El abogado jurídico del Clan del Golfo aseguró que la suspensión temporal de los diálogos con el Gobierno nacional se produjo luego de las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que calificó como “supremamente graves” y como un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa.Según Ricardo Giraldo, abogado contratado por el EGC para el proceso de paz total, las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desconocieron un punto central del proceso: “El respeto por la identidad de las partes”.En ese sentido, recordó que existe una resolución del 5 de septiembre de 2025 mediante la cual el presidente de la República reconoce la autodenominación del grupo como Ejército Gaitanista de Colombia y no como Clan del Golfo.“Si están unos diálogos, unas conversaciones, unas negociaciones, como lo quieran llamar, para salir del conflicto, yo creo que lo más importante es el respeto a la identidad de las partes, como una primera medida. Entonces, eso fue lo primero que se incumplió”, afirmó el abogado.Giraldo cuestionó además que el grupo fuera señalado como un “cartel” y como el dueño del narcotráfico en Colombia.“Lo señala como el cartel del clan del golfo, como si ellos fuesen los dueños del narcotráfico en Colombia. Y en la mesa ha quedado demostrado que eso no es así, mis representados controlan el mercado, eso no lo puede negar nadie, pero de que sean los dueños, no”, añadió Giraldo.Finalmente, el abogado explicó que la decisión de suspender los diálogos fue adoptada de manera temporal e indefinida, sin establecer plazos para su reanudación, y que el levantamiento de la suspensión dependerá de la respuesta que entregue el Gobierno nacional frente a las declaraciones cuestionadas.Desde el Gobierno, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, asegura que las órdenes de captura contra los principales líderes del Clan del Golfo se encuentran suspendidas, en el marco del espacio de conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno nacional con ese grupo armado ilegal.“Desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”, aseguran desde el comisionado en un comunicado.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
Independiente Santa Fe se pronunció oficialmente tras conocerse el delicado episodio de salud que vivió Omar Sebastián Pérez, exjugador e ídolo del club cardenal, quien sufrió un infarto el miércoles, 4 de febrero. A través de sus redes sociales, la institución expresó su solidaridad y envió un mensaje de apoyo al histórico volante argentino, deseándole una pronta recuperación.“El club Independiente Santa Fe le desea una pronta recuperación a nuestro exjugador Omar Pérez y lamenta la situación de salud vivida el día de ayer”, señaló el comunicado publicado por el equipo bogotano, en el que también manifestó su esperanza de que la evolución médica continúe siendo satisfactoria. El mensaje fue acompañado por una imagen del estadio El Campín y generó múltiples reacciones de hinchas y figuras del fútbol colombiano.De acuerdo con un comunicado emitido por el entorno cercano de Pérez, el exfutbolista acudió de urgencia a la Clínica Marly tras presentar un fuerte dolor en el pecho. Luego de los estudios correspondientes, los médicos confirmaron que se trató de un infarto, situación que obligó a una intervención inmediata para estabilizar su condición.Durante el procedimiento, a Omar Pérez se le realizó la colocación de un stent, lo que permitió controlar oportunamente la emergencia cardíaca. Según el parte médico divulgado, la rápida atención fue clave para evitar complicaciones mayores y actualmente su estado de salud es estable, con un pronóstico favorable.El exjugador permanecerá en observación médica durante los próximos cinco días, bajo estricto control y seguimiento especializado. Desde su entorno agradecieron las muestras de apoyo recibidas y pidieron mantener la calma, asegurando que la evolución ha sido positiva desde la intervención.Omar Pérez es recordado como uno de los futbolistas más emblemáticos en la historia reciente de Santa Fe, siendo pieza clave en la obtención de títulos y en la consolidación del club a nivel nacional e internacional -incluyendo la Copa Sudamericana 2015 y la Surugabank del 2016. Por su puesto, esta situación ha generado una ola de mensajes de solidaridad por parte de los hinchas del cardenal, quienes tienen un aprecio hacia el volante argentino.
En medio de la jornada sin día y sin carro en Bogotá, el alcalde Carlos Fernando Galán, aseguró que a comparación del 2024 se registró una reducción en el hurto de bicicletas en un 19 % pero se presentaron poco más de 5.000 casos de robo a estos medios de transporte. Sin embargo, el mandatario local dice que a comparación de enero del 2025 con enero del 2026 la reducción es del 50% en casos de robo.“Hemos logrado en el último año particularmente en lo que llevamos de 2026 en primera instancia en el 2025 se logró una reducción de 19 % en hurtos de bicicletas es una cifra significativa tenemos que seguir avanzando obviamente todavía ocurrieron más de 5.000 hurtos y eso es grave pero la tendencia es positiva y tenemos que mantener ese esfuerzo y esa tendencia.”Así las cosas, tanto la Alcaldía de Bogotá como la policía metropolitana han recuperado más de 50 bicicletas hurtadas en el 2026 y precisamente el mandatario devolvió en la mañana de este jueves 5 de febrero 16 patinetas y bicicletas hurtadas en el 2025.En lo corrido del 2026 se han realizado 28 capturas por el delito de hurto a bicicletas y 85 por receptacion. Sin embargo; el alcalde Galán nuevamente hace un llamado a las instituciones judiciales para evitar dejar en libertad a criminales que se vuelen reincidentes en casos de hurto en Bogotá.
Yeison Mesa, presidente de la Organización Sindical de Empleados de Migración Colombia, habló sobre la posible parálisis en los aeropuertos, tras una serie de incumplimientos pactados que, según ellos, ha tenido la administración y el Gobierno. "Tenemos una nueva directora nacional que ha hecho un papel desastroso, está llevando la ruina y está incumpliendo los acuerdos sindicales. A 6 meses de que este gobierno nos vemos en la penosa obligación de exigir nuestros derechos, de pelear por lo que se acordó", indicó Mesa.A su vez, afirmó que la única herramienta con la que cuentas es la protesta. "La herramienta que tenemos es protestar en aeropuertos internacionales de Colombia. Esta administración, desafortunadamente, ha sido funesta, se ha encargado de hacer quedar por el suelo el proyecto del cambio. Irónicamente están mucho más preocupados las aerolíneas, la IATA y todos los que hacen parte del sector, porque son los que se ven realmente afectados. El Gobierno nacional parece que como que no le importa o no le llama la atención, porque no le han prestado la atención necesaria", enfatizó el líder sindical.Sobre el estudio de nivelación salarialEl líder sindical detalló cómo se ha incumplido el cronograma para la mejora de las condiciones de los trabajadores."En el primer trimestre de 2025 se tenía que contratar el estudio de rediseño, reingeniería y nivelación salarial de Migración Colombia'. Hoy, enero 2026, les puedo decir que no se contrató ninguna empresa, que no se hizo absolutamente nada. Se contrataron a siete expertos supuestamente, dándoles 12 millones de pesos y no se ha entregado absolutamente nada. Se entregó un informe de diagnóstico, no está bien hecho, está hecho en contra de la ley, no llena los requisitos y no los va a llenar", afirmó Mesa.Además, Mesa denunció una grave falta de recursos y un uso cuestionable de los fondos por parte de la dirección."Al día de hoy, Migración Colombia no tiene plata ni siquiera para pagar todos los salarios del año. Hay un hueco de 40.000 millones de pesos y la entidad sigue tapando y tapando. Vemos una entidad desfinanciada, una entidad que está prácticamente en la ruina", finalizó. Escuche la entrevista:
Las alertas que se mantienen latentes por el aumento histórico del caudal en la Central Hidroeléctrica Urrá I, generó que Empresas Públicas de Medellín entregara un parte de tranquilidad a las poblaciones río abajo de Hidroituango que, “opera con total normalidad y dentro de los parámetros establecidos”.La preocupación de miles de personas radicaba en las fuertes lluvias que han golpeado al departamento de Antioquia en los últimos días e, incluso, en una fotografía que circulaba en redes en donde se veía una represa que parecía estar al borde de sus capacidades.Por estas situaciones es que EPM indicó que actualmente Hidroituango presta servicio con tres turbinas que están generando 900 megavatios, ya que la cuarta unidad se encuentra en un mantenimiento programado. Además, indicaron que el vertedero está en funcionamiento por ambos canales.Explican desde Empresas Públicas de Medellín que se está haciendo una descarga predio de 1.699 metros cúbicos por segundo, lo que consideran, “un caudal relativamente bajo y cercano al caudal del río Cauca para esta época, por lo que se considera dentro de las condiciones habituales de operación”.Luego del parte de tranquilidad, EPM insistió que Hidroituango se encuentra funcionando de manera segura y estable, y que continuarán haciendo un seguimiento técnico permanente a los caudales del río Cauca desde el Centro de Monitoreo Técnico para tener datos en tiempo real y evitar sorpresas relacionadas con las lluvias.
Pese a recursos legales interpuestos en los últimos meses, la red tanto pública como privada de salud en la capital antioqueña sigue en cuidados intensivos.A propósito de la reciente apertura de un incidente de desacato por parte del Tribunal Administrativo de Antioquia al Gobierno nacional para que se ponga al día con las deudas, el alcalde Federico Gutiérrez reveló un preocupante panorama que muestra cómo la deuda ha crecido y todo sigue sin solucionarse.Desde el 30 de mayo del año anterior, cuando se interpuso este recurso legal, hasta finalizar 2025 la brecha se incrementó hasta en un 42%. Según las cifras oficiales la deuda total pasó de 168.208 millones de pesos a 238.936 millones.Savia Salud con 202.000 millones, Coosalud con 20.000 millones y Nuevas EPS con 17.000 son las entidades con mayores pasivos a la red de servicios de salud de la ciudad."La justicia nuevamente se pronunció dándonos la razón a nosotros y obligando al Gobierno a pagar, porque estas personas que generaron la crisis, no solo en Medellín y Antioquía, sino en toda Colombia, tendrán que responder ante la justicia por la crisis que generaron la salud. Para mejorar el sistema de salud en Colombia no había que destruirlo", dijo Gutiérrez.El mandatario destacó que cumplir con estos compromisos facilita la disminución en servicios de urgencias que hoy en instituciones públicas están entre el 130% y 162% de sobreocupación, sobre todo por el pico de infecciones respiratorias que atraviesa por estos días la capital antioqueña.En cuanto a la red privada, las deudas de las EPS ascienden a 6.1 billones de pesos. Las mayores obligaciones están con el Hospital San Vicente Fundacion y el Pablo Tobón Uribe.
El Gobierno nacional le pidió a la Fiscalía información sobre el estado de 400 bienes que fueron entregados por los paramilitares para procesos de reparación y, en este momento, no aparecen en el inventario del Fondo para la Reparación de la Unidad para las Víctimas.“Nos reunimos con la señora fiscal para solicitarle apoyo con los fiscales a cargo, para que a través de ellos, se le pida a las salas de Justicia y Paz, que den celeridad al trámite de extinción de dominio de los bienes que faltan, ya que surtiendo este paso, desde la Unidad podemos monetizarlos para reparar a las víctimas incluidas en las sentencias”, afirmó la directora de la Unidad para las Víctimas, Lilia Solano.Además desde el Gobierno le pidieron a la Fiscalía investigar si en gobiernos anteriores se pudieron haber presentado casos de corrupción con algunos de los bienes que entregaron en su momento las Autodefensas.“411 bienes entregados por 10 exparamilitares, designados como gestores de paz por el presidente de la República, no se encuentran en el inventario de bienes del Fondo para la Reparación de las Víctimas”, señalan desde la Unidad de Víctimas.Por otro lado, Solano aseguró que también hay bienes que se entregaron en el año 2011 y todavía no se ha realizado el proceso de extinción de dominio.“El Fondo para la Reparación de la Unidad para las Víctimas ha recibido de la Fiscalía General de la Nación 3.398 bienes y de estos solo 580 cuentan con extinción de dominio”, señalan desde el Gobierno nacional.
La guerrilla del ELN informó este domingo que realizará un cese al fuego unilateral en toda Colombia en las fiestas navideñas, "como gesto de paz con el pueblo colombiano".Se trata de un gesto ya tradicional en esa guerrilla en estas fechas y que iniciará a las 00:00 horas del 23 de diciembre y terminará a las 00:00 horas del 3 enero de 2025."En tal sentido, la Dirección Nacional del ELN orienta a todas sus estructuras no realizar operaciones militares ofensivas contra las Fuerzas Armadas del Estado", apuntó la guerrilla en un comunicado publicado este domingo.En diálogo con Mañanas Blu, el senador Iván Cepeda abordó el cese al fuego unilateral anunciado por el ELN y su significado en el contexto de las negociaciones de paz con el gobierno del presidente Gustavo Petro al que consideró positivo en la dirección de avanzar hacia la paz. El senador Cepeda destacó que esta señal unilateral del ELN es un gesto que puede ser interpretado como un augurio de avances importantes en el proceso de paz. "Creemos que es una buena señal y puede ser el augurio de avances importantes en el 2025", afirmó Cepeda. No obstante, también mencionó los eventos violentos que ocurrieron antes del inicio del cese, como el ataque que dejó a varios militares heridos y un soldado muerto, lo que plantea interrogantes sobre la verdadera voluntad del ELN para lograr la paz. A pesar de la importancia del cese al fuego, Cepeda reconoció que la confianza en el ELN se ve afectada por hechos violentos continuos y secuestros que han lastimado a las poblaciones civiles. "Los hechos ocurren y evidentemente lesionan la confianza en la posibilidad de la paz, sobre todo cuando afectan gravemente a poblaciones enteras", explicó. Es un tema delicado que requiere atención para avanzar de manera efectiva en las negociaciones. El senador Cepeda mencionó que, durante el cese al fuego del año pasado, hubo un alto nivel de respeto y cumplimiento por parte del ELN. Sin embargo, también se presentaron incidentes que aún están por esclarecer. A lo largo del 2023, se han contabilizado cerca de 60 muertes de miembros del ELN y de las fuerzas públicas. Cepeda aseguró que, a pesar de los desafíos, hay posibilidad de avanzar en los diálogos y se esperan resultados que permitan mostrar avances concretos al pueblo colombiano. "Hemos firmado veintiocho acuerdos, y algunos de ellos han tenido efectos verificables", afirmó. Esto indica que, aunque los resultados puedan ser limitados, las bases del proceso de paz se están construyendo. Escuche aquí la entrevista:
El ELN ha anunciado un cese al fuego unilateral con motivo de las "festividades de Navidad y Fin de Año", que iniciará a las 00:00 horas del 23 de diciembre de 2024 y concluirá a las 00:00 horas del 3 de enero de 2025. La decisión fue comunicada a través de la cuenta oficial de la delegación de diálogos del grupo armado, en la que se destacó que este gesto "busca promover la paz con el pueblo colombiano".A través del comunicado, la Dirección Nacional del ELN indicó que durante este periodo, todas sus estructuras deben abstenerse de realizar operaciones ofensivas contra las Fuerzas Armadas del Estado.En su comunicado, el ELN destacó que esta decisión responde a un "gesto de paz" hacia los ciudadanos y al deseo de generar un ambiente más tranquilo y menos violento en el país durante estas fechas.El presidente Gustavo Petro se pronunció frente a este comunicado del grupo guerrillero y aseguró, a través de su cuenta de X, que "El fin de la guerra, es el propósito nacional para el 2025".Hay que mencionar que en ocasiones anteriores, el ELN realizó anuncios similares en fechas significativas, aunque la implementación y el cumplimiento de los ceses al fuego han sido objeto de controversia y, en algunos casos, de violaciones por parte del grupo guerrillero.Este anuncio se produce en un contexto complejo para la paz en Colombia, donde los esfuerzos del gobierno por negociar con distintos grupos armados ilegales han tenido altibajos. A pesar de la "disposición" declarada por el ELN, las autoridades siguen vigilando de cerca el cumplimiento de los acuerdos, y el gobierno ha reiterado su compromiso con la búsqueda de soluciones a través del diálogo y la negociación.Pronunciamientos ante el cese al fuego unilateral del ELNPor su parte, el senador Iván Cepeda, miembro de la mesa de diálogos con el ELN, también se refirió a la decisión del ELN y destacó la intención de esta guerrilla en la paz total."Es un signo alentador, una buena señal esta tregua de carácter unilateral que hace el Ejército de Liberación Nacional. Esperamos también que sea la señal que en el año 2025 avanzaremos de manera decidida en reanudar los trabajos de la mesa de diálogos y también desarrollar los puntos de nuestra agenda para llegar a la paz que tanto anhela el país y el pueblo colombiano", señaló el congresista.
La solicitud de Miguel Rodríguez Orejuela, exjefe del Cartel de Cali, de ser considerado como "gestor de paz" en el marco del proyecto de paz total promovido por el presidente Gustavo Petro, ha generado una serie de reacciones y controversias en la política colombiana. La más reciente proviene del expresidente Andrés Pastrana, quien ha calificado de "delitos de lesa humanidad" las acciones del exnarcotraficante, particularmente su participación en el secuestro que sufrió en 1988.Este viernes, 20 de diciembre, Rodríguez Orejuela envió una carta al presidente Petro en la que se ofreció como facilitador en el proceso de paz con las organizaciones criminales, en un intento por contribuir a la desmovilización y reintegración de actores armados ilegales en Colombia. Su petición está enmarcada en el concepto de "paz total", una de las principales propuestas de la administración de Petro."Mi secuestrador Pablo Escobar me reveló, estando yo en cautiverio, que Los Extraditables, de los que los Rodríguez Orejuela hacían parte, eran los autores de mi secuestro. Imprescriptible delito de lesa humanidad, fue el primer secuestro político del narcotráfico en Colombia", dijo Pastrana a través de sus redes sociales.La reacción de Pastrana no se hizo esperar. En un pronunciamiento, el expresidente aseguró que Miguel Rodríguez Orejuela y su hermano, Gilberto, quienes fueron grandes capos del Cartel de Cali, son responsables de numerosos crímenes, incluyendo el secuestro que él mismo sufrió en 1988. Según Pastrana, durante su cautiverio, Pablo Escobar, le reveló que Rodríguez Orejuela formaba parte de la red de narcotraficantes y paramilitares que lo habían secuestrado, un hecho que calificó como una grave violación de los derechos humanos.Dicho secuestro, según Pastrana, ocurrido en el contexto de campaña, es uno de los episodios más oscuros de la historia reciente de Colombia. Pastrana fue capturado el 19 de agosto de 1988 por miembros del cartel de Cali, en pleno apogeo de la lucha entre los grandes narcotraficantes del país. En su relato, el expresidente sostiene que, tras ser liberado, quedó claro que la alianza entre los carteles.
Este 20 de diciembre se conoció la carta con la que Miguel Rodríguez Orejuela le pide al presidente Gustavo Petro ser gestor de paz. El excabecilla del Cartel de Cali, de 81 años, está cumpliendo una condena de tres décadas en una prisión del sur de Florida, Estados Unidos.En el documento, que tiene como fecha el 25 de abril de 2024, se puede leer la intención del narcotraficante de contar la verdad sobre los delitos cometidos y aportar en la aclaración de varios hechos."Por consiguiente, señor presidente, pienso que nunca estuvieron dadas las condiciones para solicitarle a usted respetuosamente que considere la posibilidad de que yo sea avalado como un nuevo gestor de paz. Soy consiente de lo que esto representa y la responsabilidad de tan difícil y ardua labor que tiene para poder conseguir la paz total para Colombia", se lee en el documento.Rodríguez Orejuela afirma que solo quiere contar su verdad "sin odios ni revanchas", pues ya ha estado 29 años en la cárcel tanto en Colombia como en Estados Unidos y manifiesta su deseo de "alcanzar el perdón divino"."Tomé la decisión de escribir estas líneas, convencido de que las nuevas generaciones merecen un mejor país, edificado en los cimientos de la verdad con la posibilidad de construir en función de la paz", añade.En esta carta, el narcotraficante expresa la intención de que se haga efectiva la reducción de su pena en 2025 y recalca que no ha participado en delitos de muertes o lesiones graves.¿Quién es Miguel Rodríguez Orejuela?Miguel Rodríguez Orejuela fue un narcotraficante colombiano y uno de los líderes del Cartel de Cali, junto con su hermano Gilberto Rodríguez Orejuela. Fue uno de los principales capos de la droga en Colombia durante la década de 1990.Miguel Rodríguez Orejuela fue capturado en 1995 y extraditado a Estados Unidos, donde fue condenado a 30 años de prisión por narcotráfico y lavado de dinero.
El informe RED-clutamiento 2.0 de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP documenta que al menos 1.749 menores de edad fueron reclutados en Colombia entre 2017 y 2026. Uno de los principales hallazgos es el uso sistemático de redes sociales para atraer a niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales.“Desde 2021, el reclutamiento de niños y niñas es el tipo de victimización a la población civil que más rápido crece en Colombia (por encima de masacres, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y confinamiento). Esto coincide con el uso sistemático de las redes sociales”, asegura el informe.De acuerdo con el documento, el 44 % de los casos registrados en 2025 estuvieron asociados directamente al reclutamiento a través de plataformas digitales.Las cifras muestran, además, un crecimiento sostenido: mientras en 2022 se registraron 151 casos de reclutamiento, en 2023 la cifra subió a 255; en 2024 alcanzó los 362 y en 2025 llegó a 386 casos. En apenas cuatro años, el incremento supera el 150 %, convirtiéndose en una de las violencias con mayor crecimiento en el país.De acuerdo con la UIA, el uso de TikTok y Facebook ha facilitado que los casos de reclutamiento se dupliquen mensualmente en algunos territorios. Antes de la expansión del reclutamiento digital, estos hechos se concentraban en 97 municipios; hoy se registran en 248 municipios, lo que representa un aumento del 156 %.“Las redes sociales han propiciado que se presenten casos de reclutamiento en lugares donde jamás habíamos registrado hechos (inclusive en la época más álgida del conflicto armado con las Farc-EP)”, subraya el informe.Según el documento, los reclutadores digitales reproducen estereotipos de género binarios para hacer más atractiva la oferta y generar identificación entre niños y adolescentes. En algunos casos, convocan a menores a supuestos torneos de fútbol, asegurando que asistirán cazatalentos extranjeros que los llevarán a equipos profesionales fuera del país.El escrito señala que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, son el grupo armado que más niños recluta a través de redes sociales. Esta estructura concentra 116 cuentas activas en Facebook y TikTok, con publicaciones que alcanzan en promedio más de 20.000 visualizaciones y, en algunos casos, millones de reproducciones.Su principal zona de operación está en el suroccidente del país, especialmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, departamentos donde opera el 67 % de las cuentas identificadas.En total, el informe identificó 186 cuentas en redes sociales vinculadas a actividades de reclutamiento, con un promedio de 6.700 seguidores por cuenta.La UIA alerta que, si no se adoptan medidas urgentes de prevención y control, entre 2026 y 2030 podrían registrarse más de 2.300 nuevos casos de reclutamiento, lo que equivaldría a que un menor sea vinculado a un grupo armado cada 12 horas.
Mientras Colombia cerró 2025 como el año con la mayor crisis humanitaria de las últimas dos décadas, los territorios más golpeados por el conflicto armado continúan registrando avances en la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Así lo señala el V Informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad, presentado este jueves 30 de enero en Bogotá.De acuerdo con el Comité, 2025 dejó la cifra más alta de desplazamientos forzados en los últimos 18 años y más de un millón de personas confinadas por la acción de grupos armados, lo que triplicó los registros del año anterior.Para la presidenta del Comité, Julia Eva Cogollo, esta situación se explica por el traslape entre los territorios priorizados por los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y las zonas donde se ha incrementado la presencia de actores armados.Según explicó, este contexto ha llevado al Gobierno a focalizar la implementación de políticas públicas en las regiones más afectadas como una forma de mitigar el impacto humanitario. Sin embargo, el Comité advierte que la persistencia de la violencia sigue siendo un obstáculo para que las comunidades puedan ejercer plenamente sus derechos.Entre los principales avances, el informe destaca la reducción del Índice de Pobreza Multidimensional en las zonas PDET, que pasó de 39,8 % en 2018 a 23,7 % en 2023, aunque en 2024 se ubicó en 24,4 %. También resalta el fortalecimiento de iniciativas de acceso a tierras y proyectos productivos liderados por mujeres. Regiones como Montes de María, la Costa Pacífica, el norte del Cauca y el sur de Bolívar concentran avances relevantes, aunque, según el Comité, estas mismas zonas enfrentan altos niveles de riesgo por la violencia armada.De cara al escenario electoral y a la llegada de nuevos gobiernos, el Comité considera que la política PDET se encuentra blindada tras su ampliación hasta 2034. No obstante, advierte riesgos si en la actualización de los planes de acción no se incorporan las 220 recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Frente a la continuidad de la transformación rural, la presidenta del Comité envió un mensaje directo a los próximos gobiernos y a los candidatos. “El primer mensaje que queremos enviar es a los candidatos. Uno, que saquen la violencia de la política, por favor. Y el segundo que le queremos incluir es que incluyan las recomendaciones en sus programas de gobierno y posteriormente en el plan de desarrollo”, afirmó.Finalmente, Cogollo advirtió que el mayor riesgo para la no repetición en Colombia sigue siendo la combinación entre la violencia armada y la crisis humanitaria. “El mayor riesgo que tenemos es la presencia alta de actores armados y la crisis humanitaria. Y el desbalance que hay realmente en la presencia de actores armados versus implementación de políticas públicas que no garantizan el gozo efectivo de los derechos”, concluyó.
En diálogo con Blu Radio, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José Luis Caballero, expresó su preocupación por los riesgos que enfrenta la democracia en Colombia en medio del contexto preelectoral, especialmente por la persistencia de la violencia armada y la exclusión social que, según advirtió, siguen afectando al país.“Nos preocupa la presencia de grupos armados no estatales desde hace mucho tiempo. Hemos advertido el esfuerzo del Acuerdo de Paz de 2016; hemos instado también, en una recomendación, a que se retome el diálogo con otros grupos armados no estatales. Es decir, es una observación que tenemos desde hace mucho tiempo”.“La coyuntura electoral debe trascenderse con paz, con diálogo, con serenidad, con las condiciones que alejen la violencia electoral, pero la perspectiva de que no haya violencia es una condición que la Comisión ha advertido en todos los mecanismos desplegados con Colombia”, añadió.En cuanto al futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Caballero sostuvo que debe ser fortalecida.“Tiene que tener recursos suficientes, tiene que poder desplegar con mayor claridad su trabajo. Yo creo que ha hecho esfuerzos muy importantes; nos hemos reunido para conocer las primeras sentencias, estamos en un diálogo muy franco con la Jurisdicción Especial para la Paz y pienso que tiene que tener mucha mayor fortaleza para cumplir con su mandato”.Frente a los señalamientos de algunos sectores sobre posibles afectaciones a la libertad de expresión durante el gobierno de Gustavo Petro, el presidente de la CIDH indicó que la principal preocupación del organismo es que se garantice la libertad de expresión.“Lo que a la Comisión le preocupa es que se garantice la libertad de expresión, que se proteja la labor de los periodistas, que no se les estigmatice. La Comisión ha reconocido desde muchos años, desde épocas muy incipientes, que el periodismo es una labor fundamental para el ejercicio de la libertad de expresión, que es una piedra angular de la democracia; entonces, yo creo que los periodistas merecen respeto y merecen cumplir con su trabajo”.Sobre el asesinato de líderes sociales, que en el último año superó los 180 casos, el presidente de la CIDH fue enfático: “Tienen que proteger a los defensores y a las defensoras, tienen que proteger a los liderazgos sociales. Nosotros se lo hemos expresado mucho al Estado colombiano; es una obligación que tienen que atender con mayor prestancia”.Además, señaló que “estamos también con medidas de protección, medidas cautelares para defensores y líderes sociales. Esto es una cuestión que a la Comisión le preocupa mucho y yo creo que el Estado tiene que estar al frente con esa protección”.
El coronel (r) Juan Carlos Figueroa Suárez, excomandante del Batallón La Popa, aceptó su responsabilidad ante la JEP por falsos positivos, cometidos entre 2004 y 2005 en Valledupar.La decisión se produjo luego de la imputación formulada por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), que documentó 24 hechos que dejaron al menos 38 personas asesinadas, entre ellas 11 víctimas de desaparición forzada y 9 casos de tortura.Durante la diligencia, Figueroa reconoció su responsabilidad por omisión, al admitir que no identificó ni detuvo a tiempo las acciones criminales cometidas por sus subalternos.“Acepto la responsabilidad en la omisión de no saber que mis subalternos estaban asesinando civiles, que las operaciones militares que siempre ordené a la luz de la Constitución Nacional, de las leyes de Colombia, de la doctrina militar, de la ley militar, del derecho internacional de conflictos armados”.Según la acusación de la UIA, los hechos respondieron a tres modalidades. La primera se caracterizó por asesinatos y desapariciones de personas que luego eran presentadas como supuestos resultados operacionales.La segunda modalidad correspondió a homicidios de civiles que algunos integrantes de los pelotones identificaban de manera arbitraria como “objetivos militares ilícitos”, para hacerlos pasar como miembros de grupos armados ilegales.La tercera estuvo marcada por el asesinato de combatientes que ya habían depuesto las armas o que se encontraban heridos tras enfrentamientos legítimos con tropas del batallón.En su declaración, Figueroa sostuvo que durante su mando no identificó el riesgo específico de los falsos positivos y aseguró que esto solo fue reconocido de manera general en la Fuerza Pública a partir de 2007, cuando estallaron los escándalos a nivel nacional.“Ese riesgo operacional no fue contemplado bajo mi mando porque los riesgos operacionales que para esa época se tenían eran el robo de armamento, robo de municiones, robo de equipo militar, infiltrados, penetrados, las nóminas paralelas, tráfico de información, miembros que posiblemente podían estar en concierto para delinquir con organizaciones armadas al margen de la ley”, afirmó.Con la aceptación de responsabilidad, el proceso ya no continuará por la vía del juicio adversarial. Ahora, la JEP aplicará la ruta de reconocimiento tardío, que contempla la realización de una audiencia restaurativa. Esta diligencia fue programada para el 24 de marzo a las 9:00 de la mañana, espacio en el que se abordarán las medidas de reparación y reconocimiento a las víctimas.Posteriormente, el tribunal deberá imponer una sanción alternativa, que implica entre 5 y 8 años de cárcel.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) concluyó que los 11 militares que reconocieron su responsabilidad por falsos positivos ocurridos entre 2007 y 2008 en Norte de Santander, cumplen las condiciones para recibir una sanción restaurativa.Según las investigaciones de la JEP, durante este periodo en el Catatumbo, hubo al menos 120 casos de falsos positivos, además de un intento de homicidio.Sin embargo, al analizar los hechos, el tribunal decidió imputar nuevos delitos a varios de los comparecientes. En ese sentido, 8 de los 11 militares serán sentenciados por el crimen de esclavitud.“La sección determinó que al menos 29 personas fueron víctimas del crimen de esclavitud en el marco de la segunda modalidad del patrón macrocriminal, al comprobarse el ejercicio de atributos propios del derecho de propiedad sobre ellas. En particular, este crimen se cometió a partir de la colaboración de organizaciones criminales y terceros reclutadores, quienes, en articulación con integrantes de unidades militares y a cambio de una remuneración económica, conseguían civiles indefensos y los entregaban a los militares para hacerlos pasar por supuestas bajas en combate”, explicó la JEP.¿Quiénes son los imputados?Los militares imputados por este delito, en calidad de coautores, son Rubén Darío Castro Gómez, Gabriel de Jesús Rincón Amado, Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, Álvaro Diego Tamayo Hoyos, Juan Carlos Chaparro Chaparro, Sandro Mauricio Pérez Contreras y Alexander Carretero Díaz.Además, la JEP imputó el delito de esclavitud por omisión a Paulino Coronado Gámez, general (r) del Ejército y comandante de la Brigada 30 ubicada en Cúcuta para la época de los hechos. La JEP consideró que, desde su posición de mando, permitió que estas conductas ocurrieran sin adoptar medidas para impedirlas.Adicionalmente, los militares Santiago Herrera Fajardo, Daladier Rivera Jácome, Juan Carlos Chaparro Chaparro y Sandro Mauricio Pérez Contreras fueron imputados por el crimen de guerra de tortura, en relación con hechos asociados a tres víctimas.“Para adoptar esta decisión, la sección tuvo en cuenta los relatos entregados por las víctimas y sus familiares en el proceso judicial”, aseguró la JEP.El proceso continuará con la audiencia pública de verificación, en la que se confirmará si los militares cumplen con sus compromisos de verdad y reparación. Superada esta etapa, la JEP emitirá la sentencia que definirá de manera definitiva su situación jurídica.
En su pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo cuestionó el manejo que desde el Gobierno se le ha dado a la crisis del sistema de salud y pidió reconocer la magnitud de las afectaciones que hoy enfrentan millones de usuarios, especialmente los afiliados a la Nueva EPS.“Pedimos a @MinSaludCol mejorar los canales de comunicación y, especialmente, dejar de lado declaraciones indolentes que pongan en duda el deber del Gobierno de garantizar los derechos humanos en igualdad para todas las personas. La falta de empatía con la angustia de quienes están al frente de la atención y deben lidiar diariamente con el sufrimiento de las personas es inadmisible y preocupante. Deja el mensaje de que las autoridades no harán nada para resolverlo. Sin embargo, hacerlo es su deber”.La Defensoría aseguró que, ante la creciente vulneración del derecho a la salud, ha participado en lo que va del año en múltiples mesas interinstitucionales con EPS, hospitales, gestores farmacéuticos, usuarios y pacientes.Estos espacios, según explicaron, han buscado garantizar la atención de casos prioritarios y críticos, avanzar en la entrega pendiente de medicamentos y avanzar en compromisos relacionados con la estabilización de pagos y la conformación de redes de prestación de servicios suficientes y operativas.No obstante, el organismo advirtió que el panorama es crítico para los afiliados de la Nueva EPS, “entidad que enfrenta una situación financiera muy delicada”. Para la Defensoría, esta medida no solo profundiza la crisis de la EPS, sino que termina afectando directamente a hospitales, clínicas y dispensarios, que enfrentan dificultades para sostener la atención y la operación diaria.Aunque la problemática se extiende a todo el país, la Defensoría alertó de manera particular sobre la situación en Boyacá, Huila, Antioquia, Valle del Cauca, Santander, San Andrés y Providencia y Tolima, donde las afectaciones al derecho a la salud se estarían profundizando.
El mayor general (r) de la Policía Nacional, Luis Mendieta Ovalle, afirmó que el modelo de sanciones propias definido en la JEP terminó priorizando la financiación de los exintegrantes de las Farc y no a las víctimas del conflicto.“En este momento lo que está desfinanciado es el presupuesto que prácticamente el Estado y todas las entidades le iban a dar a las Farc para el pago de las sentencias propias. Aquí en ningún momento es reparación a las víctimas”, señaló.Mendieta sostuvo que, desde la firma del acuerdo de paz, las víctimas han sido relegadas en la implementación.También cuestionó los llamados trabajos, obras y actividades restaurativas. “Fuimos enfáticos en que no estábamos de acuerdo con esas sanciones propias y menos con todos los recursos que les iban a dar a los integrantes de la Farc para aplicar en los famosos TOAR, (…) que en nuestro sentido de restaurativas no tenían absolutamente nada, sino que eran presupuestos que iban a destinar para que los integrantes de la Farc en esos cuatro ejes centrales tuvieran burocracia y tuvieran contratos”, dijo.Según el general en retiro, distintas entidades del Estado han concentrado su acción en los comparecientes y no en las víctimas. “Aquí únicamente todas las entidades están teniendo en cuenta a los victimarios y las víctimas que la Farc ocasionaron no se les ha tenido en cuenta”, advirtió, al tiempo que recordó que el informe de la Contraloría confirma denuncias previas.En la misma línea, Sebastián Velázquez, representante legal de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc, explicó que el inventario inicial presentado por las Farc “por un monto de un billón de pesos no se concreta” y que, finalmente, “al fondo de reparación para las víctimas solamente llega un oro avaluado aproximadamente en 40.000 millones”.Velázquez detalló que, a partir de investigaciones y expedientes judiciales, identificaron bienes no reportados. “Encontramos un expediente por unos bienes y un testaferrato por 100.000 millones de pesos”, el cual fue solicitado para que se incorporara al Caso 01 de la JEP.Agregó que, con base en informes de inteligencia conocidos como informe Génesis, se realizó una tasación de recursos ocultos que “llegaba a 13.5 billones”.Sin embargo, aseguró que los incidentes de incumplimiento presentados no han sido estudiados de fondo: “La JEP ha sido temeraria con la representación judicial, porque, en vez de investigar, nos ha inadmitido de plano y le ha dicho a la representación judicial que sea muy consciente de qué está radicando en contra”, lo que calificó como “un constreñimiento a la representación judicial”.Finalmente, Velázquez cuestionó que el Estado haya asumido la carga principal de la reparación y advirtió que las sanciones propias hoy están desfinanciadas.“Yo no sé en qué momento eso cambió, porque la prioridad y el responsable no es el Estado (...) Yo creo que ellos no tienen ahorita ni 50.000 millones para para empezar a ejecutar esas dos sentencias”, concluyó.Las víctimas advirtieron que la situación requiere “un revolcón total” al modelo actual de reparación y una revisión del marco legal, que, según señalaron, deberá ser asumida por “un nuevo Gobierno y un nuevo Congreso”.
El delegado de la Conferencia Episcopal para las relaciones Iglesia-Estado, Monseñor Hector Fabio Henao, alertó sobre las afectaciones humanitarias que enfrentan comunidades rurales del Guaviare tras los enfrentamientos por la disputa territorial entre disidencias de alias ‘Calarcá’ y alias ‘Mordisco’ registrados en la vereda Cubay, del municipio de El Retorno, en Guaviare.Según Monseñor, la violencia ha generado un clima de temor que limita la movilidad de la población y agrava la situación de niños, niñas y adolescentes que permanecen sin acceso a la educación.“El año pasado hubo clases solamente el primer semestre. Después, las amenazas a los profesores, y en el segundo semestre no hubo clases. Claro, hubo la propuesta de suplantar esto con actividades virtuales, pero muchos niños en sus casas no tienen acceso”, afirmó el delegado.A esta problemática se suma que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) no ha podido funcionar debido a las restricciones de seguridad.Monseñor, señaló además que una parte de la población rural evita desplazarse: “Hay una franja de población que no se atreve a salir de las veredas, porque tiene temor de pasar por ciertos registros o retenes que se establezcan, y tiene que dar muchas explicaciones, pero, en general, ha quedado una zozobra muy grande”, afirmó.El representante señaló que existía una alta expectativa entre los padres de familia por el posible retorno de las clases, pero “estas circunstancias que se están viviendo en el momento presente, como dijo, dan mucha incertidumbre, no hay una definitiva todavía”.Indicó que, aunque aún no hay decisiones definitivas, es necesario que “desde el Ministerio de Educación hasta las autoridades más territoriales en el municipio del Retorno, se acerquen a la situación y miren cómo serían las alternativas”.Finalmente, Monseñor Henao hizo un llamado a enfocarse “en una población particularmente vulnerable”.
La Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana 001 de 2026 para los municipios de Belén de Umbría, Mistrató y Pueblo Rico, tras identificar un riesgo alto por “graves violaciones de los derechos fundamentales a la vida, integridad y movilidad e infracciones al derecho internacional humanitario”.Según la entidad, el deterioro de la seguridad se debe a las pretensiones de consolidación territorial de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y a la expansión del Ejército Gaitanista de Colombia, conocido como Clan del Golfo.En el caso del ELN, la alerta señala la actuación de su Frente Manuel Hernández 'El Boche' en Mistrató y Pueblo Rico, mientras que el EGC estaría incursionando en los tres municipios a través de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle.La Defensoría explica que la presencia simultánea de estos actores armados ilegales responde al interés por controlar corredores estratégicos que comunican a Risaralda con Chocó, Antioquia, Caldas y Valle del Cauca, zonas clave para el fortalecimiento de sus estructuras y para el dominio de economías ilícitas, especialmente aquellas asociadas a actividades mineras en la región.El informe advierte que esta competencia territorial podría intensificar la violencia en el corto plazo y afectar de manera particular a niñas, niños, adolescentes y jóvenes en riesgo de reclutamiento forzado; a lideresas y líderes sociales; a mujeres; autoridades locales; comunidades campesinas y pueblos étnicos, entre ellos los indígenas Embera Chami y Embera Katío. También se señala un riesgo específico para los firmantes del Acuerdo de Paz que permanecen en estos territorios.La entidad identificó afectaciones en más de 50 veredas, barrios urbanos, resguardos indígenas y consejos comunitarios de los tres municipios. En estas zonas, los grupos armados imponen normas de conducta, profieren amenazas y han provocado desplazamientos forzados y confinamientos.La Defensoría también alertó sobre el incremento de homicidios. En 2023 se registraron 15 homicidios y en 2024 otros 14 en Belén de Umbría, Mistrató y Pueblo Rico, mientras que en 2025 la cifra ascendió a 39 casos, lo que representa un incremento del 34,48 % frente al total de los dos años anteriores.Ante este panorama, la Defensoría hizo un llamado urgente para que las autoridades del orden nacional, departamental y municipal implementen los deberes de reacción rapida bajo la perspectiva de derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla emitió sentencia condenatoria contra el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez por su responsabilidad en 117 hechos delictivos cometidos contra la población indígena wayúu y otras comunidades del departamento de La Guajira.De acuerdo con la decisión judicial, los crímenes fueron ejecutados entre los años 2002 y 2006 por integrantes del autodenominado Frente Contrainsurgencia Wayúu, una estructura armada adscrita al Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que actuó siguiendo los lineamientos definidos por sus máximos cabecillas, entre ellos Mancuso. Durante ese periodo, el grupo ilegal perpetró homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, hechos de violencia basada en género y otras graves conductas ilícitas contra la población civil.La sentencia atribuyó de manera específica la incursión armada a la ranchería Manaki, ubicada en el municipio de Uribia, ocurrida el 10 de octubre de 2003. En ese hecho, varios indígenas wayúu fueron golpeados y sometidos a maltratos durante aproximadamente cuatro horas. Además, los hombres armados destruyeron y se apropiaron de bienes simbólicos de la cultura wayúu, como chinchorros, mochilas, sombreros y mantas bordadas, elementos que constituían el sustento económico y cultural de las familias afectadas.Asimismo, el tribunal estableció la responsabilidad del Frente Contrainsurgencia Wayúu en el homicidio de dos indígenas ocurrido el 17 de marzo de 2002 en la ranchería Kepischon, también en jurisdicción de Uribia. Estos hechos, junto con otros documentados en el proceso, evidenciaron un patrón de violencia sistemática contra comunidades indígenas en distintas zonas del departamento.Según lo probado en el proceso, el Frente Contrainsurgencia Wayúu fue creado en marzo de 2002 y, en sus inicios, contó con aproximadamente 150 integrantes. Esta estructura permitió a las AUC ampliar su presencia y accionar armado hacia sectores de La Guajira y la Sierra Nevada de Santa Marta, con el objetivo de consolidar el control territorial.En su decisión, la Sala de Justicia y Paz reconoció como sujetos de reparación colectiva a las comunidades indígenas wayúu asentadas en las regiones de Carraipia, Majayura y Malaki, en el municipio de Uribia, así como a la comunidad de Matitas, en Riohacha. El tribunal concluyó que estas poblaciones fueron afectadas de manera directa y reiterada por el accionar del grupo paramilitar.Por estos hechos, Salvatore Mancuso Gómez fue condenado a una pena de 40 años de prisión, al pago de una multa equivalente a 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y a la inhabilidad para ejercer cargos públicos por el mismo periodo. No obstante, en aplicación de los beneficios previstos en la Ley 975 de 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz, la sentencia contempla una pena alternativa de ocho años de prisión, condicionada al cumplimiento de las obligaciones de verdad, reparación y no repetición establecidas en el fallo.