En dialogo con Blu Radio, Scott Campbell, representante en el país de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, fue claro en que, aunque existen múltiples negociaciones con grupos armados en el marco de la llamada “Paz Total”, no se observan reducciones concretas en las principales violaciones.“En la mayoría de casos de situaciones porque hay múltiples negociaciones, no hemos visto reducciones concretas en términos de reclutamiento de los niños, asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, desplazamiento, confinamiento y con mucho impacto el confinamiento”, aseguró Campbell.Según la verificación de la ONU, en 2025 se registraron 53 masacres que dejaron 174 víctimas, así como el asesinato de 99 personas defensoras de derechos humanos por causas vinculadas a su liderazgo y trabajo comunitario. Para el organismo, estos indicadores evidencian que la violencia se está reconfigurando en varias regiones del país.El confinamiento, explicó, implica que comunidades enteras no pueden salir de sus casas para trabajar, estudiar o acceder a alimentos, lo que profundiza la crisis humanitaria en los territorios.Uno de los puntos más críticos señalados por el Alto Comisionado es el reclutamiento de niños y niñas, especialmente a través de redes sociales. La ONU ha documentado cómo grupos armados utilizan plataformas digitales para atraer menores con promesas económicas y falsas oportunidades.Ante esta situación, Campbell hizo un llamado directo a las empresas tecnológicas para asumir mayor responsabilidad.“No estamos diciendo que es fácil borrar todas las cuentas y eliminar el problema. Pero urgimos a las empresas de invertir los recursos necesarios. Porque el impacto sobre la niñez de Colombia, la familia es el futuro de Colombia. Es como los grupos armados están robando Colombia de su futuro. A través del reclutamiento forzado. Las empresas pueden y deben hacer más”, afirmó.La Oficina concluyó que, frente a este escenario, se requieren medidas más firmes y efectivas para proteger a la niñez, a las personas defensoras de derechos humanos y a las comunidades que permanecen bajo presión de grupos armados en distintas regiones del país.El Alto Comisionado también se refirió al proceso electoral, e hizo un llamado a reforzar la seguridad de candidatos y líderes políticos ante el aumento de amenazas y hechos de violencia.“Medidas para la protección colectiva de comunidades en riesgo por facilitar una participación efectiva. Y seguramente el último mensaje es que el Gobierno y otros tienen una oportunidad para fortalecer mensajes públicos para calmar la situación. Si puedo decir, para reducir los discursos de odio, la polarización, la estigmatización que está en las redes sociales”.El último informe advierte que en 2025 se registraron 18 homicidios y 126 ataques y amenazas contra lideresas y líderes políticos, incluidos concejales y funcionarios municipales. Para la ONU, garantizar la seguridad en este periodo no es solo una cuestión de orden público, sino una condición esencial para proteger el ejercicio libre y seguro de los derechos políticos.En ese sentido, Campbell subrayó que el proceso electoral representa una oportunidad decisiva para fortalecer la democracia y evitar un retroceso mayor en materia de derechos humanos.
El mensaje fue expresado por monseñor Héctor Fabio Henao, obispo delegado para las relaciones Iglesia-Estado, quien insistió en que el país necesita “hacer unos ejercicios muy concretos” para garantizar que las elecciones sean libres.“El país necesita, indudablemente, hacer unos ejercicios muy concretos para proteger que las elecciones sean libres, que la gente pueda votar de manera informada”, afirmó.En esa línea, subrayó que los ciudadanos deben contar con “los elementos suficientes para votar” y que el debate democrático debe darse sin poner en riesgo la vida.Uno de sus mensajes centrales fue el rechazo al uso del miedo como herramienta política. “El miedo no puede ser el condicionamiento para votar, el miedo no puede ser el elemento que domine las elecciones en un momento tan histórico como este”, enfatizó.Para monseñor Henao, Colombia atraviesa “un momento muy clave de la vida del país”, lo que exige no solo garantías materiales y de seguridad, sino también una transformación en la manera como se construye el debate público.“Hay que hacer un ayuno del lenguaje del odio, hay que hacer un ayuno del lenguaje que humille, que excluya y que estigmatice”, sostuvo. Según explicó, si se quieren elecciones libres y manejadas de manera responsable y ética, es necesario renunciar a los discursos que descalifican completamente al otro y que no aportan a la democracia.El obispo concluyó que el país necesita un lenguaje “propositivo y generador de democracia, diálogo y encuentro”, como base para que el proceso electoral no solo sea formalmente válido, sino también legítimo y libre de presiones.
La Defensoría del Pueblo alertó que, de acuerdo con los registros de la Fiscalía General de la Nación, durante 2025 se reportaron 118 feminicidios y 333 tentativas, además de 28 transfeminicidios.En términos de tasas por cada 100.000 mujeres, Caquetá, Amazonas y Casanare encabezan los indicadores más altos del país, seguidos por San Andrés, lo que muestra una concentración en regiones de la Amazonía y zonas de frontera.En lo corrido de enero de 2026 ya se han registrado 2 feminicidios y 26 tentativas.Violencia sexual: niñas y adolescentes, las principales víctimasLa Defensoría subraya que los delitos sexuales continúan siendo uno de los delitos con mayor volumen de casos. En 2025 se registraron 15.729 hechos contra mujeres, de los cuales 8.644 corresponden a niñas y adolescentes, es decir, más de la mitad de las víctimas.Las tasas más elevadas se concentran en Vaupés, Guaviare, Guainía y Amazonas. En enero de 2026 ya se contabilizan 963 casos, 453 de ellos contra menores.Trata de personas en territorios de fronteraEn 2025, 193 mujeres fueron víctimas de trata de personas; 95 eran mayores de edad y 41 niñas o adolescentes. Las tasas más altas se registran en Norte de Santander y San Andrés, seguidos por Meta y Bogotá.Explotación sexual infantil y violencia intrafamiliarLa explotación sexual de niñas y adolescentes suma 151 casos en 2025. Guaviare, Vichada, Amazonas y Antioquia presentan las mayores tasas.Por su parte, la violencia intrafamiliar continúa siendo una de las expresiones más recurrentes de agresión contra las mujeres, con 14.860 casos registrados en 2025. Los departamentos con tasas más elevadas son Vaupés, Boyacá, Guaviare y Guainía.“Las cifras de violencias basadas en género durante 2025 y enero de 2026 evidencian que los feminicidios, la violencia intrafamiliar, los delitos sexuales, la explotación sexual de niñas y adolescentes y la trata de personas siguen siendo una realidad persistente que exige una acción urgente e integral”, aseguró la Defensoría del Pueblo.Finalmente, la entidad insistió en que “la garantía y protección de los derechos de las mujeres es una responsabilidad ineludible del Estado colombiano”.
Las consecuencias de los enfrentamientos armados entre el ELN y el frente 33 de las disidencias de las Farc en zona rural de Tibú, siguen impactando la vida cotidiana de cientos de familias.El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) entregó asistencia humanitaria a más de 770 personas que resultaron afectadas por recientes hechos de violencia en tres comunidades del municipio.“Recientemente la población civil se vio afectada por confrontaciones y otros riesgos. Muchas personas tuvieron que desplazarse, mientras otras se quedaron confinadas en sus casas, impedidas de acceder a sus alimentos y a la pesca”, subrayó Georgia Kramer, delegada del CIRC.La ayuda consistió en kits de higiene y alimentación, priorizados tras una evaluación realizada por un equipo de la organización. Según el CICR, la visita permitió identificar las afectaciones que enfrentan las comunidades, entre ellas desplazamientos forzados, confinamientos y limitaciones para movilizarse dentro y fuera de sus veredas.“Estos elementos que han sido bien recibidos por la comunidad en un momento en el que tienen muchas dificultades para poder acceder a sus medios de ingresos y obviamente para el consumo de alimentos”, aseguró Oswaldo Mancilla, responsable de seguridad económica de la subdelegación del CICR en Cúcuta.La organización señaló que durante el diálogo con líderes comunitarios y habitantes de la zona, se evidenció que varias familias tuvieron que abandonar temporalmente sus viviendas, mientras otras permanecieron confinadas por temor a nuevos enfrentamientos.Esta situación no solo restringió su movilidad, sino que también les impidió acceder a sus cultivos, trabajos y fuentes de ingreso, aumentando la dificultad para conseguir alimentos y productos básicos.Con base en lo anterior, el CICR concentró su respuesta en las comunidades con mayores niveles de afectación y urgencia.“La comunidad no cuenta hoy en día con trabajos, se han puesto los trabajos escasos y muchos hogares no cuentan con los alimentos necesarios para los niños ya que la comunidad cuenta con una gran cantidad de niños”, señaló una de las personas beneficiarias, al referirse a la inestabilidad económica que atraviesan tras los hechos de violencia.Otro de los beneficiarios insistió en que la prioridad sigue siendo garantizar condiciones para el retorno de quienes salieron desplazados.“Lo que necesitamos es alimentos que aún no tenemos por la situación que vivimos de esta guerra que estamos viviendo dentro de nuestro Catatumbo. Pues nosotros queremos que nuestras comunidades desplazadas, nuestros habitantes desplazados vuelvan a nuestro territorio para que estemos todos unidos ya que esto está quedando totalmente solo”.
Escondido en una vivienda del área metropolitana de Barranquilla se encontraba Carlos Daniel Morales Mejía, alias 'Carlos Muleta', señalado cabecilla de la banda Los Costeños que fue capturado en las últimas horas por los delitos de concierto para delinquir, homicidio, homicidio en grado de tentativa y extorsión.El operativo se dio una semana después del consejo de seguridad, con presencia de los ministerio de Defensa e Interior, en el que se anunció una recompensa contra este hombre de hasta 140 millones de pesos, debido a que sería hombre de confianza de Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias 'Castor' y líder de un brazo armado de aproximadamente 400 hombres dedicados a la extorsión, el sicariato, el microtráfico y otros delitos.Durante el procedimiento a este cabecilla con una trayectoria criminal de 13 años le fueron incautados dos equipos móviles.Las autoridades lo señalan como presunto responsable del homicidio de Ener Claudina Núñez Radillo, ocurrido el 29 de agosto de 2024 en el barrio La Paz de Barranquilla, así como del homicidio en grado de tentativa contra Leonel Alonso Correa Ramos, el 2 de septiembre de 2024.Según los organismos de seguridad, actualmente se registra una disputa interna dentro del GDO ‘Los Costeños’, situación que habría desatado una serie de homicidios recientes en el área metropolitana.El gobernador del Atlántico afirmó que este resultado demuestra que la ofensiva institucional contra el crimen organizado avanza con determinación.“Hace una semana anunciamos, junto al Ministerio de Defensa, una recompensa para dar con los cabecillas que tienen azotados a nuestros municipios. Hoy podemos decirle a la ciudadanía que esa estrategia comienza a dar resultados concretos. En el Atlántico vamos de frente contra la criminalidad y no vamos a ceder ni un centímetro frente a estas organizaciones”, señaló el mandatario.El gobernador también hizo un llamado a las autoridades judiciales para que el proceso avance con celeridad y rigor.“Esperamos que la justicia actúe con firmeza, sin vicios ni dilaciones. La ciudadanía necesita que estos delincuentes permanezcan tras las rejas y que se envíe un mensaje claro: en el Atlántico no hay espacio para el crimen organizado”, puntualizó.
La propuesta de tomar el control desde la Alcaldía de Barranquilla del aeropuerto Ernesto Cortissoz recibió el respaldo este fin de semana del gobernador Eduardo Verano, quien por sus redes sociales indicó que están a tiempo de hacer de este lugar “un motivo de orgullo y no de vergüenza”.El mandatario escribió que desde la Gobernación de este departamento están listos para unirse y sacar adelante al aeropuerto, hasta llevarlo —dice él— a la altura de la gran transformación que viven el Atlántico y su capital.Del mismo modo, argumentó que es necesario un avance en la remodelación de este sitio para atraer más turismo, inversión y negocios.“La llegada de visitantes a nuestro territorio debe ser tan digna como lo que hoy somos. Barranquilla y el Atlántico se consolidan como uno de los destinos turísticos más atractivos del país. Y para atraer más turismo, inversión y negocios, el Cortissoz debe ser un símbolo de bienvenida, eficiencia y comodidad”, se puede leer en su plataforma de X.Por su parte, la respuesta de Aerocivil fue con datos, ya que defienden un avance en el fortalecimiento y la modernización de esta terminal con inversiones que, basado en sus datos, rodean los 198.000 millones de pesos entre 2024 y 2026.“Desde el 1 de septiembre de 2024 y hasta el 31 de diciembre de 2026, en el marco de la operación pública y administración a cargo de la Aeronáutica Civil, se han presupuestado recursos significativos para asegurar el adecuado funcionamiento, mantenimiento y mejoramiento de esta terminal aérea, fundamental para la conectividad nacional e internacional”, introducen.“Para el periodo 2024–2026 se han destinado los siguientes recursos: Funcionamiento (2024–2026): $29.000 millones. Mantenimiento y operación 2024: $22.300 millones. Mantenimiento y operación 2025: $48.200 millones. Mantenimiento y operación 2026: $44.000 millones. Mejoramiento lado aire y lado tierra: $54.524.533.447”, agregan.Así las cosas, sigue en el aire la posibilidad de que el aeropuerto Ernesto Cortissoz cambie de administrador o, por lo menos, sea operado de forma mixta, tal como lo propuso recientemente la Alcaldía de Barranquilla.
Las autoridades confirmaron que al menos 14 soldados resultaron heridos tras un ataque con drones cargados con explosivos en operaciones militares en Serranías de San Lucas, al sur del departamento de Bolivar.De acuerdo con información oficial, los uniformados hacen parte de la Brigada 19 del Ejército Nacional de Colombia. El general Hugo Alejandro López Barreto, comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, señaló que el ataque sería atribuido al Ejército de Liberación Nacional (ELN), en lo que calificó como “un intento desesperado por frenar el avance de estas tropas” en la región.“Con el apoyo de la División de Aviación Asalto Aéreo y la Fuerza Aeroespacial Colombiana estamos evacuando a nuestros hombres heridos con todos los protocolos de seguridad y la operación continúa”, escribió el alto oficial en sus redes sociales.Asimismo, agregó: “Nuestra premisa es, y será siempre, proteger la vida de todos los colombianos, recuperar el control total del territorio y neutralizar su accionar delictivo”.Blu Radio conoció un video que registró el momento exacto del ataque. En las imágenes se observa el impacto de uno de los artefactos explosivos y a varios militares corriendo para ponerse a salvo.Vea el video aquíCabe recordar que este mismo grupo armado ilegal había anunciado el pasado 23 de febrero un supuesto cese unilateral del fuego con motivo de las elecciones legislativas y consultas presidenciales, previstas para el próximo 8 de marzo.
Como Armando Eneys Buelvas Camargo fue identificado el hombre de 29 años que fue asesinado en la noche de este viernes por sicarios en un parque del barrio Villa Esperanza, en el municipio de Malambo, Atlántico.La víctima estaba atendiendo su puesto de comidas rápidas callejero, ubicado en una cancha conocida como 'Los Chopas', carrera 3 Sur con calle 4b de la municipalidad mencionada, cuando le disparó un sujeto que caminaba por el sitio y luego huyó al montarse en un motocarro.El episodio causó particular alarma en la zona, debido a que en ese mismo barrio estaba a punto de iniciar el cierre de campaña política de uno de los militantes del partido Liberal. “Uy, lo mataron”, “Corre, corre, corre” son algunas de las palabras que se escucharon en un video de redes sociales que evidencia cuándo ocurren los disparos.Cabe destacar que el ataque no está relacionado con el evento político, aunque ocurrió a muy pocos metros. Del mismo modo, a la hora de los disparos, el candidato a la Cámara de Representantes, Cesar Barrera, no había llegado al punto por compromisos en otros barrios del área metropolitana de Barranquilla.“La Policía Nacional se permite informar a la opinión pública que sí se registró el fallecimiento de una persona en el municipio de Malambo; sin embargo, es importante aclarar que este hecho no guarda relación alguna con reuniones o cierres de campaña política, como erróneamente se ha difundido en redes sociales. La información que circula vinculando el suceso con un evento político es inexacta y genera desinformación en un contexto sensible para la comunidad”, se puede leer en un comunicado de la institución armada.“El caso corresponde a hechos aislados, que actualmente son materia de investigación por parte de nuestras unidades de Policía Judicial, con el fin de esclarecer las circunstancias, identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia. La Policía Metropolitana mantiene presencia operativa en Malambo y el área metropolitana, garantizando la seguridad y tranquilidad ciudadana”. agregan.Hasta el momento no se descarta que los hechos estén relacionados con un presunto caso de extorsión, debido a que en la zona hay injerencia de la banda Los Costeños, específicamente de su mando alias 08 ó Carlitos Orejas.
El Ejército israelí anunció la muerte de siete altos cargos del régimen iraní, incluyendo el ministro de Defensa, Aziz Nasirzadeh, y el comandante de la Guardia Revolucionaria, Mohamed Pakpur.En una comparecencia por vídeo, el portavoz del Ejército, Defrie Effin, afirmó que también han muerto en los ataques de este sábado de Israel y Estados Unidos en Irán el secretario del Consejo de Defensa, Ali Shamjani, y dos figuras cercanas al líder supremo israní, Alí Jameneí: su asesor para Asuntos de Seguridad, Ali Shamjani, y el jefe de su Oficina, Mohamed Shirazi.También fallecieron en los ataques el jefe de Inteligencia del Comando Jatem Alanbieh, Salah Asadi, y dos cargos de la organización de innovación en defensa SPND, Reza Mozafari y Hossein Jabal Amelian.
Carlos Holmes Trujillo, excandidato a la vicepresidencia por el Centro Democrático, habló en BLU Radio sobre el nuevo acuerdo de paz logrado entre el Gobierno y las Farc y que fue anunciado este sábado. Holmes afirmó que por el momento no quiere “emitir una opinión definitiva sobre el acuerdo por lo que consideramos que no puede ser tratado como definitivo aún hasta que no lo leamos en detalle”. Dijo que es importante que representantes del NO tengan acceso a los textos del nuevo acuerdo para revisarlo “detalladamente y ver que se haya tenido en cuenta los temas relevantes de las propuestas que se presentaron”. Agregó que la descripción general “suena alentadora, pero solo podremos confirmarlo hasta tanto leamos y veamos que es un gran acuerdo nacional para que sea duradero”. “La estabilidad y duración de la paz depende del nuevo acuerdo el cual no podrá tener garantías si se excluyeron los temas y reparos que se hicieron al acuerdo original”, dijo Holmes.
Estos son los puntos, revelados por el exvicepresidente: -Durante el término de la dejación de armas, las Farc presentarán un inventario de bienes y activos para destinarlos a la reparación material de las víctimas. -En cuanto a la Jurisdicción Especial para la Paz se atendió la mayoría de las propuestas formuladas. -Se precisaron de manera concreta las características y mecanismos de la restricción efectiva de la libertad. En efecto, se fijaron los espacios territoriales específicos para el cumplimiento de las sanciones con un tamaño máximo a las zonas veredales, los periodos de ejecución de las acciones reparadoras, la precisión del lugar de residencia, los mecanismos de monitoreo y la regulación del sistema de autorización para los desplazamientos por fuera de las zonas, requisito necesario en todos los casos. Por iniciativa de algunos opositores se aceptó que mientras entra en funcionamiento la JEP, las acciones reparadoras debidamente verificadas pueden ser descontadas de la sanción que se imponga. -Sobre el discutido tema de la conexidad del narcotráfico con el delito político, el acuerdo es que los magistrados tendrán en cuenta caso a caso la jurisprudencia de las cortes colombianas. -Se eliminan los magistrados extranjeros pero se acepta la presencia de amicus curiae, -expertos extranjeros- para rendir conceptos sobre los casos que se tramiten. -Queda claro que entre la normatividad aplicable se incluye el Código Penal Colombiano y que las normas procedimentales deberán ser incorporadas al ordenamiento legal. -Serán de competencia de la JEP las conductas de financiación o colaboración con actores del conflicto en que hayan incurrido los terceros no combatientes que tuvieron una participación activa o determinante en los crímenes más graves. Se eliminó la participación habitual. Y se reafirmó que los demás, si contribuyen a las medidas de verdad y reparación, pueden beneficiarse de la renuncia de la acción penal u otro tipo de terminación anticipada del proceso. -Se estableció el término concreto de duración de la Jurisdicción. -Se eliminó la idea de incorporar el Acuerdo a la Constitución Política y al llamado bloque de constitucionalidad. El principio general de garantía de cumplimiento es el compromiso de que ambas partes cumplirán de buena fe lo pactado, y en lo que tiene que ver con el Estado, los principios que informan el Acuerdo serán parámetro de interpretación y guía de la aplicación normativa y práctica. -Se estableció también que la revisión de la tutela contra decisiones de la Jurisdicción Especial en cabeza de la Corte Constitucional. -En el nuevo Acuerdo se define qué se entiende por enfoque de género. Significa el reconocimiento de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y de las circunstancias especiales de cada uno. Supone reconocer que el conflicto ha impactado de manera diferenciada a la mujer y que, en consecuencia, se requieren acciones distintas y específicas para restablecer sus derechos. -Incluye también un principio de respeto a la igualdad y no discriminación, que implica que toda persona, independientemente de su sexo, edad, creencias religiosas, opiniones, identidad étnica, pertenencia a la población LGBTI, o cualquier otra razón, tiene derecho a disfrutar de todos los derechos. Ningún contenido del Acuerdo Final se entenderá o interpretará como la negación, restricción o menoscabo de los derechos de las personas. -En atención al llamado que nos hicieron de diversos sectores religiosos, se estipula que en la implementación de lo acordado se deberá respetar la libertad de cultos, lo que significa el reconocimiento y respeto a la práctica de cualquier manifestación de religiosidad. -Se mantiene vivo el compromiso con el campo a través de una política de recuperación de la familia campesina, que impulse el acceso equitativo a la tierra y que cree condiciones de vida digna. -En la Reforma Rural Integral hemos afirmado que “nada de lo establecido en el acuerdo debe afectar el derecho constitucional a la propiedad privada”. -También quedó explícito que los programas cuyo destinatario es el campesino no impiden la puesta en práctica de diversas formas de producción, tales como la agroindustria o el turismo. -Para lograr darle la mayor solidez a la reforma rural, se ajustaron los tiempos de implementación a las nuevas realidades fiscales. El acuerdo además por sí mismo no crea Zonas de Reserva Campesina. -Desde el Acuerdo de Cartagena se había dado un paso inmenso en la lucha contra el problema mundial de la droga. Las FARC se comprometieron a romper todo vínculo con él y a cooperar en la superación de ese fenómeno. Ahora, en el nuevo Acuerdo se ha logrado precisar de manera concreta las características de esa cooperación y además quienes acudan a la JEP –todos, no solo las FARC- deberán informar de manera exhaustiva y detallada sobre las informaciones de las que dispongan para atribuir responsabilidades. -De igual modo se aclara que los programas de sustitución buscan tener territorios libres de cultivos de uso ilícitos de modo que no se establezca un marco de coexistencia entre el programa de sustitución y la continuación de tales cultivos. -En cuanto a la aplicación de las políticas sobre el consumo, se robustece el papel de la familia y de los grupos religiosos. -Se estableció el compromiso de respetar el principio de sostenibilidad de las finanzas públicas. En tal sentido, el Plan Marco acordado para las inversiones, deberá contener las fuentes de financiación. A partir de hoy los colombianos podrán consultar los cambios y los nuevos elementos del nuevo Acuerdo en las páginas de internet de La Presidencia de la República, de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, de Equipo Paz Gobierno y de La Mesa de Conversaciones. En el transcurso de la próxima semana estará disponible la versión integrada.
De la Calle dijo que el nuevo acuerdo "es mejor" que el pacto inicial firmado el 26 de septiembre pero "no sacrifica" el espíritu con el que se logró ese documento inicial. Los ajustes y precisiones incluidos en el nuevo documento "no sacrifican las condiciones que le dieron forma al primer acuerdo, no dimos marcha atrás", señaló De la Calle minutos después de anunciarse en La Habana que las partes llegaron a un nuevo consenso para desbloquear el proceso de paz. "Dije que el acuerdo del 26 de septiembre era el mejor acuerdo posible (...). Hoy con humildad reconozco que este acuerdo es mejor", aseveró De la Calle, quien destacó que concretar el nuevo pacto conllevó "un ejercicio leal de democracia y diálogo" y confió en que "la base de apoyo que recoja lo haga más sólido". Declaración completa de Humberto de la Calle: Después del resultado obtenido el pasado 2 de octubre en el que más de seis millones de colombianos expresaron mediante su voto los reparos al Acuerdo firmado entre el Gobierno y las FARC, comprendimos que era necesario trabajar con celeridad y responsabilidad en la búsqueda de un nuevo Acuerdo. Un Acuerdo incluyente y respetuoso. A partir del mismo 3 de octubre, los colombianos hemos sido testigos de un ejercicio profundo de diálogo. Además de las múltiples reuniones que sostuvo el Jefe de Estado con los diferentes líderes del No, muy rápidamente designó una Comisión conformada por el Ministro de Defensa, la Canciller y por mí, en calidad de Jefe Negociador; en la que también participaron el Equipo Negociador, el Ministro del Interior y el Alto Consejero para el Posconflicto y el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo; con el propósito de sostener diálogos abiertos y recoger inquietudes, preocupaciones y sugerencias al Acuerdo para la Terminación del Conflicto. Fue un esfuerzo genuino, leal, que nos permitió recopilar la totalidad de las iniciativas, ordenarlas, estudiarlas a fondo, luego de cerca de cien horas de intercambio directo de opiniones en un ejercicio constructivo, franco y democrático. Después de terminar las reuniones con los voceros del No, viajamos a La Habana para discutir con las FARC las preocupaciones expresadas en Bogotá, insistir en la importancia de incorporar el mayor número de propuestas al texto y trabajar en la construcción de un nuevo Acuerdo que cumpliera en lo posible con las expectativas de muchos colombianos. Las reuniones con la delegación de las FARC fueron igualmente intensas. Más de 15 días y noches de trabajo reuniones con discusiones arduas dada la complejidad de los temas. Debo destacar el ambiente constructivo y la buena voluntad de las delegaciones para trabajar con disciplina y seriedad. Este nuevo Acuerdo fue además una oportunidad para aclarar dudas, resolver inquietudes pero sobretodo para unirnos los colombianos. Una vez más nos probamos que, a pesar de las diferencias y visiones distintas, a través del diálogo es posible llegar a puntos de encuentro. Esta tarea la asumimos con compromiso, respeto y responsabilidad. Pensamos en los colombianos, en sus expectativas y sus válidas inquietudes, pero también trabajamos con la certeza de que no hay más tiempo que perder. Estamos convencidos de que este documento señala caminos viables y posibles para acabar con tantas décadas de conflicto en Colombia. Ahora deseo hacer una confesión personal: Dije que el Acuerdo del 26 de septiembre era el mejor Acuerdo posible, aunque era también susceptible de críticas. Y señalé que esa afirmación no se hacía desde la arrogancia. Era el mejor por cuanto permitía dar por terminado el conflicto, no para desestimar las insatisfacciones que podía generar. Hoy con humildad reconozco que este Acuerdo es mejor en cuanto resuelve muchas de esas críticas e insatisfacciones. Su aceptación no va a ser unánime. Como tampoco lo fue en el primer acuerdo. Pero esperamos que la base de apoyo que recoja lo haga más sólido. Pero más que exaltar las virtudes de éste frente al anterior, en lo que gana con creces es que mediante un ejercicio democrático se ha logrado construir una base de sustento más amplia. La cuestión no es sólo la ampliación del apoyo, sino que este ha sido fabricado en un ejercicio leal de democracia y diálogo sincero. A los otros seis millones de votos que nos acompañaron en la refrendación del Acuerdo, quiero decirles que los ajustes y precisiones que hemos realizado, no sacrifican las convicciones que le dieron forma al primer Acuerdo. No cancelamos la ilusión. No dimos marcha atrás en la posibilidad de un país nuevo. No desistimos del propósito de reivindicar la familia campesina. Limpiar la política. Combatir las bandas criminales y la corrupción. Contribuir a superar el problema mundial de la droga. Impartir justicia pensando más en las víctimas que en los barrotes. Integrar nuestros territorios. Superar desigualdades ancestrales. Crear una sociedad más equitativa. Crearla a través del diálogo, del uso razonable de la autoridad del Estado, buscando darle cimientos fuertes a la seguridad humana. Escuchando, sobre todo escuchando a los más débiles. Quiero destacar algunas de las innovaciones de este Acuerdo. : Durante el término de la dejación de armas, las FARC presentarán un inventario de bienes y activos para destinarlos a la reparación material de las víctimas. En cuanto a la Jurisdicción Especial para la Paz se atendió la mayoría de las propuestas formuladas. Se precisaron de manera concreta las características y mecanismos de la restricción efectiva de la libertad. En efecto, se fijaron los espacios territoriales específicos para el cumplimiento de las sanciones con un tamaño máximo a las zonas veredales, los periodos de ejecución de las acciones reparadoras, la precisión del lugar de residencia, los mecanismos de monitoreo y la regulación del sistema de autorización para los desplazamientos por fuera de las zonas, requisito necesario en todos los casos. Por iniciativa de algunos opositores se aceptó que mientras entra en funcionamiento la JEP, las acciones reparadoras debidamente verificadas pueden ser descontadas de la sanción que se imponga. Sobre el discutido tema de la conexidad del narcotráfico con el delito político, el acuerdo es que los Magistrados tendrán en cuenta caso a caso la jurisprudencia de las cortes colombianas. Se eliminan los Magistrados extranjeros pero se acepta la presencia de amicus curiae, -expertos extranjeros- para rendir conceptos sobre los casos que se tramiten. Queda claro que entre la normatividad aplicable se incluye el Código Penal Colombiano y que las normas procedimentales deberán ser incorporadas al ordenamiento legal. Serán de competencia de la JEP las conductas de financiación o colaboración con actores del conflicto en que hayan incurrido los terceros no combatientes que tuvieron una participación activa o determinante en los crímenes más graves. Se eliminó la participación habitual. Y se reafirmó que los demás, si contribuyen a las medidas de verdad y reparación, pueden beneficiarse de la renuncia de la acción penal u otro tipo de terminación anticipada del proceso. Se estableció el término concreto de duración de la Jurisdicción. Se eliminó la idea de incorporar el Acuerdo a la Constitución Política y al llamado bloque de constitucionalidad. El principio general de garantía de cumplimiento es el compromiso de que ambas partes cumplirán de buena fe lo pactado, y en lo que tiene que ver con el Estado, los principios que informan el Acuerdo serán parámetro de interpretación y guía de la aplicación normativa y práctica. Se estableció también que la revisión de la tutela contra decisiones de la Jurisdicción Especial en cabeza de la Corte Constitucional. En el nuevo Acuerdo se define qué se entiende por enfoque de género. Significa el reconocimiento de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y de las circunstancias especiales de cada uno. Supone reconocer que el conflicto ha impactado de manera diferenciada a la mujer y que, en consecuencia, se requieren acciones distintas y específicas para restablecer sus derechos. Incluye también un principio de respeto a la igualdad y no discriminación, que implica que toda persona, independientemente de su sexo, edad, creencias religiosas, opiniones, identidad étnica, pertenencia a la población LGBTI, o cualquier otra razón, tiene derecho a disfrutar de todos los derechos. Ningún contenido del Acuerdo Final se entenderá o interpretará como la negación, restricción o menoscabo de los derechos de las personas. En atención al llamado que nos hicieron de diversos sectores religiosos, se estipula que en la implementación de lo acordado se deberá respetar la libertad de cultos, lo que significa el reconocimiento y respeto a la práctica de cualquier manifestación de religiosidad. Mantenemos vivo el compromiso con el campo a través de una política de recuperación de la familia campesina, que impulse el acceso equitativo a la tierra y que cree condiciones de vida digna. En la Reforma Rural Integral hemos afirmado que “nada de lo establecido en el acuerdo debe afectar el derecho constitucional a la propiedad privada”. También quedó explícito que los programas cuyo destinatario es el campesino no impiden la puesta en práctica de diversas formas de producción, tales como la agroindustria o el turismo. Para lograr darle la mayor solidez a la reforma rural, se ajustaron los tiempos de implementación a las nuevas realidades fiscales. El acuerdo además por sí mismo no crea Zonas de Reserva Campesina. Desde el Acuerdo de Cartagena se había dado un paso inmenso en la lucha contra el problema mundial de la droga. Las FARC se comprometieron a romper todo vínculo con él y a cooperar en la superación de ese fenómeno. Ahora, en el nuevo Acuerdo se ha logrado precisar de manera concreta las características de esa cooperación y además quienes acudan a la JEP –todos, no solo las FARC- deberán informar de manera exhaustiva y detallada sobre las informaciones de las que dispongan para atribuir responsabilidades. De igual modo se aclara que los programas de sustitución buscan tener territorios libres de cultivos de uso ilícitos de modo que no se establezca un marco de coexistencia entre el programa de sustitución y la continuación de tales cultivos. En cuanto a la aplicación de las políticas sobre el consumo, se robustece el papel de la familia y de los grupos religiosos. Se estableció el compromiso de respetar el principio de sostenibilidad de las finanzas públicas. En tal sentido, el Plan Marco acordado para las inversiones, deberá contener las fuentes de financiación. A partir de hoy los colombianos podrán consultar los cambios y los nuevos elementos del nuevo Acuerdo en las páginas de internet de La Presidencia de la República, de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, de Equipo Paz Gobierno y de La Mesa de Conversaciones. En el transcurso de la próxima semana estará disponible la versión integrada. Estimados señores y señoras, No podemos pedir que cese la discusión. Pero sí podemos desear que la gran decisión nacional sea poner en marcha la ejecución de los acuerdos, superar el conflicto armado, abrir caminos a la reconciliación y profundizar los esfuerzos para lograr una sociedad equitativa. Ese es el reto ahora. El reto de nosotros, por nuestros hijos y nuestros nietos.
Los equipos negociadores del Gobierno y las Farc anunciarán en las próximas horas un nuevo acuerdo de paz, tras nueve días de intensas reuniones en La Habana en las que discutieron las propuestas del los defensores del NO en el plebiscito del 2 de octubre.Después de diversos encuentros con los portavoces del NO en Bogotá para conocer sus propuestas, el equipo negociador del Gobierno, encabezado por Humberto de la Calle, regresó a La Habana la semana pasada para lograr con la delegación de las Farc un nuevo acuerdo de paz que satisfaga a los grupos que rechazaron el acuerdo inicial.El jefe negociador de las Farc, ‘Iván Márquez’ escribió el viernes en su cuenta de Twitter: "el extraordinario esfuerzo desplegado por las partes en la Mesa pronto será premiado con el acuerdo de paz definitivo"."No se desespere, posiblemente mañana las noticias sean muy agradables", indicó por su parte en la misma red social el negociador de la guerrilla 'Jesús Santrich'. Más cautos fueron desde el equipo del Gobierno, que también publicaron ayer en su cuenta oficial de Twitter un mensaje en el que hacían un "reconocimiento especial" a los representantes de los países garantes, Cuba y Noruega, por acompañar a las delegaciones "en las extensas jornadas de trabajo". El presidente Juan Manuel Santos convocó a una reunión "urgente" al expresidente Álvaro Uribe, líder del Centro Democrático. Los expresidentes Andrés Pastrana (1998-2002) y Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) son las voces más representativas del NO y quienes presentaron la semana pasada a Santos un documento con 500 propuestas de modificación, en las que han trabajado estos días los equipos negociadores en La Habana. El Gobierno y las Farc firmaron el pasado 26 de septiembre en Cartagena el acuerdo de paz que cerraron en agosto tras casi cuatro años de negociaciones en La Habana para poner fin al conflicto armado y acabar con la guerrilla más antigua de América. Sin embargo, la opción de NO al texto final del acuerdo ganó en el plebiscito del 2 de octubre, por lo que Santos tuvo que convocar a los detractores para alcanzar un consenso y desatascar el proceso. Acuerdo de paz será ampliamente satisfactorio para todos los sectores: Iván Cepeda Por su parte, el congresista del Polo Democrático, Ivan Cepeda, quien ha sido uno de los facilitadores de la renegociación del proceso de paz, dijo desde la Habana que se está trabajando "hasta el último momento" para alcanzar un nuevo acuerdo de paz y que hoy habría anuncios importantes. "Estamos muy contentos por el esfuerzo que se ha venido haciendo aquí en la Habana, que es un esfuerzo muy serio muy riguroso. Este no ha sido ningún ejercicio superficial y creo que el resultado va a ser ampliamente satisfactorio para todos los sectores del país", dijo. También aseguró que hay un ambiente de optimismo entre las partes. "Espero que podamos celebrar muy pronto la paz que se va a consolidar, que se va a fortalecer en Colombia en los próximos días y semanas", agregó.
La excandidata presidencial Marta Lucía Ramírez reveló que el presidente Juan Manuel Santos le dijo que ya hay un texto producto de la renegociación con las Farc, tras la inclusión de las propuestas del NO. “He recibido una llamada del presidente anunciando que ya en La Habana se ha avanzado totalmente sobre los temas que se hablaron con todos los grupos representativos del NO”, dijo en entrevista con BLU Radio. Ramírez agregó que el primer mandatario le confirmó que ya están avanzados los textos y que sugirió leerlos para que le dé su opinión. “Espero compartir esta opinión con el expresidente Uribe y con el expresidente Pastrana”, dijo Ramírez. Minutos antes, el expresidente Álvaro Uribe informó que fue citado a una reunión “urgente” con el presidente Juan Manuel Santos, que se presume sea para informarle sobre los avances en los diálogos.
En un operativo adelantado en zona rural de Ituango, tropas del Ejército lograron el sometimiento voluntario a la justicia de tres presuntos integrantes de la Subestructura 18 de las disidencias de las Farc y la recuperación de una menor de edad que habría sido reclutada por esa organización ilegal.La acción se desarrolló en el corregimiento Santa Rita, donde unidades del Batallón de Infantería N.° 10 Coronel Atanasio Girardot, adscrito a la Cuarta Brigada, ejecutaron la operación con apoyo de la Policía Nacional de Colombia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y el CTI de la Fiscalía General de la Nación. El despliegue permitió extraer con vida a los desmovilizados y garantizar la protección de la adolescente de 14 años.Según información oficial, los hombres harían parte de la comisión armada de seguridad de alias 'Ramiro', señalado cabecilla principal de la estructura ilegal. Uno de los sometidos relató que llevaba cerca de cuatro años en el grupo, luego de haber sido reclutado de forma forzada cuando era menor de edad.Durante el procedimiento, los desmovilizados entregaron una pistola, 51 cartuchos y dos radios de comunicación, material que quedó en manos de las autoridades para su judicialización. La menor, por su parte, fue puesta bajo rutas de protección para restablecer sus derechos.El Ejército señaló que este resultado evidencia el impacto de la ofensiva militar sostenida en el norte antioqueño, que ha debilitado las estructuras armadas ilegales y abierto espacios para que integrantes abandonen las armas. Las autoridades destacaron que estas acciones también permiten obtener información estratégica para futuras operaciones contra grupos residuales
Con el inicio de la Cuaresma, la Conferencia Episcopal de Colombia, a través del Secretariado Nacional de Pastoral Social–Cáritas Colombiana, lanzó la Campaña de Comunicación Cristiana de Bienes 2026, una iniciativa que se desarrollará en todo el país y que este año prioriza la atención a departamentos como Córdoba, Sucre y la región del Urabá, donde las lluvias han generado graves afectaciones."Para que, más allá de nuestras diferencias, pongamos en el corazón de nuestra preocupación a todos nuestros hermanos y hermanas que están experimentando un sufrimiento muy grande, y que no es de poco tiempo, sino que va a requerir un esfuerzo muy grande para ayudar también a todos los procesos de reconstrucción de viviendas, de caminos, de escuelas”, aseguró Monseñor Francisco Javier Múnera, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia.Según explicó la Iglesia, los recursos recaudados fortalecerán el Servicio Nacional de Emergencias de Cáritas Colombiana, que durante 2025 respondió a 25 emergencias. En ese periodo atendieron a más de 12.000 personas, correspondientes a 3.336 familias, mediante la entrega de kits de alimentos, higiene, elementos de noche, cocina y apoyo para bebés, con una inversión cercana a los 832 millones de pesos.Según el balance entregado, en lo corrido de 2026, la organización ya ha destinado 228 millones de pesos para apoyar a comunidades afectadas en municipios como Montelíbano, Apartadó, Riohacha, Guapi e Istmina, en un contexto que, según advirtieron los obispos, requerirá esfuerzos sostenidos para la reconstrucción de viviendas, infraestructura comunitaria y medios de vida.La Iglesia hizo un llamado a los colombianos a sumarse a la campaña a través de las parroquias del país o mediante donaciones al fondo nacional de emergencias, con el fin de “convertir la fe en acción concreta, estructurada y transparente, para que la caridad se traduzca en esperanza real para miles de familias que hoy enfrentan la adversidad”.
En Colombia, más de 9 millones de ciudadanos han sido obligados a abandonar sus hogares como consecuencia del conflicto armado, el control territorial de grupos ilegales y las disputas por economías ilícitas, un fenómeno que durante décadas ha profundizado la pobreza, la exclusión y la desigualdad en amplias regiones del país.En este contexto, el Departamento Nacional de Planeación, la Unidad para las Víctimas y Prosperidad Social, presentó el CONPES 4180, una nueva política pública que proyecta una inversión de 10,1 billones de pesos, que busca establecer soluciones duraderas para las víctimas de desplazamiento forzado. El documento, aprobado el 30 de diciembre de 2025, traza una hoja de ruta con 66 acciones orientadas a facilitar la estabilización socioeconómica de esta población.De acuerdo con el DNP, el objetivo es coordinar una respuesta institucional que permita superar las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan millones de víctimas. “Es un documento que coordina acciones, 66 acciones intersistémicas, intersectoriales, con un presupuesto indicativo de 10 billones de pesos”, explicó la directora de la entidad, Natalia Irene Molina.La meta es que al menos el 75 % de las víctimas logre superar su situación de vulnerabilidad mediante el acceso a empleo, generación de ingresos e integración social, ya sea a través del retorno a sus territorios, la reubicación o su permanencia en las comunidades donde reconstruyeron sus vidas.Desde la Mesa Nacional de Víctimas, Odorico Guerra Salgado, coordinador del eje temático de desplazamiento forzado, advirtió que el principal desafío será que las medidas anunciadas se traduzcan en acciones concretas en los territorios.“Nosotros primero que todo esperamos que haya una verdadera voluntad política por parte de las instituciones del gobierno nacional para que esa implementación del CONPES de soluciones duraderas sea exitosa en los territorios y que ojalá no sea una ni dos, sino todas las 66 acciones que están contenidas en el CONPES 4180 se puedan hacer realidad”, señaló.Giovanni Lepri, representante en Colombia de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), aseguró que la política representa un avance, aunque sus resultados se verán con el tiempo. “El CONPES para nosotros es un punto de partida, no es un punto de llegada, pero es un punto de partida muy relevante porque es la primera vez que hay una política pública estructurada alrededor de buscar soluciones”, afirmó.Lepri también advirtió que muchas víctimas han vivido durante años en condiciones de vulnerabilidad, especialmente en entornos urbanos, donde la integración social y el acceso efectivo a derechos siguen siendo un desafío.“Hay personas que llevan una situación de vulnerabilidad causada por el desplazamiento desde hace muchos años, entonces ya por ejemplo vemos que el 70 % más de la población desplazada quiere quedarse en áreas urbanas, (…) lo que van a hacer van a ser ciudadanos de las ciudades que ya los han recibido hace muchos años, pero le ha faltado esta parte de regularización y de un acceso a derechos de coste efectivo de sus derechos”, explicó.El documento contempla la articulación de 24 entidades del orden nacional y territorial, responsables de ejecutar las acciones previstas. No obstante, el propio Departamento Nacional de Planeación reconoció que los recursos dependerán de la disponibilidad fiscal y de las decisiones presupuestales de cada entidad.
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, le pidió a la Corte Constitucional declarar inconstitucional el Decreto 1390 de 2025, mediante el cual el Gobierno declaró el estado de emergencia económica y social en todo el país.No obstante, solicitó que la Corte “declare la inconstitucionalidad del Decreto 1390 de 2025, modulando sus efectos para que sean diferidos únicamente en lo que respecta a la vigencia de las medidas destinadas a conjurar la crisis en el sector salud”.En un documento enviado al magistrado Carlos Camargo Assis, la defensora examinó tres de las causas que el Gobierno presentó como fundamento de la emergencia: el cumplimiento de órdenes judiciales relacionadas con la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y la financiación del sistema de salud; el deterioro de la seguridad territorial y los riesgos para líderes sociales, defensores de derechos humanos y candidatos electorales; y el atraso en el pago de indemnizaciones a víctimas del conflicto armado.Crisis en salud y financiación de la UPCEn materia de salud, la Defensoría recuerda que desde 2016 se estableció como estándar mínimo que la UPC del régimen subsidiado no sea inferior al 95 % de la del régimen contributivo. La persistencia en los incumplimientos ha generado incluso incidentes de desacato.Según cifras recopiladas por la entidad, en 2025 la Adres destinó $88,4 billones a la UPC, lo que representa el 88 % de los recursos del sistema. Para 2026 se proyectan $101 billones, un incremento del 14,3 %.“No obstante, las EPS reportaron una siniestralidad del 109,5 %, que implicó un déficit presupuestal estimado de $5,95 billones, sin incluir los $5,2 billones adicionales correspondientes a gastos administrativos”, señala el documento.La Defensoría advierte que “la evidencia disponible indica que el ajuste proyectado de la UPC para 2026 corrige solo parcialmente el problema, pues subsisten déficits estructurales acumulados de vigencias anteriores. De hecho, el requerimiento fiscal de 3,3 billones que indica el Gobierno en el Decreto 1390 puede incrementarse si se consideran las deudas acumuladas del sistema, estimadas entre $10 y $30 billones, respecto de las cuales no existe consenso”.La entidad también señala que el desfinanciamiento ha impactado directamente el acceso a medicamentos y servicios. “En definitiva, el panorama descrito permite concluir que la desfinanciación de la UPC configura una situación de gravedad e inminencia que exige una respuesta urgente del Estado orientada a asegurar la búsqueda de fuentes adicionales de recursos que facilite la estabilidad de los pagos en la cadena de atención y la protección efectiva de las personas, especialmente las más vulnerables”.Las cifras respaldan esa advertencia. Las quejas por fallas en la prestación del servicio aumentaron 78 % entre 2023 y 2025. Solo en 2025 se registraron más de 46.000 reclamaciones. También crecieron las tutelas y los reclamos ante la Superintendencia de Salud, con cerca de 685.000 quejas por medicamentos. Además, el gasto de bolsillo de los hogares alcanzó su nivel más alto en años, llegando en algunos departamentos hasta el 30 % de los ingresos familiares.Sin embargo, pese a reconocer la gravedad de la situación, la Defensoría argumentó que “ninguna de estas causas cumple el presupuesto fáctico de sobreviniencia” y que el Gobierno “no demostró la insuficiencia de los mecanismos ordinarios”, entre ellos la “reasignación del presupuesto flexible” y las “operaciones de crédito público”.Seguridad y orden públicoEl segundo argumento del Gobierno fue el deterioro del orden público, los ataques con drones en departamentos como Cauca, Cesar y Norte de Santander, y el aumento del riesgo para líderes sociales y candidatos en el contexto electoral.La Defensoría señala que solo en 2025 se documentaron 177 homicidios de personas defensoras de derechos humanos. También aumentaron las amenazas contra actores políticos.Sin embargo, la entidad sostiene que la violencia contra líderes sociales ha sido advertida durante años a través del Sistema de Alertas Tempranas. Incluso el uso de drones con explosivos ya había sido documentado antes de la declaratoria de emergencia.“Si bien los riesgos para la población líder y defensora de derechos humanos, así como para los y las candidatas son graves, el Decreto no identifica un riesgo efectivo capaz de materializarse en un daño concreto e inminente”.Además, recuerda que el Congreso ya había aprobado aumentos presupuestales para el sector defensa y para la Unidad Nacional de Protección.Reparación a víctimasEl tercer punto analizado fue el atraso en el pago de indemnizaciones a víctimas del desplazamiento forzado.Según el documento, “el gobierno había pagado indemnizaciones a un total de 1.769.413 víctimas”, cifra que “corresponde únicamente al 19% de las 9.226.775 personas susceptibles de recibir la medida”.Pero la Defensoría insiste en que tampoco se trata de un problema reciente. Desde la expedición de la Ley de Víctimas en 2011 se advertía que la financiación sería insuficiente frente al universo real de afectados.“En 2022, la entonces directora de la Unidad para las Víctimas indicó que, de no adoptar medidas adicionales, tardaríamos más de 60 años en reparar a todas las víctimas registradas hasta ese momento.32 Esto evidencia que el problema de los pagos atrasados por concepto de reparación no es nuevo y que obedece a un problema estructural advertido por el gobierno desde tiempo atrás”.Inconstitucionalidad con efectos diferidosCon base en todo este análisis, la Defensoría concluye que el Decreto es inconstitucional porque no se cumplieron los requisitos para declarar un estado de excepción.No obstante, hace una precisión clave sobre la salud. Advierte que “la falta de liquidez financiera en el sistema de salud demanda medidas inmediatas y certeras para conjurar el progresivo agravamiento de los problemas de acceso equitativo a medicamentos, tratamientos y procedimientos incluidos en el PBS”. Y agrega que “ante la duda, la solución debe contemplar todas las medidas posibles para conjurar la extensión de la crisis”.Por eso insiste en que la Corte declare la inconstitucionalidad, pero con efectos diferidos en lo relacionado con las medidas tributarias.“Declarar la inconstitucionalidad del Decreto 1390 de 2025, modulando sus efectos para que sean diferidos únicamente en lo que respecta a la vigencia de las medidas destinadas a conjurar la crisis en el sector salud”, y “preservar las medidas tributarias adoptadas en el Decreto 1474 de 2025 por el término de la vigencia fiscal de 2026”, con destinación específica al sistema de salud.También pide que la Procuraduría, la Contraloría y la Sala Especial de Seguimiento ejerzan vigilancia estricta sobre esos recursos, y exhorta al Gobierno y al Congreso a tramitar una ley de financiamiento que estabilice estructuralmente el sistema.
Un operativo conjunto el Ejército y la Policía permitió ubicar y neutralizar un arsenal de alto poder perteneciente a las disidencias de las Farc al mando de alias 'Iván Mordisco', en zona rural del departamento del Meta. El material de guerra estaba oculto en la vereda La Floresta, jurisdicción de El Castillo, y según inteligencia, iba a ser usado en ataques contra la Fuerza Pública y comunidades de Meta y Guaviare.En el depósito ilegal fueron halladas 190 granadas adaptadas para drones, 56 granadas de mortero, 88 minas antipersonal y 100 detonadores. El hallazgo confirma la evolución de las tácticas de esta estructura armada criminal, que está apostándole al uso de explosivos lanzados desde el aire para maximizar daño y alcance.El director de la Policía, el general William Rincón Zambrano, aseguró que el resultado golpea directamente las capacidades logísticas del grupo armado y evita posibles acciones violentas. Según dijo, el arsenal representaba una amenaza directa para uniformados y población civil.Desde el departamento de Policía Meta también advirtieron que el material incautado permitiría ataques con drones cargados de explosivos, una modalidad que ha encendido alertas en varias regiones del país. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar movimientos sospechosos que permitan anticipar atentados.La operación contó con el apoyo de la Fiscalía y sigue en desarrollo para ubicar a los responsables del almacenamiento del material y debilitar la estructura 'Martín Villa', señalada de operar bajo el mando de Mordisco. Mientras tanto, las autoridades mantienen presencia reforzada en la zona ante posibles retaliaciones.
El pronunciamiento de la JEP se da luego de la denuncia presentada por los familiares del dirigente social Pedro Julio Movilla Galarcio, junto con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), quienes alertaron sobre una excavación ilegal realizada el 3 de febrero de 2025 en las instalaciones de la Escuela de Logística del Ejército, antigua sede de la Brigada XX en Bogotá.Según indicaron, el punto intervenido había sido identificado como un posible sitio donde podrían encontrarse restos de Movilla.En ese mismo sentido, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó a la JEP que encontró rastros de sangre humana en uno de los elementos materiales recuperados, el cual se encuentra protegido por una medida cautelar adoptada en septiembre de 2024, a solicitud de víctimas del conflicto armado.Según explicó la Jurisdicción, el rastro biológico fue identificado en un elemento recuperado en la zona que la propia JEP reportó como vulnerada en febrero de 2025, cuando detectó una excavación no autorizada en áreas de interés forense que estaban bajo protección judicial.Tras conocer esa intervención, la JEP interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, solicitó la apertura de investigaciones disciplinarias e inició un incidente de desacato.“Como resultado de esta última decisión, la JEP sancionó al director de la Escuela de Logística, teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo Escobar, con tres días de arresto y una multa de diez salarios mínimos legales vigentes, al hallarlo responsable de permitir una intervención no autorizada en el predio protegido, ubicado en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá. La sanción de multa fue confirmada por la Sección de Apelación el 8 de octubre de 2025”, aseguran en el comunicado.La Jurisdicción aseguró que la información sobre el hallazgo fue comunicada directamente a la familia de Pedro Julio Movilla y a las organizaciones solicitantes de la medida cautelar.
Aunque grupos armados ilegales han manifestado que no interferirán en el proceso democrático, en terreno persisten situaciones que afectan el ejercicio político.El presidente de Indepaz, Camilo González, señaló que estructuras como el ELN, el Clan del Golfo y algunas disidencias de las Farc han firmado declaraciones en las mesas de conversación con el Gobierno Nacional en las que se comprometen a no intervenir en las elecciones. Sin embargo, advirtió que posteriormente se presentan hechos que alteran la actividad política.“Se presentan situaciones que luego ellos mismos explican como situaciones inmanejables, errores por el control de territorios, porque tienen la pretensión de ser los dueños y los que dan permiso o no. Entonces eso, por supuesto, tiene repercusiones muy negativas para el ejercicio de la política”, aseguró González.Según el directivo, estas justificaciones generan restricciones para candidatos, líderes sociales y comunidades, afectando el desarrollo democrático.El presidente de Indepaz señaló que actualmente hay al menos 81 municipios con alertas graves frente a la perspectiva electoral. No obstante, afirmó que esto no significa necesariamente que en todos ellos se vaya a impedir la instalación de puestos de votación o que se produzcan sabotajes directos, pero sí refleja un contexto delicado para el normal desarrollo de las campañas.Además, subrayó que en cerca de 300 municipios se registran alteraciones y riesgos asociados a prácticas tradicionales como la compra y el rastreo de votos.“En cerca de 300 municipios, las alteraciones y los peligros para las elecciones tienen que ver con las tradicionales formas de corrupción, como la compraventa y el rastreo de votos, además del manejo del clientelismo. Pero la parte de la violencia directa, que ya hemos visto en disparos y atentados, incluso en Bogotá, sigue presente en diferentes regiones”, agregó.Aunque los grupos en negociación han reiterado su voluntad de no interferir en el proceso electoral, la situación en terreno evidencia que persisten dinámicas de presión armada y control territorial que podrían impactar el ejercicio democrático.
Desde hace tres días se intensificaron los hostigamientos en El Carmen, Norte de Santander. Los enfrentamientos armados en pleno casco urbano no solo han dejado un policía muerto y ataques contra la fuerza pública, sino que mantienen a los menores fuera de las aulas y expuestos al fuego cruzado.Según Luis Fernando Niño, consejero de Paz de Norte de Santander, entre 300 y 350 estudiantes permanecen sin asistir a clases debido a los combates y a la presencia de hombres armados en el casco urbano.“Ayer, cuando se dio el primer ataque, inició a las seis y cuarto de la mañana aproximadamente, que es la hora de ingreso de los estudiantes al colegio. Hoy fue igual, en las horas de la mañana. La persona que nos ha dado información desde la institución educativa habla de aproximadamente entre 300 y 350 menores que no han podido ir a clases”, aseguró Niño.La suspensión de las clases también implica que los estudiantes no tengan acceso al Plan de Alimentación Escolar.“A esto hay que sumarle no solo las clases, sino el tema del Plan de Alimentación Escolar, que es parte de este suplemento importante para que los niños puedan realizar sus labores diarias. Todo esto, obviamente, se ve afectado en medio del fuego cruzado que se está dando, reitero, en el casco urbano, con población civil en medio, violando así el derecho internacional humanitario”, agregó el consejero de Paz.Sin embargo, la principal preocupación es el riesgo que enfrentan los menores ante la posibilidad de quedar en medio del fuego cruzado o ser víctimas de reclutamiento forzado.“Ahorita, con los enfrentamientos, se ha deteriorado mucho más esto, pero en otras zonas del Catatumbo también, por el miedo al reclutamiento forzado, los padres de familia no envían a sus hijos porque pueden pisar un campo minado, pueden quedar en medio del fuego cruzado o también pueden ser reclutados”, añadió.Las autoridades reiteraron que, mientras persistan los hostigamientos en El Carmen, más de 300 menores seguirán sin poder regresar a clases, en medio de una escalada violenta que aumenta el riesgo de reclutamiento forzado en el Catatumbo.
La Sección de Apelación de la JEP ratificó la competencia de esa jurisdicción para investigar el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, asesinado el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá, cuando salía de dictar clases en la Universidad Sergio Arboleda.La familia del líder conservador había solicitado a la JEP revocar esa competencia y enviar el caso a la Fiscalía; sin embargo, la jurisdicción consideró que existen elementos suficientes para mantener la investigación en su órbita.“La JEP tiene competencia material para adelantar la investigación por el presente caso. Aunado a ello, y reconociendo el interés legítimo que asiste a las víctimas en reclamar que se haga justicia por los hechos, la SA identifica que le corresponde al Estado encauzar de manera objetiva la totalidad de las acciones que resulten conducentes para garantizar el cumplimiento efectivo de su obligación de investigar y sancionar a los responsables”, señala la resolución de la Sección de Apelación.La jurisdicción precisó que, aunque mantiene la competencia, la justicia ordinaria puede avanzar en otras hipótesis, ya que la JEP se concentrará en la relacionada con la presunta responsabilidad de la extinta guerrilla de las Farc.“La Sección de Apelación insiste en que debe tenerse presente que la competencia que asume la JEP para investigar los homicidios de Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir solamente cobija la hipótesis relacionada con la presunta responsabilidad de exmiembros de las Farc-EP y, en consecuencia, no configura ningún tipo de interferencia con los avances que puedan seguir obteniéndose en la JPO por parte de las instituciones que se encuentran indagando la responsabilidad de otros agentes estatales y no estatales que no estarían sujetos a la competencia del órgano judicial transicional, por lo menos hasta la fecha. En ese sentido, como ya lo indicó la Sala de Reconocimiento, la Fiscalía y la Comisión de Investigación y Acusación podrán continuar con su función constitucional, en tanto siguen ostentando la titularidad de la acción penal de las investigaciones ya reseñadas y que no son objeto de estudio por la JEP”, agregaron los magistrados.La familia de Álvaro Gómez ha reiterado que no cree en la versión de la extinta guerrilla de las Farc, según la cual esa organización es responsable del magnicidio. Sus familiares sostienen que habría una responsabilidad de Estado e incluso han señalado por su presunta responsabilidad al expresidente Ernesto Samper.En la resolución también se indica: “Aunque no existe un nivel de certeza determinante, tampoco es descartable la responsabilidad de las Farc-EP y, en esa medida, se entiende que esta hipótesis podrá encontrar una evolución mientras avanza la investigación y el esclarecimiento de los patrones de violencia y hasta que se logre determinar de manera contundente la existencia, o no, de la responsabilidad penal que ha sido formulada por los comparecientes. Lo anterior, bajo la debida garantía de que en cada etapa del proceso las víctimas y demás intervinientes tendrán las oportunidades correspondientes para presentar, de acuerdo con las reglas procesales aplicables, las objeciones que estimen pertinentes”.La Sección recordó además que la jurisdicción tiene competencia prevalente para investigar hechos relacionados con el conflicto armado. En ese sentido, explicó que miembros del antiguo Secretariado de las Farc-EP afirmaron que el asesinato obedeció a una retaliación por las posturas políticas de Gómez Hurtado en la época del surgimiento de esa guerrilla, cuando los calificó como “repúblicas independientes”.
Miroslav Jenca, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, explicó que uno de los mayores desafíos se concentra en regiones como el Catatumbo, donde el desplazamiento forzado y el confinamiento continúan afectando a miles de personas. Según señaló, en el marco de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) y las Curules de Paz, cerca de 100.000 personas no pueden ejercer su derecho al voto debido a que se ven obligadas a desplazarse constantemente de un lugar a otro como consecuencia de la violencia.“Hay alrededor de 100.000 personas que prácticamente no pueden votar porque se desplazan de un lugar al otro”, aseguró.El jefe de la misión relató que durante sus recientes visitas a esta región, incluida la zona rural del municipio de Tibú y sectores como Versalles, pudo constatar la complejidad de la situación humanitaria y de seguridad. “Hablé con la gente en Versalles, y allá la situación de veras es muy, muy compleja, muy difícil”, afirmó.En ese contexto, Jenca insistió en que garantizar el derecho al voto es esencial para la democracia colombiana. “Yo pienso que es muy importante asegurar, garantizar el derecho al voto a todos los votantes y todas las votantes aquí en Colombia”, reiteró, haciendo énfasis en la necesidad de adoptar medidas para las regiones más afectadas por el conflicto.El jefe de la misión también se refirió a las responsabilidades frente al desarrollo de la campaña electoral. Señaló que el gobierno colombiano tiene un papel central en la protección del proceso democrático, al ser el único con el uso legítimo de la fuerza. En ese sentido, recalcó que el Gobierno debe garantizar un entorno seguro para todos los precandidatos y precandidatas, de manera que puedan hacer campaña sin amenazas ni restricciones indebidas.No obstante, Jenca aseguró que los propios precandidatos también deben contribuir activamente a la construcción de elecciones libres y en paz, respetando las reglas del juego democrático y promoviendo un ambiente de tolerancia y no violencia durante la contienda electoral.“Claro que los precandidatos también tienen responsabilidad de contribuir a las elecciones libres y en paz”, añadió.Finalmente, expresó el interés de la comunidad internacional en que todos los actores políticos respalden y firmen compromisos públicos "por que aquí hablamos de la democracia en Colombia".