Cecilia Quintero, una mujer de 70 años, falleció de forma repentina en un dispensario de Cafam en Cúcuta mientras denunciaba ante medios locales las persistentes barreras en el acceso a servicios de salud. La ciudadana, quien había llegado desde temprano al establecimiento para realizar los trámites correspondientes, se desplomó tras relatar el drama que vivía por la falta de fármacos vitales para su familia.Denuncia sobre falta de medicamentos en CúcutaEl trágico incidente ocurrió mientras Quintero exponía la situación de su hijo, quien requiere pañales y metadona de manera permanente. Según su testimonio brindado en el sitio, los pendientes de entrega se acumulaban desde septiembre del año pasado. "Estamos en febrero acabándose y no me entregan el pendiente de enero teniendo pañales en el sitio", relató la mujer minutos antes de su deceso.La afectada también señaló irregularidades en el manejo de los inventarios, afirmando que, en ocasiones, los productos se vencen en bodega sin ser entregados a los pacientes bajo el argumento de trámites administrativos o fechas de corte.Además de la situación de su hijo, Quintero manifestó su angustia por la salud de su esposo, un paciente con problemas vasculares y operado del corazón que no recibía Rivaroxaban de 20 mg, medicamento considerado vital para su condición. La mujer, quien también se identificó como paciente renal, aseguró llevar más de seis meses sin recibir su propio tratamiento.En sus declaraciones finales, la ciudadana coincidió con las críticas hacia el sistema de salud sobre el presunto acaparamiento de fármacos: "He visto y me consta que venden medicinas de uso institucional por fuera. No revisan los pendientes y luego dicen que ya se vencieron", sentenció ante las cámaras.Pese a que las personas presentes en el dispensario de Cafam intentaron realizar maniobras de reanimación tras su colapso, la mujer falleció en el lugar.
Las consecuencias de los enfrentamientos armados entre el ELN y el frente 33 de las disidencias de las Farc en zona rural de Tibú, siguen impactando la vida cotidiana de cientos de familias.El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) entregó asistencia humanitaria a más de 770 personas que resultaron afectadas por recientes hechos de violencia en tres comunidades del municipio.“Recientemente la población civil se vio afectada por confrontaciones y otros riesgos. Muchas personas tuvieron que desplazarse, mientras otras se quedaron confinadas en sus casas, impedidas de acceder a sus alimentos y a la pesca”, subrayó Georgia Kramer, delegada del CIRC.La ayuda consistió en kits de higiene y alimentación, priorizados tras una evaluación realizada por un equipo de la organización. Según el CICR, la visita permitió identificar las afectaciones que enfrentan las comunidades, entre ellas desplazamientos forzados, confinamientos y limitaciones para movilizarse dentro y fuera de sus veredas.“Estos elementos que han sido bien recibidos por la comunidad en un momento en el que tienen muchas dificultades para poder acceder a sus medios de ingresos y obviamente para el consumo de alimentos”, aseguró Oswaldo Mancilla, responsable de seguridad económica de la subdelegación del CICR en Cúcuta.La organización señaló que durante el diálogo con líderes comunitarios y habitantes de la zona, se evidenció que varias familias tuvieron que abandonar temporalmente sus viviendas, mientras otras permanecieron confinadas por temor a nuevos enfrentamientos.Esta situación no solo restringió su movilidad, sino que también les impidió acceder a sus cultivos, trabajos y fuentes de ingreso, aumentando la dificultad para conseguir alimentos y productos básicos.Con base en lo anterior, el CICR concentró su respuesta en las comunidades con mayores niveles de afectación y urgencia.“La comunidad no cuenta hoy en día con trabajos, se han puesto los trabajos escasos y muchos hogares no cuentan con los alimentos necesarios para los niños ya que la comunidad cuenta con una gran cantidad de niños”, señaló una de las personas beneficiarias, al referirse a la inestabilidad económica que atraviesan tras los hechos de violencia.Otro de los beneficiarios insistió en que la prioridad sigue siendo garantizar condiciones para el retorno de quienes salieron desplazados.“Lo que necesitamos es alimentos que aún no tenemos por la situación que vivimos de esta guerra que estamos viviendo dentro de nuestro Catatumbo. Pues nosotros queremos que nuestras comunidades desplazadas, nuestros habitantes desplazados vuelvan a nuestro territorio para que estemos todos unidos ya que esto está quedando totalmente solo”.
Un joven de 18 años fue capturado en el municipio de Barbosa, en Santander, señalado de cometer abusos sexuales reiterados contra dos menores de edad. El caso salió a la luz gracias a una jornada de prevención realizada por la Policía en el colegio donde estudian las víctimas.Según las autoridades, los niños de 9 y 10 años se acercaron a los uniformados durante la actividad pedagógica y denunciaron lo que venía ocurriendo. De inmediato se activaron las rutas de protección y comenzó la investigación judicial.El capturado, identificado como Andrés Felipe Cubides López, fue detenido mediante orden judicial por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado y actos sexuales abusivos.De acuerdo con el proceso investigativo, coordinado con la Fiscalía General de la Nación, las agresiones se habrían presentado de manera sistemática desde 2021. El joven, presuntamente, aprovechaba la cercanía con la familia de las víctimas y utilizaba amenazas para obligarlas a guardar silencio.El comandante del Departamento de Policía Santander, Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, destacó que la captura fue posible gracias a las estrategias de prevención en entornos escolares.“Es un abusador sexual que desde el 2021 venía sometiendo a dos menores de edad, aprovechando su cercanía familiar. Gracias a los programas de prevención que hace la Policía en los colegios, los niños se acercan a los uniformados y ponen en conocimiento lo que venía sucediendo”, afirmó el oficial.La institución reiteró que continuará fortaleciendo la estrategia de protección a la infancia y pidió a padres, docentes y estudiantes denunciar cualquier hecho que vulnere los derechos de niños, niñas y adolescentes a través de la línea 123 o la línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.El joven quedó a disposición de la justicia mientras avanza el proceso judicial.
El Tribunal Administrativo de Santander declaró ilegal la medida que impedía la circulación de motocicletas durante las madrugadas en la capital santandereana, una restricción que estaba vigente desde 2024 sin un límite temporal definido.La decisión se tomó tras revisar una acción de nulidad interpuesta contra la norma emitida por la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, que prohibía el tránsito de motos entre las 12:00 de la mañana y las 4:00 de la madrugada todos los días.El tribunal concluyó que la medida, al no tener un plazo específico ni evidencia técnica clara que justifique su vigencia indefinida, vulnera el derecho fundamental a la libre locomoción de miles de ciudadanos que utilizan la motocicleta como su principal medio de transporte o herramienta de trabajo.La decisión ratifica el criterio adoptado inicialmente por un juez de primera instancia, que también había anulado la restricción por considerar que su aplicación sin límites temporales ni explicación técnica constituía una medida desproporcionada.Colectivos de motociclistas y usuarios celebraron el fallo, señalando que la prohibición afectaba especialmente a quienes laboran en servicios de entrega, mensajería y transporte, así como a quienes deben desplazarse por motivos laborales en horarios nocturnos.Aunque la restricción queda sin efecto con la sentencia del tribunal, la Dirección de Tránsito de Bucaramanga aún debe pronunciarse formalmente sobre su aplicación inmediata y si adoptará una nueva regulación con límites temporales y argumentos técnicos que la respalden legalmente.La decisión también pone sobre la mesa la necesidad de que este tipo de medidas vayan acompañadas de estudios de movilidad, impacto y proporcionalidad, especialmente en una ciudad donde la motocicleta representa uno de los principales medios de transporte.
Al menos 2.000 elementos más de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) llegaron este lunes a Jalisco (oeste de México) para reforzar la seguridad, tras la jornada de violencia del domingo por la muerte en un operativo militar del capo Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), informó el gobernador del estado, Pablo Lemus.“Han llegado 2.000 nuevos elementos (militares) de la Secretaría de la Defensa Nacional a patrullar las calles de Jalisco. Ya están activos estos elementos. Tenemos a todo nuestro personal de seguridad, de Protección Civil a quienes también les reconozco todo su trabajo en calle", señaló en una reunión el mandatario.Lemus afirmó que su gobierno está trabajando "fuertemente" en recuperar de forma paulatina la normalidad en el estado."El sistema de transporte público poco a poco va recuperando su normalidad. Esperamos que muy pronto, es decir, el día de mañana pueda estar trabajando al 100 % el sistema de transporte público. Los servicios públicos municipales se están dando ya también con normalidad por parte de cada uno de los ayuntamientos", aseveró.El domingo, Oseguera Cervantes fue abatido en Tapalpa, a 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital de Jalisco, durante un operativo encabezado por fuerzas federales con apoyo de inteligencia estadounidense.El mandatario estatal pidió a la población actuar con "mucha seriedad, con mucha prudencia" y recordó que se cancelaron eventos masivos en el estado hasta nuevo aviso, además de la suspensión de clases presenciales."Este es un momento de unidad mantenernos trabajando en equipo, que la sociedad vea nuestro compromiso por recuperar la paz y la normalidad en el estado de Jalisco”, apuntó.Asimismo, exaltó la "coordinación absoluta" con autoridades federales, estatales y municipales porque el objetivo, dijo es "que la ciudadanía recupere su normalidad, la tranquilidad y la paz".Las autoridades mexicanas confirmaron este lunes que al menos 25 militares fallecieron el domingo, así como 30 miembros del CJNG en diversos enfrentamientos, la mayor parte en Jalisco.Washington acusaba a Oseguera Cervantes de encabezar un "reinado de terror" en México y de destruir "innumerables vidas" con el tráfico de fentanilo, y ofrecía hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su arresto o condena.Bajo su mando, el CJNG expandió su presencia en México y fortaleció rutas de tráfico de droga, incluido el fentanilo hacia Estados Unidos, lo que lo colocó entre los narcotraficantes más buscados por ambos países.
La Lotería de Cundinamarca volvió a concentrar la atención de miles de jugadores en todo el país con la realización del sorteo número 4791, efectuado en la noche del lunes 23 de febrero de 2026. En esta edición, el premio mayor alcanzó los $6.000 millones, una de las bolsas más atractivas del panorama lotero nacional.A continuación, se presentan los resultados oficiales y el detalle completo del plan de premios.Premio Mayor – Sorteo 4791El número ganador del premio mayor fue: 8901 de la serie 121. El afortunado poseedor de este billete se llevó $6.000 millones, consolidando nuevamente a esta lotería como una de las más esperadas de cada semana.Resultados premios secos Lotería de Cundinamarca 4791Además del premio mayor, el sorteo 4791 entregó múltiples premios en diferentes categorías:Tunjo de Oro – $300 millones1299 – Serie 120Guaca Secreta – $100 millones1965 – Serie 11432 Tesoros de $6 millones0796 – Serie 2948397 – Serie 2263396 – Serie 1475746 – Serie 1138191 – Serie 1930936 – Serie 1684496 – Serie 1704489 – Serie 0119170 – Serie 1137673 – Serie 2430936 – Serie 1549502 – Serie 0662224 – Serie 1426543 – Serie 1586479 – Serie 2614160 – Serie 0984358 – Serie 2772868 – Serie 1841138 – Serie 2974933 – Serie 2898206 – Serie 2321420 – Serie 1610614 – Serie 2990382 – Serie 2309171 – Serie 1853862 – Serie 1122010 – Serie 1660984 – Serie 0370220 – Serie 1211529 – Serie 0351274 – Serie 1645902 – Serie 06915 Tesoros de $10 millones6810 – Serie 0686677 – Serie 1579490 – Serie 0829126 – Serie 2855069 – Serie 2717024 – Serie 2853797 – Serie 0304165 – Serie 2238602 – Serie 0064272 – Serie 0028245 – Serie 1253132 – Serie 0269420 – Serie 1106464 – Serie 2854518 – Serie 0005 Tesoros de $20 millones2761 – Serie 1041730 – Serie 2226653 – Serie 1665252 – Serie 0364203 – Serie 009Se recomienda verificar tanto el número como la serie del billete frente a la imagen oficial del sorteo 4790 publicada por la entidad, para confirmar cualquier premio.¿A qué hora juega la Lotería de Cundinamarca?La Lotería de Cundinamarca se juega todos los lunes a las 10:30 p. m. Cuando el lunes es festivo, el sorteo se realiza el martes en el mismo horario.La transmisión oficial puede seguirse a través del fan page de Facebook de la entidad, donde también se publican los resultados una vez finaliza el sorteo.¿Dónde comprar la Lotería de Cundinamarca?Los billetes pueden adquirirse:De forma virtual en la página oficial.A través de operadores autorizados como Lottired, Loti Colombia y Paga Todo.De manera física en puntos oficiales de Paga Todo.¿Cómo reclamar los premios?Los ganadores cuentan con 30 días calendario desde la fecha del sorteo para reclamar su premio.Para el cobro es obligatorio presentar:El billete original en perfecto estado, sin enmendaduras ni alteraciones.Documento de identidad.Es importante tener en cuenta que los premios están sujetos a un impuesto del 17 % sobre el valor nominal, el cual es descontado directamente por la lotería o el operador autorizado al momento del pago.Plan de premios Lotería de CundinamarcaEl plan de premios está encabezado por:Premio Mayor: $6.000 millones.Mega seco El Tunjo de Oro: $300 millones (por fracción: $100 millones).Seco La Guaca Secreta: $100 millones (por fracción: $33.333.333).Cinco secos de $20 millones (por fracción: $6.666.667).Quince secos de $10 millones (por fracción: $3.333.333).Treinta y dos secos de $6 millones (por fracción: $2.000.000).Una lotería con más de dos siglos de historiaLa historia de la Lotería de Cundinamarca se remonta al 16 de febrero de 1812, cuando se realizó su primer sorteo bajo el nombre de Lotería Popular de Cundinamarca. Gracias a su trayectoria, es considerada una de las loterías más antiguas del país y forma parte de los archivos de la Nación por su relevancia histórica y social.Con cada sorteo, esta tradicional lotería reafirma su lugar en el calendario de los juegos de azar en Colombia y mantiene viva la expectativa de miles de jugadores que, semana tras semana, sueñan con acertar el número ganador.
Aunque Bancolombia informó ayer hacia las 7:20 de la noche que estaba realizando “ajustes en sus sistemas” para restablecer plenamente los servicios, lo cierto es que lo que vino después fue una ola de molestias y reclamos de los usuarios.Desde las 7:30 p.m., tanto los canales digitales como los físicos quedaron temporalmente fuera de servicio: la aplicación móvil, la sucursal virtual, las oficinas y otros puntos de atención. La entidad habló de trabajos técnicos necesarios, pero no precisó a qué hora volvería todo a la normalidad, lo que aumentó la incertidumbre entre los clientes.Más tarde, a las 9:52 de la noche, el banco aseguró que algunos servicios ya estaban habilitados: el uso de tarjetas débito y crédito y los retiros en cajeros. Sin embargo, ese fue el último mensaje publicado en su cuenta de X, y para muchos usuarios la situación estaba lejos de resolverse.A esta hora, aunque la plataforma virtual y la aplicación funcionan, las redes sociales siguen llenas de quejas. Varias personas reportan que realizaron transferencias y el dinero no llegó a su destino; otros afirman que recibieron consignaciones que no se reflejan en sus cuentas. También hay casos de movimientos que inicialmente aparecían como rechazados y que ahora figuran como efectivos, generando confusión y preocupación sobre posibles dobles cobros o inconsistencias.Los reclamos se concentran en la falta de información clara y oportuna, así como en el impacto que estas fallas han tenido en pagos, compras y obligaciones financieras. Desde el sábado ya se venían reportando dificultades para ingresar a la aplicación, hacer transferencias y consultar saldos.Mientras la entidad afirma que continuará monitoreando su plataforma tecnológica, los usuarios piden explicaciones más detalladas y garantías de que este tipo de fallas no volverán a repetirse hoy ni en los próximos días.Nestor¿Qué servicios de Bancolombia no estaban funcionando?De acuerdo con lo reportado, ningún servicio estaba en funcionamiento en ese momento. Esto incluye:🔴 App Bancolombia🔴 Sucursal Virtual Personas y Empresas🔴 Pagos y transferencias electrónicas🔴 Retiros y pagos con tarjetas débito🔴 Recargas de la tarjeta Cívica del Metro🔴 Tarjetas débito Cívica de Bancolombia
El Kremlin admitió este martes que la campaña militar rusa en Ucrania continuará después de cumplir cuatro años, porque Rusia aún no ha logrado "todos sus objetivos" en el país vecino."En su totalidad, es cierto que los objetivos no se han logrado. Por ello, continúa la operación militar especial", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.Peskov dio así la razón al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien subrayó que Moscú no había logrado lo que pretendía cuando inició su campaña militar el 24 de febrero de 2022.Eso sí, consideró que el ejército ruso sí alcanzó "el principal (objetivo), que es garantizar la seguridad de la gente que vive en el Este de Ucrania y que estaba en peligro mortal".Con ocasión del aniversario de la guerra, lamentó que la campaña militar contra Kiev "se convirtiera, después de la injerencia directa en ese conflicto de los países de Europa Occidental y EE.UU., en un enfrentamiento mucho más grande entre Rusia y los países occidentales, quienes perseguían y aún persiguen el objetivo de aplastar a nuestro país".Al mismo tiempo, aseguró que, mientras "la operación militar especial continúa, Rusia se mantiene abierta al logro de sus objetivos por medios político-diplomáticos"."Sea como sea, los intereses rusos serán garantizados", afirmó.Más de 200.000 militares rusos muertos en cuatro añosDe hecho, subrayó que la esperanza de lograr un arreglo pacífico en Ucrania no ha abandonado a Rusia "desde el mismo comienzo" de la contienda y culpó a Occidente de que el proceso de paz que comenzó en marzo de 2022 fuera abortado y "se volviera al cauce militar"."Proseguimos los esfuerzos en favor de la paz. Nuestra postura es clara y consecuente. Ahora todo depende de las acciones del régimen de Kiev", señaló.En cuanto a la cuarta ronda de negociaciones con mediación estadounidense, aseguró que aún no existe un acuerdo definitivo sobre las fechas y la sede de la reunión, aunque expresó su confianza de que "el trabajo continúe".Peskov también destacó que la sociedad rusa ha sufrido cambios "fenomenales" en esos cuatro años, que se han traducido en la consolidación en torno al presidente, Vladímir Putin, aunque sondeos independientes apuntan que la mayoría de los rusos desean un urgente cese de las hostilidades."A Rusia se le han abierto los ojos sobre muchos procesos internacionales, sobre cómo entablar relaciones con muchas organizaciones internacionales y capitales", aseveró.Según informaron este martes medios independientes, el ejército ruso ha perdido más de 200.000 hombres en cuatro años de un conflicto, que dura más que la participación soviética en la Segunda Guerra Mundial (1941-1945).El Kremlin se anexionó sobre el papel en 2022 cuatro regiones ucranianas, pero el ejército ruso no ha podido conquistarlas, ya que Kiev aún controla más de la quinta parte de Donetsk y un tercio de Jersón y Zaporiyia.
Tras más de 24 horas de angustia e incertidumbre para su familia y las autoridades, finalmente se confirmó el paradero de Diana Ospina, la mujer que había desaparecido en la madrugada del pasado 22 de febrero en el noroccidente de la capital. El reporte oficial indica que Ospina apareció en las inmediaciones del CAI Mirador de la Policía de Bogotá, ubicado en la vía que conduce hacia el municipio de Choachí.La víctima fue trasladada de inmediato bajo custodia policial hacia el casco urbano de la ciudad para recibir atención médica prioritaria. Según las autoridades, el protocolo actual busca estabilizar su estado de salud física y emocional antes de que proceda a rendir su declaración formal ante la Fiscalía General de la Nación, pieza clave para judicializar a los responsables.Una cronología de terror: De Chapinero a EngativáLa reconstrucción minuciosa de los hechos, apoyada en cámaras de seguridad del sector, revela una operación delictiva calculada. Diana Ospina salió a las 2:23 a.m. de un establecimiento comercial ubicado en la calle 57 con carrera 13, en el corazón de la localidad de Chapinero. Allí abordó un taxi con destino a su residencia en el barrio Santa María del Lago, en la localidad de Engativá.El trayecto, que duró apenas 11 minutos, terminó en una emboscada. Al llegar a su destino, un segundo vehículo de servicio público interceptó el taxi en el que viajaba la mujer. En ese momento, los delincuentes abordaron el automotor original, iniciando lo que en el argot criminal se denomina un ‘paseo millonario’.Durante el tiempo que permaneció retenida, los criminales no solo ejercieron presión psicológica y física, sino que procedieron a despojarla de su patrimonio digital. Se estima que los delincuentes lograron sustraer más de 50 millones de pesos mediante transferencias desde sus cuentas bancarias e intentaron vulnerar las claves de aplicaciones de servicios y supermercados para agotar todos sus activos disponibles.El giro en la investigación: El conductor se presentaUn elemento crucial en el avance de las pesquisas fue revelado por Edwar Porras, el ‘Ojo de la noche’, de Noticias Caracol. Según el comunicador, el conductor del primer taxi —el vehículo que trasladó a la joven desde Chapinero— se habría presentado voluntariamente ante las autoridades en compañía de un abogado. Su objetivo sería colaborar con la justicia para esclarecer si hubo algún grado de complicidad o si, por el contrario, también fue víctima de amenazas por parte de la banda criminal.Actualmente, la Policía Metropolitana de Bogotá centra sus esfuerzos en la identificación y captura de los dos sujetos que descendieron del segundo taxi para ejecutar el secuestro y el hurto. El material audiovisual recolectado en la zona de Santa María del Lago está siendo procesado por peritos forenses para determinar la placa del vehículo implicado y la identidad de los atacantes.
Las lluvias intensas que se han registrado recientemente mantienen en máxima alerta a Santander, donde las autoridades declararon alerta roja en 15 municipios por el alto riesgo de deslizamientos de tierra, crecientes súbitas y posibles desbordamientos de ríos y quebradas.El más reciente reporte del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales advierte que la saturación de los suelos ha elevado la probabilidad de emergencias, especialmente, en zonas de ladera y corredores viales rurales. Además, otros 30 municipios permanecen en alerta naranja y 10 en amarilla, bajo monitoreo constante ante cualquier eventualidad.Las precipitaciones han sido generalizadas en gran parte del centro y occidente del departamento, con reportes en Sabana de Torres, Bajo Rionegro, Puerto Wilches, San Vicente, Barrancabermeja, Cimitarra, Landázuri y el área metropolitana de Bucaramanga, así como en la provincia de Vélez. Según el pronóstico, las lluvias continuarán durante la tarde y la noche, con especial atención en las provincias García Rovira y Guanentá, donde podrían registrarse tormentas de mayor intensidad.Los efectos del invierno ya se sienten en la infraestructura. El director de la Oficina de Gestión del Riesgo departamental, Eduard Sánchez, confirmó que varias carreteras presentan afectaciones y que se activaron planes de respuesta con los municipios.“Vías secundarias registran afectaciones, por lo que se está verificando con alcaldes municipales para coordinar el apoyo con maquinaria amarilla. Hay daños en diferentes municipios y aumento del caudal de los ríos que generan alerta por posible desbordamiento”, explicó el funcionario.Ante este panorama, las autoridades no descartan cierres preventivos de vías, aislamiento de comunidades rurales o evacuaciones si las condiciones empeoran. Los organismos de socorro pidieron a la ciudadanía evitar transitar por zonas inestables, no cruzar corrientes crecidas y reportar de inmediato cualquier señal de deslizamiento.El monitoreo se mantiene permanente mientras las lluvias siguen poniendo a prueba la capacidad de respuesta del departamento.
Una adulta mayor falleció mientras reclamaba medicamentos en un dispensario de Cafam en Cúcuta, en un hecho que ha generado conmoción entre usuarios y familiares. La mujer había llegado desde temprano al lugar para realizar el trámite correspondiente.Lo que se conoce, preliminarmente, es que la paciente habría tenido al menos 30 entregas de medicamentos pendientes. En múltiples oportunidades anteriores no habría recibido los fármacos formulados, situación que la mantenía a la espera de una solución.Además, una vez en el interior del dispensario este martes, la mujer habría sostenido un cruce de palabras con una funcionaria al no obtener respuesta frente a su caso. Tras la discusión, decidió sentarse mientras esperaba una atención definitiva. Minutos después, cuando intentó ponerse de pie, se desplomó repentinamente. Personal presente en el lugar intentó practicarle maniobras de reanimación, pero la adulta mayor no respondió y murió en el sitio.El dispensario permanece cerrado mientras se adelantan los actos urgentes. En el interior permanecen dos personas, entre ellas un familiar de la fallecida, a la espera del procedimiento oficial.Hasta el momento, ninguna autoridad se ha pronunciado sobre lo ocurrido y se espera el levantamiento del cuerpo y un informe oficial que esclarezca las circunstancias del caso.
La Contraloría General de Santander emitió el Informe Final tras la denuncia presentada por el medio independiente Metropolitano, en la que se advertían presuntas irregularidades en dos contratos de las vigencias 2023 y 2024 suscritos entre Juliana Guerrero y la Universidad Industrial de Santander para el apoyo al Sistema Nacional de Convivencia para la Vida.Los contratos hicieron parte de un convenio interadministrativo entre la Universidad Industrial de Santander (UIS) y el Ministerio del Interior, cuyo propósito era brindar apoyo técnico y operativo al programa nacional orientado a fortalecer la convivencia ciudadana y la prevención de conflictividades.Guerrero es cercana al presidente Gustavo Petro y vinculada al escándalo de la Fundación Universitaria San José por entregar títulos falsos.La actuación especial de fiscalización revisó la legalidad del proceso contractual, la ejecución de los contratos, los soportes y productos entregados y la supervisión ejercida por la entidad contratante.De acuerdo con la Contraloría también advierte que en la etapa precontractual la UIS no fue específica en las condiciones del perfil para el contrato.“Verificado el estudio de conveniencia y oportunidad, aportado por el ente de control "UIS" y publicado en la plataforma transaccional SECOPII, se evidenció que el mismo no definió de manera clara y precisa el perfil exigido para el contratista, particularmente en cuanto a los requisitos de formación, experiencia y competencias específicas. No obstante, en el contenido del estudio previo se afirma que la persona contratada cuenta con las conocimientos, habilidades y requisitos necesarios para la ejecución del objeto contractual, sin que dicha conclusión se encuentre debidamente sustentada en criterios objetivos previamente establecidos”.Y agrega el informe: “Esta situación limita la trazabilidad y la verificación objetiva del cumplimiento del principio de planeación, así como la debida motivación de la selección del contratista, aun tratándose de un proceso de contratación directa”.El informe sí estableció cinco hallazgos administrativos, 2 disciplinarios y 1 fiscal por valor de $2.000.000, relacionados con debilidades en la planeación contractual, falencias en la supervisión y seguimiento de las obligaciones y observaciones en los soportes documentales de ejecución.Estos hallazgos fueron trasladados a las instancias correspondientes para la adopción de planes de mejoramiento institucional.De acuerdo con el informe, las observaciones están dirigidas a los responsables de la supervisión contractual y a las dependencias encargadas del control del convenio interadministrativo dentro de la Universidad Industrial de Santander.
La Alcaldía de Bucaramanga anunció el fortalecimiento de los operativos de control en distintos sectores de la ciudad, especialmente contra las caravanas ilegales de motociclistas y en la zona de rumba de Cuadra Play, en la comuna 12.El alcalde Cristian Portilla aseguró que no se permitirá el desorden ni la alteración del orden público. Según el mandatario, en días pasados se realizaron más de 10 dispositivos de control en diferentes puntos de la ciudad, enfocados en evitar caravanas ilegales y conductas que pongan en riesgo la vida de los ciudadanos.“Cualquier ciudadano tiene derecho a transitar en Bucaramanga, pero también tiene el deber de respetar las normas de tránsito y no alterar el orden. No puede ser legal pasarse una norma de tránsito, ni conducir una motocicleta después de haber ingerido licor”, señaló el alcalde.Portilla explicó que estas caravanas generan altos niveles de ruido y múltiples quejas ciudadanas, especialmente en sectores residenciales. Además, advirtió que muchos de los casos se presentan en horarios nocturnos donde algunos conductores han consumido bebidas embriagantes.Frente a los recientes comportamientos registrados en Cuadra Play, reconocida zona de rumba de la ciudad, el alcalde anunció el incremento de la presencia policial y de los controles.“Que vuelva el respeto a nuestras autoridades y a los ciudadanos. No vamos a tolerar el desorden ni el irrespeto a las normas de tránsito ni a la Policía Nacional. Di la orden de aumentar las capacidades operativas en el sector, con el objetivo de evitar el caos”, afirmó.No obstante, señaló que el objetivo no es afectar la actividad económica ni los espacios de esparcimiento, sino garantizar que quienes asistan a compartir lo hagan de manera responsable. Para ello, aseguró que se adelanta un trabajo articulado con empresarios del sector, la comunidad y la Policía Nacional.
En la madrugada de este lunes, un accidente de tránsito tipo volcamiento ocurrido en el kilómetro 29+100 de la vía Puente Nacional – San Gil, en jurisdicción rural de San José de Pare (Boyacá), dejó dos personas fallecidas y cuatro más lesionadas, según el reporte oficial de las autoridades de Tránsito y Transporte.El siniestro, registrado en una curva de alto riesgo, involucró a un bus de servicio público afiliado a la empresa Copetran, de placas NTN 828, que cubría la ruta Bogotá- Cúcuta. El vehículo era conducido por Jhon Arnulfo Perico Durán, quien resultó ileso tras el incidente.Según las primeras versiones, el bus perdió el control al tomar una curva en condiciones adversas -probablemente por la presencia de lluvia o niebla, lo que podría haber reducido la visibilidad y la adherencia del vehículo-, provocando el volcamiento lateral hacia el costado izquierdo. Las autoridades investigan esta hipótesis como posible causa del accidente.Entre las víctimas fatales se encuentra Martha Isabel Canchila de Vargas, de 74 años, quien falleció en el Hospital de Santana tras presentar graves lesiones. La segunda fallecida fue una menor de 16 años, Gerly Analiz Acero Chique, de nacionalidad venezolana, quien perdió la vida en el lugar de los hechos.Los heridos fueron identificados como:Leonor Caballero, 57 años, con trauma cerrado de tórax, remitida al hospital de Moniquirá.Edilia Vela, 64 años, con trauma craneoencefálico moderado y fractura en el brazo izquierdo.Marta Inés Vargas, 53 años, con trauma craneoencefálico moderado, también remitida al hospital de Moniquirá.Nicol Dayanna Hernández, 23 años, con fractura en brazo izquierdo y trauma en la cadera.Los lesionados fueron atendidos inicialmente en el lugar por organismos de emergencia y posteriormente trasladados a centros asistenciales de la región para recibir atención especializada.La Policía Nacional y las autoridades de tránsito continúan con el levantamiento de información técnica para esclarecer las circunstancias exactas del accidente y verificar si factores como la velocidad, el estado de la vía o las condiciones climáticas influyeron en el desenlace fatal.
Lo que empezó como una protesta pacífica por la falta de inversiones viales en la Mesa de Los Santos terminó este miércoles 12 de noviembre en una jornada de fuertes reclamos.Los habitantes mantienen levantadas las talanqueras del peaje instalado en el sector de La Punta y aseguran que no las bajarán hasta que se elimine definitivamente el cobro, al que consideran “ilegal e injusto”.La tensión aumentó, cuando un grupo de funcionarios de la Gobernación de Santander, acompañados por miembros de la fuerza pública, llegó al lugar para dialogar con los manifestantes. Sin embargo, el encuentro terminó en medio de gritos y reclamos de la comunidad.En un video grabado por una de las habitantes se escucha a los asistentes decir:“¡No más peaje, no más peaje! Juvenal, lo responsabilizamos por lo que llegue a suceder aquí. ¡Responsable de cualquier acto! No pueden usar la fuerza, el peaje es ilegal”.Los manifestantes insisten en que el cobro no tiene justificación, pues, según dicen, la vía no ha recibido mejoras ni mantenimiento con el paso de los años, a pesar de ser una de las rutas turísticas más transitadas del departamento.La protesta coincide con una decisión reciente de la Procuraduría General de la Nación, que solicitó a un juez suspender provisionalmente la ordenanza 049 del 23 de diciembre de 2024, expedida por la Asamblea de Santander, mediante la cual se autorizó la creación de una “tasa-peaje” en este sector de la vía a la Mesa de Los Santos.De acuerdo con el Ministerio Público, el departamento no tiene competencia legal para establecer ni recaudar peajes, ya que esta facultad corresponde exclusivamente al Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Transporte.“Santander no estaba facultado para crear ese peaje; cobrarlo sería ilegal y se requiere que el juez lo detenga mientras se revisa su legalidad”, señala el documento presentado por la Procuraduría.Con esta solicitud, el cobro del peaje no podría entrar en funcionamiento hasta que la justicia decida si la ordenanza se ajusta o no a la ley.Frente a la controversia, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, defendió la iniciativa y criticó la oposición que ha despertado el proyecto, al asegurar que los recursos recaudados están destinados a obras sociales y mantenimiento vial.“Me parece irresponsable lo que están haciendo. Es un recurso importante para los más vulnerables de Los Santos y Piedecuesta”, dijo el mandatario, quien explicó que los fondos se destinan a señalización y mantenimiento de vías terciarias que antes no contaban con presupuesto.Pese a la advertencia del gobernador, los habitantes reiteraron que no permitirán el funcionamiento del peaje, mientras no exista un compromiso claro de inversión sobre la vía principal que conecta Piedecuesta con la Mesa de Los Santos.Los líderes del movimiento ciudadano aseguran que el cobro es injustificado, pues “no se puede pagar por una carretera que está deteriorada, sin iluminación y sin garantías de seguridad”.Por ahora, las talanqueras siguen arriba y los manifestantes aseguran que mantendrán la protesta de forma indefinida, a la espera de una respuesta del juez sobre la legalidad del peaje.
El alcalde designado de Bucaramanga, Javier Sarmiento, sostuvo una reunión con el ministro de Defensa Nacional, Pedro Sánchez, con el propósito de analizar la situación de seguridad en la capital santandereana y establecer acciones conjuntas que permitan reforzar la presencia institucional durante la temporada decembrina.Al término del encuentro, Sarmiento destacó la receptividad del ministro y los compromisos alcanzados para fortalecer la seguridad ciudadana.“Fiel a mi compromiso con Bucaramanga, he tenido una agenda de reuniones muy relevantes, por ejemplo, el día de hoy con el señor ministro de Defensa Nacional, manifestándole las preocupaciones de los bumangueses, pero también aportando y mostrando la disposición para las soluciones”, señaló el mandatario encargado.El alcalde resaltó que la gestión permitirá aumentar el pie de fuerza en la ciudad, con la llegada de policías profesionales y estudiantes en formación que apoyarán los operativos durante el fin de año.Además, anunció que la administración municipal trabajará en un fortalecimiento tecnológico del sistema de seguridad, para complementar las labores de patrullaje y vigilancia.“El discurso de la seguridad es materializarlo a través de gestiones ante el alto Gobierno y también con los aportes desde la administración municipal”, subrayó Sarmiento, quien añadió que el ministro se mostró dispuesto a respaldar a Bucaramanga y que en los próximos días se realizará un consejo de seguridad con la presencia de la cúpula militar.
El Juzgado Tercero Civil Municipal de Girón falló a favor de Jessica Alejandra Pinzón Jiménez, una funcionaria de la Alcaldía de Girón que fue desvinculada pese a encontrarse en periodo de lactancia. La decisión concluye que el despido vulneró sus derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, al trabajo y a la lactancia materna.La mujer, quien se desempeñaba como secretaria Administrativa, había sido nombrada el 15 de octubre y tomó posesión del cargo el 16 del mismo mes, pero fue declarada insubsistente apenas nueve días después, mediante la Resolución 003738 del 25 de octubre de 2025, firmada por el alcalde designado de Girón, Freddy Cáceres.Según la tutela, al momento de su desvinculación la funcionaria era madre lactante de una bebé prematura de 12 meses, quien hace parte del Plan Canguro y requiere lactancia materna continua. Pinzón había informado oficialmente esta condición a la administración municipal el 17 de octubre, es decir, antes del despido, y había solicitado formalmente la protección laboral reforzada.El juzgado concluyó que, aunque el cargo ocupado por Pinzón Jiménez era de libre nombramiento y remoción, la Alcaldía no podía desvincularla sin analizar su condición de madre lactante, pues la Ley 2306 de 2023 amplió la protección laboral hasta los dos años de edad del menor cuando existe lactancia materna activa.Por esta razón, el juez concedió la tutela y ordenó a la Alcaldía de Girón reintegrarla a su cargo o a otro de iguales o mejores condiciones en un plazo de diez días, así como pagar los salarios, prestaciones y aportes a seguridad social dejados de percibir desde la fecha de la desvinculación.Además, dispuso que la administración le garantice un descanso de 30 minutos dentro de la jornada laboral para amamantar a su hija, sin descuento salarial, conforme a la Ley 2306 de 2023 y la Ley 1823 de 2017.“Las disposiciones sobre cargos de libre nombramiento deben ceder ante las que protegen derechos de rango constitucional, como los de las madres en periodo de lactancia”, señaló el despacho en la sentencia.El fallo también dispuso la desvinculación del trámite de varias entidades que fueron llamadas al proceso, entre ellas la Personería Municipal de Girón, la EPS Sura, el Ministerio del Trabajo, la Clínica Materno Infantil San Luis y la ADRES, al considerar que no tenían responsabilidad directa en la presunta vulneración.La Alcaldía de Girón podrá impugnar la decisión, que de no ser apelada será remitida a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Las autoridades de Santander declararon alerta máxima ante la posibilidad de ataques con explosivos contra batallones y bases militares de la región. La Gobernación anunció una recompensa de hasta 30 millones de pesos para quienes suministren información que permita desarticular planes terroristas, mientras se intensifican las labores de inteligencia militar y policial.La medida fue adoptada tras el atentado con explosivos registrado en Tunja y por la cercanía e influencia de zonas con presencia de grupos armados. La alerta abarca especialmente a Bucaramanga y su área metropolitana, y se extiende a instalaciones en Barrancabermeja y a la zona del Magdalena Medio.La Defensoría del Pueblo, según las autoridades regionales, ha reportado además una expansión de grupos criminales en el oriente del país, entre ellos el ELN, el Clan del Golfo y disidencias de las FARC, lo que habría motivado el refuerzo de las medidas de seguridad.En declaraciones, el coronel Néstor Arévalo, comandante de la Policía de Santander, subrayó la prioridad de fortalecer la inteligencia: “(Debemos) ampliar nuestras capacidades de inteligencia. Y aquí invitamos a los ciudadanos a informar cualquier acción rara. Recuerden que hay un ofrecimiento de parte de la gobernación del departamento de hasta 30 millones de pesos por quien suministra información sobre actores criminales de alto impacto para generar afectación y evitar que se presenten hechos de terrorismo”, dijo.Las autoridades anunciaron operativos de verificación en puntos estratégicos y un aumento de la presencia militar y policial en accesos a instalaciones castrenses y en rutas de alto tránsito, con el objetivo de prevenir atentados y proteger a la población civil.La Gobernación y las fuerzas de seguridad pidieron a la ciudadanía mantener la calma, extremar las medidas de autoprotección y reportar cualquier comportamiento sospechoso a las líneas oficiales para acceder a la recompensa ofrecida y colaborar con las investigaciones.
Las autoridades anunciaron el refuerzo de la seguridad en varios municipios del sur de Santander tras reportes sobre presencia esporádica de estructuras del ELN y el reciente asesinato de un ganadero en el municipio de Coromoro.El comandante de la Policía de Santander, coronel Néstor Arévalo, aseguró que se desplegarán todas las capacidades institucionales para garantizar la tranquilidad de la población, especialmente en el marco de la jornada electoral.Seguridad para elecciones en Santander“Van a haber tropas en absolutamente todos los puntos de votación que hay en el municipio de Coromoro. Nuestra Policía Nacional ha dispuesto capacidades desde San Gil, Charalá, Coromoro, San Joaquín, Ocamonte; todos los municipios que de alguna manera han estado y se están viendo afectados por una presencia esporádica de estructuras del ELN, estamos trabajando”, afirmó el oficial.La medida cobija, entre otros, a los municipios de San Gil, Charalá, San Joaquín y Ocamonte, donde se fortalecerán los dispositivos de control, patrullajes rurales y presencia en puntos estratégicos.El coronel Arévalo indicó que avanzan procesos investigativos para identificar y capturar a quienes estarían facilitando el ingreso o permanencia de integrantes del grupo armado en el territorio.“Hay procesos investigativos en curso con el único propósito de capturar a todas las personas que de alguna manera le están dando esa entrada a esta organización criminal en el territorio, a las redes de apoyo al terrorismo, y en eso estamos trabajando de manera articulada con el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación”, agregó.Las autoridades señalaron que el trabajo se desarrolla de forma coordinada con el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación, con el fin de garantizar la seguridad en la zona rural y urbana de estos municipios, así como esclarecer el homicidio del ganadero en Coromoro, hecho que ha generado preocupación entre los habitantes del sur del departamento.La Fuerza Pública reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier situación sospechosa y suministrar información que permita anticipar acciones de los grupos armados ilegales en la región.
En el casco urbano de Barbosa fue capturado Andrés Felipe Cubides López, de 18 años, requerido por orden judicial por delitos sexuales agravados. De acuerdo con la investigación, el joven habría aprovechado su cercanía con la familia de las víctimas para, mediante engaños y amenazas, someter a dos menores de edad que para, mediante engaños y amenazas, someter a dos menores de edad que para ese entonces tenían entre 9 y 10 años. Los hechos se habrían presentado de manera reiterada desde el año 2021.El caso fue conocido por las autoridades tras la denuncia realizada por las menores, luego de una actividad preventiva desarrollada por la Policía en su institución educativa.El coronel Néstor Rodrigo Arévalo, comandante de la Policía de Santander, afirmó que con esta captura “se envía un mensaje claro de cero tolerancia frente a los delitos que vulneran la integridad de nuestros niños, niñas y adolescentes”, e invitó a la ciudadanía a denunciar a través de la línea 123 o la línea 141 del ICBF.Los delitos por los que es investigado son: acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado y actos sexuales abusivos, en concurso homogéneo y sucesivo.En otro caso, fue capturado en el municipio de Vélez, un hombre de 26 años señalado por la comunidad de realizar actos obscenos en espacio público.Los hechos se registraron en el barrio Ricaurte, donde el capturado, se encontraba consumiendo bebidas embriagantes. Según la denuncia de la ciudadanía, el individuo habría incurrido en comportamientos impúdicos frente a una mujer, lo que generó el rechazo inmediato de los residentes del sector.Al notar la presencia de la Policía, intentó emprender la huida; sin embargo, fue capturado metros más adelante. El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía por el delito de injuria por vías de hecho donde se adelantará su proceso de judicialización.
La Arquidiócesis de Socorro y San Gil confirmó que el papa León XIV nombró a monseñor Luis Augusto Campos Flórez como nuevo arzobispo de la Arquidiócesis de Bucaramanga, marcando así el inicio de una nueva etapa para la Iglesia Católica en la capital santandereana.Monseñor Campos se venía desempeñando desde 2020 como obispo de la Diócesis de Socorro y San Gil, jurisdicción eclesiástica en la que lideró diversos procesos pastorales y de acompañamiento a las comunidades parroquiales de la región.El nuevo arzobispo sucederá en esta misión episcopal a monseñor Ismael Rueda Sierra, quien en 2025 presentó su renuncia al Santo Padre al cumplir la edad establecida por el derecho canónico para el ejercicio de este cargo.De acuerdo con el comunicado oficial, la Iglesia en Bucaramanga confía este ministerio episcopal a un pastor con amplia experiencia en la formación sacerdotal y en el servicio pastoral, aspectos que serán clave en los desafíos actuales de la arquidiócesis.Con este nombramiento, la comunidad católica del área metropolitana inicia un nuevo ciclo bajo la guía de monseñor Campos, quien asumirá la responsabilidad de orientar espiritualmente a miles de fieles en uno de los territorios eclesiásticos más importantes del nororiente colombiano.
Las intensas lluvias que se registran en Santander volvieron a generar emergencias en varias zonas del departamento. En el municipio de San Joaquín, una creciente súbita de la quebrada La Leona, en la vereda Santa Clara, afectó la vía que comunica con Onzaga, poniendo en riesgo a las comunidades rurales y dificultando la movilidad en este corredor.De acuerdo con habitantes del sector, la problemática persiste desde hace varios años y, pese a las intervenciones realizadas por autoridades de gestión del riesgo y entidades estatales, las soluciones implementadas -principalmente canalizaciones- no han resistido los flujos de lodo ni las crecientes súbitas que se presentan con cada temporada invernal.La comunidad asegura que los millonarios recursos invertidos no han dado resultados duraderos y propone atacar la raíz del problema, que estaría en un movimiento en masa en la parte alta de la vereda. Plantean alternativas como la intervención con maquinaria para estabilizar el terreno o la siembra de pasto vetiver, una técnica de bioingeniería que ayudaría a fortalecer los suelos y mitigar futuros deslizamientos.Las lluvias no dieron tregua durante la madrugada de este lunes y provocaron emergencias en municipios como Landázuri, Puerto Parra y El Playón.El caso más crítico se presenta en la vía que comunica a Sucre con Jesús María, donde se mantiene cierre total en el sector Dos Caminos debido a un fenómeno de remoción en masa que cubrió la calzada con tierra y rocas.El director de la Oficina de Gestión del Riesgo, Eduard Sánchez, confirmó que las precipitaciones generaron deslizamientos y afectaciones en distintos puntos del departamento. “Durante la madrugada de este lunes se presentan fuertes lluvias en Landázuri, Puerto Parra y El Playón. Se registra cierre total de la vía entre Sucre y Jesús María, sector Dos Caminos, por fenómeno de remoción en masa”, indicó el funcionario.Este corredor rural ha sido históricamente complejo por su geografía montañosa. La vía atraviesa zonas de ladera con cortes de talud inestables, donde con frecuencia se desprende material que invade la carretera. En varios tramos el paso queda reducido a un solo carril, aumentando el riesgo de accidentes y retrasos.Además del impacto en la movilidad, los derrumbes afectan directamente la economía campesina. Por esta carretera se transportan diariamente productos lácteos y agrícolas desde veredas de La Belleza, Jesús María y Sucre, como leche, café, mora y lulo, que luego son comercializados en mercados regionales e incluso enviados a Bogotá.Las autoridades mantienen monitoreo en las zonas afectadas y no se descartan nuevos cierres, mientras las comunidades insisten en la necesidad de soluciones estructurales que reduzcan el riesgo ante una temporada invernal que, por ahora, continúa generando emergencias en Santander.
En una rápida reacción de la Policía Nacional fue capturado el presunto responsable del homicidio del cantante de música urbana Raúl Archila, ocurrido en el municipio de Málaga, Santander.El joven artista, considerado una promesa del rap en la provincia de García Rovira, fue atacado cuando se movilizaba en una motocicleta por el sector conocido como “La Casita del Pan”.Según informó el coronel Néstor Arévalo, comandante de la Policía de Santander, los uniformados reaccionaron tras escuchar varias detonaciones a escasas cuadras de donde realizaban labores de patrullaje.“Los policías escuchan disparos más o menos a dos cuadras. Inmediatamente la patrulla gira y avanza prácticamente en contravía. En ese momento observan a un sujeto que venía en motocicleta y que hace la misma maniobra, por lo que se inicia la persecución”, explicó el oficial.Durante la huida, el señalado accionó un arma de fuego contra los uniformados, quienes respondieron en uso legítimo de la fuerza. El hombre resultó herido.De acuerdo con el coronel Arévalo, en medio de la persecución el sospechoso lanzó el arma en inmediaciones del sector de la Normal de Málaga. Los policías verificaron el objeto y confirmaron que se trataba de un revólver calibre 38, el cual tenía vainillas percutidas.Posteriormente, el hombre ingresó a una vivienda intentando evadir a las autoridades. Sin embargo, otra patrulla que realizaba el cierre perimetral logró interceptarlo cuando intentaba salir por la parte posterior del inmueble.El capturado fue trasladado a un centro asistencial, donde permanece bajo custodia policial debido a la herida ocasionada durante el procedimiento.La víctima, Raúl Archila, perdió el control de la motocicleta tras recibir el impacto de bala y se desplomó en el sector de “La Casita del Pan”. Su muerte ha generado consternación entre familiares, amigos y seguidores, quienes lo describen como un joven talento en ascenso dentro de la escena urbana de la región.Las autoridades avanzan en el proceso de judicialización del capturado por el delito de homicidio y en la recolección de pruebas que permitan esclarecer los móviles del crimen.
La huelga anunciada por el sindicato Sintraelecol en ESSA no solo abrió un pulso laboral, sino un debate constitucional. Juristas y expertos del sector energético advierten que la protesta podría ser ilegal, debido a que la energía eléctrica está clasificada como servicio público esencial, categoría en la que el derecho a huelga está restringido por la ley.El artículo 56 de la Constitución y la Ley 142 de 1994 establecen que estos servicios no pueden interrumpirse, ya que de ellos dependen derechos fundamentales como la salud, la vida y la seguridad.La empresa presta energía a cerca de 958.000 usuarios en más de 100 municipios, incluyendo hospitales, acueductos, telecomunicaciones, centros penitenciarios y aeropuertos, lo que amplifica el impacto jurídico de cualquier suspensión.El exministro Amylkar Acosta alertó que una parálisis podría generar un “efecto dominó” en el Sistema Interconectado Nacional.De avanzar la huelga y afectar la operación, un juez laboral podría declararla ilegal. Esto abriría la puerta a sanciones como terminación de contratos de trabajadores participantes, pérdida de fuero sindical en determinados casos, responsabilidades disciplinarias o administrativas y posibles eventuales demandas por daños causados a terceros.El documento advierte que el sistema eléctrico no funciona por “servicios mínimos”, ya que generación, mantenimiento y despacho operan de forma continua. Por ello, cualquier interrupción podría traducirse en fallas en cascada, afectando hospitales, acueductos, telecomunicaciones y entidades de seguridad.Si un juez laboral declara la ilegalidad de la huelga, los trabajadores que participen podrían enfrentar terminación de contratos, pérdida de fuero sindical y responsabilidades disciplinarias o económicas por los daños causados.Para el sector, permitir una huelga en una empresa de energía sentaría un precedente complejo en materia constitucional, al poner en tensión el derecho a la protesta frente a la obligación del Estado de garantizar servicios esenciales.Más que un desacuerdo sindical, el caso podría convertirse en un precedente constitucional sobre los límites del derecho a la protesta en servicios esenciales.