En dialogo con Blu Radio, Scott Campbell, representante en el país de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, fue claro en que, aunque existen múltiples negociaciones con grupos armados en el marco de la llamada “Paz Total”, no se observan reducciones concretas en las principales violaciones.“En la mayoría de casos de situaciones porque hay múltiples negociaciones, no hemos visto reducciones concretas en términos de reclutamiento de los niños, asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, desplazamiento, confinamiento y con mucho impacto el confinamiento”, aseguró Campbell.Según la verificación de la ONU, en 2025 se registraron 53 masacres que dejaron 174 víctimas, así como el asesinato de 99 personas defensoras de derechos humanos por causas vinculadas a su liderazgo y trabajo comunitario. Para el organismo, estos indicadores evidencian que la violencia se está reconfigurando en varias regiones del país.El confinamiento, explicó, implica que comunidades enteras no pueden salir de sus casas para trabajar, estudiar o acceder a alimentos, lo que profundiza la crisis humanitaria en los territorios.Uno de los puntos más críticos señalados por el Alto Comisionado es el reclutamiento de niños y niñas, especialmente a través de redes sociales. La ONU ha documentado cómo grupos armados utilizan plataformas digitales para atraer menores con promesas económicas y falsas oportunidades.Ante esta situación, Campbell hizo un llamado directo a las empresas tecnológicas para asumir mayor responsabilidad.“No estamos diciendo que es fácil borrar todas las cuentas y eliminar el problema. Pero urgimos a las empresas de invertir los recursos necesarios. Porque el impacto sobre la niñez de Colombia, la familia es el futuro de Colombia. Es como los grupos armados están robando Colombia de su futuro. A través del reclutamiento forzado. Las empresas pueden y deben hacer más”, afirmó.La Oficina concluyó que, frente a este escenario, se requieren medidas más firmes y efectivas para proteger a la niñez, a las personas defensoras de derechos humanos y a las comunidades que permanecen bajo presión de grupos armados en distintas regiones del país.El Alto Comisionado también se refirió al proceso electoral, e hizo un llamado a reforzar la seguridad de candidatos y líderes políticos ante el aumento de amenazas y hechos de violencia.“Medidas para la protección colectiva de comunidades en riesgo por facilitar una participación efectiva. Y seguramente el último mensaje es que el Gobierno y otros tienen una oportunidad para fortalecer mensajes públicos para calmar la situación. Si puedo decir, para reducir los discursos de odio, la polarización, la estigmatización que está en las redes sociales”.El último informe advierte que en 2025 se registraron 18 homicidios y 126 ataques y amenazas contra lideresas y líderes políticos, incluidos concejales y funcionarios municipales. Para la ONU, garantizar la seguridad en este periodo no es solo una cuestión de orden público, sino una condición esencial para proteger el ejercicio libre y seguro de los derechos políticos.En ese sentido, Campbell subrayó que el proceso electoral representa una oportunidad decisiva para fortalecer la democracia y evitar un retroceso mayor en materia de derechos humanos.
El mensaje fue expresado por monseñor Héctor Fabio Henao, obispo delegado para las relaciones Iglesia-Estado, quien insistió en que el país necesita “hacer unos ejercicios muy concretos” para garantizar que las elecciones sean libres.“El país necesita, indudablemente, hacer unos ejercicios muy concretos para proteger que las elecciones sean libres, que la gente pueda votar de manera informada”, afirmó.En esa línea, subrayó que los ciudadanos deben contar con “los elementos suficientes para votar” y que el debate democrático debe darse sin poner en riesgo la vida.Uno de sus mensajes centrales fue el rechazo al uso del miedo como herramienta política. “El miedo no puede ser el condicionamiento para votar, el miedo no puede ser el elemento que domine las elecciones en un momento tan histórico como este”, enfatizó.Para monseñor Henao, Colombia atraviesa “un momento muy clave de la vida del país”, lo que exige no solo garantías materiales y de seguridad, sino también una transformación en la manera como se construye el debate público.“Hay que hacer un ayuno del lenguaje del odio, hay que hacer un ayuno del lenguaje que humille, que excluya y que estigmatice”, sostuvo. Según explicó, si se quieren elecciones libres y manejadas de manera responsable y ética, es necesario renunciar a los discursos que descalifican completamente al otro y que no aportan a la democracia.El obispo concluyó que el país necesita un lenguaje “propositivo y generador de democracia, diálogo y encuentro”, como base para que el proceso electoral no solo sea formalmente válido, sino también legítimo y libre de presiones.
La Defensoría del Pueblo alertó que, de acuerdo con los registros de la Fiscalía General de la Nación, durante 2025 se reportaron 118 feminicidios y 333 tentativas, además de 28 transfeminicidios.En términos de tasas por cada 100.000 mujeres, Caquetá, Amazonas y Casanare encabezan los indicadores más altos del país, seguidos por San Andrés, lo que muestra una concentración en regiones de la Amazonía y zonas de frontera.En lo corrido de enero de 2026 ya se han registrado 2 feminicidios y 26 tentativas.Violencia sexual: niñas y adolescentes, las principales víctimasLa Defensoría subraya que los delitos sexuales continúan siendo uno de los delitos con mayor volumen de casos. En 2025 se registraron 15.729 hechos contra mujeres, de los cuales 8.644 corresponden a niñas y adolescentes, es decir, más de la mitad de las víctimas.Las tasas más elevadas se concentran en Vaupés, Guaviare, Guainía y Amazonas. En enero de 2026 ya se contabilizan 963 casos, 453 de ellos contra menores.Trata de personas en territorios de fronteraEn 2025, 193 mujeres fueron víctimas de trata de personas; 95 eran mayores de edad y 41 niñas o adolescentes. Las tasas más altas se registran en Norte de Santander y San Andrés, seguidos por Meta y Bogotá.Explotación sexual infantil y violencia intrafamiliarLa explotación sexual de niñas y adolescentes suma 151 casos en 2025. Guaviare, Vichada, Amazonas y Antioquia presentan las mayores tasas.Por su parte, la violencia intrafamiliar continúa siendo una de las expresiones más recurrentes de agresión contra las mujeres, con 14.860 casos registrados en 2025. Los departamentos con tasas más elevadas son Vaupés, Boyacá, Guaviare y Guainía.“Las cifras de violencias basadas en género durante 2025 y enero de 2026 evidencian que los feminicidios, la violencia intrafamiliar, los delitos sexuales, la explotación sexual de niñas y adolescentes y la trata de personas siguen siendo una realidad persistente que exige una acción urgente e integral”, aseguró la Defensoría del Pueblo.Finalmente, la entidad insistió en que “la garantía y protección de los derechos de las mujeres es una responsabilidad ineludible del Estado colombiano”.
Las consecuencias de los enfrentamientos armados entre el ELN y el frente 33 de las disidencias de las Farc en zona rural de Tibú, siguen impactando la vida cotidiana de cientos de familias.El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) entregó asistencia humanitaria a más de 770 personas que resultaron afectadas por recientes hechos de violencia en tres comunidades del municipio.“Recientemente la población civil se vio afectada por confrontaciones y otros riesgos. Muchas personas tuvieron que desplazarse, mientras otras se quedaron confinadas en sus casas, impedidas de acceder a sus alimentos y a la pesca”, subrayó Georgia Kramer, delegada del CIRC.La ayuda consistió en kits de higiene y alimentación, priorizados tras una evaluación realizada por un equipo de la organización. Según el CICR, la visita permitió identificar las afectaciones que enfrentan las comunidades, entre ellas desplazamientos forzados, confinamientos y limitaciones para movilizarse dentro y fuera de sus veredas.“Estos elementos que han sido bien recibidos por la comunidad en un momento en el que tienen muchas dificultades para poder acceder a sus medios de ingresos y obviamente para el consumo de alimentos”, aseguró Oswaldo Mancilla, responsable de seguridad económica de la subdelegación del CICR en Cúcuta.La organización señaló que durante el diálogo con líderes comunitarios y habitantes de la zona, se evidenció que varias familias tuvieron que abandonar temporalmente sus viviendas, mientras otras permanecieron confinadas por temor a nuevos enfrentamientos.Esta situación no solo restringió su movilidad, sino que también les impidió acceder a sus cultivos, trabajos y fuentes de ingreso, aumentando la dificultad para conseguir alimentos y productos básicos.Con base en lo anterior, el CICR concentró su respuesta en las comunidades con mayores niveles de afectación y urgencia.“La comunidad no cuenta hoy en día con trabajos, se han puesto los trabajos escasos y muchos hogares no cuentan con los alimentos necesarios para los niños ya que la comunidad cuenta con una gran cantidad de niños”, señaló una de las personas beneficiarias, al referirse a la inestabilidad económica que atraviesan tras los hechos de violencia.Otro de los beneficiarios insistió en que la prioridad sigue siendo garantizar condiciones para el retorno de quienes salieron desplazados.“Lo que necesitamos es alimentos que aún no tenemos por la situación que vivimos de esta guerra que estamos viviendo dentro de nuestro Catatumbo. Pues nosotros queremos que nuestras comunidades desplazadas, nuestros habitantes desplazados vuelvan a nuestro territorio para que estemos todos unidos ya que esto está quedando totalmente solo”.
El Super Astro Sol se ha consolidado como una de las modalidades de chance más llamativas en Colombia, gracias a su formato innovador que combina un número de cuatro cifras con un signo del zodiaco. Esta dinámica diferente ha despertado el interés de miles de apostadores que buscan aumentar sus posibilidades de ganar con una sola jugada.Número ganador del Super Astro SolEl número ganador del chance Super Astro Sol de este viernes 27 de febrero de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.Número ganador: Dos últimas cifras:Tres últimas cifras: Signo zodiacal: Cómo jugar el Super Astro SolEl Super Astro Sol ofrece una mecánica sencilla que combina números y signos zodiacales, lo que amplía las opciones de acierto. Para participar, los jugadores deben seguir estos pasos:Elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999.Seleccionar uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.También existe la opción “Todos los signos”, que permite jugar el mismo número sin depender de un signo específico.Definir el valor de la apuesta.Realizar hasta cuatro jugadas diferentes en un mismo tiquete.Este formato brinda mayor flexibilidad y explica la creciente acogida del Super Astro Sol en todo el país.Cuánto cuesta jugar el Super Astro SolEl costo de participación es accesible y está pensado para adaptarse a distintos presupuestos:Apuesta mínima: $500 pesos colombianos por jugada.Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos por jugada.Se recomienda realizar las apuestas únicamente en puntos autorizados, para garantizar la validez del tiquete y la legalidad del proceso.Cómo reclamar un premio del Super Astro SolLas personas que resulten ganadoras deben acudir a un punto autorizado y presentar la documentación requerida para reclamar su premio.Documentos básicos:Tiquete original en buen estado y sin alteraciones.Documento de identidad original.Fotocopia legible del documento de identidad.Requisitos adicionales según el valor del premio:Menos de 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT diligenciado.Más de 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria.Gracias a su formato innovador, facilidad para jugar y procesos claros para el pago de premios, el Super Astro Sol continúa posicionándose como uno de los chances más consultados en Colombia, ofreciendo cada día nuevas oportunidades para quienes prueban su suerte.
El Sinuano Día se mantiene como uno de los juegos de chance más tradicionales y consultados de la región Caribe de Colombia. Su amplia presencia en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico lo ha consolidado como una alternativa confiable para miles de apostadores que siguen a diario los resultados.Número ganador del Sinuano DíaEl número ganador del chance Sinuano Día de este sábado 28 de febrero de 2026 es el 7931 - 9 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.Número ganador: 7931Dos últimas cifras: 31Tres últimas cifras: 931La quinta: 9Hora del sorteo del Sinuano DíaEl Sinuano Día se juega todos los días del año, incluidos fines de semana y festivos, lo que ofrece oportunidades constantes a los participantes.Los resultados oficiales se publican después de las 2:30 p. m., momento en el que los apostadores pueden consultar si su número resultó ganador. La puntualidad en la divulgación fortalece la confianza y transparencia de este sorteo.Modalidades de apuesta disponiblesEste chance cuenta con diversas modalidades, pensadas para adaptarse a diferentes presupuestos y estilos de juego:4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.4 cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden.3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.3 cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden.2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras del resultado.1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.Gracias a esta variedad, el Sinuano Día permite participar tanto a jugadores frecuentes como a quienes realizan apuestas ocasionales.Cuánto cuesta jugar el Sinuano DíaUno de los factores que explica la popularidad del Sinuano Día es su accesibilidad económica. Los valores permitidos son:Apuesta mínima: $500 pesos colombianosApuesta máxima: $25.000 pesos colombianosEste rango facilita la participación de personas con distintos presupuestos y ha contribuido a su permanencia como uno de los chances más vigentes del Caribe colombiano.Cómo reclamar un premio del Sinuano DíaPara reclamar un premio, los ganadores deben acudir a un punto autorizado y presentar la documentación requerida.Documentos básicos:Tiquete original en buen estado, sin alteraciones.Documento de identidad original.Fotocopia legible del documento de identidad.Requisitos adicionales según el valor del premio:Menos de 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT diligenciado.Más de 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en aproximadamente ocho días hábiles.Con sorteos diarios, múltiples modalidades de apuesta y procesos regulados, el Sinuano Día se mantiene como uno de los chances más consultados del Caribe colombiano, ofreciendo cada día nuevas oportunidades para quienes participan en este popular juego de azar.
El sarampión vuelve a estar bajo la lupa de las autoridades de salud en Colombia debido al aumento de casos reportados en varios países del continente. Aunque el país no registra un brote activo, el incremento internacional encendió las alertas y motivó nuevas medidas preventivas para evitar el ingreso del virus.El Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Circular 004 de 2026, en la que ordena reforzar la vacunación, fortalecer la vigilancia epidemiológica y aumentar los controles, especialmente entre viajeros y grupos con mayor riesgo de exposición.La preocupación surge en medio de un contexto global complejo. La Organización Mundial de la Salud confirmó más de 247.000 casos en 179 países durante 2025. En el continente americano, el crecimiento ha sido significativo, con miles de contagios adicionales frente al año anterior.En Colombia, las autoridades mantienen bajo seguimiento casos sospechosos en personas que viajaron recientemente al exterior. Aunque uno ya fue descartado, los demás continúan en análisis, lo que obligó a intensificar las acciones de prevención.Colombia busca evitar la reintroducción del sarampiónEl país logró eliminar la circulación endémica del sarampión hace varios años, un avance clave en salud pública. Sin embargo, el alto flujo de viajeros internacionales aumenta el riesgo de que el virus vuelva a ingresar.La directora del Instituto Nacional de Salud, Diana Pava, explicó que la situación actual no representa un brote interno, pero sí exige medidas preventivas inmediatas.Según las autoridades, el aumento de casos en países como Estados Unidos, México y Canadá está relacionado con la caída en las coberturas de vacunación, lo que facilita la reaparición del virus.Las personas que deben vacunarse obligatoriamente contra el sarampiónEl Ministerio de Salud reiteró que la vacunación es gratuita en Colombia y está disponible en miles de puntos en todo el país. Estos son los grupos que deben vacunarse sí o sí:Niños entre 6 y 11 meses: deben recibir una dosis adicional si van a viajar o viven en zonas priorizadas.Niños entre 1 y 10 años: deben tener aplicadas las dos dosis de la vacuna triple viral.Niños y adolescentes entre 6 y 16 años: deben recibir un refuerzo si no participaron en campañas anteriores.Personas entre 11 y 59 años que viajen al exterior: deben vacunarse al menos 15 días antes del viaje si no tienen antecedente vacunal verificable.Personal de salud: clínicas y hospitales deben verificar y completar los esquemas de su personal.Contactos de casos sospechosos: cualquier persona sin esquema confirmado debe vacunarse.Trabajadores del sector turismo y transporte internacional: debido al contacto frecuente con viajeros.Las autoridades recordaron que actualmente hay más de 3.000 puntos habilitados en el país, además de brigadas móviles en aeropuertos, terminales y zonas fronterizas.Síntomas del sarampión: señales de alerta que no debe ignorarEl sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que se transmite por el aire. Sus síntomas iniciales pueden confundirse con los de una gripe común, lo que dificulta su detección temprana. Entre los principales signos están:Fiebre altaCongestión nasalDolor de gargantaMalestar generalErupción rojiza en la piel que inicia en el rostro y se extiende al cuerpoLas autoridades recomiendan acudir inmediatamente al médico si estos síntomas aparecen, especialmente si la persona viajó recientemente.El Gobierno reiteró que la vacuna contra el sarampión está incluida en el esquema nacional y no tiene ningún costo. El llamado principal es a revisar el carné de vacunación y completar las dosis faltantes.Las autoridades sanitarias insisten en que mantener altas coberturas de inmunización es fundamental para evitar que el sarampión regrese al país. La prevención, advierten, depende en gran medida de la vacunación oportuna, especialmente en niños, viajeros y personas expuestas al contacto internacional.
En Autos y Motos de este sábado, 28 de febrero de 2026, estos fueron los temas:En enero, el mercado automotor creció 3,1% en ventas frente al mismo periodo de 2025. Colombia y Ecuador lideraron el repunte, con alzas de 38,9% y 37%, respectivamente.La Feria de las Dos Ruedas celebra 18 años y confirma su liderazgo en América, con ocupación total de sus espacios comerciales desde diciembre.La automotriz Changan Automobile inauguró en China un laboratorio para pruebas de conducción inteligente en entornos de tráfico extremo.Ante el auge de vehículos eléctricos en Bogotá, abrió un nuevo punto de carga gratuita por tres meses en el Centro Comercial Portal 80.Escuche el programa completo aquí:
En las últimas horas, se ha reportado una escalada en el conflicto bélico en Oriente Medio, después de que Donald Trump, desde la Casa Blanca, anunciara una ofensiva militar conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán, descrita como de “gran envergadura”. El objetivo declarado de esta operación es golpear capacidades estratégicas iraníes, incluyendo instalaciones aeronáuticas y misiles, bajo el argumento de eliminar amenazas consideradas inminentes para la seguridad de esos países.La ofensiva ha tenido repercusiones más allá del territorio iraní. Además de videos y registros de bombardeos en varias ciudades de Irán, medios internacionales han reportado la suspensión de vuelos comerciales hacia y desde zonas del Medio Oriente debido al riesgo para la seguridad aérea.Este escenario de confrontación marca una de las escaladas más serias del conflicto en Medio Oriente en años recientes, en el que las operaciones militares no sólo se concentran en objetivos estratégicos, sino que también afectan aeropuertos, espacios civiles y zonas urbanas, generando preocupación internacional por el posible impacto humanitario y económico de la crisis.Un fuerte estruendo quedo registrado en videoUn fuerte estruendo interrumpió la rutina de un sector residencial y comercial de Bahréin cuando un misil iraní impactó en las inmediaciones de la ciudad, provocando una explosión visible a varios kilómetros de distancia. El momento quedó registrado en video y fue difundido por BBC News Mundo, mostrando la magnitud del ataque.En los videos se observa una panorámica urbana con viviendas, locales comerciales y antenas de telecomunicaciones. De repente, una columna de humo oscuro se eleva tras la detonación, mientras el sonido del estallido rompe el silencio. El impacto genera preocupación entre los habitantes del área, que presencian la escena desde edificios cercanos.El registro, compartido en redes sociales, evidencia cómo el proyectil cae en cuestión de segundos y detona con fuerza, dejando una nube densa que se expande rápidamente sobre el horizonte. Aunque el video no detalla víctimas ni daños específicos, el hecho se suma a la creciente tensión en Medio Oriente, donde los ataques con misiles se han convertido en una amenaza constante para la población civil.Autoridades locales y organismos internacionales monitorean la situación mientras se evalúan las consecuencias del ataque. Este tipo de incidentes aumenta el temor por una posible escalada del conflicto en la región y sus efectos sobre la estabilidad política y la seguridad de los ciudadanos.Los videos, que circulan ampliamente en plataformas digitales, se convierten en testimonio directo de un episodio que vuelve a poner en alerta a Bahréin y a sus habitantes.
"Hemos realizado nuestro mayor esfuerzo por responder a los anhelos de paz y hemos cumplido", dijo en otro tuit el jefe insurgente, cuyo verdadero nombre es Rodrigo Londoño Echeverri. También consideró en la red social que el pueblo colombiano con sus organizaciones sociales y manifestaciones "son los que deben refrendar el acuerdo". El líder de la guerrilla reside en La Habana junto con el resto de la delegación negociadora, aunque no participó hoy en el acto de anuncio y la firma del nuevo acuerdo. Las Farc dijeron hoy en ese acto que en el nuevo pacto alcanzado con el Gobierno han cedido hasta los límites de lo "razonable y aceptable". El documento fue firmado por los jefes negociadores del Gobierno, Humberto de la Calle, y la guerrilla, Iván Márquez (alias de Luciano Arango), quienes han encabezado nueve días de intensas reuniones en la capital cubana para alcanzar un nuevo consenso con el fin de "alcanzar una paz estable y duradera". El nuevo acuerdo de paz contiene las aportaciones de los sectores contrarios al pacto inicial que fue firmado el pasado 26 de septiembre en Cartagena de Indias y después rechazado por los colombianos en un plebiscito el 2 de octubre. En un comunicado conjunto divulgado en La Habana las delegaciones negociadoras del Gobierno y la guerrilla invitaron "a toda Colombia y a la comunidad internacional", a "acompañar y respaldar" el nuevo pacto "y su pronta implementación para dejar en el pasado la tragedia de la guerra" pues, agrega, "la paz no da más espera".
El mandatario aseguró que decidió escuchar a Colombia en su pronunciamiento hacia el NO. “Era necesario llegar a un acuerdo – fortalecido con esos ajustes y cambios—que reflejara el sentir de la inmensa mayoría de nuestros compatriotas y poder construir así una paz más amplia, más profunda”, dijo. Santos explicó paso a paso la operación de los tribunales para referirse a temas de justicia. Además, agradeció a todos los promotores del NO, del SÍ, así como a todos los colombianos en general. A continuación, la alocución completa: Compatriotas, Hace 40 días, el 2 de octubre, apenas se publicó, reconocí el resultado del plebiscito en el que el No obtuvo la mayoría de los votos. Pero ese resultado no podía sepultar la esperanza de paz. Ese resultado, en vez de paralizar el país y ahogarnos en la incertidumbre, teníamos que convertirlo en una gran oportunidad para unirnos alrededor del deseo de paz expresado por todos, independientemente de si votamos Sí o No ese día. Esa fue mi reacción y por esa razón inicié desde esa noche un gran diálogo nacional por la unión y la reconciliación. El objetivo era claro: Escuchar. Escuchar las voces de todos los colombianos, recoger sus esperanzas y sus preocupaciones sobre el acuerdo. Recoger también sus propuestas de ajustes y cambios para lograr un nuevo, un mejor acuerdo de paz con las FARC. Era necesario llegar a un acuerdo – fortalecido con esos ajustes y cambios—que reflejara el sentir de la inmensa mayoría de nuestros compatriotas y poder construir así una paz más amplia, más profunda. Era indispensable además, lograr este acuerdo renovado muy rápido. El cese al fuego es frágil. La incertidumbre genera temores y aumenta los riesgos de echar este inmenso esfuerzo al traste. Había que trabajar sin descanso, con dedicación y método para tener ese acuerdo que recogiera las aspiraciones de los colombianos sin poner en riesgo todo lo logrado durante seis largos años de negociaciones. Así lo hicimos. Trabajamos duro, con honestidad, con generosidad, con franqueza y con apertura mental y de espíritu tanto en Colombia como en La Habana. Todos los días. Largas horas. Recibimos más de 500 propuestas de todos los sectores: sociales, religiosos, víctimas, partidos políticos. Se agruparon en 57 temas para la discusión con las FARC. Todos, absolutamente todos, fueron discutidos a profundidad con las FARC y defendidos por la delegación del gobierno con total lealtad y fidelidad a lo expresado por los diferentes sectores. Mantuvimos informados permanentemente a los principales voceros del No sobre los avances y dificultades de este ejercicio. Las últimas 48 horas fueron especialmente intensas. Se trabajó en jornada permanente. Con grandes resultados. Logramos precisiones, ajustes y cambios en 56 de los 57 temas abordados. El Centro Democrático, algunos dirigentes conservadores que votaron No, los partidos de la coalición para la paz, la Iglesia, las Altas Cortes y magistrados, las organizaciones religiosas y sociales, los empresarios, los cientos de miles de jóvenes que se movilizaron, los sindicatos, las comunidades indígenas y afrodescendientes, las víctimas, los militares retirados, los movimientos de mujeres y los que reiteraron su apoyo al acuerdo, todos, aportaron sus ideas y propuestas para ajustar el acuerdo. A todos, GRACIAS. Sus iniciativas contribuyeron a lograr este nuevo acuerdo que ahora es de todos. ¡DE TODOS! ¡Que bueno! Porque la paz es de todos. A los negociadores del Gobierno Nacional y a los de las FARC, también un especial reconocimiento. Su disciplina en el trabajo y su disposición a escuchar y reconocer las ideas distintas permitieron desbloquear las negociaciones y encontrar soluciones. Este acuerdo fortalecido con los aportes ciudadanos lo vamos a divulgar ampliamente a partir de mañana para que sea conocido por todos. Hoy me he reunido con el Ex Presidente Uribe en Rionegro por tres horas, y he hablado varias veces con el Ex Presidente Pastrana y con la Ex Ministra Martha Lucía Ramírez. Todos los voceros del NO recibirán los textos a más tardar mañana. Desde ya quiero destacar los cambios más importantes que se hicieron: Uno de los temas que más reclamaron los colombianos era que las FARC entregaran sus bienes y la plata que tengan disponible para reparar las víctimas. Eso se logró. En el nuevo acuerdo, las FARC tendrán que declarar y entregar todos sus bienes, so pena de perder los beneficios, y se usarán para reparar a las víctimas. Un reclamo generalizado de los del No y los del Sí era que se definiera en qué consistía la restricción efectiva de la libertad, pues fue criticado como impreciso. Eso se logró. El Tribunal debe fijar en cada caso: Los espacios concretos en donde deben estar los sancionados durante la ejecución de la pena (que nunca serán más grandes que una Zona Veredal Transitoria de Normalización) Los horarios en los que deben cumplir las sanciones restaurativas Establecer el sitio de residencia durante la ejecución de la sanciónImponerles el deber de solicitar autorización para salir de las zonas donde cumplan la sanción y Señalar la periodicidad con la que el órgano de verificación debe reportar sobre el cumplimiento de la sanción. Se estableció además, y eso fue otra petición de partidarios del no, que el tiempo que pasen en las zonas veredales Transitorias de Normalización, se les tendrá en cuenta como parte de la sanción, siempre y cuando en ese período desarrollen actividades de reparación. Escuchamos los comentarios válidos de varios sectores, incluyendo a nuestras altas Cortes para mejorar y articular la justicia transicional con nuestro sistema judicial ordinario. Una petición expresa era que se pusiera un límite de tiempo a la Jurisdicción Especial de Paz. Eso se logró. Funcionará hasta por 10 años y sólo podrán recibir solicitudes de investigación durante los 2 primeros años. También se estableció que las ONG no podrán actuar como fiscales y acusar. Sólo presentar información que será valorada y contrastada por los jueces y magistrados del Tribunal. Otro tema que exigieron muchos de los del No era que no hubiera jueces extranjeros. Eso también se eliminó. Todos serán colombianos y tendrán las mismas calidades de los magistrados de nuestras cortes. Otra controversia era el manejo de las tutelas frente a las decisiones de la Justicia Especial para la Paz. Ahora como parte de la articulación con las otras jurisdicciones, las tutelas contra decisiones de la JEP podrán a ser revisadas. Una de las principales preocupaciones del Centro Democrático era el respeto a la propiedad privada, a la iniciativa privada y que a nadie se expropie por fuera de la ley ya vigente. Todo eso se logró y se ratificó, como lo pidió expresamente el ex presidente Uribe. Que no queden dudas: ¡Se respetará el derecho a la propiedad! Han surgido algunas inquietudes sobre la legislación agraria que no hacen parte del Acuerdo de Cartagena, pero que sabemos que deben ser atendidas. Por tal razón, decidimos crear una comisión de expertos para revisar esos temas. El catastro –fundamental para formalizar la tierra—no modificará por sí mismo los avalúos de las tierras. Dejamos absolutamente claro que en virtud de este acuerdo no se autorizaran nuevas zonas de reserva campesina, más allá del trámite normal de acuerdo a la legislación vigente que hay sobre estas zonas. Varios grupos de empresarios expresaron su preocupación por el posible impacto de las inversiones del pos conflicto en la estabilidad macro económica. Para dar tranquilidad, se incluyó expresamente que la implementación se hará con respeto al principio de sostenibilidad fiscal, y se amplió de 10 a 15 años el plazo de implementación para reducir la presión fiscal, si es que la hubiera, y no afectar de manera alguna los programas prioritarios del gobierno. Otra preocupación de los empresarios era que se desatara una posible cacería de brujas en la aplicación para ellos de la justicia transicional. Ese temor quedó totalmente disipado y los empresarios satisfechos. Los que no sean responsables de crímenes graves tienen la posibilidad de obtener la terminación de los procesos que hoy los puedan afectar en la justicia ordinaria. Muchos sectores, en particular de militares retirados, veían con preocupación el tratamiento de agentes del Estado en la Justicia Especial de Paz. Este temor se resolvió. Logramos una fórmula que garantiza a nuestros soldados y policías, en servicio activo y retirados, los máximos beneficios, pero con total seguridad jurídica. Esta solución dejó tranquilos a todos. Es lo mínimo que podíamos hacer por ellos y había sido un compromiso personal mío. Una queja reiterada de los voceros del No era que las 16 curules transitorias en la cámara de representantes, establecidas para las comunidades y víctimas afectadas por el conflicto, serían para las FARC. En el nuevo acuerdo se incluyó expresamente que el partido que surja de la reincorporación de las FARC NO podrá, repito, NO podrá inscribir candidatos para esos espacios. Esta modificación dejó satisfechos a muchos de los voceros del NO que habían expresado preocupación por este tema. Por solicitud de los diferentes sectores políticos del Sí y del No, se redujo desde el primer año en 30% la financiación al partido de las FARC para que quede en igualdad de condiciones con los demás partidos. En este mismo capítulo, quedó claro que la protesta social debe ser siempre pacífica, y que el Estado tiene la obligación de proteger los derechos de todos los ciudadanos. Uno de los temas más delicados en todos los acuerdos de paz, es el de la protección de los reincorporados a la vida civil. En Colombia hemos sufrido especialmente ese drama. Por eso en el acuerdo se creó una comisión de protección y garantías de seguridad, en la que tenían participación las FARC. Su presencia generó preocupación en muchos promotores del no. En el nuevo acuerdo, y siguiendo una recomendación de la doctora Marta Lucía Ramírez, se eliminó la participación de las FARC en esa comisión. Se eliminó también las facultades de esa comisión para revisar hojas de vida, o ejercer facultades de inspección y vigilancia sobre las empresas de seguridad privada. Sobre la lucha contra el problema de las drogas, el nuevo acuerdo obliga a todos los que se presenten a la Justicia especial de Paz a entregar toda la información relacionada con el narcotráfico de manera exhaustiva y detallada para atribuir responsabilidades. En este tema fue particularmente insistente el ex presidente Pastrana. Se reiteró y subrayó también que el gobierno mantiene todas las herramientas para la erradicación, incluyendo la fumigación, además de los programas de sustitución para los campesinos. No habrá formalización de ningún predio en Colombia sin que antes se constate que está libre de la presencia de cultivos ilícitos Para atacar de manera más efectiva el problema del consumo de drogas, se robusteció el papel de la familia y de los grupos religiosos en la política de prevención y atención a los consumidores. La idea de incorporar todo el acuerdo al bloque de constitucionalidad generó mucho rechazo en los expresidentes Pastrana y Uribe, en Marta Lucía Ramírez, y en muchos voceros del No y algunos del Sí. Confieso que tenían razón, porque además generó muchas malas interpretaciones sobre el Acuerdo. Eso se corrigió. Sólo quedarán los temas de derechos humanos y de Derecho Internacional Humanitario, que ya de por si hacen parte de la constitución. La implementación del acuerdo fue otro tema sobre el que recibimos comentarios y propuestas. A algunos les preocupaba que hubiera una especie de co-gobierno con las FARC para la implementación. Ha quedado ahora mucho más claro que el gobierno será el único – el ÚNICO— responsable de la implementación. Habrá, eso sí, una comisión que hará seguimiento, impulso y verificación del cumplimiento de los acuerdos. Una preocupación que compartieron muchos colombianos, y en particular la iglesia y organizaciones religiosas, fue que el acuerdo de paz pudiera contener elementos de la llamada ideología de género y se afectaran los valores de la familia. Pues bien, ese tema fue revisado con sumo cuidado por la Iglesia Católica, por los pastores cristianos y otros voceros del No. Se hicieron las modificaciones para garantizar que la llamada ideología de género no está presente – nunca lo estuvo— ni siquiera de manera sugerida. Lo que sí se dejó claro es que este capítulo busca garantizar que las mujeres, que han sufrido especialmente este terrible conflicto, sean tratadas con prioridad y que sus derechos como víctimas estén totalmente protegidos. Se incorporaron en el nuevo acuerdo los principios de igualdad y no discriminación, de libertad de cultos y se reconoció a la familia y a los líderes religiosos como víctimas del conflicto. Esa fue otra solicitud expresa. Estos son algunos de los principales cambios realizados. Pero como ya lo señalé, en 56 de los 57 temas hubo cambios y mejoras. Un punto que reclamaban muchos de los del No era que los jefes guerrilleros no pudieran ser elegidos. Yo entiendo que este es el sentir de muchos ciudadanos. En la mesa de La Habana los negociadores del gobierno insistieron mucho en ese punto para responder a esa preocupación. Tengo que decirlo con franqueza. Aquí no se logró avanzar. Es muy importante que los colombianos entendamos que la razón de ser de TODOS los procesos de paz en el mundo es precisamente que los guerrilleros dejen las armas y puedan hacer política dentro de la legalidad. Este proceso con las FARC no es una excepción, ni puede serlo. Las FARC tienen un origen político y su intención hacia el futuro es poder hacer política sin armas. Muchos de ustedes recuerdan que en 1990, en el acuerdo con el M-19, sus líderes salieron directamente de la mesa de negociación a participar en las elecciones. En El Salvador y en muchos otros países, los guerrilleros fueron congresistas desde la elección siguiente a la firma de los acuerdos. En la constitución del 91, los artículos 12 y 13 transitorios le daban la posibilidad al presidente de nombrar a dedo a ex guerrilleros en el congreso. Eso no ocurre en este acuerdo. En otros países, como en Irlanda del Norte, entraron a cogobernar desde la firma del Acuerdo. La semana pasada estuve en ese país reunido con la primera ministra que es protestante y con el viceprimer ministro que es católico. Eso fue parte del acuerdo. Esto no ocurre en este acuerdo. Para ser claro. No tendrán curules a dedo. Al contrario, tendrán que participar en las elecciones. Tampoco tendrán cargos en el gobierno, como ha ocurrido en muchos otros casos. Pero si podrán ser elegidos Colombianos, El acuerdo que se firmó el 26 de septiembre en Cartagena era, según los estudiosos del tema, como el Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame, uno de los mejores –sino el mejor y más completo-- que se ha firmado en la historia reciente para resolver un conflicto armado. Pero, con toda humildad, quiero reconocer que este nuevo acuerdo es un mejor acuerdo. Mirando para atrás, el resultado del plebiscito nos abrió la oportunidad de unirnos y quiero agradecer nuevamente la buena disposición y la buena voluntad con la que participaron todos los voceros, en particular los del No. Este acuerdo de paz con las FARC retoma y refleja las propuestas, y las ideas de todos los que participaron en este gran diálogo nacional. Responde y aclara las preocupaciones que muchos tenían frente a la letra, el sentido del acuerdo o su implementación. Este acuerdo, renovado, ajustado, precisado y aclarado debe unirnos, no dividirnos. Esa es mi invitación. A que nos unamos, así el acuerdo no satisfaga todas las aspiraciones de todos los sectores. Invito a todos los colombianos, a los promotores del Sí y del No, a que le demos una oportunidad a la paz con este nuevo acuerdo. Es lo que el pueblo colombiano nos está pidiendo y lo que nos pide la comunidad internacional. Por eso he dado instrucciones al Dr. Humberto de la Calle y al equipo negociador, a que regresen de inmediato a Bogotá para que les expliquen en detalle y con los textos en la mano, a los voceros del NO, el alcance de lo acordado y reciban sus reacciones. Hemos trabajado juiciosamente y espero que ese trabajo satisfaga a los del NO y a la nación. Además de lograr el fin del conflicto y de la violencia con las FARC, este acuerdo busca que la paz que construyamos de hoy en adelante sea no sólo la paz del silencio de las armas, sino la paz de la reconciliación y el respeto por la diferencia. Que sea la paz que nos permita unirnos como nación y tomar a manos llenas las oportunidades que la tranquilidad, la seguridad y la unión nos abren. ¡Es la hora de la unión y la reconciliación! ¡Es la hora de dejar atrás las divisiones! ¡Es la hora de sumar voluntades y unir esfuerzos para construir juntos la paz! Muchas gracias
La ministra de Trabajo, Clara López, del partido Polo Democrático Alternativo (PDA), destacó en su cuenta de Twitter que el nuevo pacto anunciado en La Habana recoge muchas propuesta de quienes apoyaron el "no" en el plebiscito, sin embargo apuntó que la "unanimidad" es "imposible". "Celebramos el nuevo acuerdo de paz que le pertenece a toda la ciudadanía", agregó. Por su parte, el senador y copresidente de la Comisión de Paz del Senado, Iván Cepeda, también del Polo, celebró el acuerdo al afirmar que "triunfó la paz". También a través de las redes sociales, el congresista Alirio Uribe, del PDA, afirmó: "Habemus nuevo acuerdo" y subrayó que el pacto anunciado en Cuba incorpora el 65 % de las propuestas de quienes se opusieron el anterior acuerdo con la guerrilla de las Farc. "Ya no hay vuelta atrás", añadió Uribe, que vaticinó que el nuevo acuerdo es "final y definitivo". A su vez, David Flórez, uno de los portavoces del movimiento Marcha Patriótica, destacó la "disposición" de las Farc y el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos para escuchar e incluir a "nuevos sectores" en el acuerdo definitivo. Flórez pidió además que se acaben las "excusas" para no apoyar la paz, y apostó por implementar el pacto anunciado hoy de forma "inminente".
El jefe negociador de las Farc, alias ‘Iván Márquez’, dijo que en el nuevo acuerdo de paz han cedido hasta los límites de lo "razonable y aceptable". “De nuestra parte hemos cedido, incluso extendiendo las fronteras que nos habíamos trazado, desplazándolas hasta los límites de lo razonable y aceptable para una organización político-militar cuyas armas no fueron vencidas", dijo ‘Márquez’. Durante el acto de presentación del nuevo acuerdo de paz, el jefe guerrillero señaló que han sido semanas de "muy difíciles" pero "fructíferas" conversaciones con la delegación gubernamental que han permitido reafirmar la "vocación de paz" y de "reconciliación" de un país, así como "comprender y aclarar dudas e inquietudes razonables" de diversos sectores de la sociedad. Este es el discurso completo: Discurso de cierre del Acuerdo Definitivo de Paz Nuestro saludo cordial al Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, y por su intermedio, a los comandantes Fidel y Raúl que generosamente ofrecieron su territorio y la logística necesaria para que los colombianos resolviéramos nuestras diferencias; Saludo a los representantes de los países garantes, Noruega y Cuba que estuvieron siempre al lado de los plenipotenciarios en los momentos más difíciles y los de satisfacción impulsando contra viento y marea los avances de la Mesa; Saludo a los “ángeles de la guarda” del proceso de paz, como denominara Roy Chaderton a los acompañantes de la República Bolivariana de Venezuela y de la República de Chile. A nombre de Colombia, gracias por ayudarnos durante tanto tiempo a encontrar la senda de la reconciliación y la paz. Gracias por su inmensa solidaridad. Doctor Humberto de La Calle y representantes del Gobierno de Colombia Compañeros de la Delegación de Paz de las FARC Compatriotas: Hemos trabajado de manera incansable día y noche para entretejer en un solo cuerpo de consenso los elementos del nuevo acuerdo final sobre el que empezaremos la edificación de la paz estable y duradera para Colombia. En el día de hoy, como resultado de la inquebrantable voluntad y decisión de las partes, de su perseverante búsqueda de una solución política a la dilatada confrontación armada, presentamos a la nación colombiana el nuevo Acuerdo de Paz DEFINITIVO, que preferimos llamar el ACUERDO DE LA ESPERANZA, poderoso instrumento para la democratización del país y para la materialización de los derechos de la gente. Han sido semanas de arduo trabajo, de audiencias sucesivas, de ejercicio humilde de escuchar con interés y respeto, de interlocución con el más amplio espectro del movimiento social y político, y de las iglesias. Han sido semanas de muy difíciles pero fructíferas conversaciones con la delegación gubernamental que han permitido reafirmar la vocación de paz y reconciliación de un país, al tiempo que han posibilitado comprender y aclarar dudas e inquietudes razonables de diversos sectores de la sociedad, y también desvirtuar tergiversaciones y falacias respecto del acuerdo suscrito el pasado 26 de septiembre en la Ciudad Heroica, Cartagena de Indias. El resultado del plebiscito del 2 de octubre produjo un impacto, que además de atascar los mecanismos de implementación previstos, pusieron en serio riesgo cinco años de esfuerzos en la búsqueda de la reconciliación. Pero para fortuna de millones de compatriotas, la paz sigue su marcha irrefrenable, IRREFRENABLE. Las espontáneas y multitudinarias movilizaciones sociales de apoyo a la paz activadas por la juventud, las numerosas manifestaciones de organizaciones sociales y populares, de partidos y movimientos políticos, y el reiterado acompañamiento de la comunidad internacional, nos incitan pensar que se ha iniciado el gran cambio histórico hacia una sociedad auténticamente democrática, pacífica y justa. Los resultados de octubre también nos llevaron a pensar en sentido más reflexivo acerca de los límites de la democracia liberal y de la regla mayoritaria, particularmente cuando ésta se establece bajo las condiciones de mayúscula abstención y cuando están de por medio decisiones de semejante trascendencia, como las que conciernen a la posibilidad histórica del buen vivir y en paz para las nuevas generaciones. Recordamos, en ese contexto, nuestras visiones de democracia discutidas en la Mesa, que apenas alcanzaron a ser recogidas de manera muy parcial en el acuerdo sobre “apertura democrática”. Y reforzamos nuestras certezas acerca de la necesidad de luchar por nuevos entendimientos, diseños y procedimientos democráticos que trasciendan el simple sufragio, a fin de garantizar una verdadera participación social y ciudadana en los asuntos que inciden sobre la vida nacional. Aún en condiciones de esa precariedad democrática, en la medida en que accedimos al procedimiento de refrendación plebiscitaria en la búsqueda de la paz deseada, entendimos que pese a la débil mayoría, teníamos el compromiso político de aceptar el resultado adverso y de atender las múltiples voces que lo habían propiciado, distinguiendo entre aquellas que manifestaban preocupaciones sinceras por un nuevo y mejor acuerdo, y otras que tenían la pretensión de erigirse en obstáculo para el logro del propósito superior, aunque dada la coyuntura se cobijaran también con el manto y el discurso de la paz. Comprendimos mejor, entonces, el sentido del pluralismo y de la diversidad, de los intereses particulares y de grupos y sectores específicos del conglomerado social, que -en medio de la conflictividad que es inherente al orden vigente- merecen respeto y reconocimiento. El mismo que demandamos hacia nosotros. Así es, que, en atención a ello, nos dimos a la tarea, junto con el Gobierno Nacional, de reabrir la discusión en la Mesa de La Habana, para considerar -con el rigor exigido por las circunstancias- todas y cada una de las propuestas de precisión y ajuste del acuerdo suscrito el 26 de septiembre, bajo el entendido de que se trataba de un perfeccionamiento de lo ya convenido, teniendo en cuenta lo manifestado por todos los sectores políticos y sociales que participaron en un plebiscito cuyos resultados no debían comprenderse como una negativa al acuerdo de paz, sino como un llamado a su mejoramiento. Aunque la X Conferencia Nacional Guerrillera refrendó el texto de un acuerdo que para nosotros ya estaba cerrado, comprendimos la importancia de reformularlo con un mayor consenso que incorporara muchas voces que estuvieron ausentes durante el proceso de conversaciones, y que incluso habiendo dicho No tienen su sentimiento del lado de la reconciliación. Somos conscientes de que la posibilidad real de desatar la potencia transformadora de los acuerdos descansa sobre su legitimidad política y social. Por tal razón, nos produce una inmensa satisfacción anunciar que al tiempo que el nuevo Acuerdo alcanzado preserva la estructura y espíritu del primer acuerdo convenido, incorpora un sinnúmero de ajustes y precisiones, que recoge observaciones y nuevas propuestas de redacción, que formula aclaraciones y despeja dudas donde se consideró necesario. Por ejemplo, en materia de Jurisdicción Especial para la Paz se incorporaron no menos del 65% de las propuestas provenientes de los diversos sectores que votaron NO en el plebiscito; casi el 90% de las iniciativas referidas al polémico tema de género; y algo más de 100 variaciones que tocan los temas concernientes a Reforma Rural Integral, Participación Política, Nueva política antidrogas, Víctimas, Fin del conflicto e implementación y verificación. Al respecto, de nuestra parte hemos cedido, incluso extendiendo fronteras que nos habíamos trazado, desplazándolas hasta los límites de lo razonable y aceptable para una organización político-militar cuyas armas no fueron vencidas; que acudió por tanto a la mesa de diálogos a una negociación y no a un proceso de sometimiento; y que ha tomado la decisión de participar en la vida política legal, si se cumple un conjunto de condiciones que lo hagan posible. Le decimos a la sociedad colombiana que hemos realizado nuestro mejor esfuerzo por responder a los anhelos de paz, y podemos afirmar con la frente en alto que hemos cumplido y que al nuevo acuerdo, el único camino que le espera, es su implementación, teniendo en cuenta que con él quedan sentadas las bases para comenzar una tarea aún más difícil y compleja: la construcción de una paz estable y duradera, a la que esperamos se puedan sumar, con nuevos aportes, fruto de su negociación, los compañeros del Ejército de Liberación Nacional, y que toda la institucionalidad del Estado, el poder Ejecutivo, el Congreso de la República, la altas Cortes, la Fiscalía General de la Nación, las Fuerzas Militares y de Policía, asuman su respaldo. Con el nuevo Acuerdo Final se generan condiciones para iniciar el difícil proceso de la reconciliación nacional, propósito que compromete a las diferentes clases sociales, al empresariado nacional, a los sectores medios de la población, a la clase trabajadora urbana y rural, a los intelectuales y artistas, a los trabajadores de la cultura, a las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, a la comunidad LGBTI, a las mujeres y hombres del común, y desde luego a nuestros guerrilleros, que con expectativa han estado en paciente y disciplinada espera; y también a todos los partidos y movimientos políticos y sociales. La firma de este nuevo acuerdo debe dar inicio a la construcción del país de la concordia que llevamos en el corazón y con el que hemos soñado durante toda la vida. Pero el solo acuerdo no es suficiente, porque un papel florecido de promesas y buenas intenciones, sin veeduría ciudadana, fácilmente puede ser arrastrado por el viento de la desidia hacia el desierto de la nada y la frustración de la esperanza. Lo reiteramos: el principal garante del cumplimiento y la implementación de los acuerdos, además del componente internacional, es el propio pueblo y sus organizaciones, porque nadie mejor que él puede sentir la urgencia de su concreción, porque toca con su dignidad y su derecho a vivir en paz. Está triunfando la paz, no lo dudamos. Nos sentimos orgullosos de que Colombia siga siendo referente mundial de paz. Reiteramos el llamado que hiciéramos con el Gobierno a concertar con todas las fuerzas vivas del país, “un gran ACUERDO POLÍTICO NACIONAL encaminado a definir las reformas y ajustes institucionales necesarios para atender los retos que la paz demande, poniendo en marcha un nuevo marco de convivencia política y social”. Es tiempo de paz; de despliegue de una contienda política que admita, sin el ejercicio estructural de la violencia y el recurso de las armas, la existencia de diversas visiones de sociedad y en la que se pueda luchar por ellas por la vía democrática. Que la contienda se traslade al campo de las ideas enarbolando en lo más alto de las conciencias, la bandera de la verdad y de la honradez. Que nadie trunque los sueños y las esperanzas de millones de almas. Hagamos de la paz una condición estable y duradera sobre la base del respeto a los derechos del pueblo y la justicia social. Nuestro futuro está fuertemente ligado al derecho a la tierra, a la salud, a la educación, a la vida digna, para que nadie en Colombia recaiga en la desesperanza. Ha llegado el momento de la construcción de sueños y de darle vida a la esperanza mediante la lucha política, llenando nuestros corazones del más inmenso amor por la patria. Con la voz del tribuno del pueblo Jorge Eliécer Gaitán, digamos una vez más: “Bienaventurados los que entienden que las palabras de concordia y de paz no deben servir para ocultar sentimientos de rencor y exterminio...”. Que renazcan, entonces, de la luz de este Acuerdo de Paz, las mariposas amarillas de Mauricio Babilonia para que invadan con su amor y reconciliación todos los rincones de este gran Macondo que es Colombia. Amamos la paz, amamos a Colombia. Que Dios y el comandante Manuel Marulanda Vélez, bendigan este acuerdo. Muchas gracias. DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP4 | Página
“Hubo concesiones importantes en varios temas sobre todo precisiones en temas de justicia, de garantías para las víctimas, creo que se lograron cosas importantes, como la del término definido que tendrá que tener la jurisdicción para la paz, la vinculación y coordinación con la justicia ordinaria y la constitucional, la eliminación de la posibilidad de incorporar estos acuerdos a la constitución que creo que es una gran victoria de los sectores del no”, expresó la senadora. López precisó que con la nueva firma “hay cambios sustanciales en materia de justicia y en materia de ingreso al bloque de constitucionalidad, de resto me parece que hay más precisión. No habrá cárcel, habrá restricción efectiva de la libertad con algunas precisiones y habrá participación en política que era una solicitud grande de los del NO”, dijo. Y continuó: “Me parece que aquí lo importante o lo destacable de este anuncio es que hay un nuevo acuerdo que es definitivo, que no irá a refrendación popular e irá a implementación”. Además, calificó de “acto humilde y acertado” de De la Calle y del gobierno “que hayan procedido como les correspondía, con lealtad por los resultados de la democracia, es decir, que hayan escuchado a los sectores del NO genuinamente, que hayan entendido a profundidad sus preocupaciones y hayan hecho un esfuerzo genuino para tratar de incorporarlas”. Ahora, el éxito de este nuevo acuerdo será entonces “que tengan un mayor respaldo y que podamos superar esta etapa de guerra en Colombia tan dolorosa de 52 años y pasar a una etapa en la que se construya una paz territorial”, concluyó.
En un operativo adelantado en zona rural de Ituango, tropas del Ejército lograron el sometimiento voluntario a la justicia de tres presuntos integrantes de la Subestructura 18 de las disidencias de las Farc y la recuperación de una menor de edad que habría sido reclutada por esa organización ilegal.La acción se desarrolló en el corregimiento Santa Rita, donde unidades del Batallón de Infantería N.° 10 Coronel Atanasio Girardot, adscrito a la Cuarta Brigada, ejecutaron la operación con apoyo de la Policía Nacional de Colombia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y el CTI de la Fiscalía General de la Nación. El despliegue permitió extraer con vida a los desmovilizados y garantizar la protección de la adolescente de 14 años.Según información oficial, los hombres harían parte de la comisión armada de seguridad de alias 'Ramiro', señalado cabecilla principal de la estructura ilegal. Uno de los sometidos relató que llevaba cerca de cuatro años en el grupo, luego de haber sido reclutado de forma forzada cuando era menor de edad.Durante el procedimiento, los desmovilizados entregaron una pistola, 51 cartuchos y dos radios de comunicación, material que quedó en manos de las autoridades para su judicialización. La menor, por su parte, fue puesta bajo rutas de protección para restablecer sus derechos.El Ejército señaló que este resultado evidencia el impacto de la ofensiva militar sostenida en el norte antioqueño, que ha debilitado las estructuras armadas ilegales y abierto espacios para que integrantes abandonen las armas. Las autoridades destacaron que estas acciones también permiten obtener información estratégica para futuras operaciones contra grupos residuales
Con el inicio de la Cuaresma, la Conferencia Episcopal de Colombia, a través del Secretariado Nacional de Pastoral Social–Cáritas Colombiana, lanzó la Campaña de Comunicación Cristiana de Bienes 2026, una iniciativa que se desarrollará en todo el país y que este año prioriza la atención a departamentos como Córdoba, Sucre y la región del Urabá, donde las lluvias han generado graves afectaciones."Para que, más allá de nuestras diferencias, pongamos en el corazón de nuestra preocupación a todos nuestros hermanos y hermanas que están experimentando un sufrimiento muy grande, y que no es de poco tiempo, sino que va a requerir un esfuerzo muy grande para ayudar también a todos los procesos de reconstrucción de viviendas, de caminos, de escuelas”, aseguró Monseñor Francisco Javier Múnera, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia.Según explicó la Iglesia, los recursos recaudados fortalecerán el Servicio Nacional de Emergencias de Cáritas Colombiana, que durante 2025 respondió a 25 emergencias. En ese periodo atendieron a más de 12.000 personas, correspondientes a 3.336 familias, mediante la entrega de kits de alimentos, higiene, elementos de noche, cocina y apoyo para bebés, con una inversión cercana a los 832 millones de pesos.Según el balance entregado, en lo corrido de 2026, la organización ya ha destinado 228 millones de pesos para apoyar a comunidades afectadas en municipios como Montelíbano, Apartadó, Riohacha, Guapi e Istmina, en un contexto que, según advirtieron los obispos, requerirá esfuerzos sostenidos para la reconstrucción de viviendas, infraestructura comunitaria y medios de vida.La Iglesia hizo un llamado a los colombianos a sumarse a la campaña a través de las parroquias del país o mediante donaciones al fondo nacional de emergencias, con el fin de “convertir la fe en acción concreta, estructurada y transparente, para que la caridad se traduzca en esperanza real para miles de familias que hoy enfrentan la adversidad”.
En Colombia, más de 9 millones de ciudadanos han sido obligados a abandonar sus hogares como consecuencia del conflicto armado, el control territorial de grupos ilegales y las disputas por economías ilícitas, un fenómeno que durante décadas ha profundizado la pobreza, la exclusión y la desigualdad en amplias regiones del país.En este contexto, el Departamento Nacional de Planeación, la Unidad para las Víctimas y Prosperidad Social, presentó el CONPES 4180, una nueva política pública que proyecta una inversión de 10,1 billones de pesos, que busca establecer soluciones duraderas para las víctimas de desplazamiento forzado. El documento, aprobado el 30 de diciembre de 2025, traza una hoja de ruta con 66 acciones orientadas a facilitar la estabilización socioeconómica de esta población.De acuerdo con el DNP, el objetivo es coordinar una respuesta institucional que permita superar las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan millones de víctimas. “Es un documento que coordina acciones, 66 acciones intersistémicas, intersectoriales, con un presupuesto indicativo de 10 billones de pesos”, explicó la directora de la entidad, Natalia Irene Molina.La meta es que al menos el 75 % de las víctimas logre superar su situación de vulnerabilidad mediante el acceso a empleo, generación de ingresos e integración social, ya sea a través del retorno a sus territorios, la reubicación o su permanencia en las comunidades donde reconstruyeron sus vidas.Desde la Mesa Nacional de Víctimas, Odorico Guerra Salgado, coordinador del eje temático de desplazamiento forzado, advirtió que el principal desafío será que las medidas anunciadas se traduzcan en acciones concretas en los territorios.“Nosotros primero que todo esperamos que haya una verdadera voluntad política por parte de las instituciones del gobierno nacional para que esa implementación del CONPES de soluciones duraderas sea exitosa en los territorios y que ojalá no sea una ni dos, sino todas las 66 acciones que están contenidas en el CONPES 4180 se puedan hacer realidad”, señaló.Giovanni Lepri, representante en Colombia de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), aseguró que la política representa un avance, aunque sus resultados se verán con el tiempo. “El CONPES para nosotros es un punto de partida, no es un punto de llegada, pero es un punto de partida muy relevante porque es la primera vez que hay una política pública estructurada alrededor de buscar soluciones”, afirmó.Lepri también advirtió que muchas víctimas han vivido durante años en condiciones de vulnerabilidad, especialmente en entornos urbanos, donde la integración social y el acceso efectivo a derechos siguen siendo un desafío.“Hay personas que llevan una situación de vulnerabilidad causada por el desplazamiento desde hace muchos años, entonces ya por ejemplo vemos que el 70 % más de la población desplazada quiere quedarse en áreas urbanas, (…) lo que van a hacer van a ser ciudadanos de las ciudades que ya los han recibido hace muchos años, pero le ha faltado esta parte de regularización y de un acceso a derechos de coste efectivo de sus derechos”, explicó.El documento contempla la articulación de 24 entidades del orden nacional y territorial, responsables de ejecutar las acciones previstas. No obstante, el propio Departamento Nacional de Planeación reconoció que los recursos dependerán de la disponibilidad fiscal y de las decisiones presupuestales de cada entidad.
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, le pidió a la Corte Constitucional declarar inconstitucional el Decreto 1390 de 2025, mediante el cual el Gobierno declaró el estado de emergencia económica y social en todo el país.No obstante, solicitó que la Corte “declare la inconstitucionalidad del Decreto 1390 de 2025, modulando sus efectos para que sean diferidos únicamente en lo que respecta a la vigencia de las medidas destinadas a conjurar la crisis en el sector salud”.En un documento enviado al magistrado Carlos Camargo Assis, la defensora examinó tres de las causas que el Gobierno presentó como fundamento de la emergencia: el cumplimiento de órdenes judiciales relacionadas con la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y la financiación del sistema de salud; el deterioro de la seguridad territorial y los riesgos para líderes sociales, defensores de derechos humanos y candidatos electorales; y el atraso en el pago de indemnizaciones a víctimas del conflicto armado.Crisis en salud y financiación de la UPCEn materia de salud, la Defensoría recuerda que desde 2016 se estableció como estándar mínimo que la UPC del régimen subsidiado no sea inferior al 95 % de la del régimen contributivo. La persistencia en los incumplimientos ha generado incluso incidentes de desacato.Según cifras recopiladas por la entidad, en 2025 la Adres destinó $88,4 billones a la UPC, lo que representa el 88 % de los recursos del sistema. Para 2026 se proyectan $101 billones, un incremento del 14,3 %.“No obstante, las EPS reportaron una siniestralidad del 109,5 %, que implicó un déficit presupuestal estimado de $5,95 billones, sin incluir los $5,2 billones adicionales correspondientes a gastos administrativos”, señala el documento.La Defensoría advierte que “la evidencia disponible indica que el ajuste proyectado de la UPC para 2026 corrige solo parcialmente el problema, pues subsisten déficits estructurales acumulados de vigencias anteriores. De hecho, el requerimiento fiscal de 3,3 billones que indica el Gobierno en el Decreto 1390 puede incrementarse si se consideran las deudas acumuladas del sistema, estimadas entre $10 y $30 billones, respecto de las cuales no existe consenso”.La entidad también señala que el desfinanciamiento ha impactado directamente el acceso a medicamentos y servicios. “En definitiva, el panorama descrito permite concluir que la desfinanciación de la UPC configura una situación de gravedad e inminencia que exige una respuesta urgente del Estado orientada a asegurar la búsqueda de fuentes adicionales de recursos que facilite la estabilidad de los pagos en la cadena de atención y la protección efectiva de las personas, especialmente las más vulnerables”.Las cifras respaldan esa advertencia. Las quejas por fallas en la prestación del servicio aumentaron 78 % entre 2023 y 2025. Solo en 2025 se registraron más de 46.000 reclamaciones. También crecieron las tutelas y los reclamos ante la Superintendencia de Salud, con cerca de 685.000 quejas por medicamentos. Además, el gasto de bolsillo de los hogares alcanzó su nivel más alto en años, llegando en algunos departamentos hasta el 30 % de los ingresos familiares.Sin embargo, pese a reconocer la gravedad de la situación, la Defensoría argumentó que “ninguna de estas causas cumple el presupuesto fáctico de sobreviniencia” y que el Gobierno “no demostró la insuficiencia de los mecanismos ordinarios”, entre ellos la “reasignación del presupuesto flexible” y las “operaciones de crédito público”.Seguridad y orden públicoEl segundo argumento del Gobierno fue el deterioro del orden público, los ataques con drones en departamentos como Cauca, Cesar y Norte de Santander, y el aumento del riesgo para líderes sociales y candidatos en el contexto electoral.La Defensoría señala que solo en 2025 se documentaron 177 homicidios de personas defensoras de derechos humanos. También aumentaron las amenazas contra actores políticos.Sin embargo, la entidad sostiene que la violencia contra líderes sociales ha sido advertida durante años a través del Sistema de Alertas Tempranas. Incluso el uso de drones con explosivos ya había sido documentado antes de la declaratoria de emergencia.“Si bien los riesgos para la población líder y defensora de derechos humanos, así como para los y las candidatas son graves, el Decreto no identifica un riesgo efectivo capaz de materializarse en un daño concreto e inminente”.Además, recuerda que el Congreso ya había aprobado aumentos presupuestales para el sector defensa y para la Unidad Nacional de Protección.Reparación a víctimasEl tercer punto analizado fue el atraso en el pago de indemnizaciones a víctimas del desplazamiento forzado.Según el documento, “el gobierno había pagado indemnizaciones a un total de 1.769.413 víctimas”, cifra que “corresponde únicamente al 19% de las 9.226.775 personas susceptibles de recibir la medida”.Pero la Defensoría insiste en que tampoco se trata de un problema reciente. Desde la expedición de la Ley de Víctimas en 2011 se advertía que la financiación sería insuficiente frente al universo real de afectados.“En 2022, la entonces directora de la Unidad para las Víctimas indicó que, de no adoptar medidas adicionales, tardaríamos más de 60 años en reparar a todas las víctimas registradas hasta ese momento.32 Esto evidencia que el problema de los pagos atrasados por concepto de reparación no es nuevo y que obedece a un problema estructural advertido por el gobierno desde tiempo atrás”.Inconstitucionalidad con efectos diferidosCon base en todo este análisis, la Defensoría concluye que el Decreto es inconstitucional porque no se cumplieron los requisitos para declarar un estado de excepción.No obstante, hace una precisión clave sobre la salud. Advierte que “la falta de liquidez financiera en el sistema de salud demanda medidas inmediatas y certeras para conjurar el progresivo agravamiento de los problemas de acceso equitativo a medicamentos, tratamientos y procedimientos incluidos en el PBS”. Y agrega que “ante la duda, la solución debe contemplar todas las medidas posibles para conjurar la extensión de la crisis”.Por eso insiste en que la Corte declare la inconstitucionalidad, pero con efectos diferidos en lo relacionado con las medidas tributarias.“Declarar la inconstitucionalidad del Decreto 1390 de 2025, modulando sus efectos para que sean diferidos únicamente en lo que respecta a la vigencia de las medidas destinadas a conjurar la crisis en el sector salud”, y “preservar las medidas tributarias adoptadas en el Decreto 1474 de 2025 por el término de la vigencia fiscal de 2026”, con destinación específica al sistema de salud.También pide que la Procuraduría, la Contraloría y la Sala Especial de Seguimiento ejerzan vigilancia estricta sobre esos recursos, y exhorta al Gobierno y al Congreso a tramitar una ley de financiamiento que estabilice estructuralmente el sistema.
Un operativo conjunto el Ejército y la Policía permitió ubicar y neutralizar un arsenal de alto poder perteneciente a las disidencias de las Farc al mando de alias 'Iván Mordisco', en zona rural del departamento del Meta. El material de guerra estaba oculto en la vereda La Floresta, jurisdicción de El Castillo, y según inteligencia, iba a ser usado en ataques contra la Fuerza Pública y comunidades de Meta y Guaviare.En el depósito ilegal fueron halladas 190 granadas adaptadas para drones, 56 granadas de mortero, 88 minas antipersonal y 100 detonadores. El hallazgo confirma la evolución de las tácticas de esta estructura armada criminal, que está apostándole al uso de explosivos lanzados desde el aire para maximizar daño y alcance.El director de la Policía, el general William Rincón Zambrano, aseguró que el resultado golpea directamente las capacidades logísticas del grupo armado y evita posibles acciones violentas. Según dijo, el arsenal representaba una amenaza directa para uniformados y población civil.Desde el departamento de Policía Meta también advirtieron que el material incautado permitiría ataques con drones cargados de explosivos, una modalidad que ha encendido alertas en varias regiones del país. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar movimientos sospechosos que permitan anticipar atentados.La operación contó con el apoyo de la Fiscalía y sigue en desarrollo para ubicar a los responsables del almacenamiento del material y debilitar la estructura 'Martín Villa', señalada de operar bajo el mando de Mordisco. Mientras tanto, las autoridades mantienen presencia reforzada en la zona ante posibles retaliaciones.
El pronunciamiento de la JEP se da luego de la denuncia presentada por los familiares del dirigente social Pedro Julio Movilla Galarcio, junto con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), quienes alertaron sobre una excavación ilegal realizada el 3 de febrero de 2025 en las instalaciones de la Escuela de Logística del Ejército, antigua sede de la Brigada XX en Bogotá.Según indicaron, el punto intervenido había sido identificado como un posible sitio donde podrían encontrarse restos de Movilla.En ese mismo sentido, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó a la JEP que encontró rastros de sangre humana en uno de los elementos materiales recuperados, el cual se encuentra protegido por una medida cautelar adoptada en septiembre de 2024, a solicitud de víctimas del conflicto armado.Según explicó la Jurisdicción, el rastro biológico fue identificado en un elemento recuperado en la zona que la propia JEP reportó como vulnerada en febrero de 2025, cuando detectó una excavación no autorizada en áreas de interés forense que estaban bajo protección judicial.Tras conocer esa intervención, la JEP interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, solicitó la apertura de investigaciones disciplinarias e inició un incidente de desacato.“Como resultado de esta última decisión, la JEP sancionó al director de la Escuela de Logística, teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo Escobar, con tres días de arresto y una multa de diez salarios mínimos legales vigentes, al hallarlo responsable de permitir una intervención no autorizada en el predio protegido, ubicado en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá. La sanción de multa fue confirmada por la Sección de Apelación el 8 de octubre de 2025”, aseguran en el comunicado.La Jurisdicción aseguró que la información sobre el hallazgo fue comunicada directamente a la familia de Pedro Julio Movilla y a las organizaciones solicitantes de la medida cautelar.
Aunque grupos armados ilegales han manifestado que no interferirán en el proceso democrático, en terreno persisten situaciones que afectan el ejercicio político.El presidente de Indepaz, Camilo González, señaló que estructuras como el ELN, el Clan del Golfo y algunas disidencias de las Farc han firmado declaraciones en las mesas de conversación con el Gobierno Nacional en las que se comprometen a no intervenir en las elecciones. Sin embargo, advirtió que posteriormente se presentan hechos que alteran la actividad política.“Se presentan situaciones que luego ellos mismos explican como situaciones inmanejables, errores por el control de territorios, porque tienen la pretensión de ser los dueños y los que dan permiso o no. Entonces eso, por supuesto, tiene repercusiones muy negativas para el ejercicio de la política”, aseguró González.Según el directivo, estas justificaciones generan restricciones para candidatos, líderes sociales y comunidades, afectando el desarrollo democrático.El presidente de Indepaz señaló que actualmente hay al menos 81 municipios con alertas graves frente a la perspectiva electoral. No obstante, afirmó que esto no significa necesariamente que en todos ellos se vaya a impedir la instalación de puestos de votación o que se produzcan sabotajes directos, pero sí refleja un contexto delicado para el normal desarrollo de las campañas.Además, subrayó que en cerca de 300 municipios se registran alteraciones y riesgos asociados a prácticas tradicionales como la compra y el rastreo de votos.“En cerca de 300 municipios, las alteraciones y los peligros para las elecciones tienen que ver con las tradicionales formas de corrupción, como la compraventa y el rastreo de votos, además del manejo del clientelismo. Pero la parte de la violencia directa, que ya hemos visto en disparos y atentados, incluso en Bogotá, sigue presente en diferentes regiones”, agregó.Aunque los grupos en negociación han reiterado su voluntad de no interferir en el proceso electoral, la situación en terreno evidencia que persisten dinámicas de presión armada y control territorial que podrían impactar el ejercicio democrático.
Desde hace tres días se intensificaron los hostigamientos en El Carmen, Norte de Santander. Los enfrentamientos armados en pleno casco urbano no solo han dejado un policía muerto y ataques contra la fuerza pública, sino que mantienen a los menores fuera de las aulas y expuestos al fuego cruzado.Según Luis Fernando Niño, consejero de Paz de Norte de Santander, entre 300 y 350 estudiantes permanecen sin asistir a clases debido a los combates y a la presencia de hombres armados en el casco urbano.“Ayer, cuando se dio el primer ataque, inició a las seis y cuarto de la mañana aproximadamente, que es la hora de ingreso de los estudiantes al colegio. Hoy fue igual, en las horas de la mañana. La persona que nos ha dado información desde la institución educativa habla de aproximadamente entre 300 y 350 menores que no han podido ir a clases”, aseguró Niño.La suspensión de las clases también implica que los estudiantes no tengan acceso al Plan de Alimentación Escolar.“A esto hay que sumarle no solo las clases, sino el tema del Plan de Alimentación Escolar, que es parte de este suplemento importante para que los niños puedan realizar sus labores diarias. Todo esto, obviamente, se ve afectado en medio del fuego cruzado que se está dando, reitero, en el casco urbano, con población civil en medio, violando así el derecho internacional humanitario”, agregó el consejero de Paz.Sin embargo, la principal preocupación es el riesgo que enfrentan los menores ante la posibilidad de quedar en medio del fuego cruzado o ser víctimas de reclutamiento forzado.“Ahorita, con los enfrentamientos, se ha deteriorado mucho más esto, pero en otras zonas del Catatumbo también, por el miedo al reclutamiento forzado, los padres de familia no envían a sus hijos porque pueden pisar un campo minado, pueden quedar en medio del fuego cruzado o también pueden ser reclutados”, añadió.Las autoridades reiteraron que, mientras persistan los hostigamientos en El Carmen, más de 300 menores seguirán sin poder regresar a clases, en medio de una escalada violenta que aumenta el riesgo de reclutamiento forzado en el Catatumbo.
La Sección de Apelación de la JEP ratificó la competencia de esa jurisdicción para investigar el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, asesinado el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá, cuando salía de dictar clases en la Universidad Sergio Arboleda.La familia del líder conservador había solicitado a la JEP revocar esa competencia y enviar el caso a la Fiscalía; sin embargo, la jurisdicción consideró que existen elementos suficientes para mantener la investigación en su órbita.“La JEP tiene competencia material para adelantar la investigación por el presente caso. Aunado a ello, y reconociendo el interés legítimo que asiste a las víctimas en reclamar que se haga justicia por los hechos, la SA identifica que le corresponde al Estado encauzar de manera objetiva la totalidad de las acciones que resulten conducentes para garantizar el cumplimiento efectivo de su obligación de investigar y sancionar a los responsables”, señala la resolución de la Sección de Apelación.La jurisdicción precisó que, aunque mantiene la competencia, la justicia ordinaria puede avanzar en otras hipótesis, ya que la JEP se concentrará en la relacionada con la presunta responsabilidad de la extinta guerrilla de las Farc.“La Sección de Apelación insiste en que debe tenerse presente que la competencia que asume la JEP para investigar los homicidios de Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir solamente cobija la hipótesis relacionada con la presunta responsabilidad de exmiembros de las Farc-EP y, en consecuencia, no configura ningún tipo de interferencia con los avances que puedan seguir obteniéndose en la JPO por parte de las instituciones que se encuentran indagando la responsabilidad de otros agentes estatales y no estatales que no estarían sujetos a la competencia del órgano judicial transicional, por lo menos hasta la fecha. En ese sentido, como ya lo indicó la Sala de Reconocimiento, la Fiscalía y la Comisión de Investigación y Acusación podrán continuar con su función constitucional, en tanto siguen ostentando la titularidad de la acción penal de las investigaciones ya reseñadas y que no son objeto de estudio por la JEP”, agregaron los magistrados.La familia de Álvaro Gómez ha reiterado que no cree en la versión de la extinta guerrilla de las Farc, según la cual esa organización es responsable del magnicidio. Sus familiares sostienen que habría una responsabilidad de Estado e incluso han señalado por su presunta responsabilidad al expresidente Ernesto Samper.En la resolución también se indica: “Aunque no existe un nivel de certeza determinante, tampoco es descartable la responsabilidad de las Farc-EP y, en esa medida, se entiende que esta hipótesis podrá encontrar una evolución mientras avanza la investigación y el esclarecimiento de los patrones de violencia y hasta que se logre determinar de manera contundente la existencia, o no, de la responsabilidad penal que ha sido formulada por los comparecientes. Lo anterior, bajo la debida garantía de que en cada etapa del proceso las víctimas y demás intervinientes tendrán las oportunidades correspondientes para presentar, de acuerdo con las reglas procesales aplicables, las objeciones que estimen pertinentes”.La Sección recordó además que la jurisdicción tiene competencia prevalente para investigar hechos relacionados con el conflicto armado. En ese sentido, explicó que miembros del antiguo Secretariado de las Farc-EP afirmaron que el asesinato obedeció a una retaliación por las posturas políticas de Gómez Hurtado en la época del surgimiento de esa guerrilla, cuando los calificó como “repúblicas independientes”.
Miroslav Jenca, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, explicó que uno de los mayores desafíos se concentra en regiones como el Catatumbo, donde el desplazamiento forzado y el confinamiento continúan afectando a miles de personas. Según señaló, en el marco de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) y las Curules de Paz, cerca de 100.000 personas no pueden ejercer su derecho al voto debido a que se ven obligadas a desplazarse constantemente de un lugar a otro como consecuencia de la violencia.“Hay alrededor de 100.000 personas que prácticamente no pueden votar porque se desplazan de un lugar al otro”, aseguró.El jefe de la misión relató que durante sus recientes visitas a esta región, incluida la zona rural del municipio de Tibú y sectores como Versalles, pudo constatar la complejidad de la situación humanitaria y de seguridad. “Hablé con la gente en Versalles, y allá la situación de veras es muy, muy compleja, muy difícil”, afirmó.En ese contexto, Jenca insistió en que garantizar el derecho al voto es esencial para la democracia colombiana. “Yo pienso que es muy importante asegurar, garantizar el derecho al voto a todos los votantes y todas las votantes aquí en Colombia”, reiteró, haciendo énfasis en la necesidad de adoptar medidas para las regiones más afectadas por el conflicto.El jefe de la misión también se refirió a las responsabilidades frente al desarrollo de la campaña electoral. Señaló que el gobierno colombiano tiene un papel central en la protección del proceso democrático, al ser el único con el uso legítimo de la fuerza. En ese sentido, recalcó que el Gobierno debe garantizar un entorno seguro para todos los precandidatos y precandidatas, de manera que puedan hacer campaña sin amenazas ni restricciones indebidas.No obstante, Jenca aseguró que los propios precandidatos también deben contribuir activamente a la construcción de elecciones libres y en paz, respetando las reglas del juego democrático y promoviendo un ambiente de tolerancia y no violencia durante la contienda electoral.“Claro que los precandidatos también tienen responsabilidad de contribuir a las elecciones libres y en paz”, añadió.Finalmente, expresó el interés de la comunidad internacional en que todos los actores políticos respalden y firmen compromisos públicos "por que aquí hablamos de la democracia en Colombia".