El Tribunal Superior de Bogotá ordenó la libertad inmediata de la exfiscal Ana Catalina Noguera Toro, tras determinar que ya cumplió la pena impuesta por los delitos de fraude procesal y violación ilícita de comunicaciones.En su decisión, el Tribunal explicó que, luego de la revisión realizada en segunda instancia, la pena fue reajustada a 38 meses de prisión, junto con una multa y una inhabilidad para ejercer cargos públicos. Además, al contabilizar el tiempo que estuvo privada de la libertad, sumado a las redenciones de pena por estudio y trabajo, se demostró que Noguera, quien estaba en prisión domiciliaria, había cumplido la condena en su totalidad.El caso, originado por interceptaciones ilegales de comunicaciones de una tercera persona durante 2020, incluyó la participación de miembros de la Dijín y la manipulación de fiscales mediante informes falsos para obtener órdenes de escucha.La exfiscal Noguera, quien ocupó cargos claves como directora de Extinción de Dominio y delegada de Finanzas Criminales en la Fiscalía General de la Nación, aceptó haber participado en una red de corrupción que combinaba narcotraficantes, policías y funcionarios judiciales y por ello fue capturada en febrero de 2023.Según la Fiscalía, dicha red operaba captando personas con investigaciones judiciales inconclusas, en especial narcotraficantes, para ofrecerles favores judiciales a cambio de sobornos y evitar evitar extradiciones a Estados Unidos.Sin embargo, la investigación demostró que Noguera también estaba implicada en interceptaciones ilegales que se habría gestionado y ejecutado con fines personales.Los archivos referían que la exfuncionaria judicial ordenó en marzo de 2020 la interceptación ilegal del teléfono celular de Carolina Vélez, una mujer que sostenía una relación con un trabajador bancario con quien Noguera habría tenido vínculos sentimentales con el fin de confirmar si el hombre mantenía una relación paralela.Durante la imputación de cargos, salieron a relucir también nombres como el del excoronel de la Dijín Ricardo Alberto Durán, los policías John Fredy Redondo Bautista y Anderson Jesús Salba Contreras, así como el exparamilitar y exnarcotraficante Ramón Esteban Peña, alias El Médico, pieza clave en la operación ilegal.Con la decisión conocida este jueves, Noguera logra saldar su deuda con justicia y cerrar un caso que representó un golpe para el sector pues ella era considerada una autoridad en la lucha contra la delincuencia.
La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó este 4 de diciembre al general en retiro Rodolfo Palomino López por el delito de tráfico de influencias de servidor público cuando se desempeñaba como director de la Policía Nacional.De acuerdo con la Sala, el entonces alto oficial se reunió en su residencia con la entonces fiscal especializada Sonia Lucero Velásquez Patiño para hablar de una operación contra 14 personas vinculadas al Fondo Ganadero de Córdoba. Durante ese encuentro, Palomino le habría pedido que se detuviera la captura de Luis Gonzalo Gallo Restrepo.La decisión le impone una pena de siete años de cárcel, una multa equivalente a 174,9976 salarios mínimos, y además lo inhabilita para ejercer derechos y funciones públicas por nueve años. El fallo también aclara que no hay posibilidad de solicitar prisión domiciliaria.Para el alto tribunal, la intervención del general en retiro constituyó un aprovechamiento de su cargo y un intento deliberado por influir en una decisión judicial. La Sala señaló que, en lugar de respetar las órdenes emitidas por la autoridad competente, Palomino optó por favorecer a un particular, pese a que este estaba siendo investigado por delitos especialmente graves como concierto para delinquir, promoción de grupos paramilitares y desplazamiento forzado asociado al despojo de tierras. La Corte recordó que este último es un crimen de lesa humanidad, lo que subraya la gravedad de la interferencia.El fallo también detalla que la reunión generó presión e intimidación sobre la fiscal, quien, aunque realizó la captura, posteriormente dejó en libertad al investigado tras escucharlo en indagatoria, sin corroborar la información presentada como descargo.El tribunal también hizo énfasis en que Palomino conocía plenamente la ilegalidad de su comportamiento, dada su experiencia y la dignidad del cargo que ocupaba. Aun así, optó por apartarse de la normatividad que juró cumplir y proteger. La Sala resaltó que tuvo “la posibilidad de autodeterminarse para proceder de manera distinta” y, pese a ello, eligió influenciar indebidamente a otro servidor público, en este caso a una fiscal delegada.Durante la lectura del fallo Palomino y su defensa interpusieron el recurso de apelación y solicitaron un plazo de cinco días hábiles para preparar la defensa y argumentación de la apelación.
Las autoridades confirmaron nuevos avances en la investigación del caso que estremeció al país el pasado 4 de abril, cuando un grupo de jóvenes en el norte de Bogotá resultó envenenado tras recibir una encomienda con frambuesas achocolatadas contaminadas con talio, un metal altamente tóxico, incoloro e insípido. En el trágico episodio murieron dos niñas de 15 años, mientras que otra adolescente aún se recupera lentamente por las graves afectaciones que sufrió. Un cuarto joven logró restablecerse por completo.De acuerdo con la información revelada por la periodista María Elvira Arango y corroborada por la Fiscalía General de la Nación, el caso nunca fue accidental. De hecho, ya identificaron a la principal sospechosa detrás de este crimen.Señalada salió de ColombiaLa principal señalada por el envío de las frambuesas envenenadas con talio sería Zulma Guzmán Castro, una mujer que habría tenido cercanía previa con Juan de Bedout, padre de una de las víctimas y destinatario de la encomienda. Esta mujer no ha enfrentado un juicio porque no está en el país.Se estableció que la sospechosa abandonó Colombia pocos días después del crimen. Las autoridades han rastreado su paso por Argentina, Brasil, España y el Reino Unido, países a los que viajó mientras avanzaban las pesquisas.Buscan a sospechosa con circular de InterpolAnte este escenario, la Interpol emitió el pasado 25 de octubre una circular roja contra Guzmán Castro, una alerta internacional que permite su búsqueda y captura en más de 180 países. Con este recurso, las autoridades esperan lograr su detención y posterior extradición a Colombia, donde deberá responder por el homicidio de dos menores de edad y por las graves lesiones ocasionadas a otros dos jóvenes. Este caso, que comienza a esclarecerse, sigue siendo una prioridad para la Fiscalía, determinada a llevar ante los jueces a la presunta responsable de una tragedia que conmocionó a Bogotá.
La tragedia que estremeció al norte de Bogotá el pasado 4 de abril comienza a esclarecerse. Ese día, un grupo de adolescentes que se encontraba reunido en una vivienda para hacer tareas recibió una encomienda con frambuesas achocolatadas. Horas después, dos niñas de 15 años murieron y otros dos jóvenes resultaron gravemente afectados. Los análisis de Medicina Legal confirmaron que los dulces estaban impregnados con talio, un metal incoloro, inodoro e insaboro, altamente tóxico. Desde entonces, la Fiscalía General de la Nación asumió el caso bajo la hipótesis de que no se trató de un accidente, sino de un acto premeditado.¿Quién envió las frambuesas envenenadas?En las últimas horas, nuevos hallazgos han sido revelados por la periodista María Elvira Arango y corroborados por la Fiscalía. Todo apunta a que el envío fue un crimen deliberado. La investigación identificó como presunta responsable a Zulma Guzmán Castro, una mujer que, según las autoridades, tenía cercanía previa con Juan de Bedout, el destinatario de la encomienda. Tras un distanciamiento entre ambos, la Fiscalía sostiene que Guzmán Castro habría decidido ejecutar el envío de las frambuesas contaminadas, lo que derivó en la muerte de las dos adolescentes.De acuerdo con la información divulgada, la mujer salió del país pocos días después de presuntamente cometer el crimen. Su ruta internacional ha incluido paradas en Argentina, Brasil, España y el Reino Unido, lo que para los investigadores parece indicar un intento de evadir a las autoridades colombianas. Mientras tanto, una de las jóvenes intoxicadas continúa recuperándose lentamente de las graves secuelas, y otro de los menores afectados ya logró restablecerse por completo.La Fiscalía avanza en la recolección de pruebas y testimonios que permitan llevar a Guzmán Castro a juicio. No obstante, su ubicación actual es incierta, lo que ha llevado a las autoridades a activar mecanismos internacionales de cooperación judicial. Por eso, este jueves, 4 de diciembre, se conoció que la Interpol emitió una circular roja el pasado 25 de octubre para localizar y capturar a Zulma Guzmán Castro en cualquiera de los más de 180 países miembros. Con esta alerta internacional, la Fiscalía espera que la mujer sea detenida y extraditada a Colombia, donde deberá responder por el homicidio de dos menores de edad y por su presunta participación en un crimen que hoy, tras meses de incertidumbre, empieza a desenredarse.
Una madre acusada de envenenar con medicamentos a sus dos hijas, una de las cuales falleció, y de intentar asesinar a su exmarido, ha sido condenada este miércoles en Francia a 30 años de prisión.Maylis Daubon, de 53 años, fue declarada culpable del envenenamiento de su hija Enea, que falleció a los 18 años tras ingerir una gran cantidad de medicamentos.Los análisis revelaron que su otra hija, Luan, había ingerido una cantidad significativa de un somnífero para adultos. Luan resultó ilesa y defendió la inocencia de su madre durante el juicio.La presidenta del tribunal penal de Mont-de-Marsan (suroeste), Emmanuelle Adoul, justificó la sentencia "teniendo en cuenta la gravedad de los hechos". La corte impuso una pena de 30 años, con un periodo de seguridad de 20, cinco más de los solicitados por el fiscal.Durante el juicio la acusada permaneció estoica, con la cabeza baja y oculta tras su cabello, sin mirar al tribunal. Tiene diez días para apelar. El 13 de noviembre de 2019, Enea, que llevaba más de un año sin ir a la escuela y sufría problemas psicológicos, sufrió una crisis de convulsiones en el domicilio familiar.Su muerte se produjo por la ingesta de propranolol, un betabloqueante que ralentiza la actividad cardíaca, en una dosis "diez veces superior a la terapéutica", según la investigación.Además del envenenamiento de Enea y Luan, Maylis Daubon también era sospechosa de haber intentado asesinar a su exmarido sobornando a compañeras de prisión en Pau, algo que la acusada calificó de "rumores de prisión".
No se ha cumplido ni siquiera una semana del comienzo de diciembre y ya se reportó el primer incendio ocasionado por un globo de mecha en el Valle de Aburrá. La situación ocurrió en el barrio Alcalá de Envigado en donde la parte trasera de una vivienda se vio gravemente afectada.Los videos que han circulado en redes sociales dejan ver que el globo cayó en el inmueble que comenzó a arder al ojo de los vecinos que inmediatamente llamaron a las autoridades correspondientes al ver que las fuertes llamas amenazaban con llegar a otras estructuras en el sur del Área Metropolitana.El capitán Luis Bernardo Morales, comandante del Cuerpo de Bomberos de Envigado, destacó que la rápida reacción de las unidades bomberiles permitió mitigar el riesgo, a la vez que confirmó que la conflagración ocurrió por un globo."Encontramos que la causa de dicho incendio fue la candileja de un globo. Es un llamado que hacemos a toda la comunidad del departamento para evitar que se presenten estos lamentables hechos", detalló Morales.Hay que destacar que las versiones oficiales indican que el globo cayó sobre un techo acrílico, lo que generó el fuego que consumió rápidamente el cuarto útil que era usado para almacenar elementos de navidad, muebles y otros enseres que ayudaron a que las llamas se propagaran de manera ligera en el barrio Alcalá.Finalmente, destacan desde el Valle de Aburrá que la época decembrina es propensa a las emergencias relacionadas con los globos, por lo que le pidieron a la comunidad estar atentas ante la caída de este tipo de elementos que podrían causar de manera rápida incendios forestales o estructurales.
En operaciones simultáneas ejecutadas en Piedecuesta y Bucaramanga, el Gaula Militar Chicamocha, con apoyo del Gaula de la Policía y el CTI de la Fiscalía General de la Nación, capturó a dos presuntos integrantes de la red de apoyo al terrorismo del ELN.Los operativos se desarrollaron, según informó el Ejército, como parte del Plan de Operaciones Ayacucho y contra el Frente Héroes y Mártires de Anorí, perteneciente al Frente de Guerra Darío Ramírez Castro, con injerencia en el sur de Bolívar.Los detenidos fueron identificados como alias ‘La Mona’, una mujer de 45 años con más de una década de presunta participación en la estructura armada ilegal, y alias ‘El Primo’, de 31 años.Según la información de inteligencia, ambos cumplirían órdenes directas del cabecilla conocido como alias ‘Omar’, ‘Mauricio’ o ‘Casinga’, y estarían dedicados a apoyar actividades criminales relacionadas con extorsión, secuestro, tráfico de armamento, comercialización de pasta base de coca y homicidios selectivos.“Los operativos se realizaron tras varios meses de seguimiento, información suministrada por fuentes humanas y un despliegue estratégico que permitió ubicarlos sin afectar la seguridad ciudadana”, informó el coronel Ricardo Calderón, comandante del Gaula Militar Chicamocha.Las autoridades señalaron que los capturados aparentaban llevar una vida cotidiana para evadir la detección: ella se desempeñaba en labores de carpintería y él en oficios varios, lo que les permitía mantener un perfil bajo mientras, presuntamente, cumplían tareas de inteligencia delictiva y organización logística en Girón y Piedecuesta.La investigación indica que su papel dentro del ELN era clave para fortalecer la capacidad criminal y financiera del frente que delinque en el sur de Bolívar, especialmente mediante la búsqueda de armamento y la identificación de objetivos para acciones ilegales.Los dos detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación para avanzar con el proceso de judicialización por el delito de rebelión.
El miedo a que sus cuatro hijos afronten el "trauma" de un arresto en Estados Unidos empujó a la colombiana Yarlidis Goez-Santos a autodeportarse esta semana del país, cansada de vivir bajo el temor de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)."No quiero que mis hijos sufran el trauma de que, al salir a la calle, agentes de ICE me detengan, nos esposen o nos saquen por la fuerza de la casa, no quiero que mis hijos vivan eso", expresó a EFE Goez-Santos horas antes de sumarse a los más de 1,6 millones de migrantes que se han autodeportado este año.Mientras salían los primeros rayos de sol en Tucson, en el fronterizo estado de Arizona, la familia se preparaba para dejar Estados Unidos, después de meses de incertidumbre y un constante miedo que comenzó en enero pasado, cuando ICE arrestó y deportó al esposo de la migrante mientras iba su trabajo."Ya lo estaban cazando, lo estaban esperando en la calle, de repente le cerraron el paso y se llevaron", recordó.Lo volvería a intentarLa familia llegó a Estados Unidos hace tres años tras escapar de la violencia, cruzar la frontera en El Paso, Texas, y solicitar asilo, pero las autoridades negaron el caso de la pareja, por lo que quedaron sin muchas opciones.El miedo se convirtió en terror cuando, meses atrás, agentes de ICE tocaron la puerta."No abrí, no les contesté nada, pero sabía que ya me estaban buscando", dijo.Desde entonces, la madre de 28 años vivió en constante miedo del arresto, dejó de ir a la calle, y solo salía en casos sumamente "necesarios", como llevar a sus hijos al doctor.Aún así, confiesa que, si regresara en el tiempo, volvería a intentar entrar a Estados Unidos, pese a los peligros que vivió la familia, que viajó, junto a la abuela, en el tren de 'La bestia' para cruzar México."Conocí personas muy buenas, que nos brindaron su ayuda, por eso estoy muy agradecida", dijo.El fin del sueñoPara la mujer, 'el sueño americano' ya no existe, especialmente bajo el presidente Donald Trump, cuyo Gobierno reportó a finales de octubre la expulsión de 527.000 migrantes desde el comienzo de la Administración en enero y la autodeportación de 1,6 millones."Realmente sí tengo miedo de regresar a Colombia, no sabemos cómo está la situación allá, no sabemos qué nos espera", añadió la madre mientras abrigaba a sus hijos.La familia utilizó la aplicación 'CBP Home' de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) para autodeportarse, contactar a ICE y hacer los trámites para entregarse."De Tucson nos dijeron que viajaremos a Luisiana, donde de ahí volaremos a Colombia", explicó.La migrante dijo que el Gobierno estadounidense prometió entregarle 1.000 dólares por salir del país, pero solo a ella.Aún no conoce cómo o cuándo le entregarán el dinero, pero asegura que, si lo recibe, buscará invertirlo en el bienestar de sus hijos, de los que dos son ciudadanos estadounidenses, y el más pequeño tiene ocho meses.La niña mayor, de 9 años, entre lágrimas dijo que ella quiere regresar a Colombia porque tiene mucho miedo de que la separen de su madre.Mientras esperaba para dejar su hogar en Estados Unidos, apretaba una muñeca en sus manos, y de su hombro colgaba una bolsa con sus recuerdos y muñecos de peluche."Tenía mucho miedo, después que deportaron a mi papá, no quería salir, me quiero ir para estar tranquila", dijo la pequeña.ICE les dijo que solo podían llevar una maleta de 40 libras (18 kilos) cada uno."Es difícil empacar una vida en una maleta, empacar los sueños", dijo la madre.En Arizona solo queda la abuela de los niños, Iveth Rubio, quien tiene pendiente su asilo."Todo va a estar bien", le decía Rubio a su nieta mayor mientras la abrazaba.Antes de dejar Estados Unidos, la colombiana envió un mensaje al presidente Trump: "Me gustaría decirle que recuerde que él también viene de una familia migrante y que no todos los migrantes somos malos".
En una ofensiva coordinada que abarcó el Pacífico, el Caribe y el suroccidente del país, las Fuerzas Militares lograron afectar de manera contundente las economías ilícitas del narcotráfico, consideradas la principal fuente de financiación de los Grupos Armados Organizados. Así lo confirmó el almirante Francisco Cubides, comandante general de las FF. MM., al destacar que estos resultados son producto de “la inteligencia estratégica, la acción conjunta y la interoperabilidad que nos permiten debilitar sus capacidades y proteger a los colombianos”.La primera operación se desarrolló en zona rural de Tumaco, Nariño, donde unidades del Comando Contra Amenazas Transnacionales del Ejército localizaron y destruyeron un complejo ilegal utilizado para el procesamiento de clorhidrato de cocaína. Allí fueron halladas cerca de tres toneladas de droga, además de insumos sólidos y líquidos, maquinaria y elementos empleados para la producción de droga. Según el almirante Cubides, el complejo pertenecía a las disidencias de las Farc, estructura que viene siendo presionada por las tropas en este corredor estratégico del Pacífico.Al mismo tiempo, en el suroccidente del país, tropas de la Tercera División del Ejército interceptaron en Ginebra, Valle del Cauca, dos vehículos en los que tres sujetos transportaban más de media tonelada de marihuana. Los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes mientras continúan las investigaciones para establecer su rol dentro de las redes de tráfico en la región.Entre tanto, en el Caribe, una operación de interdicción marítima ejecutada por la Armada y la Fuerza Aeroespacial, con apoyo de agencias internacionales, permitió detener una lancha rápida que movilizaba más de 2,6 toneladas de cocaína. En la embarcación fueron capturados tres colombianos, dos venezolanos y un ciudadano jamaiquino, quienes pretendían transportar la droga hacia Centroamérica.El almirante Cubides resaltó que estos contundentes golpes se suman al esfuerzo sostenido de soldados, marinos y aviadores que, solo en lo corrido del año, han logrado la incautación de más de 622 toneladas de clorhidrato de cocaína. “Este esfuerzo representa vidas protegidas, recursos ilícitos arrebatados a los criminales y condiciones favorables para el control institucional del territorio”, señaló el comandante general.Finalmente, Cubides envió un mensaje de reconocimiento a las tropas desplegadas en todo el país: “Todo mi reconocimiento a quienes, con honor, disciplina y carácter, aportan día a día a la lucha contra los delitos transnacionales. Seguimos avanzando, fortaleciendo la acción conjunta y manteniendo la presión permanente sobre las estructuras criminales. Vamos por más”, concluyó.
La Corte Constitucional, mediante un fallo de tutela, reiteró que ninguna persona trans puede ser excluida del núcleo familiar ni discriminada por ejercer su derecho a la identidad de género, y recordó que la familia debe ser el primer espacio de acogida, inclusión y protección.La decisión se produjo tras estudiar la tutela interpuesta por Fabiola, una mujer transgénero que acudió al alto tribunal para denunciar un trato discriminatorio por parte de una comisaría de familia.En su análisis, la Corte concluyó que a Fabiola le fueron vulnerados sus derechos fundamentales a la dignidad humana, la igualdad, el libre desarrollo de la personalidad, la identidad de género, el debido proceso y la vivienda digna, al establecer que la comisaría no aplicó el enfoque de género ni los enfoques diferenciales en los procesos de violencia intrafamiliar promovidos por su madre y hermanos en su contra.El alto tribunal aprovechó el fallo para reflexionar sobre el papel de la familia como núcleo esencial de la sociedad y señaló que esta debe ser un espacio donde cada integrante tenga la posibilidad de “ser, pertenecer y sanar”.En ese sentido, resaltó la importancia de la otredad, entendida como el reconocimiento del otro como un sujeto autónomo, diverso y valioso, y advirtió que las personas que realizan una transición de género suelen enfrentar escenarios sociales complejos, frecuentemente marcados por la discriminación y la violencia.En el pronunciamiento, la Corte subrayó que las autoridades que omitan la protección de personas LGBTIQ+, mujeres, adultos mayores, niños y niñas incurren en violaciones a los derechos fundamentales.El debate en la Corte por este pronunciamientoLa decisión contó con el salvamento de voto del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, quien, si bien respaldó el enfoque interseccional de la sentencia, advirtió que este no puede aplicarse de manera aislada ni en detrimento del interés superior de los niños y adolescentes.Para el magistrado, la Sala de Selección de Tutelas no valoró de forma suficiente los elementos probatorios aportados por la familia, que advertían posibles riesgos para dos menores de edad y para una adulta mayor. A su juicio, estos elementos debieron ser ponderados con mayor rigor al momento de adoptar la decisión.
La Fiscalía General de la Nación imputará cargos contra excanciller Álvaro Leyva por el delito de prevaricato por acción al haber declarado desierta en 2023 la licitación para la fabricación de pasaportes, por unos $600.000 millones a pesar de que la unión temporal conformada por Thomas Greg & Sons había obtenido el mayor puntaje y había cumplido con los requisitos para ganarse la adjudicación.De acuerdo con el ente acusador, Leyva sería responsable de haber proferido actos administrativos presuntamente contrarios al ordenamiento jurídico, en el marco de un proceso de licitación pública adelantado durante su gestión al frente de la CancillerTodo inició cuando a mediados de septiembre del 2023, el entonces ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, decidió declarar desierta la licitación de pasaportes de casi $600.000 millones que desde un principio favorecía a la empresa Thomas Greg & Sons, la empresa que tenía ese contrato. Tras una fallida conciliación, Thomas demandó al Estado por $117.000 millones.Por estos mismos hechos Leyva fue suspendido e inhabilitado por 10 años para el ejercicio de cargos públicos por la Procuraduría General de la Nación en un juicio disciplinario marcado por la polémica.La audiencia se realizará en la fecha que fije el Tribunal Superior de Bogotá tras la radicación por parte de la Fiscalía.
El próximo lunes 1 de diciembre, a las 9:00 de la mañana, se llevará a cabo la audiencia de imputación y solicitud de medida de aseguramiento contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, en el marco del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La diligencia se realizará ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, instancia que asumió el trámite por tratarse de aforados.En un auto expedido esta semana, el Tribunal atendió la petición elevada por la Fiscalía General de la Nación y programó la audiencia conjunta de formulación de imputación y solicitud de medida privativa de la libertad. La secretaría de la Sala citó a los exministros, a sus abogados defensores, a los representantes de víctimas, al delegado del Ministerio Público y a la Fiscalía, indicando que la diligencia se desarrollará bajo modalidad mixta, presencial para quienes se encuentren en Bogotá y virtual para quienes deban conectarse desde otras ciudades.La Fiscalía atribuye a Ricardo Bonilla y a Luis Fernando Velasco presunta responsabilidad en la celebración de reuniones conocidas como “cónclaves” en la Casa de Nariño, donde habrían coordinado direccionamientos políticos y contractuales. En el caso de Bonilla, entonces ministro de Hacienda, el ente acusador señala que habría promovido proyectos dirigidos a seis congresistas de las comisiones económicas a cambio de respaldo para aprobar cupos indicativos del Gobierno. En cuanto a Velasco, exministro del Interior, además de su participación en los cónclaves, se le señala de presuntamente ordenar el direccionamiento de contratos hacia Córdoba en favor del senador Julio Elías Chagüi.La audiencia del 1 de diciembre será decisiva para determinar si el Tribunal avala la validez de los cargos que pretende imputar la Fiscalía y si existen elementos suficientes para imponer una medida de aseguramiento en centro carcelario contra los exministros.
El presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña presidencial Petro Presidente, Ricardo Roa, presentó una acción de tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá en contra del Consejo Nacional Electoral (CNE), alegando vulneración a sus derechos al debido proceso y a la defensa dentro del expediente en su contra.La tutela fue radicada antes de que el organismo electoral adoptara la reciente decisión, con el argumento principal de que la entidad cerró el traslado para alegatos sin practicar pruebas previamente ordenadas y consideradas esenciales para evaluar los estados contables de la campaña en primera y segunda vuelta.En el documento, Roa sostiene que el CNE abrió el paso final del trámite sancionatorio pese a que no se había recibido un concepto técnico del Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP), prueba decretada como necesaria para analizar los informes de ingresos y gastos de la campaña presidencial.El escrito indica que, tras la remisión inicial hecha por la Junta Central de Contadores, que señaló no tener competencia para emitir el concepto, la solicitud fue enviada al CTCP, donde quedó radicada con un número específico, pero nunca se incorporó al expediente ni se dio cuenta de su respuesta.“Pese a la radicación, no se incorporó al expediente la respuesta del CTCP ni el concepto técnico solicitado. De este modo, se produjo un cierre funcional de la fase probatoria al haberse corrido traslado para alegatos de conclusión sin que se hubiese practicado una prueba decretada, pertinente, útil y conducente, directamente vinculada a los cargos sexto y octavo y necesaria para evaluar los supuestos contables, los criterios de auditoría y la consistencia de los informes de ingresos y gastos” sustento el presidente de Ecopetrol.Roa también advierte que otra prueba técnica decretada por el CNE, una solicitud dirigida a Armando Novoa para que emitiera un concepto sobre los deberes de auditoría y reporte de la campaña, tampoco fue incorporada dentro del plazo establecido, ni antes de que se ordenara el traslado para alegatos de conclusión “la consecuencia procesal es inequívoca, se anticipó la fase conclusiva sin integrar un elemento probatorio decretado y determinante para la contradicción técnica de los cargos”.En consecuencia, la tutela buscaba que se deje sin efectos el auto que abrió el traslado para alegar y que se ordene la práctica completa de todas las pruebas decretadas.Por ahora, el Tribunal continúa con la etapa de estudio.
Eduardo Noriega, delegado del Pacto Histórico en la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, respondió en Mañanas Blu, con Néstor Morales, a la millonaria sanción impuesta por el Consejo Nacional Electoral (CNE) por presuntas irregularidades en la financiación electoral. El directivo negó de forma categórica que los aportes de Fecode y la USO hubieran ingresado a la campaña, como concluyó el organismo de control.Según Noriega, la decisión es “una consideración subjetiva” y sin sustento jurídico. “De eso no hay prueba. Es una consideración subjetiva que hacen los señores magistrados del Consejo Nacional Electoral. […] Lo que quieren es poner en la picota pública al presidente como si hubiera excedido los topes, y eso no es cierto”, afirmó. Fue más allá: aseguró que “el CNE se inventó” que los recursos llegaron a la campaña.Noriega explicó que, en el caso de Fecode, el dinero fue entregado a Colombia Humana y no a Petro Presidente, como consta en una escritura pública: “Yo no sé por qué el Consejo Nacional Electoral desprecia una prueba que es sagrada en materia de donaciones”. Sobre la USO, insistió en que “no hay una sola prueba en el expediente que indique que esos recursos entraron a la campaña”.Ante la pregunta sobre una posible triangulación, como señala el fallo, respondió que ese término “es muy pobre jurídicamente” y que el uso de esos recursos por parte de un partido político es legal: “Un partido tiene el deber de vigilar que a sus candidatos no les roben los votos. Si Colombia Humana usó recursos para eso y así lo reportó, es legal”.Noriega también cuestionó la competencia del CNE para investigar hechos posteriores al plazo legal. Aseguró que el organismo perdió la facultad porque las quejas se presentaron después de los 30 días permitidos tras la campaña, por lo que el fallo sería “tendencioso”, con un interés político: “A mi juicio el fallo es aberrante”.Sobre la posibilidad de consecuencias penales para el exgerente Ricardo Roa, Noriega dijo que está “absolutamente tranquilo” y confía en que las instancias judiciales revertirán la decisión: “No hay un solo peso ilícito. Eso no ocurrió”.El equipo jurídico de la campaña Petro Presidente prepara las impugnaciones y sostiene que las conclusiones del CNE son, en palabras de Noriega, “mentiras sin ninguna prueba”.
La Corte Suprema de Justicia tomó una importante decisión relacionada con Arturo Char: el alto tribunal resolvió acusarlo por presunta corrupción y compra de votos.La decisión de hoy tiene un contexto. Los hechos por los cuales Arturo Char es investigado se relacionan con un supuesto acuerdo delictivo para comprar votos en Atlántico, el cual, posiblemente, se materializó en octubre de 2017 y en el que habrían intervenido varias personas.Entre ellos, Arturo Char y la excongresista Aída Merlano, quien fue condenada en primera y segunda instancia por la Corte Suprema de Justicia por estos hechos de corrupción electoral que se fraguaron desde la sede política Casa Blanca.En septiembre de 2023, la propia Sala de Instrucción ordenó la captura de Char, quien posteriormente fue dejado en libertad. El presunto concierto delictivo habría ido más allá de un simple convenio político, en la medida en que, supuestamente, buscaba conseguir la elección de Aída Merlano en el Senado, de Lilibeth Llinás Delgado en la Cámara y la reelección del propio Arturo Char en el Senado.Presuntamente, se habrían ejecutado delitos contra los mecanismos de participación democrática a través de la compra de votos para estos tres candidatos. Esta fue una agitada discusión, en la que dos magistrados salvaron su voto, es decir, tuvieron una posición contraria al resto de sus colegas.
La muerte de Emilia Forero e Inés de Bedout, dos menores de 15 años intoxicadas con talio en un apartamento del barrio Rosales, norte de Bogotá, quedó oficialmente trazada como un homicidio. La Fiscalía General de la Nación confirmó que la intoxicación, ocurrida en abril, fue producto del consumo de unas frambuesas contaminadas enviadas de manera deliberada a la familia De Bedout.Un equipo de fiscales y servidores del CTI, adscritos a la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, recopiló evidencias y elementos materiales probatorios, sumados al dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal, que establecen que el alimento llegó a través de una empresa de mensajería, presentado como un regalo que nunca existió. El consumo de las frambuesas resultó letal para dos de las menores, dejó a otra con lesiones graves y a un cuarto joven fuera de peligro.La investigación señala directamente a Zulma Guzmán Castro, una mujer que tuvo cercanía con la familia Bedout. Según reveló María Elvira Arango, las pruebas apuntan a que Guzmán habría coordinado el envío del tarro contaminado. La Fiscalía corroboró esa línea: Guzmán salió de Colombia hacia Argentina pocos días después de la intoxicación masiva y, según información reciente, se ha desplazado por Brasil, España y el Reino Unido.Arango recordó que lleva “meses presionando a la Fiscalía” para conocer avances del caso, y detalló que las frambuesas llegaron “con una cantidad de talio impresionante”, un metal “inoloro, incoloro e insaboro, pero letal”. Sus fuentes confirman que las pruebas han sido “contundentes” para ubicar a Guzmán como la presunta responsable.Ante el avance del caso, la fiscal a cargo acudió ante un juez penal de control de garantías y obtuvo la orden de captura contra Guzmán. Paralelamente, se gestionó la expedición de una notificación roja de Interpol, emitida el pasado 25 de octubre, con el fin de materializar su captura en cualquiera de los más de 180 países miembros.Con la circular roja vigente, la búsqueda internacional ya está en marcha. La Fiscalía sostiene que se trató de un homicidio premeditado y que es cuestión de tiempo para que Zulma Guzmán Castro sea localizada y puesta a disposición de la justicia colombiana.
A través de una carta que conoció Mañanas Blu 10:30 a.m., el ministro de Justicia, Andrés Idarraga le solicitó a la fiscal general de EEUU, Pamela Jo Bondi, información que esclarezca la identidad de un funcionario colombiano que, según el Acuerdo de Enjuiciamiento Diferido que firmo el Grupo Aval con el departamento de justicia en 2023, recibió una coima de 3,4 millones del Corficolombiana y Odebrecht.Esta carta del 3 de junio, que también es enviada al jefe de la Corte para el Distrito de Maryland que ha investigado estos delitos, se envía sobre la base de que esa información ya fue aportada por el Grupo Aval al Departamento de Justicia.No son muchas las pistas del perfil del misterioso funcionario que se detalla en el acuerdo en los anexos 32, 33 y 34, pero se sabe que fue un alto funcionario del gobierno entre 2010 y 2018.El ministro Idarraga pide que a la individualización de dicha persona se anexe los documentos aportados, que soportaría los hechos delictivos en mención. Así mismo, el ministro colombiano encargado que se hagan llegar al Ministerio de Justicia o en su defecto a la Fiscalía General.
Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Neider Gómez Castrillón, señalado de participar en el secuestro del cantante Miguel Ayala Galeano y de su mánager, Nicolás Pantoja, ocurrido en la vereda Chorritos, en La Sierra, Cauca. La decisión judicial se produjo tras la presentación de los elementos materiales probatorios recolectados por un fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales.De acuerdo con la Fiscalía, Gómez Castrillón habría tenido un papel directo en la custodia armada de las víctimas, quienes permanecieron retenidas en una construcción artesanal. Desde ese lugar se habría tomado y enviado a los familiares una fotografía en la que el artista y su representante aparecían descalzos, encadenados y envueltos en una cobija. Asimismo, el procesado estaría involucrado en las llamadas mediante las cuales los secuestradores exigieron 5.000 millones de pesos a cambio de su liberación.El operativo que permitió la liberación del músico y su mánager también condujo a la captura en flagrancia del presunto responsable. Durante la intervención fueron incautadas dos pistolas, dos proveedores, 29 cartuchos calibre 9 mm, una cadena, dos candados y dos pavas de tela camuflada.Con base en este material probatorio, el ente acusador imputó a Gómez Castrillón los delitos de secuestro extorsivo agravado y fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido o privativo de las Fuerzas Armadas. El procesado no aceptó los cargos.Las investigaciones indican que la retención habría sido ejecutada por una red delictiva presuntamente vinculada a la estructura Carlos Patiño, una facción de las disidencias de las Farc.La Fiscalía aseguró que los hechos sucedieron en medio de un viaje desde la ciudad de Popayán hasta la ciudad de Palmira, a efectos de tomar un vuelo con rumbo a la ciudad de Bogotá, el cual fue interrumpido de manera violenta por un vehículo y una motocicleta que los contactaron a la altura del sector de la vereda del túnel, vía Panamericana.Dice la Fiscal del caso: “Cuatro personas portando armas de fuego detienen al conductor que transportaba a las dos víctimas, lo amenazan, se suben al vehículo y los obligan a retomar el viaje, regresándose a la ciudad de Popayán. Más adelante, en el sector conocido como el Parador de las Margaritas, se desvían a mano derecha, cuando ya tomaban el sentido norte-sur, se desvían a mano derecha hacia el sector conocido como el Lago del Bolsón. El vehículo iba siendo seguido, detienen la marcha y Miguel Ángel y Víctor Alonso Nicolás son bajados y montados en otro vehículo, el conductor es dejado y posteriormente acuden las autoridades”.
Blu Radio conoció el fallo de 40 páginas con el que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena de 4 años de cárcel contra Laude José Fernández Arroyo, al negar el recurso extraordinario de casación presentado por su defensa contra la sentencia que lo declaró responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado y violación de datos personales.Con esta decisión, el alto tribunal ratificó el fallo emitido en noviembre de 2022 por el Tribunal Superior de Bogotá, que impuso esta pena y además una multa e inhabilitación para ejercer cargos públicos.La Corte Suprema de Justicia pudo establecer que Laude José Fernández, quien fue agente de inteligencia del extinto DAS, hizo parte entre 2017 y 2018 de una organización criminal dedicada a la interceptación ilegal de comunicaciones y obtención indebida de bases de datos privadas, en la que participaron exfuncionarios del CTI y empresas privadas que ofrecían servicios de “inteligencia corporativa”.El fallo de casación de la Corte reveló que, Laude José Fernández, desde su rol como directivo de una firma consultora, habría solicitado información privada de dirigentes sindicales de Avianca durante la huelga de pilotos, así como datos relacionados con litigios entre el Grupo de Energía de Bogotá y la multinacional ENEL.El alto tribunal descartó los argumentos de la defensa, que buscaba acceder al beneficio de la suspensión condicional de la pena y a la prisión domiciliaria, al señalar que el delito de concierto para delinquir agravado cuando involucra a exintegrantes de organismos de seguridad del Estado está expresamente excluido de beneficios penales.La Corte Suprema de Justicia señala además que el exagente de inteligencia no acreditó la condición de padre cabeza de familia, pues se demostró que las menores cuentan con familia extendida legalmente obligada a asistirlas.
Luego de varios meses de seguimiento, investigadores de Policía Judicial capturaron a una mujer en el municipio de Villavieja, Huila, quien estaría presuntamente relacionada con hechos de extorsión afectando el patrimonio económico de comerciantes y propietarios de fincas en el norte del departamento.Según las autoridades, la captura de esta mujer se hizo efectiva tras la denuncia formal que interpuso una de las víctimas, quien manifestó haber sido abordado en su finca por varias personas que les exigieron dinero identificándose como integrantes de un grupo armado ilegal.“Gracias al trabajo articulado de las unidades investigativas y de inteligencia se logró identificar a esta mujer, quien, al parecer, cumpliría un rol clave en la recepción y administración de los recursos producto de la presunta extorsión, mediante el uso de plataformas digitales”, dijo el coronel Carlos Eduardo Téllez, comandante de Policía Huila.De acuerdo con las investigaciones, las exigencias extorsivas oscilaban entre cinco y diez millones de pesos. La mujer capturada tendrá que responder ante la Fiscalía por el delito de extorsión.
Blu Radio conoció un documento de 11 páginas donde la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el presidente del Comité Disciplinario del Partido de la U, en medio de la controversia por la decisión interna que buscaba retirarle el aval al presidente de la Cámara de Representantes, Julián López.La actuación se inició tras la queja presentada por su abogado, Mauricio Pava, y confirma que el Ministerio Público encontró mérito suficiente para indagar posibles abusos de poder dentro de la colectividad.De acuerdo con el documento, la Procuraduría no solo asumió la investigación disciplinaria, sino que también trasladó el expediente a la delegada para Asuntos Electorales con el fin de evaluar una eventual intervención preventiva. Ese doble movimiento institucional indica que el órgano de control considera que hay riesgos reales y actuales para los derechos políticos del congresista, y que la situación del Partido de la U ya está bajo escrutinio estatal.Además, el Ministerio Público recordó que, según el artículo 11 de la Ley 1475 de 2011, las decisiones internas de los partidos que afectan avales o membresías están sujetas a impugnación ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), recurso que se concede en efecto suspensivo. Esto significa que ninguna medida contra López puede ejecutarse hasta que el CNE tome una decisión de fondo, por lo que todas sus garantías políticas permanecen plenamente vigentes.Para la Procuraduría, las colectividades políticas no pueden tomar decisiones disciplinarias que desconozcan los derechos fundamentales de sus integrantes ni incidir, sin sustento, en la estabilidad institucional del Congreso. El proceso continuará con la práctica de pruebas y la evaluación del impacto que tuvo la actuación del Comité Disciplinario en el ejercicio del cargo que hoy ocupa López en la Cámara.
Este miércoles 3 de diciembre se tenía previsto iniciar la audiencia preparatoria en contra de Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones de la Presidencia de la República, por su presunta participación en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Sin embargo, su nuevo abogado solicitó suspender la diligencia, argumentando que no ha podido recolectar todos los elementos materiales probatorios que pretende descubrir en el juicio.En medio de la diligencia, el abogado Mauricio Camacho argumentó que “no se hace responsable que un profesional de derecho en estas condiciones, en esa desventaja, vaya a un juicio oral, por lo que le ruego, honorables jueces, primero que usted haya entendido y segundo que usted entienda que el día de hoy no se pueda adelantar la audiencia preparatoria”, sustentó la defensa.Luego de que las partes no se opusieron a la suspensión, la Juez 08 Penal del Circuito Especializado de Bogotá avaló la suspensión de estas audiencias en las cuales se presentan las pruebas que harán parte del juicio. La juez aseguró que “mal haría en sorprender el día de hoy al señor defensor, corriendo en el traslado para que descubra a la Fiscalía los elementos materiales probatorios cuando precisamente eso es lo que no ha podido hacer: recolectar los elementos materiales probatorios que pretende descubrir. En estas condiciones, no queda otro camino que acceder a la suspensión expresa solicitada por la defensa”. Las diligencias se retomarán el 11 de febrero de 2026.La situación jurídica de Ortiz se definió después de que la Fiscalía la acusara formalmente el pasado 1 de septiembre por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público. De acuerdo con el grupo de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, la exconsejera habría desempeñado un papel determinante al facilitar la entrega de sobornos a congresistas con el fin de asegurar apoyo político a las reformas impulsadas por el Gobierno Nacional en el Congreso.Según la acusación, la exfuncionaria habría actuado como enlace entre los entonces directivos de la UNGRD, Olmedo López y Sneyder Pinilla, y los expresidentes del Senado y la Cámara, Iván Name y Andrés Calle. En esa línea, la Fiscalía señaló que Ortiz habría recibido en dos ocasiones millonarias sumas de dinero en efectivo, que posteriormente fueron trasladadas en un vehículo oficial hacia puntos previamente acordados con Name.Para el ente acusador, Ortiz no solo tenía conocimiento del origen ilícito de los recursos, sino también del propósito de los pagos. De acuerdo con la investigación, los sobornos estarían relacionados con el direccionamiento irregular de una orden de proveeduría destinada a la compra de 40 carrotanques para suministrar agua potable a comunidades de La Guajira, contrato que habría sido instrumentalizado dentro del entramado de corrupción.
La Fiscalía General de la Nación asumió una investigación penal tras conocerse las denuncias presentadas por Karen Santos contra su exesposo, el empresario de espectáculos Ricardo Leyva. Según el ente acusador, se recibieron denuncias por violencia intrafamiliar en Barranquilla y Bogotá. Por ahora fueron unificadas para avanzar en los actos investigativos en marcha.Como parte de las actividades, se solicitó protección para la víctima, debido a que la mujer expuso una serie de episodios que, según su relato, constituyen agresiones físicas y psicológicas ocurridas durante su convivencia. A partir de esa información, el ente acusador ordenó centralizar en Bogotá el proceso que estaba radicado en Barranquilla y designar una fiscal especializada para adelantar las indagaciones por los presuntos delitos de amenazas y violencia intrafamiliar.La decisión se tomó después de que Santos entregara al ente investigador material que, según afirmó, permite documentar varios de los hechos denunciados. Entre los elementos allegados se encuentran grabaciones de video realizadas por ella misma, en las que, de acuerdo con su versión, quedaron registradas algunas de las agresiones atribuidas a Leyva. También adjuntó reportes médicos, fotografías y registros de comunicaciones que habrían ocurrido en momentos de tensión, todo ello con el fin de respaldar su relato sobre los maltratos sufridos.En declaraciones entregadas al medio Cambio, Santos señaló que las agresiones no habrían sido hechos aislados, sino situaciones que se extendieron durante años mientras convivía con Leyva en una vivienda ubicada en Barranquilla. Indicó que decidió hacer públicas sus denuncias ante el temor por su vida y por la falta de protección que, según dijo, sienten muchas mujeres en contextos de violencia doméstica. Relató que en distintos momentos experimentó golpes reiterados y episodios de intimidación que la llevaron a abandonar la residencia donde vivían.La denunciante también afirmó que uno de los episodios más graves habría ocurrido en agosto de 2025, cuando, según su versión, debió huir de la casa por temor a nuevas agresiones y señaló que Leyva habría intentado perseguirla y amenazarla con un arma blanca. En su relato aseguró que la situación se tornó insostenible y que esa fue la razón que la llevó a buscar ayuda y a entregar sus pruebas a las autoridades.Con la apertura de este proceso, la Fiscalía continuará con la recolección de material probatorio y la verificación de los hechos denunciados para determinar si existe mérito para avanzar hacia una eventual imputación.
Se abre un nuevo capítulo sobre la larga lista de retractaciones que tiene el presidente Gustavo Petro, esta vez, el episodio involucra al exgerente de Coosalud Jaime Miguel González Montaño a quien el primer mandatario lo vinculó directamente con supuestos desfalcos y operaciones financieras irregulares.El juzgado recordó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó el pasado 11 de noviembre que el presidente Petro debía retractase en un plazo de 5 días a través de una alocución y su red social X, según el expediente ese término ya se venció.En este caso, el juzgado es claro en señalar que antes de abrir un incidente de desacato tras el presunto incumplimiento de esta orden judicial, se requerirá al presidente Petro para que en 2 días (48 horas) a partir de la notificación, explique qué acciones llevó a cabo para disculparse con González tras vincularlo con presuntas irregularidades cuando fungió como gerente de Coosalud.El Tribunal también había tomado en cuenta para determinar que el presidente Petro debía retractarse porque en declaraciones posteriores, como la del 9 de diciembre de 2024, cuando Petro insistió en que: “Asi se robaron 221.000 millones del dinero de la salud pública”, atribuyendo responsabilidad al gerente y a miembros de la junta directiva.Cabe señalar que si bien el juzgado decidió no abrir por ahora un incidente de desacato contra el presidente Gustavo Petro, sí lo requirió para qué explique las acciones desplegadas por su parte para acatar la orden de retractación.