En las últimas horas se conoció una carta firmada por más de 30 senadores, dirigida a las autoridades, en la que solicitan garantías procesales para 11 jóvenes capturados. Según las autoridades, los detenidos serían presuntos integrantes de la Brigada Clandestina por el Pueblo y para el Pueblo (PPP), banda desarticulada, de acuerdo con lo informado por el alcalde Carlos Fernando Galán el pasado 12 de diciembre.En el documento, con fecha del 1 de diciembre, los congresistas manifiestan su preocupación por la criminalización de la juventud y cuestionan el uso de agentes encubiertos, así como lo que consideran una inflación punitiva en este tipo de procesos. Entre los firmantes se encuentra el senador y precandidato presidencial Iván Cepeda.En diálogo con Blu Radio, el representante a la Cámara por Bogotá, Alirio Uribe Muñoz, explicó las razones que llevaron a varios congresistas a respaldar el comunicado. Señaló que, tras una serie de allanamientos y detenciones que coincidieron con el aniversario del estallido social, la comisión recibió información según la cual los jóvenes pertenecen a sectores populares, realizaban trabajo comunitario y denunciaban ser víctimas de persecución y posibles montajes judiciales.“Lo que hicimos fue emitir un comunicado porque estos jóvenes son conocidos por distintos sectores populares y sociales. La intención era evitar imputaciones desproporcionadas, tal como lo han recomendado organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y instancias de Naciones Unidas”, explicó Uribe.El congresista recordó que esta comisión bicameral ha documentado miles de casos relacionados con la protesta social y presuntas irregularidades judiciales. Aclaró que el pronunciamiento no busca interferir en las investigaciones, sino garantizar el debido proceso, evitar cargos excesivos y respetar la presunción de inocencia.No obstante, Uribe aseguró que al momento de firmar la carta no tenían conocimiento de que los jóvenes capturados hicieran parte de la PPP. Aun así, insistió en la necesidad de una investigación rigurosa e imparcial.“Esperamos que se haga una investigación seria. Ya hemos visto casos de montajes judiciales, como el de quienes fueron condenados por el secuestro de Gloria Lara y años después el Estado tuvo que pedirles perdón. Los informes de Policía no son prueba definitiva; hay que esperar que avancen las investigaciones y se esclarezcan los hechos”, concluyó el representante.
El Gobierno colombiano concedió la extradición de Geovany Andrés Rojas, alias ‘Araña’, jefe de los Comandos de Frontera, a Estados Unidos por cargos de narcotráfico y narcoterrorismo, aunque la entrega queda suspendida bajo condiciones de la Paz Total.La resolución ordena la extradición del ciudadano colombiano a petición de las autoridades de Estados Unidos. Es requerido por la Corte Distrital del Distrito Sur de California por los de concierto para distribuir cocaína y narcoterrorismo.No obstante, el artículo segundo de la resolución establece la suspensión de la entrega de Rojas mientras este “contribuya con aportes verificables y resultados concretos en el proceso de la consecución de la paz total” en el marco de la Ley 2272 de 2022.Geovany Andrés Rojas funge como miembro representante de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) en la mesa de diálogos de paz con el Gobierno nacional.La entrega de alias ‘Araña’ a Estados Unidos se hará efectiva si sus aportes o su participación en el proceso de paz total "se interrumpa o cesen". En este caso, se procederá al trámite de extradición una vez se cumplan los condicionamientos impuestos al Estado requirente.La resolución también establece que la entrega se llevará a cabo bajo el compromiso de Estados Unidos de cumplir las condiciones establecidas en el artículo 494 de la Ley 906 de 2004, lo que implica que Rojas no será sometido a desaparición forzada, torturas ni a penas crueles, inhumanas o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.La decisión del Gobierno se basa en el aval que previamente había dado la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para la extradición de Geovany Andrés Rojas.La corte consideró que se cumplían los requisitos constitucionales para entregar al exjefe guerrillero, quien fue capturado en un hotel de Bogotá mientras participaba en la mesa de diálogos.Las pruebas de la justicia estadounidense confirmaron que la organización de Rojas produjo cocaína en Colombia, la envió a México y la introdujo al mercado estadounidense, lo que configura el delito de narcoterrorismo. El alto tribunal advirtió que los Comandos de Frontera han perdido toda legitimidad política y operan como una estructura criminal.
La muerte de las menores Emilia e Inés Forero, a raíz de envenenamiento de frambuesas con talio, consternó a todo el país y las autoridades avanzan en la investigación en donde la principal sospechosa es Zulma Guzmán Castro, quien salió del país días depsués de lo sucedido con destino a Argentina.Apareció Zulma Guzmán Castro, principal sospechosa del crimenLuego de varios días de investigación, finalmente, reapareció la sospechos que se encuentra por fuera del país. La mujer habló y salió en defensa propia sobre esta acusación y dijo que "tenía la manera de demostrar su inocencia", por lo tanto, iba a poner su disputa legal para demostrarlo. Lo curioso, según las autoridades, es que se pronuncia poco después de que se hablara de una posible imputación de la Fiscalía y sin señales pese a tener circular de la Interpol."Lo primero que tengo que decir es que siento muchísimo el dolor que pueden estar sintiendo las familias por la pérdida de sus niñas . Yo soy madre y eso debe ser dolor infinito y entiendo que por esa razón quieran encontrar el culpable y usar todos los medios posibles para ello, sin embargo, pues ese culpable no soy yo y eso es lo que estoy buscando probar ahora ante la justicia y con el abogado y con las pruebas que tengo", dijo en diálogo con Focus Noticias.Aseguró que "no entendía" porque la inculpaban a ella, pues "no tenía ningún motivo" para hacer algo así. Pero pondrá sus propias pruebas en manos de las autoridades para demostrar su inocencia."La estrategia se nota que era básicamente destruirme completamente antes de cualquier proceso judicial, destruir la imagen y dar una dar una versión que acaba conmigo sin ningún proceso, ninguna garantía de un juicio justo en estos momentos", añadió.La relación de Zulma Guzmán Castro y la familia BedoutConfesó haber sido pareja sentimental de manera clandestina con Juan de Bedout y aseguró nunca haber conocido a la esposa, pese que algunas versiones la han relacionado con su muerte."Yo lo vi cuando quedó viudo, en noviembre, tomamos un café y él me comentó que ella había muerto de cáncer, ella había tenido cáncer en el 2016 o 2017, creo, y le regresó, pero también ese día me dijo que habían tenido un susto, así me lo dijo, porque a principios de año ya había tenido una intoxicación por una sustancia, no estoy completamente segura de si me nombró esa sustancia talio o si me dijo simplemente que le habían encontrado algo que le había envenenado o le había hecho daño, no estoy segura exactamente que me dijo.",dijo.
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia solicitó negar la tutela presentada por Andrés Felipe Marín Silva, conocido como 'Pipe Tuluá', con la que busca dejar sin efecto el concepto favorable de extradición emitido el pasado 12 de noviembre a solicitud del Gobierno de Estados Unidos.Tan solo unas horas después de que se confirmara que el Gobierno firmó la extradición de 'Pipe Tulúa', se conoció un escrito remitido a la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, quién será la encargada de resolver una tutela que interpuso el máximo cabecilla de 'La Inmaculada'. La Corte explicó que el concepto de extradición se ajustó plenamente a las exigencias constitucionales y legales; por esa razón, sostuvo que no existe vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa, libertad personal ni acceso a la justicia, como lo alega el accionante.Marín, el peligroso cabecilla de la banda 'La Inmaculada' que delinque en el Valle del Cauca, es requerido por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas por los delitos de tráfico de drogas y concierto para delinquir, dentro de un proceso penal iniciado en septiembre de 2024.En la tutela, 'Pipe Tulúa' sostiene que la Corte incurrió en defectos sustantivos y fácticos al equiparar delitos que juzga el país que lo pide en extradición con los que fue juzgado en Colombia.Sin embargo, la Sala Penal reiteró que para verificar el principio de doble incriminación basta con que la conducta sea delito en ambos países, sin importar la denominación jurídica, y que los hechos descritos sí encuentran correspondencia en el Código Penal colombiano.La Corte aclaró que el trámite de extradición no es el escenario para analizar de fondo la responsabilidad penal del solicitado ni para evaluar la suficiencia o validez de las pruebas allegadas por el país requirente.Asimismo, descartó que exista falta de motivación en el concepto de extradición y señaló que los argumentos planteados por la defensa ya fueron analizados y respondidos dentro del trámite. Para la Sala, la tutela no puede usarse como un mecanismo para reabrir discusiones ya resueltas ni para expresar inconformidad con una decisión judicial debidamente sustentada.
La imagen de María Corina Machado en Oslo, horas después de no poder asistir a la ceremonia del Premio Nobel de Paz, se convirtió en una de las más comentadas de la semana a nivel mundial. Su salida de Venezuela, país donde es considerada una de las figuras más perseguidas por el régimen de Nicolás Maduro, abrió nuevas preguntas sobre el futuro político del país y el alcance real de la presión internacional.En entrevista con Sala de Prensa Blu este 14 de diciembre, el analista internacional Lawrence Gumbiner, exfuncionario del Departamento de Estado de Estados Unidos y experto en política hemisférica, calificó la operación como un episodio inédito, cargado de riesgos y con implicaciones que van mucho más allá de lo simbólico.Salida de María Corina Machado de Venezuela: una operación de alto riesgoGumbiner no dudó en describir la salida de Machado como una maniobra extraordinaria. Aseguró que se trató de una operación “de película”, en la que la líder opositora tuvo que superar cerca de diez retenes de seguridad, salir del país por vía marítima en condiciones complejas y llegar primero a una isla del Caribe antes de continuar su traslado hacia Europa.El analista explicó que existió algún nivel de coordinación para evitar un incidente mayor en el mar. Según dijo, hubo comunicación destinada a impedir el uso de fuerza militar durante el trayecto, teniendo en cuenta la presencia de unidades estadounidenses en el Caribe. Aunque aclaró que no se conocen detalles sobre un eventual involucramiento directo del gobierno de Estados Unidos, sostuvo que el operativo fue exitoso, más allá del retraso que impidió la llegada de Machado a la ceremonia del Nobel.Impacto político de María Corina Machado tras el Nobel de PazPara Gumbiner, la presencia de María Corina Machado fuera de Venezuela representa un escenario con ventajas y riesgos. La definió como un “cuchillo de doble filo”. Por un lado, destacó que ahora tiene mayor libertad para reunirse con gobiernos, fortalecer apoyos internacionales, ofrecer declaraciones públicas y visibilizar la crisis venezolana en escenarios globales. Sin embargo, advirtió que su eventual regreso al país será altamente complejo.El analista recordó que la historia política ofrece varios ejemplos de líderes que pierden influencia cuando permanecen demasiado tiempo fuera de su territorio. Estar lejos del país, explicó, puede debilitar el vínculo directo con la ciudadanía y la dinámica interna del poder.En cuanto al rol de Estados Unidos, Gumbiner fue cauto frente a una posible intervención militar. Señaló que la estrategia actual apunta a una presión progresiva, basada en sanciones y negociaciones. Según afirmó, figuras como Donald Trump han optado por una presión gradual con miras a una eventual salida negociada de Nicolás Maduro.Sobre Colombia, consideró que las tensiones con Washington son más personales que estructurales y subrayó que ambos países mantienen intereses comunes en la región. Mientras tanto, la salida de María Corina Machado sigue reconfigurando el tablero político regional, en medio de una presión internacional que aumenta, pero que aún no define el rumbo final de Venezuela.
Un equipo forense de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas logró recuperar, en la vereda Tasidó del municipio de Mutatá, los cuerpos de cuatro personas dadas por desaparecidas durante los años 2004 y 2007, en medio del conflicto armado que se vivió en esa zona del departamento de Antioquia.Según la Unidad de Búsqueda, los hechos corresponden a dos casos aislados. El primero se registró en el año 2004, cuando falleció una mujer durante enfrentamientos armados, y el segundo caso corresponde al año 2007. De acuerdo con la información, tres personas murieron tras la detonación de una bomba, incluida otra mujer.La recuperación fue posible gracias a la información otorgada por firmantes de paz, en un trabajo articulado con la organización Reencuentro y la colaboración de las familias de la zona, que suministraron información vital para dar una identidad orientada de las víctimas fatales, así lo aclaró Célika Patricia Araujo, vocera de la UBPD.“Se logró un exitoso proceso de recuperación de cuatro personas dadas por desaparecidas. El equipo forense pudo realizar un trabajo riguroso para recuperar los cuerpos. Ahora que ya los tenemos, continuamos con la identificación desde Medicina Legal”, mencionó Araujo.El equipo de forenses de la Unidad de Búsqueda tardó siete horas y media en una travesía a lomo de mula para llegar a la vereda Tasidó, donde, después de un arduo trabajo, lograron identificar los cuerpos de dos hombres y dos mujeres.Los cuerpos serán identificados plenamente antes de ser entregados a sus seres queridos. Esta acción hace parte del Plan Regional de Búsqueda del Sur de Urabá, que busca localizar a más de 1.0000 personas desaparecidas en el marco del conflicto.
Bogotá, la capital de los conciertos en Colombia, ha recibido a un sinfín de artistas de talla mundial y muchos han dejado noches inolvidables con shows de hasta tres horas, sin embargo, el reguetón tenía una deuda pendiente con una ciudad que le ha dado el primer empujón a los grandes artistas que hoy lideran las listas de reproducción a nivel internacional. Por la capital han pasado Arcángel, Bad Bunny, Mora, Daddy Yankee, Don Omar, Wisin & Yandel, Plan B, Nicky Jam, De La Ghetto, entre otros, y, por supuesto, locales como Karol G, Maluma, Feid, Blessd, Ryan Castro y más. Pero en su mayoría todos dejaron grandes espectáculos dedicados a sus carreras, más una noche 100 % dedicada a la ciudad y a su público. Catédra del "papá del reguetón en Colombia"Los primeros en intentarlo fueron Feid, Maluma y Ryan Castro dándole al público grandes invitados en sus conciertos del 2024 y 2025, en especial el segundo que, incluso, le dio una sola noche a Bogotá en donde le demostró el cariño a la ciudad. Si bien el 'Pretty Boy' y 'Ferxxo' hicieron lo mismo -a su estilo- no se mandaron un festival como sí lo hizo J Balvin este 13 de diciembre en El Campín de Bogotá.El 29 de noviembre en Medellín miles de personas aseguraron haber vivido el mejor concierto de reguetón de la historia del país, por lo que las expectativas en Bogotá se redujeron significativamente y se esperaba una noche más tranquila, de pocos invitados. Pero para el 'Niño de Medellín' Bogotá merecía una noche que nunca olvidaría, por eso más allá de montarse un concierto se hizo una fiesta (cinco horas y media) en donde no hubo ni uno ni dos invitados, sino más de 10 en donde hizo un viaje del género clásico hasta el moderno.Si bien brillaron ausencias como la de Maluma y Ryan Castro, nadie del público se pudo quejar por la magnitud de artistas que puso en escena el 'Niño de Medellín' acompañado de un escenario de otro nivel, luces y todo un equipo de bailarines internacionales, demostrando, una vez más, porqué José ha sido el pionero y papá del género en Colombia.Con más de 70 bailarines en tarima —56 de ellos colombianos—, una producción técnica y creativa de primer nivel y mano de obra nacional, el imponente escenario 360 parecía hacerse cada vez más pequeño con cada éxito interpretado, cada coreografía y cada invitado, mientras la energía se disparaba en cada rincón del estadio.Estos fueron los invitados de J Balvin en BogotáJorge BarónDragón y caballeroBlindaje 10Jiggy DramaReykonJory BoyNio GarciaZionDe La GhettoDj LuianJustin QuilesLenny TavaresCosculluelaArcángelNicky jamFeidEd SheeranDe Jorge Barón a Ed SheeranLa fiesta comenzó con "Blanco", uno de los sencillos del álbum Colores que encendió la fiesta (o festival) que tenía preparado de cinco horas el 'Niño de Medellín' en la capital colombiana. Por supuesto en el recorrido sonaron éxitos como "Qué más pues?", "Qué pretendes", "Con altura", entre otros, pero los invitados arrancaron con un Jorge Barón que conmovió al público con "patadita de la buena suerte", dándole el éxito que esa noche para José sería inolvidable.Allí comenzó una tanda de invitados que el público jamás podrá olvidar y el reguetón vieja escuela se hizo presente, al igual que un DJ Luian (pionero de trap kings) con el trap latino. El estadio estalló con canciones como "La Groupie", "Amigos especiales", "Medallo", "Salimos pa la disco", "La Fuga", "La Santa", "Te Boté", "AM", "La Jumpa", "Hay algo en ti", "Dónde están las gatas", entre otros, porque poner todas sería poner toda la historia del género (faltando solo algunas de Don Omar).Fue una fiesta de 100 % reguetón, desde el clásico hasta el moderno con Feid, o trap con DJ Luian y Arcángel 'Austin La Maravilla'. Por eso, para calmar tanto perreo, tuvo que salir Valentina Ferrer y Río, esposa e hijo de Balvin, respectivamente, para hacer de la noche una momento emotivo en donde salieron algunas lágrimas y un sesión romántica de Ed Sheeran con canciones como "Perfect", "Photograph", quien volverá a Colombia en marzo en el Vive Claro.El trabajo incansable de meses de diseño, montaje y ensayo encontró su recompensa en Bogotá y Medellín, donde la fuerza del público impulsó estas dos presentaciones que quedarán marcadas en la memoria de los fanáticos y asistentes.
La Policía Nacional en el departamento del Cauca confirmó que, en el marco del denominado paro armado, durante el domingo 14 de diciembre de 2025 se registraron cinco acciones propagandísticas atribuidas al Ejército de Liberación Nacional (ELN) en distintos puntos del departamento, principalmente sobre la vía Panamericana.Según el reporte oficial, estas acciones consistieron en la instalación de banderas, grafitis y la ubicación de un cilindro en zonas de los municipios de Cajibío, Piendamó, Patía, Caldono y Santander de Quilichao.De manera inmediata, unidades de la Policía Nacional, en articulación con el Ejército Nacional, adelantaron labores de verificación, patrullaje y control en los sectores afectados, procediendo al retiro de los elementos instalados.Las autoridades destacaron que la vía Panamericana se encuentra totalmente habilitada, especialmente en el sector de Mandiva, municipio de Santander de Quilichao, donde personal especializado del Ejército Nacional, siguiendo estrictos protocolos de seguridad, retiró y neutralizó de forma controlada un cilindro acondicionado con explosivos.La Policía Nacional y el Ejército Nacional mantienen presencia permanente sobre este corredor vial estratégico y en el resto del departamento, con el objetivo de garantizar la movilidad, la seguridad y la tranquilidad de la comunidad.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, rechazó este domingo el paro armado de tres días convocado por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en protesta por "las amenazas de intervención imperialista" de Estados Unidos, e instó a la población a vivir la Navidad "sin miedo"."La orden dada a la fuerza pública de Colombia es atacar al ELN y defender al pueblo de Colombia ante cualquier amenaza externa", escribió Petro en X, donde compartió el comunicado de la guerrilla que convoca, a partir de hoy, a un paro armado de 72 horas en rechazo a lo que denomina la "nueva fase del plan neocolonial" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.El mandatario izquierdista, exintegrante en su juventud de la desmovilizada guerrilla del M-19, pidió además al pueblo colombiano "salir a la fiesta de navidades (sic) sin miedo", al asegurar que "el miedo paraliza" y que el país "no se dejará amenazar ni por potencias extranjeras ni por traquetos (narcotraficantes) vestidos de revolucionarios"."Estas no son amenazas a Trump, son amenazas a Colombia y al proyecto de Bolívar de la Gran Colombia (...) El dueño de Colombia es el pueblo de Colombia", añadió Petro sobre el paro del ELN, guerrilla con la que su Gobierno inició diálogos de paz que se rompieron tras el vencimiento de un cese al fuego bilateral en agosto de 2024.El ELN anunció el viernes un paro armado desde este domingo hasta el 17 de diciembre en rechazo al despliegue militar estadounidense en el sur del Caribe y el Pacífico, cerca de las costas de Venezuela y Colombia, bajo el pretexto de combatir el narcotráfico, que según la guerrilla "pretende recrudecer el saqueo de los bienes naturales y riquezas nacionales".El ELN no precisó, sin embargo, si la medida afectará todas las regiones donde tiene presencia y capacidad de control, que de acuerdo con la ONG InSight Crime se extienden por al menos 19 de los 32 departamentos del país.Durante los paros armados, la guerrilla suele restringir la circulación de vehículos por carreteras y ríos, limitar la movilidad de la población e imponer el cierre de comercios, además de lanzar amenazas contra quienes incumplan las órdenes.Hasta el momento, la fuerza pública no ha reportado incidentes, aunque medios locales informaron del cierre total de la vía que comunica los municipios de Cúcuta, en la frontera con Venezuela, y Pamplona, tras el hallazgo de dos cilindros con insignias alusivas al ELN.
El expresidente Álvaro Uribe pidió impulsar en el Congreso de la República una iniciativa para otorgar beneficios jurídicos a los militares investigados por la toma y retoma del Palacio de Justicia en 1985, sin que esto implique una evasión de la responsabilidad del Estado.“Pediré a la bancada del Congreso del Centro Democrático buscar en coalición una Ley o un Acto Legislativo que a los militares que participaron en el rescate del Palacio de Justicia, condenados o todavía en investigación o juicio, les conceda todos los beneficios equivalentes a una sentencia absolutoria. Que también tenga efecto sobre los fallecidos”, escribió en redes el exmandatario.Uribe señaló que si bien es tarde para adelantar proyectos de este tipo, son necesarios para respetar el honor militar.Esta propuesta del expresidente Uribe llega en medio de la conmemoración de los 40 años del holocausto del Palacio de Justicia.Precisamente, el pasado martes, en medio de esos eventos, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez señaló la necesidad de adelantar investigaciones más fuertes, pues si bien se había condenado al Estado, no se ampliaron las responsabilidades individuales.“Jamás se adelantó, prosiguió o culminó investigación alguna contra los miembros del cartel de Medellín por las amenazas contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, y por la presunta participación en la autoría intelectual y/o financiación de la toma del Palacio de Justicia”, dijo.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió para estudio una acción de cumplimiento interpuesta por Andrés Caro, representante legal de la Fundación para el Estado de Derecho, en contra del Servicio Geológico Colombiano (SGC) y el Ministerio de Educación Nacional, por el presunto uso político de sus cuentas oficiales en redes sociales.Según el demandante, ambas entidades habrían incumplido los deberes establecidos en la Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción, que ordena a las instituciones públicas limitar la publicidad oficial al cumplimiento de sus fines institucionales y prohíbe expresamente su utilización con fines de promoción política o de funcionarios públicos.En el caso del Servicio Geológico Colombiano, la acción señala que, desde sus canales institucionales, se difundieron mensajes asociados a campañas políticas del Gobierno nacional, empleando hashtags como #SeRobaronLaSalud, #TrumpSeEquivocóDePaís y #El24ALaPlaza, este último utilizado para promover la movilización convocada por el presidente Gustavo Petro. Según la demanda, tales publicaciones exceden el carácter informativo e institucional que debe regir la comunicación de las entidades estatales.Los accionantes advirtieron que “el uso de recursos públicos por parte del SGC y el Ministerio de Educación para publicidad oficial en contravía de la prohibición legal y de la finalidad expresamente permitida en la ley confirma la procedencia de la acción de cumplimiento para exigir que se ajuste a la norma y cese la conducta prohibida. La publicidad oficial, al ser financiada con dineros del Estado, está sujeta a límites estrictos de necesidad, proporcionalidad y finalidad. No se trata de restringir la comunicación gubernamental, sino de preservar su carácter informativo, impersonal y orientado al servicio público”.Con la admisión de la acción, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca anunció que la decisión de fondo será proferida dentro de los próximos 20 días, periodo en el que las entidades involucradas podrán presentar y aportar la documentación relacionada con las publicaciones en cuestión.
El juez 37 con función de control de garantías de Bogotá avaló la imputación contra Juan Carlos Suárez por el delito de homicidio agravado en el caso del asesinato del joven de la Universidad de los Andes, Jaime Moreno. El delito contempla una pena que va de 480 a 600 meses de prisión, es decir, entre 40 y 50 años de cárcel.La Fiscalía le imputó el delito por su presunta participación en el asesinato del joven universitario ocurrido en la madrugada del 31 de octubre en la localidad de Chapinero, Bogotá. De acuerdo con el material probatorio, Suárez Ortiz, quien fue capturado momentos después del crimen, habría participado directamente en la agresión que causó la muerte del estudiante. Sin embargo, el hombre de 27 años no aceptó cargos.¿Qué pasó en la audiencia?Al inicio de esta diligencia, el juez decidió que el proceso tendrá reserva parcial para fotos del cuerpo de la víctima, grabaciones e identificación de testigos, luego de que la Fiscalía hizo una solicitud total y las víctimas directas una parcial.El padre de Jaime Moreno hizo la solicitud para que “los testigos y el material que sea prueba, sea fundamental en su reserva, para poder garantizar y que no mancille más nuestro dolor”.La fiscal inició la argumentación de la imputación, destacando que en los videos de cámaras de seguridad, el procesado aparece con el rostro pintado de rojo y negro, sin camisa y con un pantalón oscuro, acompañado por otro joven, ahora prófugo, que también habría golpeado a la víctima. “Fue quien propinó un puño en la espalda. Lo golpeó de tal manera que la víctima cayó en el piso. De la misma manera, hubo otra persona que estaba con Juan Carlos Suárez, quien también fue un agresor que estaba en el lugar y, posteriormente, realizando este acompañamiento de esta misma actividad, emprendió la huida”, describió, refiriéndose a la compañía del joven vendedor informal que portaba orejas y camisa negra.En la explicación de los hechos, el ente acusador aseguró que Suárez atacó a Moreno con “patadas en su cara y en su cuerpo, mientras la señora Paola Fernández, que está de disfraz azul, lo motivaba para que él siguiera realizando esta actividad (...) La víctima, que permanecía en el suelo, botaba sangre por la nariz y boca y se ahogaba en su propia sangre”, refirió la fiscal, asegurando que los vinculados generaron que la víctima quedara en estado completo de vulnerabilidad.Sin embargo, hubo varias interrupciones de los representantes legales, del Ministerio Público y del juez, debido a que alertaron confusión en la argumentación y falta de conocimiento sobre la motivación del delito.Por esta razón, el juez solicitó a la fiscal volver a explicar en varias ocasiones la definición de la imputación: “Hacer una suposición de los motivos por los cuales se procedió a estos hechos, pero, sin embargo, no tiene establecidos cuáles fueron los móviles para la acción”.A pesar de esta confusión y de que todavía no se conoce el motivo real de la pelea, el juez avaló la imputación y mañana se tomará una decisión sobre la medida de aseguramiento en contra de Juan Carlos Suárez.
La Fiscalía General de la Nación imputó el delito de homicidio agravado a Juan Carlos Suárez Ortiz, señalado como presunto coautor del asesinato de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, un joven de 20 años y estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes. Los hechos ocurrieron en la madrugada del 31 de octubre, luego de una fiesta de Halloween. Según el ente acusador, Moreno falleció a causa de un trauma craneoencefálico severo producto de una golpiza. Durante la audiencia del 5 de noviembre de 2025, la Fiscalía indicó que Suárez podría enfrentar una condena de entre 40 y 50 años de prisión, mientras el juez del caso decretó reserva parcial de las diligencias para proteger las pruebas y la identidad de los testigos."Usted fue imputado por el delito de homicidio en circunstancias de agravación del artículo 104, número séptimo. Esto es colocando en indefensión a la víctima, por lo cual puede estar incurso en esta conducta punible y su respectiva sanción de 40 a 50 años de prisión", dijo el juez 37 con función de control de garantías de Bogotá.Ante esto, el señalado no aceptó cargos: "No acepto cargos", dijo. Por ahora, el juez informó que la audiencia continúa este jueves 6 de noviembre de 2025 a las 9 de la mañana.
Durante la audiencia de imputación de cargos por el homicidio de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, un joven de 20 años y estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes, la Fiscalía General imputó el delito de homicidio agravado a Juan Carlos Suárez Ortiz por su presunta participación en el asesinato del joven universitario.Según el ente acusador, la pena partiría de entre 40 y 50 años de prisión. “En calidad de coautor por el delito de homicidio con circunstancias de agravación; esto se señala en los artículos 103 y 104 del Código Penal”, indicó la Fiscalía.El organismo investigador ha avanzado en la reconstrucción de los hechos y en la identificación de todos los implicados, con base en las grabaciones de seguridad del establecimiento Before Club, entregadas a las autoridades.En ellas se evidencia que los agresores salieron del lugar entre 10 y 15 minutos después que la víctima. Hasta el momento, Juan Carlos Suárez Ortiz fue capturado y puesto a disposición de las autoridades por su presunta participación en el crimen.Además, dos mujeres que acompañaban a los agresores, identificadas como Kleidymar Fernández Sulbarán y Bertha Parra Torres, también fueron detenidas. Aunque recuperaron su libertad, permanecen vinculadas al proceso.De acuerdo con el relato del abogado representante de la familia, el ataque que le causó la muerte, producto de un trauma craneoencefálico severo, se originó tras un primer encuentro en un Oxxo del sector, donde Moreno y un amigo fueron interceptados por Juan Carlos Suárez Ortiz, quien tenía el rostro pintado de rojo, y por un segundo agresor que aún permanece prófugo.Tras la intimidación, los jóvenes decidieron retirarse. Sin embargo, al no encontrar transporte en una zona descrita como “muy sola y peligrosa”, fueron perseguidos y brutalmente atacados a golpes minutos después.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la negativa a la solicitud de nulidad que había hecho el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, frente a la acusación que se adelanta en su contra por el delito de tráfico de influencias, relacionado con el “carrusel de la contratación”.El alto tribunal negó la solicitud de nulidad presentada por la defensa del ministro, con la cual se buscaba anular la acusación al considerar que durante el trámite se habrían vulnerado garantías como el debido proceso y el derecho de defensa. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia concluyó que no se configuró ninguna irregularidad sustancial que ameritara retrotraer la actuación.En su decisión, la Sala Penal explicó que la nulidad es una medida excepcional, que solo procede cuando se demuestra una afectación real y trascendental de las garantías fundamentales, situación que según el fallo no ocurrió en el caso del ministro de Trabajo.La Corte también precisó que las inconformidades de la defensa ya habían sido analizadas en etapas previas del proceso y que no es válido utilizar la nulidad como un mecanismo para reabrir discusiones que deben resolverse en el juicio, donde se evaluará de fondo la responsabilidad penal del acusado.Con esta determinación, la Corte Suprema de Justicia dejó claro que el proceso penal contra Antonio Sanguino continúa sin obstáculos y que el ministro de la cartera de trabajo deberá enfrentar el juicio por tráfico de influencias, delito que se le atribuye por presuntas gestiones indebidas cuando se desempeñaba como concejal de Bogotá.
El alto tribunal negó la solicitud de nulidad presentada por la defensa del ministro, con la cual se buscaba anular la acusación al considerar que durante el trámite se habrían vulnerado garantías como el debido proceso y el derecho de defensa. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia concluyó que no se configuró ninguna irregularidad sustancial que ameritara retrotraer la actuación.En su decisión, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia explicó que la nulidad es una medida excepcional, que solo procede cuando se demuestra una afectación real y trascendental de las garantías fundamentales, situación que según el fallo no ocurrió en el caso del Ministro de Trabajo.La Corte también precisó que las inconformidades de la defensa ya habían sido analizadas en etapas previas del proceso y que no es válido utilizar la nulidad como un mecanismo para reabrir discusiones que deben resolverse en el juicio, donde se evaluará de fondo la responsabilidad penal del acusado.Con esta determinación, la Corte Suprema de Justicia dejó claro que el proceso penal contra Antonio Sanguino continúa sin obstáculos y que el ministro de la cartera de trabajo deberá enfrentar el juicio por tráfico de influencias, delito que se le atribuye por presuntas gestiones indebidas cuando se desempeñaba como concejal de Bogotá.
El alto tribunal le negó la solicitud de varias pruebas que pidió Cielo Rusinque dentro del trámite de la demanda que pide tumbar su designación en la Superintendencia de Industria y Comercio. El Consejo de Estado estudiará la certificación de los estudios de Rusinque en Francia, prueba que remitió el Ministerio de Educación.La decisión se produjo tras vencer los traslados ordenados luego de que el tribunal decretara una prueba de oficio para aclarar el alcance académico del diploma francés en Derecho Constitucional que la funcionaria presentó como parte de su formación.Los demandantes cuestionaron si Rusinque cumple con el nivel de estudios exigido para el cargo, por lo que el alto tribunal ordenó al Ministerio de Educación Nacional certificar la equivalencia del “Diplome Supérieur de l’Université – Droit Constitutionnel” expedido en Francia.La demanda que pide tumbar a Rusinque de la SIC será una de las “papas calientes” que deberá resolver el Consejo de Estado en 2026, por ello, el alto tribunal precisó que únicamente tendrá en cuenta la información enviada sobre el diploma francés de Rusinque, pues corresponde exactamente a lo solicitado en el auto del 20 de noviembre de 2025.¿Qué pruebas rechazó el Consejo de Estado?El despacho del magistrado ponente Pedro Pablo Venegas rechazó las pruebas allegadas por la propia Rusinque entre ellas artículos, traducciones, resoluciones de convalidación de otros posgrados y documentos relacionados con su producción académica.Tampoco fueron aceptadas las pruebas solicitadas por el demandante Samuel Ortiz Mancipe, Con estas decisiones, el proceso continúa enfocado exclusivamente en establecer si ese título y su eventual convalidación cumple con los requisitos para el cargo de superintendente.
La representante de la abogada y fiscal seccional Liceth Córdoba cuestionó la reciente celebración pública del cantante Luis Eduardo “Lowe” León sobre su absolución en España por el caso de violencia intrafamiliar, al recordar que actualmente cursa un recurso de apelación ante la justicia de ese país.Aunque el fallo absolutorio fue proferido a inicios de este año, solo recientemente el equipo del artista difundió un comunicado anunciando la victoria judicial, lo que generó inconformidad en la representación de Córdoba debido a que el proceso sigue activo en sede internacional.Según explicó su abogada, Wendy Herrera, la sentencia que absolvió al cantante fue proferida el 19 de mayo de 2025 y apelada el 23 de mayo del mismo año. Aseguró que la decisión se recibió con respeto, pero también con “profundo asombro” por la rapidez con la que se resolvió y por los argumentos utilizados para absolver a León.La representación sostiene que la sentencia no valoró adecuadamente las pruebas presentadas por la víctima, que no se admitieron testigos esenciales y que se produjo un fallo “inusualmente rápido”.También cuestionó la falta de perspectiva de género en el análisis del testimonio de Córdoba, señalando que el juez consideró que ella buscaba obtener ventajas en el proceso de divorcio, pese a que para la representación, la víctima habría actuado por el miedo y la urgencia de regresar a Colombia con su hijo.Frente a la publicación del comunicado del cantante en noviembre, la abogada del artista en España, Silvia Aucejo, afirmó que el contenido se divulgó en la fecha que su cliente consideró oportuna, alegando que había información incorrecta circulando sobre su situación judicial.A la controversia internacional se suma la disputa por la custodia del hijo de la pareja. La abogada de Córdoba confirmó que actualmente enfrentan un proceso de restitución internacional iniciado supuestamente por León, quien solicita que el menor regrese a España.Sin embargo, la defensa de la madre sostiene que el niño ha vivido en Barranquilla y que no existe fundamento para enviarlo a un país donde ninguno de los padres es ciudadano. La abogada calificó la solicitud como preocupante y consideró que la reciente exposición pública del caso podría responder a “una estrategia de marketing” vinculada a los proyectos musicales del cantante.En paralelo, continúa en Colombia el proceso penal por presunta violencia intrafamiliar agravada contra León. La abogada que integra la defensa de Córdoba recordó que la Fiscalía ya presentó el escrito de acusación. La audiencia concentrada está programada para el 23 de febrero de 2026.Por su parte, la defensa de León en Colombia, la abogada Luz Marina Berrio, explicó que el caso avanza bajo el procedimiento penal abreviado establecido en la Ley 1959 de 2019, en la cual la denuncia penal por violencia intrafamiliar, se une la investigación y la imputación, en un escrito de Acusación.Detalló que la audiencia concentrada, que reúne en un solo acto la acusación y la preparatoria, ya inició con la verbalización del escrito por parte de la Fiscalía, pero la intervención de la defensa técnica aún está pendiente debido a la suspensión de la diligencia, que continuará en febrero de 2026. Sostuvo que en esa próxima sesión la defensa de León podrá descubrir y presentar sus pruebas “en igualdad de armas” con el ente acusador.
La investigación por el envenenamiento con talio que dejó como víctimas a las menores Emilia e Inés Forero continúa revelando aristas complejas, telefónicas y químicas, que amplían un caso que para la Fiscalía podría tener conexiones con otro episodio ocurrido cuatro años atrás. El abogado penalista Majer Abushihab, representante de la familia Forero, explicó en Mañanas Blu las piezas que hoy conforman el rompecabezas judicial y que involucran —según él— no solo la actuación de Zulma Guzmán, principal sospechosa, sino la posible participación de terceros.“Indudablemente se están investigando varias hipótesis que involucran más personas”, afirmó Abushihab. Aunque insistió en que no puede detallar elementos sensibles porque podrían comprometer el curso de la investigación, dejó claro que existen líneas sólidas sobre el origen del talio, la cadena de entrega del alimento contaminado y la localización de la presunta responsable en los días críticos.El rastro del talio: sustancia prohibida y origen aún en análisisUno de los ejes investigativos más complejos es el ingreso del talio al país. Esta sustancia, prohibida en Colombia, solo puede utilizarse para procesos industriales específicos.Abushihab subrayó que la Fiscalía, dirigida por la fiscal Elsa Reyes, ha adelantado un rastreo minucioso: “Créame, no le puedo dar detalles, pero se han hecho ejercicios muy importantes de indagación sobre cómo pudo haber ingresado talio al país”.Según el penalista, el ente investigador ya identificó posibles fuentes y está verificando destinos potenciales a fin de reconstruir la ruta completa.El abogado también fue prudente cuando se le consultó si el talio utilizado en este caso correspondía al mismo tipo hallado en el envenenamiento de la esposa del padre de una de las niñas, sucedido cuatro años atrás y que involucraría al mismo círculo familiar. Sin embargo, dejó entrever que esta conexión no está descartada:“En los dos sucesos hubo talio. Eso sí es cierto”.El mensajero: una pieza instrumentalizada del planUno de los elementos más sensibles de la investigación es la responsabilidad del mensajero que llevó las frambuesas envenenadas al hogar de la familia Forero. Según Abushihab, el domiciliario es un testigo clave que no formó parte del plan criminal.“Evidentemente fue instrumentalizado. Él no tiene nada que ver”, enfatizó. Explicó que el hombre trabajaba con varias aplicaciones de mensajería y que la Fiscalía ya identificó las plataformas involucradas, encontrando conexiones “muy importantes”.El comportamiento del mensajero también llamó la atención por su insistencia en entregar el paquete. Abushihab confirmó que el domiciliario llegó inicialmente y se retiró cuando le dijeron que no esperaban ningún envío, pero regresó tras recibir nuevas instrucciones: “Son contactos telefónicos. Y de ahí la prueba técnica con la que cuenta la Fiscalía”.Las llamadas desde Argentina: un elemento técnico bajo reservaUno de los puntos que más confusión ha generado es la supuesta llamada desde Argentina utilizada para ordenar las frambuesas envenenadas. Aunque esta versión circuló ampliamente, Abushihab fue enfático en aclarar que la orden no se hizo desde el extranjero.“La llamada no fue desde Argentina”, aseguró. Sin embargo, dejó abierta la puerta a una conexión técnica con ese país: “El tema de Argentina es cierto; hay unos vínculos muy técnicos, pero de eso dará cuenta la Fiscalía”.Lo que sí confirmó es que Zulma Guzmán estaba en Colombia el día del envío, negando versiones que la ubicaban en Buenos Aires. “Sí, es correcto”, respondió al ser interrogado sobre si la presunta responsable estaba en Bogotá el 5 de abril.El vínculo probatorio: ubicaciones, teléfonos y testimoniosSobre cómo la Fiscalía concluyó que Guzmán ordenó el envío de frambuesas contaminadas, Abushihab insistió en que el caso está respaldado por evidencia diversa:“Hay pruebas testimoniales y pruebas técnicas: teléfonos, ubicaciones, lugares y personas que han tenido interacción con la presunta responsable”.Esta combinación llevó al ente investigador a solicitar una orden de captura nacional e internacional (Interpol).¿A quién iba dirigido el veneno? Un móvil aún en construcciónRespecto al posible objetivo del envenenamiento, el abogado evitó confirmar si el ataque iba dirigido a las niñas, al padre o a toda la familia:“Indudablemente existe la posibilidad, o para todos”, expresó. El móvil sigue siendo materia de indagación.
A ocho meses del envenenamiento con talio que causó la muerte de dos menores de edad en Bogotá, la Fiscalía continúa avanzando en una investigación descrita como “profunda, minuciosa y sustentada en evidencia de todo orden”. En el centro del caso aparece como principal sospechosa Zulma Guzmán Castro, quien sería la presunta responsable de la muerte de las niñas, ocurrida entre el 5 y el 9 de abril.El abogado penalista Majer Abushihab, representante de la familia Forero, entregó detalles relevantes sobre el estado del proceso y los elementos que han guiado las conclusiones preliminares de la Fiscalía. Según explicó en Mañanas Blu, el rastreo de pruebas técnicas y testimoniales ha permitido establecer conexiones clave que comprometerían seriamente a Guzmán.El domiciliario “fue instrumentalizado”Uno de los puntos de la investigación es el rol del mensajero que entregó las frambuesas con el talio. Abushihab afirmó que el domiciliario fue “instrumentalizado” y que la Fiscalía tiene plenamente esclarecida su participación.De acuerdo con su versión, el mensajero llegó inicialmente a la vivienda de la familia sin que nadie esperara un pedido. Ante la negativa, se retiró, pero luego regresó por instrucciones telefónicas de quien ordenó el envío. En su segundo intento, insistió en que el paquete, presentado como un regalo, debía ser recibido y mencionó el nombre de un miembro del núcleo familiar, razón por la cual decidieron aceptarlo.¿Cómo rastreó la Fiscalía el origen del envío?El abogado indicó que la Fiscalía ha utilizado herramientas técnicas, como análisis de teléfonos, ubicaciones y contactos, para establecer la trazabilidad del pedido. Aunque no puede revelar detalles específicos, aseguró que existen numerosas pruebas testimoniales y técnicas que comprometen a la presunta responsable.Sobre la ubicación de Guzmán al momento del envío, Abushihab fue claro: “Estaba en Colombia”. Esto, pese a que algunos registros telefónicos han generado confusión por referencias a conexiones con Argentina. El abogado insistió en que el pedido no se hizo desde ese país y que la razón por la cual Argentina aparece en los registros será explicada más adelante por la Fiscalía.El caso ha levantado sospechas adicionales por la muerte, años atrás, de la esposa del padre de una de las niñas, también asociada a la presencia de talio. Al respecto, Abushihab señaló que la Fiscalía estudia si ambos episodios están vinculados: “Hay una identidad de sucesos, personas del mismo núcleo familiar y un lapso de tiempo cercano. Es una hipótesis plausible que está siendo investigada”.Consultado sobre si el talio es el mismo en ambos hechos, el abogado evitó una respuesta técnica definitiva, aunque confirmó que en los dos casos hubo presencia del metal.
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial asumió la investigación contra la Juez 21 Penal del Circuito de Bogotá, señalada de haber emitido una sentencia condenatoria por abuso sexual basada en el uso indebido de inteligencia artificial y en citas inexistentes. El presidente de la Comisión, Mauricio Rodríguez Tamayo, explicó que fue el Tribunal Superior de Bogotá quien detectó los serios vacíos, inconsistencias y referencias falsas que motivaron la intervención disciplinaria.El origen del caso está en una condena por acceso carnal violento agravado contra un hombre señalado de agredir sexualmente, en 2013, a una mujer en condición de discapacidad en una residencia de Bogotá. Sin embargo, al revisar la sentencia, la Sala Penal del Tribunal Superior encontró que la argumentación utilizada por la jueza contenía múltiples irregularidades que resultaban abiertamente contrarias a derecho.En su decisión del 2 de diciembre de 2025, el Tribunal anuló la condena tras advertir que la funcionaria citó jurisprudencia inexistente de la Corte Suprema de Justicia, referencias falsas a autores y publicaciones que no correspondían con la realidad, así como supuestas citas textuales de providencias que nunca incorporaron los apartes mencionados. La Corporación concluyó que la jueza habría delegado en una herramienta de inteligencia artificial parte del análisis jurídico, sin verificar la veracidad ni la pertinencia de la información obtenida.Según el Tribunal, la jueza no solo inobservó las pautas sobre el uso responsable de la inteligencia artificial en la actividad judicial, sino que habría sustituido su deber de supervisión al permitir que la herramienta tecnológica construyera argumentos que luego trasladó al fallo. Esto vulneró, en criterio de la Sala, el deber de motivación de las decisiones judiciales y, en consecuencia, el derecho al debido proceso del acusado.Por ese motivo, el presidente de la Comisión compulsó copias a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá para que profundice en la conducta de la jueza y determine si incurrió en faltas disciplinarias.Además, Rodríguez Tamayo hizo un llamado general a todos los jueces del país para que ejerzan el mayor rigor en sus decisiones y utilicen las herramientas tecnológicas de manera adecuada. Recalcó que la inteligencia artificial no puede reemplazar el análisis jurídico ni la responsabilidad que implican las funciones jurisdiccionales.
Una investigación de varios meses permitió poner al descubierto una organización criminal que convirtió a Colombia en un punto de paso para migrantes dominicanos que buscaban obtener una identidad falsa. A cambio de entre 3.000 y 5.000 dólares, la banda trasladaba a ciudadanos desde República Dominicana hasta Medellín y Planeta Rica, Córdoba, donde les tramitaban registros civiles, cédulas y pasaportes colombianos que luego les servían para viajar hacia Estados Unidos y Europa sin levantar sospechas.Entre los tres capturados llama la atención la presencia de un funcionario público, se trata de Andrés Felipe Saltarín, empleado de la Registraduría Auxiliar de Belén, en Medellín. Según la investigación, era él quien aprovechaba su cargo para ingresar a los migrantes a la sede, adelantar los trámites sin requisitos y activar identidades falsas con datos que ya le entregaban los otros miembros de la red. En varias ocasiones, de acuerdo con los testimonios, se habría reunido con Marco Aurelio Monterrosa, alias ‘Yeyo’, para coordinar la entrega de documentos.Alias ‘Yeyo’, según la autoridad, actuaba como el operador logístico. Era quien acompañaba a los extranjeros por distintas ciudades para solicitar cédulas y pasaportes, haciéndose pasar por su “patrón” ante las oficinas. También definía rutas alternas, como Perú, Ecuador o Brasil, para evitar controles migratorios y garantizar que los migrantes pudieran continuar su viaje hacia el hemisferio norte o Europa con la nueva identidad.La presunta líder del grupo, Natalia Patricia Galeano, alias ‘La Madrina’, manejaba el dinero y coordinaba las instrucciones desde Medellín. Según la Fiscalía, recibía pagos desde República Dominicana y España, y organizaba los traslados, las citas y la documentación necesaria para que los trámites fraudulentos se concretaran.Durante la investigación, los peritos de la Dijin de la Policía Nacional compararon las huellas dactilares de 27 fotocédulas colombianas con sus fichas biométricas reales en República Dominicana. La verificación permitió confirmar el fraude y llevó a la Registraduría a cancelar todas esas identidades.Las autoridades señalan que esta banda hacía parte de una cadena criminal más amplia dedicada al tráfico de migrantes y que operaba desde varios países. La captura de los tres integrantes expone cómo estructuras locales y funcionarios corruptos facilitan el tránsito irregular hacia Estados Unidos, España y Francia utilizando documentos colombianos obtenidos ilegalmente.
Una de las “papas calientes” que tendrá que resolver la Corte Constitucional el próximo año será definir el rumbo de una de las reformas bandera del Gobierno del presidente Gustavo Petro, esta discusión que marcó un pulso definitivo entre la Corte y el primer mandatario será uno de los temas clave para la agenda del 2026 en el alto tribunal.Las últimas noticias sobre la reforma pensional vinieron por cuenta de la recusación que prosperó contra el magistrado Héctor Carvajal quien fue apartado del conocimiento de la demanda que pide tumbar la Ley, y con ello, en la última Sala Plena tras un intenso debate la votación fue de 4 a 4 en una ponencia que presentó el magistrado Jorge Enrique Ibáñez que pedía tumbar la reforma porque para él la Cámara de Representantes no subsanó los vicios de trámite.Ahora bien, tras el empate, por sorteo se designó un conjuez que para este caso es el abogado Carlos Pablo Márquez, quien mediante su cuenta oficial de X confirmó que aceptó hacer parte de la discusión.“Hoy presenté ante la Corte Constitucional mi aceptación para actuar como Conjuez. Tras un análisis riguroso, concluí que, en los términos de la Ley, no tengo impedimento alguno para asumir esta responsabilidad”, señaló el conjuez.Además del anuncio que resulta clave para que una vez los magistrados de la Corte regresen de la vacancia judicial agenden nuevamente la discusión sobre la pensional, entre líneas el conjuez Márquez dejó ver su preocupación a lo que denominó como “presiones y desinformación”.“He recibido y sé que seguiré recibiendo preguntas bien y malintencionadas. Preveo que habrá intentos de presión y mucha desinformación. ¿Me preocupa? Sí, pero no me intimida”.Además, aseguró el conjuez que actuará bajo los parámetros de la ley y que su voto no estará influenciado por ninguna persona externa al proceso.“No voy a poner en riesgo una trayectoria construida con esfuerzo y honestidad para servir intereses particulares o colores políticos”, dijo.Habrá que esperar entonces cuál será la decisión de la Corte Constitucional sobre una de las reformas bandera para el Gobierno Nacional.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó al Servicio Geológico Colombiano (SGC) abstenerse de usar indebidamente sus canales de información para hacer publicidad política. Esto, tras una demanda sobre la utilización de las cuentas en donde publicaron mensajes alusivos a la crisis de la Nueva EPS y la convocatoria a una movilización promovida por el GobiernoEn un fallo de 22 páginas conocido por Blu Radio, el tribunal determinó que el SGC incumplió las reglas de publicidad oficial al publicar en sus redes institucionales mensajes y piezas gráficas que incluían contenidos propios de la estrategia de comunicación del Gobierno como por ejemplo, la crisis en la Nueva EPS y la convocatoria a la movilización del 24 de octubre en la Plaza de Bolívar promovida por el presidente Gustavo Petro.Este pronunciamiento se da en el marco de una acción de cumplimiento que instauró la Fundación para el Estado de Derecho, que denunció que el Servicio Geológico Colombiano difundió en septiembre y octubre mensajes con el hashtag "#SeRobaronLaSalud" así como imágenes en respaldo de los pronunciamientos presidenciales, acción que por supuesto no tiene nada que ver con sus líneas de comunicación.Aunque la entidad sostuvo que solo compartió información oficial elaborada por la Presidencia de la República y que actuó en el marco de una estrategia de comunicación unificada al Gobierno nacional, la postura del tribunal es que ese tipo de contenidos constituyen publicidad oficial y está sometida a las restricciones de un artículo de ley."De la anterior conducta desplegada por el Servicio Geológico Colombiano, se evidencia que la entidad orientó el ejercicio de su publicidad oficial hacia una finalidad ajena a la de su objeto misional; el uso de la publicidad oficial, anteriormente ventilado, no se subsume dentro de las competencias propias del Servicio Geológico Colombiano ni se realizó con ocasión al ejercicio del deber funcional de la misma entidad", se lee en el fallo.Por ello, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca exhortó al director del Servicio Geológico Colombiano a abstenerse de orientar la publicidad oficial hacia fines no misionales y a evitar replicar mensajes gubernamentales que no correspondan a sus competencias legales.La sentencia advierte, además, que el principio de coordinación entre entidades del Estado no habilita a ninguna para apartarse de su mandato legal ni para emplear recursos públicos en la difusión de contenidos de carácter político o sectorial que no son de su competencia.