El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que alias ‘Iván Mordisco’, máximo cabecilla de las disidencias de las Farc, atraviesa su momento más crítico tras un año de ofensiva sostenida de la fuerza pública. Según el funcionario, la presión militar y policial ha sido tan fuerte que el cabecilla estaría recurriendo a otros carteles del narcotráfico para evitar ser capturado o neutralizado.“Alias 'Mordisco' ha sido afectado tan críticamente durante los últimos 12 meses que recurre ahora a un llamado de auxilio a los demás carteles del narcotráfico para que lo protejan y no termine neutralizado por una acción de la fuerza pública”, afirmó el ministro, al referirse al impacto de las operaciones desplegadas en distintas regiones del país contra su estructura criminal.Sánchez reiteró que la persecución contra ‘Iván Mordisco’ no se detendrá y recordó que el Gobierno mantiene vigente una millonaria recompensa por información que conduzca a su captura. “Por Mordisco, por quien ofrecemos hasta 5 mil millones de pesos, no descansará la fuerza pública hasta encontrarlo y que pague por sus delitos”, subrayó, dejando claro que se trata de uno de los objetivos prioritarios del Estado.En un tono contundente, el ministro describió el historial criminal del cabecilla, al asegurar que su nombre quedará marcado como uno de los más violentos del conflicto armado y del narcotráfico. “Alias 'Mordisco' pasará a la historia como uno de los peores asesinos, criminales, reclutador de menores, de niños, niñas y adolescentes, asesino de indígenas, extorsionador y uno de los capos del narcotráfico que mucho daño le ha hecho a Colombia”, señaló.El jefe de la cartera de Defensa insistió en que, pese a los discursos con los que estas estructuras intentan justificarse, su verdadera motivación es exclusivamente criminal. “Estos criminales solamente les interesa el narcotráfico”, dijo, al advertir que incluso las disputas y alianzas entre grupos armados ilegales giran alrededor de ese negocio ilícito. En ese contexto, explicó que “mientras se pelean en el Catatumbo, se unen en el sur de Bolívar”, demostrando, según él, que el narcotráfico es el eje de sus decisiones.Sánchez también envió un mensaje directo a ‘Iván Mordisco’ y a quienes integran su organización, invitándolos a abandonar las armas antes de ser capturados. “La invitación es a que se desmovilice, a que dejen de causarle tanto daño a Colombia y que lo hagan antes de que el Estado los encuentre y los lleve a la justicia”, afirmó.Finalmente, el ministro hizo un llamado a la ciudadanía para que colabore con información que permita ubicar a este cabecilla y desarticular su red criminal. “Denuncien llamando al 107 o al 157”, pidió, al concluir que el narcotráfico no solo une a estos grupos, sino que “también los lleva a la autodestrucción”.
El cabecilla de las disidencias de las Farc, alias ‘Iván Mordisco’ reapareció en un vídeo en el que le hace un llamado al ELN, a la Segunda Marquetalia y a la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano para que hagan una alianza criminal, lo anterior, tras la operación de Estados Unidos en Venezuela que llevó a la captura de Nicolás Maduro.“Los convocamos con necesidad imperiosa a una cumbre de comandantes insurgentes de Colombia y de toda nuestra América. Basta intervenciones militares”, señala en el video alias ‘Iván Mordisco’.Es importante recordar que, según información de inteligencia, la operación de Estados Unidos en Venezuela ha llevado a algunos cabecillas de grupos armados como el ELN y la Segunda Marquetalia a huir del vecino país, en donde se refugiaban bajo el auspicio del régimen de Maduro.Venezuela también ha sido país garante en las negociaciones de paz que ha adelantado el Gobierno nacional con diferentes grupos armados, como la Segunda Marquetalia y el ELN.Actualmente la Segunda Marquetalia es comandada por alias 'Iván Márquez', cuya última aparición fue justamente en Caracas.Por su parte, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano es una disidencia de la Segunda Marquetalia que actualmente está en negociaciones de paz con el Gobierno.
Un conjunto de documentos de inteligencia internacional y territorial revela con detalle la arquitectura clandestina que sostiene la presencia del ELN y las redes del narcotráfico en el estado Zulia, Venezuela. Lejos de ser asentamientos improvisados, las bases guerrilleras y las pistas aéreas ilegales responden a una lógica estratégica que combina geografía, ocultamiento y conectividad fluvial.El análisis identifica al menos diez zonas clave de asentamiento del ELN ubicadas en la franja Catatumbo–Zulia y en los piedemontes de la Serranía de Perijá. Se trata de territorios dominados por planicies inundables, selvas húmedas, marismas y corredores ribereños, entornos que ofrecen protección natural, abundancia de agua y una movilidad silenciosa a través de ríos y caños.Estas áreas, como Encontrados, Udón Pérez, Valderrama o Machiques de Perijá, presentan un patrón recurrente: baja densidad poblacional, escasa presencia estatal y múltiples rutas de aproximación secundarias, lo que dificulta la detección aérea y terrestre. En varios puntos, la vegetación densa y los obstáculos por inundación actúan como barreras naturales frente a operativos convencionales.En paralelo, los documentos detallan al menos diez pistas aéreas irregulares utilizadas para el narcotráfico, con longitudes que oscilan entre 1.300 y 2.300 metros, suficientes para aeronaves ligeras cargadas con droga o insumos ilícitos. Estas pistas se encuentran estratégicamente alineadas con riberas, planicies aluviales y claros rectilíneos en medio del bosque, muchas de ellas conectadas por trochas o canales fluviales.Llama la atención la superposición geográfica entre las zonas de presencia del ELN y las pistas clandestinas. Municipios como Jesús María Semprún, Catatumbo y Rosario de Perijá aparecen de forma reiterada, lo que refuerza la hipótesis de coexistencia operativa o acuerdos funcionales entre estructuras armadas y organizaciones narcotraficantes.La orientación de las pistas, la baja huella nocturna y el acceso anfibio en varios sectores evidencian una planificación técnica orientada a evadir radares, patrullajes y controles fronterizos. No se trata solo de esconderse, sino de garantizar flujos constantes de movilidad, abastecimiento y salida de cargamentos.En conjunto, los documentos pintan un mapa preciso de cómo la criminalidad organizada ha convertido el sur y occidente del Zulia en un santuario logístico, donde la selva, el agua y la geografía no son obstáculos, sino aliados estratégicos.
La ONU Derechos Humanos Colombia exigió la liberación inmediata de los cinco integrantes de la Policía Nacional que habrían sido secuestrados por el ELN en zona rural del municipio de Tibú, en el departamento de Norte de Santander.En un pronunciamiento oficial, pidieron al grupo armado que tendría en su poder a los policías José Ricardo Carrillo Romero, Carlos Eduardo Barrera Ruiz, Edwin Fabián Manosalva Contreras, Ramón Alberto Coronel Medina y Daniel de Jesús Granada Quiroz, a respetar en todo momento su vida e integridad personal.“Rechazamos la privación de la libertad de estos cinco funcionarios de la @PoliciaColombia de Norte de Santander”, señalaron en el comunicado.De acuerdo con la información recopilada por la entidad, los uniformados se movilizaban vestidos de civil, a bordo de un vehículo de transporte público, cuando fueron privados de la libertad en la vía que comunica a Tibú con otras zonas del Catatumbo.El organismo rechazó de manera categórica este hecho y reiteró a los grupos armados no estatales su obligación de respetar el Derecho Internacional Humanitario y los derechos humanos aun en contextos de conflicto armado.
Luego de que en horas de la tarde de este sábado 10 de enero se conociera el accidente de una avioneta vinculada al cantante de música popular Yeison Jiménez, en zona rural del municipio de Paipa, en el departamento de Boyacá, continúan saliendo a la luz nuevos detalles sobre el siniestro.La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil confirmó que “se ha verificado el siniestro de una aeronave con matrícula N325FA en el sector comprendido entre los municipios de Paipa y Duitama”, por lo que se activaron de inmediato los protocolos de atención y verificación en el lugar.De acuerdo con la información oficial, las muertes registradas fueron producto de un accidente aéreo. La Aeronáutica Civil informó además que la aeronave transportaba seis ocupantes, entre ellos el piloto, el copiloto y cuatro pasajeros, y que había presentado un plan de vuelo con destino a la ciudad de Medellín. Las autoridades continúan adelantando las investigaciones para establecer las causas exactas del siniestro. Además, recordaron que en la avioneta se movilizaba: Yeisson JimenezJuan Manuel RodriguezOscar MarinJefferson OsorioWeisman MoraYeison Jiménez era uno de los cantantes más representativos de la música popular colombiana en la actualidad. Nacido en Manzanares, Caldas, el artista construyó una carrera marcada por la constancia y el contacto directo con su público, lo que le permitió posicionarse como una de las figuras más influyentes del género regional.
Yeison Jiménez fue uno de los artistas más influyentes de la música popular colombiana en la última década, conocido por llevar un género tradicionalmente asociado a cantinas y fiestas rurales a escenarios de talla nacional e internacional. Su carrera estuvo marcada por canciones que conectaron profundamente con el público y lo llevaron de tocar en bares a llenar estadios, consolidando un legado artístico que trascendió generaciones.Nacido en Manzanares, Caldas, Jiménez inició su carrera musical interpretando ritmos populares con un sello emocional que resonó especialmente entre quienes vivieron historias de amor, despecho y emoción en sus letras. Con el paso del tiempo, su nombre se convirtió en sinónimo de éxito dentro de la música ranchera y popular en Colombia, ganándose el cariño de miles de seguidores y dejando una huella musical. De sonidos de cantina a grandes escenariosLa carrera de Jiménez se caracterizó por su crecimiento continuo en popularidad y presencia en eventos de gran escala. Uno de sus logros más emblemáticos fue llenar el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, con más de 40.000 asistentes, un hito histórico para un cantante de música popular en Colombia. Esa presentación no solo celebró su cumpleaños, sino también el reconocimiento de un público que lo siguió con fervor a lo largo de los años. Además de su impacto en conciertos multitudinarios, su música dominó las listas y se mantuvo entre las más reproducidas en plataformas como Spotify, donde varios de sus temas se consolidaron como favoritos de los oyentes colombianos.Canciones que definieron el estilo de Yeison JiménezA lo largo de su trayectoria, Yeison Jiménez interpretó una serie de canciones que se convirtieron en clásicos contemporáneos del género popular. Temas como “Aventurero” se destacaron no solo por su pegajoso ritmo, sino por su enorme cantidad de reproducciones en plataformas digitales, superando cientos de millones de escuchas en varios casos. Otros sencillos destacados en su repertorio incluyen “Ya No Mi Amor”, “Por Qué la Envidia”, “Hasta La Madre”, “Vete” y “Mi Venganza”, canciones que no solo encabezaron listas de popularidad, sino que también se convirtieron en piezas obligadas en fiestas, celebraciones y radios especializadas en música popular. Estos temas se convirtieron en himnos para muchos de sus seguidores, quienes veían en la voz de Jiménez un reflejo de sentimientos cotidianos y experiencias universales relacionadas con el amor, la pérdida y la resiliencia. El impacto de Jiménez no solo se limitó a Colombia. Su estilo y carisma ayudaron a reconfigurar la percepción de la música popular, dándole espacio en bares modernos, festivales y eventos culturales donde antes era menos común encontrar este género. En varias ocasiones destacó que la música popular merecía ser apreciada más allá de los espacios tradicionales, y su trabajo contribuyó a esa expansión. Por medio de sus redes sociales y entrevistas, Jiménez también compartió aspectos personales de su camino, recordando las dificultades iniciales y la importancia de la constancia para alcanzar el lugar que ocupó en la industria. Su historia inspiró a muchos jóvenes artistas a perseguir sus metas sin perder autenticidad y compromiso con su arte. Aunque su carrera fue interrumpida por su fallecimiento el 10 de enero de 2026, el legado de Yeison Jiménez sigue vivo en la música que dejó y en la manera en que redefinió el género popular en Colombia. Con miles de oyentes mensuales y una presencia notable en plataformas digitales, así como el recuerdo de sus conciertos inolvidables, Jiménez aparece como un referente de la música popular, recordado no solo por sus éxitos, sino por haber llevado ese sonido a grandes escenarios y al corazón de su público.
La música popular colombiana está de luto tras confirmarse la muerte de Yeison Jiménez, quien viajaba desde Paipa hacia Medellín este sábado 10 de enero. Lamentablemente, la avioneta en la que se movilizaba presentó fallas que provocaron que colisionara contra una finca ubicada en la vereda Romitas, sector Marengo, en el municipio de Paipa.Según lo revelado por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Duitama, Yeison Jiménez se movilizaba en la aeronave involucrada, una Piper Navajo PA-31, con matrícula N325FA, la cual sería de propiedad del propio artista.¿Qué tipo de avioneta es la Piper Navajo PA-31?La avioneta en la que viajaba Yeison era una Piper PA-31 Navajo, reconocida como uno de los aviones bimotores de pistón más exitosos y confiables de la aviación general. Esta aeronave fue diseñada por Piper Aircraft a mediados de los años 60 y con el tiempo se convirtió en un estándar para el transporte ejecutivo, vuelos chárter regionales y operaciones de carga ligera.El avión, de ala baja, normalmente tiene capacidad para movilizar entre seis y ocho personas, incluyendo uno o dos pilotos. Su diseño permitió que pasara de ser un lujoso transporte ejecutivo a una eficiente “mula” de carga, según las necesidades de operación.Con el paso de los años, este modelo se ha convertido en uno de los más utilizados en el mundo, principalmente por tres razones:Fiabilidad: sus motores Lycoming son conocidos por su durabilidad y facilidad de mantenimiento.Espacio interior: la cabina es notablemente amplia, tipo “cabin-class”, lo que permite mayor comodidad para los pasajeros.Economía: ofrece un costo operativo considerablemente menor frente a un turbohélice, como el King Air, cumpliendo funciones similares en distancias cortas y medias.¿Quiénes iban en la avioneta?La Aeronáutica Civil y la Gobernación de Boyacá confirmaron la identidad de las seis personas que viajaban en la avioneta que se accidentó en la tarde del sábado 10 de enero en la vereda Romitas.Las personas que se movilizaban en la aeronave eran:Yeison Jiménez, cantante de música popular.Capitán Hernando Torres, piloto de la aeronave.Juan Manuel Rodríguez, integrante del equipo del artista.Óscar Marín, integrante del equipo del artista.Jefferson Osorio, integrante del equipo del artista.Weisman Mora, integrante del equipo del artista.
Colombia y la música popular están de luto tras conocerse el trágico accidente que terminó con la vida de Yeison Jiménez, quien viajaba en una avioneta que colisionó minutos después de despegar del aeropuerto de Paipa, en la tarde del sábado 10 de enero.De acuerdo con lo revelado por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Duitama, la aeronave involucrada sería una Piper Navajo PA-31, de matrícula N325FA, la cual sufrió un siniestro en una finca ubicada en la vereda Romitas, sector Marengo, en el municipio de Paipa.De hecho, el último concierto de Yeison Jiménez fue en Santander para luego viajar a Paipa; sin embargo, el evento que más resonó, tras la polémica desatada en redes sociales, fue en Cartagena.Último concierto de Yeison Jiménez del 2025El cantante caldense había estado presente en el concierto de fin de año del pasado 31 de diciembre en Cartagena, un evento que, según él mismo contó, lo dejó inconforme por situaciones que no estaban bajo su responsabilidad.A través de sus redes sociales, Jiménez manifestó que el cierre de 2025 no fue tan feliz como esperaba, pues se mostró molesto por los retrasos que afectaron su presentación en la ciudad amurallada.En la madrugada del 1 de enero, el intérprete de música popular utilizó su cuenta de Instagram para revelar detalles de lo ocurrido: “Son las 3:26 de la mañana, estoy esperando desde la 1 de la mañana pa subirme a tarima”, dejando en evidencia problemas en la organización del evento.Ante esta situación, el artista explicó que nunca solía presentarse un 31 de diciembre, pero que en esta ocasión aceptó para compartir con sus seguidores. “Yo nunca vendo un 31 de diciembre. En la vida había vendido un 31, y este lo vendí porque la quería pasar chimba”, expresó.Pese a los inconvenientes con el horario, Yeison Jiménez finalmente se presentó para cumplir su palabra y responderle a su público. Sin embargo, dejó claro que sería la última vez que se subía a una tarima en esa fecha. “Por eso no vendo un 31 ni lo volveré a hacer, porque es una mierda sentarme un 31 a ver cómo todo el mundo la pasa una chimba y yo tengo que estar en sano juicio, parchado, pa cumplirle a gente que no le cumple a uno. Qué vuelta, ¿no? Pero nada, yo soy como los lapiceros viejos, no copio”, concluyó.
El municipio de Málaga vivió una de las noches más memorables de sus ferias y fiestas con el concierto del cantante de música popular Yeison Jiménez, quien se presentó el viernes en el estadio de fútbol ante una multitud que coreó sus canciones hasta altas horas de la madrugada.El alcalde de Málaga, Rubén Darío Moreno, recordó el espectáculo como un evento cargado de emoción, romanticismo y cercanía con el público.“Fue un artista de gran valor. Estuvo en tarima hasta las 2 de la madrugada, con una calidad musical y vocal increíble; terminó el concierto y regresó para interpretar tres canciones más. Todos nos fuimos felices a casa, pero hoy esta noticia nos deja perplejos y con un gran sinsabor”, expresó el mandatario.Durante su presentación, Yeison Jiménez interpretó sus canciones más románticas, muchas de ellas dedicadas especialmente a las mujeres. Dijo: “así sean cansonas, regañonas, así no les guste que dejemos ropa tirada, las amamos mucho, carajo”, provocando una fuerte reacción emocional entre los asistentes.En varios momentos del concierto, el artista también compartió con el público su historia de vida, recordando sus orígenes humildes y el camino que recorrió para consolidar su carrera musical.El estadio municipal registró una asistencia masiva, reflejo del impacto del evento dentro de la programación de las ferias y fiestas.La jornada hizo parte de un fin de semana de alta afluencia turística que continuó este sábado con el Carnaval de Oriente, el cual recibió visitantes de la provincia de García Rovira, así como delegaciones de Cúcuta, Tunja, Tunja y turistas internacionales.“Estos eventos engrandecen nuestras ferias; hoy Málaga es reconocida por la calidad de sus festividades”, destacó el alcalde Moreno. La presentación de Yeison Jiménez quedará en la memoria colectiva de los malagueños como una noche de celebración, música y alegría que hoy se recuerda con profunda nostalgia.Al cierre de su presentación, visiblemente emocionado, el artista se despidió del público con un mensaje que hoy cobra un profundo significado. “Muchas gracias, Málaga, Santander. Encantado de venir a sus tierras”, fueron sus últimas palabras antes de abandonar la tarima.
La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas lanzó una alerta tras las advertencias de la Defensoría del Pueblo, que señala a los municipios de Riohacha y San Juan del Cesar en riesgo extremo por el aumento de combates entre grupos armados ilegales en inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta.Desde el 26 de diciembre de 2025, al menos 195 personas, pertenecientes a 43 familias, se han visto obligadas a abandonar sus territorios rurales debido a los enfrentamientos armados. Los hechos han afectado de manera directa a comunidades indígenas del pueblo Wiwa, así como a población campesina, niños, niñas y adolescentes, docentes y liderazgos sociales.Uno de los casos más críticos es el desplazamiento total de la comunidad indígena Wiwa de La Múkura, una situación que, según el informe, “afecta su relación histórica, espiritual y colectiva con el territorio”. Estas comunidades ya habían enfrentado crisis humanitarias recurrentes en los últimos dos años, lo que ha debilitado sus procesos organizativos y de protección colectiva.A esto se suman restricciones al acceso a alimentos y servicios básicos, especialmente en territorios con vocación agrícola, además de amenazas y agresiones contra docentes, líderes comunitarios e integrantes del pueblo Wiwa, así como restricciones a la movilidad y al acceso a la información.La OCHA también advierte que las alcaldías de Riohacha y San Juan del Cesar no cuentan con recursos para brindar asistencia humanitaria inmediata y que, hasta el momento, no se ha entregado ayuda a las familias afectadas. Aunque se han activado algunas rutas de protección, Naciones Unidas mantiene el monitoreo permanente de la situación ante la gravedad de los riesgos humanitarios.
En los últimos días, diversas organizaciones sociales, líderes comunitarios y entidades del Estado colombiano han venido reportando una nueva escalada de violencia en el corregimiento de Filogringo, jurisdicción de El Tarra (Norte de Santander), como resultado de enfrentamientos entre las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Según los reportes de habitantes locales y personeros de la región, los combates se han intensificado desde mediados de diciembre, con hechos que incluyen uso de drones armados, ataques con artefactos explosivos y enfrentamientos directos entre los grupos armados ilegales. Estos incidentes han ocurrido tanto en zonas rurales como en las cercanías del casco urbano de Filogringo, lo cual ha puesto en alerta máxima a las comunidades. Los habitantes han compartido en redes sociales y medios locales grabaciones donde se muestra la llegada de grupos armados al área y el intercambio de disparos que se prolongan durante horas. Los reportes coinciden en que estos hechos han generado pánico, con detonaciones escuchadas de noche y presencia de artefactos aéreos no tripulados sobre zonas pobladas, lo que impide que muchas familias se desplacen libremente o busquen refugio seguro. Organizaciones comunitarias han señalado que más de 300 personas están siendo desplazadas o confinadas como consecuencia de estos combates. Además, el uso de drones ha sido descrito como especialmente preocupante, ya que estos ataques indiscriminados elevan el riesgo de víctimas civiles y daños a infraestructura habitacional. La Defensoría del Pueblo y personeros del Catatumbo han publicado comunicados oficiales en los que instan a las partes armadas a cesar las acciones violentas y respetar el Derecho Internacional Humanitario, enfatizando que la población civil no forma parte del conflicto y no debe ser expuesta a estas hostilidades. Estas entidades también han pedido al gobierno nacional fortalecer la presencia institucional para proteger a las comunidades afectadas. Los reportes coinciden con alertas humanitarias emitidas previamente este año, en donde se advirtió sobre el riesgo de nuevos enfrentamientos en diciembre debido al histórico de tensiones entre el ELN y las disidencias de las Farc, especialmente en áreas como El Tarra y Tibú. La continuidad de estos combates en Filogringo ha evidenciado cómo las advertencias generadas por organismos de derechos humanos se han cumplido, resultando en un aumento de desplazamientos forzados y deterioro de las condiciones de seguridad en la región. Estos reportes se suman a la grave crisis humanitaria que atraviesa el Catatumbo, donde se han documentado más de 78.000 desplazados como consecuencia de la violencia sostenida durante 2025, con Tibú y El Tarra entre los municipios más afectados. Las organizaciones sociales han resaltado que la situación no solo implica combates armados, sino también restricciones de movilidad, bloqueos a servicios básicos y afectaciones directas al acceso a alimentos y atención médica para la población civil. En síntesis, los reportes sobre la llegada y escalada de violencia en Filogringo coinciden en que se trata de una dinámica compleja y peligrosa, con impactos directos en la seguridad y los derechos humanos de las comunidades locales, que ahora enfrentan no solo la confrontación armada entre grupos ilegales, sino también las consecuencias humanitarias de un conflicto prolongado y en constante evolución.
La Defensoría del Pueblo alertó sobre la grave crisis humanitaria que atraviesa la subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, donde los enfrentamientos entre grupos armados ilegales han provocado más de 78.000 desplazamientos forzados durante 2025. Tibú y El Tarra figuran entre los municipios más afectados por un conflicto que no da tregua y que ha generado confinamientos, amenazas y violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH).El organismo emitió la Alerta Temprana de Inminencia 017 de 2025 ante el recrudecimiento de la violencia entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las extintas Farc —Frente 33 y Bloque Magdalena Medio—, así como por el control territorial ejercido por el ELN en amplias zonas rurales. En este escenario confluyen economías ilegales, débil presencia estatal y una estructura de poder paralelo que impone restricciones de movilidad, normas de conducta y prácticas de coerción social sobre la población civil.En mayo, el Gobierno nacional autorizó la creación de una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) para miembros del Frente 33 en Tibú, medida que fue prorrogada el 23 de diciembre sin que hasta la fecha existan los protocolos necesarios para su funcionamiento. La Defensoría advirtió que la persistencia del conflicto armado en el área hace inviable esta iniciativa y podría aumentar los riesgos humanitarios para las comunidades cercanas.Los hechos más recientes agravan el panorama. Desde el 14 de diciembre se registran nuevos enfrentamientos en Tibú y El Tarra, que han dejado decenas de familias desplazadas y miles confinadas. Solo en el corregimiento de Pachelli, cerca de 1.500 familias —unas 6.000 personas— permanecen sin acceso a alimentos ni servicios básicos por los combates y el paro armado del ELN. En la vereda Kilómetro 16, 223 personas tuvieron que abandonar sus hogares, mientras que los ataques con drones en Filo Gringo mantienen aisladas a varias comunidades rurales.La Defensoría alertó además que las alcaldías de Cúcuta y Tibú no tienen la capacidad operativa ni presupuestal para responder a la emergencia, debido al vencimiento de contratos del personal de atención y del operador logístico. La falta de seguridad en el territorio ha impedido verificar de manera directa los nuevos desplazamientos, por lo que se presume un subregistro significativo.Ante esta situación, el organismo pidió al Gobierno nacional y a las autoridades locales fortalecer las rutas de atención humanitaria, garantizar el envío de ayuda inmediata y activar corredores humanitarios para las zonas más afectadas. También llamó a los grupos armados ilegales a cesar las hostilidades y respetar el Derecho Internacional Humanitario, para evitar que la crisis siga cobrando víctimas en el Catatumbo.Al llamado de la Defensoría del Pueblo se suma la alerta que emiten cerca de 28 organizaciones sociales de la región del Catatumbo en la que claman acciones inmediatas por parte de los grupos armados ilegales y los organismos del Estado."Alertamos sobre la grave escalada de la crisis humanitaria en el Catatumbo en los últimos días. Las confrontaciones armadas han generado más de 300 personas desplazadas, cierre de vías, presencia de artefactos explosivos, bloqueo a misiones médicas y graves afectaciones a la población civil", indicaron.Agregaron que la actual situación que ya había sido advertida por la mesa humanitaria desde noviembre, pone en alto riesgo a las comunidades campesinas e indígenas, especialmente a niñas, niños, personas mayores y líderes sociales."Exigimos acciones inmediatas de protección y atención humanitaria por parte del Estado y el respeto al DIH por los actores armados. Seguiremos acompañando a las comunidades por la vida, la paz y la permanencia digna en el Catatumbo".La crisis humanitaria que vive actualmente el Catatumbo empezó el 16 de enero de este año.
La paz en Colombia dejó de ser una promesa abstracta para convertirse en una realidad tangible en distintos territorios del país. Así lo demuestra el balance presentado por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), que durante 2025 impulsó iniciativas, proyectos productivos e inversiones clave para fortalecer la reincorporación y evitar la repetición del conflicto armado.El siguiente video recoge los principales hitos de este proceso y evidencia cómo el trabajo articulado entre el Estado, las comunidades y las personas firmantes de paz ha permitido abrir nuevas oportunidades y sembrar arraigo a la vida civil.Durante el año, la educación se consolidó como uno de los principales pilares de la construcción de paz. Más de 10.200 personas en proceso de reincorporación lograron elevar su nivel de escolaridad, mientras que firmantes del Acuerdo de Paz y sus hijos e hijas accedieron a educación superior, gracias a convenios estratégicos como el firmado con el Icetex. Estas acciones no solo fortalecen las capacidades individuales, sino que también impactan de manera directa la sostenibilidad económica de las familias.En materia productiva, la ARN impulsó 6.097 proyectos —tanto individuales como colectivos— que recibieron inversiones superiores a los 104.000 millones de pesos. A esto se suman los convenios con el Fondo Emprender del SENA y el Banco Agrario, que abrieron nuevas puertas para el emprendimiento, el acceso a crédito y la generación de ingresos en los territorios.Sin embargo, el avance hacia la paz no se limita a lo económico. La reconstrucción del tejido social fue otro eje fundamental en 2025. A través de las agendas comunitarias, diálogos para el futuro, se promovieron espacios de reconciliación y convivencia pacífica en 66 territorios, con la participación de más de 9.540 personas entre comunidades y firmantes de paz.El año también marcó un hito histórico en el cumplimiento de compromisos: cerca de 18.500 hectáreas adquiridas y 347 viviendas entregadas o en proceso de entrega desde la firma del Acuerdo de Paz, fortaleciendo el arraigo territorial y los proyectos de vida de quienes apostaron por dejar las armas.Para 2026, la ARN y el Gobierno del Cambio reiteran su compromiso de seguir llegando a los territorios históricamente marginados, entendiendo que la paz crece cuando la reincorporación se fortalece desde lo local y se traduce en transformaciones reales para Colombia.
La Defensoría del Pueblo advirtió que entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2025 se registraron 165 asesinatos de líderes, lideresas y defensores de derechos humanos en el país. Del total de casos confirmados, 143 corresponden a hombres y 22 a mujeres, lo que refleja una grave y sostenida vulneración a quienes promueven la defensa de los derechos y la paz en los territorios.Los datos revelan que los meses con mayor número de homicidios fueron marzo (20 casos), julio (19) y noviembre (18). Desde enero de 2016 hasta noviembre de 2025, la Defensoría ha documentado 1.653 asesinatos de líderes y defensores, una cifra que pone en evidencia la magnitud de la crisis y la necesidad de reforzar la protección institucional.A las cifras de la Defensoría se suman los datos de Indepaz, que confirman la persistencia de un patrón sistemático de violencia y silenciamiento contra quienes defienden la vida, los derechos humanos y la implementación del Acuerdo de Paz. El instituto señala que el asesinato de líderes sociales, de firmantes de paz y la repetición de masacres en distintos departamentos no solo responde a la acción de grupos armados ilegales, sino también a profundas fallas estructurales del Estado en materia de prevención, protección y garantías de no repetición.Las organizaciones defensoras de derechos humanos coinciden en que el Estado colombiano sigue en deuda con las comunidades rurales y los procesos sociales que, a pesar de los riesgos, continúan promoviendo la reconciliación y la defensa del territorio.Mientras tanto, colectivos como las Tejedoras de Vida del Putumayo mantienen viva la voz de resistencia con una pregunta que se repite en cada marcha y conmemoración: “¿Por qué nos matan?”.El llamado de las entidades es urgente: fortalecer los mecanismos de seguridad para los líderes sociales, garantizar justicia frente a los crímenes y avanzar en una política integral de protección que ponga fin a la impunidad y al miedo que sigue acechando a quienes defienden la paz.
Las declaraciones del ministro del Interior, Alfonso Prada, quien admitió que el Gobierno del presidente Gustavo Petro está contemplando entregar el estatus político a los disidentes de la Segunda Marquetalia, han generado una fuerte polémica en el ámbito político en los últimos días.“Todas las limitaciones que tengamos legalmente vamos a tratar de superarlas en el escenario natural, para ello que es el Congreso de la República”, indicó el jefe de la cartera, lo que abrió un fuerte debate acerca de la viabilidad de estos procesos de negociación.Al respecto, María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz, se habló en Sala de Prensa Blu sobre la intención del Ejecutivo de llevar a la mesa de diálogos a diferentes organizaciones ilegales y sobre las dificultades que se podrían dar en el transcurso de ese objetivo de la 'paz total'.“Este es un debate que es muy complejo de dar, porque diría que lo primero es decir cuál es la caracterización de estos grupos. ¿Qué son en realidad estos grupos disidentes? Nadie puede negar que 'Iván Márquez' fue jefe del grupo negociador de las Farc y firmó el acuerdo de 2016. Nadie niega su trayectoria, pero la pregunta es si, por ejemplo, el proyecto 'Segunda Marquetalia' hace parte de ese proceso", indicó Llorente.Y remarcó cómo en los estatutos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no está permitido que las personas que han abandonado el acuerdo de paz sean incluidas de nuevo, pues han perdido sus beneficios. En el caso de esta disidencia, la 'Segunda Marquetalia, "más allá de si la norma lo permite o no, lo más claro es saber cuál es la caracterización del grupo y si lo van a igualar o no a, por ejemplo, el ELN", agregó.Llorente se refirió a la fusión de las disidencias con otras estructuras que eran absolutamente criminales, como los 'Rastrojos' y aclaró que por otro lado está una situación real: la gran mayoría de personas que conforman estos nuevos grupos no tienen ningún pasado en las Farc; por ende no podrían ser catalogadas como participes de un objetivo político.“Mi pregunta es si vamos a lograr la paz así, porque hay un supuesto muy bueno: le encontremos a la salida a la medida (de la JEP) sobre 'Iván Márquez', ¿Pero lo será para todo el grupo? De todas maneras, esto abre la puerta a la reincidencia", afirmó la directora de la fundación Ideas para la Paz.Para Llorente, es preocupante el mensaje que se le está mandando al país con el propósito de vincular a personas que se acogieron a lo pactado en la mesa de negociación y luego reincidieron en conductas criminales."Porque si no me gusta el acuerdo, pues vuelvo a las armas y luego vuelvo a negociar. No sé si sea realmente realizable al darle el estatus político. Pueden tener la aspiración, pero la realidad en el territorio es que no es así. Hay una serie de incentivos perversos con los que no es claro que nos vaya a llevar a la paz total. ¿Qué se va a negociar con ellos? ¿Cuál es la meta de su alzamiento armado? ¿Cuál es el proyecto político que tienen?”, resaltó.A su vez, se refirió al asesinato de un militar por parte de las disidencias, ocurrido esta semana en el Huila; hecho que el ministro de Defensa, Iván Velázquez, calificó de un incidente que no debe afectar la voluntad de diálogo. Y esbozó si realmente esos grupos están dispuestos a cumplir un cese al fuego."El análisis que realmente hay que hacer es qué tanto estos incidentes que están ocurriendo es el reflejo de la ausencia de una fuerza que tenga comando y control y si esas estructuras (disidencias) acogen realmente ese cese al fuego y de hostilidades. Eso es un reflejo de cómo eso (el cese) está 'pegado con babas'", afirmó.Y finalmente habló del ELN y la actualidad de las negociaciones que se están llevando en México con esta guerrilla y el Gobierno Nacional."El ELN ha sido bastante claro en decir que exigen un proceso, que reconocen un conflicto armado. Y lo que se hizo fue recoger en donde nos quedamos en el proceso en 2018”, enfatizó Llorente, quien se mostró optimista en que se lleguen a puntos de encuentro en la mesa de diálogos.Le puede interesar:
Un informe de agencias de inteligencia de cinco páginas advierte que el ELN estaría preparando una respuesta militar para generar impacto mediático nacional. El hecho tiene en alerta máxima a las autoridades."Se generan unas alertas principalmente en zonas urbanas a través de uno de los componentes de los famosos frentes de guerra del ELN de los cuales la Policía, la Fiscalía y las fuerzas militares vienen realizando una prevención en 16 ciudades del país y en 15 ciudades descentralizadas principalmente en la región de frontera como Arauca, Chocó, Nariño, Norte de Santander y el sector aledaño a Caquetá”, indicó el brigadier general Tito Castellanos, jefe Nacional del Servicio de Policía.En el documento reservado se indicó que el ELN busca demostrar su incidencia en el país y “vigencia en su accionar político y retomar fortalecido las exigencias en la mesa de diálogo en México a partir del 13 de febrero del año en curso donde confidencialmente se abordará el tema del cese al fuego bilateral, como en enero de 2019, cuando atacaron la Escuela de Policía General Santander”.Además, la misiva indica que este grupo guerrillero estaría planeando un atentado similar a la bomba que explotó en la Escuela de Cadetes General Santander, el 17 de enero de 2019. El sangriento atentado dejó como saldo 22 muertos y 64 heridos.Las acciones que tendría planeadas esa guerrilla en el país también serían en respuesta a las recientes capturas de algunos cabecillas y piezas clave de ese grupo armado al margen de la ley que, además, reconoció en las últimas horas el asesinato de dos uniformados en Norte de Santander.Le puede interesar:
El ELN se atribuyó este sábado, 25 de febrero, a través de la red social Twitter, el asesinato del policía Jaison Jiménez y de un soldado del Ejército Nacional en medio de combates ocurridos en el departamento de Norte de Santander entre el 16 y el 22 de febrero.Por medio de hilo de trinos de la cuenta @juntoal_pueblo que normalmente transmite mensajes de este grupo ilegal, detalló cada una de las acciones armadas ocurridas en el departamento en inmediaciones de Ocaña, Sardinata y Cúcuta.“El 16 de feb del 2023 a las 6:00 AM, unidades del FGNO realizaron acción de tirador contra el ejército Plan Meteoro, en la vía Ocaña - Cúcuta. Resultados: un militar muerto. [...] El 22 de febrero del 2023 a las 4:45 PM, unidades del FGNO realizan acción de tirador contra la policía, en el corregimiento de las Mercedes, municipio de Sardinata - Norte de Santander. Resultados: un policía muerto (Jaison Jiménez)”.Cabe recordar que el pasado jueves, 23 de febrero, las Fuerzas Militares confirmaron la muerte del soldado profesional Jhony Alexander Salazar, que resultó herido y llevado a un hospital de la zona donde falleció, luego de recibir un disparo de un francotirador en medio de un hostigamiento armado a la tropa que realizaba labores de registro y control en una zona rural de San Calixto, Norte de Santander.Le puede interesar:
El Gobierno nacional empezará en las próximas semanas un proceso de diálogo con las disidencias al mando de Iván Mordisco, grupo que nunca suscribió el acuerdo de paz firmado con las extintas Farc en 2016. Sin embargo, también comenzará un proceso con la Segunda Marquetalia, cuyo máximo cabecilla es Iván Márquez, quien abandonó el proceso de paz.Estos diálogos se harán en Colombia en algunas zonas adecuadas para los procesos que contarán con la presencia de la fuerza pública. Además, a las dos estructuras se les reconocerá un carácter político, por lo que no sería un sometimiento a la justicia.Rodrigo Londoño, presidente del partido Comunes creado por los exfarc y quien era conocido como Timochenko, apoyó los diálogos de carácter político con las disidencias ya que, según él, hubo un entrampamiento por parte de funcionarios del Gobierno del expresidente Iván Duque y la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez.“Comienza a salir a la luz pública que esos enemigos de la paz acudieron a todo tipo de ataques y descalificaciones contra los firmantes de paz, sus familiares y simpatizantes. El más perverso de los ataques fue la operación sistemática de entrampamientos liderada por altos funcionarios del Gobierno Duque y particularmente de la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez. En la mira de sus acciones criminales estuvimos antiguos jefes guerrilleros”, señaló Timochenko.Es por estas razones que considera él que se debe abrir la puerta a un nuevo proceso de carácter político en medio de la apuesta de la paz total del presidente Petro.“Iván Márquez es un hombre de convicciones políticas, que motivado por distintas circunstancias abandonó el proceso de paz. Su desafortunada e irracional decisión no solo fue un golpe a la implementación del acuerdo, sino que fue la llama que prendió la violencia que comenzaba a mermarse”, manifestó.Escuche el podcast ¿Cómo es vivir en Corea? Le puede interesar:
“En la mesa no estamos negociando la impunidad para los miembros del grupo ni hemos pactado ni pactaremos ningún acuerdo que vulnere el Estado social de derecho”, dijo Armando Novoa, jefe negociador del Gobierno, tras responder críticas del excoronel Jaime Ariza.Novoa insistió que, durante un año y seis meses de diálogos, con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano se han presentado diferentes posturas de personas que han generado disensos los cuales se han debatido con respeto y altura, además, dijo que la presencia de todos los integrantes de la delegación del Gobierno es a título personal y no representan a ningún gremio u organización.Según el jefe negociador del Gobierno, cada uno de los miembros de la delegación asumen sus propias responsabilidades y lamentó el retiro del coronel Ariza como integrante del equipo de paz del Gobierno.La reacción del jefe negociador se da horas después que el coronel Jaime Ariza manifestará su inconformidad por lo que llamó “beneficios a personas detenidas con fines de extradición”, como es el caso de Andrés Rojas, comandante del grupo ilegal Comandos de Frontera, que hace parte de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.Novoa negó cualquier choque interno con agremiaciones como Acore y señaló que todas las preocupaciones expresadas por las comunidades, autoridades locales y departamentales sobre la paz total han sido tenidas en cuenta, asimismo, afirmó que hay plena confianza entre los integrantes de la delegación del Gobierno.Este es el comunicado emitido por la delegación del Gobierno nacional en diálogos de paz.
El Gobierno nacional oficializó, mediante la Resolución 471 del 22 de diciembre de 2025, la creación de Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) para los integrantes del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (AGC), conocido como Clan del Golfo, como parte del proceso de conversación sociojurídico con ese grupo armado.De acuerdo con el documento, las ZUT estarán activas hasta el 31 de diciembre de 2026 y se ubicarán en áreas rurales de los municipios de Belén de Bajirá y Unguía (Chocó), así como en Tierralta (Córdoba). Estas zonas serán espacios monitoreados y vigilados que permitirán la transición de los integrantes del AGC hacia su sometimiento a la justicia y su eventual reincorporación a la vida civil, en el marco de la política de Paz Total impulsada por el Gobierno Nacional.La medida busca garantizar seguridad jurídica y humana a los miembros del grupo armado que ingresen al proceso, al tiempo que asegura la protección de las comunidades y la presencia del Estado en los territorios. La Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP/OEA) acompañará el monitoreo y la verificación de las condiciones en las zonas, junto con el Ministerio de Defensa Nacional y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.El decreto también contempla la suspensión temporal de órdenes de captura y extradición para los miembros del AGC incluidos en los listados oficiales aprobados por la Oficina del Alto Comisionado, mientras dure su permanencia en las zonas de ubicación.El Gobierno recalcó que esta decisión no implica impunidad, sino que busca crear las condiciones necesarias para avanzar en el sometimiento judicial y la reparación a las víctimas. Además, dejó claro que en las zonas establecidas seguirá vigente la autoridad civil y militar, con pleno ejercicio del Estado de derecho.
El reciente fallo de la Corte Constitucional que ordena rectificar afirmaciones públicas contra la senadora Sandra Ramírez, exintegrante de las Farc y actual miembro del partido Comunes, ha generado un fuerte rechazo entre las víctimas del conflicto armado. La decisión, con ponencia del magistrado Miguel Polo Rosero, argumenta que Ramírez se ha reincorporado plenamente a la vida civil y que no existen investigaciones vigentes en su contra por hechos cometidos durante la guerra.Sin embargo, las víctimas calificaron la decisión como una “mordaza judicial” que limita su derecho a la libertad de expresión y a llamar a los responsables de la violencia por su nombre. Consideran que el fallo protege a victimarios y desprotege a las víctimas, en un contexto en el que muchos de los casos de reclutamiento forzado, secuestro y abuso sexual aún no han tenido respuesta efectiva en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).La presidenta de la Federación Colombiana de Víctimas, Sofía Gaviria, fue una de las voces más críticas frente a la decisión. En un pronunciamiento público, afirmó:“Rechazamos con toda la contundencia, como cualquier persona de bien lo debe hacer, que a quienes hemos defendido a las víctimas se nos cercene el derecho a llamar a nuestros victimarios como lo que son. La señora Sandra Ramírez era la responsable de entregarles como carne de cañón los niños reclutados al Secretariado de las Farc. Repudiamos completamente la decisión”.Gaviria señaló que el fallo no solo desconoce el suffarcrimiento de miles de víctimas, sino que envía un mensaje de impunidad al impedir que se hable libremente de los crímenes cometidos por los exintegrantes de la antigua guerrilla. “Lo que la Corte está haciendo es castigar la verdad”, manifestó la dirigente.Organizaciones de víctimas coincidieron en que la decisión restringe el derecho a la memoria histórica y la denuncia, pilares fundamentales del proceso de reconciliación. Advirtieron que la reparación y la justicia no pueden construirse sobre el silencio ni sobre el olvido, y pidieron a las instituciones del Estado garantizar que sus voces sigan siendo escuchadas.
El coronel (r) Jaime Ariza, quien integró la delegación del Gobierno Nacional en los diálogos con la antigua Segunda Marquetalia, hoy Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, aseguró que su retiro del proceso respondió a discrepancias profundas con el manejo que el jefe negociador, Armando Novoa, dio a varios episodios críticos durante las conversaciones de paz.Según explicó Ariza, su participación se dio a solicitud del alto comisionado para la Paz, quien en 2024 invitó a la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro (Acore) a vincular algunos de sus miembros al esfuerzo de la Paz Total. “Acore presentó varios nombres y fui designado para representar al componente de retirados de las Fuerzas Militares y de Policía”, precisó.Durante los primeros ciclos de negociación se alcanzaron acuerdos parciales importantes, entre ellos la entrega de 14 toneladas de material de guerra y la sustitución de 30.000 hectáreas de cultivos ilícitos en Nariño y Putumayo. También se avanzó en la definición de zonas de ubicación temporal para procesos de desarme, desmovilización y reincorporación.Sin embargo, las conversaciones se vieron afectadas tras un grave hecho ocurrido en el Putumayo, donde un teniente y un soldado fueron incinerados por una turba manipulada por el grupo armado, en medio de una operación contra el narcotráfico. Ariza explicó que solicitó a la mesa exigir responsabilidades, pero la respuesta de la Coordinadora fue “insuficiente” y sin reconocimiento alguno.“No se puede seguir permitiendo que la Fuerza Pública sea atacada mientras se habla de paz. La población es manipulada por quienes controlan la economía ilegal”, afirmó.Acore elaboró luego un documento reservado con observaciones y recomendaciones sobre el proceso, que —según Ariza— “no fue bien recibido” por el jefe negociador. Las diferencias se profundizaron cuando se solicitó una posición frente al caso de extradición de Andrés Rosas Taraña, frente al cual Ariza propuso condicionar cualquier pronunciamiento a una desmovilización irreversible en 30 días, lo que marcó su ruptura definitiva con la delegación.El oficial en retiro también señaló que posteriormente el Gobierno desconoció su papel como representante de Acore, asegurando que participaba “a título personal”. Esa decisión, sumada al silencio del Ejecutivo, llevó a la organización de oficiales retirados a cerrar unilateralmente su participación.“Los hechos son los hechos. El Gobierno pidió nuestro apoyo y luego nos desconoció. Guardaron silencio, y quien calla, otorga”, concluyó Ariza.
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos advirtió que durante 2025 se intensificaron los focos de violencia territorial en Arauca, Arauquita, Tame, Sácama y Casanare, lo que provocó un aumento de víctimas y graves violaciones a los derechos humanos. La entidad recordó que las privaciones arbitrarias de la libertad, las desapariciones y los asesinatos en el marco del conflicto armado constituyen delitos de extrema gravedad que el Estado tiene la obligación de prevenir y sancionar.ONU Derechos Humanos insistió en la necesidad de que el Gobierno nacional refuerce la presencia institucional en los territorios, asigne recursos suficientes a las autoridades locales y garantice un acceso efectivo a la justicia, así como la atención y reparación a las víctimas.Una de las principales alertas del organismo se centra en el reclutamiento y la utilización de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos armados no estatales. Solo en 2025, la ONU documentó 55 casos de afectaciones a menores de edad en Arauca, de los cuales 35 corresponden a reclutamiento directo o utilización, y otros 36 casos adicionales entre 2024 y 2025 afectaron a niñas y niños de los pueblos indígenas Makaguán, Hitnü, Betoy y U’wa. Esta situación, señaló la entidad, genera un impacto desproporcionado sobre las comunidades indígenas y campesinas.La Oficina también verificó el asesinato de tres personas defensoras de derechos humanos en Arauca durante 2025: una con liderazgo comunal, otra gremial y una más con liderazgo político y social. Aunque las cifras son menores a las de 2024, cuando se registraron 16 homicidios, la ONU advirtió que esta reducción no refleja una mejora en la seguridad, sino el miedo, la autocensura y el desplazamiento forzado de líderes sociales.A pesar de este panorama, la ONU destacó la valentía de las personas que continúan defendiendo los derechos humanos en Arauca y reiteró su llamado al Estado colombiano para que garantice su protección y el respeto a la población civil.
Colombia cierra el año 2025 en medio de una de las arremetidas violentas más graves de los últimos tiempos. El paro armado de 72 horas decretado por el ELN dejó cerca de 100 acciones armadas en al menos nueve departamentos, con un saldo de por lo menos 12 personas asesinadas, decenas de heridos, vías bloqueadas, vehículos incinerados y ataques con explosivos contra la fuerza pública. El hecho más grave ocurrió en zona rural de Aguachica, Cesar, donde un ataque con drones cargados de explosivos contra un batallón militar dejó siete soldados muertos y 28 heridos.En este contexto, María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), analizó en entrevista en El Radar con Ricardo Ospina el significado político y estratégico de esta ofensiva armada, no solo del ELN, sino también de las disidencias lideradas por alias Iván Mordisco. Para la experta, la violencia no es un fenómeno aislado ni coyuntural, sino que está directamente relacionada con el calendario electoral que se avecina.“Tengo la lectura de que sí están preparándose para lo que viene en el proceso electoral, para tener un espacio en el debate público, hacerse notar”, afirmó Llorente, al señalar que estos grupos buscan incidir en la agenda política y forzar definiciones sobre su tratamiento en el próximo gobierno. Según explicó, se trata de una dinámica repetida en Colombia cada cuatro años, pero que hoy se agrava por la expansión territorial y el fortalecimiento económico de las organizaciones armadas ilegales.La directora de la FIP también se refirió a la política de “paz total” del Gobierno del presidente Gustavo Petro, cuya apuesta central ha sido mantener abiertas múltiples mesas de negociación, incluso aquellas que no han mostrado resultados concretos. “Teníamos nueve mesas de negociación, ninguna se ha desmontado, en ninguna hemos tenido ningún resultado, pero ninguna se ha desmontado”, advirtió, al tiempo que cuestionó la ausencia de una estrategia clara de seguridad que acompañe estos diálogos.Para Llorente, el Ejecutivo busca dejar “hechos irreversibles” que condicionen al próximo Gobierno. “Aquí seguimos con esta política… y vamos a seguir insistiendo en ello y generando hechos que le hagan muy difícil al siguiente Gobierno desmontar” los procesos en curso, explicó, refiriéndose a iniciativas como las zonas de ubicación territorial con distintos grupos armados.Sin embargo, el balance en seguridad es preocupante. La analista recordó que la falta de una estrategia integral ha derivado en la fragmentación y multiplicación de estructuras criminales. Como ejemplo, citó el crecimiento del Clan del Golfo: “Se han incrementado en un 85 % con respecto a lo que había cuando se desmovilizaron las Farc”.De cara al próximo Gobierno, Llorente fue enfática en la necesidad de un cambio de enfoque. “Es absolutamente indispensable establecer una hoja de ruta de seguridad en los territorios”, señaló, insistiendo en recuperar la iniciativa del Estado, proteger a la población civil y contener el avance de los grupos armados. Aunque defendió la negociación como herramienta, advirtió que sin seguridad territorial y sin incentivos claros, cualquier proceso está condenado al fracaso.El cierre de año deja así un panorama complejo: más violencia, negociaciones fragmentadas y una campaña electoral que ya empieza a sentirse en los fusiles. Para expertos como Llorente, el reto del 2026 será enorme: construir una política de seguridad y paz que no repita los errores del presente y devuelva la tranquilidad a los territorios más golpeados del país.