La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares con fines de extinción del derecho de dominio sobre 23 bienes que harían parte del patrimonio de varios de los presuntos responsables del escándalo de corrupción conocido como el caso Centros Poblados, relacionado con el fallido contrato para llevar internet a escuelas rurales del país.La decisión cobija bienes que pertenecerían a Emilio Tapia, Juan José Laverde, Ottomar Lascarro, Luis Fernando Duque y algunos de sus familiares, todos señalados de haber tenido participación en las irregularidades detectadas en el contrato suscrito entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y la Unión Temporal Centros Poblados.De acuerdo con el director de Extinción del Derecho de Dominio, José Iván Caro, los bienes afectados superan los 65.900 millones de pesos y se encuentran ubicados en los departamentos de Cundinamarca, Atlántico, Córdoba, Sucre, Risaralda y Nariño. Entre los activos objeto de la medida se encuentran predios urbanos y rurales, parqueaderos, establecimientos de comercio y participaciones societarias.Según los elementos materiales probatorios recaudados por la Fiscalía, estas propiedades habrían sido adquiridas con recursos provenientes de las actuaciones ilícitas identificadas en el proceso de contratación, así como del anticipo que fue recibido de manera irregular por la Unión Temporal Centros Poblados. El contrato tenía como objetivo la instalación de centros digitales en 16 departamentos del país, iniciativa que finalmente no se ejecutó conforme a lo pactado.En el desarrollo de la investigación, el ente acusador determinó que parte de los bienes fueron obtenidos mediante la combinación de recursos de origen lícito con dineros producto de actividades ilícitas, lo que dio lugar a la aplicación de las causales de equivalencia, mezcla y destinación previstas en la legislación de extinción de dominio. Además, se estableció que las sociedades que integraron la Unión Temporal habrían sido utilizadas como instrumento para la comisión de las irregularidades contractuales.De manera adicional, y en atención a decisiones de responsabilidad fiscal emitidas por la Contraloría General de la República, la Fiscalía también impuso una medida cautelar sobre un inmueble de propiedad de la exministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Karen Abudinen, en el marco del mismo proceso.Las medidas fueron adoptadas por un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, tras establecerse la imposibilidad de ubicar la totalidad de los recursos desviados en el contrato de Centros Poblados. Con esta actuación, la Fiscalía busca recuperar bienes que, presuntamente, fueron adquiridos con dineros públicos y garantizar su eventual incorporación al patrimonio del Estado, mientras avanzan los procesos judiciales contra los responsables del entramado de corrupción.
La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, información detallada y actualizada sobre el proceso de cesión de la posición contractual en el bloque gasífero Sinú-9, un contrato que ha generado alertas por presuntas irregularidades que incluyen señalamientos de tráfico de influencias, ocultamiento de accionistas y posibles vacíos en la cadena de titularidad de los intereses económicos.El ente de control recordó que el contrato de Exploración y Producción de Hidrocarburos E&P No. 25, correspondiente al área Sinú-9, ha registrado múltiples operaciones desde su adjudicación en 2014. Según la Procuraduría, en este periodo se han presentado diversos negocios jurídicos que involucran compra y venta de participaciones e incrementos en los porcentajes de inversión.El requerimiento fue elevado por la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, en el marco de actuaciones preventivas relacionadas con la transferencia de la participación mayoritaria del contrato. Actualmente, la multinacional Maurel & Prom (M&P) firmó para adquirir el 61 por ciento de la licencia de exploración y producción del bloque Sinú-9, lo que activó la revisión del órgano de control.El bloque Sinú-9 ha estado en el centro de la atención pública por la mención del inversionista Serafino Iacono, empresario del sector de petróleo y gas, quien también ha sido relacionado con la venta del apartamento 901 a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, un negocio por el cual la Fiscalía ya avanzó con el interrogatorio, para establecer si la compra del apartamento que hizo Roa al empresario Iacono se hizo de manera legal o si detrás de la transacción pudo haber existido una estrategia para comprometer presuntamente contratos de Ecopetrol antes de que Roa asumiera la presidencia de la compañía.Sin embargo, en un comunicado, el empresario Iacono ha señalado que ya no hace parte de la administración de NG Energy, empresa que en 2017 adquirió una participación en Sinú-9 mediante acuerdos con Clean Energy.En la solicitud, la Procuraduría advirtió que en las solicitudes recibidas se exponen presuntas irregularidades asociadas a la titularidad real de los intereses económicos, la sucesión de cesiones contractuales y el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. Por ello, señaló la necesidad de contar con información integral que permita tener un panorama completo de la situación jurídica, contractual y administrativa tanto del contrato como del trámite de cesión en curso.En ese sentido, la Procuraduría solicitó a la ANH un informe detallado que consigne, de manera cronológica, todas las modificaciones en las participaciones de los contratistas del bloque, incluyendo la identificación de cada uno de los inversionistas que han tenido vínculo con el contrato. El requerimiento también abarca a aquellos cuya participación no es visible para el mercado, pero cuyos contratos reposan en los registros de la Agencia.Adicionalmente, el procurador Marcio Melgosa pidió establecer si la ANH ha adelantado actuaciones para verificar el estado procesal actual de los procesos judiciales relacionados con el contrato de Sinú-9, así como las pretensiones formuladas y el posible impacto que podrían tener sobre la cesión de participación actualmente en trámite.La ANH cuenta con un plazo de cinco días hábiles para responder el requerimiento de la Procuraduría. Hasta tanto no se emita un pronunciamiento posterior del órgano de control, la definición sobre la cesión de la participación en el bloque Sinú-9 quedará en suspenso, en un proceso que ahora es objeto de vigilancia preventiva por parte del Ministerio Público.
El caso de Zulma Guzmán Castro se remonta a abril de este año en Bogotá, cuando un regalo terminó convertido en una tragedia. Dos menores de edad, identificadas como Inés de Bedout, de 14 años, y Emilia Forero, de 13, fallecieron tras consumir frambuesas cubiertas con chocolate que fueron enviadas a su vivienda a través de un servicio de mensajería.Las investigaciones establecieron que las frutas contenían talio, un metal pesado altamente tóxico, incoloro e inodoro, que habría sido introducido de manera intencional. La sustancia no solo causó la muerte de las menores, sino que también afectó la salud de otros dos integrantes de la familia.Según la hipótesis de la Fiscalía, el doble homicidio estaría motivado por una venganza personal, relacionada con una presunta relación sentimental extramatrimonial que la empresaria habría sostenido con el padre de una de las víctimas.Tras la muerte de las niñas, Guzmán Castro abandonó el país y emprendió una huida por varios países de Suramérica y Europa, entre ellos Argentina, Brasil y España, hasta ingresar finalmente al Reino Unido el pasado 11 de noviembre.La ubicación de la sospechosa en Londres se logró gracias a un detalle clave: en una transmisión de video se le observó consumiendo agua embotellada de una marca que solo se comercializa en territorio británico. Días después, cerca del puente de Battersea, fue rescatada del río Támesis por la Policía Metropolitana, tras un presunto intento de suicidio.Actualmente, la Fiscalía General de la Nación formalizó ante el Gobierno británico la solicitud de extradición para que responda en Colombia por los delitos de homicidio agravado y tentativa de homicidio.De acuerdo con una investigación revelada por el diario El Tiempo, el pasado 6 de abril de 2025, cuando Forero ya había fallecido y la otra niña, De Bedout, permanecía en estado crítico en una clínica, Zulma Guzmán habría comprado nuevos paquetes de frambuesas.El primer pedido se realizó a la 1:53 de la tarde y, dos horas después, habría efectuado un segundo encargo que incluía frambuesas, tomates, cebollas y aguacates, por un valor total de 29.900 pesos.Sobre la recepción de estos pedidos, un detective entrevistado por El Tiempo indicó que Juan De Bedout —quien reconoció haber sostenido una relación extramatrimonial con Guzmán— fue interrogado. “Solo se tienen nombres, no apellidos. El señor manifestó desconocer si las receptoras pertenecen o no a su entorno, aunque admitió conocer al menos a una persona con uno de esos nombres”, señaló el investigador.Cabe recordar que Zulma Guzmán ha asegurado que dichas compras correspondían a su dieta personal y ha negado de manera reiterada cualquier responsabilidad en la muerte de las menores.
Un caso de violencia intrafamiliar ocurrido en Ciudad de México el pasado 23 de agosto de 2023 volvió a causar conmoción luego de que Pamela Rivera reconstruyera los hechos que terminaron en el asesinato de su madre y su abuela, y con la muerte posterior de su padre, Óscar Rivera, exbeisbolista profesional.Rivera tuvo una destacada trayectoria deportiva, con paso por organizaciones como los Dodgers y la liga mexicana. Sin embargo, tras su retiro del deporte profesional, su situación personal se deterioró progresivamente. Según el testimonio de su hija en el podcast Vos Podés, el ascenso laboral de su esposa, quien comenzó a ocupar cargos directivos, coincidió con una etapa marcada por depresión, consumo desmedido de alcohol y episodios de violencia psicológica y física.La convivencia familiar se agravó durante el confinamiento por la pandemia, periodo en el que, de acuerdo con Pamela, las discusiones constantes y las conductas de control se intensificaron. A pesar del entorno violento, su madre no logró alejarse del agresor, en parte por un sentimiento de compasión. “Mi mamá decía que lo quería dejar pero nunca lo pudo dejar porque decía ‘Ay pobrecito ¿a dónde se va a ir, qué va a hacer de su vida?’”, relató.La mañana del 23 de agosto, Pamela despertó tras escuchar gritos provenientes del interior del apartamento. Al salir de su habitación encontró a su abuela, de 78 años, amarrada con un cinturón y sin conocimiento. Al intentar intervenir, su padre se encerró bajo llave en la habitación principal del inmueble.Mientras las autoridades eran alertadas, Rivera envió un mensaje de texto a su hija, en el que se despedía y daba indicaciones sobre los bienes familiares. Pamela recordó el contenido del mensaje: “Me manda un mensaje larguísimo pidiendo disculpas... ‘perdóname flaquita, lo que hice no es su culpa, ni de mis hermanos. Esto es de ustedes, un terreno, la casa, es de ustedes’”.Cuando la policía logró ingresar a la vivienda, halló sin vida a la madre y a la abuela. De acuerdo con las autoridades, la madre habría sido agredida físicamente antes de recibir un disparo, mientras que la abuela murió tras ser golpeada con la cacha del arma cuando intentó defender a su hija.El agresor fue trasladado a un centro asistencial, donde permaneció en estado vegetal durante siete días. Falleció el 31 de agosto. El hecho dejó a Pamela y a su hermana menor, de nueve años, enfrentando un proceso legal por la sucesión de bienes.Además del impacto emocional, Pamela aseguró haber sido blanco de señalamientos en redes sociales y críticas por parte de familiares que la responsabilizaron por no haber evitado la tragedia. Hoy, afirma que su prioridad es la recuperación emocional y visibilizar la importancia de la atención oportuna en salud mental. “Muchas cosas se hubieran arreglado o calmado si hubieran prestado atención... ¿qué tal si en vez de las drogas y el alcohol hubiera sido la terapia o el amor propio?”, reflexionó.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, se pronunció respecto al anuncio del cese al fuego unilateral del ELN a partir del 24 de diciembre hasta el 3 de enero. Marín recibió con alivio la decisión de la guerrilla, pero aseguró que es un anuncio que también genera angustia, pues las acciones del ELN han provocado daños irreparables a la población.“Un gesto de coherencia sería, por ejemplo, la liberación incondicional de las personas que permanecen secuestradas. El cese de hostilidades debería alcanzar también las hostilidades con otros grupos armados, a quienes les pedimos el mismo alivio en el fin de año”, fue la solicitud que hizo la defensora a través de su cuenta de X.Marín recordó que hace un año la guerrilla hizo un cese al fuego similar; sin embargo, en enero emprendió una ofensiva en el Catatumbo que generó el desplazamiento masivo más grande de la historia reciente de Colombia, razón por la cual la defensora celebró el anuncio, pero pidió más de parte del ELN.
El anuncio del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de decretar un cese al fuego unilateral durante la temporada de Navidad abrió un nuevo capítulo en el complejo panorama del conflicto armado en Colombia. La medida, presentada por la guerrilla como un “mensaje de paz”, fue recibida con cautela por distintas voces institucionales, entre ellas la defensora del pueblo, Iris Marín, quien expresó una mezcla de alivio y preocupación frente a lo ocurrido.El cese anunciado regirá entre las 00:00 horas del 24 de diciembre y las 00:00 horas del 3 de enero de 2026, e implica la suspensión de operaciones militares ofensivas contra la fuerza pública. Sin embargo, llega después de una semana marcada por ataques, hostigamientos y un paro armado que afectó a varias regiones del país.ELN anunció cese al fuego para Navidad como “mensaje de paz”En su comunicado, el ELN aseguró que la decisión busca enviar una señal de tranquilidad durante las festividades de fin de año. La guerrilla señaló que el respeto a la población civil hace parte de este anuncio, aunque no precisó mecanismos de verificación ni alcances frente a otros actores armados.Este tipo de decisiones no son nuevas. En años anteriores, el ELN ha decretado ceses temporales en fechas especiales, lo que genera expectativas entre las comunidades que viven en zonas históricamente golpeadas por el conflicto, pero también dudas sobre su cumplimiento efectivo.Defensoría del Pueblo pide gestos que protejan a la población civilLa defensora del pueblo, Iris Marín, reaccionó al anuncio con un mensaje claro: el alivio existe, pero la preocupación persiste. En su pronunciamiento recordó que, pese a declaraciones similares en el pasado, las comunidades han seguido enfrentando afectaciones graves.“Recibimos este mensaje con cierto alivio, pero también con angustia”, señaló Marín, al advertir que las acciones recientes del ELN han dejado daños sostenidos contra la población civil. Desde la Defensoría se insistió en que un gesto coherente sería la liberación de las personas que continúan secuestradas, una de las prácticas más rechazadas por la sociedad colombiana.Además, Marín subrayó que el cese de hostilidades debería extenderse a los enfrentamientos que el ELN mantiene con otros grupos armados ilegales, pues estas confrontaciones también generan desplazamientos, confinamientos y riesgos para las comunidades.El recuerdo de ceses pasados y la alerta por regiones como CatatumboLa defensora del pueblo también trajo a colación lo ocurrido hace un año, cuando un anuncio similar no evitó que, meses después, se registraran nuevos ataques contra civiles. Como ejemplo, mencionó la situación en el Catatumbo, donde la confrontación armada derivó en lo que calificó como el desplazamiento masivo más grande de la historia reciente del país.Ese antecedente refuerza la postura de quienes consideran que los anuncios deben ir acompañados de hechos verificables y sostenidos en el tiempo. Para las comunidades, la verdadera señal de paz no está solo en un comunicado, sino en la posibilidad de pasar las festividades sin miedo, sin confinamientos y sin amenazas.“Saludamos el anuncio, pero pedimos más”, concluyó Marín, dejando claro que la expectativa de la institucionalidad y de la ciudadanía es que este cese se traduzca en una protección real de la población civil, más allá del calendario.
En Colombia ya se están realizando las tradicionales novenas de diciembre, que son sinónimo de unión familiar, tradición y momentos compartidos alrededor de la mesa. Por eso, para evitar dolores de cabeza y generar un momento agradable entre los invitados, incluyendo a los niños, las Tiendas D1 dieron a conocer un nuevo producto para esta época decembrina.Este nuevo alimento que se perfila como uno de los favoritos de la temporada: las tortas para decorar de la marca Horneaditos, una propuesta que combina sabor, creatividad y diversión para grandes y pequeños.¿Cómo decorar tortas y cuánto cuesta?Se trata de tortas listas para personalizar, pensadas no solo para disfrutar como postre, sino para convertirlas en una actividad familiar. Durante las novenas, padres e hijos pueden reunirse a decorarlas con coberturas, chocolates y otros toppings, haciendo de cada encuentro un espacio creativo donde los niños se convierten en protagonistas y dejan volar su imaginación.El producto está disponible en presentaciones como ChocoDivertida y Color Chips, ambas con un formato práctico y un tamaño ideal para compartir. Además, su precio de $19.950 la convierte en una alternativa atractiva frente a otros postres navideños, manteniendo la filosofía de D1 de ofrecer calidad a bajo costo. "Una idea divertida para hacer en familia estos días de Novenas con nuestras tortas para decorar”, destaca D1 en su publicación en Instagram.Más allá del sabor, la propuesta apunta a reforzar los lazos familiares. Decorar una torta antes o después de una novena se transforma en un momento de juego, risas y colaboración, donde los niños disfrutan tanto del proceso como del resultado final. Es una forma sencilla de renovar la tradición, integrando actividades que conectan a todas las generaciones.Con este lanzamiento, D1 reafirma su apuesta por productos prácticos e innovadores para la temporada decembrina. Las tortas para decorar no solo endulzan las novenas, sino que las convierten en una experiencia diferente, donde la creatividad, el espíritu navideño y la alegría familiar se sirven en cada porción.
A pocos días de terminar 2025, el nombre de Baba Vanga vuelve a se tema de conversación en redes sociales por sus profecías. La mística búlgara, conocida por las prediccionesque sus seguidores consideran inquietantemente certeras, es nuevamente asociada a un evento que, para muchos, confirmaría uno de sus anuncios más temidos: el primer contacto documentado de la humanidad con vida extraterrestre.El debate se intensificó tras el paso del cometa interestelar 3I Atlas, que el viernes 19 de diciembre alcanzó su punto más cercano a la Tierra. Aunque la comunidad científica explicó el fenómeno como un objeto proveniente de fuera del sistema solar, para creyentes y teóricos de la conspiración este acontecimiento encajaría con una antigua predicción atribuida a Baba Vanga, quien habría advertido que en 2025 “una nueva luz aparecería en el cielo y sería vista por todo el mundo”.Baba Vanga, nacida en 1911 y fallecida en 1996, fue una herbolaria y vidente búlgara que perdió la vista a temprana edad. Desde entonces, sus seguidores le atribuyeron una capacidad profética que la convirtió en una figura de culto. Entre los aciertos que se le adjudican figuran tragedias como el desastre nuclear de Chernóbil, la muerte de la princesa Diana y otros eventos históricos que, según sus creyentes, ella habría anticipado con décadas de antelación.Para este año, las predicciones no se limitaron al espacio. La llamada “Nostradamus de los Balcanes” habría advertido sobre desastres naturales vinculados a una frase enigmática: “Fuego doble que se elevará del cielo y la tierra simultáneamente”. Esta afirmación fue relacionada con los fuertes terremotos registrados en Afganistán durante agosto y noviembre, así como con el sismo que sacudió Filipinas en octubre. A estos hechos se sumaron erupciones volcánicas como las del monte Etna, en Italia, y el Kanlaon, en territorio filipino.Sin embargo, fue el fenómeno espacial el que más atención despertó. Durante el acercamiento del cometa 3I Atlas, los astrónomos detectaron dos elementos químicos considerados esenciales para la vida, lo que reavivó especulaciones sobre un posible origen biológico. Aunque no ocurrió durante un evento deportivo masivo, como indicaba la profecía, algunos seguidores aseguran que la visibilidad global del fenómeno coincidió simbólicamente con el sorteo del Mundial de Fútbol de 2026.Pese a que no se habló de seres extraterrestres como los retrata el cine, para los creyentes el simple acercamiento de un objeto interestelar ya representa una forma de contacto. Y la historia no terminaría ahí. Según versiones citadas por el portal Space and Technology, Baba Vanga habría anunciado que en 2026 ocurrirá un segundo avistamiento, esta vez con la supuesta aparición de una nave nodriza.Mientras la ciencia pide cautela y descarta interpretaciones sobrenaturales, el misterio persiste. Para muchos, diciembre de 2025 quedará marcado como el mes en el que, una vez más, las profecías de Baba Vanga volvieron a sacudir la imaginación colectiva.
Un juez de la República condenó a nueve meses de prisión a Mario Pastrana Prieto, tras aceptar, mediante preacuerdo, su responsabilidad en el delito de maltrato animal agravado por la agresión contra una perrita criolla identificada como ‘Juana de Arco’, en hechos ocurridos en una vía pública de Ibagué, Tolima.La decisión judicial se dio luego de que la Fiscalía General de la Nación presentara pruebas contundentes, entre ellas videos de cámaras de seguridad difundidos por la ciudadanía en redes sociales, que evidenciaron el momento en el que el hombre golpeó al animal con un palo e incitó a otros dos perros para que la atacaran.De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (GELMA), los hechos ocurrieron el 8 de junio de 2024. Posteriormente, el agresor también habría amenazado al propietario de la canina y a su familia.Como consecuencia del ataque, ‘Juana de Arco’ sufrió una contusión en la cabeza y presentó cambios significativos en su comportamiento, con evidencias de miedo extremo y afectaciones emocionales, razón por la cual ha requerido valoraciones veterinarias permanentes.Además de la pena de prisión, el condenado deberá pagar una multa equivalente a 3,75 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
La Fiscalía solicitó al Ministerio de Justicia tramitar con el gobierno del Reino Unido la extradición de Zulma Guzmán Castro, requerida por la justicia por su presunta responsabilidad en un caso de homicidio agravado que dejó dos niñas muertas y otras dos personas gravemente afectadas, por ingerir frambuesas envenenadas con talio.Guzmán fue detenida esta semana por las autoridades británicas tras la activación de una notificación roja de Interpol. Su localización se produjo en Londres, a orillas del río Támesis, cerca del puente Battersea, luego de un seguimiento internacional que permitió establecer su salida de Colombia y su paso por varios países de América Latina y Europa.La Fiscalía explicó en la solicitud dirigida al ministro de Justicia, Andrés Ibarraga que, tras abandonar el país, la mujer estuvo en Argentina, Brasil y España, antes de ingresar al Reino Unido en noviembre de este año.La investigación penal se originó luego de la muerte de dos niñas que, junto con otros miembros de su entorno familiar, consumieron frambuesas cubiertas de chocolate que estaban contaminadas con talio, un metal pesado altamente tóxico, incoloro e inodoro. El alimento llegó a la vivienda como un supuesto regalo, entregado por un domiciliario, lo que inicialmente generó confusión sobre el origen del envenenamiento y retrasó la identificación de una causa intencional.Según el expediente judicial, los estudios descartaron por completo un accidente o una contaminación fortuita. El talio habría sido incorporado deliberadamente con la intención de causar daño grave o la muerte a quienes los consumieran. La Fiscalía señala a Zulma Guzmán Castro como la persona que habría gestionado el envío de las frambuesas a la vivienda donde se encontraban las víctimas.De acuerdo con la hipótesis del ente acusador, el caso estaría relacionado con un presunto acto de venganza, motivado por una relación sentimental extramatrimonial que Guzmán habría sostenido con el padre de una de las menores fallecidas. Este aspecto, aunque mencionado en el proceso, continúa siendo materia de investigación y análisis probatorio.Tras conocerse la muerte de las niñas, Guzmán salió del país con destino a Argentina, un hecho que reforzó las sospechas en su contra. Posteriormente, la Fiscalía solicitó una orden de captura ante un juez de control de garantías y tramitó la circular roja de Interpol para facilitar su ubicación y detención en el exterior.En el documento de formalización enviado a las autoridades del Reino Unido, la Fiscalía colombiana expone los hechos, las pruebas recaudadas y los delitos por los cuales es requerida Guzmán, entre ellos homicidio agravado cuando la víctima es menor de edad y tentativa de homicidio. La solicitud se sustenta en tratados de cooperación judicial vigentes entre ambos países.
Gloria Mejía, oriunda de la zona rural de El Concilio, en Salgar, Antioquia, y sobreviviente de los ataques de Carlos Rivera, más conocido como el “monstruo de Tabio”, dio su testimonio en el pódcast Conducta Delictiva, donde relató detalles del ataque que sufrió.La mujer contó que en el pueblo comenzaron a circular rumores sobre hechos extraños relacionados con varias mujeres. “Una mujer de la tercera edad apareció muerta y había sido víctima de violación, ocho días después de que su familia estuviera buscándola”, relató.Según explicó, un año después aumentaron los rumores de ataques sexuales contra mujeres de la zona. Tras registrarse tres casos de muerte con características similares, el pánico se apoderó de la comunidad rural.Cabe recordar que este hombre es señalado de acechar y agredir a más de ocho mujeres en zonas rurales de Colombia entre 2019 y 2024. El sujeto, que solía camuflarse como un trabajador de fincas cafeteras, utilizaba hasta diez identidades falsas para evadir a las autoridades, mientras seleccionaba a sus víctimas —mujeres de diferentes edades— para atacarlas en caminos solitarios durante la madrugada.Gloria relató que aquella madrugada, fue interceptada por un hombre encapuchado que intentó golpearla con un garrote. Sin embargo, tras un forcejeo en el que el agresor cayó al suelo, ella logró huir y alertar a la comunidad.“Él me mandó el garrotazo, pero yo reaccioné de inmediato y con la mano derecha le di un puño, tumbándole el palo que tenía en la mano”, contó.Después del ataque, asumió un rol activo en la búsqueda de justicia, recolectando pruebas como la vestimenta del sospechoso y colaborando en la elaboración de un retrato hablado, el cual fue clave para que los investigadores siguieran su rastro.“Lo cogí del pelo, le quité la camisa y yo pensaba: ‘yo a este lo he visto en alguna parte’. A este hombre yo lo vi sentado en la tienda de la vecina, este hombre fue el que se me fue encima el día de los cumpleaños", recordó.Pese a que el sospechoso fue capturado en 2023 tras un incidente en Tabio, las sobrevivientes denuncian que, aunque presuntamente estaría vinculado a 11 casos de agresiones y feminicidios, actualmente solo estaría cumpliendo condena por un único proceso. Otros expedientes, incluido el de Gloria, habrían sido archivados o descuidados por el ente acusador.
En la tarde de este viernes, 19 de diciembre, fueron legalizadas las capturas de los exministros del gobierno Petro, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, por su presunta vinculación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).Se llevó a cabo la audiencia de legalización de captura contra los exministros de Hacienda Ricardo Bonilla y del Interior Luis Fernando Velasco, quienes, según la Fiscalía, habrían hecho parte de un entramado criminal en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.Bonilla fue capturado minutos después de que finalizara la audiencia en el Tribunal Superior de Bogotá, en donde se conoció que la medida era intramural, es decir, cárcel para ambos exministros del gobierno del presidente Gustavo Petro.Mientras tanto, Luis Fernando Velasco se entregó voluntariamente en Cali, ciudad donde reside actualmente.Durante la diligencia la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría le pidieron a la magistrada Leonor Oviedo, que impartiera legalidad sobre las capturas de Velasco y Bonilla.Asimismo, ambos exministros aseguraron durante la audiencia que al momento de sus capturas les fueron respetadas todas sus garantías procesales.La magistrada Oviedo señaló que los exministros podrían ser traslados a la Cárcel la Picota de Bogotá o al sitio de reclusión que asigne el Inpec.Entre los principales argumentos expuestos por el Tribunal Superior de Bogotá para imponer medida intramural, está la persistencia del riesgo institucional y el estado en el que se encuentra la actuación procesal. La magistrada Aura Alexandra Rosero consideró que la detención domiciliaria no resulta suficiente para neutralizar los riesgos advertidos, al no impedir de manera eficaz la posibilidad de articulación indirecta, influencia institucional o interferencia funcional, propias ,según indicó, de estructuras criminales que operan desde niveles altos de poder y bajo esquemas de aparente legalidad.
La muerte de la jueza Vivian Polanía sigue rodeada de interrogantes. La funcionaria judicial fue encontrada sin vida el pasado miércoles 17 de diciembre en su apartamento, ubicado en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander, junto a su hija de apenas dos meses de nacida, quien fue hallada en buen estado de salud.De acuerdo con el primer reporte entregado por las autoridades, el cuerpo de la jueza fue encontrado en su habitación, sobre la cama y cubierto con una cobija. “En la habitación donde residía la jueza la encontramos muerta en su cama, arropada, y al lado se encontraba un bebé de aproximadamente un mes y medio”, explicó el coronel Fabio Ojeda en diálogo con Mañanas Blu.La Policía indicó que, en una primera inspección, el cuerpo no presentaba signos visibles de violencia. No obstante, fue trasladado a Medicina Legal, entidad que deberá establecer con exactitud las causas del fallecimiento. Las autoridades también señalaron que la menor habría permanecido cerca de 12 horas sin recibir alimento antes de ser encontrada.Vivian Polanía contaba con un esquema de protección asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP), debido a su labor como jueza. Según se informó, la última comunicación que sostuvo fue alrededor de las 8:00 de la noche del día anterior a su muerte.Mientras avanzan las investigaciones, Luis Alexander Maldonado, abogado y amigo cercano de la jueza, entregó detalles sobre el contexto personal y profesional de Polanía. En sus declaraciones, destacó que la funcionaria había recibido múltiples amenazas por sus decisiones judiciales. “Ella tenía muchas amenazas por ser jueza de procesos contra bandas criminales. Negaba beneficios a integrantes de organizaciones delincuenciales. Por eso tenía esquema de protección. Era una jueza incorruptible”, afirmó.Maldonado también recordó que Polanía fue jueza de garantías en el caso de los responsables del asesinato del periodista Jaime Vásquez, un proceso de alto impacto que reforzó su perfil como funcionaria estricta frente al crimen organizado.El abogado rechazó las versiones que apuntan a un posible suicidio y aseguró que la jueza atravesaba un buen momento personal. “Ella estaba feliz con su bebé. Decir que se suicidó no tiene sentido. Vivía en un conjunto cerrado, al que era muy difícil que alguien ingresara. Será Medicina Legal quien determine realmente qué ocurrió”, señaló.Finalmente, frente a la circulación de unos audios en los que la jueza hablaba de presuntos conflictos con una expareja, Maldonado aclaró que esa situación ya había sido superada. “En las grabaciones se refiere a problemas de convivencia con una expareja, pero entiendo que eso ya se había solucionado”, aseguró en declaraciones a El Tiempo.
La decisión de la JEP hace parte del macrocaso que investiga las ejecuciones extrajudiciales cometidas por integrantes del Batallón de Artillería No. 2 La Popa, en el Cesar, entre 2002 y 2005, periodo durante el cual la jurisdicción acreditó la participación de miembros del Ejército en homicidios presentados como bajas en combate.El fallo también incluyó medidas de reparación simbólica dirigidas a las víctimas y a sus familias.Declaración de la defensa:Tras la notificación del fallo, el equipo jurídico del coronel Mejía afirmó que presentará y sustentará el recurso de apelación ante la JEP, al no estar conforme con la decisión de la Sala.“Lo siguiente en el caso del coronel Mejía ante la Jurisdicción Especial para la Paz es la presentación y sustentación del recurso de apelación a la sentencia que hoy nos fue notificada a las partes y al país. Este recurso será interpuesto por la defensa al no encontrarnos conformes con la decisión adoptada por la sala”, indicó la defensa.El abogado reiteró que el oficial no es responsable de los hechos por los cuales fue condenado y aseguró que la defensa acudirá a todos los mecanismos judiciales disponibles para que se le respete el debido proceso y su inocencia.“Tenemos muy claro que si él hubiese sido responsable de las conductas por las que fue condenado, la JEP tiene mecanismos para conceder beneficios a quienes aceptan esa responsabilidad y sin duda hubiese acudido a ellos. Pero reiteramos: él no es responsable y, por consiguiente, seguiremos en ese debate para demostrar su inocencia”, agregó la defensa.Medidas reparativas ordenadas por la JEP:Además de la condena, la sentencia dispuso un conjunto de medidas simbólicas de reparación. Entre ellas, ordenó al Ministerio de Defensa revocar las condecoraciones y felicitaciones otorgadas al coronel Publio Hernán Mejía por los resultados operacionales vinculados con los hechos representativos del patrón de macrocriminalidad probado en la sentencia.Asimismo, la JEP ordenó que, en coordinación con el comandante de la Segunda División del Ejército, se realice un acto público de petición de perdón en nombre de las Fuerzas Militares, en la ciudad de Valledupar, con la participación de las víctimas indirectas reconocidas en el proceso y la presencia del ministro de Defensa, el comandante del Ejército Nacional, y los comandantes de la Segunda División, la Décima Brigada y el Batallón La Popa.
La Fiscalía General de la Nación desarticuló una red criminal trasnacional dedicada al almacenamiento y distribución de material sexual explícito de niños, niñas y adolescentes, que operaba a través de plataformas de mensajería instantánea y tenía alcance en varios países de América Latina y Europa.La operación se realizó en coordinación con el Centro Cibernético Policial y la Comunidad de Policías de América y es que de acuerdo con la investigación, liderada por una fiscal de la Seccional Bogotá, la estructura ilegal utilizaba una aplicación de mensajería en la que participaban cerca de 100 personas ubicadas en España, Paraguay, Brasil, Ecuador, Perú, Honduras y Colombia.A través de ese canal se compartieron más de 1.275 videos y 539 imágenes que evidencian graves vulneraciones contra menores de entre 5 y 10 años.En las diligencias de registro y allanamiento realizadas en Cali, Medellín y Barranquilla, las autoridades capturaron a tres presuntos integrantes de la red e incautaron dispositivos electrónicos que contienen material probatorio relacionado con abusos sexuales y otras agresiones contra la integridad y formación sexual de menores de edad.Los detenidos fueron presentados ante un juez de control de garantías por fiscales de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes y les fue imputado el delito de pornografía con menor de 18 años.Se trata de Óscar Luis Espejo Vanegas, Darwin Steven Lara y Juan José Silva Vásquez, quienes no aceptaron los cargos y deberán estar recluidos en la cárcel mientras avanza el proceso.
La decisión del Tribunal Superior de Bogotá de mantener la detención intramural de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, pese a la apelación presentada por sus defensas, dejó a ambos privados de la libertad mientras avanza el proceso por el escándalo de corrupción en la UNGRD. Es así como Bonilla permanece en el búnker de la Fiscalía en Bogotá y Velasco en una sede de la Dijín en Cali, tras una determinación que, aunque fue inicialmente solicitada como domiciliaria por la Fiscalía, terminó siendo más severa.Desde la defensa del exministro de Hacienda, el abogado penalista Mauricio Pava insistió en que la medida de aseguramiento no puede interpretarse como una condena anticipada. “La decisión de la magistrada es preliminar, precautelativa, no es la imposición de una pena anticipada”, aseguró, al tiempo que recalcó que el eje central del proceso debe ser la presunción de inocencia. Según explicó, una vez el ciudadano entra a los estrados judiciales, “todo lo que se discute legítimamente por fuera, en los medios o en el debate público, queda afuera”.Pava fue enfático en señalar que la discusión de fondo apenas comienza y que las conclusiones de la magistrada responden a una valoración inicial. “Esto se tiene que analizar en el juicio. Para nosotros, los abogados litigantes, la presunción de inocencia es estructural en el debate jurídico”, afirmó, dejando claro que la defensa no comparte la tesis de la Fiscalía según la cual Bonilla habría hecho parte de una organización criminal.Al referirse a los hechos concretos del caso, el abogado sostuvo que existen tres grandes ejes en la investigación y que, a su juicio, ninguno compromete penalmente a su defendido. “El tema de los carrotanques de La Guajira no tiene nada que ver con el profesor Bonilla. El de los maletines, tampoco. Y el tercero es una hipótesis de la Fiscalía que nosotros hemos denominado, de manera prosaica, una tentativa de ‘mermelada’”, explicó. Esa hipótesis, agregó, fue acogida preliminarmente por la magistrada, pero tiene un amplio campo de discusión jurídica.Frente a los delitos imputados —concierto para delinquir, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos—, Pava precisó que se trata de interpretaciones sobre conversaciones y actuaciones administrativas que deberán ser controvertidas en juicio. “No es que las pruebas hablen por sí solas; lo que existe es la interpretación que cada parte hace de ellas: la Fiscalía, la magistrada, la defensa”, señaló.El abogado también defendió la actuación personal de Bonilla durante el proceso. Recordó que renunció a su cargo y que se comprometió a comparecer ante la justicia como cualquier ciudadano. “Ha encarado este proceso con integridad y dignidad, asistiendo a todas las diligencias y asumiendo las consecuencias de las decisiones judiciales”, dijo.Sobre la sorpresa que generó la decisión de enviarlo a la cárcel, pese a que la Fiscalía y la Procuraduría habían solicitado detención domiciliaria, Pava aseguró que no le resultó inesperada. “Llevo 30 años en el ejercicio profesional y he visto posiciones muy estrictas de los jueces. No estamos de acuerdo, por eso recurrimos, pero no me sorprendió”, afirmó.
La JEP condenó al coronel en retiro Hernán Mejía a 20 años de prisión por 72 casos de falsos positivos que se dieron mientras él comando el Batallón La Popa con sede en Valledupar.“Declarar al coronel (r) Publio Hernán Mejía Gutierrez penalmente responsable por los hechos ocurridos mientras se desempeñaba como comandante del Batallón de Artilleria La Popa No 2 de Valledupar como coautor de los delitos que se cometieron en el marco de la primera modalidad del patron de macrocriminalidad consistente en una alianza entre el ilegal aparato organizado de poder bajo su mando con el Frente Mártires del Cesar de las Autodefensas Unidas de Colombia”, señala la JEP.Las conductas punibles que cometió Mejia, según la JEP, son homicidio en persona protegida, tortura en persona protegida y desaparición forzada, entre otros.El coronel en retiro Hernán Mejía deberá cumplir una pena de 20 años de prisión y no se le concederá prisión domiciliaria ni medidas alternativas.Es importante recordar que Mejia ha negado su responsabilidad en estos casos de falsos positivos y tuvo que enfrentar un juicio en la JEP.Esta es la primera condena de la JEP en la que un compareciente enfrenta la cárcel.
La Fiscalía General de la Nación imputó el delito de homicidio agravado a José Eduardo Chalá, un taxista que, en estado de embriaguez, atropelló a 11 personas el pasado 8 de noviembre en el barrio Santa Rita, localidad de San Cristóbal, en el sur de Bogotá.De acuerdo con la Fiscalía, las pruebas indican que el conductor se movilizaba a exceso de velocidad y presentaba grado tres de alcoholemia, condición certificada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Estas circunstancias, según el ente acusador habrían provocado que perdiera el control del vehículo y embistiera a un grupo de peatones.El taxista fue capturado en flagrancia y judicializado inicialmente por los delitos de homicidio en grado de tentativa y lesiones personales dolosas, cargos que aceptó en su momento.Esta nueva imputación se da luego de que el 11 de noviembre, una de las víctimas, menor de 15 años, falleciera debido a la gravedad de las lesiones.José Eduardo Chala seguirá en la cárcel mientras avanza el proceso en su contra por este caso que generó gran indignación.Las inspecciones realizadas en el sitio del accidente y los elementos probatorios recolectados mostraron que el conductor perdió el control del vehículo debido a su estado de embriaguez, impactó a varios peatones que se encontraban en una esquina y terminó colisionando contra la fachada de una vivienda.
La muerte de los artistas colombianos Bayron Sánchez Salazar, conocido como B King, y DJ Regio Clown en México ha generado conmoción y grandes sospechas sobre posibles vínculos con el crimen organizado en la región. Los cuerpos de los artistas, hallados asesinados en Cocotitlán el pasado 17 de septiembre, llegaron a Medellín (vía el aeropuerto José María Córdova de Rionegro) para sus exequias, programadas para la tarde del pasado jueves en el cementerio Campos de Paz. La Fiscalía de México mantiene activa la investigación, con la hipótesis de un posible vínculo con el Cártel de la Familia Michoacana. Aunque la versión preliminar sugiere que el doble homicidio podría tratarse de un "ajuste de cuentas" relacionado con el tráfico de estupefacientes en discotecas, la madre de B King, Adriana Salazar, ha expresado su creencia de que su hijo fue asesinado por estar "en el lugar equivocado".Las autoridades mexicanas han centrado su atención en una lujosa propiedad de 2.000 metros en el municipio de Texcoco, la cual estaría directamente relacionada con los momentos previos a la tragedia. En esta residencia fue encontrado un vehículo Mercedes que, según cámaras de seguridad, transportó a B King y a DJ Regio Clown luego de que ambos salieran de un gimnasio en la colonia Polanco de Ciudad de México. Este hallazgo forma parte de un proceso judicial en curso que busca esclarecer los hechos. Mientras tanto, la familia del cantante manifiesta dudas sobre la naturaleza de la invitación que llevó a B King a México.Tras la confirmación de las muertes, el foco estuvo sobre la DJ y empresaria Marcela Reyes, exesposa de B King, por lo que sus abogados emitieron un comunicado para desvincularla de cualquier responsabilidad en el caso.En una entrevista con La Red de Caracol Televisión, la DJ habló por primera vez de estas acusaciones. Según dijo, "cuando nos separamos, yo estaba convencida de que Byron volvería, pero pasaron tres o cuatro meses y no lo hizo”.La mujer explicó que aunque los mensajes que intercambiaron posteriormente fueron interpretados por el artista como una amenaza, la realidad es que “era un mensaje de cordialidad, no de agresión. Incluso por esos chats fue que él y yo acordamos el divorcio".Además, Reyes confirmó que el hombre había interpuesto una demanda por violencia intrafamiliar y su comunicación era únicamente por Valentino, su hijo. Frente a los señalamientos en su contra, la mujer quiso narrar cómo había vivido esos días. Según dijo, cuando supo sobre la desaparición: “Al principio pensé que era mentira, luego creí que lo tenían secuestrado, pero que eventualmente lo dejarían ir".Añadió que ella está dispuesta a colaborar con las autoridades, sin embargo nadie se ha puesto en contacto. Sobre el motivo de la muerte de B King, la mujer respondió que "estaba en el momento equivocado con la persona equivocada".
En un operativo desarrollado por el Gaula Militar Tolima, en coordinación con la Sexta Brigada del Ejército Nacional, fue capturada en el parque principal de Ataco una mujer identificada como Estefanía Serrano Manrique, acusada de extorsionar a ciudadanos haciéndose pasar por integrante de un grupo armado ilegal.“En el municipio de Ataco, el Gaula Militar Tolima, unidad adscrita a la Sexta Brigada del Ejército Nacional, capturó en el parque principal a una mujer requerida por orden judicial por el delito de extorsión agravada. La capturada se hacía pasar por integrante de una estructura al margen de la ley, realizando llamadas intimidantes a habitantes del departamento de Boyacá, a quienes exigía grandes sumas de dinero a cambio de no atentar contra sus vidas. Una de las víctimas que interpuso la denuncia alcanzó a transferirle 4 millones de pesos a una cuenta bancaria”, dijo el capitán Ariel Peña Reyes, comandante (e) del Gaula Militar Tolima.De acuerdo con las investigaciones, Estefanía Serrano Manrique contactaba a sus víctimas en el departamento de Boyacá a través de llamadas telefónicas intimidantes, en las que aseguraba pertenecer a una organización guerrillera. Bajo amenazas de atentar contra sus vidas, les exigía cuantiosas sumas de dinero.Una de las víctimas alcanzó a transferirle cuatro millones de pesos antes de presentar la denuncia ante las autoridades, lo que permitió iniciar el seguimiento que derivó en la captura de la presunta delincuente.Serrano Manrique era requerida por orden judicial por el delito de extorsión agravada y fue dejada a disposición de la Fiscalía Segunda Especializada.“Gracias al seguimiento realizado por las tropas, fue posible ubicar a la presunta extorsionista en el sur del Tolima y efectuar su captura. La mujer fue puesta a disposición de la Fiscalía Segunda Especializada por el delito de extorsión agravada”, agregó.Tras su captura en el municipio de Ataco, Estefanía Serrano Manrique fue presentada ante las autoridades judiciales, donde un juez constitucional le impuso una condena de ocho años de prisión por el delito de extorsión agravada.La mujer deberá cumplir la pena en una institución carcelaria, luego de que el juez determinara su responsabilidad en los hechos por los que fue procesada, relacionados con exigencias económicas bajo amenazas mientras se hacía pasar por integrante de un grupo armado ilegal.“Se invita a la comunidad a denunciar el flagelo de la extorsión y el secuestro a través de la línea gratuita 147 del Gaula Militar”, puntualizó el oficial.El Gaula Militar Tolima informó que continúan las investigaciones para determinar si la mujer estaría vinculada a otros casos similares registrados en diferentes regiones del país.
Las autoridades colombianas expulsaron este viernes al narcotraficante ecuatoriano Rolando Federico Gómez Quinde, alias 'Fede', quien fue detenido el jueves en una operación policial en la ciudad de Medellín (noroeste).Migración Colombia señaló en un comunicado que "aplicó la medida de expulsión al ciudadano ecuatoriano Rolando Federico Gómez Quinde, conocido como alias 'Fede', capturado en Medellín gracias a un operativo de la Policía Nacional de Colombia, en coordinación con autoridades ecuatorianas"."Tal como lo anunció el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta en X, el individuo fue hallado en posesión de documentos de identidad con diferentes nombres, situación que confirmaba su condición de fugitivo de la justicia de su país", agregó la información.El criminal fue trasladado desde Medellín, capital del departamento de Antioquia, al aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá, donde "en la tarde del viernes 3 de octubre se le notificó formalmente la medida administrativa de expulsión del territorio nacional", precisó Migración Colombia.Fede, quien es líder de la banda Los Águilas, se fugó este año de la Penitenciaría del Litoral de Guayaquil, la prisión más grande y peligrosa del país, con la aparente ayuda de miembros de las fuerzas de seguridad.El criminal está acusado de ser el sucesor de José Adolfo Macías Villamar, alias 'Fito', el criminal más buscado de Ecuador y líder de Los Choneros, la banda más grande y antigua que opera en el país.Su detención, explicó el director de la Policía colombiana, general Carlos Fernando Triana, "puso fin a diez años de historial criminal de uno de los mayores dinamizadores del tráfico de drogas desde Ecuador y Colombia hacia Estados Unidos"."El fugitivo se encontraba en la capital antioqueña generando alianzas multicriminales con cabecillas locales e internacionales para establecer nuevas rutas de tráfico de estupefacientes", agregó el oficial.
La decisión recae sobre el coronel en retiro Abdón Enrique Melo Ramírez y el mayor Peter Steven Nocua Henao, tras la recopilación de testimonios, comunicaciones y publicaciones de prensa que hicieron parte de la investigación.Según la procuraduría, entre septiembre y octubre de 2023 los dos oficiales habrían recibido dinero y otros beneficios relacionados con nombramientos dentro de la Policía Fiscal y Aduanera en las ciudades de Pereira y Cartagena, tras una reunión sostenida con Diego Marín alias 'Papá Pitufo', el llamado zar del contrabando.En este contexto, el ente de control llamó a juicio a los dos policías. En el caso del mayor Nocua, quien para ese periodo era jefe de la División de Control Operativo en Cartagena, se le atribuye la presunta comisión de cohecho propio, por lo cual además se ordenó su suspensión preventiva provisional por tres meses sin remuneración.Por su parte, al coronel retirado Melo, quien ejercía como jefe de la División de Control Operativo en Pereira, se le señala de haber incurrido en cohecho impropio, considerado falta gravísima cuando se comete de manera dolosa.De acuerdo con la procuraduría, esta sanción disciplinaria tiene aplicación inmediata y no admite recurso alguno.
La Corte Suprema de Justicia admitió para estudio la acción de tutela interpuesta por Carlos Ramón González Merchán contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, al considerar que en el proceso penal que lo involucra podrían haberse vulnerado sus derechos fundamentales. Sin embargo, el alto tribunal rechazó de manera expresa la solicitud del accionante de suspender provisionalmente la circular roja de Interpol que pesa en su contra.Esta acción fue presentada luego de que,el tribunal ratificó que Ramón González, exjefe del Dapre, debe ir a prisión por el escándalo de la UNGRD al considerarse que la libertad de González sí representaría un importante riesgo para la investigación y la comparecencia del proceso. El exalto funcionario es requerido por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos, al ser el aparente cerebro en el direccionamiento irregular de contratos y coimas al Congreso.Según la fiscal del caso, a finales de 2023 González habría coordinado con Olmedo López y Sandra Ortiz para entregar dinero a los congresistas Iván Name y Andrés Calle, entonces presidentes del Senado y la Cámara, respectivamente, para que votaran a favor de las reformas del Gobierno.Por ahora, la acción de tutela continuará en trámite, mientras la circular roja contra González permanece vigente. La decisión final dependerá del análisis que realice la Corte sobre los presuntos hechos de vulneración a los derechos fundamentales alegados por el accionante.
La Corte Constitucional, mediante sentencia, estableció que las personas que fueron compañeros permanentes sí pueden reclamar una cuota alimentaria aun después de terminar la relación, sin necesidad de acreditar la unión con documentos estrictos, como escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial.El caso llegó al alto tribunal por la tutela de ‘Camila’, quien convivió durante 20 años con ‘Pedro’, con quien tuvo dos hijos y sufrió episodios de violencia. Tras la separación, solicitó una cuota alimentaria, pero un juzgado se la negó al considerar que no había pruebas legales suficientes de la unión marital.En este caso, la Corte Constitucional consideró esa interpretación indebida y precisó que la existencia de la unión puede demostrarse bajo el principio de libertad probatoria.Entre los medios de prueba válidos se incluyen declaraciones de testigos, interrogatorios, registros civiles de los hijos, constancias de afiliación a la seguridad social, fotografías, publicaciones en redes sociales o peritajes.El tribunal también aclaró que la obligación alimentaria entre excompañeros no depende de la comunidad de bienes, sino, por ejemplo, del deber de reparación cuando existen antecedentes de violencia de género.En su decisión, la Corte dejó sin efecto el fallo que negó la cuota alimentaria y ordenó al juzgado emitir una nueva decisión teniendo en cuenta todas las pruebas. Además, dispuso que el Consejo Superior de la Judicatura divulgue esta jurisprudencia para evitar interpretaciones restrictivas en futuros casos.