Empresarios y ciudadanos de Cimitarra, Vélez, La Paz y Barbosa, en Santander, se unieron a la campaña solidaria “50 mil Razones para Ayudar a Córdoba” y aportaron alimentos para las familias afectadas por las inundaciones en ese departamento.Desde Barbosa hubo respaldo logístico y convocatoria ciudadana; en Cimitarra, empresarios del sector esmeraldero apoyaron la recolección; mientras que en Vélez y La Paz también se sumaron donaciones de víveres. A estos aportes se sumó la entrega de tres toneladas de arroz por parte del molino Improarroz, además de otra tonelada adquirida con recursos propios de la organización promotora.De 14 toneladas de alimentos e implementos recolectados 10 toneladas de ayudas humanitarias fueron trasladadas hasta Montería, Córdoba.La caravana partió el 23 de febrero desde Bogotá en tres camiones y varias camionetas cargadas con alimentos no perecederos, papa, arroz, cebolla y concentrado para perros y gatos. Tras recorrer varios municipios del centro del país, llegó al estadio 18 de junio, centro de acopio dispuesto por la Oficina de Gestión Social para atender a los damnificados.“Logramos entregar 10 toneladas y tenemos cuatro más listas en Bogotá para una segunda fase”, explicó Jorge Lozano, director de la fundación Lozano del Campo, quien destacó que la ayuda es el resultado de la unión de empresarios y campesinos de Bogotá, Boyacá, Cundinamarca, Meta y Santander.Los alimentos son transformados en raciones de comida caliente que se distribuyen en 18 alojamientos temporales donde permanecen miles de personas afectadas. Parte de los productos también se convierten en mercados que son enviados a zonas rurales donde familias continúan aisladas por la emergencia.La donación incluyó además una tonelada de concentrado para animales, entregada a la Asociación Amor Animal, entidad que atiende a más de 770 perros y 330 gatos rescatados.“La campaña continuará con una segunda etapa que contempla un concierto solidario en Bogotá, donde artistas como Adriana Bottina y Jimmy Gutiérrez, entre otros, donarán sus presentaciones para recaudar fondos destinados a la compra de herramientas y equipos que permitan a las comunidades iniciar la recuperación de sus viviendas y fincas”, dijo lozano.La fundación mantiene activo su centro de acopio en Bogotá y continúa gestionando apoyos para ampliar la ayuda a las más de 250 mil personas afectadas por las inundaciones en Córdoba.
Una estructura criminal estaría utilizando menores de edad como “moscas”, una modalidad delictiva en la que los niños son instrumentalizados para alertar sobre la presencia de la fuerza pública y facilitar el transporte de estupefacientes. El caso fue descubierto por la Policía en el departamento de Norte de Santander.Los hechos se registraron en el kilómetro 48 de la vía Sardinata – Cúcuta, sector Los Bananos, jurisdicción del municipio de El Zulia, donde uniformados adelantaban controles viales. Allí fueron capturados en flagrancia dos adultos y puestos a salvo dos niños que se encontraban involucrados en el transporte ilegal de drogas.De acuerdo con las investigaciones preliminares, los menores eran utilizados por la red para advertir sobre retenes y movimientos de las autoridades, exponiéndolos a graves riesgos y vulnerando sus derechos fundamentales. Esta práctica les permitía a los responsables movilizar cargamentos ilícitos con mayor margen de maniobra.Durante la inspección a un vehículo tipo campero, en el que se movilizaban junto a una motocicleta, los uniformados hallaron 36 recipientes plásticos ocultos en las puertas y amarrados al chasis. En su interior había una sustancia rocosa color beige con características similares a la base de coca, con un peso aproximado de 38 kilogramos. Los vehículos fueron inmovilizados y también se incautaron dos teléfonos celulares.El coronel Jair Alonso Parra Archila, director de Tránsito y Transporte de la Policía, rechazó de manera contundente esta modalidad criminal. “Rechazamos y repudiamos el uso de niños, niñas y adolescentes como ‘moscas’ para alertar sobre la presencia de las autoridades. Esta práctica no solo constituye un delito, sino una grave vulneración de sus derechos”, afirmó el oficial, quien agregó que se fortalecerán los controles en los corredores viales del país.Los menores fueron dejados a disposición de la autoridad competente para el restablecimiento de sus derechos, mientras que los dos adultos capturados deberán responder ante la Fiscalía de Cúcuta por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. La Policía reiteró su llamado a denunciar cualquier hecho que ponga en riesgo a niños y adolescentes a la línea 123.
Un vendaval afectó a dos municipios de Santander en las últimas horas, mientras que en otras zonas del departamento se reportaron lluvias, tormentas eléctricas y crecientes súbitas, según el más reciente balance de las autoridades de gestión del riesgo del departamento. Se registraron precipitaciones en la provincia de Vélez, especialmente en los municipios de Jesús María, La Belleza, Sucre y Florián, donde las lluvias generaron alertas preventivas.Asimismo, se presentaron tormentas eléctricas en Mogotes y Guaca, mientras que se reportó una creciente súbita de la quebrada Perchíquez, situación que es monitoreada por los organismos de socorro para prevenir afectaciones mayores.De acuerdo con el más reciente reporte del IDEAM, Santander amanece con cielos mayormente cubiertos y tendencia a tiempo seco durante el día; sin embargo, persiste la probabilidad de lluvias aisladas en zonas de montaña debido a la saturación de suelos.Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad para estar atenta a posibles deslizamientos de tierra, especialmente en sectores de ladera y alta pendiente, y a reportar cualquier emergencia a los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo.De acuerdo con el más reciente informe del IDEAM, la cuenca del río Sogamoso se encuentra en alerta naranja debido a las intensas lluvias registradas en diferentes regiones de Santander. Las precipitaciones en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y el sur de Santander han generado crecientes en los ríos Suárez, Chicamocha y sus afluentes, cuyos caudales desembocan en el embalse de Topocoro.La empresa ISAGEN informó que, aunque el embalse ha logrado soportar las crecientes y la central opera actualmente con plena capacidad instalada, se inició una etapa de seguimiento técnico ante la cercanía del nivel máximo permitido. De mantenerse las condiciones meteorológicas, en los próximos días podría iniciarse un vertimiento controlado desde la Central Hidroeléctrica Sogamoso.Los organismos de atención continúan en monitoreo permanente ante cualquier eventualidad que pueda presentarse en las próximas horas en Santander.
La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga confirmó el pasado 18 de febrero de 2026 la condena contra el abogado Orlando Soto Uribe y el exsecretario del Juzgado Cuarto Promiscuo de Piedecuesta, Martín Ospino Villafañe, por el delito de fraude procesal, en un caso relacionado con el despojo de tierras en Santander.El fallo ratificó la decisión de primera instancia al establecer que ambos participaron en irregularidades dentro del proceso de adición a la partición del predio conocido como “El Tamarindo". El terreno está ubicado en la vereda Palogordo, en jurisdicción de Girón.Según la sentencia, Soto Uribe inició y tramitó una demanda de adición a la sucesión sin contar con un poder legalmente conferido para ese fin. Por su parte, Ospino Villafañe, en su condición de secretario del despacho judicial, dio curso al proceso pese a la ausencia de los soportes legales requeridos, lo que permitió que avanzara de manera expedita.De acuerdo con lo probado en juicio, estas actuaciones derivaron en la apropiación ilegítima de tierras y en el desplazamiento de familias campesinas que eran propietarias del predio, entre ellas la familia Sánchez Quitián, Eduardo Pedroza Corredor, Ramiro Jaimes, Raúl Meléndez y Reinaldo Torres.Para Leslie Amaya, abogada del Equipo Jurídico Pueblos, la decisión representa “una victoria histórica” tras más de 20 años de lucha judicial. “Las familias fueron desplazadas y despojadas de sus tierras. Esta condena reconoce que el proceso se inició, tramitó y culminó sin que existiera un poder válido, y que desde el despacho judicial se facilitó que se materializara el despojo”, señaló.La abogada explicó que, tras concretarse el control del predio, las tierras fueron vendidas a terceros, entre ellos personas cercanas a quienes promovieron el proceso. En el contexto de este conflicto también se registraron amenazas, hostigamientos y hechos violentos, incluidos los asesinatos de los hermanos Jesús Antonio y Luis Eduardo Sánchez Quitián.La sentencia de segunda instancia aún puede ser objeto de recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia. En caso de que la condena quede en firme, las familias esperan avanzar en los trámites ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos para corregir las escrituras y recuperar formalmente las tierras.
A pesar de las cuantiosas pérdidas por las recientes lluvias que siguen siendo evaluadas en el Urabá antioqueño, una buen noticia llegó para la subregión tras una reciente visita del director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, a los municipios de Arboletes y San Juan de Urabá.Tras el visto bueno de ingenieros militares cada vez está más cerca la llegada de los puentes metálicos provisionales anunciados para dos pasos clave en la zona: el que derribó una creciente sobre el río Mulatos y que comunica a Necoclí y San Juan de Urabá, y el otro sobre el río San Juan que cedió por la fuerza del río y tiene sin vía directa a Arboletes con el departamento de Córdoba.En medio de una conversación con la comunidad, Carrillo detalló que están a disposición las estructuras de 42.7 metros para ser instaladas en ambos lugares, pero posterior a las obras que inicialmente ejecutará la Gobernación de Antioquia con la construcción de los estribos para las mismas."La Gobernación construye este pedazo de concreto que se necesita e inmediatamente lo lanzamos. El lanzamiento toma unos ocho días, entonces lo que se demore la Gobernación que hará esto por urgencia manifiesta, contratación directa, expedita y luego nosotros lo ponemos", dijo.Carrillo también destacó que continúa la asistencia humanitaria de los damnificados en la subregión por parte del Gobierno nacional previo censo construido por parte de las administraciones locales.De igual manera, en los próximos días se habilitará un comedor popular en el que se preparará y servirá comida caliente empleando mano de obra y productos de la subregión como una manera de volver a dinamizar uno de los sectores más golpeados por las lluvias como la economía.
Autoridades revelaron los detalles detrás de lo sucedido a Estefanía Restrepo Valencia, una creadora de contenido conocida en el mundo de las redes sociales como la Traviesa, quien el 13 de octubre fue asesinada en el sector de La Tablaza, del municipio de La Estrella, cuando se encontraba con su expareja sentimental, quien fue capturado en las últimas horas.Inicialmente, Rubén de Jesús Saldarriaga Sánchez llegó a la Clínica Las Vegas en Medellín, donde intentó encubrir los hechos manifestando que su compañera al oponerse al robo, fue agredida con arma cortopunzante, motivó por el que falleció, pero las autoridades adelantaron el análisis de cámaras de video vigilancia públicas y privadas, realizaron entrevistas, la inspección técnica al lugar de los hechos, el análisis forense y el estudio detallado del vehículo donde ocurrió la agresión. El general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana, detalló que el lado en el que fue agredida la víctima fue lo que dio indicios de que el señalado agresor mentía."En el sector de la variante podemos establecer que ellos no fueron objeto de ninguna agresión, de hurto calificado, sino que los hechos se suscitaron al interior del vehículo marca Mazda tipo Sedán. Se hace la recolección de los elementos materiales de las manchas de sangre y se pudo establecer que el origen de ese ataque no fue de la parte externa, sino que el hecho se presentó al interior del vehículo", indicó el general Bello. Además los propios familiares de Estefanía detallaron que el hombre le había sido infiel y días antes habían tenido una discriminó por esta razón, lo que motivó el fin de su relación. "Este delincuente siempre la acompañaba a hacer diferentes actividades para que ella pudiera crear todo ese contenido digital es poner en las redes sociales, los familiares son los que nos indican que ya habían habido algunos casos de intolerancia por la infidelidad de este delincuente", aclaró. El secretario de seguridad de Medellín, Manuel Villa, indicó que este caso reúne las circunstancias para que el hombre sea juzgado por el delito de feminicidio, que deberá ser tipificado por la Fiscalía."En este caso se trataría de un feminicidio, ya tocaría que sea la Fiscalía y se tipifique de esta manera, y que el tipo pague. Es un homicidio de un hombre a una mujer por motivos pasionales encaja 100% en lo que es un feminicidio y se trata de de un feminicidio y deberá responder como tal", señaló el secretario.Parte de los elementos que llamaron la atención de las autoridades es que el hombre recorriera en su carro Mazda desde la variante Caldas hasta el barrio El Poblado para que la mujer recibiera atención médica, en vez de acudir a centros asistenciales del sur, más cercanos al epicentro de los hechos.Tras la captura de este hombre en vía pública del barrio Robledo Palenque, en Medellín y las audiencias concentradas, un juez le dictó medida de aseguramiento privativa de la libertad.
La muerte de Cecilia Quintero en Cúcuta volvió a encender las alarmas sobre la situación del sistema de salud en Norte de Santander. La mujer falleció mientras esperaba medicamentos para su hijo con discapacidad, un caso que sindicatos del sector califican como reflejo de un modelo que atraviesa una profunda crisis financiera y, según denuncian, un proceso de “deshumanización”.En entrevista con MañanasBlu10:30AM, el presidente del Sindicato de Trabajadores de la Salud de Norte de Santander, Aristides Hernández, responsabilizó al Gobierno Nacional por la gestión de las EPS intervenidas, especialmente de la Nueva EPS, y cuestionó los constantes cambios en su dirección."El gobierno nacional ha cambiado 5 veces la interventoría en menos de 2 años... estratégicamente cambian el interventor porque cuando nos sentamos a hacer las conciliaciones y concertaciones, y cuando llegamos a la nueva mesa para mirar el desarrollo, lo que vemos que no se ha cumplido en nada", afirmó.Según el dirigente, cada relevo en la interventoría implica retrocesos en los acuerdos de pago con hospitales y clínicas, lo que mantiene en asfixia financiera a la red prestadora.Aunque desde la intervención se asegura que se realizan giros directos de entre el 80 % y 90 % a hospitales y farmacias, en el Hospital Universitario Erasmo Meoz —principal centro asistencial del departamento— aseguran que esos recursos no se reflejan en la práctica. Hernández, quien participa en la mesa de control de gastos del hospital, sostiene que las deudas siguen creciendo.El sindicato advierte que el caso de Cecilia Quintero no sería aislado. Hernández habló de un patrón de desatención que estaría generando consecuencias fatales."Nosotros ya decimos a los medios de comunicación que muera una persona por desatención ya no es noticia, porque todos los días, todos los días podemos llevar en este momento más de 5.000 personas que han fallecido por la desatención", expresó.Además del impacto en los pacientes, la crisis golpea directamente al personal médico. En varias IPS del departamento se reportan salarios adeudados desde octubre del año pasado y pagos parciales que no permiten estabilidad económica. Esto ha provocado renuncias y despidos, debilitando aún más la capacidad de atención.Frente a las declaraciones del Ministerio de Salud sobre llevar a las EPS a “cuidados intensivos”, Hernández respondió: "Los que estamos en cuidados intensivos somos los colombianos".
El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, confirmó que durante el consejo de ministros de este martes no firmó la convocatoria para impulsar la Asamblea Nacional Constituyente promovida por el presidente Gustavo Petro.Desde Cartagena, donde participa en la II Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural (ICARRD+20), el Minjusticia señaló que se trata de algo casi “anecdótico”, que ya había hablado en su momento con el Presidente, y que considera que es un tema “político” y “polémico”, del que prefiere “blindar” la agenda técnica del Ministerio de Justicia.“Le planteé mis observaciones, no manifestó mayor inquietud y ahora que ya inició el proceso, pues yo he manifestado mi opinión de que no acompaño, digamos, el proceso como tal, pero no es que sea un tema de que estoy enfrentado con el presidente y con el resto de compañeros de gabinete por eso. No, no ha habido ninguna instrucción de que hay que firmar el formulario. El ministro Sanguino, en el contexto de un consejo de ministros, hizo la petición y no hay ninguna instrucción de que haya que firmar; yo creo que el Presidente nos ha enviado el mensaje de que eso cada quien lo hace, porque ahí se firma en ejercicio de ciudadano, no se firma como ministro”, explicó.El recientemente designado jefe de la cartera de Justicia también aseguró que ha expresado su punto de vista con tranquilidad.“Yo expresé mi punto de vista sin que eso se convierta en un conflicto al interior del Gobierno; se ha tomado con muchísima naturalidad y tranquilidad e, incluso, yo creo que habla bien del Gobierno y del presidente que haya distintas posturas sobre un tema complejo”, sostuvo.El ministro Cuervo asimismo dejó claro que esta decisión no significa que esté en desacuerdo con el presidente Petro y sus políticas de Gobierno: “Yo creo que incluso le viene bien al Gobierno que se entienda que puede haber personas del gabinete que pueden no estar de acuerdo con algunas cosas. En lo que yo sí tengo plena afinidad con el presidente es con las políticas del Gobierno; con eso sí, yo, por decirlo de alguna manera, cumplo mis deberes institucionales y sigo la línea directriz de política del presidente en lo que tiene que ver con el sector Justicia”, puntualizó.Por otro lado, el ministro de Justicia también habló del momento que atraviesa en el Congreso la Ley de Jurisdicción Agraria, que podría hundirse de no aprobarse en esta legislatura.Explicó que ya han identificado un “cuello de botella”, entre ellos el rol de la Agencia Nacional de Tierras y de los jueces frente a las situaciones de clarificación de la propiedad.“Estamos abiertos a un buen texto, un texto en el que salga muy bien el tema. No tenemos unas líneas rojas muy claras, estamos dispuestos a escuchar y a ceder, pero también un poco en la idea de que los otros también entiendan. Yo creo que si se aprueba la jurisdicción agraria gana el país”.
El exministro y hoy candidato presidencial Daniel Palacios confirmó en entrevista con mañanas Blu 10:30 que viajó a Washington para solicitar a las autoridades de Estados Unidos revisar menciones del senador Iván Cepeda en los computadores de Raúl Reyes, en el marco del proceso judicial contra Nicolás Maduro.Durante el diálogo, Palacios negó haber actuado por instrucción del expresidente Álvaro Uribe. “Yo he hecho una campaña independiente (…) no milito en el Centro Democrático”, afirmó. Añadió que su movimiento recogió más de 1.300.000 firmas y que las decisiones adoptadas responden, según dijo, a lo que considera “responsable con el país”.Solicitud ante autoridades de Estados UnidosEl exministro explicó que presentó una solicitud directa ante la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, para que se revisen las menciones de Cepeda en el material incautado a Raúl Reyes.“Si esos computadores se les ha dado validez en Estados Unidos (…) lo que yo le pedí a la fiscal general de los Estados Unidos es que lo revise y que si ve esas menciones de Iván Cepeda y considera que deben ser investigados, pues que se haga, porque nadie puede quedar en la impunidad y Colombia merece saber la verdad”, sostuvo.Palacios señaló que entre el 13 y el 27 de marzo se desarrollaría la primera audiencia contra Maduro y que allí se conocerían los elementos probatorios. Según indicó, el computador de Raúl Reyes “es una pieza fundamental” dentro del proceso.Respuesta a señalamientos y relación con el Centro DemocráticoFrente a los señalamientos de Cepeda, el candidato cuestionó lo que calificó como una estrategia de victimización. “Se tiene que conocer la verdad de sus vínculos, de sus relaciones, de su cercanía con las extintas Farc, y nadie está por encima de la ley, señor Cepeda”, expresó.Sobre su relación con el Centro Democrático, Palacios aseguró que no existe una pelea. “Sencillamente se tomó una decisión de hacer una competencia de manera independiente (…) no seré obstáculo para quien tenga mayor chance de derrotar el continuismo de Gustavo Petro”, afirmó.Finalmente, reiteró que su candidatura busca “derrotar a la delincuencia” y evitar lo que denominó el “continuismo” del actual gobierno, insistiendo en que continuará con su campaña presidencial.Escuche la entrevista completa acá:
En medio de una ofensiva policial contra estructuras del crimen organizado en el asentamiento humano El Páramo, en Floridablanca, fue capturado Miguel David Núñez Machado, alias “Colin”, señalado como presunto jefe de sicarios de la organización criminal Tren de Aragua.El arresto del peligro delincuente venezolano se materializó tras labores investigativas con control territorial de las autoridades en el sector de La Cumbre, en Floridablanca. Según las autoridades, el capturado registra una orden de captura vigente en Venezuela por los delitos de homicidio y tráfico de armas, lo cual motivó su búsqueda internacional.Alias “Colin” habría coordinado la logística del sicariato y otras actividades delictivas para esa estructura transnacional del Tren de Aragua, lo que constituye un golpe significativo a la presencia y operación de este grupo en el área metropolitana de Bucaramanga.En la vivienda donde se refugiaba alias 'Colin', fue detenida otra persona con órdenes judiciales activas en su contra. La Policía halló varias dosis de estupefacientes y una motocicleta reportada como hurtada. El procedimiento fue dejado a disposición de la autoridad competente para adelantar el proceso de judicialización correspondiente y coordinar los trámites internacionales que correspondan, de acuerdo con la normativa vigente.La Policía Nacional anunció que continuará realizando operativos contra bandas criminales que afectan la tranquilidad en Bucaramanga y el área metropolitana.
La Alcaldía de Bucaramanga endureció las reglas contra quienes arrojen colchones, muebles, llantas, escombros y otros residuos voluminosos en calles, parques y zonas verdes de la ciudad. A través del Decreto 0029 de 2025, la administración municipal estableció nuevas obligaciones para ciudadanos y comerciantes, y anunció sanciones económicas y hasta suspensión de actividades para quienes incumplan.El alcalde Cristian Fernando Portilla aseguró que la medida busca frenar la proliferación de puntos críticos de basuras que, según la Alcaldía, afectan la salud pública, deterioran el espacio público y generan riesgos ambientales.“En Bucaramanga no vamos a permitir que colchones, muebles, llantas o escombros sigan invadiendo el espacio público. Este decreto establece reglas claras, responsabilidades precisas y sanciones contundentes”, afirmó el mandatario.Desde ahora, hogares, comercios y establecimientos deberán separar estos elementos de la basura común, no mezclarlos con residuos orgánicos y evitar dejarlos en cestas públicas, contenedores pequeños, andenes, separadores viales, rondas hídricas o parques.El decreto también pone especial atención en talleres mecánicos, almacenes y otros establecimientos que produzcan residuos voluminosos. Estos deberán certificar que entregaron los desechos a un gestor autorizado y conservar actas o manifiestos de disposición final para presentarlos cuando la autoridad lo requiera.La Secretaría de Salud y Ambiente será la encargada de verificar el cumplimiento y podrá iniciar procesos administrativos si encuentra inconsistencias.El incumplimiento de la norma dará lugar a medidas correctivas contempladas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Entre ellas están multas, procedimientos policivos inmediatos y, en casos de reincidencia, la suspensión temporal de actividades comerciales.El decreto ya está vigente y será acompañado por un protocolo municipal que orientará a la ciudadanía sobre cómo separar, disponer y solicitar la recolección adecuada de residuos voluminosos.
La Dirección de Tránsito de Bucaramanga anunció que volverá a implementar la restricción a la circulación de motocicletas entre las 12:00 de la medianoche y las 4:00 de la mañana, medida que fue anulada por el Tribunal Administrativo de Santander tras una demanda.El director de Tránsito, Jahir Manrique, confirmó que la nueva resolución está en construcción y que en menos de un mes será socializada nuevamente a la ciudadanía. A diferencia de la anterior, que operaba de lunes a domingo, la restricción ahora aplicará únicamente los fines de semana, desde el jueves hasta el domingo, incluidos los festivos, y regirá hasta el 31 de diciembre de 2026.Según explicó el funcionario, la decisión se sustenta en los resultados obtenidos durante el tiempo en que estuvo vigente la medida.“Cerramos el año 2024 con cifras alarmantes en muertes, accidentes y lesionados. En 2025, cuando operó la restricción, logramos una reducción de 10 muertes frente al año anterior; así fuera una sola, es un logro grandísimo”, señaló.Manrique detalló que, además de las 10 muertes menos, la ciudad registró una disminución del 20 % en accidentes de tránsito y del 17 % en el número de lesionados durante 2025, en comparación con 2024. Indicó que la mayoría de los siniestros fatales se concentraban en la franja horaria de la medianoche a las 4:00 a.m., especialmente los fines de semana, cuando se incrementa la conducción bajo efectos del alcohol.El director aseguró que la entidad acató el fallo judicial y suspendió comparendos y operativos relacionados con la restricción, pero que ya trabajan con el equipo jurídico y técnico para expedir una nueva resolución ajustada a derecho.“La medida funciona y nuestra misión es proteger la vida de los bumangueses”, enfatizó. Añadió que la restricción busca evitar que personas que consumen licor utilicen la motocicleta en estado de alicoramiento y generar mayor orden en la ciudad.
La Policía en Bucaramanga informó que logró en menos de 48 horas la captura de uno de los hombres que figuraba en el cartel de los más buscados por el delito de hurto calificado y agravado.De acuerdo con el reporte oficial, el detenido tenía una orden judicial vigente por hechos ocurridos el 7 de enero de 2025 en el barrio La Concordia, donde, presuntamente, participó en el hurto de 208 millones de pesos en efectivo. Según las investigaciones, el implicado utilizaba prendas similares a las de una empresa de aseo para cometer el ilícito.Las autoridades indicaron que el trabajo investigativo permitió recopilar elementos materiales probatorios que sustentaron la orden de captura y facilitaron su posterior ubicación. Este resultado representa, según la institución, un avance significativo en la ofensiva contra el delito de fleteo en el área metropolitana.Asimismo, el capturado estaría vinculado a otro caso ocurrido el 14 de enero de 2026 en el barrio El Gaitán, donde presuntamente participó en el hurto de 12 millones de pesos a una mujer que se movilizaba en motocicleta y fue interceptada durante la acción criminal.De igual manera, el 30 de enero de 2025 había sido capturado en flagrancia en el municipio de Acacías por otro caso de fleteo contra una mujer, quien resultó gravemente lesionada en el rostro durante el hecho.El brigadier general William Quintero Salazar destacó: “este resultado es producto del trabajo técnico y sostenido de nuestra Seccional de Investigación Criminal. Seguimos identificando, ubicando y capturando a quienes generan mayor afectación a la ciudadanía”.El detenido fue dejado a disposición de la autoridad judicial competente para que responda por el delito de hurto calificado y agravado, mientras avanzan las actuaciones judiciales.
La muerte de Cecilia Quintero, una mujer de 70 años que colapsó mientras hacía fila en un dispensario de Cafam en Cúcuta para reclamar medicamentos, ha generado conmoción y cuestionamientos sobre las fallas en la entrega de tratamientos médicos.En entrevista con Blu Radio, su hijo, Edinson Rojas, aseguró que la familia no ha recibido respuestas claras tras el fallecimiento. “No se han comunicado. El único comunicado que dio Cafam fue por redes sociales, que estaban investigando, pero de ahí nada más”, afirmó.Rojas explicó que su madre, una enfermera pensionada que vivía en Chinácota, padecía insuficiencia renal y hepática, pero su estado era estable mientras recibía sus medicamentos. Sin embargo, denunció que desde hacía años enfrentaba demoras en la entrega. “Hace varios años ya le empezaron a tomar del pelo. Ya no le entregaban a tiempo. Ella vivía en Chinácota y pedir mensualmente se le dificultaba. Entonces ya a partir de diciembre prácticamente no le entregaron”, dijo.También señaló que no han recibido avances de las autoridades sobre el caso. “No, hasta el momento nada, absolutamente nada”, expresó, al tiempo que pidió que se investigue lo ocurrido. “Le pido a las autoridades que realmente hagan algo, porque no es solo mi madre”, agregó.Rojas reiteró que su madre necesitaba medicamentos para tratar enfermedades cardíacas, renales y hepáticas, y que la última vez que recibió tratamiento fue en diciembre de 2025. “Desde diciembre hasta acá no le habían vuelto a dar medicinas”, afirmó.El día de su fallecimiento, Cecilia Quintero había viajado desde Chinácota hasta Cúcuta para reclamar sus medicamentos y otros insumos médicos, incluidos pañales para su hijo. En medio de la espera dentro del dispensario, su estado de salud se deterioró.Su hijo también describió la difícil situación médica de su familia. “Mi padrastro es hipertenso y fue operado del corazón. Y mi hermano está en silla de ruedas desde hace muchos años. Son situaciones que son insoportables”, señaló.La familia pidió a las autoridades esclarecer lo ocurrido, en medio de crecientes denuncias por demoras en la entrega de medicamentos en distintas regiones del país.
El Instituto Nacional de Vías (Invías) informó que fue restablecida la movilidad en el kilómetro 3 de la Troncal del Carare, a la altura del sector de Gualilo, luego de culminar los trabajos de remoción de un derrumbe que bloqueaba por completo el paso entre Landázuri y Barbosa.Según el comunicado oficial, con el apoyo de maquinaria amarilla y personal técnico del Invías se logró retirar cerca de 11.000 metros cúbicos de material, lo que permitió habilitar nuevamente la circulación vehicular en este tramo afectado por las intensas lluvias que azotan la región.Mientras tanto, en los kilómetros 27, 28 y 29 de la misma vía, donde se presentó una remoción en masa de gran magnitud que ocasionó la pérdida total de la calzada, el Invías continúa realizando inspecciones y estudios técnicos con un equipo de expertos en geología, ingeniería y geotecnia.“El objetivo es establecer rutas alternas para el transporte liviano y evaluar alternativas de solución definitiva para garantizar la conectividad entre los municipios afectados”, indicó la entidad.Los trabajos se adelantan en coordinación con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con el fin de avanzar en la identificación de las causas, el grado de afectación y las acciones necesarias para recuperar de manera permanente la vía que comunica a las provincias santandereanas del Carare y Vélez.
Las autoridades de Cimitarra y la Electrificadora de Santander (ESSA) adelantan acciones urgentes para garantizar el bienestar de los pacientes que dependen de equipos médicos eléctricos, mientras continúan las labores para restablecer el servicio de energía en el sur del departamento.Desde hace una semana, los habitantes de Cimitarra y otros municipios de la región del Carare enfrentan un apagón causado por un gigantesco movimiento de tierra en inmediaciones de Vélez, que destruyó tres torres del sistema de transmisión regional de 115 kilovoltios y dejó sin suministro eléctrico a miles de familias.Ante la prolongada emergencia, la Alcaldía de Cimitarra realiza un censo para identificar a las familias campesinas que tengan pacientes en condición de salud crítica y cuyos tratamientos o equipos —como concentradores de oxígeno o nebulizadores— dependan del servicio eléctrico. La administración municipal invitó a los afectados a acercarse a la Secretaría de Salud para recibir acompañamiento y priorización.“Estamos verificando casa por casa a los pacientes que dependen de energía para equipos vitales. Nuestro propósito es que ninguno se vea afectado mientras se restablece el servicio”, informaron voceros del municipio.Paralelamente, la ESSA avanza con la construcción de estructuras de emergencia que permitirán reactivar la línea de transmisión por una ruta provisional de dos kilómetros, rodeando la zona afectada. De acuerdo con estimaciones de los geólogos, el deslizamiento comprometió alrededor de 200 hectáreas de terreno.Según explicó Wilton Flórez, jefe del área de gestión operativa de la ESSA, cerca de 80 trabajadores han permanecido en el sitio desde el 30 de octubre. “Estamos ejecutando un desvío de la línea de 115 kilovoltios y hemos dispuesto todos nuestros recursos humanos y técnicos para restablecer el servicio lo antes posible”, señaló.Hasta el momento, ya fue finalizada la construcción de la primera torrecilla de emergencia y avanza el montaje de las siguientes. Las labores, realizadas en condiciones difíciles por la inestabilidad del terreno, se desarrollan con apoyo de personal técnico y maquinaria especializada.Mientras tanto, la empresa mantiene un plan especial de suministro y comunicación para los usuarios de Cimitarra y sectores rurales de Bolívar, El Peñón, Landázuri, La Belleza, Puerto Parra y Sucre, con el fin de minimizar los impactos en los hogares más vulnerables.
La situación en varias zonas rurales de Santander, Colombia, es crítica. Un desprendimiento de tierra de gran magnitud mantiene en emergencia a decenas de familias campesinas que han visto cómo sus cultivos, viviendas y animales han quedado sepultados o aislados por la inestabilidad del terreno.La falla geológica, que continúa activa, afecta principalmente a comunidades del Carare, donde los habitantes intentan, con herramientas improvisadas, despejar los caminos bloqueados por árboles y escombros. “Estamos abriendo camino, arreglando la trocha”, relataron los agricultores en videos que han sido difundidos, mientras se abren paso entre la vegetación destruida.Las pérdidas son cuantiosas. Muchos campesinos aseguran que gran parte de su ganado desapareció tras los movimientos de tierra que arrasaron los pastizales. “Esa es la problemática más urgente que tenemos. Hay mucho ganado perdido y toca ir a buscarlo a pie”, manifestó Marco Fidel González, uno de los afectados.Inicialmente, las autoridades reportaron la evacuación de 29 familias, pero la cifra sigue aumentando a medida que la emergencia se extiende, y ya son cerca de cien. Los habitantes denuncian que no han podido salir de sus veredas por el riesgo que representa el terreno inestable y por el colapso de las vías terciarias.Los pobladores hacen un llamado urgente al Gobierno Nacional, pues en esta región hay ganaderos, lecheros, cacaoteros, porcicultores y avicultores.Los líderes sociales de la región aseguran que esta tragedia evidencia la falta de inversión en infraestructura vial. Señalan que, en los proyectos priorizados dentro del denominado Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes Vías para la Paz, no fue incluido ni un solo kilómetro en beneficio de Santander. “Somos la cuarta economía del país, pero la número 18 en atraso vial”, cuestionó Erwing Jiménez, líder social.Mientras tanto, las autoridades departamentales y los organismos de socorro mantienen la alerta y piden precaución a los habitantes. La falla geológica continúa activa y el riesgo de nuevos desprendimientos persiste.Las comunidades de la Transversal del Carare y de al menos cinco municipios afectados insisten en que, durante años, han solicitado mantenimiento y obras de contención en este corredor vial sin recibir respuesta efectiva.
Usuarios de la Nueva EPS protestaron en la entrada de la sede ubicada en el sector de Cabecera, en Bucaramanga, para exigir atención oportuna y la entrega de medicamentos. Los manifestantes no permitieron el acceso al edificio en señal de inconformidad por los continuos retrasos en la asignación de citas especializadas y tratamientos médicos.Entre los asistentes a la manifestación se encontraba Johana Ortiz, madre de Emiliano Sánchez Ortiz, un paciente en estado vegetativo que requiere cuidados permanentes y oxígeno las 24 horas. La mujer denunció la falta de suministro de insumos y medicamentos esenciales pese a haber agotado todos los canales legales.“Mi hijo está oxigenado 24/7. He seguido todos los canales regulares: veeduría, Defensoría del Pueblo, juzgados y cartas a la Nueva EPS. Tengo el sistema jurídico colapsado y, aun con tutelas y acciones, no dan respuesta”, afirmó Ortiz.La cuidadora aseguró que desde hace tres meses no recibe los pañales ni los anticonvulsivos que necesita su hijo.“¿Qué hace la Nueva EPS? Entregar nuevas autorizaciones al dispensario de medicamentos Ofimédica, pero esa empresa no tiene contrato. Nos mantienen en trámites pendientes por todos lados. Soy el cuidador primario, y una sola lata del alimento que él necesita cuesta $800.000 y dura un día”, agregó.Los usuarios piden a la Superintendencia Nacional de Salud y a las autoridades competentes que intervengan ante lo que califican como un abandono institucional. Según los manifestantes, la situación se repite en otras sedes de la Nueva EPS en Santander, donde pacientes de alto costo aseguran que sus tratamientos se encuentran suspendidos por falta de entrega de medicamentos y demoras en los procesos administrativos.En Barrancabermeja más de 500.000 usuarios de la Nueva EPS amanecieron este miércoles sin acceso a servicios médicos en la Clínica La Magdalena, el principal centro asistencial del Magdalena Medio.La suspensión obedece a una millonaria deuda que, según las directivas del hospital, supera los 30.000 millones de pesos.La Clínica La Magdalena, ubicada en Barrancabermeja, atiende a pacientes del sur de Bolívar, sur del Cesar, Antioquia y otras zonas del país, convirtiéndose en un punto clave para la atención especializada en esta región.“Hoy enfrentamos una situación muy compleja. Nos vemos en la necesidad de suspender la atención a los usuarios de la Nueva EPS, debido a la falta de pagos oportunos por parte de esta entidad. Hemos hecho todos los esfuerzos posibles para no detener el servicio, incluso asumiendo con recursos propios las obligaciones pasadas. Pero hoy llegamos a un punto en el que la sostenibilidad está en riesgo”, afirmó Karen Sarmiento, gerente de la clínica.Ante la gravedad del panorama, la Secretaría de Salud de Santander anunció que está evaluando un plan de contingencia para garantizar la atención médica de los usuarios y evitar la suspensión de tratamientos en curso, especialmente aquellos que requieren atención de alta complejidad.
La empresa Isagen anunció que este miércoles 25 de febrero, a partir de las 2:00 de la tarde, iniciará la apertura intermitente y controlada de compuertas en el canal de vertedero de la Central Hidroeléctrica Sogamoso, debido al aumento sostenido de los niveles del embalse Topocoro por las fuertes lluvias registradas en las últimas semanas.La compañía explicó que las crecientes en las cuencas de los ríos Suárez y Chicamocha, principales afluentes del Sogamoso, han generado un incremento significativo en los aportes hídricos. Los niveles del embalse se acercan a la cota máxima de 320 metros sobre el nivel del mar (msnm), por lo que se hace necesario realizar vertimientos para mantener condiciones estables y seguras en la operación.De acuerdo con el más reciente informe técnico del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), más de 20 cuencas hidrográficas del país se encuentran en alerta naranja y roja por las lluvias y tormentas, entre ellas la del río Sogamoso y varios de sus afluentes, como el río Chucurí.Isagen destacó que, en medio de este panorama, el embalse Topocoro ha cumplido su función reguladora, absorbiendo las crecientes y reduciendo el riesgo de afectaciones aguas abajo, lo que contribuye a la protección de las comunidades ribereñas. Según la empresa, el promedio de afluencias acumuladas en febrero ha alcanzado el 308 % frente al histórico del mes, y en los últimos días los aportes hídricos han llegado al 450 % del promedio histórico.La compañía aseguró que la central mantiene la generación de energía en toda su capacidad instalada, aportando de manera constante y segura al Sistema Interconectado Nacional.Asimismo, la empresa informó que mantendrá comunicación directa con comunidades e instituciones para brindar información oportuna sobre la evolución de la situación.Recomendaciones a la comunidadAnte el incremento del caudal del río Sogamoso, ISAGEN pidió a la comunidad:* Abstenerse de acceder a la zona del río entre Puente La Paz y la presa Latora.* Estar atentos al aumento en el nivel del río.* Evacuar las islas que se forman a lo largo del afluente.* No ubicar pertenencias cerca de la orilla.* Vigilar permanentemente a los niños y evitar que permanezcan solos en charcos o riberas.* Trasladar ganado y semovientes a zonas altas y alejadas del río.La empresa advirtió que algunos cultivos ubicados en planicies y zonas de inundación natural podrían verse anegados por el incremento del nivel del agua.
En lo corrido de 2026, las autoridades en Bucaramanga ha expulsado a 16 ciudadanos extranjeros que registraban alertas enlazadas con Interpol, según confirmó el secretario del Interior, Alfonso Pinto Frattali.El funcionario explicó que estas expulsiones hacen parte de un trabajo permanente de control migratorio y seguridad que se adelanta en la ciudad. “Es un tema diario. Todos los días los operativos que lideramos van con acompañamiento de Migración”, señaló.Entre los casos, Pinto mencionó la expulsión de un estadounidense con alerta del sistema ‘Ángel Watch’, relacionada con delitos sexuales en su país. En este caso, la medida también implicó la salida del país de su hijo quien lo estaba acompañando. Asimismo, indicó que varios de los expulsados tenían alertas por hurto agravado y calificado y otros delitos contra la convivencia.El secretario precisó que la caracterización de los ciudadanos intervenidos permite establecer cuántos contaban con estas alertas: en enero fueron nueve y en febrero siete.De acuerdo con el balance entregado, en lo que va del año se han realizado casi 70 operativos de control en diferentes puntos de Bucaramanga, lo que ha permitido detectar ciudadanos con antecedentes o alertas internacionales. En promedio, la ciudad está registrando una expulsión cada tres días.Finalmente, el funcionario reiteró que continuarán los controles para garantizar que la migración en la ciudad sea regularizada y caracterizada."Bucaramanga y Santander históricamente han sido territorios abiertos a la migración que aporta al desarrollo regional. Todo extranjero que venga a hacer cosas buenas y aportar a la ciudad es bienvenido”, afirmó. Sin embargo, advirtió que quienes tengan anotaciones judiciales o atenten contra la convivencia deberán regresar a su país de origen o responder ante la justicia colombiana.
Luego de la captura de la madre y la tía de una menor de edad en hechos relacionados con un presunto abuso sexual, por solicitud de la Fiscalía, un juez en Bucaramanga envió a la cárcel a las dos mujeres, quienes deberán responder por el delito de homicidio agravado.Los hechos ocurrieron el pasado 18 de febrero en el asentamiento humano Los Laureles en la capital santandereana, cuando las dos mujeres ingresaron de manera violenta a la vivienda de César Augusto Neira Menco, de 45 años, atacarlo por presuntamente haber abusado sexualmente de la niña.Madre y tía no aceptaron los cargos, sin embargo, el Juez 12 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Bucaramanga las envió a la cárcel con base en las pruebas presentadas por el ente investigador.Tras la captura de las mujeres, la tarde del pasado 18 de febrero, la Policía Metropolitana de Bucaramanga, señaló que no se conocían denuncias previas del presunto abuso sexual a la menor de 14 años, ante las autoridades.“Los hechos estarían relacionados con un presunto caso de abuso sexual contra una menor de 14 años, que habría ocurrido en la mañana del mismo día. Sin embargo, este señalamiento no fue puesto en conocimiento de las autoridades competentes en el momento en que, al parecer, se presentó”, señalo el coronel Héctor Daniel García Acevedo, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.La Fiscalía adelanta las investigaciones para establecer la posible participación de más personas en los hechos debido a que fue un grupo, en su mayoría de familiares, el que decidió tomar justicia por mano propia, se dirigió a la vivienda del presunto agresor, armados con cuchillos, varillas y piedras, entre ellos las dos mujeres señaladas del homicidio, para agredirlo hasta ocasionarle la muerte.
En su primera rueda de prensa tras ser nombrado por el papa León XIV como nuevo arzobispo de Bucaramanga, monseñor Luis Augusto Campos hizo un llamado a la responsabilidad democrática de candidatos y votantes, en medio del ambiente preelectoral que vive Colombia.El prelado, quien asumirá oficialmente el próximo 18 de abril en una ceremonia que se realizará en Bucaramanga, pidió que el proceso electoral se desarrolle “por las vías constitucionales” y sin ningún tipo de irregularidad.“Yo quisiera enviarles un mensaje a los candidatos y también a los votantes y es que respetemos el proceso, que no se vaya a contaminar de ninguna cuestión que pueda implicar algún desvío de votos”, expresó.Monseñor Campos insistió en la importancia de ejercer un voto informado y consciente. Señaló que los ciudadanos tienen la responsabilidad de estudiar las propuestas y revisar las hojas de vida de los aspirantes, con el fin de garantizar que quienes lleguen a los cargos públicos tengan integridad moral y honestidad.“Creo que todos tenemos una enorme responsabilidad de saber por quién votamos, de tomarnos el trabajo de estudiar las propuestas (…) de tal manera que den una garantía de integridad moral”, afirmó.Asimismo, invitó a que la política se oriente hacia el bien común y no hacia intereses partidistas o personales. En su mensaje, hizo referencia al momento complejo que atraviesa el país, marcado, según dijo, por enfrentamientos y rivalidades.“¿Será posible pensar más allá de los intereses personales? ¿Será posible pensar también en una política honesta, en una política que sea transparente?”, cuestionó.
En un contundente operativo contra el maltrato animal y la corrupción de alimentos, la Policía Nacional capturó a cinco personas y decomisó más de dos toneladas de carne en un matadero clandestino que funcionaba en la vereda Ojo de Agua, zona rural de San Gil, Santander. Durante la intervención, las autoridades incautaron 1.800 kilogramos de carne, 230 kilogramos de vísceras, 8 kilogramos de material orgánico correspondiente a producto de gestación y 160 kilogramos de subproductos cárnicos, para un total de 2.198 kilogramos, avaluados en aproximadamente 32 millones de pesos.Según la investigación, la actividad se realizaba en un sitio no autorizado, sin cumplir con las condiciones técnicas de manipulación e inocuidad exigidas para el consumo humano. Además, se evidenció el sacrificio de semovientes sin protocolos técnicos ni humanitarios, vulnerando las normas de protección animal.El operativo también permitió establecer el manejo irregular de residuos orgánicos y la disposición inadecuada de despojos, lo que generaba riesgo de contaminación de fuentes hídricas en esta zona rural. El producto cárnico fue trasladado a la planta de beneficio del municipio de Villanueva para su destrucción, evitando su comercialización. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de maltrato animal y corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico. El coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante del Departamento de Policía Santander, señaló que este resultado “demuestra la determinación institucional de proteger la salud pública, salvaguardar el bienestar animal y combatir las economías ilegales que atentan contra la seguridad alimentaria”.Las autoridades anunciaron que continuarán los controles permanentes en todo el territorio para evitar este tipo de prácticas ilegales en municipios de Santander.
En medio de la huelga que adelantan trabajadores de la Empresa Electrificadora de Santander (ESSA), la Gobernación de Santander hizo un llamado al diálogo responsable y advirtió que incrementos “desproporcionados” en los beneficios laborales podrían afectar la sostenibilidad financiera de la compañía.La administración departamental señaló que, aunque respeta el derecho a la organización sindical y reconoce las peticiones planteadas por los empleados, “el servicio de energía es un servicio público esencial del que dependen hospitales, acueductos, instituciones educativas, el sector productivo y la vida diaria de los santandereanos”, dice la Gobernación en un comunicado.La huelga se produjo luego de 40 días de conversaciones entre el sindicato y la empresa sin lograr acuerdos. Entre los puntos que mantienen el desacuerdo está la solicitud de un incremento salarial del 23,7 %, equivalente al aumento del salario mínimo para 2026, pese a que, según se ha indicado, ninguno de los trabajadores sindicalizados devenga ese salario básico.En el comunicado oficial, la Gobernación advirtió que aumentos superiores a la capacidad financiera de la empresa podrían poner en riesgo su operación, su capacidad de inversión y los recursos que transfiere al departamento. Recordó que el 22 % de las utilidades de ESSA ingresan a Santander para financiar obras, programas sociales y el pago de salarios de servidores públicos.El director de Prosantander, Juan Pablo Remolina, también intervino en la discusión a través de su cuenta en X, donde cuestionó que el sindicato solicite un incremento del 23,7 % para empleados que, según afirmó, devengan salarios de hasta 10 millones de pesos, además de otros beneficios, y que adicionalmente se estén pidiendo 96.000 millones de pesos en el pliego. “La ESSA es una empresa que nos pertenece a los santandereanos (…) Hay que cuidarla y protegerla. ¿Quién tiene que ceder?”, escribió.Por su parte, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, respondió al representante de Prosantander, señaló que el conflicto incluye varios puntos adicionales y que la salida debe ser producto de la concertación. “Lo mejor es hablar y acordar. Es una negociación”, manifestó.Frente al llamado que han hecho los gremios al diálogo para superar la huelga, Carlos Roncancio, abogado de Sintraelecol, dijo que la Electrificadora de Santander cerró las puertas a las conversaciones.“Ninguna autoridad en este momento está mediando este conflicto la ANDI manifiesta que deben sentarse a negociar, pero su afiliado que es la empresa cerró las puertas del diálogo todos los gremios económicos piden diálogo y este es un llamado para las instituciones para el Ministerio de Trabajo y misterio de minas de cómo construimos una mesa de diálogo real y diálogos que surta efectos”, puntualizó Roncancio.