El candidato presidencial
El abogado Majer Nari Abushihab Collazos expuso los detalles de la denuncia penal que fue instaurada en contra de Miguel Ángel del Río, Piedad Córdoba, Armando Benedetti, Sebastián Caballero, Laura Beltrán,
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“Aquí estamos pasando del ejercicio de campaña sucia a la comisión de conductas que revisten características de delitos”, señaló Abushihab.
En una declaración ofrecida a los medios de comunicación, el jurista hizo un recuento y enumeró los hechos que, a su juicio, han desvelado una supuesta estrategia de la campaña de Gustavo Petro para afectar el buen nombre y hasta la seguridad de Gutiérrez.
Según la campaña, han sido blanco de la supuesta infiltración, noticias falsas, publicaciones contra la honra del aspirante del Equipo por Colombia, con alrededor de 49 personas involucradas; amenazas y presiones de grupos armados en territorios y daño a las sedes y vallas, entre otras acciones, que constituirían delitos como violación ilicita de comunicaciones, hostigamiento por motivos políticos y concierto para delinquir.
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Interferencia de la
Adicionalmente, Luis Felipe Henao, jefe de debate de Gutiérrez, señaló que tienen información de nuevos hechos que estarían fraguándose, señalando directamente a Gustavo Petro de estar detrás de los mismos.
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“Hemos recibido información de que se dio orden por parte de
El exministro le hizo un llamado a Petro para “hacer una campaña en paz”, indicando que “la Primera Línea es Gustavo Petro y Gustavo Petro es la primera línea”, que según agregó, afectó empleos y a la ciudadanía general con los bloqueos promovidos durante el pasado paro nacional.
Asimismo, Henao manifestó que solicitaron a los organismos de seguridad la revisión de sus sedes físicas ante la presunta instalación de micrófonos, dentro del “plan de infiltración” que, conforme a la denuncia, estaría impulsando el abogado Miguel Ángel del Río, designado por el Pacto Histórico para lograr que quienes compran votos en la Costa sean judicializados.
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Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca las implicaciones de la decisión de la Procuraduría en el caso del alcalde de Medellín: