Frente al aumento de asesinatos, desplazamientos y amenazas contra líderes sociales, indígenas y afrodescendientes, las comunidades del Cauca, junto con la Arquidiócesis de Popayán y diversas organizaciones sociales, convocaron una jornada simbólica denominada “Día Blanco por la Paz del Cauca”, que busca hacer visible la difícil situación humanitaria que enfrenta la región.El evento central, llamado “SOS humano y luminoso”, se desarrollará de manera simultánea en cerca de 20 municipios del departamento. A las 10:00 de la mañana, habitantes de zonas urbanas y rurales formarán con sus cuerpos la frase “SOS Cauca”, como un llamado colectivo de auxilio y esperanza. Al caer la noche, se encenderán luces y velas blancas en hogares, calles y espacios públicos, simbolizando la unión y el deseo de detener la guerra que afecta al suroccidente colombiano.La iniciativa, de carácter ciudadano y pacífico, reúne a cabildos indígenas, consejos comunitarios afrodescendientes, parroquias, organizaciones sociales, juntas de acción comunal y colectivos culturales, que buscan enviar un mensaje de unidad más allá de diferencias políticas o ideológicas. “El Cauca se cansó de la muerte. Este SOS es por la vida, por la paz y por la dignidad de todos”, señalaron los convocantes.La movilización pretende llamar la atención del Estado y de los actores armados para que cesen los ataques contra la población civil y se garantice la presencia integral del Estado en los territorios. Según la Arquidiócesis de Popayán, la jornada será “un gesto luminoso de fe, esperanza y resistencia frente a la oscuridad que deja la violencia”.En los últimos meses, el departamento del Cauca ha sido escenario de enfrentamientos entre grupos armados ilegales, asesinatos de líderes y confinamientos de comunidades enteras, lo que ha llevado a las organizaciones locales y a la Iglesia a lanzar este llamado urgente a la conciencia del país.El “SOS humano y luminoso” busca no solo rendir homenaje a las víctimas, sino reafirmar que la paz territorial es posible si el país escucha el clamor de las comunidades que, desde sus territorios, siguen apostándole a la vida.
Luego de que diferentes colectivos animalistas cuestionaran la realización de una cabalgata en Yumbo, Valle del Cauca, programada para este próximo 20 de diciembre, desde la Alcaldía de ese municipio manifestaron que no se autorizó dicho evento, ya que actualmente está vigente un decreto que prohíbe este tipo de espectáculos.La cabalgata, que estaba siendo organizada por particulares, según la administración, no contaba con los permisos legales para su realización, lo que estaba causando molestia en varios ciudadanos que no estaban de acuerdo con el maltrato animal."Quiero recordarles a todos los yumbeños que aquí existe el decreto 179 del 2016 que no permite la realización de estas cabalgatas. Por ejemplo, los organizadores no han pedido ningún tipo de permiso, y en el momento que lo hagan lo vamos a negar, porque con esto reafirmamos nuestro compromiso de decir no a las cabalgatas. Por eso, para que terminen las especulaciones, no va a haber esta cabalgata", dijo Edgar Alexander Ruiz, alcalde de Yumbo.Mientras tanto, desde la Gobernación del Valle del Cauca reiteraron que la entidad organizadora del evento solicitó un permiso para un supuesto cierre de calles para un recorrido, pero sin especificar que se trataba de una cabalgata, por lo que es la misma alcaldia de Yumbo la que da el aval para cerrar algunas vías que comunican a Cali con Yumbo."No es cierto que se haya otorgado algún permiso para una cabalgata porque no está dentro de nuestras competencias. Si en este caso tenía un recorrido entre Cali y Yumbo, eran las alcaldías las que tenían que dar el permiso y la viabilidad para un cierre parcial de vía, dejando claro que ese permiso no era para la cabalgata. Ese trámite debía realizarse ante las alcaldías pertinentes, en este caso Yumbo, con el plan de manejo de tránsito y todo lo correspondiente para poder adelantar la actividad”, explicó Frank Ramírez, secretario de Infraestructura del Valle.Ante esta polémica, se pudo conocer que la cabalgata ya fue cancelada y que, en cumplimiento de la ordenanza 623 del 2023, el departamento ya cuenta con un manual de bienestar que incluye la normatividad que se debe cumplir en el desarrollo de cualquier evento en el que haya caballos.
El general Óscar Zuluaga, presidente de Satena, afirma que los vuelos a Venezuela por parte de la aerolínea estatal seguirán suspendidos hasta que, por lo menos, haya garantías de que no hay riesgo en la operación.Indicó que a los pasajeros se les ha dado la opción de “devolverles el dinero inmediatamente”, por lo que son los usuarios quienes ahora están revisando sus opciones para saber qué hacer con sus planes de viaje.“Ante la situación y la evidencia formal que se ha presentado de novedades e interferencias tanto en comunicaciones como en navegación, es un punto de no retorno en el aspecto de la seguridad”, indicó Zuluaga. El general agregó que "una vez se superen estas condiciones y tengamos información de los entes internacionales que nos garanticen la continuidad de la operación, pues lo seguiremos haciendo desde que garanticemos que no vamos a tener ningún riesgo".El oficial agregó que, pese a estas cancelaciones, Satena espera cerrar este año con buenas cifras, pues al finalizar el 2025 contará con 200 rutas habilitadas, un crecimiento exponencial que ha permitido hacer presencia en 30 departamentos del país y llegar a zonas donde carecían de conectividad aérea.
Unidades del Cuerpo de Bomberos de Sabanalarga arribaron al corregimiento de Leña, jurisdicción del municipio de Candelaria, Atlántico, para avanzar en la búsqueda de Isaias de Jesús Castro Aguilar, el menor de 9 años que estaba desaparecido desde la tarde del miércoles, y que supuestamente se había subido a una moto con un desconocido.Finalmente el cuerpo del niño fue encontrado hacia el mediodía de este viernes enredado dentro de una taruya que creció en un jagüey en el mismo corregimiento.“Mediante labor de búsqueda con la ayuda de una máquina retroexcavadora y bomberos, se logró limpiar parte del Jaguey ubicado en la finca Buenaventura de leña y es cuando sale abre la maleza y el cuerpo del niño sale flotando”, indicaron autoridades.La Policía y la Fiscalía descartaron la versión de un rapto y confirmaron que el niño se había ido con otros amigos a bañarse en el cuerpo de agua, donde se ahogó.Sus acompañantes por miedo habían armado una historia de un secuestro para evitar el castigo de sus padres e hicieron movilizar a todas las autoridades en la búsqueda del niño.El cuerpo del menor fue trasladado a Medicina Legal donde forenses le practicaran la respectiva necropsia.
El Movimiento Creemos, liderado por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, oficializó este jueves en Corferias la inscripción de su lista de candidatos al Senado de la República para las elecciones de 2026, que estará encabezada por Juliana Gutiérrez, hermana del mandatario de la capital antioqueña.Será Gutiérrez, quien además de encabezar la lista, lidere este movimiento que realizó su inscripción con más de 450.000 firmas. Un requisito que debe cumplir la colectividad al no tener personería jurídica como partido político, por decisión del Consejo de Estado.En un comunicado Creemos aseguró que en total recogieron 872.346 firmas para validar su participación en las elecciones parlamentarias del 8 de marzo de 2026, sumando apoyos tanto para el Senado como para la Cámara de Representantes. De ese total, 457.730 respaldaron la lista al Senado.La lista presentada por Creemos incluye perfiles provenientes de distintos sectores y regiones del país. Entre los candidatos figuran administradores, académicos, empresarios, profesionales de la seguridad, exmiembros de la fuerza pública, docentes y líderes comunitarios.Además de Juliana Gutiérrez, también figuran en la lista de Creemos el diputado de Antioquia, Andrés Bedoya; el general en retiro y excomandante de la Policía de Bogotá, Eliécer Camacho; el exparticipante de El Desafío, Wilder Zapata; la excadidata a la Alcaldía de Montería, Natalia López; el exfuncionario del Ministerio de Defensa, Diego Hernández y el teniente coronel en retiro Ángel Augusto Sánchez.La lista de veinte aspirantes la completan Laura Gamboa, Jhon Alex Méndez Vargas, Juan Diego Muñoz, Lida Drago, Martha Restrepo Correa, Gustavo Pinedo, Jorge Hugo Aranguren, Catalina Ramírez Vélez, Juan Alejandro Ángel, Claudia Céspedes, Luis Ernesto Rivera, Sara María Arbeláez Ramírez y Nelson Barrera Roa.De acuerdo con la colectividad, su propuesta política se centrará en la protección de niños, niñas y adolescentes, la recuperación de la seguridad ciudadana y el orden institucional y la defensa de la libertad de empresa como base para la movilidad social y la generación de empleo.“Venimos a hablar con la verdad, a mirar a la gente a los ojos y a decirle que no todo está perdido. La patria se defiende trabajando y eso es lo que vamos a hacer”, aseguró Juliana Gutiérrez sobre la inscripción del movimiento en Corferias este 4 de diciembre.
Gran consternación se vive en Ecuador luego de que se conociera el fatal desenlace de una mujer que perdió la vida mientras caminaba con su bebé en brazos, en medio de un tiroteo entre la Policía y un grupo de ladrones en Guayaquil. El hecho ocurrió el pasado 3 de diciembre y quedó registrado en video, lo que incrementó la indignación ciudadana.Las imágenes muestran a la joven transitando por una avenida mientras cargaba a su pequeña. En ese momento, unos delincuentes eran perseguidos por uniformados tras haber cometido un asalto. Aunque la mujer avanzaba con total normalidad, de un momento a otro un disparo la impactó en el pecho y cayó al suelo junto a su bebé, en medio de la balacera.En la grabación se observa que varias personas pasan cerca de la víctima sin detenerse, salvo una mujer que se encontraba resguardada dentro de un local. Al ver que la joven no reaccionaba, salió para socorrerla, tomó al bebé y pidió ayuda. Segundos después, un vendedor ambulante se acercó para asistirla, momento en que la grabación finaliza.Metros más adelante, otro hombre también quedó tendido en el pavimento tras recibir un impacto de bala. Este último fue trasladado a un hospital, donde recibió atención médica. En el caso de la mujer, los equipos de emergencia confirmaron que falleció de manera inmediata, pues al llegar ya no tenía signos vitales.El teniente coronel Juan Carlos Ramos, jefe (s) del Distrito 9 de Octubre, explicó que minutos antes del tiroteo dos ciudadanos extranjeros habían asaltado a una persona que cambiaba dinero en una esquina cercana. Los uniformados iniciaron una persecución que culminó en la zona de la Universidad de Guayaquil, donde los antisociales, “al verse acorralados”, abrieron fuego contra los policías. “No les importó que había gente alrededor”, señaló Ramos.
A las 5:40 de la tarde del pasado miércoles fue la última vez que Isaías de Jesús Castro Aguilar, de 9 años, fue visto en el corregimiento de Leña, jurisdicción del municipio de Candelaria, Atlántico.El niño se encontraba jugando fútbol con dos amigos de su edad, cuando a la cancha se acercó un hombre misterioso en una motocicleta, vestido con una chaqueta negra y lentes del mismo color, quién le pidió que lo acompañara a hacer un mandado.En su inocencia, el menor subió al vehículo, pero desde entonces se desconoce su paradero. Su familia, angustiada, denunció la desaparición ante el Gaula de la Policía, y de inmediato se activaron las rutas de búsqueda, sin que hasta el momento se conozca algún detalle de su paradero.Wendy Aguilar, madre del menor, afirma que lo más preocupante es que recientemente la ha estado llamando una persona a pedirle dinero a cambio de liberar a su hijo."A las 6:00 de la mañana me llamaron y me dijeron que ellos tenían a mi hijo, que era un grupo de las Autodefensas, que ellos tenían a mi hijo y que en 20 minutos, si no tenía 1 millón de pesos, ellos no me entregaban a mi hijo, porque ellos no iban a hacer nada con plata, sino con mi hijo", contó la angustiada madre.El pequeño Isaías de Jesús está vestido con una pantaloneta azul y una camiseta azul con vivos rojos en sus hombros.La búsqueda del niño se ha extendido en todos los municipios cercanos, Policía de Infancia y Adolescencia, Sijin, Gaula, y el ICBF se han sumado al esfuerzo de los familiares de este pequeño.“El comando de departamento de Policía Atlántico reitera la importancia de la colaboración ciudadana para dar con el paradero de Isaías de Jesús Castro Aguilar. Cualquier información que pueda conducir a la localización del menor es de vital importancia y puede ser suministrada al número 3212172427. La Policía Nacional garantiza absoluta reserva y no cesaremos con nuestras capacidades institucionales hasta lograr el regreso seguro del menor a su hogar”, indicó la Policía.
El incremento de trámites, pagos y compras en línea durante la temporada navideña eleva también la exposición a la suplantación de documentos digitales, un fraude que con frecuencia no se detecta hasta semanas después, cuando empiezan a llegar cobros o reclamos no autorizados. Expertos y empresas especializadas recomiendan medidas sencillas y rápidas para revisar la veracidad de documentos en menos de un minuto.Según un análisis de TransUnión, en el primer semestre de 2025 el 2,3 % de las transacciones en línea fueron catalogadas como “sospechosas”. Paralelamente, un estudio de DataCrédito Experian revela que el 97,7 % de los colombianos considera que estos delitos son frecuentes y que el 36,6 % se ha visto afectado directamente en lo corrido del año. La Superintendencia Financiera reportó más de 309.000 reclamaciones por estafas en compras y pagos por internet solo en el primer semestre de 2025.La empresa AUCO, especializada en detección de fraude mediante modelos avanzados de inteligencia artificial, advierte que muchos de estos episodios pasan como legítimos durante la temporada navideña y estallan entre enero y febrero, cuando surgen incumplimientos de pago, contratos no firmados o créditos activados sin solicitud. “Los fraudes modernos no se detectan de inmediato, entran poco a poco sin hacer ruido y empiezan a estallar entre enero y febrero, cuando se evidencian incumplimientos de pagos o reclamaciones”, señala Santiago Montoya, CEO de AUCO. Montoya añade que “la suplantación más fácil de hacer es la que pasa solo por el ojo humano y no por la revisión de una máquina”.Cómo se falsifican hoy los documentos digitales (en 4 pasos)Obtención de documentos originales, sin protocolos de seguridad. Fotos de cédulas, extractos y certificados circulan por WhatsApp, correos o grupos, y son la materia prima para la falsificación. Por eso se recomienda solicitar imágenes tomadas en tiempo real y no archivos adjuntos.Edición del rostro. Con herramientas de IA se sustituyen y retocan rostros, ajustando sombras, proporciones y detalles, para que la fotografía parezca auténtica.Plantillas institucionales falsificadas. Los estafadores insertan datos reales en formatos que imitan contratos, extractos o certificaciones, incluyendo firmas digitalizadas y logos de baja calidad.Simulación de “tiempo real” en video o audio. Deepfakes y audios clonados permiten crear pruebas que aparentan haber sido generadas en vivo, facilitando la solicitud de dinero o la activación de servicios a nombre de la víctima.Seis consejos prácticos para identificar fraudes en 30 segundosRevise el canal antes que el documento. Si llega por un WhatsApp personal, un correo genérico o un enlace inusual, desconfíe: las empresas serias no piden documentos por esos medios.No envíe anexos por correo. Los documentos deben cargarse en plataformas seguras o flujos verificados, no como fotos adjuntas.Detecte la presión o urgencia extrema. Mensajes con “última oportunidad”, “confirmación en minutos” o similar son señales de alarma.Verifique coherencia entre edad, fecha y rostro. Compare la fecha de nacimiento con la apariencia física: incongruencias evidentes indican posible falsificación.Compruebe la existencia de la empresa o proveedor. Consulte NIT, razón social, dirección y teléfono fijo antes de entregar información.Exija verificación en vivo. Solicite que la captura se haga en tiempo real; si no pueden garantizarlo, absténgase de compartir documentos.
El Paisita Noche volvió a concentrar la atención de miles de apostadores en Colombia durante la jornada del jueves, 4 de diciembre de 2025. Este tradicional chance, conocido por su sorteo diario y por el arraigo que mantiene entre el público, generó expectativa en todo el país hasta la revelación oficial del número ganador. Su popularidad se sostiene gracias a la variedad de modalidades disponibles y a la posibilidad de obtener premios significativos con apuestas de bajo valor.Número ganador del Paisita Noche – 4 de diciembre de 2025De acuerdo con la información entregada por la entidad operadora, la combinación ganadora fue: 5554 - Mico.Número ganador: 5554.Tres últimas cifras: 554.Tres primeras cifras: 555.Animal asociado: Mico.Miles de jugadores siguieron la transmisión oficial para verificar sus apuestas y conocer a los nuevos afortunados de la noche.¿Cuánto paga el Paisita Noche?El Paisita Noche ofrece múltiples modalidades pensadas para distintos tipos de apostadores. Cada categoría cuenta con un pago específico según la cantidad de cifras acertadas. Estas son las principales opciones:Premios por aciertos1 acierto (última cifra) – “La uña”Paga 5 pesos por cada peso apostado.2 aciertos (dos últimas cifras) – “La pata”Paga 50 pesos por cada peso apostado.3 aciertos (tres últimas cifras)Pleno: 400 pesos por cada peso apostado.Combinado: 83 pesos por cada peso apostado.4 aciertos (cuatro cifras)Súper pleno: 4.500 pesos por cada peso apostado.Súper combinado: 308 pesos por cada peso apostado.Estas modalidades continúan siendo de las más atractivas del mercado, ya que permiten acceder a ganancias llamativas a partir de apuestas mínimas.Aspectos tributariosEn Colombia, los premios que superan las 48 UVT —equivalentes a $2.259.120— están sujetos a una retención del 20 %. Los ganadores deben tener en cuenta este descuento al momento de reclamar su premio.¿Qué es el Paisita Noche?El Paisita Noche, también conocido como Paisita 2, es uno de los chances más reconocidos en el país. Su sorteo diario, su trayectoria y la diversidad de modalidades disponibles lo han convertido en una de las alternativas preferidas por los apostadores. Su formato sencillo y la emoción que genera cada noche consolidan su lugar dentro del mercado de los juegos de azar en Colombia.
La Veeduría Ciudadana del Aeropuerto Ernesto Cortissoz denunció que las obras de modernización del lado tierra de la terminal aérea registran un 90 % de atraso, situación que mantiene en estado crítico la infraestructura y la calidad del servicio para los usuarios.Los principales retrasos, de acuerdo con el informe de la veeduría, se concentran en la sala de maletas nacional, debido a demoras en la importación e instalación de equipos esenciales como escaleras eléctricas, ascensores, aires acondicionados, bandas transportadoras y pisos.Efraín Cepeda Tarud, presidente ejecutivo de Intergremial Atlántico señala que la situación con la modernización del aeropuerto es crítica: “La situación es crítica. Esas alertas fueron confirmadas por parte de la Aeronáutica Civil al señalar que el retraso llega al 90% de las obras en la terminal de pasajeros. Por eso la entidad tiene abiertos ocho procesos de incumplimientos en aspectos clave para el servicio como es la sala de maletas nacionales, lo que puede traducirse en multas por más de 12 000 millones de pesos”, explicó.Héctor Carbonell,director ejecutivo de la Cámara Colombiana de Infraestructura capítulo norte, señaló que ante esta situación han pedido la intervención de la Contraloría y la Procuraduría.“Hemos solicitado a la Contraloría y a la Procuraduría hacer un acompañamiento al proceso, de manera que se tomen las decisiones que sean necesarias para superar la crisis que afecta la operación del aeropuerto hoy en día y por ende la ciudadanía en general”, dijo Carbonell.La Aeronáutica Civil confirmó los retrasos y anunció que adelanta ocho procesos de incumplimiento contra el contratista sancionado por la Aeronáutica Civil es el Consorcio Infraestructura AIEC 2026.Y es que los retrasos significativos en la ejecución de las actividades programadas han afectado el cumplimiento del cronograma contractual, a tal punto que la entrada en operación de esos equipos sólo se estaría dando en el primer trimestre del próximo año, si el contratista cumple efectivamente con un plan de choque que acordó con la Aerocivil y que debe ser entregado la próxima semana.
En un operativo realizado por la Secretaría de Movilidad, la Secretaría de Seguridad y la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá en el barrio Aranjuez de Medellín se logró dar un golpe contundente en contra de los piques ilegales que se han convertido en una práctica habitual en la ciudad y en una de las más perseguidas por las autoridades.El reporte entregado muestra que durante el procedimiento se lograron realizar 133 comparendos y se inmovilizaron casi 60 motocicletas vinculadas directamente a los piques ilegales, mientras que las multas se hicieron por la participación en la actividad ilegal o ausencia de documentos al día.El secretario de Movilidad de Medellín, Pablo Ruiz, explicó que este tipo de operativos se vienen realizando de manera frecuente en la capital de Antioquia para poder tener una mejor movilidad durante las celebraciones decembrinas."En la última semana realizamos 259 intervenciones en sectores como Las 70, El Parque Lleras, Las Palmas y otros corredores viales. Practicamos 180 pruebas de alcoholemia y movilizamos 269 vehículos", destacó Ruiz.Sobre lo que ha ocurrido en Medellín durante los últimos días hay que decir que se impusieron 1.095 comparendos por mal parqueo, 45 por informalidad en la prestación del servicio de transporte público y 180 por no portar el casco. Además, se realizaron 269 inmovilizaciones de vehículos y 523 de motocicletas.Este año los operativos en zonas de alta afluencia como la 70 y el Parque Lleras han permitido fortalecer los controles, ya que, por ejemplo, en la 70 se han desarrollado 307 operativos con 4.702 comparendos y 1.702 inmovilizaciones.
Una nueva emergencia minera se registró en la vereda Valparaíso, corregimiento de Miralindo, en el municipio de Landázuri, Santander, donde seis mineros resultaron gravemente heridos tras la explosión ocurrida entre las 11:00 a.m. y 12:00 m.El alcalde del municipio, Carlos Andrés Morales, expresó su preocupación por la reiteración de estos hechos y la complejidad del control institucional en las zonas mineras.“Para nosotros como autoridad es muy difícil estar pendientes de las bocatomas de las minas, hay muchas y la gran mayoría registran cierres preventivos y aun así la gente sigue arriesgando sus vidas. Por eso los invitamos a que se formalicen con la Agencia Nacional de Minería; estamos haciendo capacitaciones y pedimos que dejen de valorar el material de la tierra por encima de la vida”, señaló.Esta es la tercera explosión en menos de tres semanas en esta misma zona del departamento, una cadena de incidentes que ya deja tres trabajadores muertos y siete lesionados, lo que mantiene en alerta a las autoridades locales y departamentales.De acuerdo con las primeras versiones, una acumulación de gases dentro del socavón habría provocado el estallido que generó una violenta deflagración. Las autoridades también confirmaron que la legalidad de la mina está en investigación, mientras se adelantan verificaciones técnicas y administrativas sobre su operación.Los mineros heridos son Luis Alberto Jerez Casas de 24 años, Andrés Felipe López Caro de 21 años, José Henrry López García de 52 años, Willian Edalio Galindo González de 43 años, José Wilson Buitrago de 43 años y Hernando Cañón de 48 años.Cinco de los trabajadores fueron trasladados a clínicas del área metropolitana de Bucaramanga, mientras que uno permanece bajo observación en el Hospital de Landázuri.El mandatario añadió que continúan articulando esfuerzos con la Agencia Nacional de Minería para reforzar las medidas de seguridad y reducir los riesgos en esta actividad.Las autoridades avanzan en la investigación para determinar si la mina cumplía o no con las normas exigidas para su funcionamiento.
Gastronomía, cine y fiestas le dan forma a la agenda cultural para este fin de semana con puente festivo en el departamento de Antioquia.En eventos gastronómicos habrá evento para los amantes de una de las comidas de la temporada con el Festival Que Viva el Buñuelo que iniciará desde hoy la búsqueda de la mejor receta.En Cisneros, mientras tanto, se cerrará la primera versión del Burger Fest, con varios locales comerciantes participantes, como contó Sebastián Restrepo, coordinador de turismo de ese municipio del Nordeste: ""Tenemos siete participantes que van a competir. Esta hamburguesa es un producto especial para la fecha. Es un producto que no está en los menús y que debe contener una narrativa del municipio, que resalte sus saberes, sus sabores, y que tenga en sí elementos como tal del municipio", indicó.En cuanto al séptimo arte, Medellín tendrá su festival de Cine Comunitario en Moravia, mientras que en Santa Fe de Antioquia se vivirá, desde hoy hasta el lunes, una nueva versión de su Festival de Cine, por el que esperan 15.000 visitantes en el municipio, donde la programación será variada."Tendremos una variedad agenda, artistas invitados especiales, además de que estará engalanado con diversas actividades de la ciudad. Tendremos concierto navideño, como también para darles y toque, apertura", señaló la secretaria de turismo Viviana Bran.Finalmente, hay que decir que municipios como Carolina del Príncipe, El Carmen de Viboral y Rionegro tendrán fiestas durante el fin de semana.
TransMilenio S.A. declaró desierta la Licitación Pública No. 08 de 2025, destinada a escoger al nuevo operador del TransMiCable de Ciudad Bolívar, decisión que abre un nuevo capítulo en la contratación del sistema de cable aéreo y obliga a reiniciar el proceso bajo las mismas condiciones técnicas y financieras. La determinación se tomó pese a que, en la fecha de cierre, se recibieron tres propuestas de las firmas postuladas: la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá, Cablemovil S.A.S. y la Estructura Plural Cable Ciudad Bolívar.Según informó la entidad, la deserción del proceso se dio por una inconsistencia en el pliego de condiciones, específicamente relacionada con la hora límite para la recepción y apertura de las ofertas. Debido a este error procedimental, TransMilenio afirmó que se vio en la obligación de suspender la licitación para salvaguardar los principios de objetividad y transparencia que rigen la contratación pública. La situación fue advertida durante la evaluación de las propuestas y obligó a detener la adjudicación prevista para finales de este año.La decisión también responde al Pacto de Cumplimiento aprobado por el Juzgado 47 Administrativo de Bogotá, mediante el cual TransMilenio se comprometió a garantizar un proceso de selección objetivo para definir el operador que reemplazará a la Operadora Distrital de Transporte, actual encargada de la operación del sistema. El pacto había sido respaldado por el juez como una medida para asegurar la continuidad y correcta administración del TransMiCable, que conecta sectores de alta vulnerabilidad en Ciudad Bolívar con el resto de la ciudad.2TransMilenio aclaró que, una vez quede en firme la resolución, convocará un nuevo proceso de licitación con las mismas condiciones técnicas y contractuales, asegurando así que el sistema cuente con un operador bajo un contrato robusto y alineado con los estándares establecidos para la operación del cable. La entidad recalcó que la convocatoria se realizará “en estricto cumplimiento de los principios de transparencia, igualdad y responsabilidad”, señalando que el objetivo es evitar cualquier cuestionamiento sobre la legalidad del proceso.
Con atención garantizada están los usuarios de la Nueva EPS en La Guajira y Cesar, debido al acuerdo logrado en la reciente mesa de diálogo entre la comunidad, la Gobernación del Cesar y el grupo Clínica Médicos, que aceptó levantar su suspensión de atención médica y ya no trasladar a sus pacientes pese a los millonarios saldos que les adeudan desde la entidad mencionada.Así lo dio a conocer la misma gobernación por sus redes sociales, en las que afirmó que, tras el encuentro, “se logró que Nueva EPS restableciera la plataforma de autorizaciones al grupo Clínica Médicos” y que los usuarios “seguirán siendo atendidos en estas clínicas, teniendo en cuenta sus capacidades para realizarlo”.Allí también especificaron que, semanalmente, “las secretarías de Salud Municipal y Departamental realizarán revisión de los usuarios en esta red del Grupo Médicos, para verificar la prestación de servicio de salud” y que “Nueva EPS tiene el compromiso de velar por la red prestadora de servicios y en caso de las remisiones ellos deben tramitarlas, y poner a los pacientes teniendo en cuenta el nivel de complejidad que requieren”.Todo sin olvidar que el gerente regional de Nueva EPS se comprometió con informar al interventor nacional sobre el tema financiero del Cesar, ya que Nueva EPS debía realizar un giro para diciembre y el valor postulado no alcanza a cubrir el porcentaje pactado.La decisión de no suspender la atención se tomó al tiempo con otra conversación entre abogados en Bogotá, donde se intenta llegar a un acuerdo de pago, aunque no se descarta que los pacientes que no estén en Cuidados Intensivos sí sean llevados a centros de mediana complejidad según conoció Blu Radio.Esto no gusta a usuarios como Griselda Barros, familiar de una mujer hoy atendida en la Clínica Alta Complejidad, en Valledupar, quien dice que están dispuestos a seguir protestando a las afueras de las clínicas para evitar las remisiones.Le puede interesar: Madres reclaman a Nueva EPS fallas en la atención a pacientes con enfermedades huérfanas en Cali“Nosotros los usuarios, los afiliados, no tenemos porqué estar involucrados en los trámites administrativos, tanto de las IPS como de las EPS. Nos deben sacar de ese tema y brindarnos salud con oportunidad, eficiencia y calidad. No estamos mendigando atención, muchas de las personas que están luchando son beneficiarios del régimen contributivo”, dijo a Blu Radio.Para este propósito, Barros menciona que los han llamado usuarios de Cúcuta, Magangué, Barranquilla y Bogotá también con inconformidades en atención y con la firme intención de unirse a los reclamos.Actualmente son 300 mil usuarios afiliados a la Nueva EPS, 124 de ellos en Cuidados Intensivos, por lo que el no pago de las deudas ocasionará un despido masivo de profesionales en estas clínicas.
Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Cristian Durango Zapata, alias Tombito; Daniel Felipe Villa Rivillas, alias Piña; y Mateo Diossa Méndez, investigados por su presunta participación en el homicidio de un joven de 23 años en Medellín, al parecer, por una deduda en una licorera de la ciudad.De acuerdo con el ente acusador, los hechos ocurrieron el 11 de mayo de este año, cuando el cuerpo de la víctima fue hallado en una zona boscosa del barrio Girardot con 18 heridas producidas con arma cortopunzante.Las indagaciones adelantadas por el CTI de la Fiscalía y la Sijín de la Policía Nacional permitieron establecer que, horas antes del asesinato, el joven y otro hombre fueron retenidos en el barrio Castilla por supuestos integrantes de una organización criminal que opera en ese sector. Los señalados agresores los habrían acusado de no pagar unos productos en una licorera.A partir de análisis de cámaras de seguridad y otros elementos de prueba, los investigadores identificaron que ambos retenidos fueron trasladados en varias motocicletas fuera del barrio. Uno de ellos logró escapar; sin embargo, la motocicleta en la que se movilizaban no fue recuperada.Ante lo sucedido, los tres hombres fueron capturados por orden judicial el pasado 25 de noviembre. Durante las audiencias de imputación, adelantadas por un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Vida de la Seccional Medellín, ninguno aceptó los cargos por homicidio y hurto calificado, ambos agravados.
La seccional Bolívar de la Comisión Nacional de Disciplina destituyó e inhabilitó a Larry López, un abogado que fungió como empleado de la rama judicial en este departamento, a quien le lograron demostrar que registró irregularmente en el sistema de nómina a seis falsos servidores judiciales, que en realidad eran amigos suyos, a quienes les transfirió más de $500 millones entre enero y septiembre de 2021 por servicios de asesorías nunca contratados.Se trató de una nómina paralela que le costó a López un proceso penal por los cargos de acceso abusivo a sistema informático agravado, falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación; mientras que tuvo que enfrentar un proceso disciplinario por las faltas gravísimas realizadas a título de dolo durante este desvío de recursos públicos.Según la investigación, estos pagos iban entre los $10 y los $20 millones de pesos. Pero, lo más curioso, es que el abogado sancionado pedía a estas personas que posteriormente le entregaran el dinero a él, viéndose directamente beneficiado por esta nómina paralela.“Esto es un tema de corrupción por parte de este funcionario durante un periodo de tiempo. Este empleado a través de algunas personas que no estaban en la rama judicial, las incluyó como si fueran empleados y, a partir de eso, hacía la dispersión del dinero en distintos momentos del tiempo del recursos público para apropiárselo”, indicó el magistrado Jorge Rojas, quien estuvo a cargo de la investigación. Sin embargo, Según la investigación, en total habría movido unos $2.700 millones en transferencias desde 2018, lo que significó un duro golpe a las finanzas de la rama judicial. El proceso involucró sanción tras encontrarlo culpable por los delitos de acceso abusivo a sistema informático agravado, falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación. “Las pruebas que tiene la investigación penal documenta que este empleado desde el 2018 venía alterando la nómina y la cifra establecida por la fiscalía desde ese punto de vista preliminar, cuenta que preliminarmente a él le formularon por apropiación de más de $2.700 millones”, expuso. Entre otros datos, llama la atención que a esta persona le lograron demostrar que tomaba vacaciones en forma discontinua para no afectar la liquidación de la nómina paralela que manejaba. En total, unas 12 personas se vieron involucradas en esta investigación.
La Universidad de Antioquia sigue en una crisis financiera, por lo que hay preocupación de directivas y docentes confirmaron que el presupuesto del 2026 tendrá un recorte de más de 65.000 millones de pesos. Ante esto, los docentes piden con urgencia una ayuda del Gobierno nacional y departamental. Se ha conocido que la Udea necesita más de 130.000 millones de pesos, un hueco presupuestal que abre interrogantes sobre su sostenibilidad.“Desafortunadamente es una situación muy compleja. Lo que se va a hacer para cerrar el año es escalonar los pagos, aplazar para enero lo que no se alcance a pagar este año, proveedores y alguna parte de los salarios”, dijo María Isabel Duque, representante de docentes en consejo superior universitario de la universidad.El desfinanciamiento estructural acumulado supera los 400.000 millones de pesos. Según directivos y docentes, esto pone en riesgo el funcionamiento de sus sedes y programas para el próximo año.“Vender propiedades, gastarnos los ahorros que teníamos, hacer préstamos que han sido costosos de la universidad. Para el próximo año hay una reducción en costos de más de 65.000 millones que implica que hay actividades que no las vamos a poder hacer, que se tendrán que contratar menos profesores, abrir menos cursos, sacrificar asuntos misionales que son muy duros para la universidad”, agregó la docente Duque.El panorama ha empeorado tras el escándalo de Wilmar Mejía, representante del Gobierno nacional y miembro del dni ante el consejo superior universitario de la Universidad de Antioquia.“El consejo superior se levantó ayer por falta de quórum, porque varios se retiraron. Esto ha enrarecido el ambiente. El consejero Wilmar Mejía sigue como delegado del presidente y dice que no tiene ningún impedimento para estar en el consejo, pero ha enrarecido el ambiente indiscutiblemente”, agregó.Ante esto, el gobernador de Antioquia publicó en su cuenta de X que Wilmer Mejía se niega a irse, vinculándolo con varios casos de violencia en la universidad, por lo que pide a la Procuraduría tomar acciones al respecto.El funcionario del gobierno respondió inmediatamente y aseguró que Andrés Julián rendón es calumniador y lo quiere sacar porque, entre otras cosas, tiene minoría en votación en el consejo superior universitario.Los docentes están a la espera del último debate en cámara de representantes para la modificación de los artículos 86 y 87 de la ley 30 que mejore la financiación del estado a las universidades.