El pronunciamiento de la JEP se da luego de la denuncia presentada por los familiares del dirigente social Pedro Julio Movilla Galarcio, junto con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), quienes alertaron sobre una excavación ilegal realizada el 3 de febrero de 2025 en las instalaciones de la Escuela de Logística del Ejército, antigua sede de la Brigada XX en Bogotá.Según indicaron, el punto intervenido había sido identificado como un posible sitio donde podrían encontrarse restos de Movilla.En ese mismo sentido, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó a la JEP que encontró rastros de sangre humana en uno de los elementos materiales recuperados, el cual se encuentra protegido por una medida cautelar adoptada en septiembre de 2024, a solicitud de víctimas del conflicto armado.Según explicó la Jurisdicción, el rastro biológico fue identificado en un elemento recuperado en la zona que la propia JEP reportó como vulnerada en febrero de 2025, cuando detectó una excavación no autorizada en áreas de interés forense que estaban bajo protección judicial.Tras conocer esa intervención, la JEP interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, solicitó la apertura de investigaciones disciplinarias e inició un incidente de desacato.“Como resultado de esta última decisión, la JEP sancionó al director de la Escuela de Logística, teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo Escobar, con tres días de arresto y una multa de diez salarios mínimos legales vigentes, al hallarlo responsable de permitir una intervención no autorizada en el predio protegido, ubicado en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá. La sanción de multa fue confirmada por la Sección de Apelación el 8 de octubre de 2025”, aseguran en el comunicado.La Jurisdicción aseguró que la información sobre el hallazgo fue comunicada directamente a la familia de Pedro Julio Movilla y a las organizaciones solicitantes de la medida cautelar.
Aunque grupos armados ilegales han manifestado que no interferirán en el proceso democrático, en terreno persisten situaciones que afectan el ejercicio político.El presidente de Indepaz, Camilo González, señaló que estructuras como el ELN, el Clan del Golfo y algunas disidencias de las Farc han firmado declaraciones en las mesas de conversación con el Gobierno Nacional en las que se comprometen a no intervenir en las elecciones. Sin embargo, advirtió que posteriormente se presentan hechos que alteran la actividad política.“Se presentan situaciones que luego ellos mismos explican como situaciones inmanejables, errores por el control de territorios, porque tienen la pretensión de ser los dueños y los que dan permiso o no. Entonces eso, por supuesto, tiene repercusiones muy negativas para el ejercicio de la política”, aseguró González.Según el directivo, estas justificaciones generan restricciones para candidatos, líderes sociales y comunidades, afectando el desarrollo democrático.El presidente de Indepaz señaló que actualmente hay al menos 81 municipios con alertas graves frente a la perspectiva electoral. No obstante, afirmó que esto no significa necesariamente que en todos ellos se vaya a impedir la instalación de puestos de votación o que se produzcan sabotajes directos, pero sí refleja un contexto delicado para el normal desarrollo de las campañas.Además, subrayó que en cerca de 300 municipios se registran alteraciones y riesgos asociados a prácticas tradicionales como la compra y el rastreo de votos.“En cerca de 300 municipios, las alteraciones y los peligros para las elecciones tienen que ver con las tradicionales formas de corrupción, como la compraventa y el rastreo de votos, además del manejo del clientelismo. Pero la parte de la violencia directa, que ya hemos visto en disparos y atentados, incluso en Bogotá, sigue presente en diferentes regiones”, agregó.Aunque los grupos en negociación han reiterado su voluntad de no interferir en el proceso electoral, la situación en terreno evidencia que persisten dinámicas de presión armada y control territorial que podrían impactar el ejercicio democrático.
Desde hace tres días se intensificaron los hostigamientos en El Carmen, Norte de Santander. Los enfrentamientos armados en pleno casco urbano no solo han dejado un policía muerto y ataques contra la fuerza pública, sino que mantienen a los menores fuera de las aulas y expuestos al fuego cruzado.Según Luis Fernando Niño, consejero de Paz de Norte de Santander, entre 300 y 350 estudiantes permanecen sin asistir a clases debido a los combates y a la presencia de hombres armados en el casco urbano.“Ayer, cuando se dio el primer ataque, inició a las seis y cuarto de la mañana aproximadamente, que es la hora de ingreso de los estudiantes al colegio. Hoy fue igual, en las horas de la mañana. La persona que nos ha dado información desde la institución educativa habla de aproximadamente entre 300 y 350 menores que no han podido ir a clases”, aseguró Niño.La suspensión de las clases también implica que los estudiantes no tengan acceso al Plan de Alimentación Escolar.“A esto hay que sumarle no solo las clases, sino el tema del Plan de Alimentación Escolar, que es parte de este suplemento importante para que los niños puedan realizar sus labores diarias. Todo esto, obviamente, se ve afectado en medio del fuego cruzado que se está dando, reitero, en el casco urbano, con población civil en medio, violando así el derecho internacional humanitario”, agregó el consejero de Paz.Sin embargo, la principal preocupación es el riesgo que enfrentan los menores ante la posibilidad de quedar en medio del fuego cruzado o ser víctimas de reclutamiento forzado.“Ahorita, con los enfrentamientos, se ha deteriorado mucho más esto, pero en otras zonas del Catatumbo también, por el miedo al reclutamiento forzado, los padres de familia no envían a sus hijos porque pueden pisar un campo minado, pueden quedar en medio del fuego cruzado o también pueden ser reclutados”, añadió.Las autoridades reiteraron que, mientras persistan los hostigamientos en El Carmen, más de 300 menores seguirán sin poder regresar a clases, en medio de una escalada violenta que aumenta el riesgo de reclutamiento forzado en el Catatumbo.
La Sección de Apelación de la JEP ratificó la competencia de esa jurisdicción para investigar el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, asesinado el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá, cuando salía de dictar clases en la Universidad Sergio Arboleda.La familia del líder conservador había solicitado a la JEP revocar esa competencia y enviar el caso a la Fiscalía; sin embargo, la jurisdicción consideró que existen elementos suficientes para mantener la investigación en su órbita.“La JEP tiene competencia material para adelantar la investigación por el presente caso. Aunado a ello, y reconociendo el interés legítimo que asiste a las víctimas en reclamar que se haga justicia por los hechos, la SA identifica que le corresponde al Estado encauzar de manera objetiva la totalidad de las acciones que resulten conducentes para garantizar el cumplimiento efectivo de su obligación de investigar y sancionar a los responsables”, señala la resolución de la Sección de Apelación.La jurisdicción precisó que, aunque mantiene la competencia, la justicia ordinaria puede avanzar en otras hipótesis, ya que la JEP se concentrará en la relacionada con la presunta responsabilidad de la extinta guerrilla de las Farc.“La Sección de Apelación insiste en que debe tenerse presente que la competencia que asume la JEP para investigar los homicidios de Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir solamente cobija la hipótesis relacionada con la presunta responsabilidad de exmiembros de las Farc-EP y, en consecuencia, no configura ningún tipo de interferencia con los avances que puedan seguir obteniéndose en la JPO por parte de las instituciones que se encuentran indagando la responsabilidad de otros agentes estatales y no estatales que no estarían sujetos a la competencia del órgano judicial transicional, por lo menos hasta la fecha. En ese sentido, como ya lo indicó la Sala de Reconocimiento, la Fiscalía y la Comisión de Investigación y Acusación podrán continuar con su función constitucional, en tanto siguen ostentando la titularidad de la acción penal de las investigaciones ya reseñadas y que no son objeto de estudio por la JEP”, agregaron los magistrados.La familia de Álvaro Gómez ha reiterado que no cree en la versión de la extinta guerrilla de las Farc, según la cual esa organización es responsable del magnicidio. Sus familiares sostienen que habría una responsabilidad de Estado e incluso han señalado por su presunta responsabilidad al expresidente Ernesto Samper.En la resolución también se indica: “Aunque no existe un nivel de certeza determinante, tampoco es descartable la responsabilidad de las Farc-EP y, en esa medida, se entiende que esta hipótesis podrá encontrar una evolución mientras avanza la investigación y el esclarecimiento de los patrones de violencia y hasta que se logre determinar de manera contundente la existencia, o no, de la responsabilidad penal que ha sido formulada por los comparecientes. Lo anterior, bajo la debida garantía de que en cada etapa del proceso las víctimas y demás intervinientes tendrán las oportunidades correspondientes para presentar, de acuerdo con las reglas procesales aplicables, las objeciones que estimen pertinentes”.La Sección recordó además que la jurisdicción tiene competencia prevalente para investigar hechos relacionados con el conflicto armado. En ese sentido, explicó que miembros del antiguo Secretariado de las Farc-EP afirmaron que el asesinato obedeció a una retaliación por las posturas políticas de Gómez Hurtado en la época del surgimiento de esa guerrilla, cuando los calificó como “repúblicas independientes”.
Las autoridades militares de Estados Unidos decidieron cerrar el espacio aéreo de forma temporal en la ciudad fronteriza de El Paso para probar un láser antidrones, según filtraciones a medios estadounidenses.Esta versión contradice la información inicial otorgada por el Secretario de Transporte, Sean Duffy, quien adjudicó el cierre a una supuesta incursión en territorio estadounidense de drones de un cartel mexicano del narcotráfico.De acuerdo con las filtraciones, el Departamento de Defensa no comunicó sus planes de poner a prueba este láser con la Administración Federal de Aviación (FAA), lo que provocó el cierre abrupto del espacio aéreo.Según informó la cadena Fox News, las autoridades militares habían usado el láser al inicio de esta semana para derribar lo que creían que era un dron pero terminó siendo un "globo de fiesta" e incluso aseguró que este error habría sido lo que motivó las pruebas del sistema láser que obligaron a cerrar el espacio aéreo.Las autoridades locales tampoco fueron informadas de los planes del Pentágono, que se llevaron a cabo cerca a la base militar de Fort Bliss, según detallaron el alcalde, el jefe de policía y la congresista Verónica Escobar en dos ruedas de prensa esta mañana."Esta decisión innecesaria ha causado caos y confusión en la comunidad de El Paso. Esto nunca debió haber pasado", se quejó el alcalde, Renard Johnson, en declaraciones a la prensa, "no se puede restringir el espacio aéreo sin coordinar con la alcaldía, es inaceptable", agregó.El jefe de policía de El Paso, Pete Pacillas, reveló además que la ciudad "no ha sido notificada" de ninguna incursión aérea por parte de los carteles mexicanos."Eso es un rumor que hemos oído, nada más, pero aún no se nos ha dado ninguna determinación oficial sobre por qué fue cerrado, así que no vamos a especular al respecto", dijo el funcionario a reporteros.En la mañana de hoy, el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, informó que el Pentágono y la FAA "neutralizaron" una "incursión de drones de un cártel" en El Paso.La FAA emitió anoche un inusual aviso sobre la suspensión de todos los vuelos en El Paso "por razones especiales de seguridad", que entró en vigor a las 23:30 hora local de este martes y estaba previsto que se mantuviera hasta las 23:30 hora local del 20 de febrero. Sin embargo, fue la prohibición fue levantada hoy mismo.La restricción abarcaba un área de 16 kilómetros alrededor de El Paso y la vecina comunidad de Santa Teresa, en el estado de Nuevo México.La suspensión de vuelos en la zona limítrofe entre EE.UU. y México coincide con un aumento en la tensión entre los Gobiernos de los dos países tras las reiteradas amenazas del presidente, Donald Trump, de posibles ataques en tierra contra los cárteles de la droga mexicanos, designados como organizaciones terroristas por Washington.
Un avance científico de proporciones históricas ha encendido una luz de esperanza para miles de pacientes que conviven con enfermedades neurodegenerativas de origen genético. Un equipo internacional, liderado por el Centro Nacional de Investigación Científica de Francia (CNRS) y la Universidad de Harvard, ha logrado descifrar y corregir el mecanismo que desencadena la muerte neuronal en la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y la Demencia Fronto-Temporal (DFT).El estudio, publicado este jueves en la prestigiosa revista Science, revela que la clave reside en una anomalía detectada en el gen C9ORF72, responsable de casi la mitad de los casos hereditarios de ambas patologías. En condiciones normales, el organismo elimina ciertas secuencias durante la síntesis de proteínas; sin embargo, en estos pacientes, el mecanismo falla. Según detalla el informe, el error "contiene secuencias repetidas situadas en un intrón de dicho gen, una porción que normalmente se elimina antes de la fabricación de las proteínas".El hallazgo: Un error de lectura letalCuando este proceso de eliminación falla, el cuerpo comienza a producir proteínas anómalas y altamente tóxicas. Estas sustancias se acumulan en las neuronas y en las motoneuronas (encargadas del movimiento), provocando una degradación acelerada y, eventualmente, la muerte celular.Para revertir este proceso, los investigadores aplicaron una técnica de precisión quirúrgica a nivel molecular: cambiaron una sola letra del codón de inicio (la señal química que ordena fabricar proteínas). Con este ajuste, consiguieron que el ribosoma —la "fábrica" de la célula— ignorara el material genético defectuoso, evitando la creación de las toxinas.Los resultados han sido sorprendentes. El estudio subraya que "este enfoque, validado en modelos de ratón y en motoneuronas humanas procedentes de pacientes tras una corrección genética mediante CRISPR-Cas9, permite evitar el desarrollo de la enfermedad en los ratones y restaurar una esperanza de vida celular comparable a la de las células sanas".Un nuevo horizonte terapéuticoEste descubrimiento no solo es un triunfo de la biotecnología, sino que redefine la hoja de ruta para combatir enfermedades que, hasta hoy, carecen de cura. En palabras de los propios investigadores, "estos trabajos abren la vía al desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas que ataquen directamente la causa de estas enfermedades", en lugar de limitarse a paliar los síntomas.La relevancia de este avance es mayúscula si se considera el impacto global de estas dolencias. La ELA, aunque catalogada como enfermedad rara, afecta a unas 500.000 personas en el mundo, atacando de forma devastadora la movilidad y la autonomía. Por otro lado, la DFT se consolida como la segunda causa de demencia presenil más común tras el Alzheimer, con una prevalencia estimada de entre 2 y 3 millones de personas.Con este hallazgo, la ciencia da un paso de gigante hacia la medicina personalizada, demostrando que es posible "impedir la degeneración prematura de las neuronas y de las neuronas motoras -llamadas motoneuronas- en diversos modelos experimentales celulares y animales", ofreciendo un futuro distinto para quienes portan esta carga genética.Aquí tienes la reescritura profesional del artículo, adaptada con criterios periodísticos y de posicionamiento orgánico.Tofersen en España: Cómo funciona el nuevo tratamiento para la ELA que rompe 30 años de sequía terapéuticaLa lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) ha alcanzado un punto de inflexión histórico en el sistema sanitario catalán. Tras casi tres décadas sin innovaciones farmacológicas significativas, el Hospital Germans Trias i Pujol (conocido como Can Ruti) ha dado un paso decisivo al administrar, por primera vez, un tratamiento diseñado específicamente para frenar la progresión de esta enfermedad neurodegenerativa en un perfil concreto de pacientes.Este avance no solo supone un logro médico para el centro de Badalona, sino que rompe una "sequía" terapéutica que persistía desde 1996, año en que se autorizó el último fármaco relevante para la ELA en la Unión Europea. La llegada de esta nueva terapia abre una ventana de oportunidad para mejorar la supervivencia y, sobre todo, la calidad de vida de quienes padecen esta condición.Tofersen: Medicina de precisión para el gen SOD1El protagonista de este hito es un paciente de 44 años que presenta una mutación en el gen SOD1. Aunque esta variante genética apenas representa el 2% de los casos totales de ELA, es la segunda causa más común entre los pacientes con la variante hereditaria de la patología.El medicamento utilizado, denominado Tofersen, actúa mediante un mecanismo de precisión que ataca directamente el origen del daño neuronal en estos pacientes. A diferencia de los tratamientos paliativos convencionales, los ensayos clínicos internacionales han arrojado datos optimistas sobre su efectividad:Ralentización funcional: El fármaco logra frenar el deterioro de las capacidades motoras del paciente.Preservación vital: Ayuda a mantener la fuerza muscular y, fundamentalmente, la capacidad respiratoria, factor crítico en la evolución de la ELA.Mejoría clínica: Los estudios indican que el 25% de los pacientes tratados muestran mejoras precoces en sus escalas de funcionalidad.Un cambio de etapa en la neurologíaLa comunidad científica recibe esta noticia con cautela pero con un optimismo renovado. Míriam Almendrote, especialista de la Unidad de Experticia Clínica de enfermedades minoritarias neuromusculares del Germans Trias, es clara sobre el alcance de este avance:«Representa un avance esperanzador que abre la puerta a una nueva etapa en el tratamiento de esta patología».Sin embargo, la doctora Almendrote puntualiza un aspecto fundamental para gestionar las expectativas de las familias: aunque el fármaco tiene la capacidad de modificar la evolución natural de la enfermedad y ofrecer un pronóstico diferente en este subgrupo, "no es una cura".Complejidad técnica y coordinación hospitalariaLa administración del Tofersen no es un procedimiento sencillo. Al tratarse de una terapia que debe alcanzar el sistema nervioso central, se realiza mediante punción lumbar. El protocolo clínico establece una fase inicial de "dosis de carga" (tres inyecciones cada 15 días) seguida de una fase de mantenimiento con aplicaciones mensuales de carácter permanente.Este proceso requiere una logística milimétrica y la intervención de un equipo multidisciplinar. El Servicio de Neurología del Germans Trias ha liderado la implementación en colaboración con las áreas de Anestesiología y Reanimación, Farmacia Hospitalaria y el personal del Hospital de Día Polivalente. Esta estructura garantiza que la administración del fármaco se realice bajo los más estrictos estándares de seguridad y control clínico.
El fabricante alemán BMW inició una nueva llamada a revisión que involucra a cientos de miles de carros en todo el mundo debido a un posible riesgo de incendio asociado al sistema de arranque del motor. La información fue confirmada por un portavoz de la compañía a la agencia AFP, luego de que la revista especializada alemana Kfz-Betrieb anticipara detalles de la medida.Según explicó el fabricante, controles internos y quejas de clientes permitieron identificar que, en ciertos vehículos, el sistema de arranque puede presentar defectos que, en el peor de los escenarios, podrían derivar en un incendio durante el funcionamiento.Aunque la publicación alemana indicó que 575.000 unidades estarían afectadas a nivel global, BMW evitó confirmar esa cifra exacta y señaló únicamente que se trata de un volumen “de seis dígitos”.¿Qué carros BMW tienen riesgo de incendio?En total, la campaña involucra 16 modelos equipados con un relé de arranque específico y producidos entre julio de 2020 y julio de 2022. Los vehículos se identifican mediante el número de identificación VIN, debido a que los periodos de producción no pueden definirse con precisión por variaciones logísticas en la cadena de suministro.Los modelos afectados son:Serie 2 Coupé (G42)Serie 3 Sedán (G20)Serie 3 Touring (G21)Serie 3 batalla larga (G28)Serie 4 Coupé (G22)Serie 4 Convertible (G23)Serie 4 Gran Coupé (G26)Serie 5 Sedán (G30)Serie 5 Touring (G31)Serie 6 Gran Turismo (G32)Serie 7 Sedán (G11, G12)X3 (G01)X4 (G02)X5 (G05)X6 (G06)Z4 (G29), incluido el Toyota Supra, que comparte configuración mecánicaCuál es el problema detectadoDe acuerdo con el portavoz citado por Kfz-Betrieb, los vehículos pueden experimentar mayor desgaste en el solenoide de arranque tras un número elevado de ciclos de encendido.Ese desgaste podría generar abrasión metálica en el interruptor del solenoide, lo que eventualmente podría provocar un cortocircuito y sobrecalentamiento local en el motor de arranque. En escenarios extremos, la compañía reconoce que no puede descartarse un incendio durante el funcionamiento del vehículo.Como medida preventiva, BMW recomendó a los propietarios no dejar el vehículo sin supervisión con el motor en marcha después del arranque, especialmente en casos donde se utilice arranque remoto.Reparaciones y tiempos estimadosLa solución técnica consiste en el reemplazo del motor de arranque en todos los vehículos potencialmente afectados. En algunos casos también se cambiará la batería y se realizará una adaptación electrónica al nuevo componente.Según la información divulgada, la reparación puede tardar hasta dos horas por unidad.BMW indicó que 28.582 vehículos estarían afectados en el mercado alemán, mientras que la cifra global se ubicaría en cientos de miles de unidades. Por lo que hay que esperar que el fabricante indique cuáles otros países están también involucrados en el llamado a revisión.Los números de campaña correspondientes a esta nueva retirada son:0012650600001266060000126706000012680600La compañía aclaró que esta acción no debe confundirse con otra campaña ejecutada el otoño pasado bajo códigos distintos, la cual, según la Autoridad Federal de Transporte Motorizado de Alemania, afectó aproximadamente 1,15 millones de vehículos BMW en todo el mundo.
Protestas en Chocó tienen bloqueada la vía Medellín - Quibdó. Mientras una comunidad indígena cerró la vía de carácter nacional por la tardanza en la atención médica de un joven que sufrió un accidente, el Comité Cívico iniciará un cese de actividades de 24 horas por disgustos con el Gobierno nacional.El departamento de Chocó se despierta con un complejo panorama de movilidad luego de que la comunidad indígena de El Dieciocho, decidiera cerrar la vía Medellín - Quibdó, como protesta ante la demorada atención médica al joven Elmer Estévez, quien sufrió un accidente de tránsito hace algunos días.Lo que mencionan los indígenas es que ya ha pasado una semana desde el siniestro y aún la Nueva EPS no ha ordenado el traslado ni asignado una cama para atención especializada al hombre que, al parecer, permanece con un estado de salud crítico, por lo que requeriría servicios médicos urgentes que aún no se han podido garantizar.Explican desde El Dieciocho que en este momento todo el tratamiento depende de la Nueva EPS y que ante la nula respuesta cerraron la vía de carácter nacional, medida que no tiene paso provisional y que será de manera indefinida hasta que el joven sea trasladado hasta un hospital de mayor complejidad.Pero no es la única situación que afecta al departamento, ya que sobre las 9:00 de la mañana hará una marcha en Quibdó, programada por el Comité Cívico de Chocó que tendrá un paro de 24 horas luego de que el Gobierno nacional no diera claridad sobre los recursos que necesita la región para algunos proyectos viales.Ante la problemática la gobernadora de Chocó, Nubia Córdoba, explicó que el paro no está definido, que se acordó un cronograma de mesas de trabajo y que el próximo 20 de febrero se reactivará la Mesa Permanente de Concertación para poder cumplir con compromisos adquiridos con anterioridad.Por ahora, los ojos de las autoridades departamentales están en la vía Medellín - Quibdó, en donde se espera que se abra el paso muy pronto para no afectar a miles de personas, mientras que en Quibdó habrá acompañamiento de la movilización cívica para evitar alteraciones al orden público.
La Contraloría encendió las alarmas tras evidencias de que el Gobierno nacional realizó un elevado número de contratos previo a la entrada en vigencia de la ley de garantias. Según el informe de la DIARI, entre el 1 y 30 de enero del 202 se suscribieron 521.269 contratos por un valor de 32,88 billones de pesos. Sin embargo, el ente de control señaló que el 45% de la contratación total se comprometió en la ultima semana de enero cuando se adjudicaron 14,8 billones de pesos y que el pico, es decir el día con más movimiento, fue el 30 de enero con contrataciones por 5,7 billones de pesos.“En comparación con el mismo periodo de 2022, también previo a la aplicación de la Ley de Garantías, la contratación directa aumentó 5,2 % en número de contratos y 30,4 % en valor. En enero de 2022 se habían celebrado 495.527 contratos por $25,22 billones, cifras inferiores a las registradas este año”, señaló la Contraloría.De acuerdo con la Contraloría, las entidades con mayor contratación directa fueron en el SENA, con 1,72 billones; el ICBF von 1,26 billones y la Aeronautica Civil con 0,76 billones de pesos. En el ámbito territorial lideran Barranquilla, con $1,33 billones; Medellín, con $0,88 billones; y Cali, con $0,54 billones.La modalidad de Órdenes de Prestación de Servicios (OPS) concentró la mayor parte de la contratación. En el consolidado nacional y territorial, se firmaron 501.423 contratos OPS por $22,34 billones, equivalentes al 96,2 % del total de contratos y al 67,9 % del valor adjudicado en el mes. Solo en el orden nacional, los contratos OPS pasaron de 103.563 en enero de 2022 a 160.616 en enero de 2026, lo que representa un aumento de 64,48 %. En términos de valor, el crecimiento fue de 75,14 %, al pasar de $5,4 billones a $9,5 billones.
Miroslav Jenca, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, explicó que uno de los mayores desafíos se concentra en regiones como el Catatumbo, donde el desplazamiento forzado y el confinamiento continúan afectando a miles de personas. Según señaló, en el marco de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) y las Curules de Paz, cerca de 100.000 personas no pueden ejercer su derecho al voto debido a que se ven obligadas a desplazarse constantemente de un lugar a otro como consecuencia de la violencia.“Hay alrededor de 100.000 personas que prácticamente no pueden votar porque se desplazan de un lugar al otro”, aseguró.El jefe de la misión relató que durante sus recientes visitas a esta región, incluida la zona rural del municipio de Tibú y sectores como Versalles, pudo constatar la complejidad de la situación humanitaria y de seguridad. “Hablé con la gente en Versalles, y allá la situación de veras es muy, muy compleja, muy difícil”, afirmó.En ese contexto, Jenca insistió en que garantizar el derecho al voto es esencial para la democracia colombiana. “Yo pienso que es muy importante asegurar, garantizar el derecho al voto a todos los votantes y todas las votantes aquí en Colombia”, reiteró, haciendo énfasis en la necesidad de adoptar medidas para las regiones más afectadas por el conflicto.El jefe de la misión también se refirió a las responsabilidades frente al desarrollo de la campaña electoral. Señaló que el gobierno colombiano tiene un papel central en la protección del proceso democrático, al ser el único con el uso legítimo de la fuerza. En ese sentido, recalcó que el Gobierno debe garantizar un entorno seguro para todos los precandidatos y precandidatas, de manera que puedan hacer campaña sin amenazas ni restricciones indebidas.No obstante, Jenca aseguró que los propios precandidatos también deben contribuir activamente a la construcción de elecciones libres y en paz, respetando las reglas del juego democrático y promoviendo un ambiente de tolerancia y no violencia durante la contienda electoral.“Claro que los precandidatos también tienen responsabilidad de contribuir a las elecciones libres y en paz”, añadió.Finalmente, expresó el interés de la comunidad internacional en que todos los actores políticos respalden y firmen compromisos públicos "por que aquí hablamos de la democracia en Colombia".
El informe 'Compromiso con un proceso electoral libre y en paz en Colombia', elaborado por la Defensoría del Pueblo, analiza el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2025, donde se evidencia que el ambiente electoral se desarrolla en un contexto de alta tensión política.Al mismo tiempo, señalan que la figura presidencial ha ocupado un lugar central en las narrativas de las precandidaturas, desplazando el énfasis en propuestas hacia la confrontación política.Uno de los hallazgos más preocupantes es la persistente subrepresentación de las mujeres en la contienda presidencial. “De las 99 precandidaturas activas identificadas al 15 de diciembre, solo 12 corresponden a mujeres (12,12 %), frente a 87 hombres (87,8 %). Esta brecha muestra una subrepresentación persistente que repercute en la visibilidad de las mujeres en la discusión electoral y limita su capacidad para posicionar agendas propias”.Durante la fase temprana de definición de precandidaturas, las redes sociales y plataformas digitales se consolidaron como el principal escenario de visibilidad política, ante la ausencia de campañas formales y el acceso desigual a medios tradicionales.Para la Defensoría “esta centralidad también amplifica riesgos asociados a la desinformación, la polarización discursiva y el uso de lenguaje violento, factores que inciden de manera directa en la calidad del debate democrático”.La Defensoría señala que el ambiente electoral estuvo marcado por hechos de alto impacto, como el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay; los procesos de definición de candidaturas mediante consultas; la escogencia de Paloma Valencia como candidata presidencial del Centro Democrático; y el anuncio de consultas interpartidistas para el 8 de marzo.“El aumento de las fricciones en las relaciones entre el gobierno colombiano y el de Estados Unidos, lo que ha causado un distanciamiento entre las administraciones. Hoy las relaciones entre ambos países ocupan un lugar más importante dentro del debate electoral actual, que el que han tenido en otros periodos similares”, señala.En materia de violencia política, la Misión de Observación Electoral reportó que durante 2025 se registraron 415 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales. Aunque esta cifra representa una disminución frente al año preelectoral de 2021, la violencia continúa afectando de manera desproporcionada a los liderazgos políticos.El informe advierte que, si bien existe una condena abierta y generalizada a los ataques físicos, no se observa el mismo nivel de rechazo frente al uso de expresiones violentas, estigmatizantes o narrativas difundidas por terceros en redes sociales que pueden derivar en incitaciones a la violencia.Los resultados del informe muestran niveles altos de cumplimiento en la defensa de la primacía de la vida, el reconocimiento de la juventud y el respeto por las instituciones. Sin embargo, revelan niveles bajos en aspectos clave como la promoción del lenguaje constructivo y la eliminación de la estigmatización, así como en la garantía de difusión de información veraz.En particular, el punto relacionado con la información veraz presenta el nivel más bajo de cumplimiento y alineación, evidenciando la ausencia de protocolos o lineamientos para la verificación de contenidos, especialmente entre las precandidaturas que no suscribieron el Compromiso.Según la Defensoría, esto “revela la persistencia de patrones comunicativos que priorizan la confrontación violenta, las emociones y la deslegitimación del adversario por encima de la argumentación y la deliberación sustantiva. Que se ataque más a las personas que a los argumentos es un desafío profundo para la calidad de la democracia dentro y fuera de los entornos digitales”.Aunque durante el periodo analizado no se identificaron hechos documentados de violencias de género facilitadas por la tecnología, la Defensoría advierte que “no se puede ignorar que este tipo de violencias encuentran un nicho habilitante en entornos digitales donde se dan este tipo de confrontaciones en el periodo preelectoral”.La entidad alerta de que la violencia de género facilitada por la tecnología afecta de manera particular a mujeres, personas jóvenes y grupos minoritarios, y cuando se combina con la violencia contra las mujeres en política, configura un escenario especialmente preocupante para candidatas, militantes y liderazgos femeninos.Finalmente, la Defensoría subraya que la libertad de expresión es un pilar esencial del debate democrático, pero advierte que no puede convertirse en un escudo para la desinformación ni para el uso de lenguaje que promueva violencia.
La Jurisdicción Especial para la Paz imputó a 15 exintegrantes del Bloque Oriental y 7 del Bloque Sur, estructuras en las que se concentraron los secuestros más complejos, prolongados y violentos del conflicto armado.En el caso del Bloque Oriental, la estructura fundacional y más grande de la antigua guerrilla, la JEP los halló responsables por secuestros cometidos en Arauca, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés y Vichada, así como en algunas zonas de Boyacá, Caquetá y Santander.Para el Bloque Sur, las conductas investigadas ocurrieron principalmente en Huila, Caquetá, Putumayo, Nariño, Amazonas y en sectores de Cauca y Meta.Los imputados del Bloque Oriental son: Wilmar Antonio Marín, quien fue conocido como ‘Hugo o Hugo 22’; Bernardo Mosquera, quien fue conocido como ‘Negro Antonio’; Nelson Quintero, quien fue conocido como ‘Arcesio Angarilla’; Marco Fidel Suárez, quien fue conocido como ‘Arsenio Mejía o Kokoriko’; Holmes Puentes, quien fue conocido como ‘Ricaurte Páez’; Marcos Patiño, quien fue conocido como ‘Efrén o Patequeso’; Germán Gómez, quien fue conocido como ‘Lucas 40’, ‘Lucas Urueta’ o ‘El Médico’; José Ricaurte Valencia, quien fue conocido como ‘Jerónimo Gutiérrez’ o ‘Caresanto’; Luis Garzón, quien fue conocido como ‘Severiano’; Elmer Caviedes, quien fue conocido como ‘Albeiro Córdoba’; Rodolfo Restrepo, quien fue conocido como ‘Víctor Tirado’; Bertulfo Caicedo, quien fue conocido como ‘Alberto Pitufo’; Julián Saavedra, quien fue conocido como ‘William Sánchez’ o ‘Plinio’; Olivo Guantiva, quien fue conocido como ‘Robledo’; y Gerardo Aguilar, quien fue conocido como ‘César’.Por su parte, los imputados del Bloque Sur son: Fabián Ramírez; Floresmiro Burbano (Martín Corena); Darío Lee Díaz (Robledo); Luis Montes (Euclides Bermúdez); Ángel García (Hernán Benítez); Ezequiel Hueguía (Rolando Romero); y William Tovar (Franklin Smith Caicedo). Según la JEP, este bloque tuvo un papel central en secuestros con fines de canje, especialmente contra figuras políticas, entre ellas Ingrid Betancourt, entonces candidata presidencial, y Clara Rojas, su fórmula vicepresidencial y jefa de campaña.La investigación estableció que, debido a su mayor capacidad operativa y control territorial, el Bloque Oriental recibió durante años a víctimas de secuestro provenientes del Bloque Sur, particularmente aquellas retenidas para intercambio por guerrilleros presos. Estas personas permanecieron durante largos periodos en campamentos selváticos, en condiciones extremas de cautiverio.La Sala de Reconocimiento llamó a estos comparecientes a reconocer responsabilidad por crímenes de guerra de toma de rehenes, así como por otros delitos cometidos durante el cautiverio, entre ellos homicidio, tortura, tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.Además, les atribuyó crímenes de lesa humanidad por graves privaciones de la libertad y conductas asociadas, como desaparición forzada, asesinato, esclavitud y otros actos inhumanos, los cuales, por su gravedad, no pueden ser objeto de amnistía ni perdón judicial.La investigación concluyó que los excombatientes imputados tenían control efectivo sobre su tropa y capacidad de imponer disciplina, por lo que son responsables tanto por haber impartido órdenes directas que derivaron en secuestros y asesinatos, como por no impedir los abusos cometidos contra las víctimas durante el cautiverio.Algunos de ellos, además, participaron de manera directa en crímenes graves y comandaron campamentos donde las personas permanecieron privadas de la libertad durante años.De acuerdo con la JEP, el Bloque Oriental fue responsable del 34 % de los secuestros atribuidos a las Farc-EP en todo el país, mientras que el Bloque Sur concentró el 8 %. Sin embargo, el 18 % de las víctimas acreditadas ante la JEP señalan al Bloque Sur como responsable. Entre las 4.439 víctimas acreditadas, 1.239 atribuyen su secuestro al Bloque Oriental y 771 al Bloque Sur.La JEP documentó que ambos bloques actuaron bajo tres patrones criminales: secuestros para financiar la organización, para forzar intercambios por guerrilleros presos y para ejercer control social y territorial. En este último patrón se registraron trabajos forzados, castigos colectivos y asesinatos de personas que intentaron escapar del cautiverio.Con estas imputaciones, la Sala de Reconocimiento de Verdad cerró la investigación del Caso 01 y dejó delimitada la lista de responsables por el secuestro en las Farc-EP. El proceso entra ahora en la etapa de reconocimiento de responsabilidad, en la que los imputados deberán aceptar o rechazar los cargos en un plazo de 30 días.De haber reconocimiento, se avanzará hacia sanciones propias de carácter restaurativo; de lo contrario, los casos podrán ser remitidos al Tribunal para la Paz o a la Unidad de Investigación y Acusación, donde podrían derivar en juicios con penas de hasta 20 años de cárcel.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reiteró su llamado al Gobierno nacional para que se sume con recursos económicos a la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera, en Medellín.El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que, hasta ahora, el proceso de excavación ha sido sostenido principalmente con recursos de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, lo que ha permitido garantizar la continuidad de las labores en el corto plazo. No obstante, advirtió que la magnitud del trabajo que aún falta por realizar hace indispensable un respaldo económico directo del Gobierno nacional.“Es enorme lo que hay que mover de escombros y demás, pues sí es fundamental que el Gobierno nacional, digamos, de manera directa apoye económicamente para que esa búsqueda sea posible y no solamente la Alcaldía de Medellín, que es algo que yo he venido insistiendo hace mucho tiempo”, aseguró Ramelli.Desde el Tribunal para la Paz, el magistrado Gustavo Salazar Velázquez, de la Sección de Reconocimiento, explicó que el proceso en La Escombrera corresponde a una excavación continuada que demanda una alta cantidad de recursos. Según detalló, actualmente existe una bolsa conjunta de financiación integrada por aportes de la JEP, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.De acuerdo con el magistrado, la Jurisdicción Especial para la Paz aporta los equipos forenses y la mano de obra, mientras que la Alcaldía de Medellín ha asumido el cubrimiento del bienestar de las víctimas y el suministro de la maquinaria amarilla necesaria para las excavaciones.“En este momento estamos recontratando la maquinaria amarilla por parte de la Alcaldía de Medellín, la maquinaria retoma la semana entrante y estamos garantizando recursos hasta mediados, finales del mes de agosto y sabiendo de la alta exigencia de recursos, vinculamos al Gobierno nacional para que incorpore recursos para el proceso de excavación”, afirma el magistrado.En ese marco, explicó que ya se han iniciado conversaciones con distintas entidades para definir los mecanismos de aporte. Entre ellas, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y el Ministerio de las Artes, este último involucrado en el proceso de memorialización de La Escombrera, que se adelanta desde el año pasado y que cuenta con una fase avanzada.
El abogado jurídico del Clan del Golfo aseguró que la suspensión temporal de los diálogos con el Gobierno nacional se produjo luego de las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que calificó como “supremamente graves” y como un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa.Según Ricardo Giraldo, abogado contratado por el EGC para el proceso de paz total, las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desconocieron un punto central del proceso: “El respeto por la identidad de las partes”.En ese sentido, recordó que existe una resolución del 5 de septiembre de 2025 mediante la cual el presidente de la República reconoce la autodenominación del grupo como Ejército Gaitanista de Colombia y no como Clan del Golfo.“Si están unos diálogos, unas conversaciones, unas negociaciones, como lo quieran llamar, para salir del conflicto, yo creo que lo más importante es el respeto a la identidad de las partes, como una primera medida. Entonces, eso fue lo primero que se incumplió”, afirmó el abogado.Giraldo cuestionó además que el grupo fuera señalado como un “cartel” y como el dueño del narcotráfico en Colombia.“Lo señala como el cartel del clan del golfo, como si ellos fuesen los dueños del narcotráfico en Colombia. Y en la mesa ha quedado demostrado que eso no es así, mis representados controlan el mercado, eso no lo puede negar nadie, pero de que sean los dueños, no”, añadió Giraldo.Finalmente, el abogado explicó que la decisión de suspender los diálogos fue adoptada de manera temporal e indefinida, sin establecer plazos para su reanudación, y que el levantamiento de la suspensión dependerá de la respuesta que entregue el Gobierno nacional frente a las declaraciones cuestionadas.Desde el Gobierno, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, asegura que las órdenes de captura contra los principales líderes del Clan del Golfo se encuentran suspendidas, en el marco del espacio de conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno nacional con ese grupo armado ilegal.“Desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”, aseguran desde el comisionado en un comunicado.
Este viernes, 17 de noviembre, se adelanta la audiencia única de aporte a la verdad de Salvatore Mancuso Gómez en la que se definirá su ingreso o no a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y posterior rueda de prensa del presidente de la JEP, magistrado Roberto Vidal.En un acontecimiento crucial para el sistema de justicia transicional de Colombia, esta audiencia no solo es clave para Mancuso, sino que también es un momento definitivo que pone a prueba la Jurisdicción Especial.La importancia de esta audiencia radica en su potencial para ofrecer nuevas perspectivas y revelaciones sobre los periodos más oscuros de la historia del paramilitarismo en Colombia y como extendió sus tentáculos a políticos y fuerzas militares.Mancuso Gómez, quien tiene un pasado controvertido, podría proporcionar información valiosa que contribuiría al proceso de esclarecimiento de la verdad, un aspecto central de la misión de la JEP.Una vez se cumpla la audiencia, el presidente de la JEP, el magistrado Roberto Vidal, ofrecerá una rueda de prensa en la que se espera entregue mayores detalles sobre las implicaciones de su decisión, tanto para Mancuso Gómez como para el proceso de paz en general.Le podría interesar:
Recientemente, Helena Urán, hija del exmagistrado Carlos Urán, le envió una solicitud a la JEP para cuidar y conservar tres lugares de memoria histórica en el marco de lo acontecido en noviembre del año 1985, cuando se llevó a cabo la operación de toma y retoma del Palacio de Justicia, en Bogotá. Estos lugares son la Casa del Florero, las Caballerizas del Cantón Norte y el Cementerio del Sur. Urán aseguró que esto debe darse con el fin de proteger los derechos de las víctimas a la verdad."Que se cumpla con la obligación de búsqueda, identificación y entrega digna de las personas dadas por desaparecidas en el marco del ataque al Palacio de Justicia (…) La resignificación de los lugares y su conversión en campos santos u otra forma que permita los duelos necesarios y los procesos restaurativos que contribuyan a reparar o restaurar el daño causado", señaló el documento.La JEP convocó a las víctimas y algunas instituciones que tienen información sobre lo sucedido durante la toma y retoma para determinar si se ordenan, o no, las medidas de protección. Justamente Helena Urán hizo presencia en la diligencia y se refirió a la participación de Estados Unidos en estos hechos, tras una investigación sobre el tema."Pude comprobar la intervención militar estadounidense en estos hechos, algo que también era hasta entonces solo un rumor y aunque casi obvio, en plena guerra fría, aún nadie había llegado realmente a comprobar, la cooperación militar bilateral no es algo de sorprendernos pero la información de los archivos que yo encontré corrobora hechos importantes", señaló Urán.Algunos de estos hechos, según relató Urán, sería, por ejemplo, que inteligencia militar sabía que el M-19 iba a tomarse el Palacio de Justicia, ante esta información, y otros datos, Urán pidió que el Gobierno de Estados Unidos, por medio de un acuerdo con el Gobierno de Colombia, desclasifique los archivos.Por eso le pidió a la JEP que “inste al presidente de la República a solicitar formalmente al Gobierno de EEUU la puesta en marcha de un programa especial de desclasificación de archivos y documentos relacionados directamente con lo que hemos mal llamado toma y retoma del Palacio de Justicia”.Le puede interesar
Patrulleros de la Policía estaban realizando el registro a distintas personas y el equipaje de las mismas en una flota de la empresa de buses Cootransfusa. Allí, de un momento a otro, los uniformados le pidieron la maleta a un hombre y en medio de la requisa encontraron un arma de fuego tipo revolver calibre 38 marca Smith Wesson con 6 cartuchos dentro del tambor.Una vez le solicitaron los documentos al hombre, los agentes lograron determinar que este hombre tenía antecedentes por varios delitos, por lo que de inmediato se procedió a la captura, ya que investigadores del CTI estaban viajando a este hombre por ser un peligroso sicario de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, el 'Clan del Golfo'.“Con esta captura se hizo que los investigadores de los hechos que el hombre había cometido viajarán hasta la ciudad de Bogotá, hasta donde se tenía capturado en flagrancia a Diomedes de Jesús Rodríguez del Basto”, indican las autoridades sobre el denunciante que es reconocido como un miembro destacado del brazo sicarial de las AGC que opera en la Dorada, Caldas y en el norte del Tolima.Diomedes de Jesús Rodríguez, el capturado, nacido en el municipio de Lérida Tolima y 24 años de edad, estaba señalado por los delitos de homicidio agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.Destacan las su autoridades que el peligroso sicario es el responsable de la decapitación de una víctima en Ambalema, Tolima, utilizando una motosierra. El hombre ya fue puesto a disposición de las autoridades judiciales.Le puede interesar también: ¿Desencanto por el Gobierno Petro? ¿Por qué cada vez pierde más apoyos? Debate
La Defensoría del Pueblo ha registrado 166 casos de reclutamiento en Colombia en lo corrido del 2023, pero, además, la cifra podría ser más alta ya que las familias en algunas ocasiones no denuncian por el temor a las represalias de los grupos armados responsables. Por otro lado, según la entidad, el 75 % de los casos corresponden a niños y adolescentes que pertenecen a comunidades indígenas."Los departamentos con mayor número de casos reportados este año son Cauca, con 124; Nariño, nueve; Arauca y Putumayo, cada uno con seis, y Caquetá, con cinco casos. Los departamentos de frontera y con alto flujo migratorio también se ven afectados por este fenómeno, a ello se suma el control territorial y social que ejercen los actores armados, lo cual hace más difícil que familias, lideresas y líderes sociales y sociedad en general denuncien", señala la Defensoría.En el año 2021, la Defensoría habilitó el "Botón de registro de casos" y desde entonces han recibido 344 reportes sobre reclutamiento, además, la entidad alerta por el aumento de casos durante el 2023."Facciones disidentes de las Farc registran el mayor número de casos (con el 91,1 %), les siguen el ELN (7 %), otro (1,3 %) y los grupos posdesmovilización AGC – Clan del Golfo, Bloque Virgilio Peralta Arenas, conocido también como 'Los Caparros' (0,6 %). De los casos reportados a la entidad, el 59,6% corresponde a niños y adolescentes y el 40,3 %, a niñas y adolescentes, lo cual indica una afectación diferencial por condiciones de género", explica la Defensoría.Le puede interesar también: “Gobierno está feriando hospitales públicos a cambio de aprobar reforma a la salud”: Jennifer Pedraz
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
El informe RED-clutamiento 2.0 de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP documenta que al menos 1.749 menores de edad fueron reclutados en Colombia entre 2017 y 2026. Uno de los principales hallazgos es el uso sistemático de redes sociales para atraer a niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales.“Desde 2021, el reclutamiento de niños y niñas es el tipo de victimización a la población civil que más rápido crece en Colombia (por encima de masacres, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y confinamiento). Esto coincide con el uso sistemático de las redes sociales”, asegura el informe.De acuerdo con el documento, el 44 % de los casos registrados en 2025 estuvieron asociados directamente al reclutamiento a través de plataformas digitales.Las cifras muestran, además, un crecimiento sostenido: mientras en 2022 se registraron 151 casos de reclutamiento, en 2023 la cifra subió a 255; en 2024 alcanzó los 362 y en 2025 llegó a 386 casos. En apenas cuatro años, el incremento supera el 150 %, convirtiéndose en una de las violencias con mayor crecimiento en el país.De acuerdo con la UIA, el uso de TikTok y Facebook ha facilitado que los casos de reclutamiento se dupliquen mensualmente en algunos territorios. Antes de la expansión del reclutamiento digital, estos hechos se concentraban en 97 municipios; hoy se registran en 248 municipios, lo que representa un aumento del 156 %.“Las redes sociales han propiciado que se presenten casos de reclutamiento en lugares donde jamás habíamos registrado hechos (inclusive en la época más álgida del conflicto armado con las Farc-EP)”, subraya el informe.Según el documento, los reclutadores digitales reproducen estereotipos de género binarios para hacer más atractiva la oferta y generar identificación entre niños y adolescentes. En algunos casos, convocan a menores a supuestos torneos de fútbol, asegurando que asistirán cazatalentos extranjeros que los llevarán a equipos profesionales fuera del país.El escrito señala que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, son el grupo armado que más niños recluta a través de redes sociales. Esta estructura concentra 116 cuentas activas en Facebook y TikTok, con publicaciones que alcanzan en promedio más de 20.000 visualizaciones y, en algunos casos, millones de reproducciones.Su principal zona de operación está en el suroccidente del país, especialmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, departamentos donde opera el 67 % de las cuentas identificadas.En total, el informe identificó 186 cuentas en redes sociales vinculadas a actividades de reclutamiento, con un promedio de 6.700 seguidores por cuenta.La UIA alerta que, si no se adoptan medidas urgentes de prevención y control, entre 2026 y 2030 podrían registrarse más de 2.300 nuevos casos de reclutamiento, lo que equivaldría a que un menor sea vinculado a un grupo armado cada 12 horas.
Mientras Colombia cerró 2025 como el año con la mayor crisis humanitaria de las últimas dos décadas, los territorios más golpeados por el conflicto armado continúan registrando avances en la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Así lo señala el V Informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad, presentado este jueves 30 de enero en Bogotá.De acuerdo con el Comité, 2025 dejó la cifra más alta de desplazamientos forzados en los últimos 18 años y más de un millón de personas confinadas por la acción de grupos armados, lo que triplicó los registros del año anterior.Para la presidenta del Comité, Julia Eva Cogollo, esta situación se explica por el traslape entre los territorios priorizados por los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y las zonas donde se ha incrementado la presencia de actores armados.Según explicó, este contexto ha llevado al Gobierno a focalizar la implementación de políticas públicas en las regiones más afectadas como una forma de mitigar el impacto humanitario. Sin embargo, el Comité advierte que la persistencia de la violencia sigue siendo un obstáculo para que las comunidades puedan ejercer plenamente sus derechos.Entre los principales avances, el informe destaca la reducción del Índice de Pobreza Multidimensional en las zonas PDET, que pasó de 39,8 % en 2018 a 23,7 % en 2023, aunque en 2024 se ubicó en 24,4 %. También resalta el fortalecimiento de iniciativas de acceso a tierras y proyectos productivos liderados por mujeres. Regiones como Montes de María, la Costa Pacífica, el norte del Cauca y el sur de Bolívar concentran avances relevantes, aunque, según el Comité, estas mismas zonas enfrentan altos niveles de riesgo por la violencia armada.De cara al escenario electoral y a la llegada de nuevos gobiernos, el Comité considera que la política PDET se encuentra blindada tras su ampliación hasta 2034. No obstante, advierte riesgos si en la actualización de los planes de acción no se incorporan las 220 recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Frente a la continuidad de la transformación rural, la presidenta del Comité envió un mensaje directo a los próximos gobiernos y a los candidatos. “El primer mensaje que queremos enviar es a los candidatos. Uno, que saquen la violencia de la política, por favor. Y el segundo que le queremos incluir es que incluyan las recomendaciones en sus programas de gobierno y posteriormente en el plan de desarrollo”, afirmó.Finalmente, Cogollo advirtió que el mayor riesgo para la no repetición en Colombia sigue siendo la combinación entre la violencia armada y la crisis humanitaria. “El mayor riesgo que tenemos es la presencia alta de actores armados y la crisis humanitaria. Y el desbalance que hay realmente en la presencia de actores armados versus implementación de políticas públicas que no garantizan el gozo efectivo de los derechos”, concluyó.
En diálogo con Blu Radio, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José Luis Caballero, expresó su preocupación por los riesgos que enfrenta la democracia en Colombia en medio del contexto preelectoral, especialmente por la persistencia de la violencia armada y la exclusión social que, según advirtió, siguen afectando al país.“Nos preocupa la presencia de grupos armados no estatales desde hace mucho tiempo. Hemos advertido el esfuerzo del Acuerdo de Paz de 2016; hemos instado también, en una recomendación, a que se retome el diálogo con otros grupos armados no estatales. Es decir, es una observación que tenemos desde hace mucho tiempo”.“La coyuntura electoral debe trascenderse con paz, con diálogo, con serenidad, con las condiciones que alejen la violencia electoral, pero la perspectiva de que no haya violencia es una condición que la Comisión ha advertido en todos los mecanismos desplegados con Colombia”, añadió.En cuanto al futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Caballero sostuvo que debe ser fortalecida.“Tiene que tener recursos suficientes, tiene que poder desplegar con mayor claridad su trabajo. Yo creo que ha hecho esfuerzos muy importantes; nos hemos reunido para conocer las primeras sentencias, estamos en un diálogo muy franco con la Jurisdicción Especial para la Paz y pienso que tiene que tener mucha mayor fortaleza para cumplir con su mandato”.Frente a los señalamientos de algunos sectores sobre posibles afectaciones a la libertad de expresión durante el gobierno de Gustavo Petro, el presidente de la CIDH indicó que la principal preocupación del organismo es que se garantice la libertad de expresión.“Lo que a la Comisión le preocupa es que se garantice la libertad de expresión, que se proteja la labor de los periodistas, que no se les estigmatice. La Comisión ha reconocido desde muchos años, desde épocas muy incipientes, que el periodismo es una labor fundamental para el ejercicio de la libertad de expresión, que es una piedra angular de la democracia; entonces, yo creo que los periodistas merecen respeto y merecen cumplir con su trabajo”.Sobre el asesinato de líderes sociales, que en el último año superó los 180 casos, el presidente de la CIDH fue enfático: “Tienen que proteger a los defensores y a las defensoras, tienen que proteger a los liderazgos sociales. Nosotros se lo hemos expresado mucho al Estado colombiano; es una obligación que tienen que atender con mayor prestancia”.Además, señaló que “estamos también con medidas de protección, medidas cautelares para defensores y líderes sociales. Esto es una cuestión que a la Comisión le preocupa mucho y yo creo que el Estado tiene que estar al frente con esa protección”.