El pronunciamiento de la JEP se da luego de la denuncia presentada por los familiares del dirigente social Pedro Julio Movilla Galarcio, junto con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), quienes alertaron sobre una excavación ilegal realizada el 3 de febrero de 2025 en las instalaciones de la Escuela de Logística del Ejército, antigua sede de la Brigada XX en Bogotá.Según indicaron, el punto intervenido había sido identificado como un posible sitio donde podrían encontrarse restos de Movilla.En ese mismo sentido, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó a la JEP que encontró rastros de sangre humana en uno de los elementos materiales recuperados, el cual se encuentra protegido por una medida cautelar adoptada en septiembre de 2024, a solicitud de víctimas del conflicto armado.Según explicó la Jurisdicción, el rastro biológico fue identificado en un elemento recuperado en la zona que la propia JEP reportó como vulnerada en febrero de 2025, cuando detectó una excavación no autorizada en áreas de interés forense que estaban bajo protección judicial.Tras conocer esa intervención, la JEP interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, solicitó la apertura de investigaciones disciplinarias e inició un incidente de desacato.“Como resultado de esta última decisión, la JEP sancionó al director de la Escuela de Logística, teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo Escobar, con tres días de arresto y una multa de diez salarios mínimos legales vigentes, al hallarlo responsable de permitir una intervención no autorizada en el predio protegido, ubicado en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá. La sanción de multa fue confirmada por la Sección de Apelación el 8 de octubre de 2025”, aseguran en el comunicado.La Jurisdicción aseguró que la información sobre el hallazgo fue comunicada directamente a la familia de Pedro Julio Movilla y a las organizaciones solicitantes de la medida cautelar.
Aunque grupos armados ilegales han manifestado que no interferirán en el proceso democrático, en terreno persisten situaciones que afectan el ejercicio político.El presidente de Indepaz, Camilo González, señaló que estructuras como el ELN, el Clan del Golfo y algunas disidencias de las Farc han firmado declaraciones en las mesas de conversación con el Gobierno Nacional en las que se comprometen a no intervenir en las elecciones. Sin embargo, advirtió que posteriormente se presentan hechos que alteran la actividad política.“Se presentan situaciones que luego ellos mismos explican como situaciones inmanejables, errores por el control de territorios, porque tienen la pretensión de ser los dueños y los que dan permiso o no. Entonces eso, por supuesto, tiene repercusiones muy negativas para el ejercicio de la política”, aseguró González.Según el directivo, estas justificaciones generan restricciones para candidatos, líderes sociales y comunidades, afectando el desarrollo democrático.El presidente de Indepaz señaló que actualmente hay al menos 81 municipios con alertas graves frente a la perspectiva electoral. No obstante, afirmó que esto no significa necesariamente que en todos ellos se vaya a impedir la instalación de puestos de votación o que se produzcan sabotajes directos, pero sí refleja un contexto delicado para el normal desarrollo de las campañas.Además, subrayó que en cerca de 300 municipios se registran alteraciones y riesgos asociados a prácticas tradicionales como la compra y el rastreo de votos.“En cerca de 300 municipios, las alteraciones y los peligros para las elecciones tienen que ver con las tradicionales formas de corrupción, como la compraventa y el rastreo de votos, además del manejo del clientelismo. Pero la parte de la violencia directa, que ya hemos visto en disparos y atentados, incluso en Bogotá, sigue presente en diferentes regiones”, agregó.Aunque los grupos en negociación han reiterado su voluntad de no interferir en el proceso electoral, la situación en terreno evidencia que persisten dinámicas de presión armada y control territorial que podrían impactar el ejercicio democrático.
Desde hace tres días se intensificaron los hostigamientos en El Carmen, Norte de Santander. Los enfrentamientos armados en pleno casco urbano no solo han dejado un policía muerto y ataques contra la fuerza pública, sino que mantienen a los menores fuera de las aulas y expuestos al fuego cruzado.Según Luis Fernando Niño, consejero de Paz de Norte de Santander, entre 300 y 350 estudiantes permanecen sin asistir a clases debido a los combates y a la presencia de hombres armados en el casco urbano.“Ayer, cuando se dio el primer ataque, inició a las seis y cuarto de la mañana aproximadamente, que es la hora de ingreso de los estudiantes al colegio. Hoy fue igual, en las horas de la mañana. La persona que nos ha dado información desde la institución educativa habla de aproximadamente entre 300 y 350 menores que no han podido ir a clases”, aseguró Niño.La suspensión de las clases también implica que los estudiantes no tengan acceso al Plan de Alimentación Escolar.“A esto hay que sumarle no solo las clases, sino el tema del Plan de Alimentación Escolar, que es parte de este suplemento importante para que los niños puedan realizar sus labores diarias. Todo esto, obviamente, se ve afectado en medio del fuego cruzado que se está dando, reitero, en el casco urbano, con población civil en medio, violando así el derecho internacional humanitario”, agregó el consejero de Paz.Sin embargo, la principal preocupación es el riesgo que enfrentan los menores ante la posibilidad de quedar en medio del fuego cruzado o ser víctimas de reclutamiento forzado.“Ahorita, con los enfrentamientos, se ha deteriorado mucho más esto, pero en otras zonas del Catatumbo también, por el miedo al reclutamiento forzado, los padres de familia no envían a sus hijos porque pueden pisar un campo minado, pueden quedar en medio del fuego cruzado o también pueden ser reclutados”, añadió.Las autoridades reiteraron que, mientras persistan los hostigamientos en El Carmen, más de 300 menores seguirán sin poder regresar a clases, en medio de una escalada violenta que aumenta el riesgo de reclutamiento forzado en el Catatumbo.
La Sección de Apelación de la JEP ratificó la competencia de esa jurisdicción para investigar el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, asesinado el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá, cuando salía de dictar clases en la Universidad Sergio Arboleda.La familia del líder conservador había solicitado a la JEP revocar esa competencia y enviar el caso a la Fiscalía; sin embargo, la jurisdicción consideró que existen elementos suficientes para mantener la investigación en su órbita.“La JEP tiene competencia material para adelantar la investigación por el presente caso. Aunado a ello, y reconociendo el interés legítimo que asiste a las víctimas en reclamar que se haga justicia por los hechos, la SA identifica que le corresponde al Estado encauzar de manera objetiva la totalidad de las acciones que resulten conducentes para garantizar el cumplimiento efectivo de su obligación de investigar y sancionar a los responsables”, señala la resolución de la Sección de Apelación.La jurisdicción precisó que, aunque mantiene la competencia, la justicia ordinaria puede avanzar en otras hipótesis, ya que la JEP se concentrará en la relacionada con la presunta responsabilidad de la extinta guerrilla de las Farc.“La Sección de Apelación insiste en que debe tenerse presente que la competencia que asume la JEP para investigar los homicidios de Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir solamente cobija la hipótesis relacionada con la presunta responsabilidad de exmiembros de las Farc-EP y, en consecuencia, no configura ningún tipo de interferencia con los avances que puedan seguir obteniéndose en la JPO por parte de las instituciones que se encuentran indagando la responsabilidad de otros agentes estatales y no estatales que no estarían sujetos a la competencia del órgano judicial transicional, por lo menos hasta la fecha. En ese sentido, como ya lo indicó la Sala de Reconocimiento, la Fiscalía y la Comisión de Investigación y Acusación podrán continuar con su función constitucional, en tanto siguen ostentando la titularidad de la acción penal de las investigaciones ya reseñadas y que no son objeto de estudio por la JEP”, agregaron los magistrados.La familia de Álvaro Gómez ha reiterado que no cree en la versión de la extinta guerrilla de las Farc, según la cual esa organización es responsable del magnicidio. Sus familiares sostienen que habría una responsabilidad de Estado e incluso han señalado por su presunta responsabilidad al expresidente Ernesto Samper.En la resolución también se indica: “Aunque no existe un nivel de certeza determinante, tampoco es descartable la responsabilidad de las Farc-EP y, en esa medida, se entiende que esta hipótesis podrá encontrar una evolución mientras avanza la investigación y el esclarecimiento de los patrones de violencia y hasta que se logre determinar de manera contundente la existencia, o no, de la responsabilidad penal que ha sido formulada por los comparecientes. Lo anterior, bajo la debida garantía de que en cada etapa del proceso las víctimas y demás intervinientes tendrán las oportunidades correspondientes para presentar, de acuerdo con las reglas procesales aplicables, las objeciones que estimen pertinentes”.La Sección recordó además que la jurisdicción tiene competencia prevalente para investigar hechos relacionados con el conflicto armado. En ese sentido, explicó que miembros del antiguo Secretariado de las Farc-EP afirmaron que el asesinato obedeció a una retaliación por las posturas políticas de Gómez Hurtado en la época del surgimiento de esa guerrilla, cuando los calificó como “repúblicas independientes”.
Estos fueron los temas tratados en Recap Blu este miércoles, 11 de febrero:El precandidato Juan Manuel Galán habló sobre sus propuestas para aspirar a la primera vuelta de las elecciones presidenciales.El mensaje de María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe Turbay, tras el asesinato del empresario Gustavo Andrés Aponte en el norte de Bogotá.Diosdado Cabello lanzó crítica al presidente Gustavo Petro por las acciones militares contra el narcotráfico en la frontera.Fuertes lluvias en Bogotá generaron problemas en la movilidad.Las pruebas de pretemporada en la Fórmula 1 con las nuevas especificaciones de la FIA.
La fecha 6 de la Liga BetPlay dejó movimientos importantes en la tabla, pero hay un equipo que se mantiene firme en la cima: Internacional de Bogotá. El conjunto capitalino volvió a sumar de a tres y llegó a 13 puntos, consolidándose como líder del campeonato tras seis jornadas disputadas.Inter derrotó 3-2 al Deportivo Cali en un partido vibrante y alcanzó un registro de cuatro victorias, un empate y una derrota. Con 10 goles a favor y 9 en contra, el equipo bogotano mantiene una diferencia de +1, suficiente para sostener el primer lugar por encima de sus perseguidores directos.Pasto también suma 13 unidades (4 triunfos, un empate y una caída), pero es segundo por diferencia de gol. Más atrás aparece Bucaramanga con 10 puntos, tras igualar sin goles frente al Tolima en esta jornada. El conjunto ‘leopardo’ continúa invicto, aunque los empates lo mantienen a tres unidades del liderato.En otros resultados destacados, Medellín venció 3-1 a Cúcuta como visitante, mientras que Millonarios superó 1-0 a Águilas Doradas (con gol de Falcao García), resultado que le permitió llegar a cinco puntos y escalar parcialmente en la clasificación. Llaneros dio el golpe al derrotar 1-0 a Pasto, aunque el cuadro volcánico se sostiene en la parte alta.La zona media de la tabla está apretada: Junior, Tolima y Llaneros rondan los nueve puntos, mientras que América, Deportivo Cali, Once Caldas, Santa Fe y Jaguares se mantienen con siete unidades o menos, en una lucha cerrada por entrar al grupo de los ocho.En la parte baja, la situación es más compleja para Deportivo Pereira (2 puntos), Cúcuta (2), Alianza (2) y Boyacá Chicó (1), que aún no encuentran regularidad en el torneo.La jornada se completará con los compromisos entre Boyacá Chicó y Jaguares, Once Caldas frente a Junior, Atlético Nacional ante Fortaleza y el duelo entre América y Santa Fe. Sin embargo, pase lo que pase en estos encuentros, Inter de Bogotá seguirá una fecha más en lo más alto de la Liga BetPlay, confirmando su buen arranque y perfilándose como uno de los protagonistas del semestre.Tabla de posiciones tras la fecha 6Internacional de Bogotá – 13 ptsPasto – 13 ptsBucaramanga – 10 ptsJunior – 9 ptsTolima – 9 ptsLlaneros – 9 ptsÁguilas Doradas – 8 ptsAmérica – 7 ptsDeportivo Cali – 7 ptsOnce Caldas – 7 ptsSanta Fe – 7 pts Jaguares – 7 ptsFortaleza – 7 ptsAtlético Nacional – 6 ptsMedellín – 5 ptsMillonarios – 5 ptsDeportivo Pereira – 2 ptsCúcuta – 2 ptsAlianza – 2 ptsBoyacá Chicó – 1 pt
Para nadie es un secreto que el artista latino más importante (en este momento) sin duda es Bad Bunny, prueba de ello fue su presentación en el Super Bowl y su gran puesta en escena representando a Latinoamérica desde sus raíces puertorriqueñas.Sin embargo, detrás de Benito el liderato del más escuchado lo lleva un colombiano y nada más y nada menos que J Balvin, que, según algunos, ha sido el artista urbano más grande que ha tenido hasta el momento Colombia, incluso, también llegando a ser el más escuchado a nivel mundial.Y es que J Balvin se consolida como el segundo artista más escuchado de la plataforma Spotify, alcanzando una cifra récord de 76,9 millones de oyentes mensuales. En 2018 Balvin alcanzó el #1 global de la plataforma y hoy sigue manteniendo números sólidos en sus canciones en el puesto 14 global. El tema “La Canción” junto a Bad Bunny, acaba de convertirse en la canción en español más escuchada de Spotify con más de 2.406 millones de reproducciones.Cabe recordar que desde hace años la relación entre Bad Bunny y Balvin fue una de las más importantes del género urbano a nivel, prueba de ello fue “Oasis”, un álbum que, hasta la fecha, sigue siendo de los favoritos en todo el mundo.“Ahora somos dos hombres representando a los latinos a donde vayamos. Siempre te deseo lo mejor y que Dios te bendiga”, fueron las palabras de Balvin, a lo que, con sentimiento, el puertorriqueño respondió: “Gracias José. Sabes que el sentimiento es mutuo, que te respeto y te quiero mucho, igual si en algún momento falté en algo, yo ya me disculpé hace mucho tiempo. La gente no sabe, pero tuvimos una conversación hace varias semanas (…) Colombia, México y Puerto Rico. De la misma manera y como dice José, que represento a los latinos en el mundo entero, él lleva haciéndolo años. Abriendo puertas por el género urbano, no solo por Colombia, sino por todos los latinos”, fueron sus palabras, momento que conmovió a todo el género, hasta Tainy celebró la noticia, quien fue el productor de aquel Oasis juntos.
En un contexto global donde la seguridad alimentaria y el cambio climático dictan la agenda económica, McCain Foods ha reafirmado su posición como referente de la agroindustria en América Latina. Con la presentación de su Reporte Global de Sostenibilidad 2025, la compañía no solo expone cifras, sino que traza una hoja de ruta ambiciosa para transformar el campo colombiano mediante la innovación, la resiliencia climática y el desarrollo social.Tras más de tres décadas de presencia en el país, la firma canadiense —operando a través de su filial Congelagro S.A.— ha evolucionado de ser un comprador de materias primas a un motor de cambio estructural en la cadena de valor de la papa.Eficiencia operativa y energía limpiaUno de los logros más significativos para la operación local es el hito energético en su infraestructura. En la actualidad, el 100% de la energía eléctrica utilizada en sus procesos de manufactura en Colombia proviene de fuentes renovables. Este avance se complementa con una gestión eficiente de recursos que ha permitido reducir en un 28% las emisiones de Alcance 1 y Alcance 2 desde el año 2017.La planta de Bogotá, además de su alta capacidad técnica, cuenta con la certificación RSPO (Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible). Esto garantiza que el aceite utilizado en sus productos cumple con estrictos estándares internacionales de ética y protección ambiental, asegurando la inocuidad alimentaria y la preservación de los ecosistemas.Agricultura Regenerativa: El nuevo estándar del campoEl reporte destaca que el 89% de los productores colombianos ya se han integrado al Marco de Agricultura Regenerativa de la compañía. Este modelo busca restaurar la salud del suelo y mejorar la biodiversidad, garantizando que el cultivo de la papa sea una actividad sostenible a largo plazo.“Para McCain Colombia, este reporte representa el compromiso que tenemos con nuestros productores y la importancia de entregarles valores agregados que los orienten a una producción sostenible, que responda a las necesidades y exigencias del mercado”, afirmó Fredy Alberto Quevedo, director general de McCain para la Región Andina.Impacto Social: El éxito del programa Campo VivoLa sostenibilidad en McCain no se limita al medio ambiente; tiene un rostro humano profundo. A través del programa Campo Vivo, un modelo de "Negocio Social", la empresa ha impactado a más de 1.500 agricultores en 18 municipios de Cundinamarca, Boyacá y Meta.Este programa ha entregado más de 30.000 horas de formación integral, abarcando desde buenas prácticas agrícolas hasta alfabetización digital y finanzas familiares. Los resultados son tangibles: los pequeños productores han logrado duplicar su productividad y alcanzar un retorno de inversión (ROI) de doble dígito, superando la barrera de la pobreza rural mediante la conexión con cadenas de alto valor.Visión 2030: Metas renovadasCon la vista puesta en el futuro, McCain ha actualizado sus compromisos para 2030, alineándolos con la iniciativa Science Based Targets (SBTi). La empresa se enfoca ahora en profundizar la implementación de técnicas regenerativas y fortalecer la resiliencia de las comunidades frente a la volatilidad climática.“El progreso que vemos hoy refleja cómo los compromisos globales de McCain se traducen en acciones concretas a nivel local”, concluyó Quevedo, subrayando que América Latina es una región estratégica para acelerar el impacto positivo de la compañía a escala global.
El presidente Gustavo Petro, afirmó este miércoles que su país importará gas venezolano a un menor precio, en un contexto en el que Venezuela ha dado indicios de apertura al capital extranjero por la venta de crudo."Vamos a traer gas venezolano muchísimo más barato", expresó Petro durante un acto de Gobierno en el municipio de Chaparral, en el departamento del Tolima.El Parlamento venezolano aprobó hace dos semanas una reforma a la ley de hidrocarburos que abre el sector a la inversión privada y extranjera, después de años de control estatal.El pasado 21 de enero, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, estimó que los ingresos venezolanos por venta de crudo aumentarán "en un 37 %" este 2026 y ha anunciado la creación de dos fondos soberanos para el manejo del dinero, que, anticipó, contarán con un mecanismo de transparencia.Petro dijo el pasado 3 de febrero que en la reunión de ese día en la Casa Blanca con su homólogo estadounidense, Donald Trump, le planteó la posibilidad de que Ecopetrol participe en la reactivación económica de Venezuela.Según Petro, en ese proyecto Colombia "puede ayudar mucho" porque hace unos meses tuvo contactos energéticos con Venezuela y tras los cambios en ese país luego de la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, "Estados Unidos vio la posibilidad inmediata de levantar sanciones en el occidente y abrir las posibilidades de que Ecopetrol" participe.El presidente explicó entonces que el plan contempla el uso de energía eléctrica limpia producida en Colombia, así como la reactivación de gasoductos, oleoductos y conexiones eléctricas ya construidas, que permitirían impulsar sectores como el gas, el petróleo y la industria de fertilizantes en alianza con empresas venezolanas, entre ellas la petroquímica Monómeros.En 2007, Colombia y Venezuela acordaron, por medio de las estatales Ecopetrol y PDVSA, la compraventa y transporte de gas natural a través del Gasoducto Transcaribeño Antonio Ricaurte Antonio Ricaurte, infraestructura que salió de operación en 2015.
Miroslav Jenca, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, explicó que uno de los mayores desafíos se concentra en regiones como el Catatumbo, donde el desplazamiento forzado y el confinamiento continúan afectando a miles de personas. Según señaló, en el marco de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) y las Curules de Paz, cerca de 100.000 personas no pueden ejercer su derecho al voto debido a que se ven obligadas a desplazarse constantemente de un lugar a otro como consecuencia de la violencia.“Hay alrededor de 100.000 personas que prácticamente no pueden votar porque se desplazan de un lugar al otro”, aseguró.El jefe de la misión relató que durante sus recientes visitas a esta región, incluida la zona rural del municipio de Tibú y sectores como Versalles, pudo constatar la complejidad de la situación humanitaria y de seguridad. “Hablé con la gente en Versalles, y allá la situación de veras es muy, muy compleja, muy difícil”, afirmó.En ese contexto, Jenca insistió en que garantizar el derecho al voto es esencial para la democracia colombiana. “Yo pienso que es muy importante asegurar, garantizar el derecho al voto a todos los votantes y todas las votantes aquí en Colombia”, reiteró, haciendo énfasis en la necesidad de adoptar medidas para las regiones más afectadas por el conflicto.El jefe de la misión también se refirió a las responsabilidades frente al desarrollo de la campaña electoral. Señaló que el gobierno colombiano tiene un papel central en la protección del proceso democrático, al ser el único con el uso legítimo de la fuerza. En ese sentido, recalcó que el Gobierno debe garantizar un entorno seguro para todos los precandidatos y precandidatas, de manera que puedan hacer campaña sin amenazas ni restricciones indebidas.No obstante, Jenca aseguró que los propios precandidatos también deben contribuir activamente a la construcción de elecciones libres y en paz, respetando las reglas del juego democrático y promoviendo un ambiente de tolerancia y no violencia durante la contienda electoral.“Claro que los precandidatos también tienen responsabilidad de contribuir a las elecciones libres y en paz”, añadió.Finalmente, expresó el interés de la comunidad internacional en que todos los actores políticos respalden y firmen compromisos públicos "por que aquí hablamos de la democracia en Colombia".
El informe 'Compromiso con un proceso electoral libre y en paz en Colombia', elaborado por la Defensoría del Pueblo, analiza el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2025, donde se evidencia que el ambiente electoral se desarrolla en un contexto de alta tensión política.Al mismo tiempo, señalan que la figura presidencial ha ocupado un lugar central en las narrativas de las precandidaturas, desplazando el énfasis en propuestas hacia la confrontación política.Uno de los hallazgos más preocupantes es la persistente subrepresentación de las mujeres en la contienda presidencial. “De las 99 precandidaturas activas identificadas al 15 de diciembre, solo 12 corresponden a mujeres (12,12 %), frente a 87 hombres (87,8 %). Esta brecha muestra una subrepresentación persistente que repercute en la visibilidad de las mujeres en la discusión electoral y limita su capacidad para posicionar agendas propias”.Durante la fase temprana de definición de precandidaturas, las redes sociales y plataformas digitales se consolidaron como el principal escenario de visibilidad política, ante la ausencia de campañas formales y el acceso desigual a medios tradicionales.Para la Defensoría “esta centralidad también amplifica riesgos asociados a la desinformación, la polarización discursiva y el uso de lenguaje violento, factores que inciden de manera directa en la calidad del debate democrático”.La Defensoría señala que el ambiente electoral estuvo marcado por hechos de alto impacto, como el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay; los procesos de definición de candidaturas mediante consultas; la escogencia de Paloma Valencia como candidata presidencial del Centro Democrático; y el anuncio de consultas interpartidistas para el 8 de marzo.“El aumento de las fricciones en las relaciones entre el gobierno colombiano y el de Estados Unidos, lo que ha causado un distanciamiento entre las administraciones. Hoy las relaciones entre ambos países ocupan un lugar más importante dentro del debate electoral actual, que el que han tenido en otros periodos similares”, señala.En materia de violencia política, la Misión de Observación Electoral reportó que durante 2025 se registraron 415 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales. Aunque esta cifra representa una disminución frente al año preelectoral de 2021, la violencia continúa afectando de manera desproporcionada a los liderazgos políticos.El informe advierte que, si bien existe una condena abierta y generalizada a los ataques físicos, no se observa el mismo nivel de rechazo frente al uso de expresiones violentas, estigmatizantes o narrativas difundidas por terceros en redes sociales que pueden derivar en incitaciones a la violencia.Los resultados del informe muestran niveles altos de cumplimiento en la defensa de la primacía de la vida, el reconocimiento de la juventud y el respeto por las instituciones. Sin embargo, revelan niveles bajos en aspectos clave como la promoción del lenguaje constructivo y la eliminación de la estigmatización, así como en la garantía de difusión de información veraz.En particular, el punto relacionado con la información veraz presenta el nivel más bajo de cumplimiento y alineación, evidenciando la ausencia de protocolos o lineamientos para la verificación de contenidos, especialmente entre las precandidaturas que no suscribieron el Compromiso.Según la Defensoría, esto “revela la persistencia de patrones comunicativos que priorizan la confrontación violenta, las emociones y la deslegitimación del adversario por encima de la argumentación y la deliberación sustantiva. Que se ataque más a las personas que a los argumentos es un desafío profundo para la calidad de la democracia dentro y fuera de los entornos digitales”.Aunque durante el periodo analizado no se identificaron hechos documentados de violencias de género facilitadas por la tecnología, la Defensoría advierte que “no se puede ignorar que este tipo de violencias encuentran un nicho habilitante en entornos digitales donde se dan este tipo de confrontaciones en el periodo preelectoral”.La entidad alerta de que la violencia de género facilitada por la tecnología afecta de manera particular a mujeres, personas jóvenes y grupos minoritarios, y cuando se combina con la violencia contra las mujeres en política, configura un escenario especialmente preocupante para candidatas, militantes y liderazgos femeninos.Finalmente, la Defensoría subraya que la libertad de expresión es un pilar esencial del debate democrático, pero advierte que no puede convertirse en un escudo para la desinformación ni para el uso de lenguaje que promueva violencia.
La Jurisdicción Especial para la Paz imputó a 15 exintegrantes del Bloque Oriental y 7 del Bloque Sur, estructuras en las que se concentraron los secuestros más complejos, prolongados y violentos del conflicto armado.En el caso del Bloque Oriental, la estructura fundacional y más grande de la antigua guerrilla, la JEP los halló responsables por secuestros cometidos en Arauca, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés y Vichada, así como en algunas zonas de Boyacá, Caquetá y Santander.Para el Bloque Sur, las conductas investigadas ocurrieron principalmente en Huila, Caquetá, Putumayo, Nariño, Amazonas y en sectores de Cauca y Meta.Los imputados del Bloque Oriental son: Wilmar Antonio Marín, quien fue conocido como ‘Hugo o Hugo 22’; Bernardo Mosquera, quien fue conocido como ‘Negro Antonio’; Nelson Quintero, quien fue conocido como ‘Arcesio Angarilla’; Marco Fidel Suárez, quien fue conocido como ‘Arsenio Mejía o Kokoriko’; Holmes Puentes, quien fue conocido como ‘Ricaurte Páez’; Marcos Patiño, quien fue conocido como ‘Efrén o Patequeso’; Germán Gómez, quien fue conocido como ‘Lucas 40’, ‘Lucas Urueta’ o ‘El Médico’; José Ricaurte Valencia, quien fue conocido como ‘Jerónimo Gutiérrez’ o ‘Caresanto’; Luis Garzón, quien fue conocido como ‘Severiano’; Elmer Caviedes, quien fue conocido como ‘Albeiro Córdoba’; Rodolfo Restrepo, quien fue conocido como ‘Víctor Tirado’; Bertulfo Caicedo, quien fue conocido como ‘Alberto Pitufo’; Julián Saavedra, quien fue conocido como ‘William Sánchez’ o ‘Plinio’; Olivo Guantiva, quien fue conocido como ‘Robledo’; y Gerardo Aguilar, quien fue conocido como ‘César’.Por su parte, los imputados del Bloque Sur son: Fabián Ramírez; Floresmiro Burbano (Martín Corena); Darío Lee Díaz (Robledo); Luis Montes (Euclides Bermúdez); Ángel García (Hernán Benítez); Ezequiel Hueguía (Rolando Romero); y William Tovar (Franklin Smith Caicedo). Según la JEP, este bloque tuvo un papel central en secuestros con fines de canje, especialmente contra figuras políticas, entre ellas Ingrid Betancourt, entonces candidata presidencial, y Clara Rojas, su fórmula vicepresidencial y jefa de campaña.La investigación estableció que, debido a su mayor capacidad operativa y control territorial, el Bloque Oriental recibió durante años a víctimas de secuestro provenientes del Bloque Sur, particularmente aquellas retenidas para intercambio por guerrilleros presos. Estas personas permanecieron durante largos periodos en campamentos selváticos, en condiciones extremas de cautiverio.La Sala de Reconocimiento llamó a estos comparecientes a reconocer responsabilidad por crímenes de guerra de toma de rehenes, así como por otros delitos cometidos durante el cautiverio, entre ellos homicidio, tortura, tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.Además, les atribuyó crímenes de lesa humanidad por graves privaciones de la libertad y conductas asociadas, como desaparición forzada, asesinato, esclavitud y otros actos inhumanos, los cuales, por su gravedad, no pueden ser objeto de amnistía ni perdón judicial.La investigación concluyó que los excombatientes imputados tenían control efectivo sobre su tropa y capacidad de imponer disciplina, por lo que son responsables tanto por haber impartido órdenes directas que derivaron en secuestros y asesinatos, como por no impedir los abusos cometidos contra las víctimas durante el cautiverio.Algunos de ellos, además, participaron de manera directa en crímenes graves y comandaron campamentos donde las personas permanecieron privadas de la libertad durante años.De acuerdo con la JEP, el Bloque Oriental fue responsable del 34 % de los secuestros atribuidos a las Farc-EP en todo el país, mientras que el Bloque Sur concentró el 8 %. Sin embargo, el 18 % de las víctimas acreditadas ante la JEP señalan al Bloque Sur como responsable. Entre las 4.439 víctimas acreditadas, 1.239 atribuyen su secuestro al Bloque Oriental y 771 al Bloque Sur.La JEP documentó que ambos bloques actuaron bajo tres patrones criminales: secuestros para financiar la organización, para forzar intercambios por guerrilleros presos y para ejercer control social y territorial. En este último patrón se registraron trabajos forzados, castigos colectivos y asesinatos de personas que intentaron escapar del cautiverio.Con estas imputaciones, la Sala de Reconocimiento de Verdad cerró la investigación del Caso 01 y dejó delimitada la lista de responsables por el secuestro en las Farc-EP. El proceso entra ahora en la etapa de reconocimiento de responsabilidad, en la que los imputados deberán aceptar o rechazar los cargos en un plazo de 30 días.De haber reconocimiento, se avanzará hacia sanciones propias de carácter restaurativo; de lo contrario, los casos podrán ser remitidos al Tribunal para la Paz o a la Unidad de Investigación y Acusación, donde podrían derivar en juicios con penas de hasta 20 años de cárcel.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reiteró su llamado al Gobierno nacional para que se sume con recursos económicos a la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera, en Medellín.El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que, hasta ahora, el proceso de excavación ha sido sostenido principalmente con recursos de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, lo que ha permitido garantizar la continuidad de las labores en el corto plazo. No obstante, advirtió que la magnitud del trabajo que aún falta por realizar hace indispensable un respaldo económico directo del Gobierno nacional.“Es enorme lo que hay que mover de escombros y demás, pues sí es fundamental que el Gobierno nacional, digamos, de manera directa apoye económicamente para que esa búsqueda sea posible y no solamente la Alcaldía de Medellín, que es algo que yo he venido insistiendo hace mucho tiempo”, aseguró Ramelli.Desde el Tribunal para la Paz, el magistrado Gustavo Salazar Velázquez, de la Sección de Reconocimiento, explicó que el proceso en La Escombrera corresponde a una excavación continuada que demanda una alta cantidad de recursos. Según detalló, actualmente existe una bolsa conjunta de financiación integrada por aportes de la JEP, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.De acuerdo con el magistrado, la Jurisdicción Especial para la Paz aporta los equipos forenses y la mano de obra, mientras que la Alcaldía de Medellín ha asumido el cubrimiento del bienestar de las víctimas y el suministro de la maquinaria amarilla necesaria para las excavaciones.“En este momento estamos recontratando la maquinaria amarilla por parte de la Alcaldía de Medellín, la maquinaria retoma la semana entrante y estamos garantizando recursos hasta mediados, finales del mes de agosto y sabiendo de la alta exigencia de recursos, vinculamos al Gobierno nacional para que incorpore recursos para el proceso de excavación”, afirma el magistrado.En ese marco, explicó que ya se han iniciado conversaciones con distintas entidades para definir los mecanismos de aporte. Entre ellas, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y el Ministerio de las Artes, este último involucrado en el proceso de memorialización de La Escombrera, que se adelanta desde el año pasado y que cuenta con una fase avanzada.
El abogado jurídico del Clan del Golfo aseguró que la suspensión temporal de los diálogos con el Gobierno nacional se produjo luego de las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que calificó como “supremamente graves” y como un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa.Según Ricardo Giraldo, abogado contratado por el EGC para el proceso de paz total, las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desconocieron un punto central del proceso: “El respeto por la identidad de las partes”.En ese sentido, recordó que existe una resolución del 5 de septiembre de 2025 mediante la cual el presidente de la República reconoce la autodenominación del grupo como Ejército Gaitanista de Colombia y no como Clan del Golfo.“Si están unos diálogos, unas conversaciones, unas negociaciones, como lo quieran llamar, para salir del conflicto, yo creo que lo más importante es el respeto a la identidad de las partes, como una primera medida. Entonces, eso fue lo primero que se incumplió”, afirmó el abogado.Giraldo cuestionó además que el grupo fuera señalado como un “cartel” y como el dueño del narcotráfico en Colombia.“Lo señala como el cartel del clan del golfo, como si ellos fuesen los dueños del narcotráfico en Colombia. Y en la mesa ha quedado demostrado que eso no es así, mis representados controlan el mercado, eso no lo puede negar nadie, pero de que sean los dueños, no”, añadió Giraldo.Finalmente, el abogado explicó que la decisión de suspender los diálogos fue adoptada de manera temporal e indefinida, sin establecer plazos para su reanudación, y que el levantamiento de la suspensión dependerá de la respuesta que entregue el Gobierno nacional frente a las declaraciones cuestionadas.Desde el Gobierno, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, asegura que las órdenes de captura contra los principales líderes del Clan del Golfo se encuentran suspendidas, en el marco del espacio de conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno nacional con ese grupo armado ilegal.“Desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”, aseguran desde el comisionado en un comunicado.
Hace siete años se firmó el acuerdo de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la extinta guerrilla de las Farc, en el teatro Colón, en Bogotá. Este proceso que se negoció en La Habana, Cuba, llevó a la desmovilización de 13.000 excombatientes, desde entonces, los firmantes del acuerdo han avanzado en su reincorporación a la vida civil, los exfarc empezaron a participar en política pero también se han presentado dificultades, son casi 400 excombatientes asesinados durante este tiempo y todavía hay sectores que aún se oponen a lo que se acordó en La Habana.Humberto de la Calle fue el jefe negociador del gobierno Santos con la guerrilla y actualmente es senador. En entrevista con Blu Radio se refirió a estos 7 años de implementación y los 3 gobiernos que han tenido alguna responsabilidad con lo acordado en La Habana; en la cual consideró que el acuerdo es exitoso, aunque reconoce sus dificultades, especialmente porque cree que la implementación aún no avanza al nivel esperado."El acuerdo contiene normas, sobre todo en materia rural y de justicia, importantes que desafortunadamente han recibido un cumplimiento muy mediocre incluyendo el presente Gobierno que ha manifestado un fuerte compromiso retórico con el acuerdo, pero en la realidad el resultado no es totalmente satisfactorio y los temas de mejoramiento de la política, pues eso sí ni se diga porque no solo los gobiernos, sino el propio Congreso no ha querido dar el paso de una reforma política en serio", señaló De la Calle.Para el senador la paz debía ser un propósito común de la sociedad colombiana, más allá de la firma del acuerdo que se dio en el año 2016 y por eso hay aún algunas tareas pendientes que aunque se firmaron hace 7 años aún no se concretan."El acuerdo del Colón fue exitoso porque desmovilizó más de 13.000 combatientes, sus armas se destruyeron, ha sido medianamente exitoso en lo importante que era la hoja de ruta sobre todo en los temas rurales, ha sido nulo en materia de mejoramiento de la política, pero hay que reconocer que hay una tarea pendiente, lo que a mí me parece que hay que enfatizar es que el acuerdo del Colón es un insumo, debería servir de impulso, de plataforma de la paz total", aseguró el exjefe negociador.De la Calle en su momento dijo que este era el mejor acuerdo posible; una afirmación por la cual le llegaron críticas desde diferentes sectores: "Lo que quise decir es que no hay una escala para calificar como un estudiante de 0 a 5 los acuerdos, el acuerdo mejor es el que es eficaz y este acuerdo fue eficaz en la firma misma, en la desmovilización de los combatientes, en la destrucción de las armas, si hay elementos de lento cumplimiento que son responsabilidad posterior", explicó.Paz total y disidenciasTras la firma del acuerdo de paz un grupo de guerrilleros decidió no desmovilizarse, y algunos otros abandonaron el proceso de reincorporación para armarse nuevamente. El presidente Gustavo Petro ha empezado procesos de diálogo con algunos grupos en medio de su política de paz total."Hay muchos baches que se atribuyen al gobierno anterior, pero yo quiero decir con toda franqueza que también en el actual Gobierno se ha visto una especie de falta de energía y yo creo que este es el momento a los 7 años de hacer un llamado, yo quiero insistir y mi opinión es que el primer paso de la llamada paz total es cumplir lo que está allí es que está lista la ruta crítica para el cumplimiento y me parece que aquí es el momento de que el Gobierno vuelva realidad su retórica y entienda que no hay incompatibilidad entre lo que se acordó en el Teatro Colón y la paz total" explica de la Calle.La falta de implementación, según el senador, es una de las causas de la difícil situación de orden público que se vive en algunas regiones del país, en parte por la presencia y acciones violentas de las disidencias de las Farc."En estas negociaciones usted puede repasar el panorama comparado y surgen disidencias, yo mismo desde La Habana, cuando me preguntaron esto, advertía que eso podía suceder, no es que sean deseables pero en ocasiones esto es un proceso que va tomando más tiempo, ha pasado con el IRA, en Irlanda, con la ETA luego dijéramos que desafortunadamente se presentan disidencias" explicó de la Calle.Por último, el senador le envió un mensaje al Gobierno para que avance en la implementación del acuerdo de paz: "El Gobierno puede hundir el acelerador, yo hago ese llamado, este es el primer paso para la paz total y debe concebirse así, como una compenetración entre un proceso y el otro".Le puede interesar
Hace siete años se firmó el acuerdo de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la extinta guerrilla de las Farc en el teatro Colón, de Bogotá. Este proceso, que se negoció en La Habana, Cuba, llevó a la desmovilización de 13.000 excombatientes.Desde entonces, los firmantes del acuerdo han avanzado en su reincorporación a la vida civil; los exfarc empezaron a participar en política, pero también se han presentado dificultades, pues son casi 400 excombatientes asesinados durante este tiempo y todavía hay sectores que aún se oponen a lo que se acordó en La Habana.Rodrigo Londoño, conocido como 'Timochenko', fue el último comandante de las Farc. Él firmó el acuerdo y ahora es el presidente del Partido Comunes, creado por los exguerrilleros para poder participar en política; por eso, en conversación con Blu Radio, Londoño se refirió a los avances y desafíos durante estos años en cuanto a la implementación."Lo más valioso es que el acuerdo se mantiene, en estos siete años estamos sintiendo un relanzamiento del acuerdo y la necesidad de que hay que implementarlo en su letra y su espíritu para garantizar la construcción de la paz completa", aseguró el presidente del Partido Comunes.Sin embargo, aunque dijo que el acuerdo se ha venido implementando, aseguró que debe haber una mayor articulación, por lo que considera es necesario que vuelva la Consejería para la Implementación, ya que cree que este Gobierno tiene voluntad política para implementar lo acordado."El presidente Santos planificó muy bien la negociación; preparó los equipos, la gente, estableció criterios y dio como resultado que logramos el acuerdo, eso hay que valorarlo, pero nunca planificó la implementación del acuerdo. Ahí comenzamos a cojear, desde el primer día, cuando la gente nuestra, esos cientos de guerrilleros bajaron las montañas con su morral al hombro llenos de alegría y esperanza, de sueños, llegaron a las zonas donde se iban a reunir y encontraron que no había absolutamente nada, construir esas zonas fue difícil y complejo y desde ahí comenzó a cojear el acuerdo. No se planificó desde el punto de vista de articulación, de instituciones y el aspecto financiero", explicó Timochenko.En este momento 400 firmantes del acuerdo han sido asesinados desde el 2016, una situación que Londoño considera se ha presentado, en parte, por la falta de implementación, la reforma política es otro de los temas que él cree aún está pendiente."Yo miro para atrás y lo que digo es: ¿por qué no firmamos ese acuerdo antes? ¿por qué no lo pudimos firmar antes; cuántas vidas se hubieran salvado y cuánto hubiéramos avanzado en la construcción de la paz completa en Colombia? (...) De todas maneras sí le faltó al Estado y faltó planificar la implementación del acuerdo y nos faltó a los colombianos haber elegido a un presidente comprometido con la paz, pero son las circunstancias políticas y la realidad, el acuerdo quedó tan bien hecho que no lo pudieron hacer trizas y hoy a 7 años estamos relanzándolo" señaló Londoño.Justicia Especial de Paz (JEP)La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, fue creada tras la firma del acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las Farc, recientemente desde el Gobierno aseguraron que el tribunal se estaba "descarrilando" al limitar su competencia un pronunciamiento por no aceptar paramilitares. El presidente de esta jurisdicción pidió respeto al Gobierno por la autonomía del sistema y también le hizo el mismo llamado a los excombatientes."Necesitamos construir una justicia que tenga como base fundamental la verdad. Se ha puesto trabas a personas que pueden contribuir a que esa verdad sea completa para que pueda haber reconciliación necesitamos la verdad completa, no miro que haya una pelea, sino que se está rescatando el espíritu de la JEP y nadie está dando órdenes. Yo creo que estamos en un camino porque de la Jurisdicción Especial no hay experiencia, no hay manuales, no hay cuartillas, estamos construyéndola y la construcción tiene que ser entre los colombianos, si no están todos los implicados en el conflicto contando la verdad de lo que pasó la verdad va a quedar incompleta y va a ser difícil la paz completa y la reconciliación ", explicó el excomandante de la guerrilla.Procesos con disidencias de las FarcAunque 13.000 excombatientes firmaron el acuerdo en 2016, algunos guerrilleros decidieron no acogerse y se crearon dos grupos de disidentes, uno al mando de alias 'Iván Mordisco', quien nunca firmó el acuerdo y otro al mando de alias 'Iván Márquez', quien hizo parte del proceso, pero desertó."Hay un contexto completamente distinto al que nos tocó a nosotros, estamos en un gobierno que sí de verdad está dispuesto a llegar a un acuerdo y está creando las condiciones, necesitamos llegar a un buen ambiente de paz y generar conciencia en estos grupos de que para construir un acuerdo que vaya en rumbo a la paz completa hay que generar hechos de paz y no hechos de guerra", explicó Londoño.Le puede interesar
La Unidad de Investigación y Acusación de la JEP acusó al coronel en retiro Juan Carlos Figueroa por 38 casos de falsos positivos que se registraron mientras él comandó el Batallón La Popa, con sede en Valledupar, entre enero de 2004 y julio de 2005. Figueroa llegó a la comandancia del Batallón después de la salida del coronel (r) Hernán Mejía, quien también fue acusado por casos de ejecuciones extrajudiciales."La mayoría de las víctimas fueron civiles indefensos. Varias de ellas eran personas en condición de vulnerabilidad y al menos una padecía una discapacidad mental. Incluso, los subordinados de Figueroa traspasaron los límites de la jurisdicción del Batallón La Popa para reclutar a algunas de las víctimas en diferentes sitios de la costa Caribe", señaló Giovani Álvarez, director de la Unidad de Investigación y Acusación.Según las investigaciones, algunos integrantes del Batallón La Popa estigmatizaron a las comunidades indígenas Wiwa y Kankuamo, razón por la que varias de las víctimas pertenecían a estos pueblos. Figueroa en este momento se encuentra en Emiratos Árabes y ahora deberá enfrentar el juicio, si es vencido podría pagar hasta 20 años de prisión."La acusación en contra del otrora oficial está fundada en 24 hechos victimizantes que dejaron al menos 38 personas asesinadas. De ellas, 11 fueron víctimas de desaparición forzada y nueve más de tortura", explicó Álvarez.Le puede interesar:
Un nuevo reporte de inteligencia militar conocido por Blu Radio, reveló que desde el 10 de octubre hasta ayer 21 de noviembre, las disidencias de las Farc al mando de 'Iván Mordisco' han cometido 54 violaciones de cese al fuego.Se han registrado acciones de extrema gravedad, como secuestros, extorsiones, ataques a la Fuerza Pública y homicidios. Dentro de estas, se destacan especialmente los ataques a la Fuerza Pública, secuestros, instalación de artefactos explosivos, homicidios, reclutamiento forzado y extorsiones.Pero además de esto, señalan que las zonas del país también más afectadas han sido los departamentos de Cauca, Nariño, Antioquia, Huila, Arauca, Valle del Cauca, Caquetá, Meta, Norte de Santander y Guaviare.Resaltan las autoridades ,que en este momento se despliegan y se refuerzan operativos en estas zonas del país, teniendo en cuenta que las disidencias de las Farc continúan también atacando y poniendo en riesgo a la población civil.Pese a que el Gobierno nacional ha anunciado que desde el 17 de octubre hasta el 15 de enero, ambas partes deben adherirse a una serie de compromisos que no han sido cumplidos, entre ellos respetar la vida e incluso derechos de toda la población civil.Cabe recordar que, estas disidencias son facciones disidentes que se apartaron del proceso de desmovilización y reincorporación, optando por mantener actividades ilegales como el narcotráfico, la minería ilegal y otras formas de delincuencia.Este grupo armado ha generado preocupaciones en términos de seguridad y estabilidad en algunas regiones de Colombia, ya que continúan participando en actividades ilícitas y pueden representar un desafío para la implementación efectiva del acuerdo de paz. El fenómeno de las disidencias de las Farc subraya la complejidad y los desafíos persistentes en el proceso de construcción de la paz en Colombia.Le puede interesar:
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
El informe RED-clutamiento 2.0 de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP documenta que al menos 1.749 menores de edad fueron reclutados en Colombia entre 2017 y 2026. Uno de los principales hallazgos es el uso sistemático de redes sociales para atraer a niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales.“Desde 2021, el reclutamiento de niños y niñas es el tipo de victimización a la población civil que más rápido crece en Colombia (por encima de masacres, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y confinamiento). Esto coincide con el uso sistemático de las redes sociales”, asegura el informe.De acuerdo con el documento, el 44 % de los casos registrados en 2025 estuvieron asociados directamente al reclutamiento a través de plataformas digitales.Las cifras muestran, además, un crecimiento sostenido: mientras en 2022 se registraron 151 casos de reclutamiento, en 2023 la cifra subió a 255; en 2024 alcanzó los 362 y en 2025 llegó a 386 casos. En apenas cuatro años, el incremento supera el 150 %, convirtiéndose en una de las violencias con mayor crecimiento en el país.De acuerdo con la UIA, el uso de TikTok y Facebook ha facilitado que los casos de reclutamiento se dupliquen mensualmente en algunos territorios. Antes de la expansión del reclutamiento digital, estos hechos se concentraban en 97 municipios; hoy se registran en 248 municipios, lo que representa un aumento del 156 %.“Las redes sociales han propiciado que se presenten casos de reclutamiento en lugares donde jamás habíamos registrado hechos (inclusive en la época más álgida del conflicto armado con las Farc-EP)”, subraya el informe.Según el documento, los reclutadores digitales reproducen estereotipos de género binarios para hacer más atractiva la oferta y generar identificación entre niños y adolescentes. En algunos casos, convocan a menores a supuestos torneos de fútbol, asegurando que asistirán cazatalentos extranjeros que los llevarán a equipos profesionales fuera del país.El escrito señala que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, son el grupo armado que más niños recluta a través de redes sociales. Esta estructura concentra 116 cuentas activas en Facebook y TikTok, con publicaciones que alcanzan en promedio más de 20.000 visualizaciones y, en algunos casos, millones de reproducciones.Su principal zona de operación está en el suroccidente del país, especialmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, departamentos donde opera el 67 % de las cuentas identificadas.En total, el informe identificó 186 cuentas en redes sociales vinculadas a actividades de reclutamiento, con un promedio de 6.700 seguidores por cuenta.La UIA alerta que, si no se adoptan medidas urgentes de prevención y control, entre 2026 y 2030 podrían registrarse más de 2.300 nuevos casos de reclutamiento, lo que equivaldría a que un menor sea vinculado a un grupo armado cada 12 horas.
Mientras Colombia cerró 2025 como el año con la mayor crisis humanitaria de las últimas dos décadas, los territorios más golpeados por el conflicto armado continúan registrando avances en la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Así lo señala el V Informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad, presentado este jueves 30 de enero en Bogotá.De acuerdo con el Comité, 2025 dejó la cifra más alta de desplazamientos forzados en los últimos 18 años y más de un millón de personas confinadas por la acción de grupos armados, lo que triplicó los registros del año anterior.Para la presidenta del Comité, Julia Eva Cogollo, esta situación se explica por el traslape entre los territorios priorizados por los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y las zonas donde se ha incrementado la presencia de actores armados.Según explicó, este contexto ha llevado al Gobierno a focalizar la implementación de políticas públicas en las regiones más afectadas como una forma de mitigar el impacto humanitario. Sin embargo, el Comité advierte que la persistencia de la violencia sigue siendo un obstáculo para que las comunidades puedan ejercer plenamente sus derechos.Entre los principales avances, el informe destaca la reducción del Índice de Pobreza Multidimensional en las zonas PDET, que pasó de 39,8 % en 2018 a 23,7 % en 2023, aunque en 2024 se ubicó en 24,4 %. También resalta el fortalecimiento de iniciativas de acceso a tierras y proyectos productivos liderados por mujeres. Regiones como Montes de María, la Costa Pacífica, el norte del Cauca y el sur de Bolívar concentran avances relevantes, aunque, según el Comité, estas mismas zonas enfrentan altos niveles de riesgo por la violencia armada.De cara al escenario electoral y a la llegada de nuevos gobiernos, el Comité considera que la política PDET se encuentra blindada tras su ampliación hasta 2034. No obstante, advierte riesgos si en la actualización de los planes de acción no se incorporan las 220 recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Frente a la continuidad de la transformación rural, la presidenta del Comité envió un mensaje directo a los próximos gobiernos y a los candidatos. “El primer mensaje que queremos enviar es a los candidatos. Uno, que saquen la violencia de la política, por favor. Y el segundo que le queremos incluir es que incluyan las recomendaciones en sus programas de gobierno y posteriormente en el plan de desarrollo”, afirmó.Finalmente, Cogollo advirtió que el mayor riesgo para la no repetición en Colombia sigue siendo la combinación entre la violencia armada y la crisis humanitaria. “El mayor riesgo que tenemos es la presencia alta de actores armados y la crisis humanitaria. Y el desbalance que hay realmente en la presencia de actores armados versus implementación de políticas públicas que no garantizan el gozo efectivo de los derechos”, concluyó.
En diálogo con Blu Radio, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José Luis Caballero, expresó su preocupación por los riesgos que enfrenta la democracia en Colombia en medio del contexto preelectoral, especialmente por la persistencia de la violencia armada y la exclusión social que, según advirtió, siguen afectando al país.“Nos preocupa la presencia de grupos armados no estatales desde hace mucho tiempo. Hemos advertido el esfuerzo del Acuerdo de Paz de 2016; hemos instado también, en una recomendación, a que se retome el diálogo con otros grupos armados no estatales. Es decir, es una observación que tenemos desde hace mucho tiempo”.“La coyuntura electoral debe trascenderse con paz, con diálogo, con serenidad, con las condiciones que alejen la violencia electoral, pero la perspectiva de que no haya violencia es una condición que la Comisión ha advertido en todos los mecanismos desplegados con Colombia”, añadió.En cuanto al futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Caballero sostuvo que debe ser fortalecida.“Tiene que tener recursos suficientes, tiene que poder desplegar con mayor claridad su trabajo. Yo creo que ha hecho esfuerzos muy importantes; nos hemos reunido para conocer las primeras sentencias, estamos en un diálogo muy franco con la Jurisdicción Especial para la Paz y pienso que tiene que tener mucha mayor fortaleza para cumplir con su mandato”.Frente a los señalamientos de algunos sectores sobre posibles afectaciones a la libertad de expresión durante el gobierno de Gustavo Petro, el presidente de la CIDH indicó que la principal preocupación del organismo es que se garantice la libertad de expresión.“Lo que a la Comisión le preocupa es que se garantice la libertad de expresión, que se proteja la labor de los periodistas, que no se les estigmatice. La Comisión ha reconocido desde muchos años, desde épocas muy incipientes, que el periodismo es una labor fundamental para el ejercicio de la libertad de expresión, que es una piedra angular de la democracia; entonces, yo creo que los periodistas merecen respeto y merecen cumplir con su trabajo”.Sobre el asesinato de líderes sociales, que en el último año superó los 180 casos, el presidente de la CIDH fue enfático: “Tienen que proteger a los defensores y a las defensoras, tienen que proteger a los liderazgos sociales. Nosotros se lo hemos expresado mucho al Estado colombiano; es una obligación que tienen que atender con mayor prestancia”.Además, señaló que “estamos también con medidas de protección, medidas cautelares para defensores y líderes sociales. Esto es una cuestión que a la Comisión le preocupa mucho y yo creo que el Estado tiene que estar al frente con esa protección”.