La investigación por el trágico accidente ocurrido en la avenida Mutis, en Bogotá, sigue sumando elementos clave. Rubén Romero, conductor del vehículo involucrado en el siniestro en el que murieron 2 personas, entre ellas la motociclista Viviana Marcela Suárez Isaza, habría abandonado el país pocas horas después de los hechos. Así lo confirmó Juan Manuel Castellanos, abogado de la familia de la víctima, quien advirtió que esta circunstancia no impide que el proceso penal continúe en Colombia.“Tenemos información que, evidentemente, esta persona ya salió del país desde unas horas posteriores a los hechos. Sin embargo, esto no es para que no se pueda juzgar en Colombia, evidentemente sí se puede judicializar y, en su momento, pues, ¿por qué no?, solicitar una orden de captura de manera internacional para que sea traído al país”, señaló el abogado. En ese mismo sentido, hizo un llamado directo al conductor para que comparezca ante las autoridades: “La invitación a esta persona no puede ser otra que se presente ante las autoridades judiciales, porque frente a él también se tendrá que dar la misma audiencia de formulación de imputación, la misma calificación jurídica”.La representación de las víctimas explicó que, aunque el proceso continúa su curso, se dará un margen de tiempo antes de formalizar nuevas solicitudes. “De pronto unos cinco o seis meses para que efectivamente elevar una solicitud de manera formal. Se tendrá que vincular formalmente al señor Rubén Romero Castillo”, indicó Castellanos, dejando claro que su eventual ausencia no lo exime de la responsabilidad penal.En paralelo, la Fiscalía General de la Nación ya adelantó una audiencia de control previo que permitiría avanzar en la localización y vinculación formal del conductor. Según el abogado, esta diligencia tuvo como propósito verificar si Romero Castillo contaba con las capacidades y permisos requeridos para conducir en Colombia. “La Fiscalía adelantó un control previo con el objetivo de determinar si efectivamente esta persona tenía las capacidades o, por lo menos, los permisos en Colombia para manejar y, desde allí, partir con esa posibilidad de inferencia de autoridad o participación”, explicó.Las decisiones judiciales sobre Romero Castillo se producen en paralelo a la imputación ya avalada contra Edwin Delgado, propietario del vehículo, a quien la Fiscalía vinculó por homicidio a título de dolo eventual. El ente acusador sostiene que Delgado permitió que una persona en presunto estado de alicoramiento condujera el automóvil.Sobre este punto, el abogado Castellanos precisó que la consecuencia jurídica de esa calificación es determinante en la pena. “La consecuencia jurídica de que sea un homicidio a título de dolo está básicamente en la pena. La pena oscila entre diecisiete años y tres meses como mínima”. Agregó que la Fiscalía sostiene que no basta con entregar las llaves del vehículo “y que no es solamente que yo entregué las llaves y ya, existe una posición de garante del propietario del vehículo frente a la sociedad y esa comisión por omisión, dejar de hacer algo, evidentemente lo vincula al proceso penal”.Finalmente, se confirmó que la segunda pasajera del vehículo no fue vinculada al caso. No obstante, la investigación continúa abierta, mientras las autoridades evalúan los pasos a seguir frente a la salida del país de Rubén Romero y la eventual activación de mecanismos internacionales para asegurar su comparecencia ante la justicia colombiana.
La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre 12 bienes que harían parte del patrimonio de Valentina Forero Álvarez, mujer extraditada y señalada por las autoridades de Estados Unidos de blanquear recursos provenientes del narcotráfico. Las propiedades, cuyo valor preliminar supera los 7.300 millones de pesos, quedaron a disposición del proceso de extinción de dominio que adelanta la entidad.De acuerdo con la Fiscalía, los bienes afectados corresponden a seis inmuebles, tres vehículos y tres establecimientos de comercio ubicados en Armenia, en el departamento del Quindío, así como en Cali, Sevilla y Jamundí, en el Valle del Cauca. La investigación determinó que estas propiedades habrían sido adquiridas con dineros de origen ilícito, producto del envío de cocaína desde Colombia hacia destinos internacionales.El expediente señala que los bienes no figuraban directamente a nombre de Forero Álvarez. Por el contrario, estaban registrados a nombre de familiares, personas cercanas y empresas que funcionarían como fachada, las cuales no contaban con la capacidad económica ni financiera para justificar la adquisición de inmuebles, vehículos y negocios de ese valor. Para la Fiscalía, esta estrategia buscaba ocultar el origen ilegal de los recursos y darles apariencia de legalidad.Valentina Forero Álvarez fue capturada en noviembre de 2023 en la ciudad de Armenia y posteriormente extraditada a Estados Unidos en mayo de 2025. En ese país enfrenta cargos relacionados con lavado de activos. La justicia estadounidense le atribuye movimientos financieros cercanos a los 2,9 millones de dólares en efectivo entre junio de 2022 y abril de 2023, recursos que habrían sido canalizados por el sistema financiero internacional y luego transferidos a Colombia.Con la imposición de estas medidas cautelares, la Fiscalía busca evitar que los bienes sigan siendo administrados, vendidos o transferidos mientras avanza el proceso judicial y garantizar que, de comprobarse su origen ilícito, pasen de manera definitiva a manos del Estado a través de la extinción de dominio.
La Contraloría General de la República emitió una alerta tras adelantar la primera auditoría de cumplimiento al Patrimonio Autónomo Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad Poblacional e Inequidad Territorial, FonIgualdad, correspondiente a la vigencia 2024.El organismo de control advirtió una baja ejecución presupuestal, a pesar de que el Fondo recibió recursos por 1.9 billones de pesos del Ministerio de Igualdad y Equidad para su funcionamiento y la implementación de programas sociales.De acuerdo con el informe, del total apropiado para la vigencia auditada, FonIgualdad solo estableció compromisos contractuales por el 25 % del presupuesto, obligó recursos por el 13 % y realizó pagos efectivos por apenas el 3,08 % del valor total destinado.Para la Contraloría, estas cifras evidencian una gestión fiscal deficiente que limita el impacto real de los recursos públicos asignados para reducir las brechas de desigualdad en el país.La auditoría también identificó que 12 de los 25 programas contemplados para 2024 no registraron ejecución alguna. Entre los programas con mayor nivel de ejecución se encuentran Jóvenes en Paz, con un 87 %, y el Programa Nacional del Cuidado, con un 85 %.Sin embargo, el ente de control señaló que, en términos generales, solo se utilizaron recursos para atender el 25 % de los programas dirigidos a superar las brechas poblacionales existentes en el territorio nacional.Según la Contraloría, esta situación afecta de manera directa a poblaciones consideradas prioritarias dentro del diseño de FonIgualdad, como mujeres, personas con discapacidad, comunidades étnicas y campesinos, quienes constituyen el núcleo de beneficiarios de los programas sociales financiados con estos recursos.El informe advierte que la falta de ejecución limita el alcance de las políticas públicas orientadas a la transformación social y territorial.Frente a los hallazgos, FonIgualdad explicó que, al tratarse de un patrimonio autónomo constituido mediante un contrato de fiducia mercantil entre el Ministerio de Igualdad y Equidad y una sociedad fiduciaria pública, no le aplica el principio de anualidad presupuestal.Por esta razón, señaló que el presupuesto asignado para la vigencia fiscal 2023 fue ejecutado durante el año 2024.En relación con los gastos de funcionamiento, la entidad reportó una ejecución del 98 %, con compromisos por 13.040 millones de pesos.No obstante, en materia de inversión, la Contraloría reiteró que más de la mitad de los programas no presentaron ejecución durante la vigencia auditada.El análisis contractual también arrojó observaciones. La Contraloría determinó deficiencias de planeación en el convenio del Programa Jóvenes en Paz, suscrito con la Unión Temporal Territorio y Paz (UTTP) por 175.311 millones de pesos, al evidenciarse una baja ejecución del objeto contractual.Para el organismo de control, estos hallazgos confirman que la gestión realizada en 2024 no permitió que los recursos asignados a FonIgualdad cumplieran plenamente su objetivo de cerrar brechas de inequidad poblacional y territorial.
La Fiscalía General de la Nación confirmó que Zulma Guzmán Castro, requerida mediante circular roja de Interpol, ya se encuentra bajo custodia carcelaria en el Reino Unido. Tras recibir el alta médica y comparecer ante el Tribunal de Magistrados de Westminster, una jueza ordenó su reclusión en la prisión de Bronzefield, mientras se define su futuro judicial por el presunto asesinato de dos niñas con talio.Los hechos que originaron este proceso internacional ocurrieron en abril de 2025. Según la investigación, Guzmán Castro habría enviado a las menores, de 13 y 14 años, un paquete de frambuesas cubiertas de chocolate que estaban impregnadas con talio, un metal pesado altamente tóxico. Las niñas fallecieron días después debido a la gravedad de la intoxicación, que también afectó a otras dos personas.Así es Bronzefield, el nuevo sitio de reclusión de GuzmánGuzmán fue enviada, según informó Noticias Caracol, a HMP Bronzefield, ubicada en Ashford, Middlesex. Esta estructura es reconocida como la cárcel para mujeres más grande de Europa y la única prisión femenina de alta seguridad en el Reino Unido operada de forma privada. El complejo tiene capacidad para albergar a más de 500 internas y está diseñado para recluir a delincuentes de "Categoría A", es decir, aquellas que representan la mayor amenaza para la seguridad o el orden público.La prisión cuenta con unidades especializadas que incluyen atención médica de alta complejidad y secciones de salud mental, un factor clave en el caso de Guzmán tras su rescate en el río Támesis. Bronzefield es conocida por su estricto régimen de vigilancia, pero también por tener instalaciones que permiten procesos judiciales remotos, lo que facilitará su comparecencia ante los magistrados de Westminster sin necesidad de traslados constantes.El proceso en Londres y la negativa de extradiciónZulma Guzmán llegó a la audiencia en el tribunal londinense vestida con una chaqueta y pantalones de lana azul marino. Allí, la justicia británica le notificó formalmente el pedido de extradición elevado por el Gobierno colombiano. Sin embargo, la acusada no consintió el traslado voluntario a su país de origen, lo que obliga a iniciar un juicio de extradición formal.La juez de distrito Sarah Turnock dispuso que Guzmán permanezca en prisión preventiva. En las próximas semanas se fijará una nueva fecha de audiencia donde la defensa de la mujer deberá presentar las pruebas y argumentos para intentar frenar su retorno a Colombia.Avances judiciales en ColombiaMientras el proceso internacional sigue su curso, en Bogotá el Juzgado 69 Penal Municipal con función de Control de Garantías autorizó avanzar en el trámite de imputación de cargos. Mediante un edicto emplazatorio publicado el 16 de diciembre de 2025, la justicia colombiana busca evitar que el caso se estanque por la permanencia de Guzmán en el exterior.Esta herramienta legal permite que la Fiscalía solicite la declaratoria de "persona ausente". Con esta figura, el ente acusador puede realizar la imputación de cargos formalmente y avanzar hacia la etapa de juicio sin necesidad de que la investigada esté presente en la sala de audiencias.
Un juez penal del circuito de Cartagena condenó a más de 44 años de prisión al patrullero Octavio Darío Porras Vides por su responsabilidad en la muerte de un joven futbolista ocurrida el 24 de agosto de 2020 en la capital de Bolívar. En la misma decisión judicial, otros dos integrantes de la Policía Nacional, Iván Darío Olivo de Ávila y Esteban Gómez Ricard, fueron sentenciados por haber consignado información falsa en los reportes oficiales con el fin de encubrir el crimen.De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, en un proceso liderado por la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, los tres uniformados llegaron a un lavadero de automóviles ubicado en el barrio San Francisco, donde se encontraba la víctima. Según la investigación, los policías golpearon al adolescente luego de que este no les brindara información precisa sobre los horarios de atención del establecimiento comercial.La víctima, integrante de una escuela de fútbol en Cali y quien se encontraba temporalmente en Cartagena, intentó huir del lugar para evitar la agresión. Sin embargo, fue perseguido por los uniformados. En medio de la persecución, el patrullero Porras Vides alcanzó al joven y le disparó en el abdomen con su arma de dotación. El menor de edad fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, donde falleció debido a la gravedad de la herida.Tras los hechos, Iván Darío Olivo de Ávila y Esteban Gómez Ricard elaboraron reportes oficiales en los que afirmaron que el joven hacía parte de una pandilla y que habría atacado a los policías con un arma artesanal. No obstante, testimonios, labores de policía judicial y pruebas balísticas desvirtuaron por completo ese relato.La Fiscalía demostró en juicio que el joven nunca portó ni utilizó un arma de fuego y que el artefacto hechizo presentado por los policías no era apto para disparar. Las pruebas permitieron establecer que la información consignada en los informes oficiales fue falsa y que tuvo como propósito desviar la investigación y encubrir el uso letal e injustificado de la fuerza.Con base en estos elementos, el juez condenó a Octavio Darío Porras Vides a 44 años y 2 meses de prisión por el delito de homicidio agravado. Por su parte, Iván Darío Olivo de Ávila recibió una pena de 13 años y 6 meses de prisión por favorecimiento agravado, mientras que Esteban Gómez Ricard fue sentenciado a 14 años de prisión por favorecimiento agravado y falsedad ideológica en documento público.
La música regional mexicana atraviesa un momento de luto tras confirmarse el fallecimiento de Alejandro Carrillo, baterista de la agrupación duranguense Ponzoña Musical, una de las bandas más representativas del género. La noticia fue dada a conocer por el propio grupo a través de sus redes sociales y generó una fuerte conmoción entre seguidores y colegas.El anuncio se realizó el pasado domingo 4 de enero, cuando la banda compartió varias imágenes del músico junto a un mensaje de despedida que reflejó el profundo dolor por su partida. Carrillo, conocido cariñosamente como “Jandro”, murió durante los primeros días de este 2026, aunque hasta el momento no se han revelado las causas de su fallecimiento.En la publicación, los integrantes de Ponzoña Musical recordaron al baterista no solo por su talento en el escenario, sino también por su calidad humana y el vínculo que los unía tras años de trabajo conjunto. “Amigo de mil batallas, hermano de profesión… te recordaremos siempre como eras, alegre, ocurrente y, sobre todo, como una parte fundamental de nuestra agrupación”, expresaron en el mensaje que rápidamente se llenó de comentarios.La reacción del público no se hizo esperar. Decenas de seguidores manifestaron su tristeza y enviaron mensajes de apoyo a la banda, mientras que otras agrupaciones del regional mexicano, entre ellas Alacranes Musical, se solidarizaron públicamente con Ponzoña Musical en este difícil momento.Alejandro Carrillo formaba parte de una agrupación que logró consolidarse dentro del género duranguense, con temas ampliamente reconocidos como “Son de amores”, “Tanto la quería” y “Ese loco soy yo”. Actualmente, la banda cuenta con una comunidad de más de 11 mil seguidores en Instagram, reflejo de su vigencia y arraigo entre el público.
Durante la ceremonia de entrega del Premio Nobel de Paz a María Corina Machado, celebrada el pasado 10 de diciembre en Oslo, Noruega, el cantante venezolano Danny Ocean abrió el evento con una interpretación especial de una de las canciones más emblemáticas para el pueblo venezolano.Se trató de ‘Alma Llanera’, obra compuesta en 1914 por Pedro Elías Gutiérrez, con letra de Rafael Bolívar Coronado, considerada por muchos como el “segundo himno nacional” de Venezuela.La elección del tema fue una decisión directa de María Corina Machado, quien solicitó que la ceremonia iniciara con esa pieza. Así lo confirmó Álvaro Cadavid, ingeniero y productor musical colombiano que trabaja con Danny Ocean y estuvo detrás de la creación de la versión en piano interpretada en Oslo.En entrevista con Mañanas Blu, Cadavid explicó cómo se gestó el arreglo musical presentado en la ceremonia. Según relató, la solicitud llegó directamente de Machado al propio artista, con quien mantiene una relación cercana. Posteriormente, el equipo decidió construir una versión que respetara profundamente el significado emocional que la canción tiene para los venezolanos.Aunque 'Alma Llanera' no encaja de manera natural con el estilo de pop urbano y reguetón que caracteriza a Danny Ocean, Cadavid aseguró que el reto fue encontrar una forma de adaptarla para que “se sintiera auténtica”, sin perder el sentimiento ni la identidad cultural que representa para Venezuela.El productor explicó que, tras varios ensayos con cuerdas, coros y diferentes ritmos, el equipo optó por una versión íntima en piano, interpretada por el pianista Curtis Crump Jr.. “Fue la que más resonó por su cercanía emocional”, señaló, al considerar que esa sencillez permitiría transmitir mejor la carga simbólica del momento.'Alma Llanera' desde una perspectiva internacionalPara Cadavid, quien es bogotano, el proceso implicó un doble ejercicio: conectar musicalmente con el ritmo llanero —presente también en regiones de Colombia— y, al mismo tiempo, comprender a profundidad el valor histórico y emocional que la canción tiene para los venezolanos.El productor aseguró que, una vez entendió el trasfondo cultural de la obra, le resultó más sencillo acercarse a su musicalidad. Sin embargo, reconoció que fue necesario “empaparse” de su significado para lograr una versión respetuosa y fiel a su esencia.Cadavid también destacó la facilidad con la que Curtis Crump Jr., siendo estadounidense, logró interpretar el sentimiento latino de 'Alma Llanera'. Según contó, el pianista estudió distintas versiones de la canción y logró apropiarse rápidamente de su espíritu, aportando una interpretación sobria y emotiva:¿Danny Ocean se presentará en Venezuela tras la captura de Maduro?Aunque Danny Ocean es venezolano de nacimiento, nunca se ha presentado oficialmente en su país desde el inicio de su carrera artística. Desde el éxito de ‘Me Rehúso’, canción que lo catapultó al estrellato internacional, el artista ha desarrollado su carrera desde el exterior y ha manifestado en varias ocasiones su postura crítica frente a la situación política de Venezuela.Sobre un posible regreso del cantante a su país, Cadavid explicó que, aunque existe ilusión y expectativa, el panorama sigue siendo incierto. “Hay esperanza, pero también mucha cautela”, afirmó, al señalar que aún persisten dudas sobre el futuro político y social del país.“Los conciertos en Venezuela son el sueño más grande de Danny”, concluyó el productor, “pero todavía falta camino por recorrer”.Escuche la entrevista completa aquí:
Colombia continúa estremecida por uno de los casos que más ha generado impacto en los últimos meses y que ha despertado preocupación por la forma en la que ocurrieron los hechos y por la manera en que la presunta responsable habría salido del país.Aunque Zulma Guzmán, señalada de envenenar a dos menores de edad con frambuesas contaminadas con talio, no se encuentra en Colombia, un juez habría autorizado avanzar en el trámite que permitiría imputarle los respectivos cargos. La decisión busca evitar que la investigación se vea frenada por su ausencia física.El caso, que ha tenido repercusión no solo a nivel nacional sino también internacional por la gravedad de los hechos, continúa su curso mientras autoridades colombianas y extranjeras coordinan acciones para ubicar plenamente a la mujer y definir su situación jurídica.Juez autoriza imputación contra Zulma Guzmán pese a su ausenciaLa determinación fue adoptada por el Juzgado 69 Penal Municipal con función de Control de Garantías, durante una audiencia de emplazamiento realizada el 16 de diciembre de 2025. En esta diligencia se ordenó la publicación oficial del edicto emplazatorio en la página web de la Rama Judicial, conforme a lo establecido en el artículo 127 del Código de Procedimiento Penal.La medida autoriza a la Fiscalía a continuar con el proceso, aun cuando no haya sido posible notificar personalmente a la investigada. El edicto no implica una imputación automática ni una condena, pero sí permite que el ente acusador solicite la declaratoria de persona ausente y avance hacia la imputación formal de cargos.¿Qué significa el edicto?El edicto es una herramienta legal que se utiliza cuando no es posible ubicar a una persona para ser citada de forma directa. Su publicación garantiza el debido proceso y evita que una investigación de alto impacto quede suspendida.De esta manera, la Fiscalía puede continuar con las actuaciones judiciales, incluso si Guzmán no comparece ante los estrados. De cumplirse los requisitos legales, el proceso podrá avanzar bajo la figura de persona ausente.Investigación sigue activa mientras Guzmán permanece en el Reino UnidoMientras en Colombia se cumplen estos trámites, Zulma Guzmán fue ubicada en el Reino Unido, luego de ser rescatada del río Támesis, en Londres, y trasladada a un centro médico. Esta situación ha dificultado, por ahora, las notificaciones formales y el avance de una eventual extradición.Entre tanto, la Fiscalía ha consolidado pruebas clave, entre ellas informes periciales que confirmaron la presencia de talio en los cuerpos de las menores. También se documentaron movimientos migratorios de la investigada y gestiones relacionadas con su salida del país.Además, Colombia activó mecanismos de cooperación internacional, incluida la emisión de una circular roja de Interpol y el envío de antecedentes a autoridades extranjeras.
La Cancillería de Colombia envió ayer, 5 de enero, una nota de protesta formal al Gobierno de Estados Unidos en rechazo a las recientes declaraciones del presidente Donald Trump, quien calificó de “enfermo” al mandatario colombiano Gustavo Petro y afirmó que no descartaba una intervención similar a la ocurrida en Caracas.El pronunciamiento fue considerado por el Gobierno colombiano como una intromisión inaceptable en los asuntos internos del país y un ataque directo al jefe de Estado. Como parte del manejo diplomático de la crisis, este martes se llevará a cabo una reunión en el Palacio de San Carlos entre la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio, y el encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia, John McNamara. El encuentro busca abordar las crecientes tensiones bilaterales y sentar una posición clara frente a los señalamientos del mandatario estadounidense.Desde la Cancillería han asegurado que se apoyará en los organismos multilaterales para enfrentar las amenazas de una posible operación militar de Estados Unidos como la del pasado sábado en Venezuela, señaló este martes la canciller Rosa Villavicencio."Seguimos insistiendo en que debe cumplirse el derecho internacional, deben respetarse los principios de la democracia y deben respetarse también los principios que se han creado en el orden internacional que están contenidos en la Carta de las Naciones Unidas", expresó la funcionaria en una rueda de prensa en Bogotá.Se conoció el contenido de la carta en la que rechazan enérgicamente las acusaciones ofensivas del presidente Donald Trump contra el mandatario Gustavo Petro, a quien vinculó falsamente con el narcotráfico.La comunicación defiende la soberanía colombiana y la legitimidad democrática de sus instituciones frente a lo que considera ataques a la dignidad nacional. Además, el texto presenta datos estadísticos para demostrar el éxito operativo de Colombia en la incautación de drogas y el desmantelamiento de organizaciones criminales. Finalmente, el mensaje subraya la importancia de mantener una cooperación bilateral basada en el respeto mutuo y el diálogo constructivo a través de los canales oficiales.Esta es la carta firmada por el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-PeñaSeñor secretario:Le escribo una vez más para expresar nuestra más enérgica protesta por los términos irrespetuosos utilizados por el presidente Donald J. Trump contra el presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, y por las acusaciones formuladas hoy, 4 de enero de 2026, contra el Jefe de Estado de nuestra nación soberana, elegido democráticamente. Como se ha dicho anteriormente, el presidente Petro fue elegido por el pueblo colombiano en 2022 mediante elecciones libres y transparentes, liderando la democracia más antigua de América Latina bajo instituciones legítimas y sólidas.La última declaración del presidente Trump, en la que afirma que "Colombia también está muy enferma. Gobernado por un hombre enfermo al que le gusta producir cocaína y venderla a Estados Unidos, y no lo va a hacer por mucho tiempo...", es profundamente ofensiva para el pueblo colombiano, para nuestros principios democráticos y para la Oficina de la Presidencia de la República, que encarna la dignidad, la autoridad y la plena representación del Estado. Usted conoce muy bien Colombia y su institucionalidad. Sabe que el presidente Petro, como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, ha liderado la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales con convicción nacional y en cumplimiento del derecho internacional.Hemos compartido repetidamente con usted y con las diferentes agencias las cifras récord alcanzadas bajo nuestra política nacional contra el narcotráfico. Desde el 7 de agosto de 2022 (cuando el presidente Petro asumió el cargo) hasta el 30 de diciembre de 2025, las autoridades colombianas han incautado más de 2.512 toneladas de cocaína a través de operaciones antinarcóticos. Solo en 2025 se interceptaron cerca de 1.000 toneladas, un hito histórico equivalente a aproximadamente 12 mil millones de dosis que se impidió que llegaran a los mercados de consumo. Estos esfuerzos, apoyados por socios internacionales, incluidos los Estados Unidos, han debilitado significativamente a las organizaciones criminales al atacar sus redes financieras, desmantelar laboratorios (se han desmantelado más de 18.000, junto con más de 12 millones de galones de precursores líquidos y 10 millones de kilogramos de precursores sólidos incautados) e interrumpir la cadena de producción y distribución de drogas. También se ha neutralizado a un total de 13.971 personas vinculadas a organizaciones criminales transnacionales y a organizaciones del narcotráfico.Además, Colombia y Estados Unidos continúan compartiendo inteligencia en materia de seguridad y defensa en el marco de nuestra larga asociación bilateral, basada en el respeto mutuo como naciones soberanas y democráticas, que se rigen por el Estado de derecho. Esta cooperación ha sido esencial para la estabilidad hemisférica durante décadas y se mantiene plenamente operativa en nuestro trabajo diario con diferentes agencias estadounidenses y autoridades globales. Las agencias de seguridad estadounidenses han reconocido de manera consistente la colaboración y el valor de las contribuciones de Colombia a lo largo de los años. La inteligencia colombiana contribuyó a los excelentes resultados obtenidos por la Guardia Costera de Estados Unidos. Las autoridades colombianas también han declarado que, de conformidad con el ordenamiento jurídico interno de Colombia y sus obligaciones en virtud del derecho internacional, no se ha compartido ni se compartirá información de inteligencia colombiana en relación con los recientes incidentes con embarcaciones en el mar Caribe y el océano Pacífico.Como declaró el presidente Petro el 12 de noviembre de 2025, “Cualquier comunicación que garantice ser utilizada para incautaciones sin violaciones de los derechos humanos, para generar detenciones respetando la vida y sin ponerla en peligro, será utilizada por la comunidad de inteligencia [internacional] según la coordinación actual con nuestro apoyo, sin excluir a ninguna agencia, incluidas las agencias estadounidenses”.Rechazamos enérgicamente, una vez más, las amenazas de cualquier acción que viole nuestra soberanía nacional.Las amenazas no contribuyen al respeto mutuo ni al diálogo constructivo que debe prevalecer entre naciones soberanas con el fin de encontrar las mejores vías de cooperación en las numerosas áreas en las que, durante años, hemos demostrado ser capaces de trabajar juntos con éxito para afrontar los desafíos transnacionales en beneficio de la seguridad y la prosperidad de nuestra región.Colombia exige respeto. Las diferencias entre Estados deben abordarse a través de los canales diplomáticos, el diálogo y las negociaciones, y como ha declarado anteriormente el presidente Petro, reafirmo nuestra permanente disposición a entablar un diálogo serio y constructivo con el presidente Trump, con usted y con la Administración estadounidense.Atentamente,DANIEL GARCÍA-PEÑA JARAMILLOEmbajador de Colombia
En entrevista con Conducta Delictiva Podcast, Camila, hermana de Mariana Ortega, una joven de 20 años, relató detalles del crimen que le costó la vida, presuntamente a manos de su pareja, en Medellín.Camila describió a Mariana como la hija mayor, una joven responsable, amorosa y muy entregada a su familia. No obstante, reconoció que tenía un carácter fuerte y rebelde. “Era la ovejita negra”, expresó.Según su testimonio, a los 14 años Mariana inició una relación sentimental con un hombre de 20 años, marcada desde el comienzo por la violencia física y las amenazas constantes. “Él la golpeaba y la amenazaba con matarla. En una ocasión se tomó unas pastillas e intentó ahorcarse, pero la cuerda se reventó y no lo logró. Desde ahí ella ya sabía que él era capaz de cumplir sus amenazas y aun así siguió con él”, relató.A los 15 años, Mariana quedó embarazada de este hombre y, tras el nacimiento de la niña, se fueron a vivir a casa de la suegra. Camila recordó un episodio en el que Mariana llegó golpeada junto a su hija y su suegra, escondiéndose del padre de la menor. “Había golpeado a mi hermana y también a su propia mamá”, señaló.Cerca de cuatro años después, aún estando con el padre de su hija, Mariana conoció a otro hombre que, según Camila, la ayudaba con comida cuando su pareja la dejaba encerrada. Al enterarse de esta relación, el padre de la niña reaccionó con extrema violencia. “Ese día la golpeó brutalmente, tenía muchas marcas en el cuerpo, le pegó con cables de un teléfono y la amenazó de muerte. Ella logró escapar por una ventana”, contó.Posteriormente, Mariana se refugió con ese hombre en un hotel del centro de la ciudad. Tiempo después quedó embarazada de él y comenzaron a vivir juntos, pero la relación también se tornó violenta, lo que la llevó a entregar a sus hijos al cuidado de su madre.Camila aseguró que su hermana tuvo que vender drogas para pagar una deuda y, más adelante, se convirtió en trabajadora sexual. En ese contexto inició una relación con el hombre que las cuidaba. “Cuando dejó ese trabajo porque él le prometió mantenerla, empezó de nuevo la violencia”, afirmó.“Él decía que la amaba, que no quería que nadie se la quitara, que ella era solo para él. Mariana tenía mucho miedo”, relató Camila, quien además indicó que posteriormente se enteraron de que este hombre tenía otra pareja, la cual, según dijo, estaba buscándola para hacerle daño.La última vez que las hermanas hablaron fue el día del cumpleaños de la hija de Mariana. “Ella prometió que iba a ir por ella para llevarla a comer helado, pero nunca volvió a aparecer”, contó Camila. Durante varios días, la madre de ambas insistía en que algo malo había ocurrido, por lo que comenzaron a buscarla.El 8 de febrero, la familia recibió una llamada en la que les informaron que el cuerpo de Mariana se encontraba en Medicina Legal. “Mi mamá llegó diciendo: ‘me la mataron’. La encontraron en un basurero, envuelta en una sábana blanca y en un plástico transparente”, relató.Camila aseguró que, tras analizar lo ocurrido, la familia cree que el crimen se produjo cuando Mariana intentó regresar con su hija. “Como él era tan posesivo, prefirió matarla antes que dejarla ir”, afirmó.Según Camila, la esposa del presunto feminicida lo denunció para no ser considerada cómplice. “En los documentos de la Fiscalía se menciona que en las cámaras de seguridad se observa cuando sacan a mi hermanita del hostal en una carreta de reciclador. Detrás va él y luego va ella, con el hijo que tenían en brazos y estando embarazada”, explicó. Posteriormente, la mujer lo habría entregado a las autoridades y reclamado una recompensa de 40 millones de pesos.Finalmente, Camila aseguró que el hombre habría dormido junto al cuerpo de su hermana. Según relató, él mismo lo confesó en una llamada. “Dijo que ella empezó a gritar, que él solo le tapó la boca, que se desmayó y la dejó en el piso. Luego la puso en la cama, salió y cuando regresó seguía desmayada. Él se acostó a dormir con ella así”, concluyó.
Al despacho del presidente de la Corte Constitucional, magistrado Jorge Enrique Ibáñez, llegó un concepto conocido por Blu Radio del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (DeJusticia) en el que le piden al alto tribunal asumir un control previo sobre los decretos que convocan a consultas populares en el país. Si bien el Gobierno derogó el decreto tras la aprobación de la reforma laboral, la Corte Constitucional sí se pronunciará para conocer los alcances de un decreto de tal envergadura.Dejusticia advirtió que permitir que el presidente convoque una consulta popular sin el concepto previo y favorable del Senado, como lo exige el artículo 104 de la Constitución, vulnera de forma grave los principios de separación de poderes y supremacía constitucional.Según el documento, el Gobierno desconoció una votación negativa del Senado y aun así convocó la consulta popular, argumentando una supuesta excepción de inconstitucionalidad y la existencia de un silencio positivo legislativo, tesis que DeJusticia considera jurídicamente insostenible.La organización señaló que el caso representa una oportunidad clave para que la Corte Constitucional fije una regla clara hacia el futuro y evite que se repita un escenario que, a su juicio, abre la puerta al autoritarismo plebiscitario"Esto abriría las puertas a que mañana cualquier presidente, de derecha o de izquierda, pueda declarar nula o inexistente una sentencia judicial o una ley y se abstenga de cumplirlas. Es el comienzo del fin del Estado constitucional de derecho", señaló Dejusticia.Por último, DeJusticia pidió al alto tribunal hacer un exhorto al presidente de la República para que no desconozca las votaciones del Senado de la República. Esta será una de las 'papas calientes' de la Corte Constitucional para este 2026, a la par de otras iniciativas clave del Gobierno del presidente Gustavo Petro. Si bien el pronunciamiento no será de fondo porque el decreto en la práctica no tiene efectos, sí es importante conocer cuál es la postura de la Corte ante una eventual convocatoria similar.
La Fiscalía General de la Nación imputó cargos por el delito de homicidio a título de dolo eventual contra Edwin Delgado, señalado como uno de los responsables del accidente de tránsito ocurrido en la avenida Mutis, en Bogotá, que dejó dos personas muertas. Los hechos se registraron en la mañana del 31 de octubre de 2025 y, de acuerdo con lo expuesto en audiencia, el procesado no aceptó los cargos formulados por el ente acusador.La imputación fue avalada por el Juzgado 25 con Función de Control de Garantías de Bogotá, decisión destacada por la representación legal de las víctimas. “El Juzgado 25 con Función de Control de Garantías de Bogotá declaró y avaló la imputación en contra del señor Edwin Delgado, por el delito de homicidio a título de dolo eventual”, informó Juan Manuel Castellanos, abogado de la familia de una de las víctimas, en un comunicado divulgado.Durante la diligencia judicial, Delgado rechazó cualquier tipo de responsabilidad penal en los hechos y la defensa solicitó al despacho improbar la formulación de imputación, pretensión que fue negada por el juez.Según la Fiscalía, el siniestro ocurrió cuando un vehículo que se desplazaba por la avenida Mutis impactó a dos motociclistas que circulaban por la vía. Testimonios y versiones preliminares indican que el automotor involucrado se movilizaba a alta velocidad al momento del choque. Las autoridades también informaron que los ocupantes del vehículo “se encontraban en estado de embriaguez”, un elemento que fue tenido en cuenta dentro del análisis penal del caso y que sustenta la imputación por dolo eventual.“En el evento de ser vencido en juicio el procesado, tendrá que purgar una pena mínima de 208 meses de prisión”, confirmó el abogado Castellanos Ovalle, quien subrayó la gravedad de los hechos y el impacto que tuvieron en las familias afectadas.En el mismo comunicado, el abogado enfatizó que durante el trámite judicial se han garantizado los derechos de todas las partes. “La representación de víctimas debe señalar que efectivamente se han respetado todas las garantías de las partes e intervinientes en el presente proceso; e insistimos en no descansar hasta lograr que se haga justicia por la memoria de Viviana Marcela Suárez Isaza”, indicó, en referencia a una de las víctimas mortales del accidente.
La Fiscalía General de la Nación solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario contra ocho personas capturadas por su presunta participación en una red de corrupción judicial integrada por funcionarios del CTI, miembros de la Policía Nacional y exfuncionarios del Inpec y la Sijín. De acuerdo con el ente acusador, el grupo estaría involucrado en el cobro de sumas millonarias para direccionar procesos de lavado de activos y frenar actuaciones clave dentro de investigaciones penales en curso.Durante la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento, la fiscal del caso expuso el presunto modus operandi de la estructura ilegal, que habría exigido pagos que oscilaban entre los 400 y 1.000 millones de pesos al exnarcotraficante condenado Juan Carlos Ramírez, alias Manicomio, y a varios integrantes de su familia. A cambio, según la investigación, los implicados ofrecían manipular procesos judiciales, evitar órdenes de captura y bloquear medidas cautelares con fines de extinción de dominio.La Fiscalía ha documentado, hasta ahora, hechos ocurridos en 2014, 2015, 2024 y 2025. En ese periodo, algunos de los hoy imputados se habrían reunido con las víctimas en Bogotá y Villavicencio, donde exhibían información reservada de las investigaciones para ejercer presión e intensificar los cobros ilícitos. En una de esas reuniones, la fiscal relató que los implicados utilizaron incluso vehículos oficiales para intimidar a las víctimas. “Se reúne con las víctimas en vehículos de servicio oficial que fueron destacados y que fueron hasta la ciudad de Villavicencio, supuestamente a cumplir con una misión institucional, pero que se desvió esa misión institucional”, explicó.Según la fiscal, en ese encuentro uno de los implicados intimidó directamente a las víctimas con amenazas de captura. “Carlos Iván Mendieta porta en su cinto lo que ellos consideran un arma de fuego y los intimida con una actitud agresiva donde les dice que los van a capturar y les pide mil millones de pesos; que si no pagan los mil millones de pesos, se van a ir todos detenidos”, sostuvo. La funcionaria agregó que esta presión no se limitó a un solo caso, sino que permitió establecer que “no eran una ni dos, sino que hay varias familias siendo hostigadas, acechadas”.La investigación también reveló que los presuntos integrantes de la red, aprovechando sus funciones como policía judicial, habrían eliminado elementos materiales probatorios y cometido errores procesales de manera deliberada para afectar el curso de los procesos. “Explican que todos esos errores que cometen, vigilancias y seguimientos ilegales, interceptaciones mal sustentadas, son errores que intencionalmente cometen dentro del proceso penal para que se caiga a futuro o para que el juicio se pierda”, señaló la fiscal en audiencia.De acuerdo con su exposición, ese era el principal argumento utilizado para constreñir a las víctimas. “Les dicen: vamos a hacer el proceso, los vamos a capturar, pero este caso se cae porque cometimos estos errores de manera intencional. Esa es la negociación que proponen”, afirmó la representante del ente acusador, quien insistió en que se trataba de una estrategia reiterada frente a diferentes víctimas.La fiscal también advirtió que, tras las denuncias presentadas por los familiares de alias Manicomio, los implicados habrían reaccionado con retaliaciones y nuevas intimidaciones. “Su pretendido fuero institucional, elementos de dotación y hasta las armas de dotación para intimidar. Comenzaron a hostigar el proceso penal, comenzaron a hostigar a las víctimas y comenzaron a hostigar a la abogada”, expuso, señalando además presiones contra uno de sus propios copartícipes.Con base en estos hechos, la Fiscalía sustentó que la libertad de los procesados representa un riesgo para el proceso y para los testigos. “Hay elementos suficientes para pensar que van a informar falsamente o se comportarán de manera desleal o reticente a alguno de los testigos si estas personas quedan en libertad”, advirtió la fiscal, quien agregó que, de no imponerse una medida de aseguramiento, podrían regresar “a intimidar a todo el que tenga que actuar o trabajar con ellos”.La funcionaria fue enfática al señalar que se trata de un peligro real para las víctimas. “La libertad de ellos representa revictimizarlas (…) significaría exponerlos, su señoría, a riesgo de su vida”, afirmó. No obstante, la Fiscalía solicitó una medida de aseguramiento domiciliaria para Luis Eduardo Riveros, exfuncionario del Inpec, al considerar que él mismo ha sido víctima de amenazas por parte de la organización. “En este caso, Luis Eduardo Riveros García se considera víctima porque viene siendo objeto de hostigamiento y acecho por parte de sus propios compañeros del grupo de delincuencia organizada”, concluyó.La decisión final sobre la situación jurídica de los capturados quedó en manos del juez de control de garantías, mientras la Fiscalía continúa avanzando en el esclarecimiento de los hechos y en la identificación de otras posibles víctimas de la red.
Interpol notificó oficialmente a Zulma Guzmán, principal sospechosa del fallecimiento de dos menores tras el consumo de frambuesas contaminadas con talio, sobre la circular roja y la solicitud de extradición presentada por Colombia. Con esta diligencia se activa formalmente el trámite para que la mujer, de 54 años, sea puesta a disposición de la justicia británica y posteriormente trasladada al país para responder por los hechos que se investigan.La notificación internacional permite destrabar un proceso que había avanzado de manera paralela en Colombia y el Reino Unido. La orden de captura internacional fue emitida en octubre por la Fiscalía General de la Nación, con el respaldo de la Cancillería, y desde entonces se buscaba la localización y notificación efectiva de Guzmán. Ese objetivo se concreta ahora con la comunicación formal de Interpol, que habilita la siguiente fase del procedimiento judicial en territorio británico.De acuerdo con el marco legal del Reino Unido, el proceso de extradición contempla dos escenarios. El primero es que la persona requerida acepte de manera voluntaria su entrega a las autoridades del país solicitante. El segundo es que se oponga a la extradición; en ese caso, será una corte británica la encargada de evaluar el pedido y decidir si autoriza o niega la entrega, a partir de criterios como la legalidad del requerimiento y la existencia de eventuales riesgos de violaciones a derechos humanos. Aunque la decisión judicial es apelable, dicha impugnación no suspende automáticamente el trámite y, en determinados casos, la extradición puede ordenarse aun cuando el recurso esté en curso.El avance del proceso se había visto afectado luego de que las autoridades del Reino Unido confirmaran que Guzmán fue rescatada por la Policía Marítima tras un presunto intento de quitarse la vida en el río Támesis. Ese episodio derivó en su hospitalización y en la aplicación de protocolos de salud que impidieron, durante varias semanas, continuar con algunas actuaciones judiciales. A ello se sumaron alertas emitidas por Interpol sobre sus desplazamientos previos por distintas ciudades, lo que incrementó el riesgo de fuga y reforzó la necesidad de cooperación internacional.Mientras se surten las actuaciones en el exterior, en Colombia la Fiscalía avanzó con las herramientas previstas en la ley para evitar la paralización del proceso. Ya fue publicado el edicto solicitado por el ente acusador, mediante el cual se da por notificada a Guzmán de su vinculación formal a la investigación penal. Con ese paso, y ante una eventual no comparecencia, la Fiscalía queda habilitada para continuar con la imputación de cargos bajo la figura de persona ausente.Según la sustentación presentada ante un juez de control de garantías, la investigación se centra en un alimento identificado como frambuesas congeladas que habría sido contaminado de manera intencional con talio, un metal altamente tóxico. El expediente señala que varias personas consumieron el producto el 4 de abril y, al día siguiente, fueron hospitalizadas con síntomas severos de intoxicación. Dos menores, de 13 y 14 años, fallecieron el 5 y el 9 de abril, respectivamente, mientras que otra menor y un adulto resultaron gravemente afectados, de acuerdo con los dictámenes y valoraciones de Medicina Legal.
Los padres de familia de un menor de 3 años relatan que el día 14 de noviembre del 2025, su hijo fue víctima de un presunto caso de violencia sexual por parte de una cuidadora. Según la denuncia, el bebé tiene rastros de quemaduras con un secador en sus genitales. De acuerdo con lo relatado por el padre, esto ocurrió mientras estaba en un jardín infantil. Al ser trasladado al hospital de Meissen, se reportó al ICBF y se configuró como «código blanco», es decir, presunto abuso sexual.“Ese día se lo dejamos porque nosotros teníamos que venir a trabajar. La señora lo llevó al jardín; el niño salió a la una de la tarde. Cuando el niño llegó a mi casa, el niño me dice a mí: —Papi, chichi. —Pues normalmente, chichi es que él va a orinar. Y cuando yo le solté el cordón del pantalón que tenía, en ese momento le veo las lesiones que tenía mi hijo en sus partes íntimas. Inmediatamente, yo llamé a la señora que lo cuidaba y ella no supo darme ninguna explicación; ella no me dijo qué le había pasado al niño", explicó el papá.Por su parte, el padre relata que el niño duró cuatro días hospitalizado debido a las graves lesiones. Después de los exámenes, en Bienestar Familiar, el bebé de tres años relató que había sido con un ventilador y nombraba a la señora que estaba a cargo de su cuidado.“Al niño lo cogieron los psicólogos de Bienestar Familiar y hablaron con él. Le preguntaron y dice que eso se lo hicieron con un ventilador. Pero nosotros estuvimos buscando la cuestión del ventilador y le mostramos un secador de pelo y sí dice que con eso, con un secador. Y si usted se da cuenta, un secador de pelo tiene los mismos cuadrados que tiene mi hijo en sus partes íntimas”, concluyó.Entre tanto, los padres de familia, al hacer el reclamo a la señora que dejaron encargada, y al jardín infantil donde estaba, no dan respuesta alguna de lo que pasó, asegurando que eso no ocurrió en el sitio. Relata la familia que desde la Fiscalía les dijeron que deben esperar tres meses para realizar una nueva valoración médica en Medicina Legal para saber si las heridas causadas generaron daños parciales o de por vida.“La verdad que el niño solamente la señala a ella; usted le pregunta al niño que quién le hizo eso y él automáticamente dice —el nombre de la señora, ventilador, chichi—. La psicóloga de allá del hospital de Meissen le preguntó y él automáticamente menciona ese nombre, entonces yo denuncio al jardín por la cuestión de que allá omitieron la información y a mí no me dio nada, no me dijeron absolutamente nada", confirmó.
Un intento de feminicidio ocurrido el pasado 4 de enero de 2025 en el conjunto residencial Ciudad Central, en la localidad de Ciudad Bolívar, sur de Bogotá, dejó al descubierto no solo la violencia extrema ejercida contra una mujer, sino también las fallas en la protección efectiva a víctimas que ya habían denunciado a su agresor.La mujer sostenía una relación sentimental de aproximadamente seis meses con el hombre, periodo en el que, según se conoció, comenzaron los episodios de violencia. Tras una agresión física, decidió terminar la relación, denunció los hechos y en diciembre obtuvo una medida de protección. Incluso se cambió de vivienda para evitar nuevos ataques. Sin embargo, el agresor logró ubicarla y llegó hasta su apartamento, donde la golpeó brutalmente mientras le decía: “Si usted no es mía, no es de nadie”.Una vecina del conjunto, testigo clave de los hechos, relató cómo se encontró con la víctima pidiendo ayuda en condiciones extremas. “Ella vivía exactamente a tres apartamentos del mío. Yo no la escuché en el apartamento, sino cuando bajé las escaleras: estaba amarrada, desnuda y con golpes muy visibles en el rostro, pidiendo ayuda”.La testigo explicó que decidió quedarse con la víctima mientras otros vecinos buscaban las llaves del apartamento. “Me quedé con ella para que supiera que había alguien ahí. Ella me decía que estaban cerrados, que él tenía las llaves”, recordó. Minutos después, lograron ingresar al inmueble.Lo que encontró al entrar fue una escena que, según sus palabras, supera cualquier relato conocido. “Eso parecía sacado de una película. Todo estaba tirado, había sangre por todo el apartamento. Ella estaba en shock, amarrada, con cortes en la espalda, el cuello y la cara, y golpes que la tenían irreconocible”, afirmó. La mujer, añadió, tuvo que ser cubierta porque estaba desnuda tras la agresión.La vecina también cuestionó duramente el procedimiento policial posterior. Según su testimonio, tres agentes ingresaron al apartamento con el agresor, quien había sido retenido por la comunidad. “La revictimización es terrible. La entran a un espacio mínimo con su agresor de frente, mientras él estaba tranquilo, sentado, hablando con los policías como si fueran amigos. Ella estaba acorralada, en shock, con miedo”, denunció.De acuerdo con la testigo, la víctima reiteró ante los agentes que tenía una orden de alejamiento y que ya lo había denunciado en varias ocasiones. “Ella les decía: ‘Usted ya lo ha cogido y lo ha soltado’, incluso se sabía los nombres de los policías”, relató, señalando además que el agresor la miraba “con odio” y sin mostrar arrepentimiento.Finalmente, la mujer hizo un llamado a las autoridades para que el caso no quede impune ni se reduzca a una cifra más. “Ella merece un proceso justo, sin revictimización. Que no se le exponga, que no se le cuestione. Siempre muestran a la víctima y no al agresor. La cara del mal debería estar en todos lados”, concluyó.
Las autoridades desarticularon una red de trata de personas señalada de captar mujeres jóvenes en situación de vulnerabilidad en la ciudad de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, para explotarlas sexualmente en Noruega, informó la Fiscalía.La operación dejó dos personas capturadas en Colombia, Chilari Dayana Hernández y Johan Alexander Cadena, señalados de integrar la red transnacional.Según la investigación, la red ofrecía falsas oportunidades laborales y promesas de salarios elevados en Oslo para convencer a las víctimas de viajar a Europa.Una vez en Noruega, las mujeres "eran sometidas a engaños, amenazas y tratos degradantes, y obligadas a realizar actividades sexuales para cubrir supuestos gastos de alojamiento y manutención", explicó el ente acusador.Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputó a los detenidos los delitos de concierto para delinquir agravado y trata de personas, cargos que no fueron aceptados durante la audiencia, por lo que ambos deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.De acuerdo con la Fiscalía, entre julio y noviembre de 2023 Hernández Díaz habría contactado al menos a tres mujeres, a quienes solicitó estudios fotográficos en ropa interior y les gestionó pasaportes, trámites consulares y cartas de invitación para facilitar su viaje a Noruega.También habría coordinado su traslado desde Cali hasta el aeropuerto internacional El Dorado, en Bogotá.Por su parte, Cadena Roa se dedicaba, supuestamente, a la logística de la organización y a la intimidación de las víctimas, incluso mediante amenazas con armas de fuego, para evitar que denunciaran los hechos.Las autoridades indicaron que contra el presunto cabecilla de la red, un ciudadano colombo-noruego, fue emitida una orden de captura internacional, mientras avanzan las investigaciones para identificar a otros posibles implicados.
El ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga, confirmó que fue radicada una denuncia ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia contra la representante Lina María Garrido y los senadores, Jota Pe Hernández y María Fernanda Cabal, por el presunto delito de menoscabo de la integridad nacional. Según explicó el funcionario, la acción judicial se sustenta en manifestaciones públicas que, a juicio del Gobierno, incentivarían acciones hostiles contra la soberanía y la autodeterminación del país.A través de su cuenta en la red social X, el ministro señaló que la denuncia se fundamenta en expresiones que invitan o promueven una intervención militar extranjera en Colombia. En su mensaje, sostuvo que este tipo de pronunciamientos no se enmarcan en la libertad de opinión, sino que constituyen “un acto de hostilidad” que rompe la inviolabilidad parlamentaria al no guardar relación con la función legislativa. Agregó que la autodeterminación nacional no es negociable y que la investidura congresional no puede ser utilizada para legitimar injerencias externas, reiterando que el Estado de derecho “se defiende, no se entrega”.A esta iniciativa se suma la del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien confirmó la decisión de presentar denuncias penales contra los congresistas Jota Pe Hernández, Lina María Garrido y Miguel Polo Polo. De acuerdo con Sanguino, la actuación judicial obedece a una serie de publicaciones y videos difundidos en redes sociales en los que, según su criterio, se instiga a una potencia extranjera, específicamente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a intervenir en asuntos internos de Colombia.En el escrito presentado por el Ministerio de Justicia se citan mensajes específicos difundidos por los congresistas. Entre ellos, una publicación de la representante Lina María Garrido en la que expresó: “Bienvenido a #Colombia, Presidente @POTUS. Con gran anhelo el pueblo colombiano lo espera. No tarde tanto, por favor”, y otra en la que propuso la instalación de una base militar estadounidense permanente al señalar que “la base antinarcóticos más grande del mundo deben ponerla los Estados Unidos en Colombia”.En el caso del senador Jhonatan Ferney Pulido Hernández, la denuncia recoge mensajes dirigidos al presidente Gustavo Petro, en los que utiliza expresiones que, según el Gobierno, exceden la crítica política. Por su parte, frente a las manifestaciones de la senadora María Fernanda Cabal, se menciona un pronunciamiento en el que afirmó que celebraría un respaldo tecnológico y militar de Estados Unidos en regiones como el Catatumbo, Cauca, Putumayo, Guaviare, Nariño y Chocó, bajo el argumento de liberar a la población civil del terror y ganar la guerra con apoyo aliado y superioridad aérea.En ese sentido, la denuncia advierte que estas conductas se alejan del debate democrático y se ubican en un escenario de riesgo para la soberanía nacional.El ministro también argumentó que, si bien las manifestaciones se produjeron en redes sociales, espacios donde se expresan opiniones diversas, la libertad de expresión tiene límites claramente establecidos por la Corte Constitucional. Recordó que la propaganda a favor de la guerra es considerada un discurso prohibido, al estar orientado a afectar gravemente los derechos humanos. En esa línea, sostuvo que respaldar operativos militares extranjeros en territorio nacional pone en riesgo la institucionalidad y la autodeterminación del país, por lo que no estaría amparado por la libertad de expresión y podría configurar una conducta reprochable desde el punto de vista penal.
La Fiscalía General de la Nación reveló que acordó un principio de oportunidad con María Alejandra Benavides Soto, exasesora del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, en el marco de la investigación por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Gracias a este acuerdo, Benavides se convertirá en testigo clave contra otros implicados en la red de corrupción.El pasado jueves 24 de abril, el ente acusador radicó una solicitud de audiencia de imputación de cargos contra Benavides por el presunto delito de tráfico de influencias de servidor público. La diligencia será programada por la Judicatura, que deberá fijar la fecha y el juzgado de control de garantías correspondientes.Economista de profesión, Benavides ha sido señalada como una figura central en el entramado de corrupción que, según las autoridades, operaba dentro de la UNGRD. Su nombre fue mencionado directamente por el exdirector de la entidad, Olmedo López, quien aseguró que ella participó en maniobras ilegales destinadas a garantizar apoyo político en el Congreso mediante la adjudicación irregular de millonarios contratos de obra pública.Según la Fiscalía, Benavides habría coordinado con el entonces ministro Bonilla la gestión de más de 92.000 millones de pesos destinados a municipios como Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar (Bolívar). Estos recursos, presuntamente, se habrían utilizado para influir en las decisiones de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, órgano clave en la aprobación de endeudamientos del Estado colombiano.La exfuncionaria ha manifestado su intención de colaborar con la justicia, y denunció haber recibido amenazas tras su decisión, por lo que ha solicitado medidas de protección. Mientras tanto, la Fiscalía continúa con las investigaciones y no descarta nuevas imputaciones en los próximos días.
A través de un derecho de petición, la familia de Edgardo Fernández Martínez le solicitó directamente a la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, que reasigne la investigación con la que se busca esclarecer el atentado del que fue víctima este funcionario de la Dian.Fernández Martínez, de 59 años, permanece en delicado estado de salud en una clínica, tras recibir un disparo en la cabeza en medio de un atentado ocurrido el pasado 21 de abril, en el norte de Barranquilla.Su familia cree que, por tratarse de un funcionario de la Dian, los móviles del ataque "obedecen a razones de sus funciones en Barranquilla" y que "los implicados son de esta ciudad, con muchas influencias y poder económico".En este sentido, los familiares piden a la fiscal que "traslade la investigación a Bogotá y reasigne la misma a un funcionario del eje central, adscrito a la Unidad Nacional Anticorrupción de la Fiscalía"."Si este proceso se mantiene en Barranquilla, no solo se desviará la investigación para crear impunidad, sino que es posible que alguno de nosotros resultemos con otro atentado criminal, y si esto sucede, con el más absoluto respeto responsabilizamos desde ya al ente investigador por negligencia, al no trasladar el proceso de manera urgente a la ciudad de Bogotá", advirtió la familia.Por lo pronto, las autoridades evalúan si hay alguna relación entre el ataque y el proceso investigativo por lavado de activos que enfrenta Fernández.El economista, quien lleva 17 años vinculado a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, tiene el cargo de Gestor II; sin embargo, ya había logrado escalar hasta el puesto de Jefe de Oficina de Control Interno o de Comunicaciones, recibiendo un sueldo mayor a los $26 millones, pero lo cambiaron del mismo, al parecer, por la investigación disciplinaria en curso.
La defensa de Laura Sarabia informó este martes que ha iniciado un proceso de entrega de audios, documentos y otros elementos probatorios ante la Fiscalía General de la Nación, en el marco de la denuncia por violencia de género que involucra al actual ministro del Interior, Armando Benedetti.Sarabia asistió a la segunda sesión de las diligencias programadas por el ente investigador, tras la denuncia presentada el 23 de agosto de 2023. Según su abogada, este caso representa un ejemplo del patrón de violencia que enfrentan muchas mujeres en Colombia, sin importar su posición social o económica.“La doctora Laura Sarabia asistió a la segunda sesión de las diligencias dispuestas por la Fiscalía General de la Nación en el marco de la denuncia presentada el 23 de agosto de 2023, en la que actúa como víctima de violencia de género, principalmente por parte del señor Armando Benedetti. Este caso refleja un patrón sistemático de violencia que enfrentan muchas mujeres en Colombia, sin importar su condición social o económica”, expresó su defensora.La Fiscalía convocó al grupo de trabajo de violencia de género, conforme a la resolución 409 de 2023, para abordar la magnitud del caso. En las próximas sesiones se presentarán líneas de tiempo, audios, mensajes y otros documentos que respaldan la denuncia, así como información sobre campañas de descrédito que, según Sarabia, ha sufrido.Como parte de su estrategia de transparencia, la exjefa de gabinete ha puesto a disposición del ente acusador su historial patrimonial, fiscal y bancario, además de su trayectoria profesional en la última década.“No se dejará intimidar, defenderá la verdad, su dignidad y la institucionalidad. Esa es su única agenda”, concluyó la abogada.
En una operación policial llevada a cabo en Bello, Antioquia, fue capturado Juan Camilo Muñoz Gaviria, el presunto asesino de Sara Millerey González, mujer transgénero cuyo homicidio ocurrió en Medellín. El hombre, que sería miembro de la banda conocida como El Mesa, dedicada al tráfico de estupefacientes, fue detenido hace unos momentos por las autoridades locales.De acuerdo con información de las autoridades, el hombre fue capturado por la Policía en coordinación con la Fiscalía General de la Nación por los delitos de tortura y homicidio agravado.Sara Millerey, reconocida activista transgénero en la comunidad, fue víctima de un violento crimen que generó indignación y llamados a la justicia por parte de organizaciones defensoras de los derechos humanos. “¡𝐂𝐀𝐏𝐓𝐔𝐑𝐀𝐃𝐎 𝐒𝐄𝐍̃𝐀𝐋𝐀𝐃𝐎 𝐇𝐎𝐌𝐈𝐂𝐈𝐃𝐀 𝐃𝐄 𝐒𝐀𝐑𝐀! En Bello (Antioquia), en desarrollo de la ofensiva contra el multicrimen y el delito, la @PoliciaColombia, en coordinación con la @FiscaliaCol, capturó a uno de los presuntos autores materiales del homicidio de Sara Millerey González Borja, integrante de la comunidad LGBTIQ+, asesinada el pasado 4 de abril. Se trata de Juan Camilo Muñoz Gaviria, alias 'Teta', integrante del grupo delincuencial El Mesa, quien deberá responder por los delitos de tortura y homicidio agravado. con este resultado se avanza en el esclarecimiento de este hecho delictivo y se fortalece la acción institucional contra actores criminales que afectan a poblaciones vulnerables”, escribió el director de la Policía Nacional en X, general Carlos Triana.Las autoridades continúan investigando para determinar las circunstancias exactas del crimen y asegurar que todos los responsables sean llevados ante la justicia. Se espera que en las próximas horas se brinde más información sobre el desarrollo de este importante operativo policial.Así fue el asesinato de Sara MillereyLa mujer fue agredida y luego arrojada a la quebrada Playa Rica, a inicios del mes de abril, donde murió después, lo que quedó registrado en un video publicado en redes sociales.El Ministerio del Interior había pedido acelerar la investigación para judicializar a los responsables del crimen, mientras que la Gobernación de Antioquia, por su parte, ofreció hasta 50 millones de pesos por información que permita detener a los responsables del crimen de González.La Defensoría del Pueblo, por su parte aseguró que "la identidad y expresiones de género, deben ser respetadas y reconocidas sin excepción"."Hacemos un llamado a la sociedad para que no se siga naturalizando el odio y el prejuicio, y a todas las entidades del Estado para que su acción proteja, garantice y dignifique las vidas de las personas transgénero", añadió ese organismo.Según cifras de la Fiscalía recogidas por el Ministerio del Interior, el año pasado fueron asesinadas 29 personas trans en Colombia, cinco de ellas en Antioquia.Sin embargo, en lo que va corrido de este año han sido registrados 13 casos, seis de ellos en ese departamento, lo que preocupa a las autoridades.Escuche el informe completo aquí:
El nombre de Luis Alberto “Lucho” Herrera, leyenda del ciclismo colombiano, ha sido sacudido por una acusación que ha conmocionado al país. Tres exparamilitares afirman que el excampeón de la Vuelta a España habría ordenado el asesinato y desaparición de cuatro personas en 2002, entre ellos los hermanos Víctor Manuel y José del Carmen Rodríguez Martínez, en hechos ocurridos en la zona rural de este municipio.En entrevista con el periodista Ricardo Ospina para Blu Radio, Pastor Rodríguez, hermano de dos de las víctimas, ofreció un testimonio cargado de dolor, incertidumbre y una sed inquebrantable de verdad: “Lo que nos interesa no es juzgar, sino conocer por qué los asesinaron”.Fusagasugá en 2002: una región marcada por el miedoLos hechos ocurrieron el 23 de octubre de 2002, cuando grupos paramilitares se movían por la región haciéndose pasar por agentes del DAS. Pastor Rodríguez relata cómo una camioneta llegó hasta la casa familiar con hombres armados que portaban insignias falsas del Estado. Fue allí donde sus hermanos fueron obligados a subir al vehículo y jamás se les volvió a ver.“Sabían exactamente por quiénes venían”, aseguró Rodríguez, quien sospecha que hubo una inteligencia previa y una intención clara. “Uno de los hombres iba amarrado, pero el conductor dijo: ‘Él no’, y señaló a mi otro hermano. Eso lo dice todo”.Relación vecinal con Lucho HerreraUna de las sorpresas más grandes para la familia Rodríguez fue encontrar en la reciente sentencia contra el paramilitar alias "Ojitos" la mención directa del exciclista como presunto autor intelectual del crimen. La relación con Herrera, asegura Pastor, era meramente vecinal: “Jugaban fútbol juntos, llevaban a mi hermana al colegio… nunca hubo una disputa, nunca hubo problemas”.La finca del padre de los hermanos Rodríguez colindaba con una propiedad de la familia Herrera. Según testigos y las declaraciones de exparamilitares, habría sido desde esa cercanía geográfica que se fraguó la tragedia.Acusaciones desde prisiónLos testimonios de Luis Fernando Gómez Flores (alias Ojitos), Héctor Díaz Gaitán y Óscar Andrés Huertas (alias Menudencias), exintegrantes de las Autodefensas Campesinas del Casanare, apuntan a Lucho Herrera como el “determinador” del crimen. Aseguran que el ciclista solicitó a Martín Llanos, jefe del grupo armado, la ejecución de los cuatro hombres, supuestamente por considerarlos colaboradores de la guerrilla o extorsionadores. Según las declaraciones, Herrera habría entregado 40 millones de pesos y fotografías de las víctimas.“Nunca habíamos escuchado oficialmente esa versión, ni siquiera como rumor”, confiesa Pastor. “La sentencia nos dejó helados, no por el nombre que aparece, sino por la crueldad de lo que les hicieron”.La herida abierta: sin cuerpos, sin cierreHan pasado casi 23 años desde la desaparición. El padre de Pastor, hoy con 96 años, aún espera con fe el regreso de sus hijos: “Todos los días reza el rosario”, dice el entrevistado con la voz entrecortada. “Lo que más deseamos es encontrar sus cuerpos, aunque sea un pedazo de hueso para poder enterrarlos dignamente”.En la actualidad, la Fiscalía General de la Nación ha iniciado labores de exhumación en una finca señalada por los paramilitares como el lugar donde estarían enterradas las víctimas. Hasta ahora, no se han reportado hallazgos definitivos.Rodríguez asegura que no busca venganza ni revictimizarse. “Si es culpable y está arrepentido, claro que lo perdonaría. Todos necesitamos sanar”, afirma al referirse a una eventual culpabilidad de Lucho Herrera. La familia incluso ha contemplado reunirse con los paramilitares condenados, como parte del proceso de reconstrucción de la verdad.Para Pastor, este caso no es solo el suyo: “Estoy aquí en nombre de miles que siguen esperando justicia. En Colombia, durante años, tener botas de caucho ya era motivo de sospecha y de muerte”.
El Consejo de Estado admitió para su estudio una tutela que busca revocar el fallo que prohibió al presidente Gustavo Petro transmitir los consejos de ministros en canales privados, regionales y comunitarios.Alberto Meneses interpuso la acción de tutela ante el Consejo de Estado con el fin de revocar un fallo que amparaba el derecho a la pluralidad informativa de María Cristina Cuéllar Cárdenas, quien cuestionó la difusión de estas reuniones en canales privados de televisión abierta.En su recurso, Meneses argumentó que el fallo interpreta de forma “oscura” las normas constitucionales sobre el derecho a la información y la pluralidad informativa.Según el accionante, los consejos de ministros transmitidos constituyen un medio legítimo para que la ciudadanía conozca las discusiones que se presentan al interior del Gobierno. Además, criticó lo que consideró un sesgo informativo por parte de algunos medios privados, y solicitó que se garantice un equilibrio en la oferta informativa disponible para los colombianos.El documento también hace un llamado a distintas instituciones como la Corte Constitucional, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) y el Congreso de la República para que se pronuncien y regulen el uso del espacio televisivo en estas intervenciones presidenciales, buscando proteger tanto el derecho a informar como el de recibir información veraz e imparcial.Por ahora, el Consejo de Estado evaluará si el uso del espectro electromagnético por parte del presidente afecta o no los derechos de otros ciudadanos, y si las transmisiones oficiales deben estar sujetas a mayores controles de pluralidad informativa.