Aunque Colombia avanza en sus esfuerzos de construcción de paz, la violencia armada sigue afectando de forma grave a las comunidades rurales, étnicas y campesinas. Así lo advierte el Informe Periódico 39 de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP/OEA), presentado ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que analiza la situación del país entre enero y junio de 2025.Durante ese semestre, la Misión realizó 977 despliegues en 161 municipios y 295 comunidades, donde constató crisis humanitarias en regiones como Guaviare, Catatumbo y sur de Bolívar, marcadas por desplazamientos masivos, confinamientos y afectaciones a la salud mental de la población civil. En el informe se advierte, además, que el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes persiste, mientras grupos armados emplean drones, explosivos y ataques indiscriminados, especialmente en zonas con baja presencia estatal.El jefe de la MAPP/OEA, Roberto Menéndez, subrayó que estas dinámicas profundizan la polarización social y la desconfianza institucional, y llamó al Estado colombiano a fortalecer sus capacidades institucionales para garantizar la paz y la seguridad de las comunidades. “Proteger a la población civil no es una medida de contingencia, sino una obligación ética y política de todos los Estados del hemisferio”, enfatizó.El informe también alerta sobre la violencia contra liderazgos sociales y políticos, en especial tras el asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, y exhorta a las autoridades a garantizar unas elecciones libres de violencia y de participación segura. La Misión recordó que un proceso electoral transparente y pacífico es una condición esencial para consolidar la paz en Colombia.En cuanto a los avances, el documento resalta el impulso a los diálogos de paz con grupos armados urbanos y rurales, la implementación del Acuerdo Final de 2016, la búsqueda de desaparecidos, la reparación integral a las víctimas y la puesta en marcha del programa RenHacemos, orientado a sustituir cultivos de coca por proyectos productivos. Asimismo, reconoce la aprobación de la Ley 2453 de 2025, que busca prevenir la violencia política contra las mujeres.De cara a 2026, la MAPP/OEA invita a preservar los logros alcanzados y revisar con espíritu crítico los retos pendientes, reforzando la acción institucional para transformar las condiciones que perpetúan la violencia.El trabajo de la Misión cuenta con el apoyo político y financiero de países como Alemania, Canadá, España, Italia, Noruega, Suiza, Reino Unido y Suecia, entre otros, que integran el Fondo Canasta.
La magistrada Catalina Díaz, de la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), informó que el general Huertas será llamado nuevamente a dar versión voluntaria en el marco de la investigación por presuntas ejecuciones extrajudiciales. En una audiencia anterior en Granada, varios militares bajo su mando afirmaron que Huertas conocía e incluso habría dado instrucciones relacionadas con estos hechos.La JEP explicó que esta convocatoria es obligatoria, ya que su jurisdicción es competente para juzgar crímenes cometidos en el marco del conflicto armado, tanto por antiguos miembros del Ejército como de la extinta guerrilla de las Farc. No se requiere ningún acto adicional de suscripción para investigar a Huertas, quien permanece vinculado al proceso.El nombre del general también ha surgido en investigaciones por presuntos vínculos con disidencias de las Farc, específicamente con la estructura de alias Calarcá, según comunicaciones y documentos recopilados por las autoridades. La nueva citación busca esclarecer su responsabilidad en los falsos positivos ocurridos durante su periodo como oficial de operaciones del Batallón de Artillería N.° 4 Jorge Eduardo Sánchez.La fecha exacta para la nueva versión voluntaria aún está en evaluación, y la JEP insiste en que todos los involucrados en crímenes del conflicto deben someterse a esta justicia para garantizar verdad, justicia y reparación a las víctimas.
La situación de derechos humanos en la Sierra Nevada de Santa Marta sigue siendo crítica, según Scott Campbell, representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Durante su visita del 1 al 4 de diciembre, Campbell pudo constatar altos riesgos para los pueblos indígenas Arhuaco, Wiwa, Kankuamo, Kogui, Ette Naka y Wayuu, así como para comunidades afrodescendientes y campesinas.La alerta de derechos humanos en la Sierra Nevada de Santa Marta se debe a la expansión de grupos armados como el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra. Sus operativos incrementan la violencia, el desplazamiento forzado y los riesgos para líderes indígenas, afrodescendientes y campesinos. Estas organizaciones no estatales ejercen control territorial, imponen restricciones a la movilidad y amenazan a quienes defienden derechos humanos, ambientales y colectivos, generando un clima de miedo e inseguridad en toda la región.El representante de la ONU denunció asesinatos recientes y atentados contra defensores de derechos humanos. Entre ellos, la muerte de Elizabeth Mojica, profesora y defensora de mujeres, niñas y niños, el 30 de noviembre, y el atentado contra Misael Socarrás, líder ambiental de la comunidad Wayuu, ocurrido el 12 de diciembre. Campbell instó al Estado a investigar, sancionar a los responsables y reforzar la protección de la población civil.Según la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, en 2025 se han documentado cuatro masacres y ocho homicidios de defensores en municipios de Cesar, La Guajira y Magdalena. “La población sufre y teme por su vida ante la acción de grupos armados no estatales y la falta de protección estatal”, indicó Campbell.El representante advirtió sobre las graves violencias contra mujeres indígenas, incluyendo violencia sexual y de género, y urgió la creación de Casas de la Mujer en Cesar, Magdalena y La Guajira, con recursos suficientes para atender a las víctimas. También enfatizó la necesidad de proteger a la niñez del reclutamiento forzado por grupos armados, recordando que se trata de un crimen de guerra.Campbell destacó la labor del programa Futuro Colombia de la Fiscalía General y recomendó su fortalecimiento y expansión a los tres departamentos de la Sierra Nevada. Asimismo, hizo un llamado a respetar los derechos ambientales y territoriales de las comunidades indígenas y afrodescendientes, y a garantizar la consulta previa, libre e informada.El representante de la ONU reiteró la urgencia de implementar integralmente la Alerta Temprana 020 de la Defensoría del Pueblo, emitida el 2 de diciembre, que identifica factores de riesgo y emite recomendaciones para prevenir violaciones de derechos humanos.Durante su misión, Campbell se reunió con autoridades civiles y militares, líderes ambientales, mujeres indígenas, representantes de consejos comunitarios afrodescendientes y organizaciones de derechos humanos. La misión contó con el acompañamiento de las embajadas de Canadá, Irlanda y Países Bajos.ONU Derechos Humanos reafirma su compromiso de acompañar a las comunidades de la Sierra Nevada de Santa Marta, documentar violaciones, brindar asesoría técnica y exigir al Estado mayores garantías de protección para la vida y los derechos de estas poblaciones.
A esta hora el presidente Gustavo Petro tiene en sus manos la decisión sobre el futuro de la mesa de negociación de paz entre el Gobierno Nacional y el Clan del Golfo, proceso que atraviesa su momento más crítico tras la reciente inclusión de ese grupo armado en la Lista Clinton del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.El jefe de la delegación gubernamental, Álvaro Jiménez, se encuentra a la espera de una comunicación y una reunión directa con el mandatario para definir si las conversaciones continúan o si se abre un nuevo escenario de revisión frente al impacto jurídico y político que tiene esta designación internacional.Las negociaciones entre el Gobierno y el Clan del Golfo —también conocido como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia— se adelantan desde septiembre de 2025 en Doha, Catar, con acompañamiento de representantes internacionales y organismos humanitarios. En el más reciente ciclo, concluido el 5 de diciembre, las partes habían logrado acuerdos preliminares sobre las zonas de ubicación temporal, donde se ubicarían los integrantes de la organización como parte de un eventual proceso de desarme y sometimiento colectivo.Sin embargo, la decisión de Estados Unidos de incluir al Clan del Golfo y a varios de sus líderes en la Lista Clinton, bajo señalamientos de narcotráfico y lavado de activos, ha generado incertidumbre sobre la continuidad del proceso, e incluso podría afectar los alivios jurídicos otorgados a los miembros que actúan como negociadores en el exterior.Actualmente, varios de esos representantes se encuentran en los Emiratos Árabes Unidos, con órdenes de captura suspendidas temporalmente, en virtud del acuerdo humanitario que permitió su participación en los diálogos. Ahora, la Casa de Nariño evalúa los alcances legales y diplomáticos de la medida norteamericana y los efectos que podría tener sobre los compromisos adquiridos en la mesa.La comunidad internacional y los acompañantes del proceso han insistido en la necesidad de mantener abiertos los canales de diálogo, advirtiendo que una ruptura abrupta podría agravar la crisis humanitaria en regiones donde el Clan del Golfo mantiene control territorial.El país está a la expectativa de la decisión que adopte el presidente Petro en las próximas horas, decisión que podría marcar el rumbo del proceso de paz más complejo que enfrenta actualmente su gobierno.
La actriz egipcia Nevin Mandur falleció este miércoles 17 de diciembre a los 53 años, luego de un incendio registrado en su vivienda ubicada en el sector de Asafra, en la ciudad de Alejandría, según informó la agencia estatal de noticias MENA.De acuerdo con el reporte oficial, unidades de seguridad y equipos de emergencia acudieron al lugar tras recibir una alerta por un incendio en un apartamento residencial. Una vez controladas las llamas, las autoridades hallaron el cuerpo sin vida de la reconocida artista.Hasta el momento, MENA no ha entregado mayores detalles sobre las causas del siniestro. No obstante, la Fiscalía General abrió una investigación y ordenó a los peritos del laboratorio de criminalística adelantar las diligencias correspondientes para determinar el origen del incendio y establecer si existen indicios de un posible hecho delictivo.Nevin Mandur nació el 28 de noviembre de 1972 y comenzó su trayectoria artística desde muy joven en el teatro, actividad que continuó durante su etapa universitaria.Su salto a la fama se dio en 2003, cuando protagonizó la película de comedia Elly Bali Balak (El secreto que tenemos), en la que interpretó a Faihaa junto al reconocido actor Mohamed Saad. El filme obtuvo una amplia acogida del público y consolidó a Mandur como una figura destacada del entretenimiento en Egipto.A lo largo de su carrera, también participó en varias producciones televisivas, entre ellas las telenovelas Ragaalek Ya Exandaria (Regresaré, Alejandría) y El Restaurante, compartiendo escena con importantes actores de la industria egipcia.
El hígado es uno de los órganos más importantes del cuerpo humano. Se encarga de filtrar toxinas, metabolizar nutrientes, regular el colesterol y almacenar energía. No obstante, cuando se acumula grasa en sus células, estas funciones se ven alteradas, dando paso a la conocida enfermedad por hígado graso, una condición silenciosa que puede derivar en complicaciones más serias si no se controla a tiempo.Aunque no existe un tratamiento farmacológico específico para eliminar el hígado graso, los expertos coinciden en que la alimentación es una herramienta clave para prevenir su avance y mejorar la salud hepática. En ese camino, las frutas cumplen un rol fundamental gracias a su contenido de fibra, antioxidantes y compuestos bioactivos que ayudan al organismo a depurarse de forma natural.1. Aguacate: nutrición y reparación hepáticaA pesar de su alto contenido calórico, el aguacate es una fruta altamente beneficiosa para el hígado. Sus grasas monoinsaturadas contribuyen a reducir los niveles de colesterol dañino y favorecen el equilibrio lipídico del organismo. Además, es rico en glutatión, un antioxidante esencial que participa en la protección y reparación de las células hepáticas, ayudando a combatir el daño causado por toxinas.2. Toronja: limpieza profunda del hígadoLa toronja destaca por su capacidad para estimular los procesos naturales de desintoxicación del hígado. Contiene antioxidantes como la naringina y la naringenina, sustancias que ayudan a reducir la inflamación y a activar enzimas responsables de eliminar toxinas. Su consumo regular, dentro de una dieta balanceada, puede potenciar la función depurativa del organismo.3. Manzana: fibra que alivia la carga hepáticaIncluir manzana en la alimentación diaria puede ser una decisión sencilla con grandes beneficios. Esta fruta es rica en pectina, una fibra soluble que facilita la eliminación de desechos y sustancias nocivas a través del sistema digestivo. Al disminuir la cantidad de toxinas que llegan al hígado, este órgano puede trabajar de forma más eficiente.4. Uvas rojas: antioxidantes para proteger el hígadoLas uvas rojas y moradas contienen resveratrol, un polifenol reconocido por su potente acción antioxidante. Estudios han señalado que este compuesto ayuda a disminuir la inflamación y el estrés oxidativo en el hígado, factores estrechamente relacionados con la progresión del hígado graso. Además, podría contribuir a la regeneración del tejido hepático.5. Limón: estimula la digestión de grasasEl limón es un clásico dentro de los alimentos recomendados para cuidar el hígado. Su consumo favorece la producción de bilis, una sustancia esencial para la digestión de las grasas y la eliminación de toxinas. Tomarlo en agua o como parte de las comidas puede apoyar el proceso natural de limpieza hepática.Adoptar hábitos saludables, mantener una dieta equilibrada y sumar estas frutas a la alimentación diaria puede ayudar a controlar el hígado graso de manera natural. Siempre es recomendable complementar estos cambios con seguimiento médico y actividad física regular.
Al menos dos personas perdieron la vida y 32 resultaron heridas este miércoles cuando un autobús que trasladaba a estudiantes paraguayos que regresaban de Brasil volcó en una carretera del departamento de Caaguazú (este), informaron las autoridades.El bus, con al menos 37 pasajeros a bordo, "la mayoría estudiantes", retornaba de una excursión en el municipio brasileño de Camboriú y se dirigía a la ciudad paraguaya de Luque (centro), dijo a EFE el jefe de la comisaría de la ciudad de Coronel Oviedo, capital de Caaguazú, Victorino Bogado.El portavoz policial refirió que el conductor al parecer "perdió el control" del vehículo, que cayó en la cuneta de una carretera.Una mujer de 41 años y un adolescente de 17 años fallecieron "en el lugar y de forma instantánea", afirmó el comisario, al detallar que en la unidad también viajaban madres de los alumnos.Además, aseguró que 27 heridos fueron atendidos en el Hospital General de Coronel Oviedo e indicó que "no revisten de gravedad".Otras cinco personas con lesiones leves llegaron al Hospital Policial Santa Rosa del Lima, ubicado en la misma ciudad, agregó Bogado.En declaraciones a la radio Monumental, la fiscal Lourdes Soto aseguró que, según reportes de los bomberos y la Policía, el conductor del vehículo "venía a mucha velocidad".Los jóvenes son egresados de tres colegios en Luque, añadió la funcionaria.
Lo que debía ser una noche de celebración terminó en caos durante una fiesta de graduación realizada en la madrugada del sábado 13 de diciembre, en Recife, Brasil. El evento, organizado para estudiantes del Colegio Madre de Deus, se vio interrumpido por una confrontación entre padres de familia, alumnos y el personal encargado de la música.De acuerdo con testigos, el conflicto se originó cuando un padre de familia, que se encontraba entre los asistentes y presuntamente bajo los efectos del alcohol, reaccionó con molestia tras la reproducción reiterada de una canción que consideró inapropiada. El hombre subió al escenario y encaró al DJ, exigiéndole que suspendiera la música y detuviera la fiesta.La controversia giró en torno al tema 'Helicóptero', de DJ Guuga y MC Pierre, una canción de género funk cuya letra fue considerada ofensiva por algunos adultos presentes. Según un testigo citado por el medio brasileño g1, el ambiente se tornó tenso luego de que la canción sonara por tercera vez, lo que desató la reacción del padre inconforme.Además del hombre, una mujer también fue grabada reclamando que ese tipo de música no era adecuada para adolescentes. En varios videos difundidos en redes sociales se observa cómo estudiantes vestidos de gala comenzaron a empujarse, mientras algunos padres de familia también se involucraron en los altercados.La institución educativa se pronunció posteriormente y aclaró que no participó en la organización del evento. En un comunicado, el Colegio Madre de Deus indicó que la fiesta fue contratada y coordinada por la productora Super A Formaturas, por lo que las decisiones logísticas y artísticas no estuvieron bajo su responsabilidad.La canción que generó la polémica fue lanzada en 2019 y describe una situación de violencia y amenazas de carácter sexual, razón por la cual ha sido objeto de críticas en distintos contextos. Pese a la controversia, el tema acumula más de 66 millones de reproducciones en Spotify. En 2023, los artistas publicaron una segunda versión titulada 'Helicóptero 2', que también supera los 10 millones de reproducciones en la misma plataforma.
Pensar en vacaciones ya no responde únicamente a la disponibilidad de tiempo o a los precios de temporada. Cada vez más personas organizan sus viajes en función del momento del año, del clima que buscan y de la experiencia que esperan vivir en cada etapa.En ese contexto, Hyatt Inclusive Collection presentó una guía que vincula los meses del año con experiencias de viaje en América Latina y el Caribe. La selección parte de una premisa clara: viajar se ha consolidado como una forma de reconectar y aprovechar mejor el tiempo. Así lo señala el Time Rich Report de Hyatt Inclusive Collection, citado por la compañía, según el cual casi dos tercios de las personas consideran que viajar es tiempo bien invertido.A partir de esa lectura del comportamiento de los viajeros, los expertos del grupo hotelero identificaron 12 destinos —uno por mes— que se ajustan a distintos ritmos, climas y tipos de viaje a lo largo de 2026.Enero: Santa Lucía, Caribe orientalEl inicio del año suele asociarse con pausas y nuevos comienzos. En Santa Lucía, enero coincide con un ritmo más sereno, marcado por paisajes tropicales y bahías resguardadas. Según Hyatt Inclusive Collection, la zona de Marigot Bay se consolida como un punto para viajes enfocados en el bienestar, con entornos naturales y experiencias orientadas a la desconexión.Febrero: Mendoza, ArgentinaEn febrero, el calendario turístico se traslada al Cono Sur. Mendoza aparece como uno de los destinos destacados por su clima templado y su entorno natural, marcado por la Cordillera de los Andes. La región se asocia a viajes tranquilos, con recorridos por bodegas y paisajes de montaña, alineados con la lógica de viajes sin prisas que describe la guía.Marzo: Playa Esmeralda, República DominicanaPara la temporada de primavera, los expertos sitúan la costa norte de República Dominicana como una alternativa menos concurrida. Playa Esmeralda reúne propuestas tanto para viajes familiares como para escapadas de adultos, en una franja costera aún poco desarrollada, según la información presentada por la cadena hotelera.Abril: Punta Cana, República DominicanaAbril marca la transición hacia la primavera caribeña. Hyatt Inclusive Collection resalta Punta Cana no por su perfil masivo, sino por espacios más tranquilos orientados al descanso y al bienestar, con playas amplias y menor flujo turístico en comparación con otros meses del año.Mayo: Valle del Colchagua, ChileFebrero coincide con el verano austral y con la temporada alta de los valles vitivinícolas chilenos. El Valle del Colchagua se posiciona como un destino orientado a viajes de pareja o escapadas tranquilas, con recorridos en viñedos, pueblos rurales y una oferta turística ligada a la gastronomía y el paisaje, de acuerdo con el enfoque de experiencias pausadas que plantea la guía.Junio: Cozumel, MéxicoEl inicio del verano coincide con una mayor búsqueda de experiencias acuáticas. En ese contexto, Cozumel aparece como uno de los destinos destacados por Hyatt Inclusive Collection, especialmente por sus arrecifes de coral y la práctica de buceo y esnórquel en el Caribe mexicano.Julio: Puerto Vallarta, MéxicoPara mitad de año, la costa del Pacífico mexicano entra en temporada alta. Puerto Vallarta se incorpora a la selección como un destino vinculado a viajes multigeneracionales, con acceso a playas, marina y actividades urbanas, según el análisis de los expertos del grupo hotelero.Agosto: Montego Bay, JamaicaAgosto suele asociarse con viajes de descanso prolongado. En el Caribe, Montego Bay se mantiene como un punto relevante por su conectividad aérea y su oferta de playas, alineándose con el perfil de viajes sociales y de reconexión que describen los expertos para este mes.Septiembre: Cartagena, ColombiaDurante septiembre, Cartagena atraviesa una temporada más tranquila en términos turísticos. La guía destaca resorts fuera de la ciudad, que permiten combinar descanso con la cercanía al centro histórico y a la oferta cultural de la capital de Bolívar.Octubre: Cusco, PerúCon el cierre de la temporada alta andina, octubre se presenta como un mes favorable para visitar Cusco. Menor afluencia de turistas y condiciones climáticas estables convierten a la región en una opción adecuada para viajes culturales y de exploración histórica dentro de América Latina.Noviembre: Cabo San Lucas, MéxicoAntes del cierre del año, Los Cabos aparece en la guía como un destino asociado a viajes de adultos y experiencias sociales. Hyatt Inclusive Collection resalta la combinación entre paisaje desértico y marino, así como su oferta turística previa a la temporada navideña.Diciembre: Punta del Este, UruguayEl año concluye en el Cono Sur. Punta del Este se posiciona como uno de los destinos más representativos de la temporada de verano en Sudamérica, con una agenda cultural y turística que se intensifica en diciembre, alineándose con los viajes de cierre de año que describe la guía.
El Consejo Comunitario de las Comunidades Negras Cerro Teta, en el municipio de Buenos Aires, Cauca, emitió una alerta comunitaria denunciando hostigamientos y detonaciones de artefactos explosivos que se registraron desde las 6:00 de la mañana en la cabecera municipal, en inmediaciones de la Estación de Policía, el Banco Agrario, la Casa de Justicia, la Alcaldía Municipal y viviendas cercanas.Los hechos han generado temor, confinamiento y riesgo para decenas de familias del territorio ancestral, quienes se encuentran atrapadas en medio del fuego cruzado.De acuerdo con la comunidad, esta situación constituye una grave violación a los derechos humanos y étnico-territoriales, pues afecta la integridad física y emocional de las familias, limita su libre circulación y amenaza directamente su permanencia en el territorio. “La vida no es posible sin el territorio”, reiteró el Consejo Comunitario en su pronunciamiento.Ante la gravedad de los hechos, la defensora del Pueblo, Iris Marín, expresó su respaldo a la denuncia de la comunidad y anunció que la entidad ya activó las rutas de verificación, prevención y atención humanitaria en la zona, en articulación con las autoridades locales y organismos internacionales de derechos humanos. Marín enfatizó que la Defensoría está “verificando en terreno y exigiendo respeto por la vida, la dignidad y la autonomía de las comunidades afrodescendientes del norte del Cauca”.La institución hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional, las autoridades departamentales y los organismos de seguridad para que adopten medidas inmediatas que garanticen la protección de la población civil y eviten nuevos hechos de violencia.Esta nueva emergencia se suma al creciente clima de inseguridad que enfrentan los territorios étnicos en el suroccidente del país, donde persisten enfrentamientos entre grupos armados ilegales por el control territorial y las economías ilícitas.
Los habitantes del corregimiento de Pachelly, en la zona rural de Tibú, fueron despertados en la madrugada de este martes por el estruendo de las botas y los gritos de victoria de un grupo de disidentes del frente 33 de las Farc. Los hombres armados ingresaron hasta el centro del caserío, exhibiendo su poderío bélico y lanzando arengas alusivas a la antigua guerrilla.En varios videos grabados y difundidos por los mismos insurgentes, se escucha cómo los hombres reportan a su comandante, alias ‘Richard Suárez’, el cumplimiento de una supuesta misión.“Lo logramos, comandante. Lo prometido es deuda, camarada”, se oye decir a uno de ellos mientras recorren las calles del corregimiento. Las imágenes muestran a los disidentes sentados en las escaleras del parque principal, tomando gaseosa y burlándose del ambiente navideño del pueblo.“Vea, camarada, cómo se ve bonito Pachelly ahora, decorado en las navidades”, dice uno de los guerrilleros con tono sarcástico, en lo que parecería ser un mensaje dirigido al jefe de la estructura Jorge Briceño.Durante la incursión, los hombres mantuvieron comunicación radial con otros grupos ubicados en zonas altas del corregimiento. En esos audios se les escucha ordenar a los llamados “dronistas” —encargados de operar drones con explosivos— permanecer en alerta ante cualquier eventualidad.Según denuncias difundidas por redes sociales, un habitante del corregimiento habría sido asesinado durante la toma, presuntamente por ser colaborador del ELN. Pachelly es una de las zonas más disputadas del Catatumbo entre las disidencias del frente 33 de las Farc y el ELN, que se enfrentan por el control territorial y las rentas ilegales.
El primer paro se registró en febrero de 2025 en el Chocó, con confinamientos y desplazamientos masivos. En mayo, el grupo insurgente volvió a imponer restricciones en el mismo departamento, mientras que en julio declaró un nuevo paro armado de 48 horas. El más reciente, de alcance nacional, fue anunciado para diciembre y se extendió durante 72 horas, afectando la movilidad y la economía en varias regiones del país.Estos hechos se dan en un contexto en el que el ELN ha sostenido al menos cinco intentos de negociación con diferentes gobiernos colombianos, sin lograr consolidar un acuerdo de paz. Los primeros contactos se remontan al mandato de Alfonso López Michelsen en los años 70; luego vinieron los diálogos de Caracas y Tlaxcala (1991-1992) con César Gaviria; los acercamientos exploratorios de los años 2000; las mesas formales de Quito y La Habana (2017-2019) bajo Juan Manuel Santos; y el más reciente proceso, impulsado por Gustavo Petro desde 2022, que se suspendió en enero de 2025.Para Carlos Arturo Velandia, exmiembro del ELN y actual gestor de paz, la constante frustración de los procesos responde a la línea política interna del grupo armado, que hoy privilegia la confrontación sobre el diálogo.“El ELN no tiene hoy por hoy una estrategia de paz, sino más bien una estrategia de confrontación frontal. No considera a este gobierno de izquierda como progresista ni como un aliado, sino como cualquier otro gobierno de la historia republicana. Eso explica su actual comportamiento, incluido el llamado paro armado, que termina afectando a la población civil y los derechos de los ciudadanos”, explicó Velandia.El excombatiente recordó que el ELN ha estado involucrado en procesos de diálogo “desde el gobierno de César Gaviria Trujillo” y que incluso con la actual administración mantuvo conversaciones hasta agosto de 2024, antes de levantarse de la mesa en enero de este año.“El Gobierno ha mantenido su voluntad de diálogo, pero hoy no hay tiempo ni voluntad por parte del ELN para reiniciar un proceso. El Estado debe cumplir su deber constitucional de proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos”, concluyó.Con cuatro paros armados solo en 2025 y más de cinco procesos de paz frustrados en su historia, el ELN se mantiene como el último grupo guerrillero de origen político activo en Colombia, aunque cada vez más definido por el control territorial y las rentas ilegales que por su ideario insurgente.
Más de 3.000 personas permanecen confinadas en el sur del país, mientras se reportan ataques, bloqueos y amenazas en 12 departamentos. La Defensoría alertó sobre graves afectaciones a los derechos humanos y pidió a los grupos armados cesar las acciones que ponen en riesgo a la población civil.Desde el 9 de diciembre, los grupos armados ilegales han ejecutado una serie de acciones coordinadas en distintas regiones del país, afectando la movilidad, el transporte, la economía local y la seguridad de miles de colombianos.El paro decretado por las disidencias de Iván Mordisco continúa afectando los municipios de Puerto Guzmán y Puerto Leguízamo, en Putumayo, donde las comunidades de La Tagua, El Mecaya, Yurilla, Sencella, Umancia y Guaquira permanecen confinadas. Según los reportes de la Defensoría, unas 3.000 personas están bajo restricciones de movimiento. En Caquetá y Amazonas, los bloqueos en los ríos Caquetá, Caguán y Orteguaza mantienen aisladas comunidades indígenas del Consejo Regional del Medio Amazonas (CRIMA).El ELN, por su parte, ha ejecutado acciones armadas en al menos 12 departamentos. En Antioquia, se registraron explosiones, la incineración de un bus y cierres viales en municipios como Valdivia y Salgar. En Arauca, un ataque con tatucos bomba al Batallón de Puerto Jordán dejó daños materiales y obligó a suspender el transporte público.En el Cauca, las autoridades confirmaron cinco acciones violentas, entre ellas la instalación de cilindros explosivos en la vía Panamericana y el despliegue de banderas y grafitis del grupo armado. En Cesar, se reportó la quema de maquinaria amarilla en una zona de reincorporación, y en Chocó, el transporte fluvial y terrestre fue suspendido totalmente.La Guajira, el Magdalena Medio, Nariño y Norte de Santander también han registrado ataques, cierres viales y amenazas a transportadores. En La Lizama (Santander), un ataque con explosivos al peaje dejó una funcionaria herida.La Defensoría del Pueblo reiteró que estos llamados “paros armados” constituyen una grave vulneración de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario, al imponer restricciones ilegales a la población civil. El organismo pidió al ELN y a las disidencias de Iván Mordisco abstenerse de continuar con estas acciones y solicitó a las autoridades reforzar la protección en los territorios más afectados.Los “paros armados” del ELN y las disidencias dejan a miles de familias en riesgo y reflejan la persistencia del conflicto en regiones históricamente golpeadas por la violencia. La Defensoría del Pueblo insiste en que la paz no puede construirse desde el miedo ni la intimidación, sino con garantías de vida, libertad y dignidad para la población civil.
El pasado 12 de diciembre, el ELN anunció un paro armado de 72 horas que inició el 14 de diciembre y se extenderá hasta el 17 del mismo mes a las 6:00 a. m., afectando gran parte del territorio nacional. Esta medida, definida por la guerrilla como una protesta contra lo que califica de “plan contrainsurgente” y agresión norteamericana, obliga a la población a restringir su movilidad, suspender actividades comerciales y desalentar el transporte entre regiones.El llamado al paro armado ha generado alarma en distintas zonas del país, incluidas ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Cúcuta, donde el Frente de Guerra Urbano del ELN emitió advertencias a la ciudadanía y a empresas de transporte para que acaten la orden de cese de actividades.El efecto de este tipo de acciones ha sido ampliamente criticado por la Defensoría del Pueblo, que advierte que los paros armados pueden agravar la limitación de acceso a servicios esenciales, provocar desabastecimiento y profundizar escenarios de violencia y confinamiento forzado para las comunidades civiles.El Gobierno Nacional ha respondido con un despliegue de seguridad reforzado en puntos críticos, mientras las autoridades llaman a la población a no ceder ante la intimidación y a mantener su vida cotidiana dentro de lo posible.Este anuncio se da en un contexto de escalada de la violencia en varias regiones de Colombia durante 2025. Por ejemplo, en la región del Catatumbo, al noreste del país, se han registrado combates entre el ELN y disidencias de las Farc-EP desde enero, que han generado desplazamientos masivos, secuestros y decenas de víctimas mortales.Además, hace pocas semanas se presentaron ataques simultáneos en distintos municipios durante las festividades, con explosivos y acciones que dejaron heridos y muertos, en un contexto en el que distintos grupos armados buscan controlar territorios y economías ilegales.El presidente de Colombia también ha rechazado el paro armado, haciendo un llamado a la calma y exhortando a los ciudadanos a celebrar la temporada navideña sin miedo ante las amenazas de la guerrilla.La Delegación del Gobierno, en el comunicado difundido este lunes, enfatiza que este tipo de medidas no contribuyen al diálogo ni a la tranquilidad de la población, e insiste en la necesidad de gestos de desescalada, como la liberación de personas retenidas por la organización armada, para recuperar la confianza en las conversaciones de paz.
Está en desarrollo la audiencia de conclusión en el juicio contra el coronel (r) Publio Hernán Mejía, excomandante del Batallón La Popa, por su presunta responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales cometidas entre 2002 y 2005 en Cesar y La Guajira.La diligencia, que se realiza en Valledupar, representa la última oportunidad para que el exoficial reconozca su responsabilidad en los crímenes que se le atribuyen. De no hacerlo, podría enfrentar una pena de hasta 20 años de prisión, según la Fiscalía transicional.Durante su intervención, el fiscal Samuel Serrano, de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, aseguró que el coronel Mejía creó y lideró un aparato organizado de poder al interior del batallón, desde el cual se ejecutaron homicidios y torturas. En varios de esos crímenes —indicó— hubo participación del grupo paramilitar Mártires del Cesar.“Se trató de una alianza de mutuo beneficio”, dijo el fiscal. “Mientras los paramilitares necesitaban incrementar el control de la zona y consolidar su expansión, los integrantes del aparato ilegal dentro del batallón necesitaban presentar bajas, para hacer creer que la seguridad se estaba recuperando.”Serrano explicó además que la participación de los militares bajo el mando de Mejía era recompensada con beneficios como permisos, medallas, condecoraciones, mejoras económicas y comisiones en el exterior. “Recibían dádivas por los resultados obtenidos. Las bajas eran su moneda de cambio”, sostuvo.La Fiscalía afirma haber probado que estas acciones respondían a un patrón sistemático para mostrar una falsa recuperación del orden público, a través de asesinatos de civiles presentados como combatientes dados de baja.El juicio adversarial contra Mejía ocurre luego de que el excomandante decidiera no aceptar responsabilidad, a diferencia de otros 12 exmilitares del mismo batallón que sí confesaron su participación en más de 130 asesinatos. La decisión que adopte la JEP será clave para definir el alcance de las sanciones frente a altos mandos que no reconocen verdad ni aportan al esclarecimiento.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) realiza esta semana los alegatos finales del juicio adversarial contra el coronel en retiro, Publio Hernán Mejía, excomandante del Batallón La Popa, por su presunta responsabilidad en al menos 72 ejecuciones extrajudiciales cometidas entre 2002 y 2005 en Cesar y La Guajira.La Unidad de Investigación y Acusación (UIA) lo señala como coautor de crímenes de guerra y de lesa humanidad, entre ellos homicidios en persona protegida, desapariciones forzadas, desplazamientos y persecución a civiles. Según la UIA, estas acciones hicieron parte de un plan criminal sistemático al interior del batallón para mostrar resultados operacionales ante sus superiores.A diferencia de otros 12 militares del mismo batallón que aceptaron su responsabilidad, Mejía optó por no reconocer los hechos, por lo cual fue sometido a un juicio adversarial. Esta decisión lo expone a una condena de hasta 20 años de prisión, la pena más alta prevista en la justicia transicional para quienes no colaboran plenamente con la verdad.Durante su testimonio en abril pasado, Mejía rompió su derecho al silencio y negó haber participado en un patrón criminal. Alegó ser víctima de falsas declaraciones y sostuvo que su actuar estuvo enmarcado dentro de la legalidad. Sin embargo, la Fiscalía transicional asegura que existen pruebas suficientes para demostrar su participación activa y su rol de liderazgo en los crímenes cometidos.El juicio, que se realiza los días 5 y 6 de agosto en Valledupar, también incluye las intervenciones de las víctimas acreditadas y sus representantes, quienes han insistido en que el coronel ha sostenido una actitud de negación, sin ofrecer aportes plenos a la verdad ni reconocer el daño causado.Este proceso hace parte del caso 03 de la JEP, que investiga los llamados “falsos positivos”, es decir, asesinatos de civiles presentados como bajas en combate por agentes del Estado. El Batallón La Popa es uno de los núcleos priorizados en esta investigación, por su alto número de casos y el carácter sistemático de los crímenes.La decisión final de los magistrados será clave para establecer cómo la JEP sanciona a altos mandos militares que no reconocen su responsabilidad. De ser hallado culpable, Mejía podría convertirse en el primer oficial de alto rango condenado en esta jurisdicción bajo el modelo adversarial.
Los casos de secuestro durante el conflicto armando en Colombia han dejado cicatrices imborrables en miles de familias. Tras la conclusión del juicio por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra siete exjefes de las extintas Farc por más de 21.000 secuestros, empiezan a conocerse más versiones.En diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, habló Diva Cristina Díaz Aponte, quien vivió el secuestro y muerte de su padre, Juan Antonio Díaz Calderón, por parte del frente 13 de las Farc en 1998, en el departamento Huila.Aponte, pedagoga y funcionaria del ICBF por más de 38 años, relató la desgarradora experiencia que vivió su familia. Su padre, un comerciante de la región en ese entonces, fue secuestrado el 26 de septiembre de ese año. El cautiverio duró, según dijo, exactamente 16 meses, siendo liberado el 24 de diciembre de 1999.Sin embargo, la tragedia no terminó ahí: "Sueltan a mi padre y se llevan dos familiares más para que mi padre siguiera pagando otra cuota". Añadió que padre, en un “acto de rebeldía”, comenzó a contar su historia de secuestrado y eso "lo llevó a la tumba".Contó que su padre fue asesinado "casi un año después" de su liberación. Todo ese tortuoso tiempo lo describió como una “tragedia, una tortura y mucha crisis".Aponte describió el secuestro como un evento en el que les "quitaron realmente media vida" y les arrebató a su "columna vertebral" familiar. La incertidumbre era una constante.La JEP: una puerta a la verdad y la visibilidadDestacó el papel fundamental que la JEP ha desempeñado en su proceso de búsqueda de justicia y verdad. Después de "golpear muchas puertas" y encontrar la mayoría cerradas, dijo que la JEP fue "la única puerta que realmente se abrió y que entendió el dolor” que tenían como familia y como personas víctimas del conflicto.Gracias a esta instancia, su familia y ella pudieron "ser reconocidos como víctimas" y "ser escuchados de alguna manera".Para ella, el inicio de este camino con la JEP fue “prioritario” porque fue escuchada y, años después está caminando para buscar la verdad absoluta. Aunque reconoció que no todas las víctimas están reconocidas por la red, para la gran mayoría que sí lo están, la JEP representa un punto de partida para "hacer un cambio a nivel de toda esta violencia".A pesar de los avances, subrayó que "todavía hay dudas, todavía falta mucha verdad", y que no tiene la "satisfacción total” de todo lo que considera que debe conocer para poder tomar las mejores decisiones sobre el caso de su padre.El perdón como esperanza de pazDiva Cristina Díaz Aponte sostuvo una posición que, si bien respeta otras perspectivas como la del exdiputado Sigifredo López, quien considera a la JEP un "tribunal de máxima impunidad"; se enfoca en la posibilidad del perdón como un camino hacia el futuro.Enfatizó que "cada uno tiene su concepto y es respetable" y que "algunos quedan contentos y otros no quedan tanto" con las situaciones generadas y priorizadas por parte de la JEP; algunas víctimas aseguran que sus casos no se han resuelto.A pesar del inmenso daño causado, Aponte dijo que ha hecho "un esfuerzo muy grande para perdonar". Para ella, el perdón es clave para el cambio en este momento."Si nosotros no perdonamos, seguiremos en guerra y la paz nunca se verá o se verá muy muy a lo lejos". En ese sentido, recalcó que quiere que sus hijos, sus nietos y bisnietos puedan vivir en "una vida mejor” sin pensar en que tengan que abandonarla “por toda violencia".SancionesEn cuanto a las sanciones propuestas por la JEP, conocidas como TOAR (Trabajos, Obras y Reparación del Daño), expresó que "no han sido las más satisfactorias”.Si bien estas sanciones "visibilizan el resarcir de algunas cosas", consideró que "directamente no benefician como tal a las víctimas".La falta de una plena satisfacción es palpable y por eso admitió que: "Hay mucha gente que está en desacuerdo. Yo me incluyo en algunos aspectos".
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) respondió al oficio enviado por la fiscal general Luz Adriana Camargo el pasado 14 de julio, en el que se solicitaba mayor celeridad y claridad frente al tratamiento de miles de procesos penales asociados al conflicto armado. En su comunicación, la JEP advirtió que no está llamada a resolver casos que fueron conocidos por la justicia ordinaria y que se encuentran en etapas investigativas muy precarias o sin expectativa real de resolución.Según la Jurisdicción, trasladar masivamente expedientes desde la Fiscalía solo para cerrarlos en la JEP iría en contra de principios como la eficiencia, la economía procesal y la estricta temporalidad. La JEP recordó que su mandato constitucional no es tramitar individualmente cada caso, sino identificar patrones criminales, determinar responsabilidades de alto nivel y centrarse en los crímenes más graves y representativos del conflicto.La Fiscalía había expresado su preocupación por el bajo volumen de expedientes priorizados en la JEP, frente a un universo de más de 223.000 casos, 280.000 indiciados y casi 197.000 víctimas. Señaló, por ejemplo, que en el macrocaso de secuestros se han incorporado solo 62 expedientes, pese a que existen más de 6.000 investigaciones en sus registros.La JEP respondió que ha venido trabajando en la depuración rigurosa de información, con más de 407.000 procesos analizados y más de 219.000 presuntos responsables identificados de manera única. Este trabajo ha evidenciado graves inconsistencias en los datos entregados por la Fiscalía, como registros duplicados, identificaciones incompletas o clasificaciones erradas entre víctimas y perpetradores.En términos judiciales, la JEP ha imputado a 263 máximos responsables, ha concedido 148 renuncias a la persecución penal desde diciembre de 2024 y avanza en la remisión de más de 1.200 comparecientes no priorizados. Se han identificado además 141.375 procesos asociados a exintegrantes de las Farc-EP, con 34.249 presuntos responsables y 196.768 víctimas.La Jurisdicción propuso consolidar una metodología con la Fiscalía para priorizar investigaciones activas y construir dos inventarios: uno por macrocaso y otro por comparecientes. Ambos servirían para avanzar en el cierre jurídico eficiente de los procesos vinculados al conflicto armado. La JEP reiteró que su labor debe enfocarse en lo más representativo y que no asumirá procesos sin fundamento judicial, por respeto al modelo de justicia transicional que le fue encomendado.
La Defensoría del Pueblo de Colombia rechazó este miércoles el "paro armado" de 22 días en los departamentos del Caquetá (sur) y Putumayo, fronterizo con Perú y Ecuador, decretado por un frente del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las FARC.En los paros armados, este grupo armado ilegal suele restringir el desplazamiento de vehículos por carreteras y ríos; la movilidad de las personas, e incluso ordena el cierre de comercios, además de cometer agresiones y amenazar a todo aquel que no cumpla estas restricciones."Estas amenazas afectan derechos fundamentales, profundizan el miedo en las comunidades e infringen gravemente el Derecho Internacional Humanitario. Nada justifica someter a la población civil con intimidaciones o presiones", dijo la Defensoría del Pueblo en su cuenta de X.Según ese organismo, el "paro armado" lo ordenó el frente Carolina Ramírez en los departamentos de Caquetá y Putumayo entre el 9 y el 30 de diciembre.Ante la situación, la Defensoría dijo que activó sus sistemas de alerta para acompañar a las comunidades y verificar posibles afectaciones.Igualmente instó a las autoridades a garantizar la seguridad y movilidad, con especial atención a niños, niñas, adolescentes, personas mayores y comunidades étnicas."La ciudadanía no puede ser rehén de grupos armados. La dignidad y la vida están por encima de cualquier pretensión de control territorial", concluyó la Defensoría.Control territorialHace una semana Human Rights Watch (HRW) alertó que los grupos armados que operan en el departamento colombiano del Putumayo, fronterizo con Perú y Ecuador, están utilizando las negociaciones de paz con el Gobierno para reforzar su control sobre la población civil y han cometido graves abusos contra comunidades indígenas.Pese a que algunas mesas de diálogo han llegado a acuerdos para destruir armas y sustituir los cultivos de coca, varias disidencias de las extintas FARC, como Comandos de la Frontera y los frentes Raúl Reyes y Carolina Ramírez, siguen estableciendo control territorial y cometiendo abusos contra los habitantes de la zona.Putumayo es un lugar estratégico para la producción y el tráfico de drogas y es el departamento que tiene la segunda mayor producción de coca, solo superado por el departamento vecino de Nariño.Actualmente, dos de los tres grupos armados presentes en Putumayo están en negociaciones de paz con el Gobierno. Por un lado, los Comandos de la Frontera, parte de una coalición conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), que opera a lo largo de la frontera con Ecuador.Por otro lado, el Frente Raúl Reyes, que forma parte del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF) y tiene fuerte presencia en el norte de Putumayo, en la frontera con los departamentos de Caquetá y Cauca.Mientras tanto, el Frente Carolina Ramírez, que opera al oriente de Putumayo, estuvo en diálogos de paz con el Gobierno entre noviembre de 2023 y abril de 2024, pero actualmente no forma parte de las negociaciones.
En el Día Internacional de los Derechos Humanos, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos reveló que 128 niños, niñas y adolescentes fueron reclutados por grupos armados en Colombia entre enero y noviembre de 2025. Entre las víctimas, 44 eran indígenas y 7 afrodescendientes, una muestra del impacto que esta práctica tiene sobre comunidades rurales históricamente olvidadas.Los principales responsables son las disidencias de las Farc, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las estructuras del Clan del Golfo, que se han expandido territorialmente en departamentos como Meta, Guaviare, Arauca, Cauca, Nariño y el Bajo Cauca antioqueño.Según el informe, estas organizaciones utilizan violencia, amenazas y engaños para captar menores: promesas de dinero, pertenencia o poder, y hasta reclutamiento a través de redes sociales.La ONU advirtió que el fenómeno no solo rompe infancias, sino también destruye el tejido social de pueblos indígenas y afrodescendientes sometidos a control armado. En muchas regiones, los ilegales imponen normas, castigan a la población y reemplazan al Estado, consolidando un dominio que mezcla narcotráfico, extorsión y reclutamiento.El organismo alertó que la expansión de estos grupos refleja la ausencia estatal y el fracaso de las políticas de seguridad. Además, recordó que el reclutamiento de menores es un crimen de guerra que no prescribe y exige una respuesta urgente del Estado colombiano para proteger a la niñez y garantizar justicia.
De acuerdo con la investigación de la JEP, Benito Osorio Villadiego, gerente del Fondo Ganadero de Córdoba durante el periodo analizado, fue quien ejecutó las decisiones de la junta directiva orientadas a transformar el propósito del Fondo: de una entidad de fomento ganadero a un mecanismo de adquisición y control territorial.La junta, integrada por Osorio, Benito Molina Velarde, Luis Gonzalo Gallo Restrepo y Jaime García Exbrayat, aprobó un plan para comprar masivamente predios rurales a precios irrisorios, muy por debajo del valor comercial, bajo el argumento de que se trataba de tierras “baratas” y “sin desarrollo productivo”.En ese proceso, Benito Osorio presentó ante la junta a Sor Teresa Gómez, representante de la familia Castaño Gil, como delegada para coordinar la estrategia de compra de tierras. Gómez —vinculada directamente con el paramilitarismo— se convirtió en la pieza clave que conectó al Fondo con los grupos armados ilegales que desalojaron violentamente a comunidades en Urabá y el Bajo Cauca.La investigación judicial reveló que los directivos del Fondo modificaron la razón social de la entidad, pasando de su función de apoyo a los ganaderos a operar como una empresa de expansión territorial que aprovechaba los desplazamientos masivos provocados por la guerra.El encargado de negociar los predios fue Carmelo Esquivia Guzmán, asesor jurídico del Fondo, quien coordinó la legalización y titulación de terrenos —muchos de ellos baldíos o sin registro formal— a nombre de la entidad. Para ello contó con el apoyo de notarios y funcionarios locales, algunos posteriormente condenados por su participación en estos hechos.Según la JEP, los exdirectivos diseñaron un modelo de negocio basado en la violencia, que se sustentó en el terror generado por masacres, asesinatos y desplazamientos ocurridos desde comienzos de los años noventa. Entre 1996 y 1998, una vez consolidado el control paramilitar en la zona, comenzaron las compras sistemáticas de tierras en la región conocida como Tulapas, que abarca municipios como Turbo, Necoclí y San Pedro de Urabá.En total, la justicia ordinaria ha identificado al menos 105 predios adquiridos irregularmente por el Fondo Ganadero, aunque las medidas cautelares de la JEP y los registros de la Unidad de Restitución de Tierras indican que el número podría ser mucho mayor.El proceso de apropiación de tierras cambió el paisaje y la estructura social de la región, reemplazando comunidades campesinas por proyectos ganaderos y agroindustriales. Lo que antes era una zona boscosa y de protección ambiental se transformó en extensos hatos y potreros controlados por actores vinculados al Fondo.La JEP concluyó que la actuación de estos directivos no fue accidental ni aislada, sino parte de una asociación criminal que se valió del desplazamiento forzado y del dominio paramilitar para legalizar el despojo y obtener beneficios económicos. Este caso, dentro del Caso 04, ilustra cómo sectores empresariales y civiles fueron determinantes en la consolidación de un modelo de violencia y despojo en el país.
En el departamento del Guaviare se mantiene un bloqueo sobre la vía que comunica con el Meta, protagonizado por cerca de 400 personas, entre ellas campesinos e integrantes de comunidades indígenas Nukak. Aunque el hecho se ha presentado como una protesta social, informes de inteligencia señalan que detrás de la movilización estarían estructuras armadas ilegales asociadas a las disidencias de las Farc bajo el mando de alias 'Iván Mordisco', que estarían presionando a la población civil para mantener el cierre de la vía.Según las autoridades, el objetivo de los grupos armados sería obligar al retiro de una base militar ubicada en el cerro Macusito, entre los municipios de El Retorno y San José del Guaviare, una posición estratégica que interfiere con los corredores utilizados para el narcotráfico, la extorsión y el tráfico de armas.Habitantes de la zona han denunciado amenazas, panfletos intimidatorios y disparos cerca de viviendas, así como la presencia de hombres armados que obligan a las familias a participar en el bloqueo. En algunos casos, los grupos han exigido que varios miembros por hogar estén presentes en la protesta.La vía permanece parcialmente bloqueada, afectando el transporte de personas, alimentos y mercancías hacia el interior del país. Mientras tanto, las autoridades investigan la participación de estructuras criminales detrás del bloqueo y analizan medidas judiciales para restablecer la movilidad y la seguridad en la región.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) calificó el ataque sistemático contra la Unión Patriótica (UP) como genocidio y imputó responsabilidad penal a cinco altos mandos retirados del Ejército Nacional, entre ellos los generales (r) Iván Ramírez Quintero y Rito Alejo del Río Rojas, por haber concebido e implementado una política contrainsurgente que buscó la eliminación del partido político.La Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad atribuyó a los exoficiales el crimen de genocidio, además de crímenes de guerra y de lesa humanidad, como homicidio en persona protegida, exterminio, deportación, traslado forzoso de población y otros actos inhumanos. Las conductas se cometieron entre 1984 y 2007, periodo en el que la UP sufrió una campaña de violencia planificada y sostenida para su destrucción.La decisión de la JEP renombra el Caso 06 como “Genocidio contra el partido político Unión Patriótica” y determina que este crimen dejó al menos 8.924 víctimas, de las cuales 5.729 fueron asesinadas o desaparecidas y 3.200 sufrieron atentados, desplazamientos forzados, exilio, torturas, detenciones arbitrarias o violencia sexual. Entre las víctimas hubo militantes de base, dirigentes locales y nacionales, incluyendo dos candidatos presidenciales, seis parlamentarios, 17 alcaldes y 165 concejales.El tribunal estableció que la estigmatización de la UP como supuesto “brazo político de las Farc-EP” fue el primer paso del ataque genocida. Esta narrativa, difundida desde unidades de inteligencia militar, justificó la violencia y el abandono estatal frente a las denuncias de amenazas y asesinatos. Los crímenes se concentraron en regiones donde la UP tuvo éxito electoral, especialmente Urabá, Meta y el Magdalena Medio, siendo Apartadó uno de los epicentros: allí, solo en 1996, se concentró una de cada cuatro víctimas fatales.La investigación judicial, basada en 34 informes, 139 versiones, 135 testimonios y 105 entrevistas a víctimas, comprobó la connivencia entre mandos militares y grupos paramilitares para ejecutar la persecución política. La Sala concluyó que los excomandantes omitieron deliberadamente brindar protección a los militantes de la UP y permitieron el fortalecimiento de las estructuras paramilitares en la región.La JEP identificó tres modalidades de exterminio:Asesinatos y desplazamientos de obreros bananeros y campesinos en zonas rurales vinculadas a la UP.Sicariatos urbanos contra concejales, funcionarios y líderes locales.Masacres y desplazamientos colectivos en territorios con alta presencia del partido, como la masacre de la Cooperativa Balsamar en San José de Apartadó.Los cinco oficiales imputados —Ramírez Quintero, Del Río Rojas, Jorge Luis Mejía Rosas, Eduardo León Figueroa Cifuentes y Manuel José Pérez Pérez— deberán responder como coautores por sus aportes esenciales, tanto activos como por omisión, en la consolidación del patrón de exterminio.Los comparecientes tendrán 30 días hábiles para aceptar o rechazar las imputaciones. Si reconocen responsabilidad, la JEP convocará una audiencia pública de reconocimiento y el Tribunal para la Paz impondrá sanciones propias, con restricción de libertades de 5 a 8 años. Si no aceptan los cargos, los casos pasarán a la Unidad de Investigación y Acusación, donde podrían enfrentar penas de hasta 20 años de prisión.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó como máximos responsables a ocho exintegrantes de las Farc-EP, 21 exmiembros de la fuerza pública y cinco civiles por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos entre 1986 y 2002 en el Urabá antioqueño y cordobés, el Bajo Atrato y el Darién chocoano.Esta decisión, dentro del Caso 04, es la primera que vincula simultáneamente a los tres tipos de actores bajo competencia de la JEP: guerrilla, fuerza pública y terceros civiles.La Sala de Reconocimiento de Verdad identificó tres patrones macrocriminales que reflejan la violencia sistemática en la región:Eliminación por prejuicio enemigo, que incluyó asesinatos, desapariciones forzadas y violencias sexuales perpetradas por las Farc y miembros del Ejército.Vaciamiento del territorio con fines de despojo y repoblamiento, donde participaron militares, paramilitares y civiles ligados a proyectos de ganadería y agroindustria.Control sociocultural y territorial, mediante violencia y cooptación de las comunidades por parte de la guerrilla.La investigación reconoció un impacto diferencial en pueblos indígenas Emberá, Wounaan, Zenú y Guna Dule, así como en comunidades afrocolombianas del Urabá y el Darién. La JEP acreditó más de 54.000 víctimas y recibió 115 informes de víctimas y entidades del Estado, además de 254 versiones voluntarias de 157 comparecientes.Entre los imputados se destacan el general (r) Rito Alejo del Río, el excomandante del Ejército Alejandro Navas y varios exfuncionarios del Fondo Ganadero de Córdoba, como Benito Osorio Villadiego y Luis Gonzalo Gallo Restrepo, señalados de haber facilitado el despojo de tierras en medio del conflicto.Los comparecientes tendrán 60 días hábiles para reconocer o rechazar las imputaciones. Si aceptan responsabilidad, la JEP convocará una audiencia pública de reconocimiento; de lo contrario, los casos pasarán a juicio ante la Unidad de Investigación y Acusación, donde podrían enfrentar penas de hasta 20 años de prisión.