quienes estarían en Bucaramanga. Como parte de la huida, los responsables dejaron abandonado un vehículo en el barrio Girardot de ciudad, el cual ya fue puesto en cadena de custodia para avanzar en la identificación de los demás integrantes tras el ataque.
Una joven docente fue asesinada en la tarde del domingo en el barrio Kennedy, en el norte de Bucaramanga. La víctima, Yurani Yessenia Cárdenas Sierra, de 30 años, recibió un disparo en el pecho cuando un hombre armado llegó al sector buscando a su pareja, conocida como alias “El Enano”. Tras el ataque, el hombre huyó del lugar. La docente fue trasladada al Hospital Local del Norte, donde falleció por la gravedad de la herida. La Fiscalía y la SIJIN adelantan la investigación para dar con el responsable.El brigadier general Willian Quintero confirmó que "el ataque fue por intolerancia, no iba dirigido contra ella, sino contra su pareja, Edinsson Muñoz, conocido con el alias de “El Enano” quien minutos antes del hecho, él habría salido del establecimiento".De acuerdo con el testimonio entregado por la madre de la víctima, un hombre conocido como “Coco” llegó al lugar aparentemente buscando a El Enano, con quien tendría antecedentes de conflictos. Al no encontrarlo, y en lo que las autoridades describen como un acto de venganza e intolerancia, el agresor habría disparado contra Yurani, impactándola a la altura del pecho, para luego huir en rumbo desconocido.Vecinos del sector auxiliaron de inmediato a la docente y la trasladaron al Hospital Local del Norte, donde ingresó en estado crítico. Pese a los esfuerzos del equipo médico, la joven falleció pocos minutos después debido a la gravedad de la herida.Investigadores del CTI realizaron la inspección técnica al cadáver y la fijación del lugar de los hechos, mientras la SIJIN avanza en labores de verificación para identificar plenamente al agresor y esclarecer las circunstancias que rodearon el homicidio.Las autoridades confirmaron que la víctima no tenía antecedentes judiciales y que el caso quedó bajo investigación de la Fiscalía.
A 18 años de prisión fue condenado Juan Diego Arias Padilla por su participación en el homicidio de una docente de 27 años, ocurrido el 30 de abril de 2025 en el barrio Chicó de Barrancabermeja, Santander.De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el joven, quien tenía 19 años al momento de los hechos, admitió su responsabilidad en el crimen mediante la suscripción de un preacuerdo con el ente acusador. El acuerdo fue presentado ante un juez de la República, quien lo avaló y fijó la pena en 18 años de prisión.Las investigaciones establecieron que la víctima fue atacada por Arias Padilla, quien conducía una motocicleta desde la cual otro hombre disparó en repetidas ocasiones contra la educadora. Tras cometer el crimen, los responsables huyeron del lugar.La captura del hoy condenado se produjo el 3 de diciembre de 2025, luego de varios meses de labores investigativas. Durante el proceso judicial, la Fiscalía demostró su responsabilidad en los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravado.El caso generó conmoción en Barrancabermeja, especialmente en el sector educativo, donde la víctima era reconocida por su labor profesional.
La Secretaría de Salud de Santander encendió las alertas ante el alto número de quejas relacionadas con la no entrega o la demora en la dispensación de medicamentos en el departamento. Según el secretario de Salud departamental, Edwin Prada, el 70% de las reclamaciones actuales en el sector corresponden a esta problemática.De acuerdo con el funcionario, en lo corrido de 2026 se han registrado cerca de 1.800 quejas, en su mayoría por fallas en la entrega oportuna de tratamientos, situación que afecta especialmente a pacientes con enfermedades huérfanas, patologías de alto costo y cáncer.“Yo creo que el 70% de las quejas que hay en este momento del sector salud está por la no dispensación a tiempo de medicamentos. Preocupan obviamente los de enfermedades huérfanas, los medicamentos de pacientes con enfermedades de alto costo y de patologías de cáncer”, afirmó Prada.Ante la situación, la Superintendencia Nacional de Salud realizó recientemente una mesa de trabajo en Santander, con la participación de todas las EPS que operan en el departamento. El encuentro tuvo como objetivo principal abordar la problemática en la dispensación de medicamentos.El secretario recordó que el panorama es complejo, teniendo en cuenta que cerca del 80% de la población santandereana está afiliada a EPS que actualmente se encuentran intervenidas. De ese porcentaje, aproximadamente el 50% corresponde a usuarios de Nueva EPS, mientras que cerca de un 30% está afiliado a Sanitas y Coosalud, también bajo intervención. A esto se suma Famisanar, que igualmente atraviesa un proceso similar.“Aquí el llamado es a ponernos los guantes desde la Secretaría de Salud a luchar por los deberes y los derechos que tienen los pacientes en el suministro de medicamentos. No estamos para discutir ni para pelear, sino para garantizar ese derecho”, señaló.Prada destacó que, pese a la crisis en la dispensación de medicamentos, Santander cuenta con una red hospitalaria sólida. En la vigencia 2025, ninguno de los hospitales públicos del departamento cerró con riesgo financiero, y la infraestructura de salud no solo atiende a población local, sino también a pacientes de Norte de Santander, Arauca, sur de Bolívar, sur del Cesar y parte de Boyacá, además de población migrante.Sin embargo, insistió en que la principal dificultad actual es la falta de entrega de algunas moléculas y medicamentos específicos, lo que ha motivado la intervención de la Superintendencia y el acompañamiento de asociaciones de usuarios y veedores.
Un incendio, al parecer provocado de manera intencional, devastó más de 13 hectáreas del Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) San Silvestre, una zona de especial importancia ecológica por ser corredor biológico del jaguar americano, el mico cariblanco y el mico aullador.En las imágenes del lugar se observa un panorama desolador: extensas áreas reducidas a cenizas, troncos calcinados, suelo completamente ennegrecido y la vegetación arrasada por las llamas. Lo que antes era cobertura boscosa hoy luce como un terreno árido, marcado por el fuego y la destrucción.Leonardo Granados, secretario de Ambiente y Transición Energética, confirmó que el incendio habría sido generado por personas que pretendían apropiarse ilegalmente de los terrenos.Desde la Secretaría de Ambiente y Transición Energética se activó un operativo conjunto con la Policía Ambiental para desalojar a los presuntos invasores e iniciar un proceso de restauración ecológica, con el fin de mitigar el impacto sobre la fauna y la flora de la zona.“Nos encontramos en el DRMI San Silvestre ante un incendio generado por personas inescrupulosas, un desastre ecológico de más de 13 hectáreas, un daño a los recursos naturales. Con la Policía Ambiental vinimos a imponer orden y autoridad para proteger esta área de especial importancia ecológica y preservar el corredor del jaguar americano, el mico cariblanco y el mico aullador. No vamos a permitir invasiones que generen daños ambientales ni contaminación con aguas residuales, porque el DRMI San Silvestre es la esencia de la diversidad. Haremos respetar la ley”, afirmó el funcionario.La Alcaldía Distrital hizo un llamado a la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) para que adelante los procesos sancionatorios correspondientes y los responsables de este delito ambiental enfrenten las consecuencias legales.El DRMI San Silvestre es considerado un ecosistema estratégico para la conectividad de especies y la conservación de la biodiversidad en el territorio, por lo que autoridades ambientales reiteraron que intensificarán los controles para evitar nuevas afectaciones.
Con el acto simbólico de la primera palada de arena, la Gobernación de Santander oficializó el inicio de las obras del Centro de Espectáculos del Oriente Colombiano Arena Bonita, proyecto que transformará la tradicional Plaza de Toros Señor de los Milagros en un escenario moderno y multipropósito.La iniciativa busca convertir el antiguo coso taurino en un espacio competitivo para conciertos, espectáculos culturales, eventos deportivos y encuentros empresariales, con el propósito de dinamizar la economía regional y fortalecer el turismo de eventos en el departamento.Durante la presentación del proyecto, se señaló que la obra tendrá un impacto directo en sectores como el comercio, el transporte, la hotelería y la gastronomía, además de generar oportunidades para la economía rural.Según explicó la Gobernación de Santander, la llegada masiva de asistentes a espectáculos y actividades de gran formato impulsará el movimiento económico en distintas cadenas productivas del departamento.El proyecto contempla una adecuación integral del escenario, que tendrá una capacidad real para 18.000 personas.Las intervenciones incluyen el reforzamiento estructural bajo la norma sismo resistente NSR-10, instalación de cubierta y fachada en panel metálico de alta resistencia, renovación completa de redes hidráulicas, sanitarias y contra incendios, así como mejoras en la acústica y la tarima. También se instalarán nuevas sillas y se adecuarán espacios internos que permitirán diferentes configuraciones según el tipo de evento.El nuevo complejo contará con diseño bioclimático y un sistema central de aire acondicionado tipo agua fría, iluminación de emergencia, rutas de evacuación y un plan integral de seguridad humana para garantizar condiciones óptimas en eventos masivos.“Arena Bonita fue concebida como una arena verde. De acuerdo con la Gobernación, permitirá ahorrar entre 70 y 100 metros cúbicos de agua diarios mediante la reutilización total de aguas lluvias para sanitarios.Además, tendrá una planta solar en cubierta de 1.160 kilovatios pico, con capacidad de generar cerca de 2 gigavatios hora al año, lo que equivale al consumo de entre 300 y 400 hogares y a una reducción significativa de emisiones de carbono.El escenario incorporará una tarima modular 360 grados, sistemas de sonido de alto nivel técnico, pantallas integrables e iluminación artística, lo que permitirá albergar conciertos internacionales, convenciones, actividades culturales y religiosas, así como competencias deportivas.La adecuación del nuevo centro de espectáculos demandará una inversión total de 118.965 millones de pesos, financiados en parte con recursos propios de la Gobernación de Santander.
El sepelio del subintendente Luis Sarmiento, asesinado en un atentado atribuido al ELN en Cúcuta, se realizará en el municipio de Lebrija, de donde era oriundo el uniformado.El ataque ocurrió en la noche del miércoles en el anillo vial oriental de Cúcuta, cerca del centro comercial Jardín Plaza Cúcuta, cuando una patrulla de la Policía fue interceptada y atacada a disparos por hombres armados, al parecer con armas de largo alcance.El subintendente Sarmiento conducía el vehículo oficial junto al mayor Álvaro Salcedo, comandante de la estación del barrio Ospina Pérez. Tras el atentado, ambos fueron trasladados de urgencia a la Clínica Medical Duarte, donde recibieron atención especializada. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, Sarmiento falleció debido a la gravedad de las heridas. El mayor Salcedo permanece bajo observación médica.Luego del ataque, la Policía activó un plan candado en distintos puntos de la ciudad y su área metropolitana, desplegando unidades adicionales e intensificando los controles en vías estratégicas para dar con los responsables.Las autoridades anunciaron una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los autores materiales e intelectuales del crimen. Asimismo, avanzan en la recolección de pruebas y en la revisión de cámaras de seguridad del sector para esclarecer lo ocurrido.El atentado se produjo horas después de una reunión de seguridad encabezada por el Ministerio del Interior y otras autoridades, en el marco de las medidas preventivas para las elecciones legislativas y consultas programadas para el 8 de marzo.
Cinco estudiantes entre los 14 y 16 años resultaron intoxicadas tras consumir clonazepam al interior del Colegio San José de Guanentá, en el municipio de San Gil. Las menores permanecen bajo observación médica en el Hospital Regional de San Gil.El caso ocurrió el miércoles 18 de febrero y fue confirmado por la Subsecretaría de Salud municipal, luego de que el centro asistencial emitiera una alerta por el ingreso de varias adolescentes con cuadro de intoxicación por medicamentos.De acuerdo con el reporte oficial, el fármaco consumido fue clonazepam, un medicamento de uso psiquiátrico que solo puede ser comercializado con fórmula médica.A través de un comunicado fechado el 19 de febrero, la institución educativa informó que “cinco estudiantes consumieron pastillas de uso psiquiátrico dentro de la institución” y precisó que los medicamentos habrían sido suministrados por una persona ajena al plantel, quien los introdujo por debajo de una puerta lateral que no corresponde a los accesos oficiales.Según el rector, José Antonio Ballesteros Vásquez, tras el hecho una de las menores presentó desmayo, lo que activó de inmediato el protocolo de atención contemplado en el manual de convivencia.La institución indicó que se brindó atención inicial desde Enfermería y la Coordinación de Bienestar y Convivencia, se notificó a los padres y acudientes y se realizó la remisión inmediata al hospital para valoración médica especializada. Asimismo, se efectuó el reporte a las autoridades competentes para el inicio de las respectivas investigaciones.El colegio señaló que el caso se está abordando desde un enfoque “formativo y preventivo”, al tiempo que anunció el refuerzo de medidas de seguridad institucional y el fortalecimiento de acciones de promoción del autocuidado y prevención del consumo de sustancias psicoactivas.Por tratarse de adolescentes, tras el ingreso al centro médico se activaron las rutas de atención correspondientes. El caso fue puesto en conocimiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y de la Comisaría de Familia, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer cómo las estudiantes accedieron al medicamento.Desde la Subsecretaría de Salud de San Gil también se inició una investigación epidemiológica de campo, que incluye la revisión de historias clínicas para determinar si alguna de las menores presentaba antecedentes emocionales o crisis previas que pudieran estar relacionadas con el consumo del fármaco.