La Fiscalía General de la Nación avanzó en la recuperación de recursos públicos presuntamente desviados en el escándalo de Centros Poblados al imponer medidas de extinción de dominio sobre 23 inmuebles que harían parte del patrimonio de algunos de los implicados en las irregularidades del contrato para llevar internet a escuelas rurales del país.Blu Radio conoció el listado de los bienes afectados, avaluados en más de 65.900 millones de pesos, que estarían vinculados a los hechos irregulares detectados en el contrato suscrito entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y la Unión Temporal Centros Poblados. De acuerdo con la investigación, estas propiedades habrían sido adquiridas con recursos provenientes de las actuaciones ilícitas identificadas en el proceso de contratación y del anticipo que fue entregado de manera irregular.Entre los bienes cobijados por las medidas cautelares se encuentran cinco inmuebles a nombre de la congresista Saray Robayo, actual esposa de Emilio José Tapia Aldana, uno de los principales vinculados al caso. Dentro de estos activos figuran un penthouse ubicado en un edificio de Coveñas; un lote localizado en el municipio de San Bernardo del Viento, en el departamento de Córdoba; y el predio conocido como El Chinchorro, en Montería.Las medidas de extinción de dominio también alcanzaron un inmueble de propiedad de la exministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Karen Abudinen. El bien afectado corresponde a un apartamento ubicado en la ciudad de Barranquilla, sobre el cual la Fiscalía impuso una medida cautelar en atención a decisiones de responsabilidad fiscal proferidas por la Contraloría General de la República en el marco del mismo proceso.Según el director de Extinción del Derecho de Dominio, José Iván Caro, los 23 bienes afectados están distribuidos en los departamentos de Cundinamarca, Atlántico, Córdoba, Sucre, Risaralda y Nariño. El portafolio de activos incluye predios urbanos y rurales, parqueaderos, establecimientos de comercio y participaciones societarias, todos bajo análisis de las autoridades judiciales.Los elementos materiales probatorios recaudados por la Fiscalía indican que parte de estos bienes habría sido adquirida mediante la mezcla de recursos lícitos con dineros de origen ilícito, lo que dio lugar a la aplicación de las causales legales de equivalencia, mezcla y destinación. Además, la investigación estableció que las sociedades que integraron la Unión Temporal Centros Poblados habrían sido utilizadas como instrumento para la comisión de las irregularidades contractuales.
La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares con fines de extinción del derecho de dominio sobre 23 bienes que harían parte del patrimonio de varios de los presuntos responsables del escándalo de corrupción conocido como el caso Centros Poblados, relacionado con el fallido contrato para llevar internet a escuelas rurales del país.La decisión cobija bienes que pertenecerían a Emilio Tapia, Juan José Laverde, Ottomar Lascarro, Luis Fernando Duque y algunos de sus familiares, todos señalados de haber tenido participación en las irregularidades detectadas en el contrato suscrito entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y la Unión Temporal Centros Poblados.De acuerdo con el director de Extinción del Derecho de Dominio, José Iván Caro, los bienes afectados superan los 65.900 millones de pesos y se encuentran ubicados en los departamentos de Cundinamarca, Atlántico, Córdoba, Sucre, Risaralda y Nariño. Entre los activos objeto de la medida se encuentran predios urbanos y rurales, parqueaderos, establecimientos de comercio y participaciones societarias.Según los elementos materiales probatorios recaudados por la Fiscalía, estas propiedades habrían sido adquiridas con recursos provenientes de las actuaciones ilícitas identificadas en el proceso de contratación, así como del anticipo que fue recibido de manera irregular por la Unión Temporal Centros Poblados. El contrato tenía como objetivo la instalación de centros digitales en 16 departamentos del país, iniciativa que finalmente no se ejecutó conforme a lo pactado.En el desarrollo de la investigación, el ente acusador determinó que parte de los bienes fueron obtenidos mediante la combinación de recursos de origen lícito con dineros producto de actividades ilícitas, lo que dio lugar a la aplicación de las causales de equivalencia, mezcla y destinación previstas en la legislación de extinción de dominio. Además, se estableció que las sociedades que integraron la Unión Temporal habrían sido utilizadas como instrumento para la comisión de las irregularidades contractuales.De manera adicional, y en atención a decisiones de responsabilidad fiscal emitidas por la Contraloría General de la República, la Fiscalía también impuso una medida cautelar sobre un inmueble de propiedad de la exministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Karen Abudinen, en el marco del mismo proceso.Las medidas fueron adoptadas por un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, tras establecerse la imposibilidad de ubicar la totalidad de los recursos desviados en el contrato de Centros Poblados. Con esta actuación, la Fiscalía busca recuperar bienes que, presuntamente, fueron adquiridos con dineros públicos y garantizar su eventual incorporación al patrimonio del Estado, mientras avanzan los procesos judiciales contra los responsables del entramado de corrupción.
La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, información detallada y actualizada sobre el proceso de cesión de la posición contractual en el bloque gasífero Sinú-9, un contrato que ha generado alertas por presuntas irregularidades que incluyen señalamientos de tráfico de influencias, ocultamiento de accionistas y posibles vacíos en la cadena de titularidad de los intereses económicos.El ente de control recordó que el contrato de Exploración y Producción de Hidrocarburos E&P No. 25, correspondiente al área Sinú-9, ha registrado múltiples operaciones desde su adjudicación en 2014. Según la Procuraduría, en este periodo se han presentado diversos negocios jurídicos que involucran compra y venta de participaciones e incrementos en los porcentajes de inversión.El requerimiento fue elevado por la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, en el marco de actuaciones preventivas relacionadas con la transferencia de la participación mayoritaria del contrato. Actualmente, la multinacional Maurel & Prom (M&P) firmó para adquirir el 61 por ciento de la licencia de exploración y producción del bloque Sinú-9, lo que activó la revisión del órgano de control.El bloque Sinú-9 ha estado en el centro de la atención pública por la mención del inversionista Serafino Iacono, empresario del sector de petróleo y gas, quien también ha sido relacionado con la venta del apartamento 901 a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, un negocio por el cual la Fiscalía ya avanzó con el interrogatorio, para establecer si la compra del apartamento que hizo Roa al empresario Iacono se hizo de manera legal o si detrás de la transacción pudo haber existido una estrategia para comprometer presuntamente contratos de Ecopetrol antes de que Roa asumiera la presidencia de la compañía.Sin embargo, en un comunicado, el empresario Iacono ha señalado que ya no hace parte de la administración de NG Energy, empresa que en 2017 adquirió una participación en Sinú-9 mediante acuerdos con Clean Energy.En la solicitud, la Procuraduría advirtió que en las solicitudes recibidas se exponen presuntas irregularidades asociadas a la titularidad real de los intereses económicos, la sucesión de cesiones contractuales y el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. Por ello, señaló la necesidad de contar con información integral que permita tener un panorama completo de la situación jurídica, contractual y administrativa tanto del contrato como del trámite de cesión en curso.En ese sentido, la Procuraduría solicitó a la ANH un informe detallado que consigne, de manera cronológica, todas las modificaciones en las participaciones de los contratistas del bloque, incluyendo la identificación de cada uno de los inversionistas que han tenido vínculo con el contrato. El requerimiento también abarca a aquellos cuya participación no es visible para el mercado, pero cuyos contratos reposan en los registros de la Agencia.Adicionalmente, el procurador Marcio Melgosa pidió establecer si la ANH ha adelantado actuaciones para verificar el estado procesal actual de los procesos judiciales relacionados con el contrato de Sinú-9, así como las pretensiones formuladas y el posible impacto que podrían tener sobre la cesión de participación actualmente en trámite.La ANH cuenta con un plazo de cinco días hábiles para responder el requerimiento de la Procuraduría. Hasta tanto no se emita un pronunciamiento posterior del órgano de control, la definición sobre la cesión de la participación en el bloque Sinú-9 quedará en suspenso, en un proceso que ahora es objeto de vigilancia preventiva por parte del Ministerio Público.
El caso de Zulma Guzmán Castro se remonta a abril de este año en Bogotá, cuando un regalo terminó convertido en una tragedia. Dos menores de edad, identificadas como Inés de Bedout, de 14 años, y Emilia Forero, de 13, fallecieron tras consumir frambuesas cubiertas con chocolate que fueron enviadas a su vivienda a través de un servicio de mensajería.Las investigaciones establecieron que las frutas contenían talio, un metal pesado altamente tóxico, incoloro e inodoro, que habría sido introducido de manera intencional. La sustancia no solo causó la muerte de las menores, sino que también afectó la salud de otros dos integrantes de la familia.Según la hipótesis de la Fiscalía, el doble homicidio estaría motivado por una venganza personal, relacionada con una presunta relación sentimental extramatrimonial que la empresaria habría sostenido con el padre de una de las víctimas.Tras la muerte de las niñas, Guzmán Castro abandonó el país y emprendió una huida por varios países de Suramérica y Europa, entre ellos Argentina, Brasil y España, hasta ingresar finalmente al Reino Unido el pasado 11 de noviembre.La ubicación de la sospechosa en Londres se logró gracias a un detalle clave: en una transmisión de video se le observó consumiendo agua embotellada de una marca que solo se comercializa en territorio británico. Días después, cerca del puente de Battersea, fue rescatada del río Támesis por la Policía Metropolitana, tras un presunto intento de suicidio.Actualmente, la Fiscalía General de la Nación formalizó ante el Gobierno británico la solicitud de extradición para que responda en Colombia por los delitos de homicidio agravado y tentativa de homicidio.De acuerdo con una investigación revelada por el diario El Tiempo, el pasado 6 de abril de 2025, cuando Forero ya había fallecido y la otra niña, De Bedout, permanecía en estado crítico en una clínica, Zulma Guzmán habría comprado nuevos paquetes de frambuesas.El primer pedido se realizó a la 1:53 de la tarde y, dos horas después, habría efectuado un segundo encargo que incluía frambuesas, tomates, cebollas y aguacates, por un valor total de 29.900 pesos.Sobre la recepción de estos pedidos, un detective entrevistado por El Tiempo indicó que Juan De Bedout —quien reconoció haber sostenido una relación extramatrimonial con Guzmán— fue interrogado. “Solo se tienen nombres, no apellidos. El señor manifestó desconocer si las receptoras pertenecen o no a su entorno, aunque admitió conocer al menos a una persona con uno de esos nombres”, señaló el investigador.Cabe recordar que Zulma Guzmán ha asegurado que dichas compras correspondían a su dieta personal y ha negado de manera reiterada cualquier responsabilidad en la muerte de las menores.
Los siete soldados asesinados en el atentado del ELN en Aguachica eran jóvenes que, además de cumplir su misión, adelantaban su formación académica en el Batallón de Infantería N.° 14 Capitán Antonio Ricaurte, donde validaban primaria y bachillerato en modalidad presencial y virtual.Con un acto solemne y cargado de emotividad, la Segunda División del Ejército Nacional rindió honores militares a los siete soldados, adscritos a la Quinta Brigada, quienes perdieron la vida en un atentado terrorista atribuido al ELN en Aguachica, Cesar, mientras cumplían labores operacionales en el nororiente del país.El coronel Gerson Iván Molina Cortés, comandante de la Quinta Brigada, señaló que el Ejército activó los protocolos de acompañamiento a las familias y que los cuerpos fueron trasladados a sus ciudades de origen con apoyo de la Aviación del Ejército. Asimismo, aseguró que continúan las operaciones militares para afectar de manera contundente a la estructura responsable del ataque.Durante la ceremonia, familiares, compañeros de armas y mandos militares recordaron a los uniformados caídos, exaltados por la institución como “Héroes por Siempre”, y reiteraron el acompañamiento integral a sus familias.Soldados asesinadosJaime Alejandro Cárdenas Ramírez, oriundo de El Zulia, Norte de Santander, con 7 años de servicio.Mateo Pino Pulgarín, de Medellín, Antioquia, con 2 años de servicio.Juan David Pérez Vides, de Sahagún, Córdoba, con 2 años de servicio.Kevin Andrés Méndez Torres, de Puerto Escondido, Córdoba, con 2 años de servicio.Jhon Fredy Moreno Sierra, de San Benito Abad, Sucre, con 2 años de servicio.Jorge Mario Orozco Díaz, de Puerto Escondido, Córdoba, con 2 años de servicio.Brandon Daniel Valderrama Martínez, oriundo de Bucaramanga, Santander, con apenas 4 meses de servicio.El atentado fue perpetrado mediante el uso de drones y artefactos explosivos tipo cilindro contra la unidad militar ubicada en el sector de El Juncal, en Aguachica, ataque que dejó además varios soldados heridos y generó enfrentamientos en la zona.Las autoridades reiteraron que las acciones ofensivas se mantendrán en la región, mientras el país rinde homenaje a los soldados caídos en cumplimiento del deber.
El Paisita Día continúa posicionándose como uno de los juegos de azar más seguidos en Colombia, especialmente en Antioquia, donde miles de personas consultan a diario sus resultados con la expectativa de acertar la combinación ganadora.Para una amplia comunidad de jugadores, este chance representa más que una apuesta ocasional: es una costumbre arraigada que combina emoción, expectativa y la ilusión de cambiar la suerte con cada número que sale.Número ganador de Paisita Día hoy, domingo 21 de diciembre de 2025El número ganador del chance Paisita Día de este domingo 21 de diciembre de 2025 es el 3285 - 4 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.Número ganador: 3285Dos últimas cifras: 85Tres últimas cifras: 285La quinta: 4Horario del sorteoUno de los factores que ha fortalecido la confianza de los apostadores es la puntualidad del Paisita Día. El sorteo se realiza de manera constante en los siguientes horarios, que se mantienen sin cambios:De lunes a sábado: 1:00 p. m.Domingos y festivos: 2:00 p. m.Esta regularidad convierte al sorteo en un momento clave del día para muchos jugadores, que lo integran fácilmente a su rutina diaria.Modalidades de juegoEl Paisita Día ofrece diversas modalidades, lo que permite que tanto jugadores habituales como nuevos participantes encuentren una forma de apostar acorde a sus preferencias. Cada modalidad brinda distintas posibilidades de acierto:4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.4 cifras combinado: las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden.3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.3 cifras combinado: las tres cifras pueden aparecer en cualquier orden.2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra del número ganador.Esta variedad mantiene el juego dinámico, flexible y atractivo para todo tipo de apostadores.Valor de las apuestasOtro de los puntos fuertes del Paisita Día es su accesibilidad económica. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000 pesos, lo que permite a cada jugador participar según su presupuesto, sin dejar de vivir la emoción del chance.Cómo reclamar un premioEl proceso para reclamar un premio del Paisita Día es claro y seguro. El ganador debe presentar:El tiquete original en buen estado.Documento de identidad original y una fotocopia legible.Dependiendo del valor del premio, expresado en UVT, se pueden solicitar requisitos adicionales:Menor a 48 UVT: documentos básicos.Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT diligenciado.Más de 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente (con máximo 30 días de expedición).Gracias a su combinación de tradición, emoción y facilidad de acceso, el Paisita Día se mantiene como uno de los juegos de azar más representativos del país, ofreciendo cada día una nueva oportunidad para soñar con la suerte y ganar.
El Chontico Día continúa siendo uno de los sorteos de chance más tradicionales y consultados del Valle del Cauca, gracias a una trayectoria que le ha permitido ganarse la confianza de miles de jugadores. Su mecánica sencilla, la variedad de modalidades y la expectativa que genera cada tarde lo han convertido en una cita habitual para quienes siguen de cerca sus resultados con la ilusión de un golpe de suerte. Aquí puede ver el sorteo en vivo:Resultados del Chontico Día hoyEl número ganador del chance Chontico Día de este domingo 21 de diciembre de 2025 es el 3285 - 4 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.Número ganador: 3285Dos últimas cifras: 85Tres últimas cifras: 285La quinta: 4Modalidades de juego del Chontico DíaUno de los mayores atractivos del Chontico Día es la diversidad de modalidades de apuesta, diseñadas para adaptarse tanto a jugadores frecuentes como a quienes participan de forma ocasional. Cada opción combina intuición, probabilidad y azar:4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.3 cifras directo: coincidencia exacta con las tres últimas cifras.3 cifras combinado: las cifras pueden aparecer en cualquier orden.2 cifras (pata): acertar exactamente las dos cifras finales.1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra del resultado.Esta variedad permite que cada apostador elija la modalidad que mejor se ajuste a su estilo de juego y nivel de experiencia.¿Cuánto cuesta jugar al Chontico Día?El Chontico Día se destaca por su bajo costo de participación, ya que las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000. Esto lo convierte en una alternativa accesible para distintos presupuestos, sin necesidad de realizar grandes inversiones.¿Cómo reclamar un premio del Chontico Día?El proceso para cobrar un premio es claro y se realiza en puntos de pago autorizados. El ganador debe presentar:El tiquete original en buen estado.El documento de identidad y una fotocopia legible.Dependiendo del valor del premio, calculado en Unidades de Valor Tributario (UVT), pueden solicitarse requisitos adicionales:Menos de 48 UVT: documentos básicos.Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT.Más de 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente, con una antigüedad no mayor a 30 días.Con reglas claras y una dinámica fácil de entender, el Chontico Día sigue consolidándose como uno de los sorteos más apreciados del Valle del Cauca, reuniendo cada tarde a miles de personas que esperan que la suerte esté de su lado en el próximo resultado.
Colombia cierra 2025 entre la incertidumbre económica, el deterioro del orden público y un ambiente político cada vez más tenso. El anuncio del Gobierno de querer decretar una emergencia económica para recaudar recursos que no logró vía reforma tributaria abrió un nuevo debate sobre la institucionalidad, la separación de poderes y la transparencia en la toma de decisiones.Ese escenario fue analizado este 21 de diciembre en Sala de Prensa por la profesora de la Universidad de Los Andes, María Margarita Zuleta, quien hizo una lectura crítica del momento que atraviesa el país. Para la académica, la combinación entre inseguridad, problemas fiscales y decisiones excepcionales sin explicaciones claras está profundizando la desconfianza ciudadana justo antes de un año electoral.En medio de ese análisis, Zuleta fue contundente al referirse al decreto de emergencia económica: “La ausencia de transparencia frente al razonamiento que tiene el Gobierno para decretarla es un poco como tomadera de pelo”. La analista cuestionó que, al momento del anuncio, no se conocieran los considerandos del decreto, es decir, los argumentos que justificarían una medida extraordinaria de ese calibre.Emergencia económica y falta de transparencia en el GobiernoZuleta recordó que, según múltiples expertos, no se identifica una circunstancia sobreviniente o una calamidad reciente que sustente jurídicamente la emergencia. “No conocemos los considerandos del decreto”, insistió, al advertir que esa opacidad debilita la legitimidad de la decisión y podría llevar a que la Corte Constitucional la tumbe.A su juicio, el hecho de que el Congreso haya negado la reforma tributaria no puede presentarse como un hecho inesperado. El último año de gobierno, dijo, históricamente es complejo para aprobar reformas estructurales, por lo que decretar una emergencia en ese contexto agrava el choque entre el Ejecutivo y las demás ramas del poder.'Paca' Zuleta advierte problemas en el gasto público y eficiencia del EstadoMás allá de los nuevos impuestos planteados, la profesora puso el foco en un problema estructural. “Al Gobierno no le interesa la eficiencia del gasto público ni la eficiencia de las políticas públicas”, afirmó, al señalar que existen recursos que se aprueban pero no se ejecutan de manera adecuada ni en los tiempos previstos.Zuleta subrayó que el debate no debería limitarse a recaudar más, sino a garantizar que el dinero público se invierta con rigor, planeación y resultados concretos para los ciudadanos. De lo contrario, advirtió, se seguirán repitiendo crisis fiscales que terminan resolviéndose con medidas excepcionales.El análisis también incluyó la situación de orden público, marcada por la reciente ofensiva del ELN y el temor de muchas comunidades. Para la académica, el país vive una sensación de “vuelta al pasado”, con ciudadanos preguntándose si pueden viajar o si su vida está garantizada.Ese contexto, sumado a la emergencia económica y a los escándalos de corrupción, deja un cierre de año complejo y un 2026 cargado de incertidumbre, donde la confianza en las instituciones será uno de los principales retos.
El año 2025 está a pocos días de terminar y, con ello, vuelve una de las preguntas habituales entre los colombianos: ¿cómo serán los incrementos que llegarán en 2026? Arriendos, productos básicos, pensiones escolares, afiliaciones y el mercado hacen parte de los gastos que mes a mes impactan el bolsillo de millones de hogares.Aunque todavía no se ha definido el aumento del salario mínimo, debido a las diferencias entre el Gobierno, los gremios de trabajadores y el sector empresarial, ya existen variables que permiten tener una idea de lo que vendrá el próximo año. Muchos reajustes empiezan a regir desde el 1 de enero, por lo que resulta clave entender cómo estos cambios afectarán las finanzas personales.En el caso del arriendo, el aumento está directamente ligado a la inflación y al Índice de Precios al Consumidor (IPC). La Ley 820 de 2003 establece que el incremento máximo permitido en el canon de arrendamiento debe ser equivalente a la inflación del año inmediatamente anterior, cifra certificada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).Incremento del canon de arrendamiento en 2026: lo que dice la leyLa normativa es clara: el aumento del canon de arrendamiento no puede superar el IPC. De acuerdo con los datos del DANE, hasta noviembre de 2025 la inflación se ubica en 5,30 %, cifra que sirve como referencia preliminar para el ajuste en 2026.Esto significa que los propietarios no pueden aplicar incrementos por encima de ese porcentaje. Hacerlo podría derivar en sanciones, ya que se estaría incumpliendo lo establecido por la ley. Con base en ese 5,30 %, estos serían algunos ejemplos de cómo quedaría el arriendo:Un canon de $1.000.000 tendría un aumento aproximado de $53.000, para un total de $1.053.000.Si el arriendo es de $2.000.000, el incremento sería de $106.000, quedando en $2.106.000.En el caso de un canon de $3.000.000, el aumento sería de $159.000, para un total de $3.159.000.No obstante, todavía falta conocer el IPC definitivo de diciembre, cifra que será la que determine oficialmente el porcentaje de aumento permitido para el arriendo en 2026.Por qué sube el arriendo cada año y cuándo se aplica el aumentoEl incremento del arriendo no es una decisión arbitraria. En Colombia, el ajuste anual está atado a la inflación, con el objetivo de mantener el valor real del canon frente al aumento general de precios. Según la Ley 820 de 2003, el arriendo solo puede subir una vez al año y conforme al IPC del año anterior.Con las proyecciones actuales, muchos arrendatarios ya hacen cuentas. El Banco de la República estima que la inflación podría cerrar cerca del 5,1 %, mientras otros análisis la ubican alrededor del 5,5 %. Por ahora, el dato oficial se mantiene en 5,3 %.Un punto clave es que el aumento no se aplica automáticamente el 1 de enero. El nuevo valor solo puede cobrarse cuando finalice el contrato de arrendamiento. Es decir, si el contrato vence el 10 de marzo de 2026, desde esa fecha empezaría a regir el incremento del canon.
Un caso de violencia intrafamiliar ocurrido en Ciudad de México el pasado 23 de agosto de 2023 volvió a causar conmoción luego de que Pamela Rivera reconstruyera los hechos que terminaron en el asesinato de su madre y su abuela, y con la muerte posterior de su padre, Óscar Rivera, exbeisbolista profesional.Rivera tuvo una destacada trayectoria deportiva, con paso por organizaciones como los Dodgers y la liga mexicana. Sin embargo, tras su retiro del deporte profesional, su situación personal se deterioró progresivamente. Según el testimonio de su hija en el podcast Vos Podés, el ascenso laboral de su esposa, quien comenzó a ocupar cargos directivos, coincidió con una etapa marcada por depresión, consumo desmedido de alcohol y episodios de violencia psicológica y física.La convivencia familiar se agravó durante el confinamiento por la pandemia, periodo en el que, de acuerdo con Pamela, las discusiones constantes y las conductas de control se intensificaron. A pesar del entorno violento, su madre no logró alejarse del agresor, en parte por un sentimiento de compasión. “Mi mamá decía que lo quería dejar pero nunca lo pudo dejar porque decía ‘Ay pobrecito ¿a dónde se va a ir, qué va a hacer de su vida?’”, relató.La mañana del 23 de agosto, Pamela despertó tras escuchar gritos provenientes del interior del apartamento. Al salir de su habitación encontró a su abuela, de 78 años, amarrada con un cinturón y sin conocimiento. Al intentar intervenir, su padre se encerró bajo llave en la habitación principal del inmueble.Mientras las autoridades eran alertadas, Rivera envió un mensaje de texto a su hija, en el que se despedía y daba indicaciones sobre los bienes familiares. Pamela recordó el contenido del mensaje: “Me manda un mensaje larguísimo pidiendo disculpas... ‘perdóname flaquita, lo que hice no es su culpa, ni de mis hermanos. Esto es de ustedes, un terreno, la casa, es de ustedes’”.Cuando la policía logró ingresar a la vivienda, halló sin vida a la madre y a la abuela. De acuerdo con las autoridades, la madre habría sido agredida físicamente antes de recibir un disparo, mientras que la abuela murió tras ser golpeada con la cacha del arma cuando intentó defender a su hija.El agresor fue trasladado a un centro asistencial, donde permaneció en estado vegetal durante siete días. Falleció el 31 de agosto. El hecho dejó a Pamela y a su hermana menor, de nueve años, enfrentando un proceso legal por la sucesión de bienes.Además del impacto emocional, Pamela aseguró haber sido blanco de señalamientos en redes sociales y críticas por parte de familiares que la responsabilizaron por no haber evitado la tragedia. Hoy, afirma que su prioridad es la recuperación emocional y visibilizar la importancia de la atención oportuna en salud mental. “Muchas cosas se hubieran arreglado o calmado si hubieran prestado atención... ¿qué tal si en vez de las drogas y el alcohol hubiera sido la terapia o el amor propio?”, reflexionó.
La Fiscalía solicitó al Ministerio de Justicia tramitar con el gobierno del Reino Unido la extradición de Zulma Guzmán Castro, requerida por la justicia por su presunta responsabilidad en un caso de homicidio agravado que dejó dos niñas muertas y otras dos personas gravemente afectadas, por ingerir frambuesas envenenadas con talio.Guzmán fue detenida esta semana por las autoridades británicas tras la activación de una notificación roja de Interpol. Su localización se produjo en Londres, a orillas del río Támesis, cerca del puente Battersea, luego de un seguimiento internacional que permitió establecer su salida de Colombia y su paso por varios países de América Latina y Europa.La Fiscalía explicó en la solicitud dirigida al ministro de Justicia, Andrés Ibarraga que, tras abandonar el país, la mujer estuvo en Argentina, Brasil y España, antes de ingresar al Reino Unido en noviembre de este año.La investigación penal se originó luego de la muerte de dos niñas que, junto con otros miembros de su entorno familiar, consumieron frambuesas cubiertas de chocolate que estaban contaminadas con talio, un metal pesado altamente tóxico, incoloro e inodoro. El alimento llegó a la vivienda como un supuesto regalo, entregado por un domiciliario, lo que inicialmente generó confusión sobre el origen del envenenamiento y retrasó la identificación de una causa intencional.Según el expediente judicial, los estudios descartaron por completo un accidente o una contaminación fortuita. El talio habría sido incorporado deliberadamente con la intención de causar daño grave o la muerte a quienes los consumieran. La Fiscalía señala a Zulma Guzmán Castro como la persona que habría gestionado el envío de las frambuesas a la vivienda donde se encontraban las víctimas.De acuerdo con la hipótesis del ente acusador, el caso estaría relacionado con un presunto acto de venganza, motivado por una relación sentimental extramatrimonial que Guzmán habría sostenido con el padre de una de las menores fallecidas. Este aspecto, aunque mencionado en el proceso, continúa siendo materia de investigación y análisis probatorio.Tras conocerse la muerte de las niñas, Guzmán salió del país con destino a Argentina, un hecho que reforzó las sospechas en su contra. Posteriormente, la Fiscalía solicitó una orden de captura ante un juez de control de garantías y tramitó la circular roja de Interpol para facilitar su ubicación y detención en el exterior.En el documento de formalización enviado a las autoridades del Reino Unido, la Fiscalía colombiana expone los hechos, las pruebas recaudadas y los delitos por los cuales es requerida Guzmán, entre ellos homicidio agravado cuando la víctima es menor de edad y tentativa de homicidio. La solicitud se sustenta en tratados de cooperación judicial vigentes entre ambos países.
Gloria Mejía, oriunda de la zona rural de El Concilio, en Salgar, Antioquia, y sobreviviente de los ataques de Carlos Rivera, más conocido como el “monstruo de Tabio”, dio su testimonio en el pódcast Conducta Delictiva, donde relató detalles del ataque que sufrió.La mujer contó que en el pueblo comenzaron a circular rumores sobre hechos extraños relacionados con varias mujeres. “Una mujer de la tercera edad apareció muerta y había sido víctima de violación, ocho días después de que su familia estuviera buscándola”, relató.Según explicó, un año después aumentaron los rumores de ataques sexuales contra mujeres de la zona. Tras registrarse tres casos de muerte con características similares, el pánico se apoderó de la comunidad rural.Cabe recordar que este hombre es señalado de acechar y agredir a más de ocho mujeres en zonas rurales de Colombia entre 2019 y 2024. El sujeto, que solía camuflarse como un trabajador de fincas cafeteras, utilizaba hasta diez identidades falsas para evadir a las autoridades, mientras seleccionaba a sus víctimas —mujeres de diferentes edades— para atacarlas en caminos solitarios durante la madrugada.Gloria relató que aquella madrugada, fue interceptada por un hombre encapuchado que intentó golpearla con un garrote. Sin embargo, tras un forcejeo en el que el agresor cayó al suelo, ella logró huir y alertar a la comunidad.“Él me mandó el garrotazo, pero yo reaccioné de inmediato y con la mano derecha le di un puño, tumbándole el palo que tenía en la mano”, contó.Después del ataque, asumió un rol activo en la búsqueda de justicia, recolectando pruebas como la vestimenta del sospechoso y colaborando en la elaboración de un retrato hablado, el cual fue clave para que los investigadores siguieran su rastro.“Lo cogí del pelo, le quité la camisa y yo pensaba: ‘yo a este lo he visto en alguna parte’. A este hombre yo lo vi sentado en la tienda de la vecina, este hombre fue el que se me fue encima el día de los cumpleaños", recordó.Pese a que el sospechoso fue capturado en 2023 tras un incidente en Tabio, las sobrevivientes denuncian que, aunque presuntamente estaría vinculado a 11 casos de agresiones y feminicidios, actualmente solo estaría cumpliendo condena por un único proceso. Otros expedientes, incluido el de Gloria, habrían sido archivados o descuidados por el ente acusador.
En la tarde de este viernes, 19 de diciembre, fueron legalizadas las capturas de los exministros del gobierno Petro, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, por su presunta vinculación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).Se llevó a cabo la audiencia de legalización de captura contra los exministros de Hacienda Ricardo Bonilla y del Interior Luis Fernando Velasco, quienes, según la Fiscalía, habrían hecho parte de un entramado criminal en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.Bonilla fue capturado minutos después de que finalizara la audiencia en el Tribunal Superior de Bogotá, en donde se conoció que la medida era intramural, es decir, cárcel para ambos exministros del gobierno del presidente Gustavo Petro.Mientras tanto, Luis Fernando Velasco se entregó voluntariamente en Cali, ciudad donde reside actualmente.Durante la diligencia la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría le pidieron a la magistrada Leonor Oviedo, que impartiera legalidad sobre las capturas de Velasco y Bonilla.Asimismo, ambos exministros aseguraron durante la audiencia que al momento de sus capturas les fueron respetadas todas sus garantías procesales.La magistrada Oviedo señaló que los exministros podrían ser traslados a la Cárcel la Picota de Bogotá o al sitio de reclusión que asigne el Inpec.Entre los principales argumentos expuestos por el Tribunal Superior de Bogotá para imponer medida intramural, está la persistencia del riesgo institucional y el estado en el que se encuentra la actuación procesal. La magistrada Aura Alexandra Rosero consideró que la detención domiciliaria no resulta suficiente para neutralizar los riesgos advertidos, al no impedir de manera eficaz la posibilidad de articulación indirecta, influencia institucional o interferencia funcional, propias ,según indicó, de estructuras criminales que operan desde niveles altos de poder y bajo esquemas de aparente legalidad.
La muerte de la jueza Vivian Polanía sigue rodeada de interrogantes. La funcionaria judicial fue encontrada sin vida el pasado miércoles 17 de diciembre en su apartamento, ubicado en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander, junto a su hija de apenas dos meses de nacida, quien fue hallada en buen estado de salud.De acuerdo con el primer reporte entregado por las autoridades, el cuerpo de la jueza fue encontrado en su habitación, sobre la cama y cubierto con una cobija. “En la habitación donde residía la jueza la encontramos muerta en su cama, arropada, y al lado se encontraba un bebé de aproximadamente un mes y medio”, explicó el coronel Fabio Ojeda en diálogo con Mañanas Blu.La Policía indicó que, en una primera inspección, el cuerpo no presentaba signos visibles de violencia. No obstante, fue trasladado a Medicina Legal, entidad que deberá establecer con exactitud las causas del fallecimiento. Las autoridades también señalaron que la menor habría permanecido cerca de 12 horas sin recibir alimento antes de ser encontrada.Vivian Polanía contaba con un esquema de protección asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP), debido a su labor como jueza. Según se informó, la última comunicación que sostuvo fue alrededor de las 8:00 de la noche del día anterior a su muerte.Mientras avanzan las investigaciones, Luis Alexander Maldonado, abogado y amigo cercano de la jueza, entregó detalles sobre el contexto personal y profesional de Polanía. En sus declaraciones, destacó que la funcionaria había recibido múltiples amenazas por sus decisiones judiciales. “Ella tenía muchas amenazas por ser jueza de procesos contra bandas criminales. Negaba beneficios a integrantes de organizaciones delincuenciales. Por eso tenía esquema de protección. Era una jueza incorruptible”, afirmó.Maldonado también recordó que Polanía fue jueza de garantías en el caso de los responsables del asesinato del periodista Jaime Vásquez, un proceso de alto impacto que reforzó su perfil como funcionaria estricta frente al crimen organizado.El abogado rechazó las versiones que apuntan a un posible suicidio y aseguró que la jueza atravesaba un buen momento personal. “Ella estaba feliz con su bebé. Decir que se suicidó no tiene sentido. Vivía en un conjunto cerrado, al que era muy difícil que alguien ingresara. Será Medicina Legal quien determine realmente qué ocurrió”, señaló.Finalmente, frente a la circulación de unos audios en los que la jueza hablaba de presuntos conflictos con una expareja, Maldonado aclaró que esa situación ya había sido superada. “En las grabaciones se refiere a problemas de convivencia con una expareja, pero entiendo que eso ya se había solucionado”, aseguró en declaraciones a El Tiempo.
La decisión de la JEP hace parte del macrocaso que investiga las ejecuciones extrajudiciales cometidas por integrantes del Batallón de Artillería No. 2 La Popa, en el Cesar, entre 2002 y 2005, periodo durante el cual la jurisdicción acreditó la participación de miembros del Ejército en homicidios presentados como bajas en combate.El fallo también incluyó medidas de reparación simbólica dirigidas a las víctimas y a sus familias.Declaración de la defensa:Tras la notificación del fallo, el equipo jurídico del coronel Mejía afirmó que presentará y sustentará el recurso de apelación ante la JEP, al no estar conforme con la decisión de la Sala.“Lo siguiente en el caso del coronel Mejía ante la Jurisdicción Especial para la Paz es la presentación y sustentación del recurso de apelación a la sentencia que hoy nos fue notificada a las partes y al país. Este recurso será interpuesto por la defensa al no encontrarnos conformes con la decisión adoptada por la sala”, indicó la defensa.El abogado reiteró que el oficial no es responsable de los hechos por los cuales fue condenado y aseguró que la defensa acudirá a todos los mecanismos judiciales disponibles para que se le respete el debido proceso y su inocencia.“Tenemos muy claro que si él hubiese sido responsable de las conductas por las que fue condenado, la JEP tiene mecanismos para conceder beneficios a quienes aceptan esa responsabilidad y sin duda hubiese acudido a ellos. Pero reiteramos: él no es responsable y, por consiguiente, seguiremos en ese debate para demostrar su inocencia”, agregó la defensa.Medidas reparativas ordenadas por la JEP:Además de la condena, la sentencia dispuso un conjunto de medidas simbólicas de reparación. Entre ellas, ordenó al Ministerio de Defensa revocar las condecoraciones y felicitaciones otorgadas al coronel Publio Hernán Mejía por los resultados operacionales vinculados con los hechos representativos del patrón de macrocriminalidad probado en la sentencia.Asimismo, la JEP ordenó que, en coordinación con el comandante de la Segunda División del Ejército, se realice un acto público de petición de perdón en nombre de las Fuerzas Militares, en la ciudad de Valledupar, con la participación de las víctimas indirectas reconocidas en el proceso y la presencia del ministro de Defensa, el comandante del Ejército Nacional, y los comandantes de la Segunda División, la Décima Brigada y el Batallón La Popa.
La Fiscalía General de la Nación desarticuló una red criminal trasnacional dedicada al almacenamiento y distribución de material sexual explícito de niños, niñas y adolescentes, que operaba a través de plataformas de mensajería instantánea y tenía alcance en varios países de América Latina y Europa.La operación se realizó en coordinación con el Centro Cibernético Policial y la Comunidad de Policías de América y es que de acuerdo con la investigación, liderada por una fiscal de la Seccional Bogotá, la estructura ilegal utilizaba una aplicación de mensajería en la que participaban cerca de 100 personas ubicadas en España, Paraguay, Brasil, Ecuador, Perú, Honduras y Colombia.A través de ese canal se compartieron más de 1.275 videos y 539 imágenes que evidencian graves vulneraciones contra menores de entre 5 y 10 años.En las diligencias de registro y allanamiento realizadas en Cali, Medellín y Barranquilla, las autoridades capturaron a tres presuntos integrantes de la red e incautaron dispositivos electrónicos que contienen material probatorio relacionado con abusos sexuales y otras agresiones contra la integridad y formación sexual de menores de edad.Los detenidos fueron presentados ante un juez de control de garantías por fiscales de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes y les fue imputado el delito de pornografía con menor de 18 años.Se trata de Óscar Luis Espejo Vanegas, Darwin Steven Lara y Juan José Silva Vásquez, quienes no aceptaron los cargos y deberán estar recluidos en la cárcel mientras avanza el proceso.
La decisión del Tribunal Superior de Bogotá de mantener la detención intramural de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, pese a la apelación presentada por sus defensas, dejó a ambos privados de la libertad mientras avanza el proceso por el escándalo de corrupción en la UNGRD. Es así como Bonilla permanece en el búnker de la Fiscalía en Bogotá y Velasco en una sede de la Dijín en Cali, tras una determinación que, aunque fue inicialmente solicitada como domiciliaria por la Fiscalía, terminó siendo más severa.Desde la defensa del exministro de Hacienda, el abogado penalista Mauricio Pava insistió en que la medida de aseguramiento no puede interpretarse como una condena anticipada. “La decisión de la magistrada es preliminar, precautelativa, no es la imposición de una pena anticipada”, aseguró, al tiempo que recalcó que el eje central del proceso debe ser la presunción de inocencia. Según explicó, una vez el ciudadano entra a los estrados judiciales, “todo lo que se discute legítimamente por fuera, en los medios o en el debate público, queda afuera”.Pava fue enfático en señalar que la discusión de fondo apenas comienza y que las conclusiones de la magistrada responden a una valoración inicial. “Esto se tiene que analizar en el juicio. Para nosotros, los abogados litigantes, la presunción de inocencia es estructural en el debate jurídico”, afirmó, dejando claro que la defensa no comparte la tesis de la Fiscalía según la cual Bonilla habría hecho parte de una organización criminal.Al referirse a los hechos concretos del caso, el abogado sostuvo que existen tres grandes ejes en la investigación y que, a su juicio, ninguno compromete penalmente a su defendido. “El tema de los carrotanques de La Guajira no tiene nada que ver con el profesor Bonilla. El de los maletines, tampoco. Y el tercero es una hipótesis de la Fiscalía que nosotros hemos denominado, de manera prosaica, una tentativa de ‘mermelada’”, explicó. Esa hipótesis, agregó, fue acogida preliminarmente por la magistrada, pero tiene un amplio campo de discusión jurídica.Frente a los delitos imputados —concierto para delinquir, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos—, Pava precisó que se trata de interpretaciones sobre conversaciones y actuaciones administrativas que deberán ser controvertidas en juicio. “No es que las pruebas hablen por sí solas; lo que existe es la interpretación que cada parte hace de ellas: la Fiscalía, la magistrada, la defensa”, señaló.El abogado también defendió la actuación personal de Bonilla durante el proceso. Recordó que renunció a su cargo y que se comprometió a comparecer ante la justicia como cualquier ciudadano. “Ha encarado este proceso con integridad y dignidad, asistiendo a todas las diligencias y asumiendo las consecuencias de las decisiones judiciales”, dijo.Sobre la sorpresa que generó la decisión de enviarlo a la cárcel, pese a que la Fiscalía y la Procuraduría habían solicitado detención domiciliaria, Pava aseguró que no le resultó inesperada. “Llevo 30 años en el ejercicio profesional y he visto posiciones muy estrictas de los jueces. No estamos de acuerdo, por eso recurrimos, pero no me sorprendió”, afirmó.
La JEP condenó al coronel en retiro Hernán Mejía a 20 años de prisión por 72 casos de falsos positivos que se dieron mientras él comando el Batallón La Popa con sede en Valledupar.“Declarar al coronel (r) Publio Hernán Mejía Gutierrez penalmente responsable por los hechos ocurridos mientras se desempeñaba como comandante del Batallón de Artilleria La Popa No 2 de Valledupar como coautor de los delitos que se cometieron en el marco de la primera modalidad del patron de macrocriminalidad consistente en una alianza entre el ilegal aparato organizado de poder bajo su mando con el Frente Mártires del Cesar de las Autodefensas Unidas de Colombia”, señala la JEP.Las conductas punibles que cometió Mejia, según la JEP, son homicidio en persona protegida, tortura en persona protegida y desaparición forzada, entre otros.El coronel en retiro Hernán Mejía deberá cumplir una pena de 20 años de prisión y no se le concederá prisión domiciliaria ni medidas alternativas.Es importante recordar que Mejia ha negado su responsabilidad en estos casos de falsos positivos y tuvo que enfrentar un juicio en la JEP.Esta es la primera condena de la JEP en la que un compareciente enfrenta la cárcel.
La Corte Constitucional, mediante sentencia, estableció que las personas que fueron compañeros permanentes sí pueden reclamar una cuota alimentaria aun después de terminar la relación, sin necesidad de acreditar la unión con documentos estrictos, como escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial.El caso llegó al alto tribunal por la tutela de ‘Camila’, quien convivió durante 20 años con ‘Pedro’, con quien tuvo dos hijos y sufrió episodios de violencia. Tras la separación, solicitó una cuota alimentaria, pero un juzgado se la negó al considerar que no había pruebas legales suficientes de la unión marital.En este caso, la Corte Constitucional consideró esa interpretación indebida y precisó que la existencia de la unión puede demostrarse bajo el principio de libertad probatoria.Entre los medios de prueba válidos se incluyen declaraciones de testigos, interrogatorios, registros civiles de los hijos, constancias de afiliación a la seguridad social, fotografías, publicaciones en redes sociales o peritajes.El tribunal también aclaró que la obligación alimentaria entre excompañeros no depende de la comunidad de bienes, sino, por ejemplo, del deber de reparación cuando existen antecedentes de violencia de género.En su decisión, la Corte dejó sin efecto el fallo que negó la cuota alimentaria y ordenó al juzgado emitir una nueva decisión teniendo en cuenta todas las pruebas. Además, dispuso que el Consejo Superior de la Judicatura divulgue esta jurisprudencia para evitar interpretaciones restrictivas en futuros casos.
La Fiscalía General de la Nación imputó al vicealmirante en retiro José Ricardo Hurtado Chacón, quien fue comandante de la Fuerza de Tareas contra el Narcotráfico N.°73 en Urabá, por su presunta participación en la liberación irregular de tres hombres capturados mientras transportaban 530 kilogramos de clorhidrato de cocaína en el Golfo de Morrosquillo.De acuerdo con el ente acusador, los hechos se remontan al 29 de noviembre de 2015, cuando unidades de la Armada, con apoyo de la Fuerza Aérea, detectaron e interceptaron una lancha tipo go fast que se dirigía a Centroamérica. En el procedimiento fueron capturados un ciudadano hondureño y dos colombianos.Sin embargo, al día siguiente, el entonces vicealmirante Hurtado Chacón habría ordenado verbalmente que los detenidos quedaran en libertad, la destrucción de documentos oficiales que soportaban la flagrancia y la omisión de la identidad de los tripulantes de la lancha.“Al ordenar la libertad de capturados y con el fin de ocultar a las autoridades judiciales, determinó mediante orden verbal, a su subalterno a destruir los documentos elaborados digital y físicamente, que certificaban el procedimiento de incautación de una embarcación, la sustancias estupefaciente y la aprehensión de los presuntos responsables”, aseguró el fiscal encargado en la audiencia.El expediente judicial también da cuenta de que el oficial presuntamente permitió que un capitán de la Policía Nacional asumiera de manera irregular las funciones de policía judicial en el caso, desplazando a los uniformados de la unidad naval responsable del operativo.Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia imputó a Hurtado Chacón por los delitos de prevaricato por acción agravado, destrucción, supresión u ocultamiento de documento público, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal. El oficial retirado no aceptó los cargos.
La Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y las víctimas le pidieron a la Corte Suprema de Justicia, dejar en firme la condena de 6 años que profirió el Tribunal Superior de Bogotá contra el exmagistrado Camilo Tarquino por el delito de concusión por el denominado 'cartel de la toga'. Tarquino, habría solicitado dinero al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, con el fin de interferir en los procesos penales que se adelantaban en su contra.En la tarde de este jueves se llevó a cabo en la Sala de Casación una audiencia de sustentación en donde el exmagistrado Tarquino pide tumbar la condena de 6 años de cárcel en su contra por el Cartel de la Toga. Incluso, Camilo Tarquino asistió presencialmente al Palacio de Justicia e hizo una corta intervención ante los magistrados tras las intervenciones de la Fiscalía y Procuraduría."He asistido a todas las audiencias que este proceso ha demandado, y esta no ha sido la excepción, lamentable para mí porque es doloroso y penoso asistir en calidad de procesado en esta Corte donde permanecí 20 años. Pero tengan la seguridad, que nunca le falté a esta Corte que nunca la deshonré ni como magistrado ni como abogado en ejercicio durante el corto lapso en que ejercí la profesión. Creo en la justicia quiero decirles que soy inocente", fue la reaparición pública de Tarquino.Y es que de acuerdo con la investigación llevada a cabo por la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema, Tarquino sostuvo varias reuniones con Lyons entre septiembre y octubre de 2014, en un apartamento del norte de Bogotá y en al menos dos de esas reuniones, el exmagistrado habría pedido dinero para facilitar acercamientos con personas que “podrían evitar que las actuaciones judiciales en su contra avanzaran”.Tarquino fue condenado en mayo de 2023 a seis años de prisión, además del pago de una multa equivalente a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes y 60 meses de inhabilidad para ejercer cargos públicos por el escándalo judicial que sacudió al país conocido como el “Cartel de la Toga”, por el que hoy hay otros dos ex magistrados presos (Francisco Ricaurte y Gustavo Malo) y otro siendo enjuiciado (José Leónidas Bustos).
El rechazo de Asonal surge a raíz de un mensaje publicado por el presidente Petro en la red social X, en el cual, según Diego Escobar, "lanza acusaciones de filtración de información hacia una precandidata presidencial". Adicionalmente, el mandatario hizo una "celebración bastante inoportuna" al determinar que la "compañera Lucila Borde" fue quien "ejecutó tal filtración".La postura de Asonal no busca otra cosa que solicitarle al presidente de la República que "no ejerza presiones o intromisión frente a al actuar de la Fiscalía General de la Nación". Escobar enfatizó que este tipo de pronunciamientos son necesarios para resguardar la institucionalidad.Rechazo a la intervención presidencial y defensa de la autonomía judicialEl presidente de Asonal subrayó la importancia de la independencia judicial, una defensa que la organización ha ejercido históricamente sin importar quién esté en el poder.Sobre el principio rector que motiva su comunicado, Escobar fue enfático: "consideramos que la majestad de la justicia no puede permitirse a la manipulación o presión indebida de agentes externos". Esta defensa se basa en la convicción de que la administración de justicia está sustentada sobre sólidos principios y valores.Escobar explicó la misión de Asonal en este contexto: "La administración de justicia en este país está soportada sobre principios y valores no solamente constitucionales, sino éticos y morales, por parte de nuestros compañeros jueces y fiscales. Y esa es la defensa que hoy nosotros hacemos como una organización defensora de los derechos humanos, pero, también, de la garantía legal y constitucional de la autonomía del administrador de justicia".Un patrón históricoEl problema de la intromisión en los procesos judiciales, según Escobar, es una constante en Colombia, especialmente desde el 2002. La asociación ha denunciado esta práctica en anteriores ocasiones, involucrando a diversos sectores de poder, incluyendo altos mandos militares, la cúpula eclesial y gobernadores.Consultado sobre por qué Asonal actuó de manera tan vehemente en el caso de la fiscal Lucila Borde, a diferencia de cuando el exfiscal Burgos denunció presiones, Escobar aclaró que la acción se da cuando tienen conocimiento público y directo de los hechos. "Ningún funcionario público puede cargarse a favor de una parte o estar en contra de la de la siguiente parte. Por eso por eso la administración de justicia es la que sostiene la democracia en este país", concluyó Escobar, reafirmando el papel vital del sistema judicial en la estabilidad nacional.Escuche aquí la entrevista:
Este 1 de octubre, un juez de control de garantías ordenó la detención en centro carcelario del mayor Pedro Nel Jiménez Cárdenas, el sargento segundo Cristian Padilla Villanueva y Luisa Fernanda Salgado Fernández, señalados de participar en un entramado ilegal para infiltrar una unidad militar y acceder a información reservada relacionada con la seguridad del presidente Gustavo Petro.Durante el allanamiento a la vivienda de Salgado Fernández, las autoridades hallaron un arma traumática que, según los investigadores, la mujer utilizaba para dar mayor credibilidad a su falsa identidad de capitán del Ejército y asistir a reuniones de alto nivel en las que se planeaban operaciones contra redes de tráfico de drogas y armas, principalmente en Bogotá.De acuerdo con inteligencia militar y la Dijín de la Policía, Salgado contó con la complicidad del mayor Pedro Nel Jiménez Cárdenas, quien al momento de su captura se desempeñaba como enlace entre el Ejército y la Alcaldía Mayor de Bogotá. Investigadores revelaron que Jiménez Cárdenas había sido edecán de la vicepresidenta Francia Márquez y, meses antes, integró el Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas Número 5, lo que le habría permitido acceder a información estratégica y facilitar el ingreso de la falsa capitán para realizar presunto espionaje al Batallón Guardia Presidencial, responsable de la seguridad del presidente Petro.La Fiscalía General de la Nación indicó que los dos militares permitieron que Salgado Fernández participara en reuniones de inteligencia y conociera procedimientos confidenciales sobre operaciones contra estructuras delincuenciales en Bogotá y Cundinamarca, comprometiendo información de seguridad nacional.Los tres procesados fueron imputados por concierto para delinquir agravado, simulación de investidura, revelación de secreto y fraude procesal.
Hace más de un año el nombre de Blessd se convirtió en uno de los más escuchados en todo el país, por no mencionar que, tal vez, el más, pero en este inicio de octubre de 2025 su nombre se volvió viral no por su música, sino por una grave denuncia en su contra por supuesta y amenazas de tortura en contra de Pirlo, otro artista colombiano.Un episodio violento en el que habrían resultado afectados el mánager del artista Pirlo, Iván Andrés Galindo Navia, y varios miembros de su equipo de trabajo. La acusación incluye delitos como secuestro simple, lesiones personales y amenazas de muerte.De acuerdo con la versión oficial, Stiven Mesa Londoño, nombre real del artista, habría citado el 21 de mayo de 2024 a Pirlo y su equipo a un exclusiva casa en el sector de Las Palmas en Medellín en donde fueron intimidades por hombres encapuchados, que los obligaron a quitarse la ropa debido a que, según el cantante, ellos le habrían robado algunas joyas y dinero. Allí, habrían sido recibidos por el artistas, su mánager 'Dímelo Jara', su jefe de seguridad y un grupo de hombres encapuchados. El motivo del encuentro, de acuerdo con la denuncia, fue una acusación de robo.Galindo sostiene que durante la reunión fueron despojados de sus teléfonos móviles, golpeados y obligados a entregar claves de acceso a sus dispositivos. También asegura que los hicieron desnudarse y que una mujer, vestida con elementos de protección, les practicó pruebas de sangre. Además, relata que recibieron amenazas de mutilación y de muerte si no aceptaban el supuesto hurto o si llegaban a denunciar lo sucedido.Tras permanecer retenidos por alrededor de hora y media, las víctimas fueron liberadas con la advertencia de guardar silencio. Posteriormente, Galindo interpuso la denuncia y pidió a la Fiscalía que verifique la ubicación de sus celulares para demostrar que estuvieron en el lugar señalado.El equipo legal de Blessd ha rechazado estos señalamientos y asegura que se trata de acusaciones sin fundamento. Mientras tanto, la Fiscalía adelanta diligencias como entrevistas, valoraciones médicas y recolección de pruebas para determinar si procede una imputación formal. El caso ya cuenta con seguimiento del Tribunal Superior de Medellín.