El mensaje fue expresado por monseñor Héctor Fabio Henao, obispo delegado para las relaciones Iglesia-Estado, quien insistió en que el país necesita “hacer unos ejercicios muy concretos” para garantizar que las elecciones sean libres.“El país necesita, indudablemente, hacer unos ejercicios muy concretos para proteger que las elecciones sean libres, que la gente pueda votar de manera informada”, afirmó.En esa línea, subrayó que los ciudadanos deben contar con “los elementos suficientes para votar” y que el debate democrático debe darse sin poner en riesgo la vida.Uno de sus mensajes centrales fue el rechazo al uso del miedo como herramienta política. “El miedo no puede ser el condicionamiento para votar, el miedo no puede ser el elemento que domine las elecciones en un momento tan histórico como este”, enfatizó.Para monseñor Henao, Colombia atraviesa “un momento muy clave de la vida del país”, lo que exige no solo garantías materiales y de seguridad, sino también una transformación en la manera como se construye el debate público.“Hay que hacer un ayuno del lenguaje del odio, hay que hacer un ayuno del lenguaje que humille, que excluya y que estigmatice”, sostuvo. Según explicó, si se quieren elecciones libres y manejadas de manera responsable y ética, es necesario renunciar a los discursos que descalifican completamente al otro y que no aportan a la democracia.El obispo concluyó que el país necesita un lenguaje “propositivo y generador de democracia, diálogo y encuentro”, como base para que el proceso electoral no solo sea formalmente válido, sino también legítimo y libre de presiones.
La Defensoría del Pueblo alertó que, de acuerdo con los registros de la Fiscalía General de la Nación, durante 2025 se reportaron 118 feminicidios y 333 tentativas, además de 28 transfeminicidios.En términos de tasas por cada 100.000 mujeres, Caquetá, Amazonas y Casanare encabezan los indicadores más altos del país, seguidos por San Andrés, lo que muestra una concentración en regiones de la Amazonía y zonas de frontera.En lo corrido de enero de 2026 ya se han registrado 2 feminicidios y 26 tentativas.Violencia sexual: niñas y adolescentes, las principales víctimasLa Defensoría subraya que los delitos sexuales continúan siendo uno de los delitos con mayor volumen de casos. En 2025 se registraron 15.729 hechos contra mujeres, de los cuales 8.644 corresponden a niñas y adolescentes, es decir, más de la mitad de las víctimas.Las tasas más elevadas se concentran en Vaupés, Guaviare, Guainía y Amazonas. En enero de 2026 ya se contabilizan 963 casos, 453 de ellos contra menores.Trata de personas en territorios de fronteraEn 2025, 193 mujeres fueron víctimas de trata de personas; 95 eran mayores de edad y 41 niñas o adolescentes. Las tasas más altas se registran en Norte de Santander y San Andrés, seguidos por Meta y Bogotá.Explotación sexual infantil y violencia intrafamiliarLa explotación sexual de niñas y adolescentes suma 151 casos en 2025. Guaviare, Vichada, Amazonas y Antioquia presentan las mayores tasas.Por su parte, la violencia intrafamiliar continúa siendo una de las expresiones más recurrentes de agresión contra las mujeres, con 14.860 casos registrados en 2025. Los departamentos con tasas más elevadas son Vaupés, Boyacá, Guaviare y Guainía.“Las cifras de violencias basadas en género durante 2025 y enero de 2026 evidencian que los feminicidios, la violencia intrafamiliar, los delitos sexuales, la explotación sexual de niñas y adolescentes y la trata de personas siguen siendo una realidad persistente que exige una acción urgente e integral”, aseguró la Defensoría del Pueblo.Finalmente, la entidad insistió en que “la garantía y protección de los derechos de las mujeres es una responsabilidad ineludible del Estado colombiano”.
Las consecuencias de los enfrentamientos armados entre el ELN y el frente 33 de las disidencias de las Farc en zona rural de Tibú, siguen impactando la vida cotidiana de cientos de familias.El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) entregó asistencia humanitaria a más de 770 personas que resultaron afectadas por recientes hechos de violencia en tres comunidades del municipio.“Recientemente la población civil se vio afectada por confrontaciones y otros riesgos. Muchas personas tuvieron que desplazarse, mientras otras se quedaron confinadas en sus casas, impedidas de acceder a sus alimentos y a la pesca”, subrayó Georgia Kramer, delegada del CIRC.La ayuda consistió en kits de higiene y alimentación, priorizados tras una evaluación realizada por un equipo de la organización. Según el CICR, la visita permitió identificar las afectaciones que enfrentan las comunidades, entre ellas desplazamientos forzados, confinamientos y limitaciones para movilizarse dentro y fuera de sus veredas.“Estos elementos que han sido bien recibidos por la comunidad en un momento en el que tienen muchas dificultades para poder acceder a sus medios de ingresos y obviamente para el consumo de alimentos”, aseguró Oswaldo Mancilla, responsable de seguridad económica de la subdelegación del CICR en Cúcuta.La organización señaló que durante el diálogo con líderes comunitarios y habitantes de la zona, se evidenció que varias familias tuvieron que abandonar temporalmente sus viviendas, mientras otras permanecieron confinadas por temor a nuevos enfrentamientos.Esta situación no solo restringió su movilidad, sino que también les impidió acceder a sus cultivos, trabajos y fuentes de ingreso, aumentando la dificultad para conseguir alimentos y productos básicos.Con base en lo anterior, el CICR concentró su respuesta en las comunidades con mayores niveles de afectación y urgencia.“La comunidad no cuenta hoy en día con trabajos, se han puesto los trabajos escasos y muchos hogares no cuentan con los alimentos necesarios para los niños ya que la comunidad cuenta con una gran cantidad de niños”, señaló una de las personas beneficiarias, al referirse a la inestabilidad económica que atraviesan tras los hechos de violencia.Otro de los beneficiarios insistió en que la prioridad sigue siendo garantizar condiciones para el retorno de quienes salieron desplazados.“Lo que necesitamos es alimentos que aún no tenemos por la situación que vivimos de esta guerra que estamos viviendo dentro de nuestro Catatumbo. Pues nosotros queremos que nuestras comunidades desplazadas, nuestros habitantes desplazados vuelvan a nuestro territorio para que estemos todos unidos ya que esto está quedando totalmente solo”.
En un operativo adelantado en zona rural de Ituango, tropas del Ejército lograron el sometimiento voluntario a la justicia de tres presuntos integrantes de la Subestructura 18 de las disidencias de las Farc y la recuperación de una menor de edad que habría sido reclutada por esa organización ilegal.La acción se desarrolló en el corregimiento Santa Rita, donde unidades del Batallón de Infantería N.° 10 Coronel Atanasio Girardot, adscrito a la Cuarta Brigada, ejecutaron la operación con apoyo de la Policía Nacional de Colombia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y el CTI de la Fiscalía General de la Nación. El despliegue permitió extraer con vida a los desmovilizados y garantizar la protección de la adolescente de 14 años.Según información oficial, los hombres harían parte de la comisión armada de seguridad de alias 'Ramiro', señalado cabecilla principal de la estructura ilegal. Uno de los sometidos relató que llevaba cerca de cuatro años en el grupo, luego de haber sido reclutado de forma forzada cuando era menor de edad.Durante el procedimiento, los desmovilizados entregaron una pistola, 51 cartuchos y dos radios de comunicación, material que quedó en manos de las autoridades para su judicialización. La menor, por su parte, fue puesta bajo rutas de protección para restablecer sus derechos.El Ejército señaló que este resultado evidencia el impacto de la ofensiva militar sostenida en el norte antioqueño, que ha debilitado las estructuras armadas ilegales y abierto espacios para que integrantes abandonen las armas. Las autoridades destacaron que estas acciones también permiten obtener información estratégica para futuras operaciones contra grupos residuales
A tres meses de los primeros amistosos en Estados Unidos, México y Canadá en la antesala del Mundial, comenzó la carrera de las diversas selecciones para definir la lista de los 26 convocados que disputarán este torneo, entre esas, la Selección Colombia de Néstor Lorenzo, que en marzo tendrá dos duelos amistosos contra Francia y Croacia.El 11 de mayo Néstor Lorenzo deberá entregar la prelista de convocados que será conformada entre 30 y 55 futbolistas, de los cuales solo 26 disputarán el torneo. Algunos nombres como Luis Díaz, Daniel Muñoz, James Rodríguez, Luis Suárez, entre otros, son los más ‘claros’ en hacer parte de la lista final, pero otros dependerán más de lo que pueda pasar hasta esa fecha.Esta sería la lista de convocados de Néstor Lorenzo para el MundialSi bien falta mucho para que llegue esa fecha, el periodista Pipe Sierra dio detalle de los nombres que, hasta ahora, se han manejando en el entorno de la Selección Colombia para hacer parte de esa preslita de la que saldrán los 26 nombres, los cuales son:Arqueros:Camilo Vargas, David Ospina, Álvaro Montero, Juan Castillo, Devis Vásquez, Jordan García.Laterales izquierdos:Johan Mojica, Álvaro Angulo, Deiver Machado, Cristian Borja.Laterales derechos:Daniel Muñoz, Santiago Arias, Andrés Felipe Román, Mateo Castillo.Defensores centrales:Yerry Mina, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Willer Ditta, Yerson Mosquera, Carlos Cuesta, Juan David Cabal, Jhojan Romaña.Volantes de primera línea:Jefferson Lerma, Richard Ríos, Juan Camilo Portilla, Nelson Deossa, Gustavo Puerta, Kevin Castaño, Jhon Solís, Rafael Carrascal, Jorman Campuzano, Sebastián Gómez, Eduard Atuesta.Volantes ofensivos:James Rodríguez, Jhon Arias, Juan Fernando Quintero, Yaser Asprilla, Johan Rojas, Jordan Barrera, Jorge Carrascal.Extremos:Luis Díaz, Carlos Andrés Gómez, Johan Carbonero, Kevin Serna, Jaminton Campaz, Marino Hinestroza.Delanteros:Luis Suárez, Jhon Córdoba, Dayro Moreno, Rafael Santos Borré, Juan Camilo “Cucho” Hernández, Roger Martínez.De estos nombres saldrían los 26 convocados, de los cuales algunos son casi un hecho. Por el momento, la lista no ha sido confirmada ni por la FCF ni por el técnico, pero estos se han dado con base al proceso que ha tenido el técnico en los últimos cuatro años en donde muchos de ellos han sido tenidos en cuenta para algunas fechas.
La dirección nacional del Partido Liberal Colombiano, liderada por el expresidente César Gaviria Trujillo, pidió a su militancia no participar en las consultas interpartidistas programadas para el próximo 8 de marzo.La colectividad argumentó que no cuenta con candidatos propios ni representación en ese proceso, por eso piden mantener esa postura de abstención institucional frente a esta etapa de las elecciones presidenciales de 2026.Según el comunicado, al no tener una figura que represente las banderas del partido en ninguna de las tres consultas, no es apropiado intervenir institucionalmente y pide centrar los esfuerzos en las elecciones legislativas para Congreso de la República y consolidar una bancada fuerte que permita mantener y ampliar su presencia en el Legislativo.Aun así, el partido enfatizó que se respeta la autonomía de cada militante para actuar según su criterio personal.Así las cosas, el partido Liberal se suma al Pacto Histórico y a Cambio Radical, que han pedido a sus simpatizantes no participar en dichas consultas y, por el contrario, concentrarse en las campañas de cara a la primera vuelta o al Congreso.
En horas de la tarde de este martes, 24 de febrero, Atlético Nacional aterrizó en Bogotá para preparar el partido que disputará vs. Independiente Santa Fe por el partido aplazado de la fecha 5 de la Liga BetPlay, sin embargo, su llegada se volvió viral por una foto en especial.A través de redes sociales, Atlético Nacional mostró fotos de la llegada de los futbolistas al aeropuerto internacional El Dorado, pero al lado de ellos se vio al influencer y creador de contenido Westcol, quien llamó la atención de todos los hinchas y generó varias preguntas de por qué estaba con el equipo profesional.¿Por qué Westcol llegó con Atlético Nacional a Bogotá?Blu Radio contactó a Atlético Nacional para conocer la razón por la cual el creador de contenido llegó con el equipo profesional y aseguraron que “fue una casualidad”, ni el influencer ni el equipo tenían planeado llegar juntos y simplemente se encontraron en el mismo vuelo.Pese a los rumores que se generaron en redes sociales sobre una supuesta “alianza comercial” con el creador de contenido, la realidad es que no hay ninguna relación por parte del club con él.¿Cuándo jugará Atlético Nacional?El cuadro verdolaga disputará este miércoles, 25 de febrero, un duelo importante por la Liga BetPlay frente a Independiente Santa Fe cuando visite el estadio Nemesio Camacho El Campín por el duelo aplazado de la fecha 5.Duelo crucial para que los dirigidos por Diego Arias se posicionen mejor en la parte alta de la tabla de posiciones antes de su duelo vs. Millonarios por la fase previa de la Copa Sudamericana el próximo 4 de marzo.
Tras confirmarse su renuncia del Centro Democrático, el presidente de Fedegan, José Félix Lafaurie, aseguró que su decisión no buscaba generar alguna afectación a la candidatura de Paloma Valencia, sin embargo, en diálogo con Recap de Blu Radio, aseguró que en la carrera por la Presidencia estará de lado de Abelardo de la Espriella, pese que su esposa, María Fernanda Cabal, sí lo hará.“Yo merezco un mínimo de respeto. A mí me sorprendió la filtración de esa carta. Después supimos quién la filtró, de qué manera la filtró, nunca entendimos para qué la filtró. No obstante, seguí tramitando ante el partido la necesidad de conocer la realidad de lo que fue el proceso. A la fecha no he recibido ninguna información, ni buena ni mala (…) En la carta de renuncia yo dejo a salvo a Paloma Valencia, que nada tiene que ver con mi desagrado y con el maltrato”, dijo el presidente de Fedegan.En ese orden ideas, Lafaurie aseguró que su decisión de salir del Centro Democrático se dio más porque se “sintió ofendido” por parte de ellos en la elección del candidato, cuando fue elegida Paloma Valencia y el trabajo que hizo la firma chilena, que tanto él como María Fenanda Cabal consideran que “no se hizo de forma correcta”.“María Fernanda ha guardado prudente silencio, no ha querido salirle a este tema. He salido yo porque me siento ofendido, y me siento ofendido porque sé cómo le metieron las manos, sé quién le metió las manos (…) Entonces llega un momento que uno dice, a esta edad ya a esta edad de la vida, 70 años, tener que seguirse aguantando semejante, sí, ofensas, porque son ofensas”, puntualizó.Reiteró que María Fernanda Cabal sí apoyará a Paloma Valencia en la consulta del 8 de marzo, al igual que en las elecciones si llega a estar en la contienda para primera vuelta.“Ella siempre ha cumplido sus compromisos, es que ella sigue siendo una senadora del Centro Democrático. Es que el país no puede olvidar que ella sacó más de 200.000 votos, incluso, por lo menos 2 senadores del partido se deben a que ella logró sacar más allá de lo que estableció la cifra repartidora. Ya tiene un derecho en el partido”, añadió.
La declaratoria de la emergencia económica para atender las emergencias causadas por las lluvias o la polémica por el salario mínimo son algunos de los temas que han generado incertidumbre por el futuro económico de Colombia y, ante dicha preocupación, empresarios dieron algunas visiones de lo que podría ocurrir en los próximos meses en el país.Una de las primeras en hablar fue la presidenta del Grupo AVAL, María Lorena Gutiérrez, quien fue enfática en asegurar que "hay que dejar de pensar en el cortoplacismo para evitar que se amplíe la incertidumbre y que no se diga, si queda X o Y el país se va a acabar”."Creo que tenemos que tratar de evitar la polarización, y y para yo renunciaría ataques, a los ataques entre el sector privado, a los ataques entre el público y el privado, a los ataques con las comunidades, al a los ataques con con la política", indicó la presidenta del Grupo AVAL.El mensaje, en un tono conciliador de Gutiérrez, fue seguido por un mensaje más directo por parte de la presidenta de JP Morgan, Ángela Hurtado, quien fue tajante al decirle a los empresarios que uno de los retos más grandes que hay en Colombia es la formalización de millones de empleos."Estamos en la inmunda con este nivel de informalidad. Creo que yo, empezando por mí, renunciaría al negativismo y a metérsela todo a Colombia", expresó Hurtado.A pesar de que los representantes del sector bancario también se refirieron a que una de las prioridades serán los clientes, siguieron escuchándose algunas perspectivas económicas que, en algunos casos, representan preocupaciones como para Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, quien insistió que Colombia no tiene un plan a seguir para el futuro."Necesitamos energía, claro que necesitamos energía, necesitamos infraestructura, la necesitamos, necesitamos salud, necesitamos salud, necesitamos finanzas públicas, claro que necesitamos finanzas. Lo que no tenemos es como el sueño de dónde Colombia va a ser realmente una potencia,¿cómo hacemos para hacer una potencia en algo?", insistió Mac Master.En este sentido, y pensando en un plan para que el país tenga un rumbo a 10 años, la presidenta del Consejo Privado de Competitividad, Ana Maiguashca, manifestó que la transformación que necesita el país no lo puede hacer ningún gobierno."Esa transformación no la va a hacer ningún gobierno. Esto depende de nosotros. El PIB se produce aquí. El PIB no se produce en ningún gobierno, se destruye a menudo y por estos días cada día más a menudo, pero lo producimos aquí. Y eso quiere decir que la transformación de las condiciones sociales se produce aquí", aseveró la presidenta del Consejo Privado de Competitividad.La conclusión que sacaron los empresarios desde la capital de Antioquia es que la economía del país necesita tomar algunos impulsos adicionales para tomar un nuevo rumbo que permita que Colombia crezca de manera sostenida.
Varios habitantes del corregimiento de Conejo, en La Guajira, se reunieron en la plaza principal para participar de la ‘Bailatón por la Paz’, una actividad organizada por el Movimiento Caribe de Artistas, en el que además se sumaron miembros del Bloque Martín Caballero de las Farc, quienes mostraron en la pista sus dotes para el baile. “Los organizadores de este evento nos retaron a que echáramos en la pista de baile un pasito tum tum por la paz, y nosotros que somos personas con tradiciones también de bailes de música que nos gusta. Aceptamos el reto y echamos un pasito en la pista, como estamos dispuestos también a echar cualquier pasito que sea a favor de la paz”, dijo Alirio Córdoba, miembro mayor del Bloque Martín Caballero de las Farc. Los niños también hicieron participes de esta actividad realizada en rechazo a la decisión de la ONU de retirar a los observadores que se ven en un vídeo bailando con guerrilleras. Habitantes de este corregimiento dijeron sentirse contentos, pues dicen que actividades como estas han sacado del anonimato a esa parte de La Guajira.
El secretario general de la ONU, António Guterres, agradeció al presidente ecuatoriano, Rafael Correa, el apoyo que está prestando su país a un eventual proceso de paz entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN), informaron fuentes oficiales. Guterres y Correa se reunieron este viernes en la sede de Naciones Unidas después de un acto oficial en el que Ecuador tomó el relevo de la Presidencia anual del Grupo de los 77 más China, que el año pasado estuvo presidido por Tailandia. Según informó la oficina de prensa de Guterres, el secretario general de la ONU felicitó a Ecuador por quedar al frente de ese foro, que reúne a naciones en desarrollo. "El secretario general elogió a Ecuador por el apoyo que está brindando al proceso de paz colombiano", dijo la nota oficial que da cuenta de los temas abordados en la reunión. Ya desde 2014, Ecuador confirmó que representantes del Gobierno colombiano y del ELN habían mantenido un diálogo en ese país como parte de un acercamiento con vistas a terminar el conflicto armado. Negociadores del Gobierno de Colombia y esa guerrilla iniciaron en Ecuador este viernes una serie de "contactos exploratorios" con miras a fijar el establecimiento de una fase pública de negociación. El diálogo ha estado condicionado a la liberación del excongresista Odín Sánchez, secuestrado el 3 de abril pasado por el ELN, el segundo grupo guerrillero más importante de Colombia después de las FARC, con el que ya se ha firmado un acuerdo de paz. Escuche en este audio más información sobre: -En el Norte del Valle lincharon a un hombre que atacó a cuchillo a cuatro personas, entre ellas a un menor de edad. -En Luruaco, municipio del departamento del Atlántico, una joven de 15 años fue asesinada de una puñalada en el abdomen por su novio, otro menor de edad, quien se encuentra huyendo.
La Oficina del Alto Comisionado Para la Paz confirmó a Blu Radio que desde la firma del acuerdo se han realizado reuniones para discutir con las Farc y definir los puntos de las 20 emisoras en FM de interés público en las zonas más afectadas por el conflicto, que una vez definidos deberán ser validados por RTVC y el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. En la reunión realizada la semana pasada y los encuentros siguientes se están evaluando los primeros sitios tentativos de las emisoras, escuchando las propuestas de lugares por parte de las Farc y mirando las coordenadas de estos sitios para ver si cumplen con los requisitos. ¿Quiénes definen esto? Los miembros del Comité de Comunicaciones Conjunto, compuesto por delegados del Gobierno Nacional y de las Farc en representación de Jesús Santrich y Victoria Sandino. Una vez definidos los puntos todas las 20 emisoras deberán estar funcionando en un plazo de 12 meses con los contenidos de pedagogía de los acuerdos. Sin embargo, la Oficina de Alto Comisionado Para la Paz aseguró que el funcionamiento de las emisoras se dará en tiempos diferentes, pues una vez se defina el punto, se iniciará con el proceso de construcción. Recordemos que este proyecto que hace parte del punto 6.5 que trata las Herramientas de difusión y comunicación en el acuerdo de paz establece que las 20 emisoras serán asignadas a Radio Televisión Nacional de Colombia - RTVC, con el objetivo de hacer pedagogía de los contenidos e informar sobre los avances de la implementación del Acuerdo Final. Escuche en este audio más información sobre: -En la vía Pamplona-Bucaramanga se registró un grave accidente de tránsito donde un bus intermunicipal rodó a un abismo. El conductor falleció en el lugar y hay varios heridos leves. -Con un cuerpo de paz, integrado por practicantes universitarios y vicealcaldes de seguridad, el gobernador de Antioquia buscará que los guerrilleros concentrados no deserten. Aseguró que pese a que esto genere polémica, es la única solución ante la falta de propuestas del gobierno. Alejandro Calle -La selección Colombia sub-20 de fútbol viajará este domingo a Ecuador donde se disputará el sudamericano a partir del próximo miércoles.
El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, reveló que las autoridades incautaron media tonelada de cocaína que pertenecía a la disidencia de la guerrilla de las Farc en Tumaco, Nariño. Según información de inteligencia, con esto la disidencia buscaba mantener recursos para obtener armas y dinero. “Se hizo un allanamiento en la zona de El Pino, en el municipio de Tumaco donde se detuvo a una persona y encontró media tonelada de cocaína lista para exportarla a Centroamérica y los mercados del norte del continente para mantener a esa disidencia de las Farc”, señaló el jefe de la cartera de Defensa. Asimismo, el funcionario resaltó que se desplegó un operativo especial por parte de las Fuerzas Militares, pues quien esté fuera del proceso “será objetivo militar”.
El presidente Juan Manuel Santos recibirá la próxima semana un reconocimiento por su trabajo por la paz de Colombia, durante la cuadragésima séptima reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM), que se celebrará en la ciudad suiza de Davos del 17 al 20 de enero. La ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Claudia Lacouture, indicó que en el certamen anual habrá un reconocimiento especial a Colombia por la búsqueda de la paz y por las oportunidades económicas que ofrece. Colaboración, crecimiento, reforma al capitalismo y preparación para la cuarta revolución industrial son los temas para esta reunión del Foro Económico Mundial. Cerca de 3.000 participantes de gobiernos, empresas e instituciones de setenta países estarán en las 400 sesiones previstas en el evento. Entre los participantes de este año figuran el Presidente de China, Xi Jinping, y el nuevo Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. El miércoles 18 de enero el presidente Santos, Premio Nobel de Paz 2016, recibirá el premio Estadista Global en la sesión plenaria titulada ‘Construyendo la paz en Colombia’, que se llevará a cabo en el Palacio de Congresos de la ciudad alpina. Minutos antes, el gobernante colombiano tendrá una reunión bilateral con el profesor Klaus Schwab, fundador y presidente del Foro de Davos. Seguidamente habrá una sesión titulada ‘Invertir en la paz’, en la cual se analizará la inversión en entornos de posconflicto. Ese mismo día, a las 6:30 pm hora de Suiza (12:30 pm en Colombia), el Presidente Santos ofrecerá una conferencia de prensa. El jueves, el presidente de Colombia encabezará una reunión con empresarios sobre la inversión en Colombia y más tarde asistirá a un encuentro de la Alianza para Bosques Tropicales 2020. Finalmente, después del mediodía (6:30 am hora de Colombia) el mandatario colombiano participará en el conversatorio ‘Perspectivas del conflicto a la consolidación de la paz’.
Con el inicio de la Cuaresma, la Conferencia Episcopal de Colombia, a través del Secretariado Nacional de Pastoral Social–Cáritas Colombiana, lanzó la Campaña de Comunicación Cristiana de Bienes 2026, una iniciativa que se desarrollará en todo el país y que este año prioriza la atención a departamentos como Córdoba, Sucre y la región del Urabá, donde las lluvias han generado graves afectaciones."Para que, más allá de nuestras diferencias, pongamos en el corazón de nuestra preocupación a todos nuestros hermanos y hermanas que están experimentando un sufrimiento muy grande, y que no es de poco tiempo, sino que va a requerir un esfuerzo muy grande para ayudar también a todos los procesos de reconstrucción de viviendas, de caminos, de escuelas”, aseguró Monseñor Francisco Javier Múnera, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia.Según explicó la Iglesia, los recursos recaudados fortalecerán el Servicio Nacional de Emergencias de Cáritas Colombiana, que durante 2025 respondió a 25 emergencias. En ese periodo atendieron a más de 12.000 personas, correspondientes a 3.336 familias, mediante la entrega de kits de alimentos, higiene, elementos de noche, cocina y apoyo para bebés, con una inversión cercana a los 832 millones de pesos.Según el balance entregado, en lo corrido de 2026, la organización ya ha destinado 228 millones de pesos para apoyar a comunidades afectadas en municipios como Montelíbano, Apartadó, Riohacha, Guapi e Istmina, en un contexto que, según advirtieron los obispos, requerirá esfuerzos sostenidos para la reconstrucción de viviendas, infraestructura comunitaria y medios de vida.La Iglesia hizo un llamado a los colombianos a sumarse a la campaña a través de las parroquias del país o mediante donaciones al fondo nacional de emergencias, con el fin de “convertir la fe en acción concreta, estructurada y transparente, para que la caridad se traduzca en esperanza real para miles de familias que hoy enfrentan la adversidad”.
En Colombia, más de 9 millones de ciudadanos han sido obligados a abandonar sus hogares como consecuencia del conflicto armado, el control territorial de grupos ilegales y las disputas por economías ilícitas, un fenómeno que durante décadas ha profundizado la pobreza, la exclusión y la desigualdad en amplias regiones del país.En este contexto, el Departamento Nacional de Planeación, la Unidad para las Víctimas y Prosperidad Social, presentó el CONPES 4180, una nueva política pública que proyecta una inversión de 10,1 billones de pesos, que busca establecer soluciones duraderas para las víctimas de desplazamiento forzado. El documento, aprobado el 30 de diciembre de 2025, traza una hoja de ruta con 66 acciones orientadas a facilitar la estabilización socioeconómica de esta población.De acuerdo con el DNP, el objetivo es coordinar una respuesta institucional que permita superar las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan millones de víctimas. “Es un documento que coordina acciones, 66 acciones intersistémicas, intersectoriales, con un presupuesto indicativo de 10 billones de pesos”, explicó la directora de la entidad, Natalia Irene Molina.La meta es que al menos el 75 % de las víctimas logre superar su situación de vulnerabilidad mediante el acceso a empleo, generación de ingresos e integración social, ya sea a través del retorno a sus territorios, la reubicación o su permanencia en las comunidades donde reconstruyeron sus vidas.Desde la Mesa Nacional de Víctimas, Odorico Guerra Salgado, coordinador del eje temático de desplazamiento forzado, advirtió que el principal desafío será que las medidas anunciadas se traduzcan en acciones concretas en los territorios.“Nosotros primero que todo esperamos que haya una verdadera voluntad política por parte de las instituciones del gobierno nacional para que esa implementación del CONPES de soluciones duraderas sea exitosa en los territorios y que ojalá no sea una ni dos, sino todas las 66 acciones que están contenidas en el CONPES 4180 se puedan hacer realidad”, señaló.Giovanni Lepri, representante en Colombia de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), aseguró que la política representa un avance, aunque sus resultados se verán con el tiempo. “El CONPES para nosotros es un punto de partida, no es un punto de llegada, pero es un punto de partida muy relevante porque es la primera vez que hay una política pública estructurada alrededor de buscar soluciones”, afirmó.Lepri también advirtió que muchas víctimas han vivido durante años en condiciones de vulnerabilidad, especialmente en entornos urbanos, donde la integración social y el acceso efectivo a derechos siguen siendo un desafío.“Hay personas que llevan una situación de vulnerabilidad causada por el desplazamiento desde hace muchos años, entonces ya por ejemplo vemos que el 70 % más de la población desplazada quiere quedarse en áreas urbanas, (…) lo que van a hacer van a ser ciudadanos de las ciudades que ya los han recibido hace muchos años, pero le ha faltado esta parte de regularización y de un acceso a derechos de coste efectivo de sus derechos”, explicó.El documento contempla la articulación de 24 entidades del orden nacional y territorial, responsables de ejecutar las acciones previstas. No obstante, el propio Departamento Nacional de Planeación reconoció que los recursos dependerán de la disponibilidad fiscal y de las decisiones presupuestales de cada entidad.
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, le pidió a la Corte Constitucional declarar inconstitucional el Decreto 1390 de 2025, mediante el cual el Gobierno declaró el estado de emergencia económica y social en todo el país.No obstante, solicitó que la Corte “declare la inconstitucionalidad del Decreto 1390 de 2025, modulando sus efectos para que sean diferidos únicamente en lo que respecta a la vigencia de las medidas destinadas a conjurar la crisis en el sector salud”.En un documento enviado al magistrado Carlos Camargo Assis, la defensora examinó tres de las causas que el Gobierno presentó como fundamento de la emergencia: el cumplimiento de órdenes judiciales relacionadas con la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y la financiación del sistema de salud; el deterioro de la seguridad territorial y los riesgos para líderes sociales, defensores de derechos humanos y candidatos electorales; y el atraso en el pago de indemnizaciones a víctimas del conflicto armado.Crisis en salud y financiación de la UPCEn materia de salud, la Defensoría recuerda que desde 2016 se estableció como estándar mínimo que la UPC del régimen subsidiado no sea inferior al 95 % de la del régimen contributivo. La persistencia en los incumplimientos ha generado incluso incidentes de desacato.Según cifras recopiladas por la entidad, en 2025 la Adres destinó $88,4 billones a la UPC, lo que representa el 88 % de los recursos del sistema. Para 2026 se proyectan $101 billones, un incremento del 14,3 %.“No obstante, las EPS reportaron una siniestralidad del 109,5 %, que implicó un déficit presupuestal estimado de $5,95 billones, sin incluir los $5,2 billones adicionales correspondientes a gastos administrativos”, señala el documento.La Defensoría advierte que “la evidencia disponible indica que el ajuste proyectado de la UPC para 2026 corrige solo parcialmente el problema, pues subsisten déficits estructurales acumulados de vigencias anteriores. De hecho, el requerimiento fiscal de 3,3 billones que indica el Gobierno en el Decreto 1390 puede incrementarse si se consideran las deudas acumuladas del sistema, estimadas entre $10 y $30 billones, respecto de las cuales no existe consenso”.La entidad también señala que el desfinanciamiento ha impactado directamente el acceso a medicamentos y servicios. “En definitiva, el panorama descrito permite concluir que la desfinanciación de la UPC configura una situación de gravedad e inminencia que exige una respuesta urgente del Estado orientada a asegurar la búsqueda de fuentes adicionales de recursos que facilite la estabilidad de los pagos en la cadena de atención y la protección efectiva de las personas, especialmente las más vulnerables”.Las cifras respaldan esa advertencia. Las quejas por fallas en la prestación del servicio aumentaron 78 % entre 2023 y 2025. Solo en 2025 se registraron más de 46.000 reclamaciones. También crecieron las tutelas y los reclamos ante la Superintendencia de Salud, con cerca de 685.000 quejas por medicamentos. Además, el gasto de bolsillo de los hogares alcanzó su nivel más alto en años, llegando en algunos departamentos hasta el 30 % de los ingresos familiares.Sin embargo, pese a reconocer la gravedad de la situación, la Defensoría argumentó que “ninguna de estas causas cumple el presupuesto fáctico de sobreviniencia” y que el Gobierno “no demostró la insuficiencia de los mecanismos ordinarios”, entre ellos la “reasignación del presupuesto flexible” y las “operaciones de crédito público”.Seguridad y orden públicoEl segundo argumento del Gobierno fue el deterioro del orden público, los ataques con drones en departamentos como Cauca, Cesar y Norte de Santander, y el aumento del riesgo para líderes sociales y candidatos en el contexto electoral.La Defensoría señala que solo en 2025 se documentaron 177 homicidios de personas defensoras de derechos humanos. También aumentaron las amenazas contra actores políticos.Sin embargo, la entidad sostiene que la violencia contra líderes sociales ha sido advertida durante años a través del Sistema de Alertas Tempranas. Incluso el uso de drones con explosivos ya había sido documentado antes de la declaratoria de emergencia.“Si bien los riesgos para la población líder y defensora de derechos humanos, así como para los y las candidatas son graves, el Decreto no identifica un riesgo efectivo capaz de materializarse en un daño concreto e inminente”.Además, recuerda que el Congreso ya había aprobado aumentos presupuestales para el sector defensa y para la Unidad Nacional de Protección.Reparación a víctimasEl tercer punto analizado fue el atraso en el pago de indemnizaciones a víctimas del desplazamiento forzado.Según el documento, “el gobierno había pagado indemnizaciones a un total de 1.769.413 víctimas”, cifra que “corresponde únicamente al 19% de las 9.226.775 personas susceptibles de recibir la medida”.Pero la Defensoría insiste en que tampoco se trata de un problema reciente. Desde la expedición de la Ley de Víctimas en 2011 se advertía que la financiación sería insuficiente frente al universo real de afectados.“En 2022, la entonces directora de la Unidad para las Víctimas indicó que, de no adoptar medidas adicionales, tardaríamos más de 60 años en reparar a todas las víctimas registradas hasta ese momento.32 Esto evidencia que el problema de los pagos atrasados por concepto de reparación no es nuevo y que obedece a un problema estructural advertido por el gobierno desde tiempo atrás”.Inconstitucionalidad con efectos diferidosCon base en todo este análisis, la Defensoría concluye que el Decreto es inconstitucional porque no se cumplieron los requisitos para declarar un estado de excepción.No obstante, hace una precisión clave sobre la salud. Advierte que “la falta de liquidez financiera en el sistema de salud demanda medidas inmediatas y certeras para conjurar el progresivo agravamiento de los problemas de acceso equitativo a medicamentos, tratamientos y procedimientos incluidos en el PBS”. Y agrega que “ante la duda, la solución debe contemplar todas las medidas posibles para conjurar la extensión de la crisis”.Por eso insiste en que la Corte declare la inconstitucionalidad, pero con efectos diferidos en lo relacionado con las medidas tributarias.“Declarar la inconstitucionalidad del Decreto 1390 de 2025, modulando sus efectos para que sean diferidos únicamente en lo que respecta a la vigencia de las medidas destinadas a conjurar la crisis en el sector salud”, y “preservar las medidas tributarias adoptadas en el Decreto 1474 de 2025 por el término de la vigencia fiscal de 2026”, con destinación específica al sistema de salud.También pide que la Procuraduría, la Contraloría y la Sala Especial de Seguimiento ejerzan vigilancia estricta sobre esos recursos, y exhorta al Gobierno y al Congreso a tramitar una ley de financiamiento que estabilice estructuralmente el sistema.
Un operativo conjunto el Ejército y la Policía permitió ubicar y neutralizar un arsenal de alto poder perteneciente a las disidencias de las Farc al mando de alias 'Iván Mordisco', en zona rural del departamento del Meta. El material de guerra estaba oculto en la vereda La Floresta, jurisdicción de El Castillo, y según inteligencia, iba a ser usado en ataques contra la Fuerza Pública y comunidades de Meta y Guaviare.En el depósito ilegal fueron halladas 190 granadas adaptadas para drones, 56 granadas de mortero, 88 minas antipersonal y 100 detonadores. El hallazgo confirma la evolución de las tácticas de esta estructura armada criminal, que está apostándole al uso de explosivos lanzados desde el aire para maximizar daño y alcance.El director de la Policía, el general William Rincón Zambrano, aseguró que el resultado golpea directamente las capacidades logísticas del grupo armado y evita posibles acciones violentas. Según dijo, el arsenal representaba una amenaza directa para uniformados y población civil.Desde el departamento de Policía Meta también advirtieron que el material incautado permitiría ataques con drones cargados de explosivos, una modalidad que ha encendido alertas en varias regiones del país. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar movimientos sospechosos que permitan anticipar atentados.La operación contó con el apoyo de la Fiscalía y sigue en desarrollo para ubicar a los responsables del almacenamiento del material y debilitar la estructura 'Martín Villa', señalada de operar bajo el mando de Mordisco. Mientras tanto, las autoridades mantienen presencia reforzada en la zona ante posibles retaliaciones.
El pronunciamiento de la JEP se da luego de la denuncia presentada por los familiares del dirigente social Pedro Julio Movilla Galarcio, junto con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), quienes alertaron sobre una excavación ilegal realizada el 3 de febrero de 2025 en las instalaciones de la Escuela de Logística del Ejército, antigua sede de la Brigada XX en Bogotá.Según indicaron, el punto intervenido había sido identificado como un posible sitio donde podrían encontrarse restos de Movilla.En ese mismo sentido, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó a la JEP que encontró rastros de sangre humana en uno de los elementos materiales recuperados, el cual se encuentra protegido por una medida cautelar adoptada en septiembre de 2024, a solicitud de víctimas del conflicto armado.Según explicó la Jurisdicción, el rastro biológico fue identificado en un elemento recuperado en la zona que la propia JEP reportó como vulnerada en febrero de 2025, cuando detectó una excavación no autorizada en áreas de interés forense que estaban bajo protección judicial.Tras conocer esa intervención, la JEP interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, solicitó la apertura de investigaciones disciplinarias e inició un incidente de desacato.“Como resultado de esta última decisión, la JEP sancionó al director de la Escuela de Logística, teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo Escobar, con tres días de arresto y una multa de diez salarios mínimos legales vigentes, al hallarlo responsable de permitir una intervención no autorizada en el predio protegido, ubicado en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá. La sanción de multa fue confirmada por la Sección de Apelación el 8 de octubre de 2025”, aseguran en el comunicado.La Jurisdicción aseguró que la información sobre el hallazgo fue comunicada directamente a la familia de Pedro Julio Movilla y a las organizaciones solicitantes de la medida cautelar.
Aunque grupos armados ilegales han manifestado que no interferirán en el proceso democrático, en terreno persisten situaciones que afectan el ejercicio político.El presidente de Indepaz, Camilo González, señaló que estructuras como el ELN, el Clan del Golfo y algunas disidencias de las Farc han firmado declaraciones en las mesas de conversación con el Gobierno Nacional en las que se comprometen a no intervenir en las elecciones. Sin embargo, advirtió que posteriormente se presentan hechos que alteran la actividad política.“Se presentan situaciones que luego ellos mismos explican como situaciones inmanejables, errores por el control de territorios, porque tienen la pretensión de ser los dueños y los que dan permiso o no. Entonces eso, por supuesto, tiene repercusiones muy negativas para el ejercicio de la política”, aseguró González.Según el directivo, estas justificaciones generan restricciones para candidatos, líderes sociales y comunidades, afectando el desarrollo democrático.El presidente de Indepaz señaló que actualmente hay al menos 81 municipios con alertas graves frente a la perspectiva electoral. No obstante, afirmó que esto no significa necesariamente que en todos ellos se vaya a impedir la instalación de puestos de votación o que se produzcan sabotajes directos, pero sí refleja un contexto delicado para el normal desarrollo de las campañas.Además, subrayó que en cerca de 300 municipios se registran alteraciones y riesgos asociados a prácticas tradicionales como la compra y el rastreo de votos.“En cerca de 300 municipios, las alteraciones y los peligros para las elecciones tienen que ver con las tradicionales formas de corrupción, como la compraventa y el rastreo de votos, además del manejo del clientelismo. Pero la parte de la violencia directa, que ya hemos visto en disparos y atentados, incluso en Bogotá, sigue presente en diferentes regiones”, agregó.Aunque los grupos en negociación han reiterado su voluntad de no interferir en el proceso electoral, la situación en terreno evidencia que persisten dinámicas de presión armada y control territorial que podrían impactar el ejercicio democrático.
Desde hace tres días se intensificaron los hostigamientos en El Carmen, Norte de Santander. Los enfrentamientos armados en pleno casco urbano no solo han dejado un policía muerto y ataques contra la fuerza pública, sino que mantienen a los menores fuera de las aulas y expuestos al fuego cruzado.Según Luis Fernando Niño, consejero de Paz de Norte de Santander, entre 300 y 350 estudiantes permanecen sin asistir a clases debido a los combates y a la presencia de hombres armados en el casco urbano.“Ayer, cuando se dio el primer ataque, inició a las seis y cuarto de la mañana aproximadamente, que es la hora de ingreso de los estudiantes al colegio. Hoy fue igual, en las horas de la mañana. La persona que nos ha dado información desde la institución educativa habla de aproximadamente entre 300 y 350 menores que no han podido ir a clases”, aseguró Niño.La suspensión de las clases también implica que los estudiantes no tengan acceso al Plan de Alimentación Escolar.“A esto hay que sumarle no solo las clases, sino el tema del Plan de Alimentación Escolar, que es parte de este suplemento importante para que los niños puedan realizar sus labores diarias. Todo esto, obviamente, se ve afectado en medio del fuego cruzado que se está dando, reitero, en el casco urbano, con población civil en medio, violando así el derecho internacional humanitario”, agregó el consejero de Paz.Sin embargo, la principal preocupación es el riesgo que enfrentan los menores ante la posibilidad de quedar en medio del fuego cruzado o ser víctimas de reclutamiento forzado.“Ahorita, con los enfrentamientos, se ha deteriorado mucho más esto, pero en otras zonas del Catatumbo también, por el miedo al reclutamiento forzado, los padres de familia no envían a sus hijos porque pueden pisar un campo minado, pueden quedar en medio del fuego cruzado o también pueden ser reclutados”, añadió.Las autoridades reiteraron que, mientras persistan los hostigamientos en El Carmen, más de 300 menores seguirán sin poder regresar a clases, en medio de una escalada violenta que aumenta el riesgo de reclutamiento forzado en el Catatumbo.
La Sección de Apelación de la JEP ratificó la competencia de esa jurisdicción para investigar el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, asesinado el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá, cuando salía de dictar clases en la Universidad Sergio Arboleda.La familia del líder conservador había solicitado a la JEP revocar esa competencia y enviar el caso a la Fiscalía; sin embargo, la jurisdicción consideró que existen elementos suficientes para mantener la investigación en su órbita.“La JEP tiene competencia material para adelantar la investigación por el presente caso. Aunado a ello, y reconociendo el interés legítimo que asiste a las víctimas en reclamar que se haga justicia por los hechos, la SA identifica que le corresponde al Estado encauzar de manera objetiva la totalidad de las acciones que resulten conducentes para garantizar el cumplimiento efectivo de su obligación de investigar y sancionar a los responsables”, señala la resolución de la Sección de Apelación.La jurisdicción precisó que, aunque mantiene la competencia, la justicia ordinaria puede avanzar en otras hipótesis, ya que la JEP se concentrará en la relacionada con la presunta responsabilidad de la extinta guerrilla de las Farc.“La Sección de Apelación insiste en que debe tenerse presente que la competencia que asume la JEP para investigar los homicidios de Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir solamente cobija la hipótesis relacionada con la presunta responsabilidad de exmiembros de las Farc-EP y, en consecuencia, no configura ningún tipo de interferencia con los avances que puedan seguir obteniéndose en la JPO por parte de las instituciones que se encuentran indagando la responsabilidad de otros agentes estatales y no estatales que no estarían sujetos a la competencia del órgano judicial transicional, por lo menos hasta la fecha. En ese sentido, como ya lo indicó la Sala de Reconocimiento, la Fiscalía y la Comisión de Investigación y Acusación podrán continuar con su función constitucional, en tanto siguen ostentando la titularidad de la acción penal de las investigaciones ya reseñadas y que no son objeto de estudio por la JEP”, agregaron los magistrados.La familia de Álvaro Gómez ha reiterado que no cree en la versión de la extinta guerrilla de las Farc, según la cual esa organización es responsable del magnicidio. Sus familiares sostienen que habría una responsabilidad de Estado e incluso han señalado por su presunta responsabilidad al expresidente Ernesto Samper.En la resolución también se indica: “Aunque no existe un nivel de certeza determinante, tampoco es descartable la responsabilidad de las Farc-EP y, en esa medida, se entiende que esta hipótesis podrá encontrar una evolución mientras avanza la investigación y el esclarecimiento de los patrones de violencia y hasta que se logre determinar de manera contundente la existencia, o no, de la responsabilidad penal que ha sido formulada por los comparecientes. Lo anterior, bajo la debida garantía de que en cada etapa del proceso las víctimas y demás intervinientes tendrán las oportunidades correspondientes para presentar, de acuerdo con las reglas procesales aplicables, las objeciones que estimen pertinentes”.La Sección recordó además que la jurisdicción tiene competencia prevalente para investigar hechos relacionados con el conflicto armado. En ese sentido, explicó que miembros del antiguo Secretariado de las Farc-EP afirmaron que el asesinato obedeció a una retaliación por las posturas políticas de Gómez Hurtado en la época del surgimiento de esa guerrilla, cuando los calificó como “repúblicas independientes”.
Miroslav Jenca, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, explicó que uno de los mayores desafíos se concentra en regiones como el Catatumbo, donde el desplazamiento forzado y el confinamiento continúan afectando a miles de personas. Según señaló, en el marco de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) y las Curules de Paz, cerca de 100.000 personas no pueden ejercer su derecho al voto debido a que se ven obligadas a desplazarse constantemente de un lugar a otro como consecuencia de la violencia.“Hay alrededor de 100.000 personas que prácticamente no pueden votar porque se desplazan de un lugar al otro”, aseguró.El jefe de la misión relató que durante sus recientes visitas a esta región, incluida la zona rural del municipio de Tibú y sectores como Versalles, pudo constatar la complejidad de la situación humanitaria y de seguridad. “Hablé con la gente en Versalles, y allá la situación de veras es muy, muy compleja, muy difícil”, afirmó.En ese contexto, Jenca insistió en que garantizar el derecho al voto es esencial para la democracia colombiana. “Yo pienso que es muy importante asegurar, garantizar el derecho al voto a todos los votantes y todas las votantes aquí en Colombia”, reiteró, haciendo énfasis en la necesidad de adoptar medidas para las regiones más afectadas por el conflicto.El jefe de la misión también se refirió a las responsabilidades frente al desarrollo de la campaña electoral. Señaló que el gobierno colombiano tiene un papel central en la protección del proceso democrático, al ser el único con el uso legítimo de la fuerza. En ese sentido, recalcó que el Gobierno debe garantizar un entorno seguro para todos los precandidatos y precandidatas, de manera que puedan hacer campaña sin amenazas ni restricciones indebidas.No obstante, Jenca aseguró que los propios precandidatos también deben contribuir activamente a la construcción de elecciones libres y en paz, respetando las reglas del juego democrático y promoviendo un ambiente de tolerancia y no violencia durante la contienda electoral.“Claro que los precandidatos también tienen responsabilidad de contribuir a las elecciones libres y en paz”, añadió.Finalmente, expresó el interés de la comunidad internacional en que todos los actores políticos respalden y firmen compromisos públicos "por que aquí hablamos de la democracia en Colombia".
El informe 'Compromiso con un proceso electoral libre y en paz en Colombia', elaborado por la Defensoría del Pueblo, analiza el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2025, donde se evidencia que el ambiente electoral se desarrolla en un contexto de alta tensión política.Al mismo tiempo, señalan que la figura presidencial ha ocupado un lugar central en las narrativas de las precandidaturas, desplazando el énfasis en propuestas hacia la confrontación política.Uno de los hallazgos más preocupantes es la persistente subrepresentación de las mujeres en la contienda presidencial. “De las 99 precandidaturas activas identificadas al 15 de diciembre, solo 12 corresponden a mujeres (12,12 %), frente a 87 hombres (87,8 %). Esta brecha muestra una subrepresentación persistente que repercute en la visibilidad de las mujeres en la discusión electoral y limita su capacidad para posicionar agendas propias”.Durante la fase temprana de definición de precandidaturas, las redes sociales y plataformas digitales se consolidaron como el principal escenario de visibilidad política, ante la ausencia de campañas formales y el acceso desigual a medios tradicionales.Para la Defensoría “esta centralidad también amplifica riesgos asociados a la desinformación, la polarización discursiva y el uso de lenguaje violento, factores que inciden de manera directa en la calidad del debate democrático”.La Defensoría señala que el ambiente electoral estuvo marcado por hechos de alto impacto, como el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay; los procesos de definición de candidaturas mediante consultas; la escogencia de Paloma Valencia como candidata presidencial del Centro Democrático; y el anuncio de consultas interpartidistas para el 8 de marzo.“El aumento de las fricciones en las relaciones entre el gobierno colombiano y el de Estados Unidos, lo que ha causado un distanciamiento entre las administraciones. Hoy las relaciones entre ambos países ocupan un lugar más importante dentro del debate electoral actual, que el que han tenido en otros periodos similares”, señala.En materia de violencia política, la Misión de Observación Electoral reportó que durante 2025 se registraron 415 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales. Aunque esta cifra representa una disminución frente al año preelectoral de 2021, la violencia continúa afectando de manera desproporcionada a los liderazgos políticos.El informe advierte que, si bien existe una condena abierta y generalizada a los ataques físicos, no se observa el mismo nivel de rechazo frente al uso de expresiones violentas, estigmatizantes o narrativas difundidas por terceros en redes sociales que pueden derivar en incitaciones a la violencia.Los resultados del informe muestran niveles altos de cumplimiento en la defensa de la primacía de la vida, el reconocimiento de la juventud y el respeto por las instituciones. Sin embargo, revelan niveles bajos en aspectos clave como la promoción del lenguaje constructivo y la eliminación de la estigmatización, así como en la garantía de difusión de información veraz.En particular, el punto relacionado con la información veraz presenta el nivel más bajo de cumplimiento y alineación, evidenciando la ausencia de protocolos o lineamientos para la verificación de contenidos, especialmente entre las precandidaturas que no suscribieron el Compromiso.Según la Defensoría, esto “revela la persistencia de patrones comunicativos que priorizan la confrontación violenta, las emociones y la deslegitimación del adversario por encima de la argumentación y la deliberación sustantiva. Que se ataque más a las personas que a los argumentos es un desafío profundo para la calidad de la democracia dentro y fuera de los entornos digitales”.Aunque durante el periodo analizado no se identificaron hechos documentados de violencias de género facilitadas por la tecnología, la Defensoría advierte que “no se puede ignorar que este tipo de violencias encuentran un nicho habilitante en entornos digitales donde se dan este tipo de confrontaciones en el periodo preelectoral”.La entidad alerta de que la violencia de género facilitada por la tecnología afecta de manera particular a mujeres, personas jóvenes y grupos minoritarios, y cuando se combina con la violencia contra las mujeres en política, configura un escenario especialmente preocupante para candidatas, militantes y liderazgos femeninos.Finalmente, la Defensoría subraya que la libertad de expresión es un pilar esencial del debate democrático, pero advierte que no puede convertirse en un escudo para la desinformación ni para el uso de lenguaje que promueva violencia.