El Ministerio de Justicia se pronunció sobre el pedido de extradición a Reino Unido de Zulma Guzmán, señalada de estar detrás del envenenamiento que causó la muerte de dos menores de edad en Bogotá con talio y quien fue capturada en ese país el pasado martes.Ante esto, el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, señaló que Reino Unido aún no da el beneplácito para que Zulma Guzmán sea traída de vuelta al país.“Estamos precisamente esperando que dicho beneplácito se dé esta semana para que ya sea cuestión de coordinación entre las entidades del orden nacional de Colombia y del Reino Unido, porque recuerden que ese tipo de situaciones tienen una coordinación de máximo cinco horas. Si todo sale bien, el Gobierno del Reino Unido ya nos dé la autorización para que sea traída a Colombia”, dijo.Ante la pregunta de si existe la posibilidad de que Zulma Guzmán sea extraditada a Colombia antes de que finalice el año, el ministro de Justicia (e) aseguró que ello depende de si la defensa de ella interpone algún recurso.“Esperaríamos que antes de que termine el año llegara, eso está, por supuesto, al margen de cualquier tipo de recurso legal que interponga; entonces, si no hay recursos legales, eso tendría que materializarse esta semana”, aseveró.Zulma Guzmán Castro es requerida por la justicia por su presunta responsabilidad en un caso de homicidio agravado que dejó dos niñas muertas y otras dos personas gravemente afectadas por ingerir frambuesas envenenadas con talio.Guzmán fue detenida esta semana por las autoridades británicas tras la activación de una notificación roja de Interpol. Su localización se produjo en Londres, a orillas del río Támesis, cerca del puente Battersea, luego de un seguimiento internacional que permitió establecer su salida de Colombia y su paso por varios países de América Latina y Europa.
La Fiscalía General de la Nación avanzó en la recuperación de recursos públicos presuntamente desviados en el escándalo de Centros Poblados al imponer medidas de extinción de dominio sobre 23 inmuebles que harían parte del patrimonio de algunos de los implicados en las irregularidades del contrato para llevar internet a escuelas rurales del país.Blu Radio conoció el listado de los bienes afectados, avaluados en más de 65.900 millones de pesos, que estarían vinculados a los hechos irregulares detectados en el contrato suscrito entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y la Unión Temporal Centros Poblados. De acuerdo con la investigación, estas propiedades habrían sido adquiridas con recursos provenientes de las actuaciones ilícitas identificadas en el proceso de contratación y del anticipo que fue entregado de manera irregular.Entre los bienes cobijados por las medidas cautelares se encuentran cinco inmuebles a nombre de la congresista Saray Robayo, actual esposa de Emilio José Tapia Aldana, uno de los principales vinculados al caso. Dentro de estos activos figuran un penthouse ubicado en un edificio de Coveñas; un lote localizado en el municipio de San Bernardo del Viento, en el departamento de Córdoba; y el predio conocido como El Chinchorro, en Montería.Las medidas de extinción de dominio también alcanzaron un inmueble de propiedad de la exministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Karen Abudinen. El bien afectado corresponde a un apartamento ubicado en la ciudad de Barranquilla, sobre el cual la Fiscalía impuso una medida cautelar en atención a decisiones de responsabilidad fiscal proferidas por la Contraloría General de la República en el marco del mismo proceso.Según el director de Extinción del Derecho de Dominio, José Iván Caro, los 23 bienes afectados están distribuidos en los departamentos de Cundinamarca, Atlántico, Córdoba, Sucre, Risaralda y Nariño. El portafolio de activos incluye predios urbanos y rurales, parqueaderos, establecimientos de comercio y participaciones societarias, todos bajo análisis de las autoridades judiciales.Los elementos materiales probatorios recaudados por la Fiscalía indican que parte de estos bienes habría sido adquirida mediante la mezcla de recursos lícitos con dineros de origen ilícito, lo que dio lugar a la aplicación de las causales legales de equivalencia, mezcla y destinación. Además, la investigación estableció que las sociedades que integraron la Unión Temporal Centros Poblados habrían sido utilizadas como instrumento para la comisión de las irregularidades contractuales.
La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares con fines de extinción del derecho de dominio sobre 23 bienes que harían parte del patrimonio de varios de los presuntos responsables del escándalo de corrupción conocido como el caso Centros Poblados, relacionado con el fallido contrato para llevar internet a escuelas rurales del país.La decisión cobija bienes que pertenecerían a Emilio Tapia, Juan José Laverde, Ottomar Lascarro, Luis Fernando Duque y algunos de sus familiares, todos señalados de haber tenido participación en las irregularidades detectadas en el contrato suscrito entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y la Unión Temporal Centros Poblados.De acuerdo con el director de Extinción del Derecho de Dominio, José Iván Caro, los bienes afectados superan los 65.900 millones de pesos y se encuentran ubicados en los departamentos de Cundinamarca, Atlántico, Córdoba, Sucre, Risaralda y Nariño. Entre los activos objeto de la medida se encuentran predios urbanos y rurales, parqueaderos, establecimientos de comercio y participaciones societarias.Según los elementos materiales probatorios recaudados por la Fiscalía, estas propiedades habrían sido adquiridas con recursos provenientes de las actuaciones ilícitas identificadas en el proceso de contratación, así como del anticipo que fue recibido de manera irregular por la Unión Temporal Centros Poblados. El contrato tenía como objetivo la instalación de centros digitales en 16 departamentos del país, iniciativa que finalmente no se ejecutó conforme a lo pactado.En el desarrollo de la investigación, el ente acusador determinó que parte de los bienes fueron obtenidos mediante la combinación de recursos de origen lícito con dineros producto de actividades ilícitas, lo que dio lugar a la aplicación de las causales de equivalencia, mezcla y destinación previstas en la legislación de extinción de dominio. Además, se estableció que las sociedades que integraron la Unión Temporal habrían sido utilizadas como instrumento para la comisión de las irregularidades contractuales.De manera adicional, y en atención a decisiones de responsabilidad fiscal emitidas por la Contraloría General de la República, la Fiscalía también impuso una medida cautelar sobre un inmueble de propiedad de la exministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Karen Abudinen, en el marco del mismo proceso.Las medidas fueron adoptadas por un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, tras establecerse la imposibilidad de ubicar la totalidad de los recursos desviados en el contrato de Centros Poblados. Con esta actuación, la Fiscalía busca recuperar bienes que, presuntamente, fueron adquiridos con dineros públicos y garantizar su eventual incorporación al patrimonio del Estado, mientras avanzan los procesos judiciales contra los responsables del entramado de corrupción.
La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, información detallada y actualizada sobre el proceso de cesión de la posición contractual en el bloque gasífero Sinú-9, un contrato que ha generado alertas por presuntas irregularidades que incluyen señalamientos de tráfico de influencias, ocultamiento de accionistas y posibles vacíos en la cadena de titularidad de los intereses económicos.El ente de control recordó que el contrato de Exploración y Producción de Hidrocarburos E&P No. 25, correspondiente al área Sinú-9, ha registrado múltiples operaciones desde su adjudicación en 2014. Según la Procuraduría, en este periodo se han presentado diversos negocios jurídicos que involucran compra y venta de participaciones e incrementos en los porcentajes de inversión.El requerimiento fue elevado por la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, en el marco de actuaciones preventivas relacionadas con la transferencia de la participación mayoritaria del contrato. Actualmente, la multinacional Maurel & Prom (M&P) firmó para adquirir el 61 por ciento de la licencia de exploración y producción del bloque Sinú-9, lo que activó la revisión del órgano de control.El bloque Sinú-9 ha estado en el centro de la atención pública por la mención del inversionista Serafino Iacono, empresario del sector de petróleo y gas, quien también ha sido relacionado con la venta del apartamento 901 a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, un negocio por el cual la Fiscalía ya avanzó con el interrogatorio, para establecer si la compra del apartamento que hizo Roa al empresario Iacono se hizo de manera legal o si detrás de la transacción pudo haber existido una estrategia para comprometer presuntamente contratos de Ecopetrol antes de que Roa asumiera la presidencia de la compañía.Sin embargo, en un comunicado, el empresario Iacono ha señalado que ya no hace parte de la administración de NG Energy, empresa que en 2017 adquirió una participación en Sinú-9 mediante acuerdos con Clean Energy.En la solicitud, la Procuraduría advirtió que en las solicitudes recibidas se exponen presuntas irregularidades asociadas a la titularidad real de los intereses económicos, la sucesión de cesiones contractuales y el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. Por ello, señaló la necesidad de contar con información integral que permita tener un panorama completo de la situación jurídica, contractual y administrativa tanto del contrato como del trámite de cesión en curso.En ese sentido, la Procuraduría solicitó a la ANH un informe detallado que consigne, de manera cronológica, todas las modificaciones en las participaciones de los contratistas del bloque, incluyendo la identificación de cada uno de los inversionistas que han tenido vínculo con el contrato. El requerimiento también abarca a aquellos cuya participación no es visible para el mercado, pero cuyos contratos reposan en los registros de la Agencia.Adicionalmente, el procurador Marcio Melgosa pidió establecer si la ANH ha adelantado actuaciones para verificar el estado procesal actual de los procesos judiciales relacionados con el contrato de Sinú-9, así como las pretensiones formuladas y el posible impacto que podrían tener sobre la cesión de participación actualmente en trámite.La ANH cuenta con un plazo de cinco días hábiles para responder el requerimiento de la Procuraduría. Hasta tanto no se emita un pronunciamiento posterior del órgano de control, la definición sobre la cesión de la participación en el bloque Sinú-9 quedará en suspenso, en un proceso que ahora es objeto de vigilancia preventiva por parte del Ministerio Público.
La eventual consulta para unificar a la oposición de cara a las elecciones presidenciales de 2026 sigue tomando forma y sumando interrogantes. Uno de los nombres que ahora entra con fuerza en la conversación es el de la senadora y candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, quien confirmó que ve con buenos ojos participar en ese mecanismo, aunque dejó claro que la decisión no depende únicamente de ella.En entrevista en Sala de Prensa, Valencia explicó que recientemente sostuvo un encuentro con varios líderes de la centroderecha y sectores afines, en el que se discutió la necesidad de construir una propuesta unificada para enfrentar lo que considera un momento crítico para el país. Según la senadora, el Gobierno del presidente Gustavo Petro representa “un riesgo para la democracia”, no solo por su relación con grupos armados en el marco de la llamada “paz total”, sino también por lo que califica como una tendencia autoritaria y estatizadora.“Hay demasiadas cosas graves en este país que implican que tenemos que tener una unidad frente a lo que viene”, afirmó Valencia, al insistir en que el tiempo para corregir el rumbo económico y social de Colombia se está agotando. En ese contexto, la consulta aparece como una alternativa para definir una candidatura sólida y competitiva.Sin embargo, la dirigente uribista fue enfática en señalar que no puede tomar una decisión de manera individual. Como candidata del Centro Democrático, cualquier paso debe ser consultado con su partido, su bancada y, especialmente, con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. “Uno no se manda solo. Yo tengo el nombre y la cara, pero el trabajo es de todos”, aseguró, subrayando que el liderazgo político implica escuchar y construir consensos.Valencia reveló que, antes de iniciar consultas internas, quiso tener claridad sobre si su nombre sería aceptado dentro de esa eventual consulta opositora. La respuesta, según dijo, fue positiva, lo que abre la puerta a que en las próximas horas se adelante una discusión formal dentro del Centro Democrático. Incluso, advirtió que el plazo para tomar una decisión es corto y que en uno o dos días podría haber definiciones.Otro de los puntos sensibles es la amplitud de la consulta. La senadora reiteró que no es partidaria de vetos y que la idea es permitir la participación del mayor número posible de aspirantes, entre ellos Juan Carlos Pinzón. No obstante, reconoció que existen tensiones internas, especialmente frente a posibles alianzas con figuras que no generan consenso en todos los sectores.Sobre una eventual ampliación hacia otros espectros políticos, Valencia fue cauta. Aunque habló de “caminar juntos en medio de la diferencia”, dejó claro que hay límites ideológicos. Por ejemplo, descartó con franqueza una alianza con figuras que apoyaron y celebraron la llegada de Petro al poder, al considerar que ese respaldo tuvo consecuencias graves para el país.Más allá de la mecánica electoral, la senadora insistió en que el centro del debate debe ser el modelo de país. Seguridad, lucha contra el narcotráfico, fortalecimiento de la fuerza pública, crecimiento económico, educación y reducción de la pobreza fueron algunos de los ejes que planteó como indispensables para cualquier proyecto de unidad.
Expertos antiexplosivos del Ejército y de la Policía desactivaron de manera controlada un vehículo tipo camioneta platón que había sido cargada con más de 200 kilos de explosivos de alto poder destructivo en el municipio de Belén de los Andaquíes en el sur del Caquetá.El gobernador de ese departamento Luis Francisco Ruiz Aguilar, rechazó el frustrado atentado terrorista y expresó que teniendo en cuenta la cantidad de explosivos acondicionados en el automotor el daño habría sido “catastrófico” y había podido afectar tres cuadras a la redonda.Por su parte el general Sergio Guzmán Jaimes, comandante de la Décimo Segunda Brigada del Ejército Nacional, no descartó que esta acción terrorista haya sido autoría de los grupos armados organizados que delinquen el sur del país.“Afortunadamente en un trabajo coordinado entre el Ejército y nuestra Policía logramos neutralizar una acción terrorista que en estos momentos estuviera enlutando al pueblo caqueteños, con esta acción terrorista los diferentes grupos armados que delinquen en la región no les importa los daños colaterales, si, este carrobomba hubiera estallado, el efecto había sido devastador en un municipio tan pequeño como es Belén de los Andaquíes”, dijo el comandante de la unidad militar.Asimismo, la Policía anunció que ya se dispuso de un equipo especializado coordinado con la Fiscalía para adelantar las investigaciones pertinentes, mientras, que la Gobernación del Caquetá ofrece una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien brinde información de los responsables que dejaron abandonado el carrobomba.
No paran los casos de personas borrachas conduciendo su vehículo, una problemática social que durante todo el año ha sido una de las principales infracciones al código de tránsito en Medellín. Las autoridades advierten que durante la época de fin de año este fenómeno tiende a aumentar el número de casos.De acuerdo con el más reciente reporte entregado por la Secretaría de Movilidad, en materia de personas que cometen el acto irresponsable de conducir bajo los efectos del alcohol, la cifra habla de un total de 707 comparendos impuestos por esta mala práctica, en lo que va corrido del año, dejando un total de 702 vehículos inmovilizados.Estas cifras en inmovilizaciones de vehículos y comparendos por conducir en estado de embriaguez se han impuesto a lo largo del año en un total de 125 operativos de control realizados por agentes de tránsito en diferentes puntos estratégicos de la ciudad como el Centro, Laureles y El Poblado, en los que se practicaron un total de 29.000 pruebas de alcoholemia, así lo explicó el Secretario de Movilidad de Medellín, Pablo Ruiz."La campaña Te Queremos Vivo nos ha permitido, comparativamente este año con el año anterior, tener una reducción del 11 %, que corresponde a 32 vidas salvadas este año en las vías con relación al año anterior", afirmó Pablo Ruiz, secretario de Movilidad de Medellín.En Colombia, de acuerdo con el Código de Tránsito, las multas por conducir en estado de ebriedad van aumentando de acuerdo al grado de alcoholemia, del 0 al 3, y la reincidencia del infractor; desde el grado 0 comienza con un comparendo por primera vez de $3,100.000.
El Bayern Múnich cerró el 2025 con autoridad. En la última jornada del año en la Bundesliga, el equipo bávaro goleó 4-0 al Heidenheim y se despidió del calendario con un Luis Díaz protagonista, autor de un gol clave que confirmó su buen momento tras regresar de una breve ausencia por sanción.El partido, correspondiente a la fecha 15 del campeonato alemán, dejó sensaciones positivas para el conjunto dirigido por Vincent Kompany, que no solo mantuvo el liderato, sino que también recuperó a una de sus piezas más desequilibrantes en ataque.Bayern Múnich cierra el año con goleada y liderazgo en la BundesligaDesde el inicio, el Bayern impuso condiciones. La presión alta y el dominio del balón marcaron el ritmo del encuentro ante un Heidenheim que poco pudo hacer para contener la jerarquía visitante. Al minuto 14, Michael Olise ejecutó un tiro de esquina preciso y Josip Stanišić apareció en el área para abrir el marcador con un certero cabezazo.El control fue total y, antes del descanso, Olise volvió a ser protagonista con un remate bien colocado que amplió la ventaja. Con el 2-0, el Bayern manejó los tiempos del partido y dejó claro por qué lidera la tabla con 41 puntos, mientras su rival sigue comprometido en la parte baja.Luis Díaz vuelve y responde con gol para cerrar el 2025El regreso de Luis Díaz era uno de los focos del partido. Tras dos semanas sin actividad y tres partidos ausente, el colombiano necesitaba minutos y confianza. Aunque en el arranque se le notó algo falto de ritmo, con el paso de los minutos empezó a soltarse y a asociarse mejor por la banda.Su premio llegó en el segundo tiempo. Luego de un centro preciso de Stanišić, Díaz apareció en el área y conectó un potente cabezazo para marcar el 3-0, firmando así su último gol del año. Fue el octavo tanto del colombiano en la presente temporada de Bundesliga, una cifra que respalda su impacto en el equipo.Kane sentencia el triunfo y Bayern piensa en 2026Con el partido definido, Harry Kane puso el broche de oro en el tiempo de adición. El delantero inglés sacó un remate desde fuera del área que se coló en el arco rival para el 4-0 definitivo, confirmando una noche redonda para los bávaros.Más allá del marcador, el encuentro dejó señales claras: Bayern llega sólido al receso invernal y Luis Díaz vuelve a escena justo cuando el equipo lo necesita. Con la Bundesliga retomándose en enero de 2026, el colombiano cierra el año con confianza, gol y protagonismo, ilusionando a la afición y reafirmando su peso en uno de los clubes más grandes de Europa.
El Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) aseguró este domingo que el presidente, Donald Trump, "no tiene nada que ver" en la eliminación de archivos del caso del pederasta Jeffrey Epstein, entre ellos fotos del republicano, de los documentos desclasificados publicados por el Gobierno estadounidense.El mandatario no está involucrado en la decisión de retirar más de una docena de imágenes dentro de las miles de páginas publicadas este viernes sobre el fallecido magnate, especificó el fiscal general adjunto, Todd Blanche, quien dijo que atendieron a peticiones de organizaciones de víctimas."Tras publicar las fotografías, nos enteramos de que existían preocupaciones sobre (la identidad de) esas mujeres y el hecho de que habíamos publicado las fotos, por lo que las retiramos. No tiene nada que ver con el presidente Trump. Ya se han publicado docenas de fotos del presidente Trump con el señor Epstein", precisó a la cadena NBC.Blanche agregó que la "idea de que se haya retirado una sola foto porque aparecía el presidente Trump es absurda".Entre los documentos eliminados este sábado se incluía la imagen de un escritorio con fotografías enmarcadas de personalidades con Epstein, -conocido financiero con acceso privilegiado a figuras clave-, donde también se podía ver como en un cajón abierto habían varias fotos de Trump con mujeres en traje de baño, reportó NBC.El resto de las imágenes que habrían sido eliminadas incluyen obras de arte sexualmente explícitas, fotografías de buzones de correo llenos de sobres y una página de un cuaderno con nombres y números.La amistad entre Trump y Epstein ha sido motivo de escrutinio, sobre todo por parte de los opositores del presidente republicano, quien ha asegurado que cortó relaciones con su antiguo amigo y aliado en 2004, antes de que este fuera acusado por primera vez de abuso y explotación sexual de menores.Blanche agregó que una vez que cumplan con las peticiones de las víctimas, volverán a publicar los archivos y defendió la labor del DOJ ante las críticas por la publicación de decenas de páginas fuertemente censuradas entre los archivos, liberados en cumplimiento con una ley de transparencia aprobada por el Congreso y ratificada por Trump."Si necesitamos censurar rostros u otra información, lo haremos, y luego la volveremos a publicar. De esta manera, estamos cumpliendo con la ley, que, por cierto, es lo que el presidente Trump nos ha estado pidiendo que hagamos desde antes de ser elegido. No hay nada que él tenga que ocultar en los archivos de Epstein", indicó.Blanche también advirtió que la razón por la que el DOJ todavía revisa los documentos y ha espaciado su publicación en lugar de liberarlos de un golpe este viernes, como estaba estipulado, es "simplemente para proteger a las víctimas".Varios senadores y congresistas, entre ellos Dick Durbin, el demócrata de mayor rango en el Comité Judicial del Senado, afirmó que su partido "investigará esta violación de la ley y se asegurará de que el pueblo estadounidense lo sepa".
El caso de Zulma Guzmán Castro se remonta a abril de este año en Bogotá, cuando un regalo terminó convertido en una tragedia. Dos menores de edad, identificadas como Inés de Bedout, de 14 años, y Emilia Forero, de 13, fallecieron tras consumir frambuesas cubiertas con chocolate que fueron enviadas a su vivienda a través de un servicio de mensajería.Las investigaciones establecieron que las frutas contenían talio, un metal pesado altamente tóxico, incoloro e inodoro, que habría sido introducido de manera intencional. La sustancia no solo causó la muerte de las menores, sino que también afectó la salud de otros dos integrantes de la familia.Según la hipótesis de la Fiscalía, el doble homicidio estaría motivado por una venganza personal, relacionada con una presunta relación sentimental extramatrimonial que la empresaria habría sostenido con el padre de una de las víctimas.Tras la muerte de las niñas, Guzmán Castro abandonó el país y emprendió una huida por varios países de Suramérica y Europa, entre ellos Argentina, Brasil y España, hasta ingresar finalmente al Reino Unido el pasado 11 de noviembre.La ubicación de la sospechosa en Londres se logró gracias a un detalle clave: en una transmisión de video se le observó consumiendo agua embotellada de una marca que solo se comercializa en territorio británico. Días después, cerca del puente de Battersea, fue rescatada del río Támesis por la Policía Metropolitana, tras un presunto intento de suicidio.Actualmente, la Fiscalía General de la Nación formalizó ante el Gobierno británico la solicitud de extradición para que responda en Colombia por los delitos de homicidio agravado y tentativa de homicidio.De acuerdo con una investigación revelada por el diario El Tiempo, el pasado 6 de abril de 2025, cuando Forero ya había fallecido y la otra niña, De Bedout, permanecía en estado crítico en una clínica, Zulma Guzmán habría comprado nuevos paquetes de frambuesas.El primer pedido se realizó a la 1:53 de la tarde y, dos horas después, habría efectuado un segundo encargo que incluía frambuesas, tomates, cebollas y aguacates, por un valor total de 29.900 pesos.Sobre la recepción de estos pedidos, un detective entrevistado por El Tiempo indicó que Juan De Bedout —quien reconoció haber sostenido una relación extramatrimonial con Guzmán— fue interrogado. “Solo se tienen nombres, no apellidos. El señor manifestó desconocer si las receptoras pertenecen o no a su entorno, aunque admitió conocer al menos a una persona con uno de esos nombres”, señaló el investigador.Cabe recordar que Zulma Guzmán ha asegurado que dichas compras correspondían a su dieta personal y ha negado de manera reiterada cualquier responsabilidad en la muerte de las menores.
Un caso de violencia intrafamiliar ocurrido en Ciudad de México el pasado 23 de agosto de 2023 volvió a causar conmoción luego de que Pamela Rivera reconstruyera los hechos que terminaron en el asesinato de su madre y su abuela, y con la muerte posterior de su padre, Óscar Rivera, exbeisbolista profesional.Rivera tuvo una destacada trayectoria deportiva, con paso por organizaciones como los Dodgers y la liga mexicana. Sin embargo, tras su retiro del deporte profesional, su situación personal se deterioró progresivamente. Según el testimonio de su hija en el podcast Vos Podés, el ascenso laboral de su esposa, quien comenzó a ocupar cargos directivos, coincidió con una etapa marcada por depresión, consumo desmedido de alcohol y episodios de violencia psicológica y física.La convivencia familiar se agravó durante el confinamiento por la pandemia, periodo en el que, de acuerdo con Pamela, las discusiones constantes y las conductas de control se intensificaron. A pesar del entorno violento, su madre no logró alejarse del agresor, en parte por un sentimiento de compasión. “Mi mamá decía que lo quería dejar pero nunca lo pudo dejar porque decía ‘Ay pobrecito ¿a dónde se va a ir, qué va a hacer de su vida?’”, relató.La mañana del 23 de agosto, Pamela despertó tras escuchar gritos provenientes del interior del apartamento. Al salir de su habitación encontró a su abuela, de 78 años, amarrada con un cinturón y sin conocimiento. Al intentar intervenir, su padre se encerró bajo llave en la habitación principal del inmueble.Mientras las autoridades eran alertadas, Rivera envió un mensaje de texto a su hija, en el que se despedía y daba indicaciones sobre los bienes familiares. Pamela recordó el contenido del mensaje: “Me manda un mensaje larguísimo pidiendo disculpas... ‘perdóname flaquita, lo que hice no es su culpa, ni de mis hermanos. Esto es de ustedes, un terreno, la casa, es de ustedes’”.Cuando la policía logró ingresar a la vivienda, halló sin vida a la madre y a la abuela. De acuerdo con las autoridades, la madre habría sido agredida físicamente antes de recibir un disparo, mientras que la abuela murió tras ser golpeada con la cacha del arma cuando intentó defender a su hija.El agresor fue trasladado a un centro asistencial, donde permaneció en estado vegetal durante siete días. Falleció el 31 de agosto. El hecho dejó a Pamela y a su hermana menor, de nueve años, enfrentando un proceso legal por la sucesión de bienes.Además del impacto emocional, Pamela aseguró haber sido blanco de señalamientos en redes sociales y críticas por parte de familiares que la responsabilizaron por no haber evitado la tragedia. Hoy, afirma que su prioridad es la recuperación emocional y visibilizar la importancia de la atención oportuna en salud mental. “Muchas cosas se hubieran arreglado o calmado si hubieran prestado atención... ¿qué tal si en vez de las drogas y el alcohol hubiera sido la terapia o el amor propio?”, reflexionó.
La Fiscalía solicitó al Ministerio de Justicia tramitar con el gobierno del Reino Unido la extradición de Zulma Guzmán Castro, requerida por la justicia por su presunta responsabilidad en un caso de homicidio agravado que dejó dos niñas muertas y otras dos personas gravemente afectadas, por ingerir frambuesas envenenadas con talio.Guzmán fue detenida esta semana por las autoridades británicas tras la activación de una notificación roja de Interpol. Su localización se produjo en Londres, a orillas del río Támesis, cerca del puente Battersea, luego de un seguimiento internacional que permitió establecer su salida de Colombia y su paso por varios países de América Latina y Europa.La Fiscalía explicó en la solicitud dirigida al ministro de Justicia, Andrés Ibarraga que, tras abandonar el país, la mujer estuvo en Argentina, Brasil y España, antes de ingresar al Reino Unido en noviembre de este año.La investigación penal se originó luego de la muerte de dos niñas que, junto con otros miembros de su entorno familiar, consumieron frambuesas cubiertas de chocolate que estaban contaminadas con talio, un metal pesado altamente tóxico, incoloro e inodoro. El alimento llegó a la vivienda como un supuesto regalo, entregado por un domiciliario, lo que inicialmente generó confusión sobre el origen del envenenamiento y retrasó la identificación de una causa intencional.Según el expediente judicial, los estudios descartaron por completo un accidente o una contaminación fortuita. El talio habría sido incorporado deliberadamente con la intención de causar daño grave o la muerte a quienes los consumieran. La Fiscalía señala a Zulma Guzmán Castro como la persona que habría gestionado el envío de las frambuesas a la vivienda donde se encontraban las víctimas.De acuerdo con la hipótesis del ente acusador, el caso estaría relacionado con un presunto acto de venganza, motivado por una relación sentimental extramatrimonial que Guzmán habría sostenido con el padre de una de las menores fallecidas. Este aspecto, aunque mencionado en el proceso, continúa siendo materia de investigación y análisis probatorio.Tras conocerse la muerte de las niñas, Guzmán salió del país con destino a Argentina, un hecho que reforzó las sospechas en su contra. Posteriormente, la Fiscalía solicitó una orden de captura ante un juez de control de garantías y tramitó la circular roja de Interpol para facilitar su ubicación y detención en el exterior.En el documento de formalización enviado a las autoridades del Reino Unido, la Fiscalía colombiana expone los hechos, las pruebas recaudadas y los delitos por los cuales es requerida Guzmán, entre ellos homicidio agravado cuando la víctima es menor de edad y tentativa de homicidio. La solicitud se sustenta en tratados de cooperación judicial vigentes entre ambos países.
Gloria Mejía, oriunda de la zona rural de El Concilio, en Salgar, Antioquia, y sobreviviente de los ataques de Carlos Rivera, más conocido como el “monstruo de Tabio”, dio su testimonio en el pódcast Conducta Delictiva, donde relató detalles del ataque que sufrió.La mujer contó que en el pueblo comenzaron a circular rumores sobre hechos extraños relacionados con varias mujeres. “Una mujer de la tercera edad apareció muerta y había sido víctima de violación, ocho días después de que su familia estuviera buscándola”, relató.Según explicó, un año después aumentaron los rumores de ataques sexuales contra mujeres de la zona. Tras registrarse tres casos de muerte con características similares, el pánico se apoderó de la comunidad rural.Cabe recordar que este hombre es señalado de acechar y agredir a más de ocho mujeres en zonas rurales de Colombia entre 2019 y 2024. El sujeto, que solía camuflarse como un trabajador de fincas cafeteras, utilizaba hasta diez identidades falsas para evadir a las autoridades, mientras seleccionaba a sus víctimas —mujeres de diferentes edades— para atacarlas en caminos solitarios durante la madrugada.Gloria relató que aquella madrugada, fue interceptada por un hombre encapuchado que intentó golpearla con un garrote. Sin embargo, tras un forcejeo en el que el agresor cayó al suelo, ella logró huir y alertar a la comunidad.“Él me mandó el garrotazo, pero yo reaccioné de inmediato y con la mano derecha le di un puño, tumbándole el palo que tenía en la mano”, contó.Después del ataque, asumió un rol activo en la búsqueda de justicia, recolectando pruebas como la vestimenta del sospechoso y colaborando en la elaboración de un retrato hablado, el cual fue clave para que los investigadores siguieran su rastro.“Lo cogí del pelo, le quité la camisa y yo pensaba: ‘yo a este lo he visto en alguna parte’. A este hombre yo lo vi sentado en la tienda de la vecina, este hombre fue el que se me fue encima el día de los cumpleaños", recordó.Pese a que el sospechoso fue capturado en 2023 tras un incidente en Tabio, las sobrevivientes denuncian que, aunque presuntamente estaría vinculado a 11 casos de agresiones y feminicidios, actualmente solo estaría cumpliendo condena por un único proceso. Otros expedientes, incluido el de Gloria, habrían sido archivados o descuidados por el ente acusador.
En la tarde de este viernes, 19 de diciembre, fueron legalizadas las capturas de los exministros del gobierno Petro, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, por su presunta vinculación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).Se llevó a cabo la audiencia de legalización de captura contra los exministros de Hacienda Ricardo Bonilla y del Interior Luis Fernando Velasco, quienes, según la Fiscalía, habrían hecho parte de un entramado criminal en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.Bonilla fue capturado minutos después de que finalizara la audiencia en el Tribunal Superior de Bogotá, en donde se conoció que la medida era intramural, es decir, cárcel para ambos exministros del gobierno del presidente Gustavo Petro.Mientras tanto, Luis Fernando Velasco se entregó voluntariamente en Cali, ciudad donde reside actualmente.Durante la diligencia la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría le pidieron a la magistrada Leonor Oviedo, que impartiera legalidad sobre las capturas de Velasco y Bonilla.Asimismo, ambos exministros aseguraron durante la audiencia que al momento de sus capturas les fueron respetadas todas sus garantías procesales.La magistrada Oviedo señaló que los exministros podrían ser traslados a la Cárcel la Picota de Bogotá o al sitio de reclusión que asigne el Inpec.Entre los principales argumentos expuestos por el Tribunal Superior de Bogotá para imponer medida intramural, está la persistencia del riesgo institucional y el estado en el que se encuentra la actuación procesal. La magistrada Aura Alexandra Rosero consideró que la detención domiciliaria no resulta suficiente para neutralizar los riesgos advertidos, al no impedir de manera eficaz la posibilidad de articulación indirecta, influencia institucional o interferencia funcional, propias ,según indicó, de estructuras criminales que operan desde niveles altos de poder y bajo esquemas de aparente legalidad.
La muerte de la jueza Vivian Polanía sigue rodeada de interrogantes. La funcionaria judicial fue encontrada sin vida el pasado miércoles 17 de diciembre en su apartamento, ubicado en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander, junto a su hija de apenas dos meses de nacida, quien fue hallada en buen estado de salud.De acuerdo con el primer reporte entregado por las autoridades, el cuerpo de la jueza fue encontrado en su habitación, sobre la cama y cubierto con una cobija. “En la habitación donde residía la jueza la encontramos muerta en su cama, arropada, y al lado se encontraba un bebé de aproximadamente un mes y medio”, explicó el coronel Fabio Ojeda en diálogo con Mañanas Blu.La Policía indicó que, en una primera inspección, el cuerpo no presentaba signos visibles de violencia. No obstante, fue trasladado a Medicina Legal, entidad que deberá establecer con exactitud las causas del fallecimiento. Las autoridades también señalaron que la menor habría permanecido cerca de 12 horas sin recibir alimento antes de ser encontrada.Vivian Polanía contaba con un esquema de protección asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP), debido a su labor como jueza. Según se informó, la última comunicación que sostuvo fue alrededor de las 8:00 de la noche del día anterior a su muerte.Mientras avanzan las investigaciones, Luis Alexander Maldonado, abogado y amigo cercano de la jueza, entregó detalles sobre el contexto personal y profesional de Polanía. En sus declaraciones, destacó que la funcionaria había recibido múltiples amenazas por sus decisiones judiciales. “Ella tenía muchas amenazas por ser jueza de procesos contra bandas criminales. Negaba beneficios a integrantes de organizaciones delincuenciales. Por eso tenía esquema de protección. Era una jueza incorruptible”, afirmó.Maldonado también recordó que Polanía fue jueza de garantías en el caso de los responsables del asesinato del periodista Jaime Vásquez, un proceso de alto impacto que reforzó su perfil como funcionaria estricta frente al crimen organizado.El abogado rechazó las versiones que apuntan a un posible suicidio y aseguró que la jueza atravesaba un buen momento personal. “Ella estaba feliz con su bebé. Decir que se suicidó no tiene sentido. Vivía en un conjunto cerrado, al que era muy difícil que alguien ingresara. Será Medicina Legal quien determine realmente qué ocurrió”, señaló.Finalmente, frente a la circulación de unos audios en los que la jueza hablaba de presuntos conflictos con una expareja, Maldonado aclaró que esa situación ya había sido superada. “En las grabaciones se refiere a problemas de convivencia con una expareja, pero entiendo que eso ya se había solucionado”, aseguró en declaraciones a El Tiempo.
La decisión de la JEP hace parte del macrocaso que investiga las ejecuciones extrajudiciales cometidas por integrantes del Batallón de Artillería No. 2 La Popa, en el Cesar, entre 2002 y 2005, periodo durante el cual la jurisdicción acreditó la participación de miembros del Ejército en homicidios presentados como bajas en combate.El fallo también incluyó medidas de reparación simbólica dirigidas a las víctimas y a sus familias.Declaración de la defensa:Tras la notificación del fallo, el equipo jurídico del coronel Mejía afirmó que presentará y sustentará el recurso de apelación ante la JEP, al no estar conforme con la decisión de la Sala.“Lo siguiente en el caso del coronel Mejía ante la Jurisdicción Especial para la Paz es la presentación y sustentación del recurso de apelación a la sentencia que hoy nos fue notificada a las partes y al país. Este recurso será interpuesto por la defensa al no encontrarnos conformes con la decisión adoptada por la sala”, indicó la defensa.El abogado reiteró que el oficial no es responsable de los hechos por los cuales fue condenado y aseguró que la defensa acudirá a todos los mecanismos judiciales disponibles para que se le respete el debido proceso y su inocencia.“Tenemos muy claro que si él hubiese sido responsable de las conductas por las que fue condenado, la JEP tiene mecanismos para conceder beneficios a quienes aceptan esa responsabilidad y sin duda hubiese acudido a ellos. Pero reiteramos: él no es responsable y, por consiguiente, seguiremos en ese debate para demostrar su inocencia”, agregó la defensa.Medidas reparativas ordenadas por la JEP:Además de la condena, la sentencia dispuso un conjunto de medidas simbólicas de reparación. Entre ellas, ordenó al Ministerio de Defensa revocar las condecoraciones y felicitaciones otorgadas al coronel Publio Hernán Mejía por los resultados operacionales vinculados con los hechos representativos del patrón de macrocriminalidad probado en la sentencia.Asimismo, la JEP ordenó que, en coordinación con el comandante de la Segunda División del Ejército, se realice un acto público de petición de perdón en nombre de las Fuerzas Militares, en la ciudad de Valledupar, con la participación de las víctimas indirectas reconocidas en el proceso y la presencia del ministro de Defensa, el comandante del Ejército Nacional, y los comandantes de la Segunda División, la Décima Brigada y el Batallón La Popa.
La Fiscalía General de la Nación desarticuló una red criminal trasnacional dedicada al almacenamiento y distribución de material sexual explícito de niños, niñas y adolescentes, que operaba a través de plataformas de mensajería instantánea y tenía alcance en varios países de América Latina y Europa.La operación se realizó en coordinación con el Centro Cibernético Policial y la Comunidad de Policías de América y es que de acuerdo con la investigación, liderada por una fiscal de la Seccional Bogotá, la estructura ilegal utilizaba una aplicación de mensajería en la que participaban cerca de 100 personas ubicadas en España, Paraguay, Brasil, Ecuador, Perú, Honduras y Colombia.A través de ese canal se compartieron más de 1.275 videos y 539 imágenes que evidencian graves vulneraciones contra menores de entre 5 y 10 años.En las diligencias de registro y allanamiento realizadas en Cali, Medellín y Barranquilla, las autoridades capturaron a tres presuntos integrantes de la red e incautaron dispositivos electrónicos que contienen material probatorio relacionado con abusos sexuales y otras agresiones contra la integridad y formación sexual de menores de edad.Los detenidos fueron presentados ante un juez de control de garantías por fiscales de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes y les fue imputado el delito de pornografía con menor de 18 años.Se trata de Óscar Luis Espejo Vanegas, Darwin Steven Lara y Juan José Silva Vásquez, quienes no aceptaron los cargos y deberán estar recluidos en la cárcel mientras avanza el proceso.
La decisión del Tribunal Superior de Bogotá de mantener la detención intramural de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, pese a la apelación presentada por sus defensas, dejó a ambos privados de la libertad mientras avanza el proceso por el escándalo de corrupción en la UNGRD. Es así como Bonilla permanece en el búnker de la Fiscalía en Bogotá y Velasco en una sede de la Dijín en Cali, tras una determinación que, aunque fue inicialmente solicitada como domiciliaria por la Fiscalía, terminó siendo más severa.Desde la defensa del exministro de Hacienda, el abogado penalista Mauricio Pava insistió en que la medida de aseguramiento no puede interpretarse como una condena anticipada. “La decisión de la magistrada es preliminar, precautelativa, no es la imposición de una pena anticipada”, aseguró, al tiempo que recalcó que el eje central del proceso debe ser la presunción de inocencia. Según explicó, una vez el ciudadano entra a los estrados judiciales, “todo lo que se discute legítimamente por fuera, en los medios o en el debate público, queda afuera”.Pava fue enfático en señalar que la discusión de fondo apenas comienza y que las conclusiones de la magistrada responden a una valoración inicial. “Esto se tiene que analizar en el juicio. Para nosotros, los abogados litigantes, la presunción de inocencia es estructural en el debate jurídico”, afirmó, dejando claro que la defensa no comparte la tesis de la Fiscalía según la cual Bonilla habría hecho parte de una organización criminal.Al referirse a los hechos concretos del caso, el abogado sostuvo que existen tres grandes ejes en la investigación y que, a su juicio, ninguno compromete penalmente a su defendido. “El tema de los carrotanques de La Guajira no tiene nada que ver con el profesor Bonilla. El de los maletines, tampoco. Y el tercero es una hipótesis de la Fiscalía que nosotros hemos denominado, de manera prosaica, una tentativa de ‘mermelada’”, explicó. Esa hipótesis, agregó, fue acogida preliminarmente por la magistrada, pero tiene un amplio campo de discusión jurídica.Frente a los delitos imputados —concierto para delinquir, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos—, Pava precisó que se trata de interpretaciones sobre conversaciones y actuaciones administrativas que deberán ser controvertidas en juicio. “No es que las pruebas hablen por sí solas; lo que existe es la interpretación que cada parte hace de ellas: la Fiscalía, la magistrada, la defensa”, señaló.El abogado también defendió la actuación personal de Bonilla durante el proceso. Recordó que renunció a su cargo y que se comprometió a comparecer ante la justicia como cualquier ciudadano. “Ha encarado este proceso con integridad y dignidad, asistiendo a todas las diligencias y asumiendo las consecuencias de las decisiones judiciales”, dijo.Sobre la sorpresa que generó la decisión de enviarlo a la cárcel, pese a que la Fiscalía y la Procuraduría habían solicitado detención domiciliaria, Pava aseguró que no le resultó inesperada. “Llevo 30 años en el ejercicio profesional y he visto posiciones muy estrictas de los jueces. No estamos de acuerdo, por eso recurrimos, pero no me sorprendió”, afirmó.
Hace más de un año el nombre de Blessd se convirtió en uno de los más escuchados en todo el país, por no mencionar que, tal vez, el más, pero en este inicio de octubre de 2025 su nombre se volvió viral no por su música, sino por una grave denuncia en su contra por supuesta y amenazas de tortura en contra de Pirlo, otro artista colombiano.Un episodio violento en el que habrían resultado afectados el mánager del artista Pirlo, Iván Andrés Galindo Navia, y varios miembros de su equipo de trabajo. La acusación incluye delitos como secuestro simple, lesiones personales y amenazas de muerte.De acuerdo con la versión oficial, Stiven Mesa Londoño, nombre real del artista, habría citado el 21 de mayo de 2024 a Pirlo y su equipo a un exclusiva casa en el sector de Las Palmas en Medellín en donde fueron intimidades por hombres encapuchados, que los obligaron a quitarse la ropa debido a que, según el cantante, ellos le habrían robado algunas joyas y dinero. Allí, habrían sido recibidos por el artistas, su mánager 'Dímelo Jara', su jefe de seguridad y un grupo de hombres encapuchados. El motivo del encuentro, de acuerdo con la denuncia, fue una acusación de robo.Galindo sostiene que durante la reunión fueron despojados de sus teléfonos móviles, golpeados y obligados a entregar claves de acceso a sus dispositivos. También asegura que los hicieron desnudarse y que una mujer, vestida con elementos de protección, les practicó pruebas de sangre. Además, relata que recibieron amenazas de mutilación y de muerte si no aceptaban el supuesto hurto o si llegaban a denunciar lo sucedido.Tras permanecer retenidos por alrededor de hora y media, las víctimas fueron liberadas con la advertencia de guardar silencio. Posteriormente, Galindo interpuso la denuncia y pidió a la Fiscalía que verifique la ubicación de sus celulares para demostrar que estuvieron en el lugar señalado.El equipo legal de Blessd ha rechazado estos señalamientos y asegura que se trata de acusaciones sin fundamento. Mientras tanto, la Fiscalía adelanta diligencias como entrevistas, valoraciones médicas y recolección de pruebas para determinar si procede una imputación formal. El caso ya cuenta con seguimiento del Tribunal Superior de Medellín.
Un juez de conocimiento condenó a Óscar Fetecua al demostrarse la responsabilidad del procesado en amenazas de redes sociales en contra del presidente Gustavo Petro, cuando se desempeñaba como candidato presidencial.En la audiencia de alegatos de conclusión, la Fiscalía, la Procuraduría y la defensa del presidente Gustavo Petro solicitaron que se dictara sentencia condenatoria en contra de Fetecua, al demostrarse la responsabilidad del procesado en amenazas de redes sociales en contra del mandatario, cuando se desempeñaba como candidato presidencial.En sus alegatos, la Fiscalía aseguró que, con las pruebas presentadas por los investigadores, se determinó que fue Fetecua el responsable de enviar dichos mensajes. Agregó que no se evidenció una posible red hackeada o cuenta falsa que pudiera justificar, para la defensa del procesado, una equivocación sobre el autor de las amenazas.Fetecua Rusinque fue acusado del delito de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos, por supuestamente amenazar de muerte al jefe de Estado cuando era candidato presidencial, a través de mensajes publicados en X en el año 2021.En uno de los mensajes, según el ente acusador, Fetecua Rusinque escribió: “Ya estoy alistando viaje o un arma, por si aparece Petro, se le da de baja”. En otro señaló: “Si toma Petro el poder, aparecen de nuevo las AUC y lo bajan del poder como debe ser, muerto en bolsas negras”.Durante el juicio, el presidente Gustavo Petro participó como testigo, asegurando que las amenazas se dieron “en medio de esa circunstancia concreta de transición hacia la paz, dentro de mis apreciaciones políticas que pasé allí y planteé en mi campaña de 2022”. Además, enfatizó que la amenaza es real, pues efectivamente llegó a la Presidencia de la República y, por tanto, continúa bajo riesgo.El presidente afirmó en esa diligencia que toda amenaza de muerte vulnera el derecho al ejercicio libre de la política y la democracia, que deben ser garantizados por los jueces.
La Corte Suprema de Justicia abrió investigación formal y citó a indagatoria al representante a la Cámara, Miguel Polo Polo, por el delito de discriminación. La investigación está vinculada con el video que subió a sus redes sociales en el que se le ve poniendo en bolsas de basura botas que hacían parte de un acto de víctimas de la violencia que se encontraban en la Plaza Rafael Núñez en el Congreso.Vale recordar que el pasado 6 de noviembre, durante una manifestación en la Plaza Núñez de Bogotá, Polo Polo arrojó a la basura una obra de arte titulada Mujeres con las botas bien puestas. Esta obra, compuesta por botas que representaban a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, fue interpretada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como un acto de odio y estigmatización.“¿Quién le habrá pagado a esos presuntos campesinos que vinieron aquí al Congreso a ensuciar la Plaza Rafael Núñez para poner estas botas, haciendo apología a los 6.402 falsos positivos? Que, entre otras cosas, esta cifra no puede ser soportada ni por los tribunales de Justicia y Paz, ni por la Fiscalía General de la Nación, ni por la JEP”, señaló Polo Polo en su video.El hecho generó rápidamente una ola de comentarios en donde brilló la indignación de quienes decían que el hecho de que el representante haya arrojado las botas de caucho, que simbolizan el episodio de violencia de las ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos, a una caneca de basura.La Sala de Instrucción también citó a indagatoria a Polo Polo tras abrirle la investigación formal por el delito de discriminación.
Se llevó a cabo en el Palacio de Justicia el acto de posesión de Carlos Camargo como nuevo magistrado del alto tribunal. Él fue elegido por la plenaria del Senado en reemplazo de José Fernando Reyes.En esta ocasión, la ceremonia fue presidida por la vicepresidenta de la Corte, la magistrada Paola Meneses, ya que el presidente Jorge Enrique Ibáñez tiene una incapacidad médica por motivos de salud.Otra de las ausencias fue la del presidente Gustavo Petro, quien, según fuentes del alto tribunal, fue invitado a la ceremonia de posesión pero declinó. Esto, teniendo en cuenta que el primer mandatario sí asistió al acto en el que se posesionó Lina Marcela Escobar, que también fue ante la Sala Plena de la Corte Constitucional.La encargada de leer el discurso fue la vicepresidenta de la Corte y, allí, le dio la bienvenida a Camargo a conformar la Sala Plena, pero también envió un duro mensaje.“Su presencia en esta Sala representa el éxito de la Constitución. Llega usted, magistrado Camargo, en un momento crucial para el país y para la humanidad […] En medio de estos tiempos desafiantes, en los que las guerras y la polarización, los discursos de odio, los populismos y el quebrantamiento de las normas, incluso por parte de las autoridades, se han convertido en una estrategia común para socavar el Estado Social de Derecho”, señaló la magistrada Meneses.Camargo también dio su discurso ante sus colegas magistrados de la Corte Constitucional y otras corporaciones. Allí señaló que defenderá la Constitución Política de 1991 y reconoció que no será una tarea sencilla.“En tiempos de polarización, la tentación del poder de someter las instituciones es más fuerte, pero precisamente por eso la Corte debe ser firme”, dijo Carlos Camargo.La llegada del exdefensor del Pueblo a la Corte marcará un pulso en las decisiones que tiene a cargo el alto tribunal, como, por ejemplo, el futuro de la Reforma Pensional.
Por medio del radicado 7049, conocido por Mañanas Blu 10:30 a.m., la Comisión de Acusación, que investiga a fiscal general por una denuncia relacionada con su actuación en el caso de la UNGRD, impuesta por el abogado Pablo Bustos, le pidió a la jefe del ente acusador que “dentro de un término no mayor a quince (15) días, remita un informe de las actuaciones surtidas en relación con los hechos que relata el denunciante, para que obren como prueba”, según señala el documento.El auto, proferido por la representante investigadora María Eugenia Lopera, señala que contra la determinación no procede recurso alguno, y ordena comunicarle a la Procuraduría General de la Nación.Por qué se investiga a la fiscalLa indagación preliminar contra la fiscal Luz Adriana Camargo en la Comisión de Acusación, tiene que ver con los señalamientos del abogado Pablo Bustos, defensor de las víctimas en el caso de la UNGRD, y evidencias que asegura existen sobre que “los hechos para imputador a Sandra Ortiz, eran los mismos para imputar a Carlos Ramón González y además, solicitar la imposición de medida de aseguramiento”.Así mismo, el abogado, insiste en que “la Fiscalía ha negado el preacuerdo y principio de oportunidad a Sandra Ortiz y, por el contrario, los fiscales denunciados se negaron a imputar y solicitar medida de aseguramiento a Carlos Ramón González, ni César Manrique”.El defensor denunció una “presunta connivencia entre la Fiscal General de la Nación y los Fiscales 9 y 11 Delegados ante la Corte Suprema de Justicia, para permitir, o facilitar, que Carlos Ramón González abandonara el país hacia Nicaragua para evadir la acción penal”.Los delitos de los que Bustos señala a la fiscal Camargo son de “presuntamente haber incurrido en presunta configurativa del delito de fraude a resolución judicial, concierto para delinquir, abuso de función pública y favorecimiento”.
Tras la reciente decisión judicial que condenó al abogado Diego Cadena a 7 años de prisión en primera instancia, su defensa, liderada por el doctor Iván Cancino, ha manifestado que ha iniciado el proceso de apelación. En diálogo con Mañanas Blu, Cancino ofreció detalles cruciales sobre la situación legal de su cliente, el estado de su libertad y las notables diferencias con el caso del expresidente Álvaro Uribe, asegurando que la estrategia apunta a la absolución total.La condena de 84 meses (7 años) impuesta al Cadena fue por un solo delito, mientras que fue absuelto de otros tres. Este contexto judicial fue abordado por Cancino, quien, además, reveló el singular sentido del humor que su cliente mantiene a pesar de la gravedad del proceso.Una de las aclaraciones más importantes brindadas por el abogado Cancino, fue respecto al estado de libertad de Diego Cadena. A diferencia de otros casos mediáticos, el juez de primera instancia no impuso restricción a su libertad ni ordenó su captura.El doctor Cancino explicó que la defensa había solicitado tres puntos clave al juez: que la pena fuera la mínima posible (7 años), que no se hiciera efectiva ninguna captura hasta que se decidiera la apelación, y que fuera una detención domiciliaria, si se ratificaba la sentencia. Todos estos puntos fueron aceptados por el juez.Actualmente, Diego Cadena se encuentra fuera del país. "Estuvo en Colombia y salió por unos temas profesionales a Europa," indicó Cancino. Sin embargo, el abogado es enfático en el compromiso de su cliente de acatar cualquier decisión final de la justicia.Cancino insistió en su convicción de lograr la absolución, pero fue claro respecto a lo que sucedería si la condena se ratificara en instancias superiores: "No creo que tenga que pagar condena alguna. Yo creo que lo vamos a absolver, pero tiene el compromiso conmigo porque sería una situación no entendible, que ya le faltaría poco tiempo y, además, sería en domiciliaria no cumplirla en Colombia. Estoy absolutamente seguro que lo hará".El caso de Diego Cadena seguirá su curso ante el tribunal, con la defensa buscando una absolución total y con la certeza de que, mientras no haya fallo en firme, el abogado Cadena seguirá gozando de su libertad.Escuche aquí la entevista: