El pronunciamiento de la JEP se da luego de la denuncia presentada por los familiares del dirigente social Pedro Julio Movilla Galarcio, junto con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), quienes alertaron sobre una excavación ilegal realizada el 3 de febrero de 2025 en las instalaciones de la Escuela de Logística del Ejército, antigua sede de la Brigada XX en Bogotá.Según indicaron, el punto intervenido había sido identificado como un posible sitio donde podrían encontrarse restos de Movilla.En ese mismo sentido, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó a la JEP que encontró rastros de sangre humana en uno de los elementos materiales recuperados, el cual se encuentra protegido por una medida cautelar adoptada en septiembre de 2024, a solicitud de víctimas del conflicto armado.Según explicó la Jurisdicción, el rastro biológico fue identificado en un elemento recuperado en la zona que la propia JEP reportó como vulnerada en febrero de 2025, cuando detectó una excavación no autorizada en áreas de interés forense que estaban bajo protección judicial.Tras conocer esa intervención, la JEP interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, solicitó la apertura de investigaciones disciplinarias e inició un incidente de desacato.“Como resultado de esta última decisión, la JEP sancionó al director de la Escuela de Logística, teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo Escobar, con tres días de arresto y una multa de diez salarios mínimos legales vigentes, al hallarlo responsable de permitir una intervención no autorizada en el predio protegido, ubicado en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá. La sanción de multa fue confirmada por la Sección de Apelación el 8 de octubre de 2025”, aseguran en el comunicado.La Jurisdicción aseguró que la información sobre el hallazgo fue comunicada directamente a la familia de Pedro Julio Movilla y a las organizaciones solicitantes de la medida cautelar.
Aunque grupos armados ilegales han manifestado que no interferirán en el proceso democrático, en terreno persisten situaciones que afectan el ejercicio político.El presidente de Indepaz, Camilo González, señaló que estructuras como el ELN, el Clan del Golfo y algunas disidencias de las Farc han firmado declaraciones en las mesas de conversación con el Gobierno Nacional en las que se comprometen a no intervenir en las elecciones. Sin embargo, advirtió que posteriormente se presentan hechos que alteran la actividad política.“Se presentan situaciones que luego ellos mismos explican como situaciones inmanejables, errores por el control de territorios, porque tienen la pretensión de ser los dueños y los que dan permiso o no. Entonces eso, por supuesto, tiene repercusiones muy negativas para el ejercicio de la política”, aseguró González.Según el directivo, estas justificaciones generan restricciones para candidatos, líderes sociales y comunidades, afectando el desarrollo democrático.El presidente de Indepaz señaló que actualmente hay al menos 81 municipios con alertas graves frente a la perspectiva electoral. No obstante, afirmó que esto no significa necesariamente que en todos ellos se vaya a impedir la instalación de puestos de votación o que se produzcan sabotajes directos, pero sí refleja un contexto delicado para el normal desarrollo de las campañas.Además, subrayó que en cerca de 300 municipios se registran alteraciones y riesgos asociados a prácticas tradicionales como la compra y el rastreo de votos.“En cerca de 300 municipios, las alteraciones y los peligros para las elecciones tienen que ver con las tradicionales formas de corrupción, como la compraventa y el rastreo de votos, además del manejo del clientelismo. Pero la parte de la violencia directa, que ya hemos visto en disparos y atentados, incluso en Bogotá, sigue presente en diferentes regiones”, agregó.Aunque los grupos en negociación han reiterado su voluntad de no interferir en el proceso electoral, la situación en terreno evidencia que persisten dinámicas de presión armada y control territorial que podrían impactar el ejercicio democrático.
Desde hace tres días se intensificaron los hostigamientos en El Carmen, Norte de Santander. Los enfrentamientos armados en pleno casco urbano no solo han dejado un policía muerto y ataques contra la fuerza pública, sino que mantienen a los menores fuera de las aulas y expuestos al fuego cruzado.Según Luis Fernando Niño, consejero de Paz de Norte de Santander, entre 300 y 350 estudiantes permanecen sin asistir a clases debido a los combates y a la presencia de hombres armados en el casco urbano.“Ayer, cuando se dio el primer ataque, inició a las seis y cuarto de la mañana aproximadamente, que es la hora de ingreso de los estudiantes al colegio. Hoy fue igual, en las horas de la mañana. La persona que nos ha dado información desde la institución educativa habla de aproximadamente entre 300 y 350 menores que no han podido ir a clases”, aseguró Niño.La suspensión de las clases también implica que los estudiantes no tengan acceso al Plan de Alimentación Escolar.“A esto hay que sumarle no solo las clases, sino el tema del Plan de Alimentación Escolar, que es parte de este suplemento importante para que los niños puedan realizar sus labores diarias. Todo esto, obviamente, se ve afectado en medio del fuego cruzado que se está dando, reitero, en el casco urbano, con población civil en medio, violando así el derecho internacional humanitario”, agregó el consejero de Paz.Sin embargo, la principal preocupación es el riesgo que enfrentan los menores ante la posibilidad de quedar en medio del fuego cruzado o ser víctimas de reclutamiento forzado.“Ahorita, con los enfrentamientos, se ha deteriorado mucho más esto, pero en otras zonas del Catatumbo también, por el miedo al reclutamiento forzado, los padres de familia no envían a sus hijos porque pueden pisar un campo minado, pueden quedar en medio del fuego cruzado o también pueden ser reclutados”, añadió.Las autoridades reiteraron que, mientras persistan los hostigamientos en El Carmen, más de 300 menores seguirán sin poder regresar a clases, en medio de una escalada violenta que aumenta el riesgo de reclutamiento forzado en el Catatumbo.
La Sección de Apelación de la JEP ratificó la competencia de esa jurisdicción para investigar el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, asesinado el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá, cuando salía de dictar clases en la Universidad Sergio Arboleda.La familia del líder conservador había solicitado a la JEP revocar esa competencia y enviar el caso a la Fiscalía; sin embargo, la jurisdicción consideró que existen elementos suficientes para mantener la investigación en su órbita.“La JEP tiene competencia material para adelantar la investigación por el presente caso. Aunado a ello, y reconociendo el interés legítimo que asiste a las víctimas en reclamar que se haga justicia por los hechos, la SA identifica que le corresponde al Estado encauzar de manera objetiva la totalidad de las acciones que resulten conducentes para garantizar el cumplimiento efectivo de su obligación de investigar y sancionar a los responsables”, señala la resolución de la Sección de Apelación.La jurisdicción precisó que, aunque mantiene la competencia, la justicia ordinaria puede avanzar en otras hipótesis, ya que la JEP se concentrará en la relacionada con la presunta responsabilidad de la extinta guerrilla de las Farc.“La Sección de Apelación insiste en que debe tenerse presente que la competencia que asume la JEP para investigar los homicidios de Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir solamente cobija la hipótesis relacionada con la presunta responsabilidad de exmiembros de las Farc-EP y, en consecuencia, no configura ningún tipo de interferencia con los avances que puedan seguir obteniéndose en la JPO por parte de las instituciones que se encuentran indagando la responsabilidad de otros agentes estatales y no estatales que no estarían sujetos a la competencia del órgano judicial transicional, por lo menos hasta la fecha. En ese sentido, como ya lo indicó la Sala de Reconocimiento, la Fiscalía y la Comisión de Investigación y Acusación podrán continuar con su función constitucional, en tanto siguen ostentando la titularidad de la acción penal de las investigaciones ya reseñadas y que no son objeto de estudio por la JEP”, agregaron los magistrados.La familia de Álvaro Gómez ha reiterado que no cree en la versión de la extinta guerrilla de las Farc, según la cual esa organización es responsable del magnicidio. Sus familiares sostienen que habría una responsabilidad de Estado e incluso han señalado por su presunta responsabilidad al expresidente Ernesto Samper.En la resolución también se indica: “Aunque no existe un nivel de certeza determinante, tampoco es descartable la responsabilidad de las Farc-EP y, en esa medida, se entiende que esta hipótesis podrá encontrar una evolución mientras avanza la investigación y el esclarecimiento de los patrones de violencia y hasta que se logre determinar de manera contundente la existencia, o no, de la responsabilidad penal que ha sido formulada por los comparecientes. Lo anterior, bajo la debida garantía de que en cada etapa del proceso las víctimas y demás intervinientes tendrán las oportunidades correspondientes para presentar, de acuerdo con las reglas procesales aplicables, las objeciones que estimen pertinentes”.La Sección recordó además que la jurisdicción tiene competencia prevalente para investigar hechos relacionados con el conflicto armado. En ese sentido, explicó que miembros del antiguo Secretariado de las Farc-EP afirmaron que el asesinato obedeció a una retaliación por las posturas políticas de Gómez Hurtado en la época del surgimiento de esa guerrilla, cuando los calificó como “repúblicas independientes”.
Millonarios se impuso 2-1 ante Llaneros en el estadio El Campín, en compromiso de la séptima fecha de la Liga BetPlay I-2026. El equipo dirigido por Fabián Bustos resolvió el partido desde el arranque con presión alta, amplitud por las bandas y eficacia en el juego aéreo, aunque terminó sufriendo en los minutos finales tras el descuento visitante.Con este resultado, el conjunto embajador sumó siete de los últimos nueve puntos y se mantiene en la pelea por los primeros lugares de la tabla. El marcador se abrió apenas al minuto 4. Rodrigo Contreras conectó de cabeza un centro preciso desde el costado derecho y venció al arquero de Llaneros, en una acción que reflejó la intensidad con la que el local afrontó el inicio. Millonarios controló la posesión durante el primer tiempo, generó aproximaciones por los costados y sostuvo el bloque en campo rival, aunque sin ampliar la ventaja antes del descanso.En la segunda parte, el equipo bogotano mantuvo la iniciativa y encontró el segundo gol al minuto 59, cuando Leonardo Castro definió con categoría dentro del área tras una jugada colectiva que desarticuló la defensa visitante. Con el 2-0, el cuadro azul administró el ritmo del compromiso, pero bajó la intensidad en el tramo final y permitió que Llaneros descontara al 84 por intermedio de Luis Fernando Miranda, lo que apretó el cierre del encuentro.Millonarios apostó por un esquema ofensivo con tres hombres en punta y presión adelantada, aunque dejó espacios en transición defensiva que el rival aprovechó en los últimos minutos. Por su parte, Radamel Falcao García, delantero del conjunto azul, salió en camilla tras presentar una molestia muscular en la parte posterior de su pierna derecha, situación que encendió las alertas en el cuerpo técnico y entre los aficionados.Tras la salida en camilla, el jugador quedó bajo observación del departamento médico de Millonarios. El club prevé realizar exámenes diagnósticos en las siguientes horas con el objetivo de establecer el alcance de la lesión y definir el tiempo necesario para su recuperación.
El Instituto Nacional de Medicina confirmó que el proceso de identificación de los restos óseos, que podrían corresponder al sacerdote Camilo Torres Restrepo, ha enfrentado limitaciones relevantes debido al estado y las condiciones de las muestras analizadas.En un comunicado oficial, la entidad explicó que desde 2016 adelanta estudios genéticos y antropológicos en el marco de los protocolos vigentes de identificación humana, trabajo que se fortaleció a partir de 2023 con las muestras entregadas por la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD).Según Medicina Legal, aunque se cuenta con una muestra biológica que ofrece información orientadora, esta no permite por sí sola establecer una identificación científica definitiva. Por esta razón, se adelantan estudios complementarios con el fin de confirmar o descartar los resultados preliminares, bajo estrictos criterios de validación técnica.La entidad reiteró que la identificación humana es un proceso científico integral y multidisciplinario, que exige la convergencia de evidencia genética, antropológica y contextual. “En consecuencia, se ha definido un programa metodológico de confirmación que permitirá realizar las confrontaciones y verificaciones necesarias conforme a los estándares técnicos aplicables”, se lee en el comunicado.Este pronunciamiento se conoce luego de que la Universidad Nacional de Colombia anunciara esta semana que adelanta adecuaciones en un osario de la capilla Cristo Maestro, en el campus de Bogotá, para alojar los restos óseos que podrían corresponder al sacerdote. Frente a esto, la Unidad de Búsqueda insistió en que, por ahora, no existen resultados definitivos.Camilo Torres Restrepo murió el 15 de febrero de 1966, meses después de haberse incorporado al Ejército de Liberación Nacional (ELN), en zona rural de San Vicente de Chucurí, Santander. Durante décadas se sostuvo que su cuerpo había quedado en poder de los militares, hasta que a finales de enero pasado se informó oficialmente el hallazgo.
Una mujer de 44 años murió en Ciudad del Cabo tras ser atacada por sus propios perros en el patio de su vivienda, un hecho que volvió a encender el debate sobre las razas consideradas potencialmente peligrosas.La víctima fue identificada como Faziela Swartz, quien sufrió heridas de extrema gravedad luego de que los animales, identificados como perros de raza pitbull, la embistieran en su residencia ubicada en el sector de Mitchells Plain.El ataque ocurrió el pasado 28 de enero en la calle Maralize, a plena luz del día y ante la mirada de varios vecinos que intentaron intervenir para auxiliarla. De acuerdo con el reporte de la Policía de Sudáfrica (SAPS), la mujer fue trasladada de urgencia a un centro asistencial, donde permaneció bajo atención médica varios días. Sin embargo, falleció el 3 de febrero como consecuencia de las complicaciones derivadas de las lesiones. Las autoridades confirmaron que los perros pertenecían legalmente al hijo de la víctima. Tras lo sucedido, los animales fueron entregados a las entidades competentes y sacrificados ese mismo día, siguiendo los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de casos. La policía abrió una investigación para establecer con precisión qué desencadenó el ataque dentro del entorno doméstico.El caso generó mayor impacto luego de que circulara en redes sociales un video que registra parte de la agresión. Cabe recordar que este tipo de casos son más comunes de lo que se cree, pues hace unos días, el mércoles 3 de diciembre de 2025, un hombre de 50 años y su nieta de tres meses de nacida murieron tras ser atacados por siete perros de raza pitbull dentro de una vivienda en Tennessee.
El Súper Astro Luna se ha consolidado como uno de los juegos de chance más atractivos en Colombia por su propuesta diferente: combina un número de cuatro cifras con uno de los doce signos del zodiaco. Esta mezcla entre azar y astrología lo distingue de otros sorteos tradicionales y mantiene el interés de miles de jugadores que consultan a diario los resultados oficiales.Número ganador del Super Astro Luna – 14 de febrero de 2026El resultado oficial del chance Super Astro Luna de este sábado 14 de febrero de 2026 fue: 3061 - Géminis.Número ganador: 3061Dos últimas cifras: 61Tres últimas cifras: 061Signo zodiacal: GéminisEn esta modalidad, el participante elige un número entre 0000 y 9999 y lo acompaña con un signo zodiacal —Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis—. Los números publicados tras cada sorteo son los únicos válidos para verificar los tiquetes. Por ello, se recomienda confirmar siempre el resultado con el vendedor autorizado o en los canales oficiales.¿Cómo funciona el Súper Astro Luna?El sorteo del Súper Astro Luna se realiza todos los días en horarios definidos:Lunes a viernes: 10:40 p. m.Sábados: 10:42 p. m.Domingos y festivos: 8:30 p. m.Una vez finaliza cada jornada, los resultados oficiales quedan disponibles para su consulta. Esta frecuencia diaria mantiene la expectativa constante entre quienes siguen este chance.Para obtener el premio mayor, el jugador debe acertar el número de cuatro cifras en estricto orden de izquierda a derecha y también el signo zodiacal seleccionado, según la modalidad elegida.Cómo jugar el chance Super Astro LunaParticipar en el Súper Astro Luna es un proceso sencillo y flexible:Elegir un número de cuatro cifras.Seleccionar uno de los doce signos del zodiaco.Optar, si lo desea, por la modalidad “Todos los Signos”, que permite jugar el mismo número con los doce signos (debe indicarse al asesor al momento de la apuesta).Realizar la apuesta, con la posibilidad de hacer hasta cuatro jugadas por tiquete.Estas alternativas permiten que cada jugador adapte su participación a su estrategia y presupuesto, manteniendo una mecánica clara y fácil de entender.¿Cuánto cuesta apostar?El Súper Astro Luna ofrece valores accesibles que facilitan la participación:Valor mínimo por tiquete: $500 pesos.Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos.Esta amplitud en los montos permite que personas con distintos presupuestos puedan participar en el sorteo.¿Dónde jugar Super Astro Luna en línea?El juego está disponible en dos modalidades:Puntos de venta físicos autorizados en todo el país.Plataformas digitales autorizadas por Coljuegos, entidad que regula los juegos de suerte y azar en Colombia.Para jugar en línea, el usuario debe registrarse en un operador legal, verificar su identidad, recargar saldo y seleccionar el número junto con el signo zodiacal. Esta opción brinda comodidad y permite consultar los resultados del Súper Astro Luna en tiempo real.¿Cómo reclamar un premio del Súper Astro Luna?El proceso de cobro depende del monto ganado, aunque existen requisitos obligatorios para todos los casos.Documentos básicosTiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras.Documento de identidad original.Fotocopia legible del documento de identidad.Según el monto del premio (UVT)Menor a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.Entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el Formato SIPLAFT en el punto de venta.Igual o superior a 182 UVT: es necesario presentar certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).El pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.Últimos resultados Súper Astro LunaSorteoFechaResultadoAstro Luna13 Febrero 20262529LeoAstro Luna12 Febrero 20266657 - CáncerAstro Luna11 Febrero 20269097 - AcuarioAstro Luna10 Febrero 20264430 - PiscisAstro Luna9 Febrero 20269083 - SagitarioAstro Luna8 Febrero 20264016 - CáncerAstro Luna7 Febrero 20269076 - Sagitario
El Atanasio fue escenario de un partido intenso, con dominio local, emociones y un desenlace que dejó sabor a poco para unos y alivio para otros. Independiente Medellín y Deportivo Pereira empataron 1-1 en un duelo correspondiente a la jornada 7 del Apertura de la Liga BetPlay.Medellín tomó la iniciativa desde el arranque y fue claramente superior en volumen de juego: 21 remates, 56 % de posesión y 4 tiros de esquina reflejaron el control del “Poderoso”. Sin embargo, la contundencia volvió a ser una deuda. A pesar de generar peligro constante, solo 5 disparos encontraron el arco rival.El gol del equipo antioqueño llegó en el minuto 82, cuando Léider Berrío apareció para igualar el marcador y encender la esperanza roja. Antes, Pereira había golpeado primero con un tanto de Marco Pérez Murillo al 24’, aprovechando uno de sus pocos momentos ofensivos.El partido tuvo un punto de quiebre al 27’, cuando Francisco Chaverra vio la tarjeta roja, obligando a Medellín a remar contra la corriente durante buena parte del encuentro. Aun con un hombre menos, el local no bajó los brazos y empujó hasta encontrar el empate.Pereira, por su parte, fue práctico y ordenado: apenas 8 remates, pero la misma cantidad de tiros al arco que su rival (5), y supo resistir en los minutos finales para llevarse un punto valioso como visitante.Al final, fue un empate que premió la resistencia del “Matecaña” y dejó la sensación de oportunidad perdida para un Medellín que hizo más, pero no logró quedarse con todo.
En medio de la cumbre humanitaria que se desarrolla esta semana en Bogotá, en donde participan más de 70 líderes sociales, se presentó ante la Iglesia católica, el Gobierno nacional y la comunidad internacional (ONU) un informe en el que dan a conocer más de 300 acciones violentas en medio del cese al fuego con diversos grupos armados en el país.Durante el debate, Monserrat Solano, representante adjunta de de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, aseguró que, en 2022, fueron 180 municipios los que presentaron los índices más altos de violencia al ser casi críticos. Esto en el Pacífico colombiano y la zona fronteriza; por ejemplo: Fortul, Arauca o en Tumaco, Nariño.Ante esta situación, la oficina de la ONU para los Derechos Humanos proponen un diálogo civil entre el Estado y las comunidades, independientemente de los procesos de diálogo que adelanta el Gobierno nacional con grupos armados. Esto teniendo en cuenta la actual conversación con ELN o la que se espera en mayo con las disidencias de 'Iván Mordisco'.“Es un llamado al diálogo directo del Estado con los territorios, con las comunidades. Una de las riquezas más grandes que tiene Colombia es la riqueza de la sociedad civil y desde la oficina consideramos que deben ser escuchadas, si vemos los territorios afectados por la violencia y el conflicto vemos que el termómetro de la paz se va a tener que tomar en esos territorios”, señaló SolanoLa importancia de la cumbre humanitaria que se celebra en BogotáCon su tercera edición en curso, la cumbre humanitaria permite crear puentes de diálogo con las víctimas del conflicto armados con el Gobierno nacional y, desde allí, debatir estrategias para fomentar la paz en Colombia. En esta edición son más de 70 líderes los que llegaron a la capital del país para debatir diversos temas con el Gobierno nacional, además de enviar mensajes al presidente Gustavo Petro.Es por eso que este martes, 25 de abril, se conoció un reporte de la oficina de la ONU para los derechos humanos en el cual señalan que, entre enero y marzo del 2023, han recibido 40 denuncias sobre homicidios de líderes sociales en Colombia.Le puede interesar: 'Titulares Deportivos'
Recientemente se conoció un comunicado de las disidencias de 'Iván Mordisco' en el cual señalan que el Ejército, según ellos, ha incumplido el cese al fuego bilateral, haciendo referencia a una acción que se presentó el pasado 20 de abril en Buenaventura y a otro hecho que se registró el 21 de abril en la misma zona del país, por lo que aseguran que el Ejército está "violando el protocolo"."De acuerdo con los hechos anteriores exigimos al Gobierno colombiano cohesionar al Estado con todas sus instituciones en este propósito común que es la paz, no puede ser que el proceso de diálogo, que, aún no inicia, se vea manchado por sangre derramada en la mesa", señaló el comunicado.Las exigencias de 'Iván Mordisco' para los diálogos con el Gobierno nacionalCabe recordar que en los próximos días empezará un proceso de diálogo de carácter político entre el Gobierno nacional y las disidencias de 'Iván Mordisco', grupo que no suscribió el acuerdo de paz firmado en 2016. El presidente Gustavo Petro definirá cinco voceros del Gobierno para este proceso, mientras que las disidencias revelaron que también tendrán cinco voceros en la mesa, pidiendo, además, que los diálogos empiecen en Noruega y posteriormente la mesa se traslade a Colombia.“El presidente de la República simboliza la unidad nacional y al jurar el cumplimiento de la Constitución y las leyes se obliga garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos lo ocurrido el 20 y 21 de abril, no solo va en contra del acuerdo de cese al fuego, si no también en contra de los nadie, a los que dicen representar”, finalizó el comunicado.Le puede interesar: 'Cómo saber cuándo cambiar las llantas'
La Coordinadora Humanitaria, que agrupa a diferentes procesos sociales en 15 territorios del país, hizo un balance sobre los procesos de cese al fuego bilateral entre el Gobierno nacional y los diferentes grupos armados.Líderes sociales de algunos departamentos como Antioquia, Arauca, Norte de Santander, Putumayo, Meta y Nariño le presentarán esta información al Gobierno, la Iglesia católica y la ONU este martes, 25 de abril.El informe evalúa las violaciones a los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2023, teniendo en cuenta información de organizaciones defensoras de derechos humanos, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA, y otros organismos multilaterales.Las afectaciones más frecuentes para la población son los desplazamientos y confinamientos, en Nariño, Caquetá, Chocó, Arauca y Cauca. En los 15 territorios se han reportado un total de 318 eventos violentos a nivel nacional, entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2023, según este reporte.El Clan del Golfo es el que más acciones violentas tiene en Colombia"El evento violento con mayor número de veces reportado fue el de acciones en contra de la defensa y respeto de la vida por no distinción entre combatientes y no combatientes (96 eventos), el cual incluye principalmente asesinatos, homicidios, combates y masacres. En relación a las acciones violentas, se identifica que en primer lugar el Clan del Golfo con el 31,8 % (101 eventos) seguido del 'Estado Mayor Central' con 24,2 % (77 eventos), el ELN con 18,5 % (59 eventos), actor indeterminado 16,9% (54 eventos) y 'Segunda Marquetalia' con el 4,7 % (15 eventos)", son algunos de los datos que le entregará la Coordinadora al Gobierno.En Arauca se han presentado 30 eventos violentos, en Buenaventura 15, en Caquetá 14, en el Caribe 47, en Catatumbo 24 y en Córdoba 16. Solo en el Cauca se habrían registrado 45 acciones violentas y en Nariño 23."Identificamos acciones que, a nuestro juicio, violaron el cese al fuego, creemos que no hay paz total si no hay participación completa de la sociedad civil, debe haber participación de las organizaciones reconocidas en los territorios. Hasta el momento no sabemos cómo va a ser la participación (...) No tendría sentido que las organizaciones verifiquen unos protocolos que dos actores construyeron desconociendo la participación de la comunidad", manifestó José David Ortega, líder de la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba.Un informe para ser tenidos en cuenta en los diálogos, dicen líderes socialesSon al menos 70 líderes sociales que presentarán este informe ante el Gobierno y la comunidad internacional asegurando que debe haber participación de la sociedad civil también en los procesos de diálogo con los diferentes grupos armados."No está produciéndose precisamente un cese al fuego y cese hostilidades para generar un mejor ambiente para los diálogos. En estos momentos en nuestras regiones lo que está sucediendo es que hay un ambiente mucho más enrarecido porque ahora los armados se sienten con más intención de intercambiar con los civiles, porque como no están en combates entonces hacen más presencia en los espacios ubicados para la civilidad, se mantienen homicidios, nos preocupan los desplazamientos forzadas y la desaparición de personas, así como la siembra de artefactos explosivos, hay aumento del reclutamiento", señaló Ani Páez, líder del Magdalena MedioLe puede interesar: 'Cómo saber cuándo cambiar las llantas'
Recientemente el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, señaló que la guerrilla del ELN estaría buscando reclutar a 12 menores de edad en las áreas rurales de municipios como Yarumal y Campamento, según información de inteligencia. "Se ha entregado información y denuncias a la Fiscalía que hablan de una intención de reclutamiento entre 10 y 12 menores por parte de este grupo al margen de la ley", informó Aníbal Gaviria.Sin embargo, el máximo cabecilla del ELN, alias 'Antonio García', aseguró que esta guerrilla no tienen ninguna intención de reclutar a 12 menores de edad de esta región y respondió al gobernador diciendo que ellos no hacen reclutamientos, pues, según él, las personas llegan al grupo voluntariamente."Hemos hecho claridad que el ELN no hace reclutamientos. Las personas se vinculan voluntariamente. No vinculamos menores de edad a nuestras filas combatientes. Si el gobernador Aníbal Gaviria tiene ubicados 12 niños que podrían ser 'reclutados' por la guerrilla, le ratificamos que no es el ELN. Me parece una buena oportunidad para que el gobernador envíe una delegación del ICBF Colombia para que les de la atención requerida y de paso les ofrezca, desde la Gobernación, estudio gratis, como debería ser", señaló García.Cabe recordar que en los próximos días empezará el tercer ciclo de diálogos entre el Gobierno nacional y la guerrilla del ELN en La Habana, Cuba. Allí, se discutirán las condiciones para pactar un cese al fuego bilateral y los mecanismos para que la sociedad civil pueda participar en el proceso.Zozobra en Antioquia por el reclutamiento forzado a menores de edadSegún la información de inteligencia recogida, estaría buscando sumar un total de 12 niños y adolescentes de las familias campesinas, como lo indica el gobernador Aníbal Gaviria.Sin embargo, la estrategia para el reclutamiento no implica ejercer violencia, debido a que se ha conocido que los subversivos se robaron los listados de los estudiantes con sus datos y los están llamando para ofrecerles pagos a cambio de que se sumen a sus filas.Le puede interesar: 'Cómo saber cuándo cambiar las llantas'
Los excombatientes de la extinta guerrilla de las Farc entregaron información sobre la posible ubicación de al menos 4.257 artefactos explosivos que estarían en diferentes zonas del país ante el Gobierno, la ONU y el Consejo Nacional de Reincorporación del Partido Comunes.Estos artefactos explosivos fueron instalados durante el conflicto armado. Este mecanismo tripartito ahora utilizará los datos para verificar si estas zonas pueden estar contaminadas en la actualidad con este tipo de artefactos.“Sabemos que sin información que de cuenta de los lugares donde artefactos explosivos fueron colocados en la guerra, y sin retirarlos será muy difícil implementar la reforma rural integral”, afirmó Gloria Cuartas, directora de la Unidad de Implementación del acuerdo de paz.Esta información fue entregada, a través de 107 formularios, y da cuenta de al menos 4.122 artefactos con mecanismo de activación por presión, 114 por tensión, 20 por liberación de presión y una sin categoría establecido.El llamado del Gobierno es para que todos los grupos armados dejen de utilizar este tipo de explosivos en las zonas donde tienen presencia."La preservación de la vida y la atención para las víctimas de la guerra son ejes centrales de la política de paz total del presidente Gustavo Petro. Por tanto, hacemos un llamado urgente a todos los grupos que persisten en la violencia armada a eliminar definitivamente el uso de las minas antipersonal de sus repertorios de guerra, por ser armas indiscriminadas y violatorias del DIH que causan graves afectaciones a la población civil", señalaron desde la Unidad para la Implementación del acuerdo de paz.Le puede interesar: 'Titulares Deportivos'
Miroslav Jenca, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, explicó que uno de los mayores desafíos se concentra en regiones como el Catatumbo, donde el desplazamiento forzado y el confinamiento continúan afectando a miles de personas. Según señaló, en el marco de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) y las Curules de Paz, cerca de 100.000 personas no pueden ejercer su derecho al voto debido a que se ven obligadas a desplazarse constantemente de un lugar a otro como consecuencia de la violencia.“Hay alrededor de 100.000 personas que prácticamente no pueden votar porque se desplazan de un lugar al otro”, aseguró.El jefe de la misión relató que durante sus recientes visitas a esta región, incluida la zona rural del municipio de Tibú y sectores como Versalles, pudo constatar la complejidad de la situación humanitaria y de seguridad. “Hablé con la gente en Versalles, y allá la situación de veras es muy, muy compleja, muy difícil”, afirmó.En ese contexto, Jenca insistió en que garantizar el derecho al voto es esencial para la democracia colombiana. “Yo pienso que es muy importante asegurar, garantizar el derecho al voto a todos los votantes y todas las votantes aquí en Colombia”, reiteró, haciendo énfasis en la necesidad de adoptar medidas para las regiones más afectadas por el conflicto.El jefe de la misión también se refirió a las responsabilidades frente al desarrollo de la campaña electoral. Señaló que el gobierno colombiano tiene un papel central en la protección del proceso democrático, al ser el único con el uso legítimo de la fuerza. En ese sentido, recalcó que el Gobierno debe garantizar un entorno seguro para todos los precandidatos y precandidatas, de manera que puedan hacer campaña sin amenazas ni restricciones indebidas.No obstante, Jenca aseguró que los propios precandidatos también deben contribuir activamente a la construcción de elecciones libres y en paz, respetando las reglas del juego democrático y promoviendo un ambiente de tolerancia y no violencia durante la contienda electoral.“Claro que los precandidatos también tienen responsabilidad de contribuir a las elecciones libres y en paz”, añadió.Finalmente, expresó el interés de la comunidad internacional en que todos los actores políticos respalden y firmen compromisos públicos "por que aquí hablamos de la democracia en Colombia".
El informe 'Compromiso con un proceso electoral libre y en paz en Colombia', elaborado por la Defensoría del Pueblo, analiza el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2025, donde se evidencia que el ambiente electoral se desarrolla en un contexto de alta tensión política.Al mismo tiempo, señalan que la figura presidencial ha ocupado un lugar central en las narrativas de las precandidaturas, desplazando el énfasis en propuestas hacia la confrontación política.Uno de los hallazgos más preocupantes es la persistente subrepresentación de las mujeres en la contienda presidencial. “De las 99 precandidaturas activas identificadas al 15 de diciembre, solo 12 corresponden a mujeres (12,12 %), frente a 87 hombres (87,8 %). Esta brecha muestra una subrepresentación persistente que repercute en la visibilidad de las mujeres en la discusión electoral y limita su capacidad para posicionar agendas propias”.Durante la fase temprana de definición de precandidaturas, las redes sociales y plataformas digitales se consolidaron como el principal escenario de visibilidad política, ante la ausencia de campañas formales y el acceso desigual a medios tradicionales.Para la Defensoría “esta centralidad también amplifica riesgos asociados a la desinformación, la polarización discursiva y el uso de lenguaje violento, factores que inciden de manera directa en la calidad del debate democrático”.La Defensoría señala que el ambiente electoral estuvo marcado por hechos de alto impacto, como el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay; los procesos de definición de candidaturas mediante consultas; la escogencia de Paloma Valencia como candidata presidencial del Centro Democrático; y el anuncio de consultas interpartidistas para el 8 de marzo.“El aumento de las fricciones en las relaciones entre el gobierno colombiano y el de Estados Unidos, lo que ha causado un distanciamiento entre las administraciones. Hoy las relaciones entre ambos países ocupan un lugar más importante dentro del debate electoral actual, que el que han tenido en otros periodos similares”, señala.En materia de violencia política, la Misión de Observación Electoral reportó que durante 2025 se registraron 415 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales. Aunque esta cifra representa una disminución frente al año preelectoral de 2021, la violencia continúa afectando de manera desproporcionada a los liderazgos políticos.El informe advierte que, si bien existe una condena abierta y generalizada a los ataques físicos, no se observa el mismo nivel de rechazo frente al uso de expresiones violentas, estigmatizantes o narrativas difundidas por terceros en redes sociales que pueden derivar en incitaciones a la violencia.Los resultados del informe muestran niveles altos de cumplimiento en la defensa de la primacía de la vida, el reconocimiento de la juventud y el respeto por las instituciones. Sin embargo, revelan niveles bajos en aspectos clave como la promoción del lenguaje constructivo y la eliminación de la estigmatización, así como en la garantía de difusión de información veraz.En particular, el punto relacionado con la información veraz presenta el nivel más bajo de cumplimiento y alineación, evidenciando la ausencia de protocolos o lineamientos para la verificación de contenidos, especialmente entre las precandidaturas que no suscribieron el Compromiso.Según la Defensoría, esto “revela la persistencia de patrones comunicativos que priorizan la confrontación violenta, las emociones y la deslegitimación del adversario por encima de la argumentación y la deliberación sustantiva. Que se ataque más a las personas que a los argumentos es un desafío profundo para la calidad de la democracia dentro y fuera de los entornos digitales”.Aunque durante el periodo analizado no se identificaron hechos documentados de violencias de género facilitadas por la tecnología, la Defensoría advierte que “no se puede ignorar que este tipo de violencias encuentran un nicho habilitante en entornos digitales donde se dan este tipo de confrontaciones en el periodo preelectoral”.La entidad alerta de que la violencia de género facilitada por la tecnología afecta de manera particular a mujeres, personas jóvenes y grupos minoritarios, y cuando se combina con la violencia contra las mujeres en política, configura un escenario especialmente preocupante para candidatas, militantes y liderazgos femeninos.Finalmente, la Defensoría subraya que la libertad de expresión es un pilar esencial del debate democrático, pero advierte que no puede convertirse en un escudo para la desinformación ni para el uso de lenguaje que promueva violencia.
La Jurisdicción Especial para la Paz imputó a 15 exintegrantes del Bloque Oriental y 7 del Bloque Sur, estructuras en las que se concentraron los secuestros más complejos, prolongados y violentos del conflicto armado.En el caso del Bloque Oriental, la estructura fundacional y más grande de la antigua guerrilla, la JEP los halló responsables por secuestros cometidos en Arauca, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés y Vichada, así como en algunas zonas de Boyacá, Caquetá y Santander.Para el Bloque Sur, las conductas investigadas ocurrieron principalmente en Huila, Caquetá, Putumayo, Nariño, Amazonas y en sectores de Cauca y Meta.Los imputados del Bloque Oriental son: Wilmar Antonio Marín, quien fue conocido como ‘Hugo o Hugo 22’; Bernardo Mosquera, quien fue conocido como ‘Negro Antonio’; Nelson Quintero, quien fue conocido como ‘Arcesio Angarilla’; Marco Fidel Suárez, quien fue conocido como ‘Arsenio Mejía o Kokoriko’; Holmes Puentes, quien fue conocido como ‘Ricaurte Páez’; Marcos Patiño, quien fue conocido como ‘Efrén o Patequeso’; Germán Gómez, quien fue conocido como ‘Lucas 40’, ‘Lucas Urueta’ o ‘El Médico’; José Ricaurte Valencia, quien fue conocido como ‘Jerónimo Gutiérrez’ o ‘Caresanto’; Luis Garzón, quien fue conocido como ‘Severiano’; Elmer Caviedes, quien fue conocido como ‘Albeiro Córdoba’; Rodolfo Restrepo, quien fue conocido como ‘Víctor Tirado’; Bertulfo Caicedo, quien fue conocido como ‘Alberto Pitufo’; Julián Saavedra, quien fue conocido como ‘William Sánchez’ o ‘Plinio’; Olivo Guantiva, quien fue conocido como ‘Robledo’; y Gerardo Aguilar, quien fue conocido como ‘César’.Por su parte, los imputados del Bloque Sur son: Fabián Ramírez; Floresmiro Burbano (Martín Corena); Darío Lee Díaz (Robledo); Luis Montes (Euclides Bermúdez); Ángel García (Hernán Benítez); Ezequiel Hueguía (Rolando Romero); y William Tovar (Franklin Smith Caicedo). Según la JEP, este bloque tuvo un papel central en secuestros con fines de canje, especialmente contra figuras políticas, entre ellas Ingrid Betancourt, entonces candidata presidencial, y Clara Rojas, su fórmula vicepresidencial y jefa de campaña.La investigación estableció que, debido a su mayor capacidad operativa y control territorial, el Bloque Oriental recibió durante años a víctimas de secuestro provenientes del Bloque Sur, particularmente aquellas retenidas para intercambio por guerrilleros presos. Estas personas permanecieron durante largos periodos en campamentos selváticos, en condiciones extremas de cautiverio.La Sala de Reconocimiento llamó a estos comparecientes a reconocer responsabilidad por crímenes de guerra de toma de rehenes, así como por otros delitos cometidos durante el cautiverio, entre ellos homicidio, tortura, tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.Además, les atribuyó crímenes de lesa humanidad por graves privaciones de la libertad y conductas asociadas, como desaparición forzada, asesinato, esclavitud y otros actos inhumanos, los cuales, por su gravedad, no pueden ser objeto de amnistía ni perdón judicial.La investigación concluyó que los excombatientes imputados tenían control efectivo sobre su tropa y capacidad de imponer disciplina, por lo que son responsables tanto por haber impartido órdenes directas que derivaron en secuestros y asesinatos, como por no impedir los abusos cometidos contra las víctimas durante el cautiverio.Algunos de ellos, además, participaron de manera directa en crímenes graves y comandaron campamentos donde las personas permanecieron privadas de la libertad durante años.De acuerdo con la JEP, el Bloque Oriental fue responsable del 34 % de los secuestros atribuidos a las Farc-EP en todo el país, mientras que el Bloque Sur concentró el 8 %. Sin embargo, el 18 % de las víctimas acreditadas ante la JEP señalan al Bloque Sur como responsable. Entre las 4.439 víctimas acreditadas, 1.239 atribuyen su secuestro al Bloque Oriental y 771 al Bloque Sur.La JEP documentó que ambos bloques actuaron bajo tres patrones criminales: secuestros para financiar la organización, para forzar intercambios por guerrilleros presos y para ejercer control social y territorial. En este último patrón se registraron trabajos forzados, castigos colectivos y asesinatos de personas que intentaron escapar del cautiverio.Con estas imputaciones, la Sala de Reconocimiento de Verdad cerró la investigación del Caso 01 y dejó delimitada la lista de responsables por el secuestro en las Farc-EP. El proceso entra ahora en la etapa de reconocimiento de responsabilidad, en la que los imputados deberán aceptar o rechazar los cargos en un plazo de 30 días.De haber reconocimiento, se avanzará hacia sanciones propias de carácter restaurativo; de lo contrario, los casos podrán ser remitidos al Tribunal para la Paz o a la Unidad de Investigación y Acusación, donde podrían derivar en juicios con penas de hasta 20 años de cárcel.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reiteró su llamado al Gobierno nacional para que se sume con recursos económicos a la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera, en Medellín.El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que, hasta ahora, el proceso de excavación ha sido sostenido principalmente con recursos de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, lo que ha permitido garantizar la continuidad de las labores en el corto plazo. No obstante, advirtió que la magnitud del trabajo que aún falta por realizar hace indispensable un respaldo económico directo del Gobierno nacional.“Es enorme lo que hay que mover de escombros y demás, pues sí es fundamental que el Gobierno nacional, digamos, de manera directa apoye económicamente para que esa búsqueda sea posible y no solamente la Alcaldía de Medellín, que es algo que yo he venido insistiendo hace mucho tiempo”, aseguró Ramelli.Desde el Tribunal para la Paz, el magistrado Gustavo Salazar Velázquez, de la Sección de Reconocimiento, explicó que el proceso en La Escombrera corresponde a una excavación continuada que demanda una alta cantidad de recursos. Según detalló, actualmente existe una bolsa conjunta de financiación integrada por aportes de la JEP, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.De acuerdo con el magistrado, la Jurisdicción Especial para la Paz aporta los equipos forenses y la mano de obra, mientras que la Alcaldía de Medellín ha asumido el cubrimiento del bienestar de las víctimas y el suministro de la maquinaria amarilla necesaria para las excavaciones.“En este momento estamos recontratando la maquinaria amarilla por parte de la Alcaldía de Medellín, la maquinaria retoma la semana entrante y estamos garantizando recursos hasta mediados, finales del mes de agosto y sabiendo de la alta exigencia de recursos, vinculamos al Gobierno nacional para que incorpore recursos para el proceso de excavación”, afirma el magistrado.En ese marco, explicó que ya se han iniciado conversaciones con distintas entidades para definir los mecanismos de aporte. Entre ellas, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y el Ministerio de las Artes, este último involucrado en el proceso de memorialización de La Escombrera, que se adelanta desde el año pasado y que cuenta con una fase avanzada.
El abogado jurídico del Clan del Golfo aseguró que la suspensión temporal de los diálogos con el Gobierno nacional se produjo luego de las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que calificó como “supremamente graves” y como un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa.Según Ricardo Giraldo, abogado contratado por el EGC para el proceso de paz total, las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desconocieron un punto central del proceso: “El respeto por la identidad de las partes”.En ese sentido, recordó que existe una resolución del 5 de septiembre de 2025 mediante la cual el presidente de la República reconoce la autodenominación del grupo como Ejército Gaitanista de Colombia y no como Clan del Golfo.“Si están unos diálogos, unas conversaciones, unas negociaciones, como lo quieran llamar, para salir del conflicto, yo creo que lo más importante es el respeto a la identidad de las partes, como una primera medida. Entonces, eso fue lo primero que se incumplió”, afirmó el abogado.Giraldo cuestionó además que el grupo fuera señalado como un “cartel” y como el dueño del narcotráfico en Colombia.“Lo señala como el cartel del clan del golfo, como si ellos fuesen los dueños del narcotráfico en Colombia. Y en la mesa ha quedado demostrado que eso no es así, mis representados controlan el mercado, eso no lo puede negar nadie, pero de que sean los dueños, no”, añadió Giraldo.Finalmente, el abogado explicó que la decisión de suspender los diálogos fue adoptada de manera temporal e indefinida, sin establecer plazos para su reanudación, y que el levantamiento de la suspensión dependerá de la respuesta que entregue el Gobierno nacional frente a las declaraciones cuestionadas.Desde el Gobierno, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, asegura que las órdenes de captura contra los principales líderes del Clan del Golfo se encuentran suspendidas, en el marco del espacio de conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno nacional con ese grupo armado ilegal.“Desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”, aseguran desde el comisionado en un comunicado.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
El informe RED-clutamiento 2.0 de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP documenta que al menos 1.749 menores de edad fueron reclutados en Colombia entre 2017 y 2026. Uno de los principales hallazgos es el uso sistemático de redes sociales para atraer a niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales.“Desde 2021, el reclutamiento de niños y niñas es el tipo de victimización a la población civil que más rápido crece en Colombia (por encima de masacres, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y confinamiento). Esto coincide con el uso sistemático de las redes sociales”, asegura el informe.De acuerdo con el documento, el 44 % de los casos registrados en 2025 estuvieron asociados directamente al reclutamiento a través de plataformas digitales.Las cifras muestran, además, un crecimiento sostenido: mientras en 2022 se registraron 151 casos de reclutamiento, en 2023 la cifra subió a 255; en 2024 alcanzó los 362 y en 2025 llegó a 386 casos. En apenas cuatro años, el incremento supera el 150 %, convirtiéndose en una de las violencias con mayor crecimiento en el país.De acuerdo con la UIA, el uso de TikTok y Facebook ha facilitado que los casos de reclutamiento se dupliquen mensualmente en algunos territorios. Antes de la expansión del reclutamiento digital, estos hechos se concentraban en 97 municipios; hoy se registran en 248 municipios, lo que representa un aumento del 156 %.“Las redes sociales han propiciado que se presenten casos de reclutamiento en lugares donde jamás habíamos registrado hechos (inclusive en la época más álgida del conflicto armado con las Farc-EP)”, subraya el informe.Según el documento, los reclutadores digitales reproducen estereotipos de género binarios para hacer más atractiva la oferta y generar identificación entre niños y adolescentes. En algunos casos, convocan a menores a supuestos torneos de fútbol, asegurando que asistirán cazatalentos extranjeros que los llevarán a equipos profesionales fuera del país.El escrito señala que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, son el grupo armado que más niños recluta a través de redes sociales. Esta estructura concentra 116 cuentas activas en Facebook y TikTok, con publicaciones que alcanzan en promedio más de 20.000 visualizaciones y, en algunos casos, millones de reproducciones.Su principal zona de operación está en el suroccidente del país, especialmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, departamentos donde opera el 67 % de las cuentas identificadas.En total, el informe identificó 186 cuentas en redes sociales vinculadas a actividades de reclutamiento, con un promedio de 6.700 seguidores por cuenta.La UIA alerta que, si no se adoptan medidas urgentes de prevención y control, entre 2026 y 2030 podrían registrarse más de 2.300 nuevos casos de reclutamiento, lo que equivaldría a que un menor sea vinculado a un grupo armado cada 12 horas.
Mientras Colombia cerró 2025 como el año con la mayor crisis humanitaria de las últimas dos décadas, los territorios más golpeados por el conflicto armado continúan registrando avances en la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Así lo señala el V Informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad, presentado este jueves 30 de enero en Bogotá.De acuerdo con el Comité, 2025 dejó la cifra más alta de desplazamientos forzados en los últimos 18 años y más de un millón de personas confinadas por la acción de grupos armados, lo que triplicó los registros del año anterior.Para la presidenta del Comité, Julia Eva Cogollo, esta situación se explica por el traslape entre los territorios priorizados por los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y las zonas donde se ha incrementado la presencia de actores armados.Según explicó, este contexto ha llevado al Gobierno a focalizar la implementación de políticas públicas en las regiones más afectadas como una forma de mitigar el impacto humanitario. Sin embargo, el Comité advierte que la persistencia de la violencia sigue siendo un obstáculo para que las comunidades puedan ejercer plenamente sus derechos.Entre los principales avances, el informe destaca la reducción del Índice de Pobreza Multidimensional en las zonas PDET, que pasó de 39,8 % en 2018 a 23,7 % en 2023, aunque en 2024 se ubicó en 24,4 %. También resalta el fortalecimiento de iniciativas de acceso a tierras y proyectos productivos liderados por mujeres. Regiones como Montes de María, la Costa Pacífica, el norte del Cauca y el sur de Bolívar concentran avances relevantes, aunque, según el Comité, estas mismas zonas enfrentan altos niveles de riesgo por la violencia armada.De cara al escenario electoral y a la llegada de nuevos gobiernos, el Comité considera que la política PDET se encuentra blindada tras su ampliación hasta 2034. No obstante, advierte riesgos si en la actualización de los planes de acción no se incorporan las 220 recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Frente a la continuidad de la transformación rural, la presidenta del Comité envió un mensaje directo a los próximos gobiernos y a los candidatos. “El primer mensaje que queremos enviar es a los candidatos. Uno, que saquen la violencia de la política, por favor. Y el segundo que le queremos incluir es que incluyan las recomendaciones en sus programas de gobierno y posteriormente en el plan de desarrollo”, afirmó.Finalmente, Cogollo advirtió que el mayor riesgo para la no repetición en Colombia sigue siendo la combinación entre la violencia armada y la crisis humanitaria. “El mayor riesgo que tenemos es la presencia alta de actores armados y la crisis humanitaria. Y el desbalance que hay realmente en la presencia de actores armados versus implementación de políticas públicas que no garantizan el gozo efectivo de los derechos”, concluyó.