Nueve personas fueron capturadas por su presunta participación en una red de corrupción judicial dedicada, según la Fiscalía, a cobrar dinero a cambio de direccionar procesos de lavado de activos y frenar actuaciones clave como órdenes de captura y medidas cautelares de extinción de dominio. Las exigencias económicas, de acuerdo con la investigación, oscilaban entre los 400 y 1.000 millones de pesos y habrían sido dirigidas al exnarcotraficante condenado Juan Carlos Ramírez, alias Manicomio, y a miembros de su familia.La delegada para la Seguridad Territorial, Deicy Jaramillo, explicó que los hechos corruptos se habrían presentado en investigaciones que cursaban en la Unidad de Lavado de Activos y en la de Extinción de Dominio. Según señaló, se logró establecer que en al menos tres procesos, relacionados con hechos ocurridos entre 2014, 2015, 2024 y 2025, funcionarios adscritos a esas dependencias habrían eliminado elementos materiales probatorios y solicitado dinero a los involucrados a cambio de evitar medidas contra bienes o impedir órdenes de captura.Entre los capturados figuran integrantes activos de la Dijín de la Policía Nacional: el capitán Nelson Fabián Pinzón Rodríguez; los subintendentes Carlos Iván Mendieta Moya y Leonardo Albeiro Padilla Cajamarca; y el patrullero Michael Sebastián Laguado Carrillo. También fueron detenidos los servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) Jimmy Alexander Rodríguez Corredor y Luis Fernando Villalba Cogollo, así como los exfuncionarios de la Policía Nacional y del Inpec Luis Eduardo Riveros García, Rosember Gil Ramírez y Jimmy Gerardo Casas Torres.La investigación permitió establecer que los presuntos integrantes de la red, quienes cumplían funciones de policía judicial, habrían eliminado evidencias para alterar el curso normal de las investigaciones y habrían constreñido a testigos para que entregaran información falsa sobre los familiares de alias Manicomio. Estas presiones, según el ente acusador, se habrían intensificado como retaliación ante la negativa de pagar las sumas exigidas.Por estos hechos, se les imputarán a los capturados, según su grado de participación, delitos como concierto para delinquir, concusión, falsedad ideológica en documento público, fraude procesal, tráfico de influencias, acceso abusivo a sistema informático, amenazas a servidor público y abuso de autoridad por acto arbitrario.
La Fiscalía General de la Nación confirmó que Zulma Guzmán, principal sospechosa en el caso de envenenamiento con talio que dejó dos menores de edad fallecidos, continúa hospitalizada en el Reino Unido en un delicado estado de salud, situación que ha impedido avanzar, por ahora, en la notificación de la circular roja de Interpol y en el trámite efectivo de su extradición a Colombia.La delegada para la Seguridad Territorial, Deicy Jaramillo, explicó que la última certificación médica conocida por el ente acusador indica que la mujer sigue bajo un estricto protocolo de salud mental, vigente en el Reino Unido, el cual limita cualquier actuación judicial mientras permanezca internada.“Recuerden que está en un hospital porque tiene problemas de salud bastante graves y el Reino Unido la protege durante el tiempo que dure su permanencia en el hospital por un periodo determinado. Nosotros ya mandamos todas las diligencias a través del Ministerio y estamos esperando la contestación del Reino Unido”, señaló Jaramillo. Añadió que, pese a las restricciones, la investigación en Colombia continúa avanzando tanto en las actividades propias de policía judicial como en las diligencias ante jueces de control de garantías.La funcionaria reiteró que la Fiscalía mantiene dos frentes activos: el fortalecimiento del perfil investigativo de la sospechosa y el desarrollo de las actuaciones judiciales necesarias para cuando se destrabe el escenario internacional. “Tenemos una situación donde nos informan que está en delicado estado de salud. Esa es la información que tenemos”, puntualizó.El proceso de extradición en el Reino Unido contempla dos escenarios una vez se verifique la condición física y mental de la requerida. El primero es que la persona acepte voluntariamente la extradición; el segundo, que se oponga a ella. En este último caso, será una corte británica la encargada de decidir si autoriza o niega la entrega, con base en eventuales riesgos de violaciones a derechos humanos. Aunque esa decisión es apelable, no suspende automáticamente el procedimiento y, en algunos casos, la extradición puede ordenarse mientras el recurso se encuentra en trámite.De acuerdo con la información oficial, la orden de captura internacional fue emitida en octubre por la Fiscalía colombiana, con el respaldo de la Cancillería, y el pedido formal de extradición ya fue radicado ante las autoridades británicas.Las autoridades británicas confirmaron que Guzmán fue rescatada por la Policía Marítima tras un presunto intento de quitarse la vida en el río Támesis. A este episodio se suman alertas emitidas por Interpol sobre sus desplazamientos previos en distintas ciudades, lo que, según los investigadores, incrementa el riesgo de fuga mientras se define su situación judicial.
La tranquilidad de San Vicente del Caguán, Caquetá, se vio alterada en mayo de 2025 tras una serie de desapariciones de mototaxistas que encendió las alarmas entre la comunidad y las autoridades. El primer caso se registró el 7 de mayo, con la desaparición de Jaime Fierro Clavijo. Dos días después, el 9 de mayo, se reportó la ausencia de Juan Antonio Arenas, y el 11 de mayo ocurrió un tercer caso, el de John Freddy Morales.Las investigaciones permitieron establecer un patrón. El presunto responsable, Joiner Alquiver Cabrera Mota, solicitaba servicios de transporte para ser llevado hasta su vivienda. Una vez allí, intimidaba a los conductores con armas, los amarraba y posteriormente los asesinaba para despojarlos de sus pertenencias.El 12 de mayo, Cabrera Mota fue capturado y durante la inspección a su residencia, las autoridades hallaron dos cuerpos sin vida, uno de ellos oculto en una caneca. Posteriormente, tras la confesión del detenido, fue localizado un tercer cadáver en zona rural del municipio.En una conversación con Séptimo Día de Caracol Televisión, Linivet Fierro, hija de una de las víctimas, recordó que el día de la desaparición puso una denuncia, pero tras días, nadie sabía nada de Jaime. Simultaneamente, Fanny Morales Narváez estaba denunciando la desaparición de su esposo, otra de las víctimas: "Sobre las 4 de la mañana yo le escribí "Hola ¿cómo estás?" Y me dice "Hola ¿cómo va la familia?" Y yo dije pues raro porque si yo soy la familia de él por qué me responde así".En julio de 2025, un juez le impuso medida de aseguramiento por los delitos de homicidio y secuestro. Sin embargo, un error administrativo y de comunicación entre el juzgado y el Inpec provocó que Mota quedara en libertad el 12 de agosto, mediante la expedición de una boleta de salida por el delito menor.Tres días después, el 15 de agosto, el hombre volvió a atacar. La víctima fue el mototaxista Alfredo Felantana, quien logró sobrevivir pese a la gravedad de las heridas. José Hernández, sobrino de Alfredo, dijo que: "Es un error donde estamos hablando de vidas humanas, es algo demasiado grave diría yo".Tras una intensa búsqueda, Cabrera Mota fue recapturado el 20 de agosto en Villavicencio, cuando se movilizaba en una motocicleta reportada como robada.En una entrevista realizada por Séptimo Día de Caracol Televisión, el presunto asesino confesó que: “Le pedí una carrera para que me llevara hasta mi casa. Cuando ya estábamos adentro, lo encañoné con un arma traumática. Luego procedí a amarrarlo de pies y manos en la parte de atrás con un lazo. Esa persona fue ahorcada”.Mientras avanzaba en su relato, la entrevista tuvo que detenerse, pues el sujeto empezó a reírse al recordar los motivos de los crímenes.
Varias personas que se encontraban departiendo en un establecimiento público en el centro poblado de Regueros, del municipio de Pitalito, sur del Huila, protagonizaron una riña donde, además, se registró una balacera hecho que dejó una persona fallecida y dos más con heridas de consideración.De acuerdo con versiones de las autoridades, las tres personas lesionadas fueron auxiliadas y llevadas a un centro asistencial de Pitalito, donde una de las víctimas del hecho de intolerancia por la ingesta del alcohol identificado como Héctor Yaté Rodríguez, falleció cuando era intervenido quirúrgicamente.“Recibimos una llamada sobre el ingreso de tres personas heridas con arma de fuego al hospital de Pitalito, donde lamentablemente uno de los lesionados identificado como Héctor Yaté, fallece en su intervención quirúrgica inmediata. Este hecho estaría relacionado con un hecho de intolerancia social agravado por la ingesta excesiva de bebidas embriagantes en esta temporada decembrina”, relató el capital Hernández.Entre tanto, funcionarios de Policía Judicial se desplazaron hasta el lugar de los hechos donde han recopilado videos de cámaras de seguridad, testimonios y demás evidencias que les permita identificar y dar con la captura de los responsables.No obstante, las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía que, durante la celebración de estas fiestas de fin de año, eviten confrontaciones o situaciones de intolerancia por la ingesta del alcohol, hechos que terminan en tragedia y que afectan la seguridad de muchas más personas.
Un hecho de intolerancia por el consumo de alcohol se registró en el barrio Santa Margarita, comuna de Robledo, en la ciudad de Medellín, cuando un hombre en aparente estado de embriaguez llegó de manera violenta a una reunión familiar y agredió a los asistentes con arma blanca.De acuerdo con las autoridades, como resultado del hecho, cinco hombres y una mujer, con edades entre los 31 y 34 años y un adulto mayor de 78 años, presentaron lesiones en diferentes partes del cuerpo, entre ellas cuello, rostro, región costal y extremidades, por lo que tuvieron que ser trasladadas a centros asistenciales, donde recibieron atención médica y se encuentran fuera de peligro. "Se presentó un caso que nos obliga a alzar la voz. Fuimos alertados sobre una riña en medio de una celebración familiar. Al llegar al lugar, nuestras patrullas encontraron varias personas lesionadas. Por eso insistimos en el llamado al uso moderado del licor, a la resolución pacífica de los conflictos y al respeto por la vida", indicó el brigadier general William Castaño Ramos, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.Tras lo sucedido, el presunto agresor fue capturado en el lugar por las patrullas de vigilancia y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, para el proceso de judicialización correspondiente.Para Castaño, este no es un hecho aislado si se tiene en cuenta las cifras de hechos de intolerancia, que solo en las celebraciones de Navidad dejaron más de 1.600 incidentes registrados a través de la línea 123, además de cuatro personas muertas en riñas.De momento y a propósito de las celebraciones de fin de año, las autoridades reiteraron la importancia de consumir licor de manera responsable, pero más allá de eso, que haya diálogo como mecanismo de solución de conflictos.
Una polémica escena desató rechazo y debate en redes sociales a nivel mundial luego de la difusión de un video grabado al interior de un hospital. En las imágenes se observa cómo un médico residente agrede físicamente a un paciente que se encontraba postrado en una camilla, minutos después de un procedimiento médico. El caso volvió a poner sobre la mesa la discusión sobre el trato digno en los centros de salud y los límites en la relación médico-paciente.El hecho ocurrió en la Facultad de Medicina Indira Gandhi, ubicada en el estado de Himachal Pradesh, en India. La víctima fue identificada como Arjun Singh, un hombre de 36 años que acudió al hospital para someterse a una endoscopia debido a problemas respiratorios. De acuerdo con su relato, la situación se originó cuando le pidió al médico que se dirigiera a él con mayor respeto, tras sentirse incómodo por lo que consideró un trato informal.Sin embargo, la discusión fue escalando hasta convertirse en una agresión física. En el video, que habría sido grabado por un asistente del mismo médico, se observa al residente Raghay Narula golpeando y pateando al paciente, quien intenta cubrirse sin posibilidad de defenderse debido a su condición en la camilla. Las imágenes generaron indignación inmediata y múltiples cuestionamientos sobre los protocolos dentro del centro médico.Hospital tomó medidas contra el médico residenteTras la viralización del material audiovisual, las directivas del hospital confirmaron la suspensión inmediata del médico involucrado y la apertura de una investigación interna. Además, se evalúa la responsabilidad del asistente que grabó la escena y que, según algunos testigos, también habría participado en el altercado.Las autoridades del hospital señalaron que el caso será analizado bajo los protocolos disciplinarios vigentes, mientras se recopilan testimonios y se revisa el contexto en el que ocurrieron los hechos. La Policía, por su parte, confirmó que ya recibió la denuncia formal presentada por Arjun Singh y que adelanta las diligencias correspondientes.Entre las acciones que se encuentran en evaluación están:La responsabilidad individual del médico residente.El papel del asistente que grabó el video.El cumplimiento de los protocolos de atención al paciente.Protestas y huelga de médicos agrandan el conflictoLa situación se complicó aún más cuando asociaciones de médicos residentes iniciaron una huelga indefinida en respaldo al profesional suspendido. Los manifestantes aseguran que el proceso no ha sido transparente y exigen garantías para el personal de salud frente a posibles sanciones arbitrarias.Como consecuencia de la protesta, varios servicios del hospital se han visto afectados. Se suspendieron consultas externas, cirugías programadas y servicios de rutina, manteniéndose únicamente la atención de urgencias. Mientras tanto, familiares del paciente y ciudadanos realizaron manifestaciones a las afueras del hospital, exigiendo sanciones ejemplares y la intervención de las autoridades judiciales. El caso sigue abierto y continúa generando reacciones encontradas tanto dentro como fuera del sector salud.
Blu 4.0 cerró el domingo 28 de diciembre con una edición especial cargada de tecnología, innovación y tendencias para el cierre de año, combinando análisis, datos y recomendaciones prácticas para los oyentes.Juan Manuel Ramírez, Tata Solarte y Fernando Alfonso condujeron una emisión dinámica enfocada en cómo la tecnología, el consumo digital y la inteligencia artificial marcaron el 2025 y proyectan cambios profundos para 2026, tanto en hábitos cotidianos como en la economía.Camilo Duque, presentó los destinos más atractivos para pasar fin de año en Colombia, con cifras claras sobre costos, planes y recomendaciones para viajar mejor y ahorrar, destacando opciones culturales, naturales y de descanso.Giovanny Stella, experto en inteligencia artificial, analizó por qué los “arquitectos de la IA” fueron elegidos Personaje del Año por la revista Time y explicó cómo líderes como Sam Altman, Jensen Huang y Elon Musk están redefiniendo la economía, la política y la vida cotidiana.Mark Bitton, country manager de Yango Group en Colombia, expuso el crecimiento de Yango Tech y el impacto de la IA en el comercio minorista, destacando cómo la automatización y la analítica avanzada transformarán la logística y la relación con los clientes en 2026.Jeffrey Camilo Ruales, creador de Titanes explicó cómo se mide hoy cuál es la mejor inteligencia artificial, los rankings actuales y la importancia de eventos especializados para entender la evolución acelerada del sector.Además, Blu 4.0 revisó estudios que advierten cómo la IA ya puede reemplazar una parte significativa de la fuerza laboral, abriendo el debate sobre el futuro del trabajo.
La Gobernación de Antioquia firmó un convenio con el Inpec para trasladar 100 personas privadas de la libertad desde estaciones de Policía y unidades militares hacia establecimientos carcelarios. La medida busca descongestionar los Centros de Detención Transitoria y liberar pie de fuerza, cumpliendo la sentencia SU-122 de 2022 de la Corte Constitucional.60 de los sindicados provienen de estaciones del Departamento de Policía Antioquia, 37 más saldrán desde el Urabá antioqueño y los últimos tres se encuentran en las instalaciones de la Brigada XVII del Ejército Nacional. Para el primer semestre del año 2026 se espera que sean reubicados 80 internos bajo este mismo esquema.Hay avances en MedellínDe acuerdo con la Secretaría de Seguridad de Medellín, la apuesta para lograr el descongestionamiento en los centros de detención transitorios y las unidades militares, se viene trabajando en la construcción de una mega cárcel para darle solución a esta problemática."Hay que destacar la gestión de la mano del Inpec para ir descongestionando varias de las estaciones. El Inpec viene recibiendo unos sindicados que estaban en las estaciones de Policía de Medellín, mientras que avanza la construcción de la cárcel. El día de ayer, yo personalmente estuve visitando la cárcel, va, conforme al cronograma, un 6 % de ejecución de la cárcel", precisó el secretario de Seguridad, Manuel Villa Mejía.A pesar de los avances en infraestructura local, la administración municipal fue enfática en que la nueva cárcel no será suficiente por sí sola para resolver el problema de fondo, requiriendo un mayor apoyo para lograr un verdadero deshacinamiento y un cambio en el sistema penitenciario del país.
Aunque ya pasó un pico importante por la Navidad, miles de paisas se están preparan para las tradicionales reuniones del 31 de diciembre y con ellas todavía la comprar de algunos regalos que hoy son apetecidos en diferentes partes de Medellín o, incluso, en la web donde también piden todo tipo de elementos al exterior.Por esto es que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional han intensificado los operativos en las últimas horas. Una de las recomendaciones que más hacen las autoridades competentes es estar atentos a todo lo que se pida a países como China y Turquía, lugares desde donde llega la mayoría del contrabando a la capital de Antioquia y que en época decembrina se convierte en la vitrina perfecta para que las personas estafadas.El director seccional de la Dian Medellín, Juan Carlos Díaz, aseguró que durante todo el año se han hecho decenas de operativos en donde se han encontrado todo tipo de elementos y que han dejado millonarias incautaciones."Tenemos aproximadamente 1.500 acciones de aprehensión y por un valor de 68.000 millones de pesos. Aquí lo que más tenemos es tecnología, textiles, calzado", indicó. Hay que mencionar que dentro de los procedimientos realizados este año por la Dian en el departamento de Antioquia, está un cargamento de más de 10 millones de medias que iban a entrar de manera irregular al comercio de Medellín, pero que fueron incautadas luego de las labores de prevención en diferentes puntos de la región.Por último, hay que recordar que la Dian continuará realizado este tipo de intervenciones en diferentes puntos de comercio de la capital de Antioquia para evitar que el contrabando siga expandiéndose y por ello el último operativo que dejó más de 400 millones de pesos en mercancía incautada.
Una cadena de desapariciones registrada en mayo de 2025 encendió las alarmas en el municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá, especialmente entre el gremio de mototaxistas. Con el paso de los días, lo que comenzó como reportes aislados terminó revelando uno de los casos criminales más graves del año, cuyo principal señalado es Joiner Alquiver Cabrera Mota.De acuerdo con las investigaciones y lo revelado por Séptimo Día, el primer caso ocurrió el 7 de mayo, cuando Jaime Fierro Clavijo desapareció tras aceptar un servicio de transporte. Dos días después, el 9 de mayo, fue reportada la desaparición de Juan Antonio Arenas, y el 11 de mayo se perdió todo rastro de John Freddy Morales, lo que generó una creciente preocupación entre familiares y compañeros de oficio.Las autoridades establecieron que el modus operandi de Cabrera Mota consistía en solicitar servicios de transporte hasta su vivienda, donde una vez llegaban las víctimas, las intimidaba con armas, las retenía y posteriormente las asesinaba, presuntamente mediante asfixia o degollamiento.El caso dio un giro el 12 de mayo, cuando el señalado fue capturado en flagrancia, al ser encontrado en posesión del teléfono celular de una de las víctimas, hecho que inicialmente permitió su judicialización únicamente por el delito de receptación. Sin embargo, tras su captura, una inspección a su residencia reveló una escena aún más grave: dos cuerpos sin vida, uno de ellos oculto dentro de una caneca.Posteriormente, y gracias a la confesión del propio capturado, las autoridades lograron ubicar un tercer cadáver en una zona rural del municipio, confirmando así la magnitud del caso. En julio, un juez le impuso una segunda medida de aseguramiento por los delitos de homicidio y secuestro agravado.No obstante, un fallo administrativo terminó permitiendo que Cabrera recuperara su libertad en agosto. Según se conoció, la comunicación entre el juzgado y el Inpec fue defectuosa y solo se tramitó la boleta de libertad correspondiente al delito de receptación, sin tener en cuenta la medida de aseguramiento vigente por homicidio, lo que derivó en su excarcelación.El 15 de agosto, ya en libertad, Cabrera atacó brutalmente a Alfredo Felantana, quien fue apuñalado en 27 oportunidades y abandonado a un costado de una vía. La víctima sobrevivió y logró alertar a las autoridades.El 20 de agosto fue recapturado en Villavicencio. Actualmente, Cabrera permanece bajo custodia judicial y enfrenta cargos por homicidio agravado, desaparición forzada y tentativa de homicidio.En entrevista con Séptimo Día, de Caracol Televisión, el sujeto reveló paso a paso cómo fueron los ataques. Sobre su primera víctima dijo que: “Le pedí una carrera para que me llevara hasta mi casa. Cuando ya estábamos adentro, lo encañoné con un arma traumática. Luego procedí a amarrarlo de pies y manos en la parte de atrás con un lazo. Esa persona fue ahorcada”.Mientras avanzaba en su relato, la entrevista tuvo que detenerse, pues el sujeto empezó a reírse al recordar los motivos de los crímenes.Recordó que no conocía a los hombres, que los detenía al azar y les quitaba la vida. “Era un trabajo para alguien, pero no para mí; eso sí me lo reservo. ¿Y por qué? ¿Qué había hecho él? No lo sé. Son cosas que uno no pregunta”, señaló.Dijo que con las siguientes víctimas pasó lo mismo y que le suplicaban que no los matara. Uno de los momentos más tensionantes de la entrevista fue cuando el periodista enfrenta al presunto asesino sobre sus tatuajes:“¿Qué significan esas cruces en la mano? A mí me habían dicho que era una por cada persona asesinada. ¿Es así? ¿Cuántas tiene?”.A lo que el señalado responde: veintitrés cruces.El periodista insiste: “¿Y cada cruz equivale a una persona asesinada?”. La reacción de Cabrera es sorprendente: se queda callado y afirma con la cabeza, indicando que no puede hablar sobre esos crímenes.
Un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Jean Pool Sánchez Gómez, señalado como el presunto responsable del homicidio del teniente coronel del Ejército Nacional, Rafael Granados Rueda, ocurrido el pasado 27 de noviembre en Popayán, Cauca.De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el oficial se desplazaba en su vehículo cuando fue interceptado y atacado con arma de fuego por el hoy procesado, quien se movilizaba en una motocicleta junto a otra persona. Gravemente herido, el teniente coronel fue trasladado a un centro asistencial, donde falleció minutos después.“El 27 de noviembre de 2025, aproximadamente a las 12:23/12:25 de la tarde en la ciudad de Popayán, en momentos en que el señor Teniente Coronel del Ejército Nacional Rafael Granados Rueda (en paz descanse), se desplazaba como conductor del vehículo marca Kia Picanto de color blanco, con placa IGV-920, fue alcanzado por dos sujetos de sexo masculino que se movilizaban en una motocicleta y el parrillero de rodantes, es decir, usted señor Jean Paul Sánchez Gómez, utilizando un arma de fuego de la que carecía de permiso para su porte, le dispara al Teniente Coronel en varias oportunidades, logrando impactarlo en su humanidad”, explicó la fiscal del caso durante la audiencia.Las investigaciones adelantadas por la Policía Judicial, entre ellas el análisis de cámaras de seguridad, permitieron establecer que el presunto agresor habría esperado a la víctima en un establecimiento comercial y luego la siguió para cometer el ataque. Tras el crimen, quedó registrada la ruta de escape: descendió de la motocicleta, se quitó un buzo y el casco, y abordó un bus intermunicipal con destino a El Bordo, Cauca.Por estos hechos, una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Cauca le imputó los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. El procesado no aceptó los cargos.Sánchez Gómez fue capturado en una vía pública de Jamundí, Valle del Cauca, en un operativo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional y el Ejército. Durante el procedimiento fueron incautadas un arma traumática, dos teléfonos celulares y una motocicleta.
La noche del 12 de mayo de 2024, cuando muchas familias celebraban el Día de las Madres, terminó marcada por una tragedia que enlutó a Medellín. Gilberto de Jesús, un conductor de 48 años, intentaba descansar junto a su esposa y sus hijos en su vivienda, pero el ruido excesivo proveniente del primer piso se lo impedía. En ese lugar se encontraban los hermanos Juan Camilo, Jan Marcos y Joan Sebastián Osa, quienes realizaban una fiesta a alto volumen. Blanca Ramírez, esposa de la víctima, relató en entrevista con Séptimo Día de Caracol Televisión el desespero que vivieron durante esa noche. Entre lágrimas, recordó a su esposo como “un señor muy trabajador, muy bueno conmigo, que no se metía con nadie”. Según su testimonio, la música y el ruido eran constantes y no permitían el descanso de la familia. Ante la situación, Gilberto salió al balcón para pedirles a sus vecinos que bajaran el volumen, ya que necesitaba dormir. Sin embargo, lejos de atender el llamado, los jóvenes lo desafiaron a bajar. “Él se bajó sin imaginar que ahí iba a encontrar la muerte”, aseguró Blanca, quien también indicó que los implicados se encontraban en estado de exaltación por el consumo de alcohol.Al descender a la calle, se produjo una riña en la que Gilberto fue atacado con un arma cortopunzante. Gravemente herido, fue trasladado al Hospital Pablo Tobón Uribe, donde falleció poco después debido a la gravedad de las lesiones.El subintendente Jonathan Poso Sierra explicó que, al llegar al lugar de los hechos, la Policía encontró a varios ciudadanos que informaron sobre una riña protagonizada por tres hermanos.El proceso judicial ha generado profunda indignación en la familia de la víctima. Al día siguiente de los hechos, dos de los capturados recuperaron la libertad, mientras que solo Jan Marcos Osa continúa vinculado formalmente al caso, bajo medida de detención domiciliaria.Para Blanca Ramírez, este caso refleja una alarmante intolerancia que sigue cobrando vidas. Con dolor, concluyó: “Nos hizo un daño muy grande. Ya uno no puede ni hablar, porque mire lo que pasa”.
El caso de Harold Aroca, un adolescente de 16 años, se remonta al pasado 5 de agosto, cuando fue reportado como desaparecido en el barrio Los Laches, en la localidad de Santa Fe, en el centro de Bogotá. Tras cuatro días de búsqueda adelantada por sus familiares y las autoridades, el cuerpo del menor fue hallado el 9 de agosto en una zona boscosa del sur de la capital.De acuerdo con el informe forense, el joven presentaba cuatro impactos de arma de fuego, quemaduras en distintas partes del cuerpo y signos de tortura, lo que llevó a la Fiscalía General de la Nación a calificar el crimen como un homicidio agravado por sevicia.Las investigaciones, apoyadas en registros de cámaras de seguridad, establecieron que Harold fue interceptado en un parque por varios sujetos, quienes lo obligaron a subir a un vehículo. Posteriormente, fue trasladado a otro lugar donde habría sido sometido a tratos crueles antes de ser asesinado.Según la Fiscalía, el móvil del crimen estaría relacionado con comentarios que el menor habría hecho en su colegio sobre otro homicidio ocurrido el 3 de agosto de 2025. En audiencia, el ente acusador señaló que los agresores actuaron porque el joven “decía que sabía quién había matado a otro muchacho y que por eso lo habían cogido".Un testigo clave del proceso aseguró que los responsables dejaron una nota con la frase “por sapo”, lo que refuerza la hipótesis de un crimen motivado por retaliación. Por estos hechos, la Fiscalía imputó cargos por homicidio y tortura agravada, secuestro simple y porte ilegal de armas de fuego.Gracias al material audiovisual recolectado, el testigo logró identificar a los presuntos responsables y aportó información sobre su historial delictivo. “Él salió de la cárcel hace como dos meses por robar motos. El otro ahorita se está dedicando a vender tusi y bazuco", señaló.Hasta el momento, las autoridades han logrado la captura y envío a prisión de dos presuntos implicados, identificados como Anderson Santiago Pinzón Pedraza y Haizak Karol Chara, alias ‘Chará’. El proceso judicial continúa con el apoyo de unidades de inteligencia y del Gaula, mientras que la madre de la víctima, Diana García, ha denunciado públicamente que ha sido amenazada de muerte por exigir justicia.
El asesinato de Harold Aroca, un adolescente de 16 años reportado como desaparecido el pasado 5 de agosto en el barrio Los Laches, localidad de Santa Fe, avanza con la judicialización de dos presuntos responsables y nuevas revelaciones en el proceso investigativo.El cuerpo del menor fue hallado cuatro días después, el 9 de agosto, en una zona boscosa del sur de Bogotá. De acuerdo con las autoridades, presentaba cuatro impactos de bala y múltiples quemaduras, por lo que el hecho fue tipificado como homicidio con sevicia.En el marco de la investigación, la Fiscalía General de la Nación logró la captura de Anderson Santiago Pedraza y Haizak Karol Chara. Este último fue enviado recientemente a centro carcelario por decisión de un juez de control de garantías, tras considerar que existen elementos materiales probatorios suficientes para inferir su participación en los hechos.De acuerdo con el ente acusador, los imputados enfrentan cargos por homicidio agravado, tortura agravada, secuestro simple y porte ilegal de armas, mientras continúa la recolección de pruebas para esclarecer plenamente lo ocurrido.Uno de los testigos del crimen, quien aseguró conocer a los presuntos homicidas, afirmó durante el proceso: “Los conozco muy bien porque yo los vi crecer. Son varios, hay menores y mayores. También sé que le dejaron una nota que decía ‘por sapo’”.Gracias al material audiovisual, el testigo logró identificar a los hombres y reveló detalles sobre su historial delictivo. “Él salió de la cárcel hace como dos meses por robar motos. El otro ahorita se está dedicando a vender tusi y bazuco”, añadió.Las autoridades indicaron que el material probatorio, que incluye videos de cámaras de seguridad, testimonios y análisis de inteligencia, permitió establecer que el menor habría sido interceptado por varios hombres, quienes lo habrían retenido para interrogarlo por presuntos señalamientos relacionados con una estructura criminal.Cabe recordar que, semanas atrás, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, calificó el crimen como un “fracaso colectivo” y reiteró que no habrá tolerancia frente a hechos de violencia que involucren a menores de edad. Entre tanto, la Fiscalía mantiene activa una burbuja investigativa con apoyo del Gaula, la Sijín y el Sipol, con el objetivo de identificar a otros posibles implicados.
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a tres personas señaladas de participar en el secuestro y robo de un conductor de una plataforma digital de transporte en Medellín. La decisión se tomó por solicitud de la Fiscalía, tras valorar el material probatorio recaudado durante la investigación.Los procesados fueron identificados como Yohan Alexis Tamayo Cano, Luis David Rúa Segura y una mujer identificada como Karla, quienes son investigados por su presunta responsabilidad en los delitos de secuestro extorsivo agravado y hurto calificado y agravado. Ninguno de los tres aceptó los cargos imputados por el ente acusador.De acuerdo con la Fiscalía, los hechos se registraron en la noche del 20 de diciembre, cuando la víctima, un conductor de una plataforma de transporte digital, aceptó un servicio solicitado desde el barrio El Poblado, en Medellín, con destino al municipio de Envigado.El conductor recogió a una mujer trans y, una vez llegó al punto de destino, fue interceptado por dos hombres que, al parecer, lo intimidaron con un arma de fuego. Según la investigación, en ese momento los presuntos delincuentes lo obligaron a entregar su vehículo y su teléfono celular, además de forzarlo a realizar transferencias de dinero desde sus cuentas bancarias.Tras el asalto inicial, el conductor habría sido subido a un taxi con la cabeza cubierta. El recorrido terminó en una zona rural del municipio de Bello, en el norte del Valle de Aburrá. Allí, de acuerdo con la Fiscalía, el conductor fue golpeado y obligado a caminar descalzo.Además, los presuntos responsables le exigieron realizar una llamada a su madre para pedir dinero a cambio de su liberación, lo que configuraría el delito de secuestro extorsivo.Horas después, los presuntos secuestradores notaron la presencia de una patrulla de la Policía en el sector. Ante esta situación, se dispersaron, lo que permitió que el conductor aprovechara el momento para huir y alertar a las autoridades sobre lo ocurrido.Minutos más tarde fueron capturados Tamayo Cano, Rúa Segura y otra persona vinculada al caso. Durante el procedimiento, las autoridades incautaron el taxi que presuntamente habría sido utilizado para cometer el secuestro.Los tres implicados fueron enviados a la cárcel, acusados por los delitos de secuestro extorsivo agravado y hurto calificado y agravado, mientras avanza el proceso en su contra.
La Corte Suprema de Justicia declaró improcedente la acción de tutela presentada por la defensa de Andrés Felipe Marín Silva, alias ‘Pipe Tuluá’, con la que buscaba frenar su proceso de extradición a Estados Unidos, donde es requerido por delitos de tráfico de drogas y concierto para delinquir.En el fallo, el alto tribunal fue claro al señalar que la solicitud no cumplía los requisitos para ser estudiada por vía de tutela, al considerar que el trámite de extradición aún no ha finalizado y existen otros mecanismos judiciales para controvertir las decisiones adoptadas.“La Corte anuncia el fracaso del resguardo por no satisfacer el presupuesto de la subsidiariedad que caracteriza esta excepcional justicia”, señala la decisión advirtiendo que la tutela no puede utilizarse como una instancia paralela para invalidar actuaciones en curso.Alias ‘Pipe Tuluá’ pretendía que se dejara sin efectos el concepto favorable de extradición emitido por la Sala de Casación Penal el 12 de noviembre de 2025, alegando presuntas vulneraciones a sus derechos fundamentales. No obstante, el fallo recuerda que, con base en ese concepto, el Gobierno nacional concedió la extradición mediante Resolución Ejecutiva 440 del 4 de diciembre de 2025, decisión que fue notificada el 12 de diciembre.“En la diligencia de notificación, se informa tanto al ciudadano requerido como a su defensora que, contra la decisión del Gobierno nacional, procede el recurso de reposición, indicándoles que la oportunidad para hacerlo es dentro de los diez (10) días siguientes a la diligencia de notificación. En virtud de lo anterior, es preciso resaltar que, en la actualidad, la decisión no se encuentra firme”, señaló la Corte.El tribunal enfatizó que cualquier inconformidad debe plantearse ante la jurisdicción contencioso administrativa, y no mediante tutela, al advertir que “resulta prematuro reclamar un pronunciamiento del juez constitucional”, pues este “no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden”.Finalmente, la Corte reiteró que la acción de tutela no puede suplantar al juez natural ni a las autoridades competentes, y concluyó que no se puede adjudicar competencias para resolver acciones sobre una cuestión que debe ser abordada por las vías legalmente establecidas, razón por la cual negó todas las pretensiones del señalado criminal.
La Defensoría del Pueblo reveló que entre enero y noviembre de 2025 se registraron en Colombia 13.832 delitos sexuales y 12.873 casos de violencia intrafamiliar contra mujeres, cifras que, aunque representan una ligera reducción frente al año anterior, muestran la magnitud de las violencias basadas en género en el país.En materia de feminicidios, se contabilizaron 111 casos y 297 tentativas, mientras que en 2024 la cifra había sido de 171 y 391, respectivamente. A pesar de la reducción, la entidad advierte que la violencia letal contra las mujeres continúa concentrándose en departamentos como Caquetá, Amazonas y Casanare, con las tasas más altas por cada 100.000 habitantes. Los transfeminicidios aumentaron de 20 a 26 casos, lo que evidencia la persistente vulnerabilidad de las personas trans.Los delitos sexuales mantienen las cifras más altas entre las violencias de género. De los 13.832 casos, más del 55% corresponde a niñas y adolescentes, especialmente en regiones como Vaupés, Guaviare y Guainía, que presentan tasas superiores a 240 casos por cada 100 mil mujeres.La violencia intrafamiliar también disminuyó frente a 2024 (16.947 casos), pero sigue siendo una de las agresiones más frecuentes. Los departamentos de Guaviare, Boyacá y Vaupés encabezan la lista de los territorios con mayores índices. La mayoría de las víctimas son mujeres mayores de edad, aunque se registran casi 2.000 niñas y adolescentes afectadas.Por su parte, la explotación sexual de menores pasó de 211 casos en 2024 a 129 en 2025, y la trata de personas disminuyó de 209 a 175 casos. En este último delito, la incidencia más alta se reporta en Norte de Santander, Meta y Putumayo, zonas fronterizas donde la vulnerabilidad de las mujeres se agrava por la presencia de economías ilegales y el control de actores armados.En conjunto, las cifras confirman que, aunque los casos muestran una leve reducción, las violencias contra las mujeres siguen concentradas en regiones con débil institucionalidad y alta conflictividad social.La Defensoría del Pueblo pidió fortalecer las estrategias de prevención, atención y protección para evitar que estas estadísticas sigan normalizando una crisis que afecta a miles de mujeres en todo el país.
La senadora Paloma Valencia y el director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, presentaron una acción de tutela contra el Decreto 1390 de 2025, mediante el cual el Gobierno declaró el estado de emergencia económica y social en todo el territorio nacional. La acción judicial solicita la suspensión inmediata de los efectos del decreto mientras la Corte Constitucional ejerce el control automático de constitucionalidad.Según la tutela, la medida fue expedida durante la vacancia judicial de la Corte Constitucional, lo que permitiría que el decreto produzca efectos sin control oportuno, especialmente en materia tributaria. Los accionantes advierten que de mantenerse vigente el decreto, hay un grave riesgo de afectación al orden constitucional, fiscal y democrático, al habilitar al Ejecutivo para imponer o modificar tributos por decreto antes del cierre del año fiscal.La tutela solicita además que se ordene al Ministerio de Hacienda y a la Dian abstenerse de imponer, liquidar o recaudar nuevos impuestos derivados del decreto, hasta que exista un pronunciamiento de fondo sobre su constitucionalidad. De acuerdo con el documento, la supuesta emergencia no responde a hechos nuevos, imprevisibles o sobrevinientes, sino a problemas estructurales previamente conocidos.En el documento, Valencia y Vallejo señalan que con la emergencia se reemplaza la competencia constitucional del Congreso en materia tributaria y vulnera derechos fundamentales como la participación democrática, el debido proceso, la seguridad jurídica y el ejercicio pleno de las funciones de los congresistas. Por ello, pide su suspensión provisional hasta que la Corte Constitucional retome funciones y realice el control correspondiente.
La Sección Quinta del Consejo de Estado confirmó el auto que negó la práctica de pruebas testimoniales solicitadas por la defensa de Leopoldo Múnera, rector de la Universidad Nacional de Colombia para el periodo 2024-2027, en el marco del proceso de nulidad electoral que cuestiona su designación.El alto tribunal resolvió un recurso de súplica interpuesto por el apoderado del rector contra la decisión del pasado 21 de abril, en la que se rechazaron las pruebas por considerarlas impertinentes, inconducentes e innecesarias para el caso.Los demandantes alegan que la elección de Múnera adolece de múltiples vicios, como falsa motivación, desviación de poder y expedición irregular, entre otros.En ese sentido, para el Consejo de Estado las declaraciones solicitadas por la defensa no se relacionan directamente con los actos administrativos objeto del juicio, sino a José Ismael Peña, proceso que no es objeto del presente litigio.La sección quinta determinó que ya están las pruebas documentales y grabaciones suficientes que permiten valorar la legalidad de la elección, sin necesidad de acudir a testimonios adicionales.Con esta decisión, el proceso continuará ahora bajo el despacho de la magistrada Gloria María Gómez, quien deberá preparar el fallo de fondo que determinará si se anula o no la elección de Leopoldo Múnera como rector de la UNAL.
Dentro de una peluquería, en pleno parque de Aranzazu, al norte de Caldas, un hombre de 53 años asesinó de múltiples puñaladas a su exesposa y también hirió a dos menores de edad, uno de 4 años, y a una joven de 15, hijos de la víctima.Los hechos se registraron antes de las 7:00 de la noche del pasado de domingo y, según el reporte de la coronel Liliana Andrés Jiménez Falla, comandante de la Policía en Caldas, la víctima fue identificada como Cindi Janine Cardona Marín.La oficial detalló que el asesino le causó heridas de consideración en un brazo al menor de 4 años, el cual estaba siendo cargado por su mamá en el momento del violento ataque. A la joven de 15 años también la apuñaló en un extremidad, cuando está intervino para tratar de salvar de su mamá y su hermanito.Las autoridades en ese municipio iniciaron rápidamente un plan candado para dar con el paradero del autor de ese feminicidio y, una hora después, lograron ubicarlo en un zona boscosa en la vía que de esa población conduce hacia Neira y Manizales.La coronel Jiménez indicó que en el momento de la detención el hombre tenía un arma blanca y varias prendas manchadas con sangre de las víctimas.Decenas de habitantes del municipio intentaron tomar justicia por mano propia, pero la Policía pudo intervenir rápidamente y lo evitaron.Al hombre lo dejaron a disposición de la Fiscalía para que responda por delitos como feminicidio y tentativa de homicidio.Este es el segundo homicidio que se registra este año en ese municipio del norte de Caldas. El pasado 13 de abril asesinaron a disparos a un hombre en la zona rural.
Una tragedia que aún no tiene explicación sacude a la isla de San Andrés. Tres miembros de una familia —padre, madre e hijo de cuatro años— fueron encontrados sin vida dentro de la habitación de un hotel en el sector turístico del archipiélago, sin señales evidentes de violencia ni causas claras de su muerte. Aunque las autoridades manejan como hipótesis preliminar una posible intoxicación, la familia de las víctimas rechaza esta versión y exige respuestas.Hallazgo en el Hotel Portobelo ConventionEl pasado fin de semana, Orlando Carro, padre de Viviana Carro (una de las víctimas), encontró los cuerpos de su hija, su yerno Nelson Hernández y su nieto Kevin Martínez de apenas cuatro años, dentro de una habitación del hotel Portobelo Convention, en San Andrés. El hallazgo, según relató Canro, fue desgarrador."Encontré a mi hija sin ropa en el piso, pero su esposo y mi nieto estaban acostados en la cama, inmóviles. Llamé a las autoridades de inmediato, pero hasta ahora nadie me ha dado una respuesta clara", declaró Canro.La primera versión indicaba una posible intoxicación, pero el primer informe informal entregado a la familia descarta esta posibilidad en el caso del menor. “Hoy en la mañana me dieron un dictamen de Medicina Legal de mi bebé, que a él no me le encontraron nada, su estomaguito vacío, no fue envenenamiento, no fue intoxicación, no fue nada”, agregó Carro.Policía mantiene hipótesis de intoxicación aéreaEl comandante de la Policía en San Andrés, coronel James Evelio Totena, en diálogo con Néstor Morales en Mañanas Blu, confirmó que los cuerpos fueron encontrados sin signos visibles de violencia y descartó, al menos preliminarmente, la intervención de terceros. Esta ausencia de violencia llevó a las autoridades a considerar la intoxicación como posible causa de muerte.Un detalle inquietante revelado por el oficial es que “una de las tres personas alcanzó a llegar hasta el baño y ahí hubo un vómito”, lo cual podría ser una señal de un proceso fisiológico activo antes del fallecimiento. Sin embargo, aún no se tiene certeza de qué sustancia o agente pudo haber causado este cuadro.Familia rechaza hipótesis oficial y pide celeridad en la investigaciónPese a la insistencia de la Policía, la familia Canro rechaza con firmeza la versión de intoxicación. Insisten en que no descansarán hasta conocer la verdad. “No nos vamos de San Andrés hasta que nos entreguen los cuerpos y sepamos qué pasó. Esto no fue un accidente”, afirmó Carro visiblemente afectado.El dolor se mezcla con la frustración: “Están esperando los resultados de Medicina Legal, pero lo poco que nos han dicho no concuerda. No hay rastros de comida en el estómago del niño, no hay veneno. ¿Entonces qué fue?”, agregó.Autoridades forenses trabajan en análisis detalladosDesde el mismo día del hallazgo, peritos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) asumieron el control de la escena. Se tomaron muestras ambientales, se inspeccionaron instalaciones como sistemas de aire acondicionado y posibles filtraciones de gases tóxicos. El coronel Totena confirmó que “no se encontraron indicios de elementos extraños visibles en la habitación”, aunque aclaró que “todo está en proceso de verificación forense”.Los cuerpos fueron trasladados a la sede de Medicina Legal donde se adelantan estudios toxicológicos y patológicos más profundos. Se espera que en los próximos días haya resultados más concluyentes, especialmente sobre los cuerpos de los adultos, Viviana y Nelson.Un dolor que enluta a Bogotá y a San AndrésLas víctimas habían llegado desde Bogotá para disfrutar de unas vacaciones familiares. Viviana tenía 42 años; Nelson, 45; y el pequeño Kevin, apenas cuatro. La noticia ha generado un profundo pesar no solo en el archipiélago sino también en la capital, de donde eran originarios."Indiscutiblemente es una situación lamentable que enluta a todos los habitantes del archipiélago", manifestó el coronel Totena, quien aseguró que la Policía y demás autoridades brindan acompañamiento a la familia.
Según la Sexta Brigada del Ejército, los capturados harían parte de un grupo delincuencial organizado al servicio de la estructura ‘Joaquín González’ de las disidencias de las Farc, señalado de cometer delitos como piratería terrestre en esta zona del sur del departamento.La operación se logró tras la denuncia de un comerciante de Ibagué, quien fue abordado por los criminales en un retén ilegal cuando se movilizaba con 24 millones de pesos destinados a la compra de una cosecha de aguacate. El hombre fue amenazado con armas de fuego y despojado del dinero.De inmediato, alertó a los soldados del Batallón de Infantería N.º 17 General Domingo Caicedo, quienes activaron un plan candado en coordinación con la Policía Tolima.En medio del operativo, además de las capturas, fue recuperado un menor de edad que, según las autoridades, sería el líder del grupo delincuencial. El joven fue puesto bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).Durante la acción militar también fueron incautados celulares y un vehículo, que quedaron en manos de las autoridades judiciales. Los adultos capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía por el delito de hurto.
José Leonairo Dorado, exagente de inteligencia y testigo clave de la JEP que ha permitido la ubicación de fosas comunes en el Batallón 20 del Ejército, antes conocido como Charry Solano, se ha convertido en blanco de hostigamientos y amenazas desde que decidió hablar ante la Jurisdicción Especial para La Paz de desapariciones hechas por el Ejército en el marco del conflicto armado.Este caso es relevante en el ámbito nacional porque, como reveló BluRadio, Dorado ha sido clave en el esclarecimiento del homicidio de Irma Franco, exguerrillera del M-19. Según el exagente, fue asesinada en el Batallón Charry Solano y la orden la dio el general en retiro Iván Ramírez Quintero. Su testimonio compromete a oficiales de alto rango entre 1985 y 2008.Así mismo, después de la denuncia de Dorado sobre el lugar en el que se encontraba el cuerpo de Irma Franco, BluRadio pudo establecer en una investigación realizada por el director del Servicio Informativo, Ricardo Ospina y el periodista Mateo Piñeros, que el 3 de febrero de 2025 los magistrados de la JEP y expertos en medicina forense evidenciaron que en el mismo lugar en el que Dorado afirmó que estaba el cuerpo de Irma Franco Pineda, había sido clavado un hueco presuntamente por integrantes del Ejército. Ese mismo día, el ministerio de Defensa dispuso la intervención y presencia de la Policía Milutar en el lugar para asegurar las medidas cautelares de la JEP.Además, la magistrada de la JEP, María del Pilar Valencia, inició un incidente de desacato el 7 de febrero en contra del entonces ministro de defensa, Iván Velásquez; el coronel Jorge Emersin Melgarejo, director de la Escuela de Logística y contra el comandante del Batallón de Contrainteligencia, coronel Johan Sleas Gélvez Peña.Por todo esto, Dorado ha sido víctima de represalias por parte del Ejército, pues fue cambiado de celda hace poco tiempo, por el coronel Llano que les dijo a los demás reclusos que iban a ser trasladados por culpa de Dorado, generando una reacción acalorada que llevó a varios de los internos a irse contra él y casi terminar a los golpes.Esto ocasionó migrañas recurrentes e insomnio en Dorado, por lo que fue remitido al Hospital Militar, donde misteriosamente al día siguiente, lo trasladaron a la clínica psiquiátrica ya mencionada. Según la investigación, la hija del exagente tuvo que insistir por horas para que le dejaran ver a su padre, por lo que la Defensoría y la Procuraduría intervinieron logrando un acuerdo para que le dieran de alta al día siguiente.Cuando regresó a EJEPO, según reveló Cambio, los militares de esta cárcel intentaron minimizar lo sucedido y obtener una versión favorable con documentos reservados, negándose a reconocer la remisión a psiquiatría.Todo este acontecimiento atroz contra José Leonairo Dorado resalta la necesidad de que la JEP garantice su protección como testigo clave y que el Ministro de Defensa Pedro Sánchez y el Presidente Petro intervengan para asegurar la vida de Dorado y el derecho a la verdad de los colombianos.
La JEP sancionó al teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo Escobar, actual director de la Escuela de Logística del Ejército, por no cumplir la medida cautelar aplicada sobre un predio en el batallón del sur de Bogotá, donde se presume hay restos de personas desaparecidas.Melgarejo debe cumplir con tres días de arresto y pagar diez salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir, $14.235.000.Cabe recordar que en el mes de abril, Blu Radio reveló que las autoridades investigaban una serie de irregularidades reportadas en ese batallón, donde anteriormente funcionó el Comando de Inteligencia y Contrainteligencia de la institución.Según el informe, el 3 de febrero de 2025, una comisión judicial conformada por magistrados de la JEP y expertos en medicina forense, llegaron a la Unidad Militar y evidenciaron que había sido cavado un hueco por parte de integrantes del Ejército, en el sitio exacto en el que de acuerdo con un exmilitar que es testigo en el caso, podrían haber sido sepultados los restos de la exintegrante del M-19, Irma Franco Pineda, desaparecida durante el Holocausto del Palacio de Justicia, el 6 de noviembre de 1985.¿Militares manipularon sitio en que estaría Irma Franco, desaparecida del Palacio de Justicia?Y es que esas visitas se venían adelantado porque, desde septiembre de 2024, se había activado la medida cautelar para evitar cualquier alteración al sitio, teniendo en cuenta la información entregada por un compareciente ante la JEP.Sin embargo, el alto oficial no cumplió esa instrucción vulnerando los derechos a la verdad y a la justicia, además, fue negligente y poco diligente, según el informe de la JEP, pues la restricciones estaban debidamente socializadas y comunicadas.“La excavación fue ordenada por un suboficial bajo el mando del teniente coronel Melgarejo Escobar, quien alegó desconocimiento de las restricciones, pese a que la medida cautelar ya había sido comunicada y socializada. La JEP consideró que esta actuación refleja falta de diligencia, negligencia y desatención a una decisión judicial”, agregó la instancia judicial.Para la JEP, esta alteración del terreno es un daño irreversible que afecta los derechos de los familiares de la víctima desaparecida, quienes han esperado más de 30 años por respuestas y por ello pidió a la Fiscalía investigar también el caso, pues además de la excavación, los militares habrían sembrado árboles en el sitio.En esta decisión, la Justicia Especial para la Paz, desvinculó del proceso al exministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez, y al coronel Johan Slead Gelvez Peña, al no encontrar pruebas que los comprometieran.