En una ofensiva simultánea contra el tráfico local de estupefacientes en Santander, la Policía logró la captura de cuatro personas en operativos desarrollados en Bucaramanga y Zapatoca, donde además fueron incautadas drogas y un arma de fuego.Unidades de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, a través de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), capturaron a dos hombres en el barrio Girardot por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego.Durante labores de verificación e inteligencia, los uniformados interceptaron a los sospechosos que se movilizaban en dos vehículos. En el procedimiento hallaron un arma de fuego y cerca de 10 kilos de clorhidrato de cocaína.El brigadier general William Quintero Salazar aseguró que “son producto del trabajo articulado entre nuestras capacidades investigativas y operativas, permitiendo impactar redes dedicadas al tráfico de estupefacientes”.De manera paralela, en Zapatoca, uniformados del Departamento de Policía Santander lograron la captura en flagrancia de otras dos personas durante controles y registros a vehículos en el perímetro urbano.A los detenidos les encontraron 326 dosis de marihuana y 21 papeletas de cocaína listas para su comercialización.Las autoridades indicaron que uno de los capturados presenta nueve anotaciones judiciales por delitos relacionados con tráfico de estupefacientes y hurto, lo que evidenciaría reincidencia.El coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante del Departamento de Policía Santander, destacó que estos operativos buscan frenar el microtráfico y proteger especialmente a niños, niñas y adolescentes: “Seguiremos intensificando los controles y patrullajes en todos los municipios del departamento”, afirmó.Los cuatro capturados y el material incautado quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que los presentará ante un juez para definir su situación jurídica.La Policía invitó a denunciar cualquier hecho relacionado con el tráfico de drogas a través de la línea 123 bajo absoluta reserva.
En Cúcuta fue capturado Wilder Arias, alias 'Franco', señalado de asesinar a Camilo Andrés Rojas Rey el pasado 27 de enero, tras un partido de fútbol en la ciudad.Según la Policía Metropolitana de Cúcuta, la captura se logró luego de un trabajo investigativo conjunto con la Fiscalía General de la Nación y el análisis de más de 20 horas de videos de seguridad.“El 27 de enero se produjo el asesinato de un hincha del Atlético Bucaramanga después de un partido en esta ciudad… Es así como el día de hoy se logra la captura de Wilder Arias, alias 'Franco', como presunto responsable de este homicidio”, afirmó el coronel Libardo Fabio Ojeda.“No permitiremos que la fiesta del fútbol se convierta en una fiesta de la tristeza. Vamos a seguir trabajando por su seguridad”, agregó el oficial.Las autoridades investigan si alias 'Franco', presuntamente hincha del Cúcuta Deportivo, atacó a la víctima por vestir la camiseta del equipo rival.El capturado quedó a disposición de la Fiscalía mientras avanzan las investigaciones para ubicar a otros posibles implicados.
El pequeño féretro avanzaba en silencio por las calles del pueblo. Detrás, una multitud caminaba con rabia contenida y lágrimas en los ojos. No era solo un sepelio era una despedida marcada por la impotencia.Kevin Acosta Pico, de apenas siete años, murió esperando un medicamento vital para tratar la hemofilia que padecía, un tratamiento que, según su familia, debía ser suministrado por la Nueva EPS y que durante meses no llegó.El niño falleció en Pitalito, tras ser remitido de urgencia, pero para su madre, la atención fue tardía, insuficiente y rodeada de demoras que, asegura, terminaron costándole la vida: “Dicen que hicieron un traslado oportuno, pero mi hijo duró más de 24 horas allá y no hicieron nada, lo entubaron y lo dejaron sangrar, solo me decían que esperara, que no había camas en UCI, mientras yo veía cómo se me iba”, relató entre lágrimas Judith Katerine Pico Naranjo.Según cuenta, Kevin llevaba cerca de dos meses sin recibir el medicamento por trámites administrativos y supuestos cambios de contrato: “Cada vez que iba a reclamar, me decían ‘espere’. Mientras tanto, mi hijo estaba sin tratamiento, hoy lo estoy velando, mi niño está en una caja, y sólo lo trasladaron por que yo en medio de videos y llamadas pedí ayuda a la gente a través de medios de comunicación”, dice con la voz quebrada.“Me tocó suplicar, cuando reaccionaron ya era demasiado tarde; como me dijo el médico para él cada minuto era mortal”, agregó.El drama no terminó con la muerte. El cuerpo del menor permaneció varios días en Medicina Legal por trámites y demoras. “Ni muerto lo dejaban descansar. Seguían jugando con él”, denunció.Hoy, el dolor de una madre se convirtió en un reclamo colectivo, en Charalá no solo lloran a Kevin, exigen respuestas.La familia pidió a las autoridades abrir una investigación para establecer si hubo negligencia en la entrega del medicamento y en la atención médica.“Mi hijo ya se fue, pero hay más niños esperando medicinas, no quiero que otra mamá pase por esto, no quiero que cierren el caso, quiero justicia”, concluyó.
A 45 años y 4 meses de prisión fue condenado Keiner Arrieta Geney por el feminicidio de Carolín Alejandra Vitola Cuello, una adolescente de 16 años asesinada en mayo de 2025 en Barrancabermeja.La sentencia fue emitida luego de Arrieta Geney, quien tenía 18 años al momento de los hechos, aceptara su responsabilidad mediante un preacuerdo con la Fiscalía, el cual fue avalado por un juez. Según el ente acusador, el joven admitió haber disparado contra la menor y posteriormente participar en el desmembramiento y ocultamiento del cuerpo."Los agresores atacaron a la adolescente con un arma de fuego y luego ocultaron su cuerpo", señaló el ente investigador.Los hechos ocurrieron el 7 de mayo de 2025 en el asentamiento humano El Centenario, en la comuna tres del distrito petrolero. De acuerdo con la investigación, la adolescente fue abordada por cuatro integrantes del grupo de delincuencia comunitaria organizada ‘Los Búcaros’, entre ellos el ahora condenado.Las autoridades establecieron que la víctima recibió dos impactos de arma de fuego en el rostro y luego su cuerpo fue desmembrado y abandonado en una zona boscosa del sector. El hallazgo se produjo tras la denuncia anónima de un ciudadano que alertó sobre la presencia del cadáver en el lugar.El caso generó profunda conmoción y repudio en la comunidad de Barrancabermeja, que exigió justicia por la brutalidad del crimen.Arrieta Geney fue hallado responsable de los delitos de feminicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego; y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.Por estos mismos hechos, otras tres personas capturadas, también señaladas como integrantes de ‘Los Búcaros’, permanecen privadas de la libertad a la espera de que se emita sentencia en su contra. Según las autoridades, alias “Alianza” habría sido quien desmembró el cuerpo de la menor.
El sábado 22 de junio de 2024 comenzó como un día frío y lluvioso en el municipio de Subachoque. Jenny Esperanza González, de 35 años, había trabajado hasta el mediodía y regresó a casa para compartir con su madre y su hija de 13 años. Según el testimonio de Pastora Castro en entrevista con Más Allá del Silencio del Rafael Poveda, su compañero sentimental, Luis Lorenzo Correa, “llegó harto tomado” y desde temprano repetía que “le habían dañado los planes”. Almorzaron juntos, pero la tarde avanzó entre más licor y discusiones. “Que yo no quiero más, Lorenzo, yo no quiero más”, le habría dicho Jenny en medio de la madrugada, mientras él insistía: “Écheme más porque yo quiero más”.De acuerdo con el relato de la madre, la tensión se extendió hasta el amanecer. Hacia las seis de la mañana, Pastora decidió irse del lugar junto con su nieta. Horas después, sobre las 2:30 o 3:00 de la tarde, recibió una llamada desde el celular de su hija. “Doña Pastora, salga a la avenida que voy con Jenny, que se prendió candela”, le dijo el conductor de la ambulancia. Minutos más tarde, el propio Lorenzo la contactó para darle su versión: “Esa loca se prendió candela, yo no sé con qué, con whisky”. Cuando la madre le preguntó por qué no la acompañaba, él respondió: “No, por mi estado, yo no fui”.Jenny fue trasladada inicialmente a un centro asistencial en Facatativá y luego remitida al Hospital Simón Bolívar en Bogotá debido a la gravedad de las quemaduras, que comprometían cerca del 80 % de su cuerpo, principalmente la espalda y el torso. Durante varios días permaneció sedada, pero alcanzó a declarar ante las autoridades. Según su testimonio, estaba agachada en el patio cuando sintió “el fogonazo en la espalda” y en cuestión de segundos el fuego se extendió al pecho. “Yo empecé a gritar… le decía que me auxiliara”, relató. También contó que sus dedos quedaron desollados al intentar apagarse las llamas. “Mírenme las uñitas, mírenme los deditos”, alcanzó a decir.El 23 de agosto de 2024, tras dos meses de lucha médica, Jenny falleció por la gravedad de las heridas. Antes de morir, pidió volver a hablar con la Fiscalía. “Hagan el favor y llamen otra vez a la fiscalía”, solicitó al personal médico cuando le permitieron ver la profundidad de sus quemaduras. Para su madre, no hay dudas sobre lo ocurrido ese día: “Eso no se le hace ni al peor enemigo”, afirma. El caso generó indignación en Subachoque y abrió un proceso judicial en el que el señalado fue acusado de homicidio agravado, mientras la familia insiste en que se haga justicia por lo que Jenny denunció antes de morir.
La ONG Foro Penal, que lidera la defensa legal de los presos políticos en Venezuela, informó este domingo que ha verificado 444 excarcelaciones desde hace poco más de un mes, cuando el Gobierno encargado anunció un proceso de liberaciones.En su cuenta de X, el presidente de la organización, Alfredo Romero, indicó que esta cifra contabiliza las excarcelaciones desde el pasado 8 de enero hasta este 15 de febrero a las 21:30 hora local (1:00 GMT del día 16).Foro Penal no considera excarcelaciones los casos en que, tras salir de un centro de reclusión, la persona permanece privada de libertad bajo arresto domiciliario.Hace una semana, el dirigente Juan Pablo Guanipa, exdiputado cercano a la nobel de la paz María Corina Machado, y el asesor jurídico de la mayor coalición opositora, Perkins Rocha, salieron de prisión junto con otro grupo de activistas políticos.Sin embargo, Rocha permanece en arresto domiciliario, al igual que Guanipa, quien fue encarcelado de nuevo el mismo día en que salió de prisión, acusado por la Fiscalía de incumplir sus medidas cautelares.El martes, la familia anunció que el opositor ya se encontraba en arresto domiciliario en su residencia en Maracaibo, capital de Zulia (noroeste).Por otra parte, desde las 6:00 hora local (10:00 GMT) de este sábado, una decena de mujeres familiares de presos políticos se mantienen en huelga de hambre en las afueras de un comando policial en Caracas, donde fueron excarceladas 17 personas, entre ellas dirigentes sindicales y dos jóvenes con trastorno del espectro autista.Varias ya han sufrido problemas de salud, de las cuales una de ellas se desmayó un par de veces y otra recibió suero por vía intravenosa en la colchoneta sobre la que se encuentra.El 6 de febrero, el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, prometió la liberación de "todos" una vez se aprobara la ley de amnistía -aún en discusión-, que estimó ocurriría "a más tardar" este pasado viernes.Sin embargo, el Legislativo, controlado por el chavismo, aplazó el jueves para la próxima semana el segundo y último debate necesario para la aprobación de la ley, al haber diferencias por un artículo que exige a los procesados y condenados presentarse ante la Justicia.El proceso de excarcelaciones y la discusión de una amnistía suceden en un "nuevo momento político", anunciado por la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo luego de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro en una operación militar en Caracas el pasado enero.
Deportivo Cali tomó aire este domingo al vencer por 1-0 al Atlético Nacional con un gol del argentino Juan Ignacio Dinenno, un resultado que frenó el invicto del conjunto verdolaga y alivió la presión sobre el técnico Alberto Gamero en la séptima jornada de la liga colombiana.El delantero marcó el único tanto del partido en el comienzo del segundo tiempo con un golpe de cabeza tras un centro de Luis Manuel Orejuela, en un encuentro jugado en el estadio Palmaseca.El portero peruano Pedro Gallese también fue clave para el triunfo del equipo azucarero al evitar el empate con varias intervenciones.Con este resultado, el Cali frenó una racha irregular en el campeonato, mientras que Nacional sufrió su primera derrota de la temporada tras tres partidos que llevaba invicto.El sábado, Deportivo Pasto e Internacional de Bogotá empataron 1-1 y se mantuvieron en la cima del campeonato con 14 puntos.El equipo nariñense se adelantó con un autogol del defensor Carlos Vivas, pero Internacional igualó posteriormente con un tanto de Larry Vásquez tras un tiro libre.Deportes Tolima venció este domingo por 2-1 a Once Caldas con un gol en los minutos finales de Kevin Flórez y llegó a 12 puntos, con lo que se mantiene en la pelea por los primeros lugares.Millonarios gana, pero preocupa FalcaoMillonarios derrotó el sábado por 2-1 a Llaneros en Bogotá con goles de Rodrigo Contreras y Leonardo Castro, en un partido en el que el delantero de 40 años Radamel Falcao García salió lesionado.El atacante abandonó el campo al final del primer tiempo por molestias musculares, al igual que Contreras, lo que generó preocupación en el equipo dirigido por el argentino Fabián Bustos.Esta fue la segunda victoria consecutiva del equipo capitalino, que lo aleja de los últimos puestos de la clasificación.Por su parte, Independiente Medellín empató 1-1 con Deportivo Pereira pese a jugar la mayor parte del partido con diez hombres tras la expulsión de Francisco Chaverra.El equipo visitante se adelantó con un gol de Marco Pérez, pero Léider Berrío rescató el empate para el conjunto local en la segunda mitad.La séptima jornada continuará este lunes con el partido entre Fortaleza y Boyacá Chicó en Bogotá, mientras que el martes se disputarán los encuentros Alianza Valledupar-Cúcuta Deportivo y Jaguares-Independiente Santa Fe.El miércoles se cerrará la fecha con el duelo entre Junior y América de Cali en Barranquilla.
Hay conmoción en Las Cruces, Nuevo México, tras la captura de Sonia Cristal Jiménez, de 38 años, señalada de presuntamente causar la muerte de su hija recién nacida. El caso salió a la luz el pasado 7 de febrero, cuando la mujer ingresó al Memorial Medical Center con signos recientes de parto, pero sin el bebé. El personal médico notificó de inmediato a la Policía, lo que dio inicio a una investigación que se extendió hasta el sector de Burn Lake Road.De acuerdo con el informe oficial, el cuerpo de la menor fue hallado dentro del tanque de retención de un baño portátil ubicado en esa zona. Según el reporte policial, la pareja de la mujer la había llevado al hospital al notar una emergencia médica, bajo la creencia de que se trataba de un aborto espontáneo. Las autoridades indicaron que previamente ambos habían estado en el área donde se encontraba el sanitario. Un equipo del Departamento de Bomberos realizó la recuperación del cuerpo.El resultado de la autopsia estableció que la bebé nació con vida y que la causa de muerte fue asfixia por inmersión. El dictamen forense señaló la presencia de líquido químico en las vías respiratorias y el estómago de la recién nacida, lo que confirmó que respiró antes de fallecer. El jefe de la Policía local calificó el caso como uno de los más graves y perturbadores atendidos por la institución.Jiménez fue imputada por abuso infantil intencional con resultado de muerte, un delito grave de primer grado, y permanece recluida sin derecho a fianza en el Centro de Detención del Condado de Doña Ana. Las autoridades precisaron que su pareja no enfrentará cargos, al no existir evidencia de que tuviera conocimiento del parto ni de lo ocurrido en el baño portátil. Por ahora, el proceso judicial continúa.
Se aproximan las primeras jornadas electorales del año y, en ese contexto, miles de ciudadanos se desplazarán a los puestos de votación para participar en la elección de los integrantes de las dos cámaras del Congreso de la República correspondientes al periodo 2026-2030.En el caso del Senado, se escogerán 103 senadores, mientras que en la Cámara de Representantes se elegirán 183 congresistas. No obstante, para que las personas habilitadas puedan ejercer su derecho al voto es obligatorio presentar el documento de identidad vigente.Esta exigencia puede convertirse en una dificultad para quienes hayan extraviado su cédula, ya que, si solicitaron un duplicado, el proceso de entrega puede tardar alrededor de 20 días antes de recibir el nuevo documento, por lo que, posiblemente, los afectados no logren votar en las elecciones del 8 de marzo.Cuando la cédula de ciudadanía se pierde en Bogotá, existe la posibilidad de que haya sido entregada al Banco de Documentos Extraviados, administrado por la Secretaría de Gobierno.Antes de iniciar el trámite para obtener un duplicado, se recomienda verificar en el sistema del banco, ya que el documento puede recuperarse sin ningún costo. De acuerdo con la Secretaría de Gobierno, cada semana llegan miles de documentos extraviados a esta entidad.Con corte al 14 de febrero del presente año, se reportan 2.480 documentos bajo custodia, de los cuales 1.631 corresponden a cédulas de ciudadanía que aún esperan ser reclamadas por sus propietarios.¿Cómo consultar y recuperar la cédula en el Banco de Documentos Extraviados?A continuación, se detalla el procedimiento para reclamar la cédula u otro documento perdido que se encuentre en el banco de la entidad:Ingresar al sitio web oficial de la Secretaría de Gobierno.Verificar en la plataforma si la cédula se encuentra registrada.Realizar el registro y programar una cita.Acudir personalmente a la sede ubicada en la calle 11 # 8-17 para reclamar el documento.Es fundamental precisar que el trámite para recuperar la cédula es completamente gratuito, no requiere intermediarios ni implica pagos adicionales. Asimismo, las personas deben presentar una copia de algún documento que permita confirmar su identidad.La mayoría de las cédulas que llegan al banco lo hacen gracias a la solidaridad de los bogotanos; sin embargo, estos documentos solo se conservan durante un periodo máximo de 60 días.
Líderes comunales del sector de Cabecera solicitaron al alcalde de Bucaramanga, Cristián Portilla, la asignación permanente de un guarda de seguridad para el Parque San Pío, luego de denunciar un nuevo caso de actos sexuales en espacio público.La petición fue formalizada por la Junta de Acción Comunal y la JAL de la Comuna 12, mediante un oficio en el que advierten sobre varias problemáticas que, según indican, vienen afectando de manera reiterada este emblemático escenario urbano.En la comunicación, los líderes señalan que el Parque San Pío, considerado un referente cultural, turístico y de encuentro familiar en la ciudad, enfrenta situaciones como consumo de cigarrillo y otras sustancias en zonas frecuentadas por niños, vandalismo contra el mobiliario y zonas verdes, daños a bienes culturales, ocupación indebida del espacio público por vendedores informales y deterioro del césped.Sin embargo, el hecho que motivó con mayor urgencia la solicitud fue la denuncia de actos sexuales protagonizados por una pareja en el parque, situación que, según la comunidad, quedó registrada en fotografías y que habría ocurrido en horario de alta afluencia de familias.Ante este panorama, los líderes piden la asignación inmediata y permanente de un guarda exclusivo para el parque, así como controles periódicos, recuperación del espacio público, intervención en el alumbrado y poda técnica de árboles que actualmente, aseguran, generan zonas oscuras e inseguras.El llamado también se extiende a la zona conocida como Cuadra Play, sector de rumba de la ciudad, donde residentes denuncian desórdenes permanentes entre jueves y domingo.César Niño, líder del sector de Cabecera, afirmó que las medidas adoptadas hasta ahora han sido insuficientes frente al aumento del consumo de licor y drogas en vía pública, el ruido excesivo, el mal parqueo de motocicletas y los disturbios a altas horas de la madrugada.“Se necesita reforzar la seguridad y controlar a las personas que vienen en las noches a disfrutar y emborracharse en las discotecas. El desorden se presenta desde el jueves hasta el domingo”, manifestó.El líder también pidió mayor presencia de la Policía, agentes de tránsito y funcionarios de la Secretaría del Interior, incluyendo la de un inspector que pueda imponer cierres a discotecas cuando sea necesario. Además, solicitó mayor regulación a establecimientos comerciales y droguerías que, según indicó, estarían facilitando el consumo de licor en el espacio público.Esta es la carta de los líderes del barrio Cabecera de Bucaramanga.
Atravesados con carteles en el sector del peaje La Gomez, en el municipio de Sabana de Torres, se encuentran transportadores y miembros de la comunidad que mantienen bloqueada la Troncal del Magdalena Medio en protesta contra la empresa KMA, contratista de la concesión Autopista Río Grande. La manifestación ha generado una gran congestión vehicular y un trancón de varios kilómetros en este corredor nacional.Desde las 6:00 a. m. de este lunes 16 de febrero, el gremio de volqueteros inició los bloqueos que se mantienen en varios puntos del Magdalena Medio, afectando la movilidad en municipios como San Alberto, Puerto Araujo y Sabana de Torres. Las protestas también se replican en otras localidades del Cesar, Norte de Santander, Santander y Boyacá.El corredor vial afectado conecta Puerto Salgar, Cundinamarca, con Curumaní, en el Cesar, por lo que el cierre impacta el transporte de carga y pasajeros en una de las principales rutas del país.Los manifestantes aseguran que la empresa KMA no ha vinculado mano de obra ni maquinaria local para las obras que se ejecutan en la concesión, pese a que, según afirman, llevan más de dos años adelantando trámites y entregando documentación para ser contratados.Rodolfo Patiño, conductor y vocero de los transportadores en Sabana de Torres, señaló que la empresa ha traído personal y equipos de otras regiones, dejando por fuera a los trabajadores locales.“Llevamos dos años presentando documentación y lo único que hacen es traer maquinaria y personal de afuera. Nos parqueamos todo el día esperando que nos den trabajo y no nos dan. En la noche no hay señalizadoras y es un peligro, en una vía nacional, poniendo en riesgo a todos”, expresó.El conductor aseguró que la decisión del gremio es mantenerse en protesta pacífica hasta obtener respuestas concretas. Una habitante de Sabana de Torres indicó que el gremio exige vinculación laboral, pero con garantías claras y sin la firma de pagarés.“Queremos trabajar, pero exigimos garantías y sin firmar ningún pagaré. No vamos a permitir que nos pisoteen. Esta protesta se está realizando en varios tramos porque todos queremos trabajar, pero con condiciones justas”, afirmó.Otro transportador hizo un llamado directo al Gobierno Nacional y a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para que intervengan en el conflicto.“Pedimos a la ANI y a los entes del Gobierno Nacional que nos pongan cuidado. En todo el 2025 no nos escucharon y ya vamos en 2026. Queremos participar en los proyectos de desarrollo del Magdalena Medio”, manifestó.El cierre de la Troncal del Magdalena Medio ha provocado largas filas de vehículos de carga, buses intermunicipales y particulares. Conductores reportan demoras de varias horas para cruzar el sector del peaje en Sabana de Torres.
La Policía Nacional dio a conocer el cartel de los más buscados en la región del Magdalena Medio, señalados de amenazar y atacar a líderes sociales, defensores de derechos humanos, firmantes del acuerdo de paz y sus familiares.En la lista figuran Yimi Alexander Pabón Pérez, Juan Ezequiel Mosquera Morelo, conocido con el alias de 'Boika', y Rafael Jaimes Caicedo, alias 'Pana'. Según las autoridades, estos hombres serían responsables de intimidaciones y acciones violentas contra personas vinculadas a procesos sociales y de construcción de paz en esta subregión del país.El afiche oficial advierte que, por información que permita su ubicación y captura, se ofrece una recompensa de hasta 600 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV).“Le dijeron no a la paz y sí al crimen. Hoy siguen atacando a defensores de derechos humanos, firmantes de paz y a sus familias. Ayúdenos a capturarlos”, señala el mensaje institucional que acompaña la publicación.La Policía hizo un llamado urgente a la ciudadanía para que suministre información que contribuya a la judicialización de estos señalados delincuentes, garantizando absoluta reserva.Las personas que tengan datos sobre su paradero pueden comunicarse a las siguientes líneas habilitadas: Cuerpo Élite Policial, 317 896 5777; Contra el crimen: 314 358 7212; Contra el terrorismo, 107.Las autoridades reiteraron que la colaboración ciudadana es clave para frenar las amenazas y proteger a quienes ejercen liderazgo social y defienden los derechos humanos en el Magdalena Medio.
Uniformados de la Policía Metropolitana de Bucaramanga lograron la captura de un hombre señalado como presunto responsable de un homicidio ocurrido en vía pública del barrio Villas de San Juan, en el municipio de Girón.Los hechos se registraron en medio de un acto de intolerancia social. Según las primeras informaciones, la víctima, un menor de 15 años, fue lesionado con arma cortopunzante durante una riña que, al parecer, se habría originado por el hurto de una gorra. Tras resultar herido, el adolescente fue trasladado inicialmente a un centro asistencial y posteriormente remitido a una clínica de mayor complejidad, donde falleció debido a la gravedad de las heridas.Por información suministrada por la comunidad, el presunto agresor fue ubicado en un centro médico al que acudió para recibir atención. Allí fue capturado y dejado a disposición de la autoridad competente por el delito de homicidio.Las autoridades de Santander han reiterado su preocupación por los hechos violentos derivados de situaciones de intolerancia social, que continúan cobrando vidas en el área metropolitana de Bucaramanga."Desde la institución policial insistimos en la importancia de resolver los conflictos a través del diálogo y los mecanismos legales, evitando que discusiones menores escalen a hechos lamentables", dijo el general William Quintero, comandante de la Policía de Bucaramanga.
Al menos 25 familias de la vereda Bambú, en el municipio de Rionegro, permanecen en riesgo tras un deslizamiento de gran magnitud que ya arrasó cerca de 10 hectáreas de montaña y amenaza con represar una quebrada, lo que podría generar una avalancha.La emergencia se registró en las últimas horas en este sector rural, donde la remoción en masa descendió por la ladera llevándose a su paso cultivos y cobertura vegetal. El movimiento de tierra avanzó hasta una fuente hídrica, lo que mantiene en alerta a la comunidad ante la posibilidad de que el cauce quede completamente obstruido.El alcalde de Rionegro, Héctor Santana, confirmó que desde la administración municipal se activaron medidas preventivas para reducir el riesgo.“Estuvimos en el Bambú, atendiendo de primera mano las afectaciones ocasionadas por el deslizamiento de tierra en masa. Desde la Gestión del Riesgo Municipal activamos el acompañamiento inmediato y continuaremos realizando monitoreo constante para garantizar la seguridad de nuestras familias”, señaló el mandatario.Según explicó, las autoridades locales trabajan de manera articulada con la comunidad para evaluar los daños, identificar puntos críticos y definir posibles evacuaciones si el terreno continúa inestable.José Izaquita, presidente de la Junta de Acción Comunal de Bambú, relató los instantes de pánico que vivieron cuando comenzó la emergencia.“Se escucharon unos ruidos, unos truenos, como detonaciones. La tierra empezó a sonar y a bajar la montaña. Sonaban los palos y la red de alta tensión se escuchaba como si explotara. Eso iba bajando con fuerza”, narró.Ante el avance del derrumbe, Izaquita alertó a los vecinos para que salieran de sus viviendas. “Empecé a llamar a la gente para que salieran de las casas. El problema es que está tapando el río. Con la comunidad estamos tratando de destapar, pero la tierra ya llegó al río”, agregó.El temor principal de los habitantes es que el represamiento genere una acumulación de agua que, de liberarse súbitamente, provoque una avalancha que afecte las viviendas ubicadas aguas abajo.Por ahora, la administración municipal mantiene monitoreo permanente en la zona y no se descarta la evacuación preventiva de las familias si las condiciones del terreno empeoran. Entretanto, la comunidad permanece en máxima alerta ante cualquier nuevo movimiento de tierra.
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra la subdirectora de Transporte Público de Cúcuta, Kelly Tatiana Reyes Montalvo, y la gerente general de la Central de Transportes “Estación Cúcuta”, Belkys Alejandra Forero Gélvez, por una presunta indebida participación en política.De acuerdo con la Procuraduría Regional de Instrucción de Norte de Santander, las funcionarias habrían organizado y participado en una reunión de carácter político el pasado 23 de septiembre de 2025, la cual, al parecer, se llevó a cabo en las instalaciones de la Central de Transportes de la capital nortesantandereana.El ente de control indicó que, con la apertura formal de la investigación, se busca verificar la ocurrencia de los hechos denunciados, establecer si la conducta es constitutiva de falta disciplinaria y determinar si las funcionarias actuaron o no bajo una causal de exclusión de responsabilidad.La participación en política por parte de servidores públicos en ejercicio de sus funciones está regulada por la normativa disciplinaria vigente en Colombia, que prohíbe el uso de cargos o escenarios institucionales para favorecer actividades o intereses de carácter político. De confirmarse los hechos, las funcionarias podrían enfrentar sanciones disciplinarias que van desde suspensión hasta destitución e inhabilidad, según la gravedad de la falta.Por ahora, el proceso se encuentra en etapa de investigación y las implicadas cuentan con las garantías del debido proceso mientras avanzan las actuaciones del Ministerio Público.
Con globos, pancartas y fuertes abrazos fue recibido Julián Carvajal en el aeropuerto internacional Palonegro, en Bucaramanga, luego de permanecer cuatro meses detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (U.S. Immigration and Customs Enforcement), conocido como ICE, en Estados Unidos.El joven santandereano, de 28 años, fue arrestado el pasado 20 de octubre en una gasolinera del estado de Michigan. Según su testimonio, agentes migratorios rompieron los vidrios de su vehículo antes de llevarlo a un centro de detención en ese estado y, posteriormente, trasladarlo a Luisiana.“La verdad, mucha felicidad, muchísima felicidad porque fueron casi dos años de no ver a mi hijo y pues una incertidumbre porque ya llevaba cuatro meses detenido”, expresó Luis Fernando Carvajal, padre del joven, en medio del emotivo reencuentro.Durante el tiempo que estuvo bajo custodia, Julián relató que las condiciones fueron difíciles. "La alimentación fue muy mala, el trato por parte de los guardias era algo inhumano porque eran muy racistas”, aseguró.La comunicación con su familia fue limitada. Las videollamadas se convirtieron en el único puente para mantener la esperanza mientras sus padres adelantaban gestiones para lograr su regreso a Colombia. En el centro de detención en Luisiana pasó su cumpleaños, la Navidad y enfrentó la distancia en momentos dolorosos, como la pérdida de seres queridos.El joven también narró los estrictos protocolos de traslado. “Me sacaron para el aeropuerto de Alexandria y nos dieron seis horas esposados dentro del bus. Nos esposaban desde la cintura, amarrados a las manos y en los pies con una cadena de tobillo a tobillo”, relató.Hoy, ya en la sala de su casa en Piedecuesta, Santander, acompañado de su abuelo, sus padres, su hermana y hasta sus mascotas, Julián asegura que su mayor deseo es que no se olviden de los colombianos que aún permanecen detenidos en centros migratorios de Estados Unidos.“Tantos compatriotas, verles la tristeza en su rostro de que todavía no había llegado el momento de ellos. Quisiera uno poderse venir con todos también, pero a todos ellos les mando un mensaje de mucha esperanza, mucha fe, mucha fuerza”, señaló.Según datos conocidos por las familias afectadas, cuatro de cada cinco colombianos detenidos por temas migratorios no enfrentan investigaciones penales. Por eso, casos como el de Julián reavivan el llamado para que el Gobierno colombiano refuerce el acompañamiento consular y no olvide a quienes, tras buscar el llamado “sueño americano”, terminaron viviendo una pesadilla tras las rejas.
El homicidio de un presunto integrante de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, cuyo cuerpo fue hallado en zona rural de Sabana de Torres, estaría relacionado con disputas internas por el manejo de rentas criminales. Según la Policía, la orden del crimen habría sido dada por un cabecilla financiero de esa estructura que se hace pasar como comerciante y ganadero en San Martín, Cesar.El hallazgo se produjo en la noche del jueves 12 de febrero de 2026, en la vereda Mata de Plátano, a un costado de la vía rural. La víctima, un hombre que presentaba impactos de arma de fuego, sería conocida con los alias de “Santiago” o “Comando 110”.De acuerdo con el coronel Néstor Arévalo, comandante de la Policía de Santander, el hombre presuntamente hacía parte de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra y sería el encargado de recoger las rentas ilegales en municipios del sur del Cesar.“Por diferencias en la recolección del dinero habría sido asesinado por alias ‘Guajiro’, pero la instrucción de cometer el homicidio la dio un cabecilla financiero que se hace pasar como próspero comerciante y ganadero en la región de San Martín”, explicó el oficial.Las autoridades indicaron que esta persona ya está plenamente identificada. "Avanzamos en las labores de inteligencia e investigación criminal para lograr su captura y esclarecer completamente los hechos, para determinar las circunstancias de modo tiempo y lugar de los lamentables hechos presentados", señaló el coronel Arévalo.La Policía desplegó equipos de investigación judicial e inteligencia, junto con el Modelo del Servicio de Policía Orientado a las Personas y los Territorios.Finalmente, el coronel Arévalo invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad delictiva a través de la línea de emergencia 123 o la línea contra el crimen 314 358 7212.
La suspensión provisional del aumento del salario mínimo dejó a cientos de empresarios de Santander en un limbo. A pocos días de cerrar nómina, muchos no tienen claridad sobre qué cifra aplicar para liquidar sueldos, prestaciones sociales y aportes, lo que ha encendido las alarmas en el sector productivo.El impacto golpea principalmente a los pequeños negocios, comercios familiares y microempresas que operan con márgenes ajustados y que dependen de una planeación mensual para cumplir con sus obligaciones laborales. Sin una definición jurídica clara, temen cometer errores en los pagos o asumir sobrecostos que no pueden cubrir.Juan Pablo Remolina, vocero de Prosantander, señaló que la decisión debe analizarse con rigor técnico y advirtió que el proceso de incremento salarial no contó con la concertación suficiente entre trabajadores y empleadores.“Es una decisión que vale la pena revisar con atención, es una suspensión temporal en la que se le pide al Gobierno explicar las razones; todos quisiéramos que el aumento fuera mayor, pero los incrementos no se decretan sin criterios técnicos, deben considerar productividad, inflación y concertación, y nada de eso ocurrió”, explicó.El dirigente gremial advirtió que la mayor presión recae sobre las microempresas, muchas con apenas cuatro o cinco empleados formales, que hoy no saben cómo ajustar sus cuentas.“Esto está generando una presión muy grande, sobre todo en las pequeñas empresas; hay negocios que literalmente no saben cómo pagar la nómina”, agregó.Mientras se define el futuro del decreto, el sector empresarial insiste en que la falta de claridad jurídica frena decisiones de contratación, inversiones y estabilidad laboral; la preocupación es que la incertidumbre termine trasladándose a los trabajadores, especialmente a quienes devengan el salario mínimo.Los gremios piden al Gobierno nacional y a las autoridades judiciales una pronta definición para evitar un efecto dominó en la economía regional, donde miles de empleos dependen de pequeñas unidades productivas.
Un nuevo caso de intolerancia vial dejó dos personas heridas por arma de fuego en el municipio de Piedecuesta, luego de una discusión originada, al parecer, por un accidente de tránsito ocurrido minutos antes del ataque.La Policía confirmó que uno de los lesionados es Carlos Andrés González Adarme, de 22 años, residente en Piedecuesta. El hecho se registró hacia las 7:13 de la noche dle viernes 12 de diciembre, frente al conjunto residencial Senderos de Miraflores, donde las autoridades recibieron una llamada de alerta a través del sistema PDA informando sobre una persona herida con arma de fuego.Al llegar al lugar, los uniformados encontraron una aglomeración de personas, quienes relataron que tres sujetos que se movilizaban en una motocicleta venían discutiendo con el conductor de un vehículo, presuntamente por un accidente de tránsito ocurrido minutos antes. En medio de la confrontación, el conductor del vehículo habría embestido a los ocupantes de la motocicleta.Según la versión entregada a las autoridades, uno de los motociclistas sacó un arma de fuego y disparó contra los ocupantes del automóvil, hiriendo al conductor y a un pasajero que se encontraba en los asientos traseros identificado coo Eric David González.La Policía procedió de inmediato a evacuar al conductor del vehículo en un taxi hacia el Hospital de Piedecuesta, donde el personal médico confirmó que presenta una lesión en la región parietal derecha. Entre tanto, el pasajero sufrió un impacto de bala en la región inguinal derecha, con salida en la parte posterior del muslo.Ambos heridos fueron remitidos y permanecen en observación médica en el Hospital Internacional de Piedecuesta, mientras avanzan las investigaciones para identificar y ubicar a los responsables del ataque.Las autoridades reiteraron el llamado a la tolerancia en las vías y recordaron que este tipo de conductas pueden terminar en hechos de violencia con consecuencias fatales, por ahora se analizan cámaras de vigilancia en la zona para dar con los 3 ocupantes de la motocicleta.
Un voraz incendio consumió al menos 50 viviendas en el sector Las Pilas, en el occidente de Bucaramanga, generando una grave emergencia que dejó decenas de familias damnificadas y obligó a la activación de todos los organismos de socorro de la ciudad.La conflagración se propagó rápidamente debido a las condiciones del terreno y a las fuertes ráfagas de viento, lo que dificultó las labores de control. Cuerpos de bomberos de Bucaramanga y del área metropolitana trabajaron durante varias horas para lograr extinguir las llamas y evitar que el fuego se extendiera a otros sectores.Durante la emergencia, varias familias tuvieron que evacuar de manera inmediata sus viviendas, algunas de ellas con niños y adultos mayores. Las autoridades adelantan el censo de los afectados para establecer el número total de damnificados y coordinar la entrega de ayudas.El alcalde encargado de Bucaramanga, Javier Sarmiento, hizo un llamado urgente a la solidaridad de la ciudadanía y del sector privado para apoyar a las familias que lo perdieron todo. “Estamos activando todas las rutas de atención y solicitando ayudas humanitarias para atender a los afectados por esta tragedia”, señaló el mandatario.La Policía Metropolitana, por medio del grupo PONALSAR de la Estación Norte de la MEBUC, respondió, a su vez, a la emergencia por el incendio registrado en el barrio 12 de Octubre, sumándose a las labores de atención junto al Cuerpo de Bomberos, la Defensa Civil y otros organismos de socorro, en una acción coordinada enfocada en salvaguardar la vida de los habitantes y mantener la seguridad en la zona afectada.Hasta el momento no se reportan víctimas fatales. Sin embargo, los organismos de socorro mantienen el monitoreo del área para descartar puntos calientes y prevenir nuevas emergencias. Las causas del incendio aún son materia de investigación.La Alcaldía de Bucaramanga, junto con la Oficina de Gestión del Riesgo y los organismos de emergencia, continúa evaluando los daños y coordinando la atención integral a las familias damnificadas.
El general William Quintero, comandante de la Policía Meropolitana de Bucaramanga y de la Región de Policía Número Cinco, aseguró en diálogo con Blu Radio que, aunque no existe presencia permanente de estructuras del ELN en la ciudad, sí se ha intensificado la vigilancia debido al contexto regional y al reciente anuncio de un paro armado de 72 horas por las constantes amenazas de Estados Unidos hacia Colombia.Según explicó el general, la Policía Nacional desplegó más de 1.300 uniformados en Bucaramanga, especialmente por la coincidencia entre el anuncio del paro armado y la realización de las elecciones atípicas que se llevarán a cabo este domingo, 14 de diciembre. El dispositivo incluye personal de inteligencia, policía judicial, grupos de reacción y unidades especializadas para atender cualquier alteración del orden público.Quintero recordó que el oriente del país ha tenido influencia de distintas estructuras del ELN, como el Frente de Guerra Nororiental en Norte de Santander, el Frente de Guerra Oriental en Arauca y el Frente de Guerra Darío Ramírez Castro en el Magdalena Medio, regiones donde en los últimos años se han registrado múltiples acciones armadas durante paros decretados por ese grupo.Indicó, además, que zonas como el Catatumbo, la Metropolitana de Cúcuta y sectores del Magdalena Medio continúan siendo las más afectadas por la confrontación armada, especialmente tras los recientes ataques registrados el pasado 6 de diciembre en Cúcuta, donde se presentaron acciones terroristas contra la fuerza pública.Frente a la situación en el área metropolitana de Bucaramanga, el comandante confirmó que se mantienen labores de inteligencia y patrullajes permanentes, luego de la aparición de banderas alusivas al ELN en sectores rurales de Piedecuesta y zonas cercanas a Girón."Propagandismo político"Quinero aseguró que en Bucaramanga “no hay presencia permanente de estos grupos” y explicó que los hechos registrados corresponden a “todo ese tema panfletario, el propagandismo político, con panfletos y comunicaciones de estos grupos subversivos”, por lo que se mantienen los operativos de control y vigilancia.En cuanto a las elecciones atípicas, la Policía informó que se implementaron restricciones especiales mediante decreto municipal, entre ellas la prohibición del porte de armas, el consumo y venta de bebidas alcohólicas, y limitaciones al transporte de escombros, mudanzas, cilindros de gas y materiales peligrosos.En total, 82 puestos de votación contarán con presencia policial, además de custodia al material electoral y al proceso de escrutinio.Finalmente, el general Quintero explicó que, mediante el decreto 0872 de la Alcaldía de Bucaramanga, se adoptaron restricciones como la prohibición del porte de armas, la venta y consumo de licor y controles especiales de movilidad, con el fin de preservar el orden público durante las elecciones atípicas de este fin de semana.Escuche la entrevista completa aquí:
Una grave emergencia se registra en el norte de Bucaramanga, donde un incendio de grandes proporciones arrasó con más de 50 viviendas en el asentamiento humano 12 de Octubre Bajo, ubicado cerca del barrio Santander, sector Las Pilas. La conflagración obligó a la activación de todos los organismos de socorro del área metropolitana.Las llamas avanzaron rápidamente sin control, generando escenas de angustia entre la comunidad. En videos grabados por habitantes del sector se observa a familias completas, incluidos niños y animales, pidiendo ayuda desesperadamente mientras el fuego consumía sus viviendas.De manera preliminar, las autoridades reportan al menos cinco personas con quemaduras de primer y segundo grado, quienes fueron trasladadas en ambulancias a distintos centros asistenciales. La magnitud del incendio llevó a que cuerpos de bomberos de Bucaramanga y municipios vecinos trabajaran de manera conjunta durante más de tres horas para lograr controlar la emergencia.El director del Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga, Jorge Villarreal, explicó que fue necesario un despliegue total de capacidades.“Se requirió el apoyo de todos los cuerpos de bomberos del área metropolitana. Fueron más de tres horas de trabajo continuo. La ayuda de la comunidad fue fundamental en un trabajo mancomunado. Aún se desconocen las causas que originaron el incendio y varias personas fueron trasladadas en ambulancia a centros hospitalarios”, señaló.La situación fue tan crítica que, tras la primera hora de labores, el oxígeno de los tanques del Cuerpo de Bomberos comenzó a agotarse, lo que dificultó las tareas de extinción. Además, las fuertes ráfagas de viento facilitaron la rápida propagación del fuego entre las viviendas, muchas de ellas construidas con materiales altamente inflamables.La Defensa Civil prestó apoyo en atención prehospitalaria, traslado de pacientes y labores de extinción, desplegando un importante operativo con tres ambulancias, una unidad de rescate, dos camionetas y 35 voluntarios, provenientes de los grupos de Ciudad Bonita, Piedecuesta, La Joya y Gaitán.Por su parte, la Oficina de Gestión del Riesgo adelanta el censo y el balance oficial de las personas damnificadas, mientras se evalúan las condiciones de seguridad del sector y se avanza en la investigación para establecer las causas del incendio.
Un juez con función de control de garantías de Bucaramanga impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra tres personas señaladas de participar en el homicidio de un adolescente de 16 años, ocurrido el pasado 2 de junio en el barrio Transición, en el norte de la ciudad. La decisión fue adoptada tras la solicitud de la Fiscalía General de la Nación, que presentó elementos de prueba que dan cuenta de la gravedad del crimen.De acuerdo con las investigaciones, la víctima fue atacada en medio de una riña callejera que escaló rápidamente hasta convertirse en un hecho de extrema violencia. Testimonios y evidencias recopiladas por los investigadores indican que el joven fue perseguido por un grupo de personas en plena vía pública y agredido con armas corto contundentes y punzantes, recibiendo 22 heridas que le causaron la muerte en el lugar.Por estos hechos, un fiscal seccional imputó a Jordi Andrey Hernández Carrillo, Angie Vanesa Hernández Mantilla y Lesly Daniela Rodríguez Alvarado los delitos de homicidio y homicidio agravado. Ninguno de los señalados aceptó los cargos. La Fiscalía señaló que los tres harían parte del grupo que interceptó y atacó al menor durante la confrontación.Las capturas se lograron mediante un operativo conjunto entre el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la Policía Nacional y unidades del Ejército, que realizaron labores de verificación en la zona y seguimiento a los presuntos implicados.El juez determinó que los procesados representan un riesgo para la comunidad y podrían interferir en la investigación, por lo que ordenó su reclusión mientras avanza el proceso penal. El caso generó conmoción entre los habitantes del sector, quienes manifestaron preocupación por el aumento de riñas y hechos violentos protagonizados por grupos juveniles.Las autoridades reiteraron que continuarán las acciones para establecer si hay más personas involucradas en el crimen y llamaron a la comunidad a denunciar situaciones de riesgo que puedan derivar en hechos similares.
El sector del calzado y la marroquinería en Colombia cierra el 2025 con un balance positivo en varios frentes, según la Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero y sus Manufacturas (Acicam). Aunque el año presentó resultados mixtos, la directora ejecutiva del gremio, Marcela Caicedo, aseguró que la recuperación del consumo entre enero y septiembre fue clave para dinamizar la industria.“Se reactivó el gasto en calzado y marroquinería, y eso para nosotros es muy positivo porque significa que fabricantes y comercializadores lograron salir del inventario acumulado. Esto permitirá mover la producción en el próximo semestre”, explicó Caicedo.La directiva destacó el papel de Bucaramanga y su área metropolitana como una región históricamente ligada a la fabricación de calzado. En las cifras nacionales, el departamento mantuvo un desempeño destacado.Exportaciones de calzado: Santander se ubicó en el quinto lugar nacional con USD 2,36 millones, equivalentes al 9% de las exportaciones del país entre enero y septiembre.Gasto de los hogares en calzado: Bucaramanga registró $81.707 millones, un 3% del total nacional, ocupando también el quinto lugar.Gasto en marroquinería: La ciudad sumó $10.056 millones, el 3% del país, según el balance del gremio.A nivel sectorial, Santander cerró el 2024 con 1.880 empresas dedicadas al calzado, 11.900 empleos directos, 36.000 indirectos y una producción estimada de 10,6 millones de pares de calzado formal.A pesar de las cifras favorables en consumo y exportaciones, Acicam advierte que el ingreso de producto asiático, legal y de contrabando, sigue siendo uno de los mayores desafíos para la industria nacional.“Competir con un producto que entra sin pagar IVA ni aranceles genera una desventaja para la producción colombiana. El contrabando técnico y abierto sigue siendo un gran reto”, señaló Caicedo.Según Acicam, el sector reportó un incremento del 5% en el gasto de los hogares en marroquinería y un 4% en calzado, frente al año anterior. En valores absolutos, el consumo nacional alcanzó 2,8 millones de pares de calzado y $298.000 millones en marroquinería.Caicedo también invitó a fabricantes y empresarios a participar en la feria IFLS + EICI, que en febrero de 2026 completará más de 25 años como la principal plataforma de negocios del sector del calzado y la marroquinería.La próxima edición espera reunir alrededor de 430 expositores, incluyendo participantes de Brasil, México, Turquía e Italia, además de compradores nacionales e internacionales.“Es la feria más grande de nuestra cadena productiva. Allí realmente se cierran negocios y se impulsa la producción del primer semestre”, afirmó la directora de Acicam.