Las autoridades capturaron a Mario Antonio Modesti, alias ‘Mil Caras’, señalado de estafar y drogar a más de 50 personas en distintas ciudades del país, principalmente en Bogotá, Medellín y Bucaramanga. De acuerdo con la investigación, las víctimas eran en su mayoría miembros de la comunidad LGTBQ+, quienes fueron contactados a través de aplicaciones de citas.Según el reporte, Modesti, de nacionalidad venezolana, se presentaba como empresario exitoso o extranjero adinerado, incluso asegurando trabajar en el sector petrolero. Tras generar confianza, acordaba encuentros en hoteles o residencias privadas. Una vez a solas, aprovechaba descuidos para contaminar las bebidas con sustancias tóxicas, dejando a las víctimas en estado de indefensión. En entrevista con Testigo Directo, un ciudadano francés, víctima del hombre, relató que “el último recuerdo concretamente es servir la cerveza, hablar un poco y de ahí la memoria se me fue hasta tres días después”. Otra persona afectada aseguró que permaneció “casi una semana caminando como un zombi” debido a los efectos del narcótico.En ese estado, el presunto delincuente accedía a información personal y financiera, logrando vaciar cuentas bancarias y realizar millonarios retiros. En uno de los casos documentados, el hurto superó los 130 millones de pesos, además de sumas en dólares. Las autoridades también establecieron que alias ‘Mil Caras’ robaba pasaportes y documentos, los cuales modificaba para suplantar identidades y cometer nuevos delitos, una práctica que repetía hasta tres veces por semana mientras se desplazaba por diferentes regiones del país.Tras 60 días de seguimiento, la Policía Metropolitana de Bogotá logró su captura. Las investigaciones indican que Modesti tendría antecedentes por hechos similares desde 2007 en Venezuela.Una de las víctimas advirtió sobre los riesgos del uso de estas plataformas digitales, señalando que “cuando uno pone que es extranjero, para un ladrón uno se pone en la puntería”. Las autoridades continúan recopilando denuncias para establecer la totalidad de los afectados y el monto real del dinero hurtado.
El Ministerio de Justicia se pronunció sobre el pedido de extradición a Reino Unido de Zulma Guzmán, señalada de estar detrás del envenenamiento que causó la muerte de dos menores de edad en Bogotá con talio y quien fue capturada en ese país el pasado martes.Ante esto, el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, señaló que Reino Unido aún no da el beneplácito para que Zulma Guzmán sea traída de vuelta al país.“Estamos precisamente esperando que dicho beneplácito se dé esta semana para que ya sea cuestión de coordinación entre las entidades del orden nacional de Colombia y del Reino Unido, porque recuerden que ese tipo de situaciones tienen una coordinación de máximo cinco horas. Si todo sale bien, el Gobierno del Reino Unido ya nos dé la autorización para que sea traída a Colombia”, dijo.Ante la pregunta de si existe la posibilidad de que Zulma Guzmán sea extraditada a Colombia antes de que finalice el año, el ministro de Justicia (e) aseguró que ello depende de si la defensa de ella interpone algún recurso.“Esperaríamos que antes de que termine el año llegara, eso está, por supuesto, al margen de cualquier tipo de recurso legal que interponga; entonces, si no hay recursos legales, eso tendría que materializarse esta semana”, aseveró.Zulma Guzmán Castro es requerida por la justicia por su presunta responsabilidad en un caso de homicidio agravado que dejó dos niñas muertas y otras dos personas gravemente afectadas por ingerir frambuesas envenenadas con talio.Guzmán fue detenida esta semana por las autoridades británicas tras la activación de una notificación roja de Interpol. Su localización se produjo en Londres, a orillas del río Támesis, cerca del puente Battersea, luego de un seguimiento internacional que permitió establecer su salida de Colombia y su paso por varios países de América Latina y Europa.
La Fiscalía General de la Nación avanzó en la recuperación de recursos públicos presuntamente desviados en el escándalo de Centros Poblados al imponer medidas de extinción de dominio sobre 23 inmuebles que harían parte del patrimonio de algunos de los implicados en las irregularidades del contrato para llevar internet a escuelas rurales del país.Blu Radio conoció el listado de los bienes afectados, avaluados en más de 65.900 millones de pesos, que estarían vinculados a los hechos irregulares detectados en el contrato suscrito entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y la Unión Temporal Centros Poblados. De acuerdo con la investigación, estas propiedades habrían sido adquiridas con recursos provenientes de las actuaciones ilícitas identificadas en el proceso de contratación y del anticipo que fue entregado de manera irregular.Entre los bienes cobijados por las medidas cautelares se encuentran cinco inmuebles a nombre de la congresista Saray Robayo, actual esposa de Emilio José Tapia Aldana, uno de los principales vinculados al caso. Dentro de estos activos figuran un penthouse ubicado en un edificio de Coveñas; un lote localizado en el municipio de San Bernardo del Viento, en el departamento de Córdoba; y el predio conocido como El Chinchorro, en Montería.Las medidas de extinción de dominio también alcanzaron un inmueble de propiedad de la exministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Karen Abudinen. El bien afectado corresponde a un apartamento ubicado en la ciudad de Barranquilla, sobre el cual la Fiscalía impuso una medida cautelar en atención a decisiones de responsabilidad fiscal proferidas por la Contraloría General de la República en el marco del mismo proceso.Según el director de Extinción del Derecho de Dominio, José Iván Caro, los 23 bienes afectados están distribuidos en los departamentos de Cundinamarca, Atlántico, Córdoba, Sucre, Risaralda y Nariño. El portafolio de activos incluye predios urbanos y rurales, parqueaderos, establecimientos de comercio y participaciones societarias, todos bajo análisis de las autoridades judiciales.Los elementos materiales probatorios recaudados por la Fiscalía indican que parte de estos bienes habría sido adquirida mediante la mezcla de recursos lícitos con dineros de origen ilícito, lo que dio lugar a la aplicación de las causales legales de equivalencia, mezcla y destinación. Además, la investigación estableció que las sociedades que integraron la Unión Temporal Centros Poblados habrían sido utilizadas como instrumento para la comisión de las irregularidades contractuales.
La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares con fines de extinción del derecho de dominio sobre 23 bienes que harían parte del patrimonio de varios de los presuntos responsables del escándalo de corrupción conocido como el caso Centros Poblados, relacionado con el fallido contrato para llevar internet a escuelas rurales del país.La decisión cobija bienes que pertenecerían a Emilio Tapia, Juan José Laverde, Ottomar Lascarro, Luis Fernando Duque y algunos de sus familiares, todos señalados de haber tenido participación en las irregularidades detectadas en el contrato suscrito entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y la Unión Temporal Centros Poblados.De acuerdo con el director de Extinción del Derecho de Dominio, José Iván Caro, los bienes afectados superan los 65.900 millones de pesos y se encuentran ubicados en los departamentos de Cundinamarca, Atlántico, Córdoba, Sucre, Risaralda y Nariño. Entre los activos objeto de la medida se encuentran predios urbanos y rurales, parqueaderos, establecimientos de comercio y participaciones societarias.Según los elementos materiales probatorios recaudados por la Fiscalía, estas propiedades habrían sido adquiridas con recursos provenientes de las actuaciones ilícitas identificadas en el proceso de contratación, así como del anticipo que fue recibido de manera irregular por la Unión Temporal Centros Poblados. El contrato tenía como objetivo la instalación de centros digitales en 16 departamentos del país, iniciativa que finalmente no se ejecutó conforme a lo pactado.En el desarrollo de la investigación, el ente acusador determinó que parte de los bienes fueron obtenidos mediante la combinación de recursos de origen lícito con dineros producto de actividades ilícitas, lo que dio lugar a la aplicación de las causales de equivalencia, mezcla y destinación previstas en la legislación de extinción de dominio. Además, se estableció que las sociedades que integraron la Unión Temporal habrían sido utilizadas como instrumento para la comisión de las irregularidades contractuales.De manera adicional, y en atención a decisiones de responsabilidad fiscal emitidas por la Contraloría General de la República, la Fiscalía también impuso una medida cautelar sobre un inmueble de propiedad de la exministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Karen Abudinen, en el marco del mismo proceso.Las medidas fueron adoptadas por un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, tras establecerse la imposibilidad de ubicar la totalidad de los recursos desviados en el contrato de Centros Poblados. Con esta actuación, la Fiscalía busca recuperar bienes que, presuntamente, fueron adquiridos con dineros públicos y garantizar su eventual incorporación al patrimonio del Estado, mientras avanzan los procesos judiciales contra los responsables del entramado de corrupción.
Las publicaciones en redes sociales ya hacen parte del día a día de la gente, pues a diario se está creando contenido que es consumido por millones de personas en el mundo. No obstante, existe un peligro latente al hacer esa información pública.De acuerdo con las autoridades, las redes sociales se han convertido en una fuente de información valiosa para los delincuentes. Lo que para muchos parece una foto o comentario inofensivo, para los criminales significa una oportunidad para cometer delitos.Por ello, revelar datos personales como el número de cédula, ubicaciones fácilmente identificables, números telefónicos, placas de vehículos o rutinas diarias, permite al delincuente anticipar movimientos e identificar oportunidades para cometer hechos delictivos.Lo que no debe publicar en redes socialesLas personas no deben cometer los siguientes errores al publicar en redes sociales, ya que están incrementando el riesgo de seguridad personal y patrimonial:No publicar viajes en tiempo real ni compartir fotografías que evidencien que la vivienda está sola, ya que esto puede facilitar el hurto a residencias.No mostrar placas de vehículos, lugares habituales de parqueo ni detalles sobre la compra de un carro nuevo, pues esta información puede ser usada para el marcaje y posterior robo.No exponer información personal sensible, como datos laborales, familiares o financieros, que podrían ser aprovechados para extorsiones.No compartir imágenes de documentos, carnés, tiquetes aéreos u otros elementos que permitan la suplantación de identidad.No publicar ubicaciones en tiempo real ni recorridos diarios, ya que esto aumenta el riesgo de acoso digital y seguimiento.No difundir rutinas fijas, especialmente aquellas relacionadas con horarios, trayectos frecuentes o actividades cotidianas.No exponer información sobre niños, niñas y adolescentes, como colegios, actividades o ubicaciones, para reducir riesgos de acoso o situaciones de vulnerabilidad.En síntesis, las autoridades sugieren evitar vivir “en modo público” en redes sociales e internet, pues esto implica un peligro constante. Por ello hay que tener en cuenta que cada dato compartido puede convertirse en una herramienta para quienes buscan cometer delitos.
En diciembre, cuando llega la prima, es normal que muchas personas piensen en viajes, regalos o incluso compras de ropa, entre otros planes. Sin embargo, en un mercado laboral cada vez más competitivo, ese dinero también puede usarse para asegurar un buen trabajo en 2026 e incluso para buscar el ansiado aumento salarial, que según expertos puede alcanzar hasta el 70%. Eso sí, el secreto está en la forma en la que se invierte ese ingreso extra.Hoy la educación dejó de ser solo un requisito y pasó a convertirse en una estrategia para blindarse profesionalmente. La automatización, la inteligencia artificial y los cambios tecnológicos que enfrenta el mundo han transformado oficios y profesiones, creando nuevas exigencias para quienes buscan mantenerse vigentes y competitivos en el mercado laboral.Usar la prima para estudiar y asegurar el empleo en 2026De acuerdo con Emiro Stig Romero Arias, director de Finanzas y Negocios Internacionales y de la Especialización en Finanzas de UCompensar, la formación es la mejor defensa frente a la incertidumbre del campo laboral. “La mejor forma de blindarse ante la automatización es invertir en educación. Los trabajadores que actualizan su conocimiento aumentan sus ingresos potenciales, encuentran empleo más rápido y tienen mayor estabilidad laboral”, explica el experto.Según Romero Arias, en sectores como tecnología, finanzas y análisis de datos, contar con certificaciones y programas formales puede representar incrementos salariales de hasta un 70%. No se trata solo de estudiar por estudiar, sino de saber elegir programas con alta demanda laboral y una proyección clara a mediano plazo.Por qué estudiar hoy puede mejorar el salario y la estabilidad laboralInvertir la prima en educación ofrece ventajas claras frente a otros gastos típicos de fin de año, entre ellas:Protege frente a la automatización: la tecnología está reemplazando tareas repetitivas, pero también abre oportunidades para quienes desarrollan habilidades digitales, analíticas y humanas.Genera un retorno real y medible: fortalecer el perfil profesional aumenta las opciones de ascenso, cambio de sector o acceso a mejores salarios.Es un activo que no se deprecia: a diferencia de bienes materiales, el conocimiento se mantiene en el tiempo y se adapta a distintos contextos laborales.En un entorno en el que los salarios no siempre crecen al mismo ritmo que la inflación, capacitarse se convierte en una forma concreta de cuidar el ingreso futuro.Qué tener en cuenta antes de invertir la prima en educaciónDe acuerdo con el experto, antes de decidir qué estudiar es clave evaluar con calma varias variables. Se recomienda elegir una formación alineada con los intereses personales y las metas profesionales, revisar su impacto en la empleabilidad y optar por modalidades que permitan estudiar sin dejar de trabajar.“Invertir la prima o las cesantías en educación es una decisión financiera que debe ser estratégica. Cuando se elige bien, la formación se convierte en una de las inversiones más seguras y valiosas que una persona puede hacer”, concluye Romero Arias.
Las autoridades designaron un grupo especial de investigación criminal para esclarecer el triple homicidio registrado en la vía que comunica a los corregimientos de Morrison y Los Ángeles, en jurisdicción de Río de Oro, en Cesar.Entre las víctimas se encuentran madre e hija de 12 años, las cuales fueron identificadas como Nelly Geraldine García y la menor Melissa López García, así como la pareja sentimental de la mujer, Anderson Rocha Núñez, todos siendo blanco de múltiples impactos de bala.De hecho, la menor alcanzó a llegar hasta un centro médico con la ayuda de la comunidad. Sin embargo, la gravedad de sus heridas no le permitió mantenerse con vida.El alcalde de ese municipio, Arnoldo Osorio, lamentó lo sucedido, sobre todo porque los hechos se registraron a muy pocos metros de la Base Militar del 27, perteneciente al Batallón de Infantería N 14, ubicada en la vereda El Juncal, donde tras un ataque con drones murieron siete soldados y otros 33 resultaron heridos.“Lamentando mucho lo que hoy enluta al municipio de Río Oro, sobre todo en estas fechas en las que se supone que debemos estar en alegría y celebrando, pero miren cómo dañan la tranquilidad del municipio. Esto que sucedió está a escasos kilómetros del batallón en El Juncal, donde atentaron contra la vida de siete soldados de la patria”, dijo inicialmente.“Le hacemos un llamado a los grupos armados al margen de la ley para que, por favor, dialoguen, se sienten con el Gobierno Nacional y busquen una salida negociada. Ya está bueno de tantos daños. Esta cadena de tragedia afecta en todos los sentidos”, agregaron.Por estos mismos hechos, el director general de la Policía Nacional, Brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano, manifestó desde Sincelejo que aún no existe una ruta clara para determinar las razones detrás del ataque, pues del sitio solo saben que hay grupos al margen de la ley con intereses en el narcotráfico.Los reportes de las autoridades hablan de que la pareja y la pequeña Melissa no pudieron escapar al verse interceptados por múltiples hombres armados cuando se movilizaban en su motocicleta.En la misma jurisdicción de Río de Oro, pero en la vereda El Carbonal, un joven campesino de 19 años se salvó de ser secuestrado por grupos armados cuando intentaron detener la marcha del tractocamión en el que llevaba huevos y demás productos.Afirma la Policía que la víctima aceleró su vehículo y embistió a otro automotor que estaba cruzado en la vía para impedir su paso. Al llegar a la estación de policía más cercana, pidió ayuda, y volviendo hacia el punto, encontraron el carro utilizado totalmente incinerado.
Al menos 12 cadáveres fueron localizados en los últimos tres días en una zona boscosa en la periferia este de Ciudad de Guatemala, en un aparente caso ligado a las pandillas, informaron este domingo socorristas y el gobierno.Guatemala es azotada por la violencia criminal, principalmente por el accionar de las temibles pandillas Bario 18 y Mara Salvatrucha (MS-13), consideradas "terroristas" por el país centroamericano y Estados Unidos.Los cuerpos encontrados estaban en una ladera de una carretera usada como basurero clandestino, donde la delincuencia suele arrojar cadáveres, según reportes de los bomberos y la prensa local.El portavoz de los Bomberos Voluntarios, Hans Lemus, dijo a periodistas que el viernes fueron localizados dos cuerpos en el sector y el sábado tres cadáveres y una osamenta humana.Lemus explicó que este domingo, con apoyo de perros adiestrados, localizaron otros seis restos humanos y cadáveres "envueltos" en sábanas y bolsas plásticas.Después de varias horas, los bomberos finalizaron el rastreo y colocaron en hilera sobre la carretera los cuerpos dentro de camillas metálicas, de acuerdo con imágenes divulgadas por la entidad de socorro.En un mensaje enviado a los medios, el Ministerio del Interior señaló que el múltiple crimen podría estar vinculado a un "reacomodamiento" de las pandillas "en su afán por dominar territorios en los que operan otros grupos al margen de la ley".A finales de octubre, socorristas encontraron nueve cuerpos abandonados entre la maleza bajo un puente en el poblado de Palencia, cercano a la capital.Casi la mitad de la violencia en el país es atribuida por las autoridades al narcotráfico y las pandillas que se dedican a extorsionar a comerciantes y empresarios de transporte de pasajeros.Según cifras oficiales, Guatemala cerró el año pasado con una tasa de homicidios de 16,1 por cada 100.000 habitantes, más del doble del promedio mundial.
La gestión del nuevo rector encargado de la Universidad del Atlántico, Rafael Castillo Pacheco, seguirá en firme a pesar de las versiones de la Procuraduría General de la Nación que hablan de una suspensión de cuatro meses en su contra por haber pagado con recursos de la universidad los estudios en el extranjero de otro docente.Manifiesta el funcionario, ya posesionado en su cargo, que no tiene ninguna inhabilidad y que, en su tiempo, consideró la sanción como injusta, ya que sí fue aprobada esa comisión para el maestro involucrado, pero fueron recursos de su mismo salario.“En este momento no tengo ninguna sanción, tampoco una inhabilidad para ejercer cargo público. Y si nos centramos en el alcance de la resolución, entonces el tiempo de la misma ya se cumplió. La universidad no le hizo pagos al profesor diferentes al salario que devengaba, estamos hablando de una cuantía que si acaso llegará a los tres millones de pesos. El fallo de la Procuraduría obviamente no era proporcional”, dijo inicialmente.Contó que la suspensión era inicialmente por 10 años; no obstante, tras una apelación se redujo a cuatro meses. Dentro de la misma, no se especificó sanción económica y, al haberla cumplido, se atrevió a tomar el reto presentado por el Ministerio de Educación.Del mismo modo, Rafael intenta terminar con la incertidumbre de los más de 1.200 estudiantes graduados este viernes, a los que se les entregó sus diplomas con su firma estampada en ellos. Promete que estos no perderán validez.“Mal haría yo en comprometer un documento de tan valiosa condición como es un diploma, firmándolo en este caso sin tener la representación legal de la institución”, agregó.Las directrices que le dio el Ministerio de Educación fueron claras: poner a funcionar plenamente a la Universidad, establecer los calendarios académicos, asignar las responsabilidades administrativas y fortalecer el componente financiero.Por eso, espera levantar en las próximas semanas el paro académico que sostenían la mayoría de facultades.“Hay un ambiente de optimismo en la universidad, en el sentido de rehacer toda su actividad académica y abrir las actividades para garantizar su funcionamiento pleno tanto ahora que termina el año como al comienzo del 2026”, remarcó.Castillo sostiene que le apuesta a incorporar a todos los actores universitarios en los procesos de decisiones, así que ya adelanta acercamientos con estudiantes y docentes.
La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, información detallada y actualizada sobre el proceso de cesión de la posición contractual en el bloque gasífero Sinú-9, un contrato que ha generado alertas por presuntas irregularidades que incluyen señalamientos de tráfico de influencias, ocultamiento de accionistas y posibles vacíos en la cadena de titularidad de los intereses económicos.El ente de control recordó que el contrato de Exploración y Producción de Hidrocarburos E&P No. 25, correspondiente al área Sinú-9, ha registrado múltiples operaciones desde su adjudicación en 2014. Según la Procuraduría, en este periodo se han presentado diversos negocios jurídicos que involucran compra y venta de participaciones e incrementos en los porcentajes de inversión.El requerimiento fue elevado por la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, en el marco de actuaciones preventivas relacionadas con la transferencia de la participación mayoritaria del contrato. Actualmente, la multinacional Maurel & Prom (M&P) firmó para adquirir el 61 por ciento de la licencia de exploración y producción del bloque Sinú-9, lo que activó la revisión del órgano de control.El bloque Sinú-9 ha estado en el centro de la atención pública por la mención del inversionista Serafino Iacono, empresario del sector de petróleo y gas, quien también ha sido relacionado con la venta del apartamento 901 a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, un negocio por el cual la Fiscalía ya avanzó con el interrogatorio, para establecer si la compra del apartamento que hizo Roa al empresario Iacono se hizo de manera legal o si detrás de la transacción pudo haber existido una estrategia para comprometer presuntamente contratos de Ecopetrol antes de que Roa asumiera la presidencia de la compañía.Sin embargo, en un comunicado, el empresario Iacono ha señalado que ya no hace parte de la administración de NG Energy, empresa que en 2017 adquirió una participación en Sinú-9 mediante acuerdos con Clean Energy.En la solicitud, la Procuraduría advirtió que en las solicitudes recibidas se exponen presuntas irregularidades asociadas a la titularidad real de los intereses económicos, la sucesión de cesiones contractuales y el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. Por ello, señaló la necesidad de contar con información integral que permita tener un panorama completo de la situación jurídica, contractual y administrativa tanto del contrato como del trámite de cesión en curso.En ese sentido, la Procuraduría solicitó a la ANH un informe detallado que consigne, de manera cronológica, todas las modificaciones en las participaciones de los contratistas del bloque, incluyendo la identificación de cada uno de los inversionistas que han tenido vínculo con el contrato. El requerimiento también abarca a aquellos cuya participación no es visible para el mercado, pero cuyos contratos reposan en los registros de la Agencia.Adicionalmente, el procurador Marcio Melgosa pidió establecer si la ANH ha adelantado actuaciones para verificar el estado procesal actual de los procesos judiciales relacionados con el contrato de Sinú-9, así como las pretensiones formuladas y el posible impacto que podrían tener sobre la cesión de participación actualmente en trámite.La ANH cuenta con un plazo de cinco días hábiles para responder el requerimiento de la Procuraduría. Hasta tanto no se emita un pronunciamiento posterior del órgano de control, la definición sobre la cesión de la participación en el bloque Sinú-9 quedará en suspenso, en un proceso que ahora es objeto de vigilancia preventiva por parte del Ministerio Público.
El caso de Zulma Guzmán Castro se remonta a abril de este año en Bogotá, cuando un regalo terminó convertido en una tragedia. Dos menores de edad, identificadas como Inés de Bedout, de 14 años, y Emilia Forero, de 13, fallecieron tras consumir frambuesas cubiertas con chocolate que fueron enviadas a su vivienda a través de un servicio de mensajería.Las investigaciones establecieron que las frutas contenían talio, un metal pesado altamente tóxico, incoloro e inodoro, que habría sido introducido de manera intencional. La sustancia no solo causó la muerte de las menores, sino que también afectó la salud de otros dos integrantes de la familia.Según la hipótesis de la Fiscalía, el doble homicidio estaría motivado por una venganza personal, relacionada con una presunta relación sentimental extramatrimonial que la empresaria habría sostenido con el padre de una de las víctimas.Tras la muerte de las niñas, Guzmán Castro abandonó el país y emprendió una huida por varios países de Suramérica y Europa, entre ellos Argentina, Brasil y España, hasta ingresar finalmente al Reino Unido el pasado 11 de noviembre.La ubicación de la sospechosa en Londres se logró gracias a un detalle clave: en una transmisión de video se le observó consumiendo agua embotellada de una marca que solo se comercializa en territorio británico. Días después, cerca del puente de Battersea, fue rescatada del río Támesis por la Policía Metropolitana, tras un presunto intento de suicidio.Actualmente, la Fiscalía General de la Nación formalizó ante el Gobierno británico la solicitud de extradición para que responda en Colombia por los delitos de homicidio agravado y tentativa de homicidio.De acuerdo con una investigación revelada por el diario El Tiempo, el pasado 6 de abril de 2025, cuando Forero ya había fallecido y la otra niña, De Bedout, permanecía en estado crítico en una clínica, Zulma Guzmán habría comprado nuevos paquetes de frambuesas.El primer pedido se realizó a la 1:53 de la tarde y, dos horas después, habría efectuado un segundo encargo que incluía frambuesas, tomates, cebollas y aguacates, por un valor total de 29.900 pesos.Sobre la recepción de estos pedidos, un detective entrevistado por El Tiempo indicó que Juan De Bedout —quien reconoció haber sostenido una relación extramatrimonial con Guzmán— fue interrogado. “Solo se tienen nombres, no apellidos. El señor manifestó desconocer si las receptoras pertenecen o no a su entorno, aunque admitió conocer al menos a una persona con uno de esos nombres”, señaló el investigador.Cabe recordar que Zulma Guzmán ha asegurado que dichas compras correspondían a su dieta personal y ha negado de manera reiterada cualquier responsabilidad en la muerte de las menores.
Un caso de violencia intrafamiliar ocurrido en Ciudad de México el pasado 23 de agosto de 2023 volvió a causar conmoción luego de que Pamela Rivera reconstruyera los hechos que terminaron en el asesinato de su madre y su abuela, y con la muerte posterior de su padre, Óscar Rivera, exbeisbolista profesional.Rivera tuvo una destacada trayectoria deportiva, con paso por organizaciones como los Dodgers y la liga mexicana. Sin embargo, tras su retiro del deporte profesional, su situación personal se deterioró progresivamente. Según el testimonio de su hija en el podcast Vos Podés, el ascenso laboral de su esposa, quien comenzó a ocupar cargos directivos, coincidió con una etapa marcada por depresión, consumo desmedido de alcohol y episodios de violencia psicológica y física.La convivencia familiar se agravó durante el confinamiento por la pandemia, periodo en el que, de acuerdo con Pamela, las discusiones constantes y las conductas de control se intensificaron. A pesar del entorno violento, su madre no logró alejarse del agresor, en parte por un sentimiento de compasión. “Mi mamá decía que lo quería dejar pero nunca lo pudo dejar porque decía ‘Ay pobrecito ¿a dónde se va a ir, qué va a hacer de su vida?’”, relató.La mañana del 23 de agosto, Pamela despertó tras escuchar gritos provenientes del interior del apartamento. Al salir de su habitación encontró a su abuela, de 78 años, amarrada con un cinturón y sin conocimiento. Al intentar intervenir, su padre se encerró bajo llave en la habitación principal del inmueble.Mientras las autoridades eran alertadas, Rivera envió un mensaje de texto a su hija, en el que se despedía y daba indicaciones sobre los bienes familiares. Pamela recordó el contenido del mensaje: “Me manda un mensaje larguísimo pidiendo disculpas... ‘perdóname flaquita, lo que hice no es su culpa, ni de mis hermanos. Esto es de ustedes, un terreno, la casa, es de ustedes’”.Cuando la policía logró ingresar a la vivienda, halló sin vida a la madre y a la abuela. De acuerdo con las autoridades, la madre habría sido agredida físicamente antes de recibir un disparo, mientras que la abuela murió tras ser golpeada con la cacha del arma cuando intentó defender a su hija.El agresor fue trasladado a un centro asistencial, donde permaneció en estado vegetal durante siete días. Falleció el 31 de agosto. El hecho dejó a Pamela y a su hermana menor, de nueve años, enfrentando un proceso legal por la sucesión de bienes.Además del impacto emocional, Pamela aseguró haber sido blanco de señalamientos en redes sociales y críticas por parte de familiares que la responsabilizaron por no haber evitado la tragedia. Hoy, afirma que su prioridad es la recuperación emocional y visibilizar la importancia de la atención oportuna en salud mental. “Muchas cosas se hubieran arreglado o calmado si hubieran prestado atención... ¿qué tal si en vez de las drogas y el alcohol hubiera sido la terapia o el amor propio?”, reflexionó.
La Fiscalía solicitó al Ministerio de Justicia tramitar con el gobierno del Reino Unido la extradición de Zulma Guzmán Castro, requerida por la justicia por su presunta responsabilidad en un caso de homicidio agravado que dejó dos niñas muertas y otras dos personas gravemente afectadas, por ingerir frambuesas envenenadas con talio.Guzmán fue detenida esta semana por las autoridades británicas tras la activación de una notificación roja de Interpol. Su localización se produjo en Londres, a orillas del río Támesis, cerca del puente Battersea, luego de un seguimiento internacional que permitió establecer su salida de Colombia y su paso por varios países de América Latina y Europa.La Fiscalía explicó en la solicitud dirigida al ministro de Justicia, Andrés Ibarraga que, tras abandonar el país, la mujer estuvo en Argentina, Brasil y España, antes de ingresar al Reino Unido en noviembre de este año.La investigación penal se originó luego de la muerte de dos niñas que, junto con otros miembros de su entorno familiar, consumieron frambuesas cubiertas de chocolate que estaban contaminadas con talio, un metal pesado altamente tóxico, incoloro e inodoro. El alimento llegó a la vivienda como un supuesto regalo, entregado por un domiciliario, lo que inicialmente generó confusión sobre el origen del envenenamiento y retrasó la identificación de una causa intencional.Según el expediente judicial, los estudios descartaron por completo un accidente o una contaminación fortuita. El talio habría sido incorporado deliberadamente con la intención de causar daño grave o la muerte a quienes los consumieran. La Fiscalía señala a Zulma Guzmán Castro como la persona que habría gestionado el envío de las frambuesas a la vivienda donde se encontraban las víctimas.De acuerdo con la hipótesis del ente acusador, el caso estaría relacionado con un presunto acto de venganza, motivado por una relación sentimental extramatrimonial que Guzmán habría sostenido con el padre de una de las menores fallecidas. Este aspecto, aunque mencionado en el proceso, continúa siendo materia de investigación y análisis probatorio.Tras conocerse la muerte de las niñas, Guzmán salió del país con destino a Argentina, un hecho que reforzó las sospechas en su contra. Posteriormente, la Fiscalía solicitó una orden de captura ante un juez de control de garantías y tramitó la circular roja de Interpol para facilitar su ubicación y detención en el exterior.En el documento de formalización enviado a las autoridades del Reino Unido, la Fiscalía colombiana expone los hechos, las pruebas recaudadas y los delitos por los cuales es requerida Guzmán, entre ellos homicidio agravado cuando la víctima es menor de edad y tentativa de homicidio. La solicitud se sustenta en tratados de cooperación judicial vigentes entre ambos países.
Gloria Mejía, oriunda de la zona rural de El Concilio, en Salgar, Antioquia, y sobreviviente de los ataques de Carlos Rivera, más conocido como el “monstruo de Tabio”, dio su testimonio en el pódcast Conducta Delictiva, donde relató detalles del ataque que sufrió.La mujer contó que en el pueblo comenzaron a circular rumores sobre hechos extraños relacionados con varias mujeres. “Una mujer de la tercera edad apareció muerta y había sido víctima de violación, ocho días después de que su familia estuviera buscándola”, relató.Según explicó, un año después aumentaron los rumores de ataques sexuales contra mujeres de la zona. Tras registrarse tres casos de muerte con características similares, el pánico se apoderó de la comunidad rural.Cabe recordar que este hombre es señalado de acechar y agredir a más de ocho mujeres en zonas rurales de Colombia entre 2019 y 2024. El sujeto, que solía camuflarse como un trabajador de fincas cafeteras, utilizaba hasta diez identidades falsas para evadir a las autoridades, mientras seleccionaba a sus víctimas —mujeres de diferentes edades— para atacarlas en caminos solitarios durante la madrugada.Gloria relató que aquella madrugada, fue interceptada por un hombre encapuchado que intentó golpearla con un garrote. Sin embargo, tras un forcejeo en el que el agresor cayó al suelo, ella logró huir y alertar a la comunidad.“Él me mandó el garrotazo, pero yo reaccioné de inmediato y con la mano derecha le di un puño, tumbándole el palo que tenía en la mano”, contó.Después del ataque, asumió un rol activo en la búsqueda de justicia, recolectando pruebas como la vestimenta del sospechoso y colaborando en la elaboración de un retrato hablado, el cual fue clave para que los investigadores siguieran su rastro.“Lo cogí del pelo, le quité la camisa y yo pensaba: ‘yo a este lo he visto en alguna parte’. A este hombre yo lo vi sentado en la tienda de la vecina, este hombre fue el que se me fue encima el día de los cumpleaños", recordó.Pese a que el sospechoso fue capturado en 2023 tras un incidente en Tabio, las sobrevivientes denuncian que, aunque presuntamente estaría vinculado a 11 casos de agresiones y feminicidios, actualmente solo estaría cumpliendo condena por un único proceso. Otros expedientes, incluido el de Gloria, habrían sido archivados o descuidados por el ente acusador.
En la tarde de este viernes, 19 de diciembre, fueron legalizadas las capturas de los exministros del gobierno Petro, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, por su presunta vinculación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).Se llevó a cabo la audiencia de legalización de captura contra los exministros de Hacienda Ricardo Bonilla y del Interior Luis Fernando Velasco, quienes, según la Fiscalía, habrían hecho parte de un entramado criminal en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.Bonilla fue capturado minutos después de que finalizara la audiencia en el Tribunal Superior de Bogotá, en donde se conoció que la medida era intramural, es decir, cárcel para ambos exministros del gobierno del presidente Gustavo Petro.Mientras tanto, Luis Fernando Velasco se entregó voluntariamente en Cali, ciudad donde reside actualmente.Durante la diligencia la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría le pidieron a la magistrada Leonor Oviedo, que impartiera legalidad sobre las capturas de Velasco y Bonilla.Asimismo, ambos exministros aseguraron durante la audiencia que al momento de sus capturas les fueron respetadas todas sus garantías procesales.La magistrada Oviedo señaló que los exministros podrían ser traslados a la Cárcel la Picota de Bogotá o al sitio de reclusión que asigne el Inpec.Entre los principales argumentos expuestos por el Tribunal Superior de Bogotá para imponer medida intramural, está la persistencia del riesgo institucional y el estado en el que se encuentra la actuación procesal. La magistrada Aura Alexandra Rosero consideró que la detención domiciliaria no resulta suficiente para neutralizar los riesgos advertidos, al no impedir de manera eficaz la posibilidad de articulación indirecta, influencia institucional o interferencia funcional, propias ,según indicó, de estructuras criminales que operan desde niveles altos de poder y bajo esquemas de aparente legalidad.
La muerte de la jueza Vivian Polanía sigue rodeada de interrogantes. La funcionaria judicial fue encontrada sin vida el pasado miércoles 17 de diciembre en su apartamento, ubicado en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander, junto a su hija de apenas dos meses de nacida, quien fue hallada en buen estado de salud.De acuerdo con el primer reporte entregado por las autoridades, el cuerpo de la jueza fue encontrado en su habitación, sobre la cama y cubierto con una cobija. “En la habitación donde residía la jueza la encontramos muerta en su cama, arropada, y al lado se encontraba un bebé de aproximadamente un mes y medio”, explicó el coronel Fabio Ojeda en diálogo con Mañanas Blu.La Policía indicó que, en una primera inspección, el cuerpo no presentaba signos visibles de violencia. No obstante, fue trasladado a Medicina Legal, entidad que deberá establecer con exactitud las causas del fallecimiento. Las autoridades también señalaron que la menor habría permanecido cerca de 12 horas sin recibir alimento antes de ser encontrada.Vivian Polanía contaba con un esquema de protección asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP), debido a su labor como jueza. Según se informó, la última comunicación que sostuvo fue alrededor de las 8:00 de la noche del día anterior a su muerte.Mientras avanzan las investigaciones, Luis Alexander Maldonado, abogado y amigo cercano de la jueza, entregó detalles sobre el contexto personal y profesional de Polanía. En sus declaraciones, destacó que la funcionaria había recibido múltiples amenazas por sus decisiones judiciales. “Ella tenía muchas amenazas por ser jueza de procesos contra bandas criminales. Negaba beneficios a integrantes de organizaciones delincuenciales. Por eso tenía esquema de protección. Era una jueza incorruptible”, afirmó.Maldonado también recordó que Polanía fue jueza de garantías en el caso de los responsables del asesinato del periodista Jaime Vásquez, un proceso de alto impacto que reforzó su perfil como funcionaria estricta frente al crimen organizado.El abogado rechazó las versiones que apuntan a un posible suicidio y aseguró que la jueza atravesaba un buen momento personal. “Ella estaba feliz con su bebé. Decir que se suicidó no tiene sentido. Vivía en un conjunto cerrado, al que era muy difícil que alguien ingresara. Será Medicina Legal quien determine realmente qué ocurrió”, señaló.Finalmente, frente a la circulación de unos audios en los que la jueza hablaba de presuntos conflictos con una expareja, Maldonado aclaró que esa situación ya había sido superada. “En las grabaciones se refiere a problemas de convivencia con una expareja, pero entiendo que eso ya se había solucionado”, aseguró en declaraciones a El Tiempo.
La decisión de la JEP hace parte del macrocaso que investiga las ejecuciones extrajudiciales cometidas por integrantes del Batallón de Artillería No. 2 La Popa, en el Cesar, entre 2002 y 2005, periodo durante el cual la jurisdicción acreditó la participación de miembros del Ejército en homicidios presentados como bajas en combate.El fallo también incluyó medidas de reparación simbólica dirigidas a las víctimas y a sus familias.Declaración de la defensa:Tras la notificación del fallo, el equipo jurídico del coronel Mejía afirmó que presentará y sustentará el recurso de apelación ante la JEP, al no estar conforme con la decisión de la Sala.“Lo siguiente en el caso del coronel Mejía ante la Jurisdicción Especial para la Paz es la presentación y sustentación del recurso de apelación a la sentencia que hoy nos fue notificada a las partes y al país. Este recurso será interpuesto por la defensa al no encontrarnos conformes con la decisión adoptada por la sala”, indicó la defensa.El abogado reiteró que el oficial no es responsable de los hechos por los cuales fue condenado y aseguró que la defensa acudirá a todos los mecanismos judiciales disponibles para que se le respete el debido proceso y su inocencia.“Tenemos muy claro que si él hubiese sido responsable de las conductas por las que fue condenado, la JEP tiene mecanismos para conceder beneficios a quienes aceptan esa responsabilidad y sin duda hubiese acudido a ellos. Pero reiteramos: él no es responsable y, por consiguiente, seguiremos en ese debate para demostrar su inocencia”, agregó la defensa.Medidas reparativas ordenadas por la JEP:Además de la condena, la sentencia dispuso un conjunto de medidas simbólicas de reparación. Entre ellas, ordenó al Ministerio de Defensa revocar las condecoraciones y felicitaciones otorgadas al coronel Publio Hernán Mejía por los resultados operacionales vinculados con los hechos representativos del patrón de macrocriminalidad probado en la sentencia.Asimismo, la JEP ordenó que, en coordinación con el comandante de la Segunda División del Ejército, se realice un acto público de petición de perdón en nombre de las Fuerzas Militares, en la ciudad de Valledupar, con la participación de las víctimas indirectas reconocidas en el proceso y la presencia del ministro de Defensa, el comandante del Ejército Nacional, y los comandantes de la Segunda División, la Décima Brigada y el Batallón La Popa.
La Fiscalía General de la Nación desarticuló una red criminal trasnacional dedicada al almacenamiento y distribución de material sexual explícito de niños, niñas y adolescentes, que operaba a través de plataformas de mensajería instantánea y tenía alcance en varios países de América Latina y Europa.La operación se realizó en coordinación con el Centro Cibernético Policial y la Comunidad de Policías de América y es que de acuerdo con la investigación, liderada por una fiscal de la Seccional Bogotá, la estructura ilegal utilizaba una aplicación de mensajería en la que participaban cerca de 100 personas ubicadas en España, Paraguay, Brasil, Ecuador, Perú, Honduras y Colombia.A través de ese canal se compartieron más de 1.275 videos y 539 imágenes que evidencian graves vulneraciones contra menores de entre 5 y 10 años.En las diligencias de registro y allanamiento realizadas en Cali, Medellín y Barranquilla, las autoridades capturaron a tres presuntos integrantes de la red e incautaron dispositivos electrónicos que contienen material probatorio relacionado con abusos sexuales y otras agresiones contra la integridad y formación sexual de menores de edad.Los detenidos fueron presentados ante un juez de control de garantías por fiscales de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes y les fue imputado el delito de pornografía con menor de 18 años.Se trata de Óscar Luis Espejo Vanegas, Darwin Steven Lara y Juan José Silva Vásquez, quienes no aceptaron los cargos y deberán estar recluidos en la cárcel mientras avanza el proceso.
Tras la reciente decisión judicial que condenó al abogado Diego Cadena a 7 años de prisión en primera instancia, su defensa, liderada por el doctor Iván Cancino, ha manifestado que ha iniciado el proceso de apelación. En diálogo con Mañanas Blu, Cancino ofreció detalles cruciales sobre la situación legal de su cliente, el estado de su libertad y las notables diferencias con el caso del expresidente Álvaro Uribe, asegurando que la estrategia apunta a la absolución total.La condena de 84 meses (7 años) impuesta al Cadena fue por un solo delito, mientras que fue absuelto de otros tres. Este contexto judicial fue abordado por Cancino, quien, además, reveló el singular sentido del humor que su cliente mantiene a pesar de la gravedad del proceso.Una de las aclaraciones más importantes brindadas por el abogado Cancino, fue respecto al estado de libertad de Diego Cadena. A diferencia de otros casos mediáticos, el juez de primera instancia no impuso restricción a su libertad ni ordenó su captura.El doctor Cancino explicó que la defensa había solicitado tres puntos clave al juez: que la pena fuera la mínima posible (7 años), que no se hiciera efectiva ninguna captura hasta que se decidiera la apelación, y que fuera una detención domiciliaria, si se ratificaba la sentencia. Todos estos puntos fueron aceptados por el juez.Actualmente, Diego Cadena se encuentra fuera del país. "Estuvo en Colombia y salió por unos temas profesionales a Europa," indicó Cancino. Sin embargo, el abogado es enfático en el compromiso de su cliente de acatar cualquier decisión final de la justicia.Cancino insistió en su convicción de lograr la absolución, pero fue claro respecto a lo que sucedería si la condena se ratificara en instancias superiores: "No creo que tenga que pagar condena alguna. Yo creo que lo vamos a absolver, pero tiene el compromiso conmigo porque sería una situación no entendible, que ya le faltaría poco tiempo y, además, sería en domiciliaria no cumplirla en Colombia. Estoy absolutamente seguro que lo hará".El caso de Diego Cadena seguirá su curso ante el tribunal, con la defensa buscando una absolución total y con la certeza de que, mientras no haya fallo en firme, el abogado Cadena seguirá gozando de su libertad.Escuche aquí la entevista:
El alto tribunal, mediante fallo de tutela, le dio la razón a una deportista transgénero que alegó ser excluida de forma intempestiva de los torneos departamentales 2024 y ordenó a la Liga Antioqueña de Voleibol modificar su reglamento para eliminar medidas de exclusión plena.La decisión es clara en señalar que la participación de atletas trans debe valorarse caso por caso y que no hay certeza científica que permita una regla general de exclusión.La polémica está centrada en que la Liga modificó su reglamento estableciendo como requisito para la categoría femenina “haber nacido mujer”, con lo cual la atleta vio limitada su participación y presentó acción de tutela por vulneración de derechos fundamentales.Lo que ha señalado en este caso la Corte Constitucional es que “no existe certeza científica suficiente para afirmar que las atletas trans tengan, en todos los casos, una ventaja competitiva frente a las deportistas cisgénero; esa posible ventaja depende de múltiples variables: composición corporal, régimen de entrenamiento, nutrición, efectos de terapias hormonales, edad y contexto individual”.La Corte entonces, ordenó que se le permita la participación de la mujer trans en los torneos que se lleven a cabo, modificar el artículo 4 de su reglamento eliminando la medida que incorpora la exclusión plena por haber “nacido” de un sexo u otro, y revisar los reglamentos de las ligas de voleibol bajo su vigilancia para asegurar que se ajusten a los parámetros definidos por la Corte y, en particular, verificar la inexistencia de medidas de exclusión plena.
Un juez segundo promiscuo del circuito de Villanueva, en La Guajira, emitió una nueva medida para las directivas del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) por el incumplimiento del fallo de tutela que solicitaba el traslado de Andrés Felipe Marín Silva, alias ‘Pipe Tuluá’, a la cárcel La Picota de Bogotá.De acuerdo con el fallo de tutela emitido el pasado 24 de septiembre, el traslado debía cumplirse en un plazo máximo de 48 horas. Sin embargo, Marín Silva, señalado como jefe de la estructura criminal La Inmaculada y con solicitud de extradición hacia Estados Unidos por narcotráfico, sigue recluido en la estación de Policía de Los Mártires en Bogotá.El despacho judicial requirió que el Inpec y la Policía Nacional certifiquen quiénes eran los funcionarios encargados de ejecutar la orden, con nombres, cargos y datos de contacto. El auto advierte que de no informar las razones por las cuales aún no han dado complimiento a la orden y persistir el incumplimiento, los responsables podrían enfrentar sanciones, multas o arrestos por fraude a resolución judicial.El argumento inicial del accionante y representante de alias ‘Pipe Tuluá, alegaba que Marín se encontraba en condiciones indignas en la estación de Policía y solicitaba su reclusión en un establecimiento penitenciario formal para garantizar sus derechos fundamentales a la vida, integridad y dignidad humana.En el mes de junio de 2025, el director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez, explicó que el traslado desde La Picota y la reclusión en la estación policial se concretó argumentando que el aislamiento es el único mecanismo efectivo para controlar las acciones y amenazas de alias ‘Pipe Tuluá’.El oficial también denunció que, tras este traslado, funcionarios penitenciarios han sido blanco de amenazas. Según Gutiérrez, circularon panfletos en los que grupos delincuenciales declararon “objetivo militar” al personal del Inpec.Alias ‘Pipe Tuluá’ cumple condena por homicidios, extorsiones, secuestros y múltiples hostigamientos contra guardianes del Inpec. Su rol como líder de La Inmaculada lo mantiene bajo la lupa de las autoridades nacionales e internacionales, que consideran su extradición a Estados Unidos un paso clave en la lucha contra el narcotráfico.
La sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia decidió conceder el beneficio de prisión domiciliaria a Esperanza Rosales de Uribe, de 87 años, condenada por el delito de omisión del agente retenedor o recaudador, en el marco de sus funciones como representante legal de la empresa Toscana S.A.En primera y segunda instancia, Rosales había sido condenada a cuatro años y dos meses y, a pagar una multa de $94.772.000, además de quedar inhabilitada para ejercer funciones públicas durante el mismo tiempo.Sin embargo, tanto el juzgado como el Tribunal de Bucaramanga le negaron la sustitución de la pena pese a su edad y condiciones de salud, entre ellas Alzheimer.El alto tribunal consideró que las instancias anteriores incurrieron en un error al desestimar su derecho a cumplir la sanción en casa. En palabras de la Corte, las decisiones previas “desconocieron mínimos de garantía, propios del debido proceso y de la necesidad de abordar el tema con perspectiva etaria y de género”La Corte Suprema también ordenó que Rosales suscriba diligencia de compromiso y preste caución por el equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente.Además, dispuso que, para los trámites administrativos con el Inpec, como reseñas, “las autoridades carcelarias deberán trasladarse al lugar de reclusión domiciliaria que indique la adulta mayor.
Este martes, 30 de septiembre, el juzgado tercero de conocimiento de Bogotá condenó a Diego Cadena, abogado del expresidente Uribe, a 7 años de prisión domiciliaria por el delito de soborno en actuación penal por el caso del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve.Asimismo, Cadena fue absuelto por los hechos relacionados con el soborno en el episodio de Carlos Enrique Vélez alias 'Víctor'.Vale recordar que el pasado 15 de agosto la justicia halló culpable a Cadena del delito de soborno en actuación penal, por haber ejercido presiones para que el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve se retractara de los señalamientos que había hecho contra el expresidente Álvaro Uribe.De acuerdo con la tesis de la Fiscalía, Cadena habría ofrecido beneficios jurídicos y apoyo económico a Monsalve para que cambiara su versión y favoreciera los intereses de Uribe en el proceso. Según la acusación, estas gestiones no se hicieron de manera legal, sino con el objetivo de alterar el testimonio y, en consecuencia, la verdad procesal.La Fiscalía sostuvo que las reuniones y comunicaciones entre Cadena y Monsalve, sumadas a los pagos y promesas, configuraban un claro acto de soborno en el marco de una actuación penal.“Condenar a Diego Javier Cadena Ramírez, como coautor penalmente responsable del delito de soborno en la actuación penal, por los hechos que constan en la acusación relacionados con Juan Guillermo Monsalve Pineda, e imponer la pena principal de 84 meses de prisión y multa equivalente a 375 salarios mínimos legales mensuales vigentes”, señaló el juez durante la audiencia.Apelarán la condenaEstá condena es en primera instancia, y ya la defensa de Diego Cadena encabezada por Iván Cancino mediante su cuenta de 'X' anunció que apelará esta decisión que tomó la justicia en este caso.
En el municipio de La Calera, Cundinamarca, se registró un hecho que ha causado consternación: el fallecimiento de Liam, un bebé de 11 meses, mientras se encontraba en el centro de atención infantil Arte Kids. El caso, ocurrido el 29 de septiembre, se encuentra bajo investigación de la Fiscalía General de la Nación y ha suscitado inquietud en la comunidad.Cronología del casoDe acuerdo con familiares, la madre del menor dejó al niño en el jardín infantil alrededor de las 7:30 a.m., como parte de su rutina diaria. Hacia las 10:00 a.m. recibió una llamada de una de las docentes informándole que el bebé se encontraba en estado grave y había sido llevado a urgencias.El menor ingresó al puesto de salud de La Calera sin signos vitales y, pese a los intentos de reanimación, no fue posible salvarle la vida. Posteriormente, el cuerpo fue remitido al Hospital Divino Salvador de Sopó, entidad encargada de administrar el centro de salud del municipio.“El niño llega sin signos vitales al puesto de salud. Se activaron los protocolos de reanimación, pero lamentablemente falleció”, informó el alcalde de La Calera, Juan Carlos Hernández, en entrevista con Blu Radio.Investigación penal y sellamiento del lugarEl jardín infantil Arte Kids, ubicado en la vereda Villa García, fue sellado por las autoridades mientras avanza la investigación penal. Según la administración municipal, la institución llevaba alrededor de siete años de funcionamiento en la zona y estaba registrada como un centro de estimulación temprana privado.“La Fiscalía solicitó documentos e informes a la Alcaldía y ya fueron entregados. En el rastreo que se hizo, no aparecen quejas previas contra este establecimiento”, señaló el alcalde.El CTI de la Fiscalía realizó la inspección del inmueble, además de entrevistas con familiares y allegados del menor. El cuerpo del niño fue trasladado a Medicina Legal, donde se llevará a cabo la necropsia que permitirá establecer la causa de la muerte.Sospechas y versiones en la comunidadFamiliares del menor han expresado dudas sobre lo ocurrido, pues aseguran que Liam fue entregado al jardín en perfecto estado de salud. También han manifestado preocupación por presuntos vínculos entre una de las cuidadoras y un funcionario de la administración municipal, lo que podría —según ellos— interferir en el proceso judicial.El alcalde Hernández aclaró esta situación, indicando que uno de los padres de una docente trabaja en la empresa de servicios públicos del municipio, sin tener relación directa con la Alcaldía ni cargos de responsabilidad administrativa.Causa de la muerte, pendiente de resultados oficialesHasta el momento, no se han revelado detalles sobre el estado físico del menor al llegar al centro médico ni sobre posibles signos de violencia. La determinación de la causa de la muerte dependerá del dictamen oficial de Medicina Legal.