El caso de Alexis Gómez, un joven de 15 años del barrio San Javier El Salado, terminó en tragedia tras su desaparición el 3 de junio de 2023. Según autoridades y familiares, el adolescente salió de su casa con la intención de visitar a su novia. Semanas antes, la familia había recibido amenazas telefónicas y mensajes que advertían sobre un posible secuestro. El último contacto de Alexis con su madre, Claudia Cardona, ocurrió cerca de la medianoche del día de su desaparición. La mujer relató en entrevista con Conducta Delictiva Podcast que él respondió con voz tenue a su preocupación: "No te preocupes que yo ya enseguidita me voy para la casa". Tras perderse su rastro, se activó un operativo de búsqueda ciudadana e institucional. Las investigaciones apuntaron a un vecino del sector, identificado como alias ‘Danaker’, de más de 40 años. Testimonios de la comunidad indican, según su madre, que el hombre había ganado la confianza de varios jóvenes mediante regalos; sin embargo, en el caso de Alexis, el acoso escaló al hackeo de redes sociales y al monitoreo de llamadas.Al inspeccionar su vivienda, las autoridades hallaron, según Willington Cano, libretas con el nombre del menor repetidamente escrito, objetos relacionados con brujería y una póliza de seguro de vida en la que Alexis figuraba como beneficiario sin autorización de sus padres. Su madre recordó un episodio fuerte: "Hubo ocasión de que dijo que si no iba a ser para él, no iba a ser para nadie".Willington Cano, profesor de la escuela de fútbol de Alexis, agregó en Conducta Delictiva Podcast: "Yo lo conocí en la iglesia cristiana, pero él le hacía brujería a Alexis para poder controlarlo y mantenerlo atado a él. Tenía una frase como pidiendo que los niños llegaran a él, como unos santos, como unas cosas ahí todas raras y una frase que siempre oraba pidiendo que los niños estuvieran con él".El cuerpo de Alexis fue encontrado el 11 de junio de 2023 en una zona boscosa de Altos de Palmitas, ocho días después de su desaparición. Claudia Cardona identificó los restos mediante prendas y una pulsera:"Yo sé que ese es mi hijo… yo como mamá lo siento y ese corazón de mamá nunca engaña."El responsable fue condenado a 40 años de prisión, pero el proceso estuvo marcado por la indignación, ya que el hombre recuperó la libertad por vencimiento de términos y actualmente se encuentra prófugo de la justicia.
La Corte Constitucional amparó los derechos fundamentales de los familiares de dos personas que murieron tras la activación de minas antipersonal en Putumayo y Cauca, y ordenó dejar sin efectos las sentencias que habían negado la responsabilidad del Estado en estos casos.En la sentencia, con ponencia del magistrado Miguel Efraín Polo, se concluyó que los Tribunales Administrativos de Nariño y del Cauca incurrieron en defectos fácticos y desconocimiento del precedente judicial, al valorar de forma fragmentada las pruebas y apartarse de la jurisprudencia unificada del Consejo de Estado sobre responsabilidad estatal por daños causados con minas antipersona.Los casos analizados corresponden a la muerte de Hernando Castillo Tobar, ocurrida en 2012 en Puerto Leguízamo (Putumayo), y de Gerson Carabalí Popo, fallecido en 2013 en Buenos Aires (Cauca).En ambos hechos, las víctimas eran civiles ajenos al conflicto armado y perdieron la vida al detonar minas instaladas en zonas con presencia activa de la Fuerza Pública.De acuerdo con la sentencia, al desconocer las pruebas se vulneraron los derechos al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la reparación integral de las víctimas.Por esa razón, la Corte Constitucional exhortó a la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal y al Ministerio de Defensa Nacional a fortalecer las medidas de prevención, desminado y atención integral a las víctimas, al advertir que, pese a los avances del Estado, persisten serios retos en señalización, monitoreo y educación sobre el riesgo por minas antipersonal.
Nueve personas fueron capturadas por su presunta participación en una red de corrupción judicial dedicada, según la Fiscalía, a cobrar dinero a cambio de direccionar procesos de lavado de activos y frenar actuaciones clave como órdenes de captura y medidas cautelares de extinción de dominio. Las exigencias económicas, de acuerdo con la investigación, oscilaban entre los 400 y 1.000 millones de pesos y habrían sido dirigidas al exnarcotraficante condenado Juan Carlos Ramírez, alias Manicomio, y a miembros de su familia.La delegada para la Seguridad Territorial, Deicy Jaramillo, explicó que los hechos corruptos se habrían presentado en investigaciones que cursaban en la Unidad de Lavado de Activos y en la de Extinción de Dominio. Según señaló, se logró establecer que en al menos tres procesos, relacionados con hechos ocurridos entre 2014, 2015, 2024 y 2025, funcionarios adscritos a esas dependencias habrían eliminado elementos materiales probatorios y solicitado dinero a los involucrados a cambio de evitar medidas contra bienes o impedir órdenes de captura.Entre los capturados figuran integrantes activos de la Dijín de la Policía Nacional: el capitán Nelson Fabián Pinzón Rodríguez; los subintendentes Carlos Iván Mendieta Moya y Leonardo Albeiro Padilla Cajamarca; y el patrullero Michael Sebastián Laguado Carrillo. También fueron detenidos los servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) Jimmy Alexander Rodríguez Corredor y Luis Fernando Villalba Cogollo, así como los exfuncionarios de la Policía Nacional y del Inpec Luis Eduardo Riveros García, Rosember Gil Ramírez y Jimmy Gerardo Casas Torres.La investigación permitió establecer que los presuntos integrantes de la red, quienes cumplían funciones de policía judicial, habrían eliminado evidencias para alterar el curso normal de las investigaciones y habrían constreñido a testigos para que entregaran información falsa sobre los familiares de alias Manicomio. Estas presiones, según el ente acusador, se habrían intensificado como retaliación ante la negativa de pagar las sumas exigidas.Por estos hechos, se les imputarán a los capturados, según su grado de participación, delitos como concierto para delinquir, concusión, falsedad ideológica en documento público, fraude procesal, tráfico de influencias, acceso abusivo a sistema informático, amenazas a servidor público y abuso de autoridad por acto arbitrario.
La Fiscalía General de la Nación confirmó que Zulma Guzmán, principal sospechosa en el caso de envenenamiento con talio que dejó dos menores de edad fallecidos, continúa hospitalizada en el Reino Unido en un delicado estado de salud, situación que ha impedido avanzar, por ahora, en la notificación de la circular roja de Interpol y en el trámite efectivo de su extradición a Colombia.La delegada para la Seguridad Territorial, Deicy Jaramillo, explicó que la última certificación médica conocida por el ente acusador indica que la mujer sigue bajo un estricto protocolo de salud mental, vigente en el Reino Unido, el cual limita cualquier actuación judicial mientras permanezca internada.“Recuerden que está en un hospital porque tiene problemas de salud bastante graves y el Reino Unido la protege durante el tiempo que dure su permanencia en el hospital por un periodo determinado. Nosotros ya mandamos todas las diligencias a través del Ministerio y estamos esperando la contestación del Reino Unido”, señaló Jaramillo. Añadió que, pese a las restricciones, la investigación en Colombia continúa avanzando tanto en las actividades propias de policía judicial como en las diligencias ante jueces de control de garantías.La funcionaria reiteró que la Fiscalía mantiene dos frentes activos: el fortalecimiento del perfil investigativo de la sospechosa y el desarrollo de las actuaciones judiciales necesarias para cuando se destrabe el escenario internacional. “Tenemos una situación donde nos informan que está en delicado estado de salud. Esa es la información que tenemos”, puntualizó.El proceso de extradición en el Reino Unido contempla dos escenarios una vez se verifique la condición física y mental de la requerida. El primero es que la persona acepte voluntariamente la extradición; el segundo, que se oponga a ella. En este último caso, será una corte británica la encargada de decidir si autoriza o niega la entrega, con base en eventuales riesgos de violaciones a derechos humanos. Aunque esa decisión es apelable, no suspende automáticamente el procedimiento y, en algunos casos, la extradición puede ordenarse mientras el recurso se encuentra en trámite.De acuerdo con la información oficial, la orden de captura internacional fue emitida en octubre por la Fiscalía colombiana, con el respaldo de la Cancillería, y el pedido formal de extradición ya fue radicado ante las autoridades británicas.Las autoridades británicas confirmaron que Guzmán fue rescatada por la Policía Marítima tras un presunto intento de quitarse la vida en el río Támesis. A este episodio se suman alertas emitidas por Interpol sobre sus desplazamientos previos en distintas ciudades, lo que, según los investigadores, incrementa el riesgo de fuga mientras se define su situación judicial.
La decisión de Israel de reconocer formalmente a Somalilandia como Estado independiente activó una cadena de reacciones diplomáticas y políticas que van mucho más allá del Cuerno de África. Gobiernos, organizaciones regionales y actores armados se pronunciaron en contra o a favor de una medida que reabre un debate de más de tres décadas sobre soberanía, derecho internacional y equilibrios geopolíticos en una zona estratégica del mundo.La controversia no se limita a un desacuerdo bilateral. Involucra a Somalia, China, países árabes, actores armados respaldados por Irán y potencias occidentales, en un contexto marcado por las tensiones en Medio Oriente, el mar Rojo y el golfo de Adén.¿Qué es Somalilandia?Somalilandia es un territorio ubicado en el Cuerno de África, con salida al golfo de Adén y fronteras con Yibuti, Etiopía y la región somalí de Puntlandia. Tiene una superficie cercana a los 176.000 kilómetros cuadrados —similar a la de Uruguay— y una población estimada en 6,2 millones de habitantes para 2024. Su capital es Hargeisa.Aunque se autodenomina oficialmente República de Somalilandia, su reconocimiento internacional ha sido limitado. El territorio declaró su independencia en 1991, tras el colapso del Estado somalí y la caída del régimen de Siad Barre. Antes de eso, fue un protectorado británico que obtuvo su independencia el 26 de junio de 1960, antes de unirse voluntariamente a Somalia.Desde entonces, Somalilandia ha mantenido un gobierno propio y estructuras estatales separadas, pero para la comunidad internacional sigue siendo, en términos legales, parte de Somalia.¿Qué dice Somalia por el reconocimiento?El presidente de Somalia, Hassan Sheikh Mohamud, condenó el reconocimiento israelí y lo calificó como una “agresión ilegal” que, según afirmó, contraviene el derecho internacional. En un mensaje publicado en X, sostuvo que el acto de Israel constituye una injerencia en los asuntos internos de Somalia.Durante una sesión extraordinaria conjunta del Parlamento somalí, Mohamud reiteró que Somalilandia es una “parte integral” del país y aseguró que su gobierno está adoptando todas las medidas diplomáticas necesarias para defender la unidad nacional. Según el mandatario, el daño causado por la decisión israelí “no tiene precedentes”.Reacciones de la comunidad internacional a SomalilandiaEl Gobierno chino expresó su “grave preocupación” y su “firme oposición” al reconocimiento de Somalilandia por parte de Israel. El portavoz del Ministerio de Exteriores, Lin Jian, afirmó en rueda de prensa que, de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, Somalilandia es una parte inseparable del territorio somalí.Lin señaló que China apoya la soberanía, la unidad y la integridad territorial de Somalia y recalcó que la cuestión de Somalilandia es un asunto interno que debe resolverse conforme a la Constitución somalí y la voluntad de su población.La polémica también escaló al plano de la seguridad regional. Abdelmalek al Huti, líder de los rebeldes chiíes hutíes de Yemen —grupo respaldado por Irán—, amenazó con atacar Somalilandia ante cualquier presencia israelí en ese territorio.En un discurso televisado, Al Huti declaró que su grupo consideraría “objetivo militar” cualquier presencia de Israel en Somalilandia y calificó el reconocimiento como una agresión contra Somalia y Yemen. Además, advirtió que la medida representa una amenaza para la seguridad del mar Rojo y el golfo de Adén, rutas clave para el comercio marítimo global.El líder hutí acusó a Israel de buscar un punto de apoyo estratégico para actividades hostiles en la región y vinculó el reconocimiento con lo que describió como planes más amplios para fragmentar países del área.La decisión israelí también fue rechazada por la Liga Árabe, que la calificó como un atentado contra la seguridad regional. Países como Turquía, Yibuti, Egipto y la Autoridad Palestina expresaron su oposición al reconocimiento.La Unión Europea llamó a respetar la unidad, soberanía e integridad territorial de Somalia. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump afirmó que Washington no seguiría el mismo camino que Israel, pese a la histórica alianza entre ambos países.
El departamento de Antioquia sigue liderando la lista de personas quemadas con pólvora y, lo más preocupante, es que cada día la cifra aumenta de manera alarmante para las autoridades que ya tienen el registro de 136 lesionados con elementos pirotecnia o lo que sería lo mismo, 30 casos más o un 28,3 % de incremento en comparación con el año inmediatamente anterior.El reporte más reciente entregado por la Gobernación de Antioquia muestra que, de los 136 quemados: 13 personas han necesitado amputación, mientras que 41 menores de edad han resultado heridos. El municipio más afectado es Medellín con 61 reportes, seguido por Itagüí con 9 casos y Bello con 5 personas lesionadas.La secretaria de Salud de Antioquia, Martha Ramírez, alertó sobre el uso de pólvora teniendo en cuenta que se acerca una de las fechas en donde las personas suelen quemar más pólvora en el departamento."Sin duda, la noche del 31 de diciembre para amanecer del 1 de enero es el pico más alto, muy superior al 24 de diciembre. Eso nos preocupa. Y hay una población que de verdad está siendo muy vulnerable, son los jóvenes, entre catorce y diecisiete años. Están apropiando de una práctica peligrosa, jugar con voladores", destacó la funcionaria.Según las cifras entregadas por las autoridades departamentales, más de 80 personas han resultado quemadas con elementos pirotécnicos en el Valle de Aburrá, siendo la subregión antioqueña más golpeada por la problemática. Por su parte, aseguran desde Antioquia que las heridas más recurrentes son en la mano con 52 casos, seguido por lesiones en la cara con 26 reportes.Finalmente, hay que recordar que en el caso de la capital de Antioquia son 61 quemados con pólvora, es decir, 21 casos más si se tienen en cuenta los registros de 2024. Los datos de la Alcaldía Distrital dejan en evidencia que 18 personas necesitaron hospitalización, mientras que hay casi que un empate técnico, ya que 29 personas han resultado lesionadas por manipular pirotecnia y 28 casos sucedieron cuando la persona estaba como observador.
El presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, proyectaron este domingo un mensaje de avances hacia la paz tras reunirse durante más de tres horas en Florida, aunque no cerraron el pacto y persisten "cuestiones espinosas" por resolver.El encuentro, que tuvo lugar en la residencia de Mar-a-Lago (Florida) de Trump, llegó después de una llamada entre Trump y el presidente ruso, Vladímir Putin y tras varias reuniones entre Zelenski y funcionarios del gobierno de Trump.A pesar de que ambos líderes insistieron en que más del "95%", del plan de paz de 20 puntos, está resuelto. El presidente Trump reconoció que aún quedan cuestiones "espinosas" por resolver, incluyendo el futuro de la región del Donbás o un cese al fuego.En una rueda de prensa tras la reunión, en la que intervinieron también varios líderes europeos, los líderes adelantaron que tanto Rusia como Ucrania acordaron crear "grupos de trabajo" compuesto por los principales colaboradores del presidente estadounidense para finalizar un acuerdo de paz sobre el conflicto en Ucrania "en las próximas semanas".Sin embargo, no especificaron fechas para las reuniones de estos grupos, ni tampoco lugares.La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, indicó hoy que sostuvo una llamada de una hora con Trump y Zelenski, junto a otros líderes europeos, para analizar "el estado de las negociaciones de paz", según indicó la funcionaria en su cuenta de la plataforma X.Von der Leyen señaló que Europa está dispuesta a seguir trabajando con Ucrania y con sus socios estadounidenses para consolidar ese progreso y subrayó que es fundamental contar con garantías de seguridad sólidas desde el primer día.El Kremlin, por su lado, indicó en un comunicado, que en la llamada de más de una hora de hoy con Trump, Putin "accedió a la propuesta estadounidense de resolver la situación en Ucrania a través del establecimiento de grupos de trabajo. Uno que se encargará de la dimensión de seguridad y otro de asuntos económicos".El plan de paz de 20 puntos, que Moscú ha rechazado, incluye un pacto de no agresión con Rusia y garantías de seguridad estadounidenses para Ucrania similares a las de la OTAN.En cuanto a la situación territorial, Kiev propone dos opciones: congelar la actual línea del frente o establecer una zona desmilitarizada en partes de la región de Donetsk que Ucrania todavía controla y que Rusia reclama.Ucrania ya ha iniciado preparativos para celebrar elecciones presidenciales. Un grupo de trabajo formado por representantes de varios partidos -de acuerdo con las instrucciones de Zelenski- ha celebrado su primera reunión para discutir los obstáculos legales, de seguridad y organizativos.Según Zelenski, Ucrania podría celebrar de forma simultánea las elecciones y un referéndum sobre el documento de 20 puntos. Celebrar las elecciones en tiempos de guerra ha sido una opción impopular en Ucrania, rechazada por todas las principales fuerzas políticas, y requeriría cambiar la legislación.Sin embargo, ante la insistencia de Trump, Kiev se ha abierto recientemente a la idea, en lo que se percibe como un intento de privar a Moscú y Washington del argumento de que el gobierno ucraniano es ilegítimo.
El almirante Francisco Cubides se despidió del comando general de las Fuerzas Militares, luego del nombramiento del general Hugo López como nuevo comandante. A su salida, el almirante destacó el sacrificio, la vocación de servicio y la unidad operacional de soldados, marinos y aviadores que integran la institución a lo largo y ancho del país.Cubides aseguró que su paso por el comando general estuvo marcado por el orgullo de liderar a hombres y mujeres que, incluso en los rincones más apartados del país, custodian la soberanía y velan por la seguridad de los colombianos. “Fui testigo diario de la esencia misma del heroísmo colombiano”, afirmó el oficial, al tiempo que agradeció el esfuerzo incansable del personal militar y el respaldo de sus familias.El almirante resaltó que los resultados operacionales alcanzados durante su gestión no obedecen al liderazgo de una sola persona, sino al trabajo conjunto y a la valentía de toda la Fuerza Pública. “Los colombianos reconocen su entrega, su coraje, su compromiso y su disciplina”, señaló, subrayando que ese sacrificio constituye la columna vertebral de la institucionalidad del país.Uno de los ejes centrales de su mensaje fue la importancia de la conjuntez como pilar estratégico. Cubides agradeció de manera especial a los generales y almirantes de la cúpula militar saliente por haber creído en el trabajo articulado entre las fuerzas. Según indicó, esa unidad de criterio y de acción permitió enfrentar con éxito los desafíos más complejos que amenazan la estabilidad de Colombia.En su despedida, el oficial naval extendió un mensaje directo a la nueva cúpula militar que asume el mando, a la que deseó éxito y sabiduría en la conducción de la institución. “Queda en sus manos el tesoro más grande de Colombia: sus soldados, marinos y aviadores”, expresó, al tiempo que los instó a preservar el legado de honor y disciplina.“Me retiro con la satisfacción del deber cumplido. Servir a Colombia ha sido el mayor honor de mi vida. Tengo la plena certeza de que nuestras Fuerzas Militares que a partir de ahora serán lideradas por el señor general Hugo López, seguirán siendo el bastión que sostiene la patria, firmes en la defensa de la soberanía, la paz y la esperanza de cada hogar colombiano”, indicó.Cubides también hizo un llamado a todo el personal de las Fuerzas Militares para continuar trabajando por la paz, manteniendo la mística, la convicción y el compromiso con la defensa de la democracia, las instituciones y el pueblo colombiano. “Sigan siendo los guardianes de la soberanía nacional”, enfatizó.Finalmente, el almirante se despidió asegurando que, aunque deja el cargo, el servicio a la nación no termina. “El compromiso con Colombia jamás acaba”, concluyó, cerrando su gestión con un mensaje de gratitud, admiración y reconocimiento hacia quienes continúan portando el uniforme de la Patria.
En Colombia, la expectativa por el rumbo del sistema de salud sigue latente tras el hundimiento de la reforma impulsada por el Gobierno Nacional, que prometía mejoras tanto para los usuarios como para los trabajadores del sector. En medio de ese escenario de incertidumbre, un nuevo frente de inconformidad se abre paso desde las universidades y los hospitales del país a pesar de ser aprobado en la reforma laboral.Los estudiantes de medicina anunciaron un plantón nacional para este 29 de diciembre, con el objetivo de exigir que el Gobierno garantice los recursos necesarios para el pago de los médicos internos a partir de 2026. La movilización busca que lo aprobado en el papel se traduzca en una realidad concreta para quienes hoy cumplen extensas jornadas sin recibir remuneración.La iniciativa fue presentada por la representante a la Cámara por Bogotá, Jennifer Pedraza, y quedó aprobada dentro de la reforma laboral. Sin embargo, aunque la norma ya existe, los estudiantes advierten que aún falta la reglamentación y, sobre todo, la asignación presupuestal para que el pago sea efectivo.Pago a internos de medicina: estudiantes saldrán a las callesActualmente, los internos de medicina deben cumplir jornadas de tiempo completo en hospitales y clínicas, sin recibir ningún pago durante su último año de formación. Ante esa situación, estudiantes de medicina se concentrarán en 17 ciudades del país, desde el mediodía, en centros de salud, edificios gubernamentales y plazas públicas.Las protestas se realizarán sin afectar la atención en servicios críticos. Quienes estén asignados a urgencias u otros procedimientos vitales no participarán de manera presencial, mientras que quienes no puedan salir a las calles se sumarán a la jornada a través de redes sociales con el numeral #InternosConPagoYa.Estos serán algunos de los puntos de concentración:Bogotá: Ministerio de SaludCartagena: Hospital Universitario del CaribeBarranquilla: Clínica General del NorteCali: Hospital Universitario del ValleMedellín: Hospital Fundación San Vicente de PaulBucaramanga: Hospital Los ComunerosCúcuta: Hospital Erasmo MeozA ellos se suman ciudades como Villavicencio, Ibagué, Manizales, Popayán, Santa Marta, Neiva, Pasto, Pereira, Sincelejo y Valledupar.¿Qué dice la ley sobre el pago a internos de medicina?De acuerdo con Andrés Salcedo, médico y promotor de la iniciativa, el reconocimiento económico ya es ley, pero aún no se ha convertido en una garantía real. “El pago a internos ya es ley, pero falta reglamentación para que sea realidad en 2026. Nos movilizamos pacíficamente para exigir que MinHacienda autorice a MinSalud garantizar el pago”, aseguró.Con la reforma laboral, los médicos internos, que cursan su último año universitario y prestan servicio en hospitales y clínicas con jornadas extensas, recibirán un apoyo económico equivalente a un salario mínimo mensual. Además, serán afiliados a los sistemas de salud y pensión, ya que actualmente solo cuentan con cobertura de ARL.El pago estará a cargo del Estado a través del Adres. Según las estimaciones, la inversión superaría los 146.000 millones de pesos para beneficiar a cerca de 8.600 internos, provenientes de 67 facultades de medicina en todo el país. Mientras tanto, los estudiantes insisten en que la movilización es clave para que la norma no se quede, una vez más, en el papel.
La tranquilidad de San Vicente del Caguán, Caquetá, se vio alterada en mayo de 2025 tras una serie de desapariciones de mototaxistas que encendió las alarmas entre la comunidad y las autoridades. El primer caso se registró el 7 de mayo, con la desaparición de Jaime Fierro Clavijo. Dos días después, el 9 de mayo, se reportó la ausencia de Juan Antonio Arenas, y el 11 de mayo ocurrió un tercer caso, el de John Freddy Morales.Las investigaciones permitieron establecer un patrón. El presunto responsable, Joiner Alquiver Cabrera Mota, solicitaba servicios de transporte para ser llevado hasta su vivienda. Una vez allí, intimidaba a los conductores con armas, los amarraba y posteriormente los asesinaba para despojarlos de sus pertenencias.El 12 de mayo, Cabrera Mota fue capturado y durante la inspección a su residencia, las autoridades hallaron dos cuerpos sin vida, uno de ellos oculto en una caneca. Posteriormente, tras la confesión del detenido, fue localizado un tercer cadáver en zona rural del municipio.En una conversación con Séptimo Día de Caracol Televisión, Linivet Fierro, hija de una de las víctimas, recordó que el día de la desaparición puso una denuncia, pero tras días, nadie sabía nada de Jaime. Simultaneamente, Fanny Morales Narváez estaba denunciando la desaparición de su esposo, otra de las víctimas: "Sobre las 4 de la mañana yo le escribí "Hola ¿cómo estás?" Y me dice "Hola ¿cómo va la familia?" Y yo dije pues raro porque si yo soy la familia de él por qué me responde así".En julio de 2025, un juez le impuso medida de aseguramiento por los delitos de homicidio y secuestro. Sin embargo, un error administrativo y de comunicación entre el juzgado y el Inpec provocó que Mota quedara en libertad el 12 de agosto, mediante la expedición de una boleta de salida por el delito menor.Tres días después, el 15 de agosto, el hombre volvió a atacar. La víctima fue el mototaxista Alfredo Felantana, quien logró sobrevivir pese a la gravedad de las heridas. José Hernández, sobrino de Alfredo, dijo que: "Es un error donde estamos hablando de vidas humanas, es algo demasiado grave diría yo".Tras una intensa búsqueda, Cabrera Mota fue recapturado el 20 de agosto en Villavicencio, cuando se movilizaba en una motocicleta reportada como robada.En una entrevista realizada por Séptimo Día de Caracol Televisión, el presunto asesino confesó que: “Le pedí una carrera para que me llevara hasta mi casa. Cuando ya estábamos adentro, lo encañoné con un arma traumática. Luego procedí a amarrarlo de pies y manos en la parte de atrás con un lazo. Esa persona fue ahorcada”.Mientras avanzaba en su relato, la entrevista tuvo que detenerse, pues el sujeto empezó a reírse al recordar los motivos de los crímenes.
Varias personas que se encontraban departiendo en un establecimiento público en el centro poblado de Regueros, del municipio de Pitalito, sur del Huila, protagonizaron una riña donde, además, se registró una balacera hecho que dejó una persona fallecida y dos más con heridas de consideración.De acuerdo con versiones de las autoridades, las tres personas lesionadas fueron auxiliadas y llevadas a un centro asistencial de Pitalito, donde una de las víctimas del hecho de intolerancia por la ingesta del alcohol identificado como Héctor Yaté Rodríguez, falleció cuando era intervenido quirúrgicamente.“Recibimos una llamada sobre el ingreso de tres personas heridas con arma de fuego al hospital de Pitalito, donde lamentablemente uno de los lesionados identificado como Héctor Yaté, fallece en su intervención quirúrgica inmediata. Este hecho estaría relacionado con un hecho de intolerancia social agravado por la ingesta excesiva de bebidas embriagantes en esta temporada decembrina”, relató el capital Hernández.Entre tanto, funcionarios de Policía Judicial se desplazaron hasta el lugar de los hechos donde han recopilado videos de cámaras de seguridad, testimonios y demás evidencias que les permita identificar y dar con la captura de los responsables.No obstante, las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía que, durante la celebración de estas fiestas de fin de año, eviten confrontaciones o situaciones de intolerancia por la ingesta del alcohol, hechos que terminan en tragedia y que afectan la seguridad de muchas más personas.
Una cadena de desapariciones registrada en mayo de 2025 encendió las alarmas en el municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá, especialmente entre el gremio de mototaxistas. Con el paso de los días, lo que comenzó como reportes aislados terminó revelando uno de los casos criminales más graves del año, cuyo principal señalado es Joiner Alquiver Cabrera Mota.De acuerdo con las investigaciones y lo revelado por Séptimo Día, el primer caso ocurrió el 7 de mayo, cuando Jaime Fierro Clavijo desapareció tras aceptar un servicio de transporte. Dos días después, el 9 de mayo, fue reportada la desaparición de Juan Antonio Arenas, y el 11 de mayo se perdió todo rastro de John Freddy Morales, lo que generó una creciente preocupación entre familiares y compañeros de oficio.Las autoridades establecieron que el modus operandi de Cabrera Mota consistía en solicitar servicios de transporte hasta su vivienda, donde una vez llegaban las víctimas, las intimidaba con armas, las retenía y posteriormente las asesinaba, presuntamente mediante asfixia o degollamiento.El caso dio un giro el 12 de mayo, cuando el señalado fue capturado en flagrancia, al ser encontrado en posesión del teléfono celular de una de las víctimas, hecho que inicialmente permitió su judicialización únicamente por el delito de receptación. Sin embargo, tras su captura, una inspección a su residencia reveló una escena aún más grave: dos cuerpos sin vida, uno de ellos oculto dentro de una caneca.Posteriormente, y gracias a la confesión del propio capturado, las autoridades lograron ubicar un tercer cadáver en una zona rural del municipio, confirmando así la magnitud del caso. En julio, un juez le impuso una segunda medida de aseguramiento por los delitos de homicidio y secuestro agravado.No obstante, un fallo administrativo terminó permitiendo que Cabrera recuperara su libertad en agosto. Según se conoció, la comunicación entre el juzgado y el Inpec fue defectuosa y solo se tramitó la boleta de libertad correspondiente al delito de receptación, sin tener en cuenta la medida de aseguramiento vigente por homicidio, lo que derivó en su excarcelación.El 15 de agosto, ya en libertad, Cabrera atacó brutalmente a Alfredo Felantana, quien fue apuñalado en 27 oportunidades y abandonado a un costado de una vía. La víctima sobrevivió y logró alertar a las autoridades.El 20 de agosto fue recapturado en Villavicencio. Actualmente, Cabrera permanece bajo custodia judicial y enfrenta cargos por homicidio agravado, desaparición forzada y tentativa de homicidio.En entrevista con Séptimo Día, de Caracol Televisión, el sujeto reveló paso a paso cómo fueron los ataques. Sobre su primera víctima dijo que: “Le pedí una carrera para que me llevara hasta mi casa. Cuando ya estábamos adentro, lo encañoné con un arma traumática. Luego procedí a amarrarlo de pies y manos en la parte de atrás con un lazo. Esa persona fue ahorcada”.Mientras avanzaba en su relato, la entrevista tuvo que detenerse, pues el sujeto empezó a reírse al recordar los motivos de los crímenes.Recordó que no conocía a los hombres, que los detenía al azar y les quitaba la vida. “Era un trabajo para alguien, pero no para mí; eso sí me lo reservo. ¿Y por qué? ¿Qué había hecho él? No lo sé. Son cosas que uno no pregunta”, señaló.Dijo que con las siguientes víctimas pasó lo mismo y que le suplicaban que no los matara. Uno de los momentos más tensionantes de la entrevista fue cuando el periodista enfrenta al presunto asesino sobre sus tatuajes:“¿Qué significan esas cruces en la mano? A mí me habían dicho que era una por cada persona asesinada. ¿Es así? ¿Cuántas tiene?”.A lo que el señalado responde: veintitrés cruces.El periodista insiste: “¿Y cada cruz equivale a una persona asesinada?”. La reacción de Cabrera es sorprendente: se queda callado y afirma con la cabeza, indicando que no puede hablar sobre esos crímenes.
Un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Jean Pool Sánchez Gómez, señalado como el presunto responsable del homicidio del teniente coronel del Ejército Nacional, Rafael Granados Rueda, ocurrido el pasado 27 de noviembre en Popayán, Cauca.De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el oficial se desplazaba en su vehículo cuando fue interceptado y atacado con arma de fuego por el hoy procesado, quien se movilizaba en una motocicleta junto a otra persona. Gravemente herido, el teniente coronel fue trasladado a un centro asistencial, donde falleció minutos después.“El 27 de noviembre de 2025, aproximadamente a las 12:23/12:25 de la tarde en la ciudad de Popayán, en momentos en que el señor Teniente Coronel del Ejército Nacional Rafael Granados Rueda (en paz descanse), se desplazaba como conductor del vehículo marca Kia Picanto de color blanco, con placa IGV-920, fue alcanzado por dos sujetos de sexo masculino que se movilizaban en una motocicleta y el parrillero de rodantes, es decir, usted señor Jean Paul Sánchez Gómez, utilizando un arma de fuego de la que carecía de permiso para su porte, le dispara al Teniente Coronel en varias oportunidades, logrando impactarlo en su humanidad”, explicó la fiscal del caso durante la audiencia.Las investigaciones adelantadas por la Policía Judicial, entre ellas el análisis de cámaras de seguridad, permitieron establecer que el presunto agresor habría esperado a la víctima en un establecimiento comercial y luego la siguió para cometer el ataque. Tras el crimen, quedó registrada la ruta de escape: descendió de la motocicleta, se quitó un buzo y el casco, y abordó un bus intermunicipal con destino a El Bordo, Cauca.Por estos hechos, una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Cauca le imputó los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. El procesado no aceptó los cargos.Sánchez Gómez fue capturado en una vía pública de Jamundí, Valle del Cauca, en un operativo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional y el Ejército. Durante el procedimiento fueron incautadas un arma traumática, dos teléfonos celulares y una motocicleta.
La noche del 12 de mayo de 2024, cuando muchas familias celebraban el Día de las Madres, terminó marcada por una tragedia que enlutó a Medellín. Gilberto de Jesús, un conductor de 48 años, intentaba descansar junto a su esposa y sus hijos en su vivienda, pero el ruido excesivo proveniente del primer piso se lo impedía. En ese lugar se encontraban los hermanos Juan Camilo, Jan Marcos y Joan Sebastián Osa, quienes realizaban una fiesta a alto volumen. Blanca Ramírez, esposa de la víctima, relató en entrevista con Séptimo Día de Caracol Televisión el desespero que vivieron durante esa noche. Entre lágrimas, recordó a su esposo como “un señor muy trabajador, muy bueno conmigo, que no se metía con nadie”. Según su testimonio, la música y el ruido eran constantes y no permitían el descanso de la familia. Ante la situación, Gilberto salió al balcón para pedirles a sus vecinos que bajaran el volumen, ya que necesitaba dormir. Sin embargo, lejos de atender el llamado, los jóvenes lo desafiaron a bajar. “Él se bajó sin imaginar que ahí iba a encontrar la muerte”, aseguró Blanca, quien también indicó que los implicados se encontraban en estado de exaltación por el consumo de alcohol.Al descender a la calle, se produjo una riña en la que Gilberto fue atacado con un arma cortopunzante. Gravemente herido, fue trasladado al Hospital Pablo Tobón Uribe, donde falleció poco después debido a la gravedad de las lesiones.El subintendente Jonathan Poso Sierra explicó que, al llegar al lugar de los hechos, la Policía encontró a varios ciudadanos que informaron sobre una riña protagonizada por tres hermanos.El proceso judicial ha generado profunda indignación en la familia de la víctima. Al día siguiente de los hechos, dos de los capturados recuperaron la libertad, mientras que solo Jan Marcos Osa continúa vinculado formalmente al caso, bajo medida de detención domiciliaria.Para Blanca Ramírez, este caso refleja una alarmante intolerancia que sigue cobrando vidas. Con dolor, concluyó: “Nos hizo un daño muy grande. Ya uno no puede ni hablar, porque mire lo que pasa”.
El caso de Harold Aroca, un adolescente de 16 años, se remonta al pasado 5 de agosto, cuando fue reportado como desaparecido en el barrio Los Laches, en la localidad de Santa Fe, en el centro de Bogotá. Tras cuatro días de búsqueda adelantada por sus familiares y las autoridades, el cuerpo del menor fue hallado el 9 de agosto en una zona boscosa del sur de la capital.De acuerdo con el informe forense, el joven presentaba cuatro impactos de arma de fuego, quemaduras en distintas partes del cuerpo y signos de tortura, lo que llevó a la Fiscalía General de la Nación a calificar el crimen como un homicidio agravado por sevicia.Las investigaciones, apoyadas en registros de cámaras de seguridad, establecieron que Harold fue interceptado en un parque por varios sujetos, quienes lo obligaron a subir a un vehículo. Posteriormente, fue trasladado a otro lugar donde habría sido sometido a tratos crueles antes de ser asesinado.Según la Fiscalía, el móvil del crimen estaría relacionado con comentarios que el menor habría hecho en su colegio sobre otro homicidio ocurrido el 3 de agosto de 2025. En audiencia, el ente acusador señaló que los agresores actuaron porque el joven “decía que sabía quién había matado a otro muchacho y que por eso lo habían cogido".Un testigo clave del proceso aseguró que los responsables dejaron una nota con la frase “por sapo”, lo que refuerza la hipótesis de un crimen motivado por retaliación. Por estos hechos, la Fiscalía imputó cargos por homicidio y tortura agravada, secuestro simple y porte ilegal de armas de fuego.Gracias al material audiovisual recolectado, el testigo logró identificar a los presuntos responsables y aportó información sobre su historial delictivo. “Él salió de la cárcel hace como dos meses por robar motos. El otro ahorita se está dedicando a vender tusi y bazuco", señaló.Hasta el momento, las autoridades han logrado la captura y envío a prisión de dos presuntos implicados, identificados como Anderson Santiago Pinzón Pedraza y Haizak Karol Chara, alias ‘Chará’. El proceso judicial continúa con el apoyo de unidades de inteligencia y del Gaula, mientras que la madre de la víctima, Diana García, ha denunciado públicamente que ha sido amenazada de muerte por exigir justicia.
El asesinato de Harold Aroca, un adolescente de 16 años reportado como desaparecido el pasado 5 de agosto en el barrio Los Laches, localidad de Santa Fe, avanza con la judicialización de dos presuntos responsables y nuevas revelaciones en el proceso investigativo.El cuerpo del menor fue hallado cuatro días después, el 9 de agosto, en una zona boscosa del sur de Bogotá. De acuerdo con las autoridades, presentaba cuatro impactos de bala y múltiples quemaduras, por lo que el hecho fue tipificado como homicidio con sevicia.En el marco de la investigación, la Fiscalía General de la Nación logró la captura de Anderson Santiago Pedraza y Haizak Karol Chara. Este último fue enviado recientemente a centro carcelario por decisión de un juez de control de garantías, tras considerar que existen elementos materiales probatorios suficientes para inferir su participación en los hechos.De acuerdo con el ente acusador, los imputados enfrentan cargos por homicidio agravado, tortura agravada, secuestro simple y porte ilegal de armas, mientras continúa la recolección de pruebas para esclarecer plenamente lo ocurrido.Uno de los testigos del crimen, quien aseguró conocer a los presuntos homicidas, afirmó durante el proceso: “Los conozco muy bien porque yo los vi crecer. Son varios, hay menores y mayores. También sé que le dejaron una nota que decía ‘por sapo’”.Gracias al material audiovisual, el testigo logró identificar a los hombres y reveló detalles sobre su historial delictivo. “Él salió de la cárcel hace como dos meses por robar motos. El otro ahorita se está dedicando a vender tusi y bazuco”, añadió.Las autoridades indicaron que el material probatorio, que incluye videos de cámaras de seguridad, testimonios y análisis de inteligencia, permitió establecer que el menor habría sido interceptado por varios hombres, quienes lo habrían retenido para interrogarlo por presuntos señalamientos relacionados con una estructura criminal.Cabe recordar que, semanas atrás, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, calificó el crimen como un “fracaso colectivo” y reiteró que no habrá tolerancia frente a hechos de violencia que involucren a menores de edad. Entre tanto, la Fiscalía mantiene activa una burbuja investigativa con apoyo del Gaula, la Sijín y el Sipol, con el objetivo de identificar a otros posibles implicados.
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a tres personas señaladas de participar en el secuestro y robo de un conductor de una plataforma digital de transporte en Medellín. La decisión se tomó por solicitud de la Fiscalía, tras valorar el material probatorio recaudado durante la investigación.Los procesados fueron identificados como Yohan Alexis Tamayo Cano, Luis David Rúa Segura y una mujer identificada como Karla, quienes son investigados por su presunta responsabilidad en los delitos de secuestro extorsivo agravado y hurto calificado y agravado. Ninguno de los tres aceptó los cargos imputados por el ente acusador.De acuerdo con la Fiscalía, los hechos se registraron en la noche del 20 de diciembre, cuando la víctima, un conductor de una plataforma de transporte digital, aceptó un servicio solicitado desde el barrio El Poblado, en Medellín, con destino al municipio de Envigado.El conductor recogió a una mujer trans y, una vez llegó al punto de destino, fue interceptado por dos hombres que, al parecer, lo intimidaron con un arma de fuego. Según la investigación, en ese momento los presuntos delincuentes lo obligaron a entregar su vehículo y su teléfono celular, además de forzarlo a realizar transferencias de dinero desde sus cuentas bancarias.Tras el asalto inicial, el conductor habría sido subido a un taxi con la cabeza cubierta. El recorrido terminó en una zona rural del municipio de Bello, en el norte del Valle de Aburrá. Allí, de acuerdo con la Fiscalía, el conductor fue golpeado y obligado a caminar descalzo.Además, los presuntos responsables le exigieron realizar una llamada a su madre para pedir dinero a cambio de su liberación, lo que configuraría el delito de secuestro extorsivo.Horas después, los presuntos secuestradores notaron la presencia de una patrulla de la Policía en el sector. Ante esta situación, se dispersaron, lo que permitió que el conductor aprovechara el momento para huir y alertar a las autoridades sobre lo ocurrido.Minutos más tarde fueron capturados Tamayo Cano, Rúa Segura y otra persona vinculada al caso. Durante el procedimiento, las autoridades incautaron el taxi que presuntamente habría sido utilizado para cometer el secuestro.Los tres implicados fueron enviados a la cárcel, acusados por los delitos de secuestro extorsivo agravado y hurto calificado y agravado, mientras avanza el proceso en su contra.
La Corte Suprema de Justicia declaró improcedente la acción de tutela presentada por la defensa de Andrés Felipe Marín Silva, alias ‘Pipe Tuluá’, con la que buscaba frenar su proceso de extradición a Estados Unidos, donde es requerido por delitos de tráfico de drogas y concierto para delinquir.En el fallo, el alto tribunal fue claro al señalar que la solicitud no cumplía los requisitos para ser estudiada por vía de tutela, al considerar que el trámite de extradición aún no ha finalizado y existen otros mecanismos judiciales para controvertir las decisiones adoptadas.“La Corte anuncia el fracaso del resguardo por no satisfacer el presupuesto de la subsidiariedad que caracteriza esta excepcional justicia”, señala la decisión advirtiendo que la tutela no puede utilizarse como una instancia paralela para invalidar actuaciones en curso.Alias ‘Pipe Tuluá’ pretendía que se dejara sin efectos el concepto favorable de extradición emitido por la Sala de Casación Penal el 12 de noviembre de 2025, alegando presuntas vulneraciones a sus derechos fundamentales. No obstante, el fallo recuerda que, con base en ese concepto, el Gobierno nacional concedió la extradición mediante Resolución Ejecutiva 440 del 4 de diciembre de 2025, decisión que fue notificada el 12 de diciembre.“En la diligencia de notificación, se informa tanto al ciudadano requerido como a su defensora que, contra la decisión del Gobierno nacional, procede el recurso de reposición, indicándoles que la oportunidad para hacerlo es dentro de los diez (10) días siguientes a la diligencia de notificación. En virtud de lo anterior, es preciso resaltar que, en la actualidad, la decisión no se encuentra firme”, señaló la Corte.El tribunal enfatizó que cualquier inconformidad debe plantearse ante la jurisdicción contencioso administrativa, y no mediante tutela, al advertir que “resulta prematuro reclamar un pronunciamiento del juez constitucional”, pues este “no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden”.Finalmente, la Corte reiteró que la acción de tutela no puede suplantar al juez natural ni a las autoridades competentes, y concluyó que no se puede adjudicar competencias para resolver acciones sobre una cuestión que debe ser abordada por las vías legalmente establecidas, razón por la cual negó todas las pretensiones del señalado criminal.
La Fiscalía General de la Nación adelanta un proceso de extinción de dominio sobre cinco propiedades vinculadas al cantante colombiano Charlie Zaa, conocido por su trayectoria musical en el bolero romántico. Entre los bienes afectados se encuentran la discoteca Solaris en Ibagué y el centro comercial y discoteca Oasis en Girardot, cuyo valor, según el ente acusador, podría ascender a 25.000 millones de pesos.Las autoridades sostienen que estos inmuebles habrían sido financiados con dinero del Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), grupo armado ilegal hoy desmovilizado. Sin embargo, el artista salió a rechazar contundentemente estas acusaciones, calificándolas como infundadas y sustentadas en “mentiras” y “errores de ubicación y tiempo”.“Dicen que construí el Oasis en Ibagué con plata de los paramilitares en 2007, cuando en realidad lo hice en Girardot en 2003. Esa es la primera de muchas falsedades”, afirmó Charlie Zaa en entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu.“El único bien investigado me pertenece legítimamente”: Charlie ZaaEn su defensa, Charlie Zaa dijo que la investigación de la Fiscalía no es en su contra como persona, sino sobre un inmueble: el Centro Comercial Oasis en Girardot. De acuerdo con el cantante, este bien fue adquirido y construido de manera transparente junto con su familia, y no guarda relación alguna con actividades ilegales.“Estoy defendiendo lo que Dios me dio para administrar, no algo que no me pertenece. No tengo propiedades ni en Ibagué ni en otras ciudades diferentes a Girardot”, aseguró. Zaa explicó que el terreno donde se edificó el centro comercial fue comprado a un empresario local, Hugo Lucena, por aproximadamente 130 millones de pesos. A la Fiscalía entregó la promesa de compraventa, el certificado de libertad y tradición y la licencia de construcción emitida por la Alcaldía de Girardot, documentos que, según él, sustentan la legalidad de su inversión.La fuente de los fondos: “Mi éxito musical financió el Oasis”El cantante detalló que el proyecto fue financiado con recursos legítimos provenientes de su carrera artística. Según reveló, entre 1996 y 2003 recibió más de 3.200 millones de pesos únicamente por concepto de ventas físicas de sus discos, sin contar ingresos por presentaciones en vivo ni regalías internacionales.“Nunca he tenido vínculos con grupos al margen de la ley”Uno de los puntos más delicados del proceso tiene que ver con los supuestos nexos entre Charlie Zaa y Diego José Martínez Goyeneche, alias 'Daniel', exjefe del Bloque Tolima de las AUC. La Fiscalía plantea que el artista habría actuado como testaferro del paramilitar, utilizando su nombre para encubrir propiedades financiadas con dineros ilícitos.El cantante fue tajante al rechazar esta afirmación: “Yo no conozco ni he conocido a ese señor ni a ningún otro miembro de grupos armados ilegales. Jamás he cantado para narcotraficantes, guerrilleros ni paramilitares. No hay fotos, ni videos, ni pruebas que me vinculen con eso”.Zaa también negó que algún familiar suyo haya sido intermediario con alias Daniel, como sugieren declaraciones de exparamilitares desmovilizados.Posible confusión con un arrendatario: el caso de Harry Wisman MaloEl artista reconoció haber tenido una relación contractual con un arrendatario llamado Harry Wisman Malo, a quien alquiló el tercer piso del centro comercial Oasis en 2003. Sin embargo, aclaró que esta persona dejó de pagar los arriendos y actuó de manera hostil hacia su familia, lo que derivó en un proceso legal para recuperar el inmueble.Posteriormente, Zaa afirma que Wisman Malo habría construido una réplica del Oasis en Melgar, utilizando al mismo arquitecto que diseñó el centro comercial en Girardot. Este hecho, según él, fue informado directamente a la Fiscalía.“Yo fui quien alertó a la Fiscalía sobre este señor. No trabajaba para mí, me debía dinero y tuvimos que demandarlo. Aun así, me siguen vinculando a él como si fuera parte de mi equipo”, denunció.¿Vínculo de Wisman con paramilitares?Aunque Charlie Zaa afirma no tener pruebas directas de que Harry Wisman sí considera que hay fuertes indicios.“No lo sé con certeza, pero blanco es, frito se come y gallina lo pone. Él no tenía con qué pagarme el arriendo y después apareció con una discoteca nueva. ¿De dónde salió esa plata?”, cuestionó el artista.Negación tajante de vínculos con grupos ilegalesDurante toda la entrevista, Charlie Zaa reiteró que nunca ha tenido contacto ni ha trabajado para grupos al margen de la ley. Asegura que sus presentaciones han sido exclusivamente para empresas reconocidas y que su carrera ha estado alejada de cualquier mancha criminal.“Si hubiera cantado para ellos, existirían videos o pruebas, como ha pasado con otros artistas. Pero en mi caso, no hay nada, absolutamente nada que me relacione con el paramilitarismo, ni con narcotraficantes ni con guerrilleros”, puntualizó.Contexto legal: extinción de dominio y testimonios bajo beneficio judicialEste caso ocurre en el marco de procesos de extinción de dominio que adelanta la Fiscalía sobre bienes presuntamente adquiridos con dinero del paramilitarismo. En varios casos, los testimonios de desmovilizados son la base para iniciar estas investigaciones, aunque estos testigos pueden recibir beneficios judiciales a cambio de colaborar.Zaa advirtió sobre este punto: “Una persona que ha sido bandido, asesino o extorsionista no puede tener más credibilidad que mi trabajo de 30 años. Me están crucificando como a Jesús, mientras liberan a Barrabás”, dijo en referencia a la metáfora bíblica que utilizó durante la entrevista.Reviva aquí la entrevista completa con Charlie Zaa:
Durante más de 20 años, la antigua guerrilla de las Farc reclutó y utilizó a miles de niñas, niños y adolescentes en medio del conflicto armado colombiano. Así lo reconoció el antiguo secretario del grupo, junto a otros excomandantes, en declaraciones ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).La Sala de Reconocimiento de la JEP priorizó este caso para entender los patrones de reclutamiento forzado, que afectaron especialmente a menores de edad entre 1996 y 2016. Se estima que más de 18.000 niños y niñas fueron llevados a la guerra mediante la fuerza, el engaño o la persuasión ideológica.Además del reclutamiento, muchos de estos menores sufrieron violencia sexual, abortos forzados, torturas y tratos crueles dentro de las filas guerrilleras. La JEP también documentó casos de discriminación por orientación o identidad de género, especialmente contra niños y niñas LGBT+.Los exjefes de las Farc, entre ellos Rodrigo Londoño, Pastor Alape, Julián Gallo y Pablo Catatumbo, firmaron un comunicado donde reconocen el daño causado. Aunque señalaron que estos hechos ocurrieron en medio de una guerra marcada por el abandono estatal y la desigualdad, también admitieron que esas acciones causaron un profundo sufrimiento que no se puede justificar.“Aunque estas acciones se dieron en medio de una guerra prolongada, enraizada en el abandono histórico del Estado, la represión y la desigualdad estructural, no por ello dejan de ser fuente de un profundo sufrimiento”, indicaron los firmantes.El antiguo secretario propuso a la JEP unificar hechos del macrocaso 07 (que investiga el reclutamiento forzado y uso de menores) dentro del macrocaso 01, que analiza el secuestro, la toma de rehenes y otros crímenes cometidos por esa guerrilla.En un documento entregado a la jurisdicción, aseguraron que esta propuesta busca fortalecer la coherencia del proceso judicial y garantizar los derechos de las víctimas. También recordaron acciones restaurativas en curso, como apoyo al desminado, búsqueda de desaparecidos, participación en procesos con víctimas y propuestas legislativas en favor de poblaciones excluidas.La JEP continúa escuchando a víctimas y comparecientes, mientras avanza en el proceso de verdad, justicia y reparación por estos crímenes cometidos contra menores durante la guerra.
La Corte Constitucional se pronunció sobre algunos de los decretos emitidos por el Gobierno nacional en el marco de la conmoción interior en el Catatumbo. En una primera medida, la Corte declaró inexequible un decreto con el cual se le permitía a las entidades territoriales destinar libremente los recursos de la participación de Propósito General del Sistema General de Participaciones para impedir que se extiendan las afectaciones generadas por la situación de orden público. Este decreto se cayó pues no contaba con la firma de todos los ministros."La Sala Plena estableció, siguiendo para ello la razón de la decisión contenida en la sentencia C-207 de 2025, que para el 5 de febrero de 2025 la competencia prevista en los artículos 213 y 214.1 de la Constitución Política para firmar los decretos legislativos de desarrollo del estado de conmoción interior, y para asumir la responsabilidad que se deriva de su ejercicio - establecida en el artículo 214.5- estaba en cabeza de la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Viviana Carvajalino Villegas, y de la ministra encargada del ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Ana María Zambrano Solarte. Por ello, la ausencia de sus firmas en el Decreto Legislativo 136 de 2025 conduce a concluir que este no fue suscrito por los ministros del Gobierno con competencia para ello", señala la Corte.El otro decreto que se cayó es el que creaba medidas de protección de zonas agrícolas, pues, según la Corte, no queda claro en qué términos se está aplicando. El tribunal recordó que, en su Sentencia C-148 de 2025, ya había declarado la exequibilidad y la inexequibilidad parciales del decreto 062 de 2025. Esto significa que la conmoción interior sólo era válida para ciertas situaciones específicas, como la intensificación de enfrentamientos y la crisis humanitaria, pero no para problemas estructurales como las deficiencias del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS).“La Sala Plena advirtió que en la Sentencia C-148 de 2025, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad y la inexequibilidad parciales del Decreto Legislativo 0062 de 2025. Por lo anterior, resultaba necesario verificar si en relación con el aludido decreto operó la inconstitucionalidad por consecuencia. Al respecto, señaló que, en principio, existía una relación directa y estrecha entre el decreto analizado y aquel que declaró el estado de conmoción interior en la región del Catatumbo, porque las medidas contenidas en la normativa estudiada se relacionaban con la atención humanitaria y los derechos y garantías fundamentales de la población civil”, advirtió la Corte.Del mismo modo, la Corte revisó si las medidas del decreto 117 de 2025 se basaban en aspectos del decreto 062 de 2025 (el que declaró la conmoción interior) que la propia Corte ya había declarado inconstitucionales en su Sentencia C-148 de 2025. Se determinó que el artículo 1 era inconstitucional porque destinar esos fondos para apoyar a operadores turísticos no se relacionaba directamente con las causas que justificaron la conmoción interior, como la violencia o la crisis humanitaria.La Corte encontró también que el artículo 2, en general, cumplía con los requisitos formales y materiales de validez para los decretos expedidos bajo conmoción interior. La medida fue vista como una forma de ampliar la capacidad institucional para brindar atención humanitaria inmediata a las víctimas de desplazamiento forzado, lo cual sí está directamente relacionado con la emergencia.Por su parte, el alto tribunal declaró parcialmente constitucional el decreto 121 de 2025, pues parte de este buscaba atender la crisis humanitaria y garantizar los derechos de las personas desplazadas y confinadas en el Catatumbo; con medidas como la entrega de recursos para proyectos públicos y ayuda humanitaria. Sin embargo, la Corte declaró inconstitucionales los artículos 4 y 5 porque estas medidas buscaban solucionar problemas estructurales y permanentes, como la vivienda y el acceso al agua y saneamiento básico a largo plazo.“La Corte Constitucional adelantó el control automático del Decreto Legislativo 121 de 2025. En ese decreto se establecieron tres grupos de medidas en favor de la población desplazada y confinada por causa de los hechos ocurridos en la región del Catatumbo. Por un lado, los artículos 2, 3, 4, 5 y 6 faculta a distintas entidades del Estado a otorgar subsidios, usar los recursos del Sistema General de Participaciones, estructurar y ejecutar proyectos y emplear un mecanismo de apoyo para inversión y sostenibilidad con el fin de asegurar el acceso al agua y al saneamiento básico. Por otro lado, el artículo 4, relacionado con la vivienda, permitió cambiar el uso del suelo y las normas urbanísticas y autorizó la ejecución de proyectos públicos en los municipios en los que se declaró la conmoción interior. Finalmente, los artículos 1, 7 y 8 contemplaron disposiciones accesorias a las anteriores”, aseguró la Corte.Así mismo, el tribunal reiteró en varias de las sentencias que el Gobierno nacional no puede implementar proyectos estructurales y a largo plazo, en medio de un decreto que lo que busca es generar acciones inmediatas para proteger a estas comunidades.
Exactamente se cumple un mes del atentando que sufrió el senador Miguel Uribe en el barrio Modelia, occidente de Bogotá, y, por ahora, avanza la investigación por parte de las autoridades para dar con los autores intelectuales de este hecho y varias personas implicadas han sido capturadas en las últimas semanas.De acuerdo con Policía, esta avanza bien y con más detalles fundamentales tras la captura de Elder José Arteaga, alias 'Costeño', quien fue el encargado de planificar al antes, durante y después el atentado, al igual que fue quien escogió a las personas que operaron ese día en contra de la vida del senador en Bogotá.¿Existe relación entre alias 'Costeño' y disidencias de las Farc?Este hombre, según dijo también y general Carlos Fernando Triana, director de la Policía Nacional en diálogo con Noticias Caracol, cuenta con más de 20 años de trayectoria delincuencial y su modus operandi fue notorio al momento en que se llevó a cabo este atentado contra Miguel Uribe.En cuanto a si existe algún tipo de relación con la Segunda Marquetalia, las disidencias de Iván Márquez, aseguró que “la investigación va por el camino” y es pronto para decir si son los autores intelectuales o no, lo mismo con el caso de encontrar alianzas en Ecuador para cometer este crimen.“Digamos que forma parte de las investigaciones. La intención como lo he dicho es llegar a los autores intelectuales. Vamos por el camino que es y todo apunta a que las hipótesis toman fuerza, las estamos analizado. Cuando siga el curso, lo diremos a la opinión pública. Nada es descartable y entenderán que todo forma de una investigación, de la cual debemos ser precavidos”, puntualizó Triana.Asimismo, aseguró que hay más personas involucradas en este hecho y de los cuales esperan pronto dar con sus nombres, al igual que poder lograr sus capturas para avanzar con la investigación hasta llegar a las personas que dieron la “orden”.La clave que logró la captura de alias ‘Costeño’Fue un mensaje de Nequi lo que permitió la captura de este hombre en Bogotá, pues el día del atentado un conductor recibió 10.150 pesos a su nombre, pues fue quien dejó al joven sicario en el punto en donde luego atentaría contra la vida del senador y esta información llegó a manos de la Policía para dar con este nombre, que fue el que contactó y contrató a los otros capturados para este hecho.Este es el estado de salud de Miguel UribeEl senador y precandidato presidencial completa un mes en cuidados intensivos en la clínica Santa Fe con un estado grave y crítico aún, según dio a conocer la Fundación Santa Fe sobre el estado de salud de Uribe, a través de un comunicado en sus redes sociales.
En entrevista en Mañanas Blu 10:30, el abogado Álex Vernot afirmó que su captura en el aeropuerto El Dorado, ocurrida la semana pasada cuando llegaba con sus hijas, fue producto de una “trampa” y cuestionó el proceso judicial que lo condenó por presunto soborno en el caso Hyundai.Vernot explicó que, cuando llegó al país, no existía una sentencia definitiva en su contra por parte de la Corte Suprema de Justicia. Según relató, fue capturado inicialmente por una orden que mencionaba un delito de acceso carnal violento, cargo que, aseguró, no tiene en su historial judicial. “Me detienen por un delito que es falso, que no existía contra mí. Y mientras estoy detenido, al día siguiente me dictan el fallo de la Corte Suprema de Justicia”, afirmó.El abogado, quien fue inicialmente absuelto en primera instancia y luego condenado por el Tribunal Superior de Bogotá y la Corte Suprema, sostuvo que en su caso nunca se probó que hubiera ofrecido dinero a Luis David Durán, testigo clave del proceso. Según dijo, “jamás se pudo probar que yo ofrecí ese dinero”, y recalcó que, en cambio, sí existen evidencias de que Durán distribuyó más de 2.000 millones de pesos entre funcionarios judiciales. “La Fiscalía prefirió que él declarara contra mí, perdonarle sus delitos y meterme a mí a la cárcel, que no le di $1 a nadie”, aseguró.Por otro lado, Vernot reiteró su denuncia de que el caso tiene un trasfondo político y señaló directamente al exfiscal Néstor Humberto Martínez, a quien acusó de haber sido el cerebro jurídico del caso Hyundai cuando aún ejercía como abogado privado. “Toda la estrategia del caso Matos había sido diseñada por él”, dijo Vernot.Respecto a la decisión de viajar a Colombia, Vernot sostuvo que estaba al tanto de que su caso aún estaba pendiente de decisión por parte de la Corte Suprema, pero insistió en que su llegada no representaba ningún desacato. “Yo podía venir. No existía ninguna sentencia que dijera que yo estaba condenado”, afirmó.Finalmente, reiteró que considera su proceso como parte de una persecución política motivada por su cercanía con el presidente Gustavo Petro. “Estoy seguro que a mí me condenaron por la relación de amistad de más de 30 años que tengo con el presidente Petro”, señaló.Vernot permanece detenido a la espera de que las autoridades definan su lugar de reclusión por razones de seguridad, según contó durante la entrevista. Además, expresó que aún tiene esperanzas de revertir su situación jurídica, acudiendo incluso a instancias internacionales como Naciones Unidas, donde aseguró tener un pronunciamiento previo que califica su caso como una persecución política.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
Un juzgado de conocimiento ha emitido un fallo condenatorio contra Manuel Ranoque el padre de los niños Mucutuy por los delitos de abuso sexual, según pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación. El hombre ha sido encontrado responsable de actos sexuales con menor de 14 años y acceso carnal violento, ambas conductas agravadas.La víctima de estos hechos es su hijastra, quien en 2020, al inicio de los abusos, tenía tan solo 10 años. Los eventos ocurrieron en un resguardo indígena ubicado en Solano, Caquetá.Lo impactante de este caso es que la víctima es una de las niñas que fueron rescatadas en las profundidades de las selvas del Guaviare en 2023, tras el accidente aéreo que conmocionó al país.La Fiscalía logró presentar las pruebas contundentes que llevaron a la condena, subrayando el compromiso de la justicia con la protección de los derechos de los niños y adolescentes en Colombia.Los horrores a los que Manuel Ranoque sometía a la pequeñaSegún la información revelada por la Fiscalía, entre el 1 de enero de 2020 y el 28 de febrero de 2023, Ranoque abusó sexualmente de su hijastra en múltiples ocasiones. Él se aprovechó cuando su esposa -que murió en el accidente de la avioneta- no estaba para cometer estos delitos, esto cuando la menor tenía entre 10 y 13 años.Todo sucedió en el resguardo indígena en el cual ellos vivían, es decir, en Puerto Sábalo Los Monos, del municipio de Solano en Caquetá. Siempre cuando él estaba a solas con la menor de edad.Además, según el ente investigador, la menor no confesó estos abusos debido a que Ranoque la amenazaba con matarla si le decía algo a su mamá, además le dijo que cuando creciera la convertiría en su esposa porque "se la iba a robar". No obstante, en una ocasión, la pequeña Mucutuy le dijo lo que estaba pasando a un tío y por este hecho el acusado le pegó con un machete y la amenazó de muerte.