El pronunciamiento de la JEP se da luego de la denuncia presentada por los familiares del dirigente social Pedro Julio Movilla Galarcio, junto con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), quienes alertaron sobre una excavación ilegal realizada el 3 de febrero de 2025 en las instalaciones de la Escuela de Logística del Ejército, antigua sede de la Brigada XX en Bogotá.Según indicaron, el punto intervenido había sido identificado como un posible sitio donde podrían encontrarse restos de Movilla.En ese mismo sentido, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó a la JEP que encontró rastros de sangre humana en uno de los elementos materiales recuperados, el cual se encuentra protegido por una medida cautelar adoptada en septiembre de 2024, a solicitud de víctimas del conflicto armado.Según explicó la Jurisdicción, el rastro biológico fue identificado en un elemento recuperado en la zona que la propia JEP reportó como vulnerada en febrero de 2025, cuando detectó una excavación no autorizada en áreas de interés forense que estaban bajo protección judicial.Tras conocer esa intervención, la JEP interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, solicitó la apertura de investigaciones disciplinarias e inició un incidente de desacato.“Como resultado de esta última decisión, la JEP sancionó al director de la Escuela de Logística, teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo Escobar, con tres días de arresto y una multa de diez salarios mínimos legales vigentes, al hallarlo responsable de permitir una intervención no autorizada en el predio protegido, ubicado en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá. La sanción de multa fue confirmada por la Sección de Apelación el 8 de octubre de 2025”, aseguran en el comunicado.La Jurisdicción aseguró que la información sobre el hallazgo fue comunicada directamente a la familia de Pedro Julio Movilla y a las organizaciones solicitantes de la medida cautelar.
Aunque grupos armados ilegales han manifestado que no interferirán en el proceso democrático, en terreno persisten situaciones que afectan el ejercicio político.El presidente de Indepaz, Camilo González, señaló que estructuras como el ELN, el Clan del Golfo y algunas disidencias de las Farc han firmado declaraciones en las mesas de conversación con el Gobierno Nacional en las que se comprometen a no intervenir en las elecciones. Sin embargo, advirtió que posteriormente se presentan hechos que alteran la actividad política.“Se presentan situaciones que luego ellos mismos explican como situaciones inmanejables, errores por el control de territorios, porque tienen la pretensión de ser los dueños y los que dan permiso o no. Entonces eso, por supuesto, tiene repercusiones muy negativas para el ejercicio de la política”, aseguró González.Según el directivo, estas justificaciones generan restricciones para candidatos, líderes sociales y comunidades, afectando el desarrollo democrático.El presidente de Indepaz señaló que actualmente hay al menos 81 municipios con alertas graves frente a la perspectiva electoral. No obstante, afirmó que esto no significa necesariamente que en todos ellos se vaya a impedir la instalación de puestos de votación o que se produzcan sabotajes directos, pero sí refleja un contexto delicado para el normal desarrollo de las campañas.Además, subrayó que en cerca de 300 municipios se registran alteraciones y riesgos asociados a prácticas tradicionales como la compra y el rastreo de votos.“En cerca de 300 municipios, las alteraciones y los peligros para las elecciones tienen que ver con las tradicionales formas de corrupción, como la compraventa y el rastreo de votos, además del manejo del clientelismo. Pero la parte de la violencia directa, que ya hemos visto en disparos y atentados, incluso en Bogotá, sigue presente en diferentes regiones”, agregó.Aunque los grupos en negociación han reiterado su voluntad de no interferir en el proceso electoral, la situación en terreno evidencia que persisten dinámicas de presión armada y control territorial que podrían impactar el ejercicio democrático.
Desde hace tres días se intensificaron los hostigamientos en El Carmen, Norte de Santander. Los enfrentamientos armados en pleno casco urbano no solo han dejado un policía muerto y ataques contra la fuerza pública, sino que mantienen a los menores fuera de las aulas y expuestos al fuego cruzado.Según Luis Fernando Niño, consejero de Paz de Norte de Santander, entre 300 y 350 estudiantes permanecen sin asistir a clases debido a los combates y a la presencia de hombres armados en el casco urbano.“Ayer, cuando se dio el primer ataque, inició a las seis y cuarto de la mañana aproximadamente, que es la hora de ingreso de los estudiantes al colegio. Hoy fue igual, en las horas de la mañana. La persona que nos ha dado información desde la institución educativa habla de aproximadamente entre 300 y 350 menores que no han podido ir a clases”, aseguró Niño.La suspensión de las clases también implica que los estudiantes no tengan acceso al Plan de Alimentación Escolar.“A esto hay que sumarle no solo las clases, sino el tema del Plan de Alimentación Escolar, que es parte de este suplemento importante para que los niños puedan realizar sus labores diarias. Todo esto, obviamente, se ve afectado en medio del fuego cruzado que se está dando, reitero, en el casco urbano, con población civil en medio, violando así el derecho internacional humanitario”, agregó el consejero de Paz.Sin embargo, la principal preocupación es el riesgo que enfrentan los menores ante la posibilidad de quedar en medio del fuego cruzado o ser víctimas de reclutamiento forzado.“Ahorita, con los enfrentamientos, se ha deteriorado mucho más esto, pero en otras zonas del Catatumbo también, por el miedo al reclutamiento forzado, los padres de familia no envían a sus hijos porque pueden pisar un campo minado, pueden quedar en medio del fuego cruzado o también pueden ser reclutados”, añadió.Las autoridades reiteraron que, mientras persistan los hostigamientos en El Carmen, más de 300 menores seguirán sin poder regresar a clases, en medio de una escalada violenta que aumenta el riesgo de reclutamiento forzado en el Catatumbo.
La Sección de Apelación de la JEP ratificó la competencia de esa jurisdicción para investigar el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, asesinado el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá, cuando salía de dictar clases en la Universidad Sergio Arboleda.La familia del líder conservador había solicitado a la JEP revocar esa competencia y enviar el caso a la Fiscalía; sin embargo, la jurisdicción consideró que existen elementos suficientes para mantener la investigación en su órbita.“La JEP tiene competencia material para adelantar la investigación por el presente caso. Aunado a ello, y reconociendo el interés legítimo que asiste a las víctimas en reclamar que se haga justicia por los hechos, la SA identifica que le corresponde al Estado encauzar de manera objetiva la totalidad de las acciones que resulten conducentes para garantizar el cumplimiento efectivo de su obligación de investigar y sancionar a los responsables”, señala la resolución de la Sección de Apelación.La jurisdicción precisó que, aunque mantiene la competencia, la justicia ordinaria puede avanzar en otras hipótesis, ya que la JEP se concentrará en la relacionada con la presunta responsabilidad de la extinta guerrilla de las Farc.“La Sección de Apelación insiste en que debe tenerse presente que la competencia que asume la JEP para investigar los homicidios de Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir solamente cobija la hipótesis relacionada con la presunta responsabilidad de exmiembros de las Farc-EP y, en consecuencia, no configura ningún tipo de interferencia con los avances que puedan seguir obteniéndose en la JPO por parte de las instituciones que se encuentran indagando la responsabilidad de otros agentes estatales y no estatales que no estarían sujetos a la competencia del órgano judicial transicional, por lo menos hasta la fecha. En ese sentido, como ya lo indicó la Sala de Reconocimiento, la Fiscalía y la Comisión de Investigación y Acusación podrán continuar con su función constitucional, en tanto siguen ostentando la titularidad de la acción penal de las investigaciones ya reseñadas y que no son objeto de estudio por la JEP”, agregaron los magistrados.La familia de Álvaro Gómez ha reiterado que no cree en la versión de la extinta guerrilla de las Farc, según la cual esa organización es responsable del magnicidio. Sus familiares sostienen que habría una responsabilidad de Estado e incluso han señalado por su presunta responsabilidad al expresidente Ernesto Samper.En la resolución también se indica: “Aunque no existe un nivel de certeza determinante, tampoco es descartable la responsabilidad de las Farc-EP y, en esa medida, se entiende que esta hipótesis podrá encontrar una evolución mientras avanza la investigación y el esclarecimiento de los patrones de violencia y hasta que se logre determinar de manera contundente la existencia, o no, de la responsabilidad penal que ha sido formulada por los comparecientes. Lo anterior, bajo la debida garantía de que en cada etapa del proceso las víctimas y demás intervinientes tendrán las oportunidades correspondientes para presentar, de acuerdo con las reglas procesales aplicables, las objeciones que estimen pertinentes”.La Sección recordó además que la jurisdicción tiene competencia prevalente para investigar hechos relacionados con el conflicto armado. En ese sentido, explicó que miembros del antiguo Secretariado de las Farc-EP afirmaron que el asesinato obedeció a una retaliación por las posturas políticas de Gómez Hurtado en la época del surgimiento de esa guerrilla, cuando los calificó como “repúblicas independientes”.
Los estragos por la creciente súbita de la quebrada La Bermejala, que inundó viviendas y vías públicas en sectores como El Ciclista, la entrada a la vereda Pueblo Viejo y la parte alta de la zona que lleva el mismo nombre del afluente, sigue generando preocupación en el municipio de La Estrella, sur del Valle de Aburrá.Vecinos del sector aledaño a La Bermejala narraron la furia con la que la lluvia inundó varias zonas, dejando a por lo menos siete viviendas afectadas directamente, que se suman a otras que sufrieron daños por hechos anteriores."Comenzó a llover pasito, luego ya fue aumentando, fue aumentando. Ya cuando salimos, que salió el hijo mío, ya vimos todo esto acá, usted se llevó carro, se llevó motos, se llevó rejas y quedamos aquí totalmente, la entrada para nosotros aquí, todo esto está afectado, todo esto está tapado aquí, y la hermana mía fue evacuada", narró Álvaro Franco, testigo de la emergencia.Sandra Torres, presidenta de la Junta de Acción Comunal, manifestó que hay preocupación en el sector porque la quebrada fue “tapada” años antes, quitándole su cauce natural, por lo que no es nuevo que genere afectaciones."Hace muchos años a esta quebrada, prácticamente la enterraron, le quitaron como su cauce normal, le colocaron un tubo, no sé de qué dimensión, para poder construir. Entonces, acá se hizo la carretera, y en la quebrada pasa por un tubo debajo de esta casa y de parte de la carretera, y desemboca abajo. ¿Qué sucedió anoche? Se rebozó", manifestó Torres.Ante esta denuncia de la comunidad, el secretario de Obras Públicas del municipio, David Cano, señaló que es complejo modificar la mencionada tubería y que, por la alta cantidad de lluvia, no resistió."El deslave ocasionado, la capacidad de ese espacio por donde la quebrada baja no era apta para esa cantidad. Entonces es algo que está construido desde hace muchos años y realmente hoy es difícil como hacer una modificación a esto y estaremos realizando unos estudios pertinentes para ver qué podemos hacer", detalló el funcionario.Cano expiró que fueron dos eventos de fuertes precipitaciones los que a su vez generaron dos movimientos en masa que dieron origen a la emergencia. Hasta ahora, la Alcaldía indica que por esta emergencia resultaron afectadas 12 viviendas, dos locales comerciales y 35 personas.
Estos fueron los temas tratados en Casa Blu este sábado, 14 de febrero de 2026:José Antonio Rentería, coach ontológico, máster en PNL y psicólogo cognitivo, habló sobre qué hace que una amistad sobreviva décadas.El doctor Ricardo Nassar, director del centro de cuidado clínico de obesidad de la Fundación Santa Fe de Bogotá, se refirió sobre cómo se puede tratar las enfermedades metabólicas con tecnología de magnetos.Jorge Tom, CEO Iguana Producciones, comentó acerca de las grandes producciones de conciertos en Colombia.Escuche el programa completo aquí:
Ante el riesgo por la presencia de disidencias de las Farc, el ELN, el Clan del Golfo y otras estructuras criminales en el Magdalena Medio, las autoridades activaron un plan especial de seguridad en Barrancabermeja de cara a las elecciones del próximo 8 de marzo.La estrategia fue definida durante el más reciente Comité de Seguimiento Electoral, liderado por la alcaldesa encargada Laura Cotrina, con participación del Ministerio Público, la fuerza pública y delegados de los movimientos políticos. Allí se revisaron los dispositivos de protección y las medidas preventivas que regirán antes, durante y después de la jornada democrática.El plan contempla presencia reforzada del Ejército, la Armada y la Policía con patrullajes permanentes por tierra y por los corredores fluviales del río Magdalena, instalación de puestos de control, acompañamiento a la Registraduría y custodia a candidatos y líderes políticos, especialmente en zonas rurales donde históricamente se han registrado amenazas y presiones armadas.“De manera articulada con la Policía, el Ejército y la Armada, hemos garantizado rutas de acompañamiento y presencia de la Fuerza Pública para que todos los ciudadanos puedan participar con tranquilidad”, señaló la mandataria.Las autoridades buscan evitar cualquier intento de intimidación o alteración del orden público en una región donde operan estructuras ilegales que disputan control territorial y economías ilícitas.Son varios grupos armados organizados que buscan ampliar su influencia en el departamento, por lo que el dispositivo prioriza zonas estratégicas del norte de Santander y el sur del Cesar, donde se ha detectado la presencia simultánea del ELN, el frente Camilo Torres, los Conquistadores de la Sierra y el Clan del Golfo, intensificando controles, bloqueos y patrullajes permanentes para evitar su expansión hacia territorio santandereano.De manera paralela, las fuerzas armadas concentran esfuerzos en el occidente del departamento, especialmente en Barrancabermeja y Puerto Wilches, con operaciones coordinadas contra el Clan del Golfo para golpear economías ilegales como el microtráfico, mientras que en el sur avanza la Operación Campaña N.º 5 junto a la Policía, enfocada en desarticular redes de apoyo y corredores de movilidad que conectan con Boyacá y Norte de Santander.Según las autoridades, el objetivo es cerrar el paso a estas estructuras, recuperar el control territorial y brindar mayores garantías de seguridad a la población civil.
El doctor Ricardo Nassar, director del Centro de Cuidado Clínico de Obesidad de la Fundación Santa Fe de Bogotá, confirmó que esta tecnología ya es una realidad en Colombia.“Definitivamente es el presente. Ya realizamos los primeros procedimientos hace dos semanas en tres pacientes, con resultados efectivos y seguros”, explicó.El método consiste en el uso de pequeños magnetos que, mediante un procedimiento mínimamente invasivo, crean una nueva conexión intestinal para acelerar el paso de los alimentos y generar una respuesta neurohormonal que mejora el funcionamiento del páncreas, ayuda a controlar la diabetes y favorece la pérdida de peso.Según el especialista, el avance simplifica la cirugía bariátrica tradicional y reduce tiempos de recuperación. “Es un procedimiento ambulatorio. El paciente entra y sale el mismo día”, señaló.Nazar también insistió en que la obesidad debe entenderse como una enfermedad crónica y no como un problema estético. Recordó que en Colombia cerca del 64% de la población presenta sobrepeso u obesidad, y advirtió que el tratamiento debe ser integral, combinando cirugía, medicamentos, nutrición, ejercicio y acompañamiento psicológico.“Esto no se resuelve con una pastilla mágica. Requiere seguimiento de por vida”, concluyó.
Lo que comenzó como una jornada habitual de cosecha terminó en tragedia. Seis campesinos fueron alcanzados por un rayo en plena madrugada, cuando intentaban resguardarse de un fuerte aguacero acompañado de tormenta eléctrica en la vereda El Alizal, zona rural de Guaca, en inmediaciones del Páramo de Santurbán.La descarga sorprendió al grupo mientras recolectaba papa y buscaba refugio bajo un plástico improvisado. Entre los heridos se encuentran un niño de 10 años, Leonardo Dugarte, de 34 años, y Suleima del Carmen Rivas, también de 34, quienes sufrieron quemaduras y lesiones de consideración. Todos fueron trasladados inicialmente al Hospital Santa Ana de Guaca, pero la mujer y el menor debieron ser remitidos al Hospital Universitario de Santander por la gravedad de su estado.Clemencia Jaimes, habitante del sector, relató los momentos de angustia tras el impacto. “Estaban escampando mientras trabajaban y de un momento a otro cayó el rayo. Todos quedaron tendidos en el suelo. La señora y el niño son los más graves”, contó.El director departamental de Gestión del Riesgo, Eduard Sánchez, advirtió que el ingreso de un frente frío por el Caribe mantiene alta la probabilidad de tormentas eléctricas y granizadas en varias zonas del departamento. “Se están presentando tormentas que ya dejan personas lesionadas. Es clave seguir las recomendaciones, mantener comunicación con los organismos de socorro y activar los planes de contingencia, porque también se han registrado inundaciones y desprendimientos de rocas en distintos corredores viales”, señaló.Las autoridades continúan el monitoreo de las condiciones climáticas y pidieron a las comunidades rurales evitar actividades a la intemperie durante lluvias intensas, así mismo para los habitantes que se encuentran cerca a ríos y quebradas, estar atentas al comportamiento d elas fuentes hídricas y activas los planes de contingencia.
En medio de un evento, el presidente Gustavo Petro habló sobre de diálogo que sostiene el Gobierno nacional con el ELN. Allí, el jefe de Estado aseguró que, independientemente de las negociaciones, se debe destruir la economía ilícita de este grupo. Ante estas declaraciones, el ELN aseguró que la mesa de diálogos entró en crisis y que el presidente debía explicar públicamente si la delegación de diálogos es un interlocutor válido para las negociaciones."Las declaraciones del presidente interrogan de manera pública a nuestra delegación, se cuestiona su representatividad, por tanto el Gobierno debe aclarar públicamente si esta es un interlocutor válido para adelantar el proceso de paz con el Gobierno", señaló el comando central del ELN.Asimismo, a través de un comunicado, el presidente Gustavo Petro reiteró que el ELN tiene un carácter político, como ya ha sido reconocido por el Gobierno, pero también señaló que este proceso de paz es "serio y coherente".“Las declaraciones de los últimos días son un llamado a ambas partes a ser responsables con las dinámicas del conflicto armado y con lo que está sucediendo en la vida diaria de los territorios. Como Gobierno nacional reconocemos la legitimidad de la delegación del ELN, la agenda y el apoyo de los países garantes y observadores en este proceso de diálogo", indicó el comunicado del jefe de Estado.'Pablo Beltrán', cabecilla del ELN, aseguró que los diálogos están en pausaEn las últimas horas el jefe negociador de la guerrilla, alias 'Pablo Beltrán', se refirió al momento de crisis que atraviesa la mesa tras estas declaraciones y explicó que mientras evalúan el último comunicado del presidente Petro están en pausa los diálogos en La Habana, Cuba, en donde se desarrolla el tercer ciclo."La mesa está pasando por una pausa, los trabajos que había hoy lunes los suspendimos a la espera de que hubiera la respuesta del Gobierno y quedamos de convocarnos mañana martes para estudiar, de acuerdo al estudio que se haga de las posiciones, se reactivaría la mesa", señaló Beltrán.Pero la delegación de diálogos también respondió a la propuesta que hizo el presidente Gustavo Petro, según la cual, el cese al fuego podría ser territorial, empezando en una zona en concreto e ir ampliando a nivel nacional.“Los conflictos son diferentes de territorio en territorio. El cese al fuego puede ser territorial, podemos escoger una región concreta, ponerle los límites de la no agresión y comenzar a hacer expandir en el espacio colombiano a través del tiempo, en la medida en que vayamos aprendiendo y consolidando las primeras regiones de cese al fuego. Escojamos una Nariño podría ser, no la impongo, discutámoslo”, aseguró el presidente Petro.En estas declaraciones alias 'Pablo Beltrán' explicó que el cese al fuego bilateral debe ser nacional."La explicación es muy sencilla, hay muchas partes donde está el ELN y está público, pero hay tantas o más partes donde el ELN está y está clandestino, eso hasta ahora no se ha pactado ninguna negociación, que yo les entregue un censo de donde está hasta el último militante y eso nunca va a pasar, lo que puedo garantizar es que si el ELN firma un cese hasta el último militante y hasta el último integrante del ELN así esté en la parte más recóndita y más secreta va a cumplir el cese", explicó Beltrán.Le puede interesar: 'Lo mejor de la semana en FPC'
El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso sigue en una diligencia virtual ante la Justicia Especial para la Paz (JEP) en donde ha hablado sobre la presunta relación entre los paramilitares y miembros de la fuerza pública en el conflicto armado interno.Ante la JEP, Salvatore Mancuso entregó más detalles sobre el conflicto armado en Colombia. Dio a conocer, además, información sobre las Convivir y todos los aliados que habían dentro de las AUC.Las AUC son culpables de la muerte de Eudaldo Tito DíazMancuso este lunes, 15 de mayo, revivió el caso del exalcalde Eudaldo Tito Díaz, quien fue asesinado en 2003. El caso conmocionó a la Costa Caribe por la fuerte participación que, presuntamente, habían tenido grupos paramilitares de la región.“Señor presidente, a mí me van a matar”, enfatizó el alcalde a Álvaro Uribe Vélez en el Consejo Comunal antes de su muerte. Díaz hizo la alerta argumentando que, por no haber permitido la participación de las AUC en su administración, estaba siendo objetivo militar de estos grupos.En este caso, Salvador Arana, exgobernador de Sucre, aceptó su responsabilidad en este homicidio, pues dijo que dio la orden para que los paramilitares lo asesinaran. La familia de Tito Díaz le envió al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso una carta en la cual le piden aportar verdad sobre este caso, en el marco de su audiencia única de verdad ante la JEP.Los magistrados de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas le preguntaron por el caso a Mancuso y él reiteró que es responsabilidad de las autodefensas, recordando el momento en el que Díaz denunció públicamente que lo iban a asesinar.¿Quién dio la orden?"Eso fue por solicitud directa creo que fue del gobernador. No recuerdo con exactitud en este momento, sé que en un consejo comunitario él denunció ante el entonces presidente Uribe que lo iban a matar y Uribe lo que hizo fue quitarle el esquema de seguridad y nosotros lo matamos", señaló Salvatore MancusoEn esta nueva sesión de su audiencia única de verdad, Mancuso ha dicho que desde el DAS les filtraban información de periodistas y defensores de derechos humanos con el objetivo de que las AUC los amenazaran y asesinaran, también aseguró que los paramilitares, supuestamente, financiaron al menos tres campañas presidenciales en el año 2002.Le puede interesar: Lo más relevante de esta semana en el FPC
El exjefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, tuvo una audiencia única de verdad ante la JEP los pasados 26 y 27 de enero, allí, el excomandante del bloque norte de las autodefensas debía entregar información novedosa y detallada sobre delitos cometidos por el paramilitarismo, presuntamente, en alianzas con la fuerza pública; de su aporte a la verdad dependía que esta jurisdicción aceptara su sometimiento.‘Jorge 40’ debía probar, además, que tuvo un rol de "bisagra" o punto de conexión entre los paramilitares y la fuerza pública, con el objetivo de cometer distintos delitos. La audiencia se realizó durante dos días en Ibagué, pues el exjefe paramilitar se encuentra detenido en la cárcel La Picaleña de esa ciudad. Sin embargo, tras sus declaraciones, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas consideró que la información entregada no es suficiente para que pueda acceder a los beneficios de la justicia transicional, de esta manera, le cerraron la puerta en la JEP."La decisión fue tomada por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas luego de escuchar a Tovar en audiencia única de verdad los pasados 26 y 27 de enero. La sala, determinó además que el exjefe paramilitar incumplió varios requerimientos hechos por la JEP. Tanto Rodrigo Tovar como sus apoderados fueron advertidos de que los incumplimientos de quienes comparecen voluntariamente ante la JEP son inadmisibles y se le brindaron las garantías necesarias para que expusiera su aporte a la verdad", señaló la JEP en su decisión.De esta manera, todos los procesos que cursan en contra de ‘Jorge 40’ continuarán su trámite en la justicia ordinaria. "La JEP niega la solicitud de sometimiento de Rodrigo Tovar Pupo, conocido como 'Jorge 40', por no aportar verdad plena que demostrara que actuó como punto de conexión o de bisagra entre la fuerza pública y los paramilitares", explicó la jurisdicción.Siga en vivo las noticias de Colombia y el mundo en Blu Radio:
El general Luis Mauricio Ospina, comandante del Ejército Nacional, aseguró que continúan las operaciones ofensivas contra el ELN, esto luego de la crisis que manifestó esta guerrilla vinculando a la fuerza pública y las palabras del presidente Gustavo Petro.Precisamente, el general recordó que ellos siguen las órdenes del mandatario, cuya indicación ha sido estar preparados y mantener la ofensiva, en especial, tras el asesinato del comandante de la Policía en El Tarra, Norte de Santander.“El señor presidente nos lo ha dicho en muchas ocasiones, 'entre más hable yo de paz más tienen que prepararse ustedes'. Desafortunadamente el concepto de estos grupos organizados es que creen que, entre más violencia, más atención les van a prestar”, agregó Ospina.Sobre la crisis manifestada por la delegación de la guerrilla, el general aseguró que no se pronuncia por tratarse del ámbito político y responsabilidad del alto comisionado para la Paz, pero sí cuestionó las acciones violentas que ha cometido el ELN pese a estar en una mesa de conversación.“El señor presidente tiene una mano tendida y les ha dado muchas oportunidades. Por eso lamentamos el fallecimiento del mayor de la Policía en el Tarra y nosotros seguiremos con la tarea que nos corresponde, pues no hay cese al fuego bilateral y debemos enfrentarlos”, agregó Ospina.El general Ospina también se pronunció sobre lo ocurrido este fin de semana con los combates que el Ejército sostuvo contra miembros de las disidencias en la región de Sumapaz, justo luego del paso de una delegación de autoridades, entre ellos, los gobernadores del Meta, Cundinamarca y la alcaldesa de Bogotá.“Pudimos establecer con labores de inteligencia que estas dos disidencias (Iván Mordisco y Segunda Marquetalia) tienen un enfrentamiento por el territorio (...) Lo que pasó este fin de semana es que nos informaron de la situación, nos movemos y reaccionamos ante esa intención de los ilegales”, puntualizó Ospina.El comandante aseguró que estos hechos están siendo recopilados y reportados al Mecanismo de Verificación del Cese al Fuego, en el caso de las disidencias de 'Iván Mordisco', para revisar el 30 de junio, cuando vencen los decretos, qué medidas tomar.Conéctese a la señal en vivo de Blu Radio:
Recientemente en un evento con un grupo de militares el presidente Gustavo Petro hizo un llamado en el que aseguró que aunque se está llevando a cabo un proceso de diálogo con el Gobierno, se deben seguir combatiendo sus economías ilícitas.“Tenemos al ELN negociando, pero no significa que se bajó la guardia contra su economía ilícita. Hay que destruirla. Terminarán diciendo sí en la mesa, si se dan cuenta que el traqueteo no sirve. Allí nos ahorraremos vidas humanas de aquí y de allá, tiempo sobre todo, y lo mismo será con los otros grupos. Siempre es lo mismo, en todos será lo mismo: destruir permanentemente la economía ilícita”, dijo el presidente.En un primer momento la delegación de diálogos del ELN, que se encuentra en Cuba, rechazó el pronunciamiento por parte del mandatario nacional y ahora el comando central de la guerrilla emitió un comunicado en el que mencionó que la mesa ha entrado en crisis debido a estas declaraciones.“A lo largo de su historia el ELN ha manifestado y practicado el deslinde categórico con todos los eslabones de la cadena del narcotrafico, existe una propuesta pública que se presentó al Gobierno de Colombia a través del alto comisionado para la Paz, a garantes y a representantes de diversos organismos internacionales y que está a la espera de ser abordada”, señala el comunicado.Esta es la tercera vez que la mesa de diálogos entra en crisis, pues después de que el Gobierno anunciara un cese al fuego bilateral que no había sido pactado con la guerrilla también se presentó un momento de crisis, igualmente cuando el ELN asesinó a 10 militares en el Catatumbo.“La mesa de diálogos ha entrado en crisis y se requiere claridad de parte del Gobierno, para que el camino hacia la paz se despeje y le hablemos con un lenguaje coherente al país y al mundo”, señaló el comando central.En este momento se desarrolla en La Habana, Cuba, el tercer ciclo de diálogos entre el Gobierno y el ELN y allí se discuten las condiciones que permitan pactar un cese al fuego bilateral.“Las declaraciones del presidente interrogan de manera pública nuestra delegación, se cuestiona su representatividad. Por tanto, el Gobierno debe aclarar públicamente si esta es un interlocutor válido para adelantar el proceso de paz con el Gobierno”, resaltó el ELN.Conéctese a la señal en vivo de Blu Radio:
Miroslav Jenca, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, explicó que uno de los mayores desafíos se concentra en regiones como el Catatumbo, donde el desplazamiento forzado y el confinamiento continúan afectando a miles de personas. Según señaló, en el marco de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) y las Curules de Paz, cerca de 100.000 personas no pueden ejercer su derecho al voto debido a que se ven obligadas a desplazarse constantemente de un lugar a otro como consecuencia de la violencia.“Hay alrededor de 100.000 personas que prácticamente no pueden votar porque se desplazan de un lugar al otro”, aseguró.El jefe de la misión relató que durante sus recientes visitas a esta región, incluida la zona rural del municipio de Tibú y sectores como Versalles, pudo constatar la complejidad de la situación humanitaria y de seguridad. “Hablé con la gente en Versalles, y allá la situación de veras es muy, muy compleja, muy difícil”, afirmó.En ese contexto, Jenca insistió en que garantizar el derecho al voto es esencial para la democracia colombiana. “Yo pienso que es muy importante asegurar, garantizar el derecho al voto a todos los votantes y todas las votantes aquí en Colombia”, reiteró, haciendo énfasis en la necesidad de adoptar medidas para las regiones más afectadas por el conflicto.El jefe de la misión también se refirió a las responsabilidades frente al desarrollo de la campaña electoral. Señaló que el gobierno colombiano tiene un papel central en la protección del proceso democrático, al ser el único con el uso legítimo de la fuerza. En ese sentido, recalcó que el Gobierno debe garantizar un entorno seguro para todos los precandidatos y precandidatas, de manera que puedan hacer campaña sin amenazas ni restricciones indebidas.No obstante, Jenca aseguró que los propios precandidatos también deben contribuir activamente a la construcción de elecciones libres y en paz, respetando las reglas del juego democrático y promoviendo un ambiente de tolerancia y no violencia durante la contienda electoral.“Claro que los precandidatos también tienen responsabilidad de contribuir a las elecciones libres y en paz”, añadió.Finalmente, expresó el interés de la comunidad internacional en que todos los actores políticos respalden y firmen compromisos públicos "por que aquí hablamos de la democracia en Colombia".
El informe 'Compromiso con un proceso electoral libre y en paz en Colombia', elaborado por la Defensoría del Pueblo, analiza el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2025, donde se evidencia que el ambiente electoral se desarrolla en un contexto de alta tensión política.Al mismo tiempo, señalan que la figura presidencial ha ocupado un lugar central en las narrativas de las precandidaturas, desplazando el énfasis en propuestas hacia la confrontación política.Uno de los hallazgos más preocupantes es la persistente subrepresentación de las mujeres en la contienda presidencial. “De las 99 precandidaturas activas identificadas al 15 de diciembre, solo 12 corresponden a mujeres (12,12 %), frente a 87 hombres (87,8 %). Esta brecha muestra una subrepresentación persistente que repercute en la visibilidad de las mujeres en la discusión electoral y limita su capacidad para posicionar agendas propias”.Durante la fase temprana de definición de precandidaturas, las redes sociales y plataformas digitales se consolidaron como el principal escenario de visibilidad política, ante la ausencia de campañas formales y el acceso desigual a medios tradicionales.Para la Defensoría “esta centralidad también amplifica riesgos asociados a la desinformación, la polarización discursiva y el uso de lenguaje violento, factores que inciden de manera directa en la calidad del debate democrático”.La Defensoría señala que el ambiente electoral estuvo marcado por hechos de alto impacto, como el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay; los procesos de definición de candidaturas mediante consultas; la escogencia de Paloma Valencia como candidata presidencial del Centro Democrático; y el anuncio de consultas interpartidistas para el 8 de marzo.“El aumento de las fricciones en las relaciones entre el gobierno colombiano y el de Estados Unidos, lo que ha causado un distanciamiento entre las administraciones. Hoy las relaciones entre ambos países ocupan un lugar más importante dentro del debate electoral actual, que el que han tenido en otros periodos similares”, señala.En materia de violencia política, la Misión de Observación Electoral reportó que durante 2025 se registraron 415 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales. Aunque esta cifra representa una disminución frente al año preelectoral de 2021, la violencia continúa afectando de manera desproporcionada a los liderazgos políticos.El informe advierte que, si bien existe una condena abierta y generalizada a los ataques físicos, no se observa el mismo nivel de rechazo frente al uso de expresiones violentas, estigmatizantes o narrativas difundidas por terceros en redes sociales que pueden derivar en incitaciones a la violencia.Los resultados del informe muestran niveles altos de cumplimiento en la defensa de la primacía de la vida, el reconocimiento de la juventud y el respeto por las instituciones. Sin embargo, revelan niveles bajos en aspectos clave como la promoción del lenguaje constructivo y la eliminación de la estigmatización, así como en la garantía de difusión de información veraz.En particular, el punto relacionado con la información veraz presenta el nivel más bajo de cumplimiento y alineación, evidenciando la ausencia de protocolos o lineamientos para la verificación de contenidos, especialmente entre las precandidaturas que no suscribieron el Compromiso.Según la Defensoría, esto “revela la persistencia de patrones comunicativos que priorizan la confrontación violenta, las emociones y la deslegitimación del adversario por encima de la argumentación y la deliberación sustantiva. Que se ataque más a las personas que a los argumentos es un desafío profundo para la calidad de la democracia dentro y fuera de los entornos digitales”.Aunque durante el periodo analizado no se identificaron hechos documentados de violencias de género facilitadas por la tecnología, la Defensoría advierte que “no se puede ignorar que este tipo de violencias encuentran un nicho habilitante en entornos digitales donde se dan este tipo de confrontaciones en el periodo preelectoral”.La entidad alerta de que la violencia de género facilitada por la tecnología afecta de manera particular a mujeres, personas jóvenes y grupos minoritarios, y cuando se combina con la violencia contra las mujeres en política, configura un escenario especialmente preocupante para candidatas, militantes y liderazgos femeninos.Finalmente, la Defensoría subraya que la libertad de expresión es un pilar esencial del debate democrático, pero advierte que no puede convertirse en un escudo para la desinformación ni para el uso de lenguaje que promueva violencia.
La Jurisdicción Especial para la Paz imputó a 15 exintegrantes del Bloque Oriental y 7 del Bloque Sur, estructuras en las que se concentraron los secuestros más complejos, prolongados y violentos del conflicto armado.En el caso del Bloque Oriental, la estructura fundacional y más grande de la antigua guerrilla, la JEP los halló responsables por secuestros cometidos en Arauca, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés y Vichada, así como en algunas zonas de Boyacá, Caquetá y Santander.Para el Bloque Sur, las conductas investigadas ocurrieron principalmente en Huila, Caquetá, Putumayo, Nariño, Amazonas y en sectores de Cauca y Meta.Los imputados del Bloque Oriental son: Wilmar Antonio Marín, quien fue conocido como ‘Hugo o Hugo 22’; Bernardo Mosquera, quien fue conocido como ‘Negro Antonio’; Nelson Quintero, quien fue conocido como ‘Arcesio Angarilla’; Marco Fidel Suárez, quien fue conocido como ‘Arsenio Mejía o Kokoriko’; Holmes Puentes, quien fue conocido como ‘Ricaurte Páez’; Marcos Patiño, quien fue conocido como ‘Efrén o Patequeso’; Germán Gómez, quien fue conocido como ‘Lucas 40’, ‘Lucas Urueta’ o ‘El Médico’; José Ricaurte Valencia, quien fue conocido como ‘Jerónimo Gutiérrez’ o ‘Caresanto’; Luis Garzón, quien fue conocido como ‘Severiano’; Elmer Caviedes, quien fue conocido como ‘Albeiro Córdoba’; Rodolfo Restrepo, quien fue conocido como ‘Víctor Tirado’; Bertulfo Caicedo, quien fue conocido como ‘Alberto Pitufo’; Julián Saavedra, quien fue conocido como ‘William Sánchez’ o ‘Plinio’; Olivo Guantiva, quien fue conocido como ‘Robledo’; y Gerardo Aguilar, quien fue conocido como ‘César’.Por su parte, los imputados del Bloque Sur son: Fabián Ramírez; Floresmiro Burbano (Martín Corena); Darío Lee Díaz (Robledo); Luis Montes (Euclides Bermúdez); Ángel García (Hernán Benítez); Ezequiel Hueguía (Rolando Romero); y William Tovar (Franklin Smith Caicedo). Según la JEP, este bloque tuvo un papel central en secuestros con fines de canje, especialmente contra figuras políticas, entre ellas Ingrid Betancourt, entonces candidata presidencial, y Clara Rojas, su fórmula vicepresidencial y jefa de campaña.La investigación estableció que, debido a su mayor capacidad operativa y control territorial, el Bloque Oriental recibió durante años a víctimas de secuestro provenientes del Bloque Sur, particularmente aquellas retenidas para intercambio por guerrilleros presos. Estas personas permanecieron durante largos periodos en campamentos selváticos, en condiciones extremas de cautiverio.La Sala de Reconocimiento llamó a estos comparecientes a reconocer responsabilidad por crímenes de guerra de toma de rehenes, así como por otros delitos cometidos durante el cautiverio, entre ellos homicidio, tortura, tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.Además, les atribuyó crímenes de lesa humanidad por graves privaciones de la libertad y conductas asociadas, como desaparición forzada, asesinato, esclavitud y otros actos inhumanos, los cuales, por su gravedad, no pueden ser objeto de amnistía ni perdón judicial.La investigación concluyó que los excombatientes imputados tenían control efectivo sobre su tropa y capacidad de imponer disciplina, por lo que son responsables tanto por haber impartido órdenes directas que derivaron en secuestros y asesinatos, como por no impedir los abusos cometidos contra las víctimas durante el cautiverio.Algunos de ellos, además, participaron de manera directa en crímenes graves y comandaron campamentos donde las personas permanecieron privadas de la libertad durante años.De acuerdo con la JEP, el Bloque Oriental fue responsable del 34 % de los secuestros atribuidos a las Farc-EP en todo el país, mientras que el Bloque Sur concentró el 8 %. Sin embargo, el 18 % de las víctimas acreditadas ante la JEP señalan al Bloque Sur como responsable. Entre las 4.439 víctimas acreditadas, 1.239 atribuyen su secuestro al Bloque Oriental y 771 al Bloque Sur.La JEP documentó que ambos bloques actuaron bajo tres patrones criminales: secuestros para financiar la organización, para forzar intercambios por guerrilleros presos y para ejercer control social y territorial. En este último patrón se registraron trabajos forzados, castigos colectivos y asesinatos de personas que intentaron escapar del cautiverio.Con estas imputaciones, la Sala de Reconocimiento de Verdad cerró la investigación del Caso 01 y dejó delimitada la lista de responsables por el secuestro en las Farc-EP. El proceso entra ahora en la etapa de reconocimiento de responsabilidad, en la que los imputados deberán aceptar o rechazar los cargos en un plazo de 30 días.De haber reconocimiento, se avanzará hacia sanciones propias de carácter restaurativo; de lo contrario, los casos podrán ser remitidos al Tribunal para la Paz o a la Unidad de Investigación y Acusación, donde podrían derivar en juicios con penas de hasta 20 años de cárcel.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reiteró su llamado al Gobierno nacional para que se sume con recursos económicos a la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera, en Medellín.El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que, hasta ahora, el proceso de excavación ha sido sostenido principalmente con recursos de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, lo que ha permitido garantizar la continuidad de las labores en el corto plazo. No obstante, advirtió que la magnitud del trabajo que aún falta por realizar hace indispensable un respaldo económico directo del Gobierno nacional.“Es enorme lo que hay que mover de escombros y demás, pues sí es fundamental que el Gobierno nacional, digamos, de manera directa apoye económicamente para que esa búsqueda sea posible y no solamente la Alcaldía de Medellín, que es algo que yo he venido insistiendo hace mucho tiempo”, aseguró Ramelli.Desde el Tribunal para la Paz, el magistrado Gustavo Salazar Velázquez, de la Sección de Reconocimiento, explicó que el proceso en La Escombrera corresponde a una excavación continuada que demanda una alta cantidad de recursos. Según detalló, actualmente existe una bolsa conjunta de financiación integrada por aportes de la JEP, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.De acuerdo con el magistrado, la Jurisdicción Especial para la Paz aporta los equipos forenses y la mano de obra, mientras que la Alcaldía de Medellín ha asumido el cubrimiento del bienestar de las víctimas y el suministro de la maquinaria amarilla necesaria para las excavaciones.“En este momento estamos recontratando la maquinaria amarilla por parte de la Alcaldía de Medellín, la maquinaria retoma la semana entrante y estamos garantizando recursos hasta mediados, finales del mes de agosto y sabiendo de la alta exigencia de recursos, vinculamos al Gobierno nacional para que incorpore recursos para el proceso de excavación”, afirma el magistrado.En ese marco, explicó que ya se han iniciado conversaciones con distintas entidades para definir los mecanismos de aporte. Entre ellas, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y el Ministerio de las Artes, este último involucrado en el proceso de memorialización de La Escombrera, que se adelanta desde el año pasado y que cuenta con una fase avanzada.
El abogado jurídico del Clan del Golfo aseguró que la suspensión temporal de los diálogos con el Gobierno nacional se produjo luego de las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que calificó como “supremamente graves” y como un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa.Según Ricardo Giraldo, abogado contratado por el EGC para el proceso de paz total, las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desconocieron un punto central del proceso: “El respeto por la identidad de las partes”.En ese sentido, recordó que existe una resolución del 5 de septiembre de 2025 mediante la cual el presidente de la República reconoce la autodenominación del grupo como Ejército Gaitanista de Colombia y no como Clan del Golfo.“Si están unos diálogos, unas conversaciones, unas negociaciones, como lo quieran llamar, para salir del conflicto, yo creo que lo más importante es el respeto a la identidad de las partes, como una primera medida. Entonces, eso fue lo primero que se incumplió”, afirmó el abogado.Giraldo cuestionó además que el grupo fuera señalado como un “cartel” y como el dueño del narcotráfico en Colombia.“Lo señala como el cartel del clan del golfo, como si ellos fuesen los dueños del narcotráfico en Colombia. Y en la mesa ha quedado demostrado que eso no es así, mis representados controlan el mercado, eso no lo puede negar nadie, pero de que sean los dueños, no”, añadió Giraldo.Finalmente, el abogado explicó que la decisión de suspender los diálogos fue adoptada de manera temporal e indefinida, sin establecer plazos para su reanudación, y que el levantamiento de la suspensión dependerá de la respuesta que entregue el Gobierno nacional frente a las declaraciones cuestionadas.Desde el Gobierno, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, asegura que las órdenes de captura contra los principales líderes del Clan del Golfo se encuentran suspendidas, en el marco del espacio de conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno nacional con ese grupo armado ilegal.“Desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”, aseguran desde el comisionado en un comunicado.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
El informe RED-clutamiento 2.0 de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP documenta que al menos 1.749 menores de edad fueron reclutados en Colombia entre 2017 y 2026. Uno de los principales hallazgos es el uso sistemático de redes sociales para atraer a niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales.“Desde 2021, el reclutamiento de niños y niñas es el tipo de victimización a la población civil que más rápido crece en Colombia (por encima de masacres, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y confinamiento). Esto coincide con el uso sistemático de las redes sociales”, asegura el informe.De acuerdo con el documento, el 44 % de los casos registrados en 2025 estuvieron asociados directamente al reclutamiento a través de plataformas digitales.Las cifras muestran, además, un crecimiento sostenido: mientras en 2022 se registraron 151 casos de reclutamiento, en 2023 la cifra subió a 255; en 2024 alcanzó los 362 y en 2025 llegó a 386 casos. En apenas cuatro años, el incremento supera el 150 %, convirtiéndose en una de las violencias con mayor crecimiento en el país.De acuerdo con la UIA, el uso de TikTok y Facebook ha facilitado que los casos de reclutamiento se dupliquen mensualmente en algunos territorios. Antes de la expansión del reclutamiento digital, estos hechos se concentraban en 97 municipios; hoy se registran en 248 municipios, lo que representa un aumento del 156 %.“Las redes sociales han propiciado que se presenten casos de reclutamiento en lugares donde jamás habíamos registrado hechos (inclusive en la época más álgida del conflicto armado con las Farc-EP)”, subraya el informe.Según el documento, los reclutadores digitales reproducen estereotipos de género binarios para hacer más atractiva la oferta y generar identificación entre niños y adolescentes. En algunos casos, convocan a menores a supuestos torneos de fútbol, asegurando que asistirán cazatalentos extranjeros que los llevarán a equipos profesionales fuera del país.El escrito señala que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, son el grupo armado que más niños recluta a través de redes sociales. Esta estructura concentra 116 cuentas activas en Facebook y TikTok, con publicaciones que alcanzan en promedio más de 20.000 visualizaciones y, en algunos casos, millones de reproducciones.Su principal zona de operación está en el suroccidente del país, especialmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, departamentos donde opera el 67 % de las cuentas identificadas.En total, el informe identificó 186 cuentas en redes sociales vinculadas a actividades de reclutamiento, con un promedio de 6.700 seguidores por cuenta.La UIA alerta que, si no se adoptan medidas urgentes de prevención y control, entre 2026 y 2030 podrían registrarse más de 2.300 nuevos casos de reclutamiento, lo que equivaldría a que un menor sea vinculado a un grupo armado cada 12 horas.
Mientras Colombia cerró 2025 como el año con la mayor crisis humanitaria de las últimas dos décadas, los territorios más golpeados por el conflicto armado continúan registrando avances en la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Así lo señala el V Informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad, presentado este jueves 30 de enero en Bogotá.De acuerdo con el Comité, 2025 dejó la cifra más alta de desplazamientos forzados en los últimos 18 años y más de un millón de personas confinadas por la acción de grupos armados, lo que triplicó los registros del año anterior.Para la presidenta del Comité, Julia Eva Cogollo, esta situación se explica por el traslape entre los territorios priorizados por los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y las zonas donde se ha incrementado la presencia de actores armados.Según explicó, este contexto ha llevado al Gobierno a focalizar la implementación de políticas públicas en las regiones más afectadas como una forma de mitigar el impacto humanitario. Sin embargo, el Comité advierte que la persistencia de la violencia sigue siendo un obstáculo para que las comunidades puedan ejercer plenamente sus derechos.Entre los principales avances, el informe destaca la reducción del Índice de Pobreza Multidimensional en las zonas PDET, que pasó de 39,8 % en 2018 a 23,7 % en 2023, aunque en 2024 se ubicó en 24,4 %. También resalta el fortalecimiento de iniciativas de acceso a tierras y proyectos productivos liderados por mujeres. Regiones como Montes de María, la Costa Pacífica, el norte del Cauca y el sur de Bolívar concentran avances relevantes, aunque, según el Comité, estas mismas zonas enfrentan altos niveles de riesgo por la violencia armada.De cara al escenario electoral y a la llegada de nuevos gobiernos, el Comité considera que la política PDET se encuentra blindada tras su ampliación hasta 2034. No obstante, advierte riesgos si en la actualización de los planes de acción no se incorporan las 220 recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Frente a la continuidad de la transformación rural, la presidenta del Comité envió un mensaje directo a los próximos gobiernos y a los candidatos. “El primer mensaje que queremos enviar es a los candidatos. Uno, que saquen la violencia de la política, por favor. Y el segundo que le queremos incluir es que incluyan las recomendaciones en sus programas de gobierno y posteriormente en el plan de desarrollo”, afirmó.Finalmente, Cogollo advirtió que el mayor riesgo para la no repetición en Colombia sigue siendo la combinación entre la violencia armada y la crisis humanitaria. “El mayor riesgo que tenemos es la presencia alta de actores armados y la crisis humanitaria. Y el desbalance que hay realmente en la presencia de actores armados versus implementación de políticas públicas que no garantizan el gozo efectivo de los derechos”, concluyó.