El pronunciamiento de la JEP se da luego de la denuncia presentada por los familiares del dirigente social Pedro Julio Movilla Galarcio, junto con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), quienes alertaron sobre una excavación ilegal realizada el 3 de febrero de 2025 en las instalaciones de la Escuela de Logística del Ejército, antigua sede de la Brigada XX en Bogotá.Según indicaron, el punto intervenido había sido identificado como un posible sitio donde podrían encontrarse restos de Movilla.En ese mismo sentido, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó a la JEP que encontró rastros de sangre humana en uno de los elementos materiales recuperados, el cual se encuentra protegido por una medida cautelar adoptada en septiembre de 2024, a solicitud de víctimas del conflicto armado.Según explicó la Jurisdicción, el rastro biológico fue identificado en un elemento recuperado en la zona que la propia JEP reportó como vulnerada en febrero de 2025, cuando detectó una excavación no autorizada en áreas de interés forense que estaban bajo protección judicial.Tras conocer esa intervención, la JEP interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, solicitó la apertura de investigaciones disciplinarias e inició un incidente de desacato.“Como resultado de esta última decisión, la JEP sancionó al director de la Escuela de Logística, teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo Escobar, con tres días de arresto y una multa de diez salarios mínimos legales vigentes, al hallarlo responsable de permitir una intervención no autorizada en el predio protegido, ubicado en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá. La sanción de multa fue confirmada por la Sección de Apelación el 8 de octubre de 2025”, aseguran en el comunicado.La Jurisdicción aseguró que la información sobre el hallazgo fue comunicada directamente a la familia de Pedro Julio Movilla y a las organizaciones solicitantes de la medida cautelar.
Aunque grupos armados ilegales han manifestado que no interferirán en el proceso democrático, en terreno persisten situaciones que afectan el ejercicio político.El presidente de Indepaz, Camilo González, señaló que estructuras como el ELN, el Clan del Golfo y algunas disidencias de las Farc han firmado declaraciones en las mesas de conversación con el Gobierno Nacional en las que se comprometen a no intervenir en las elecciones. Sin embargo, advirtió que posteriormente se presentan hechos que alteran la actividad política.“Se presentan situaciones que luego ellos mismos explican como situaciones inmanejables, errores por el control de territorios, porque tienen la pretensión de ser los dueños y los que dan permiso o no. Entonces eso, por supuesto, tiene repercusiones muy negativas para el ejercicio de la política”, aseguró González.Según el directivo, estas justificaciones generan restricciones para candidatos, líderes sociales y comunidades, afectando el desarrollo democrático.El presidente de Indepaz señaló que actualmente hay al menos 81 municipios con alertas graves frente a la perspectiva electoral. No obstante, afirmó que esto no significa necesariamente que en todos ellos se vaya a impedir la instalación de puestos de votación o que se produzcan sabotajes directos, pero sí refleja un contexto delicado para el normal desarrollo de las campañas.Además, subrayó que en cerca de 300 municipios se registran alteraciones y riesgos asociados a prácticas tradicionales como la compra y el rastreo de votos.“En cerca de 300 municipios, las alteraciones y los peligros para las elecciones tienen que ver con las tradicionales formas de corrupción, como la compraventa y el rastreo de votos, además del manejo del clientelismo. Pero la parte de la violencia directa, que ya hemos visto en disparos y atentados, incluso en Bogotá, sigue presente en diferentes regiones”, agregó.Aunque los grupos en negociación han reiterado su voluntad de no interferir en el proceso electoral, la situación en terreno evidencia que persisten dinámicas de presión armada y control territorial que podrían impactar el ejercicio democrático.
Desde hace tres días se intensificaron los hostigamientos en El Carmen, Norte de Santander. Los enfrentamientos armados en pleno casco urbano no solo han dejado un policía muerto y ataques contra la fuerza pública, sino que mantienen a los menores fuera de las aulas y expuestos al fuego cruzado.Según Luis Fernando Niño, consejero de Paz de Norte de Santander, entre 300 y 350 estudiantes permanecen sin asistir a clases debido a los combates y a la presencia de hombres armados en el casco urbano.“Ayer, cuando se dio el primer ataque, inició a las seis y cuarto de la mañana aproximadamente, que es la hora de ingreso de los estudiantes al colegio. Hoy fue igual, en las horas de la mañana. La persona que nos ha dado información desde la institución educativa habla de aproximadamente entre 300 y 350 menores que no han podido ir a clases”, aseguró Niño.La suspensión de las clases también implica que los estudiantes no tengan acceso al Plan de Alimentación Escolar.“A esto hay que sumarle no solo las clases, sino el tema del Plan de Alimentación Escolar, que es parte de este suplemento importante para que los niños puedan realizar sus labores diarias. Todo esto, obviamente, se ve afectado en medio del fuego cruzado que se está dando, reitero, en el casco urbano, con población civil en medio, violando así el derecho internacional humanitario”, agregó el consejero de Paz.Sin embargo, la principal preocupación es el riesgo que enfrentan los menores ante la posibilidad de quedar en medio del fuego cruzado o ser víctimas de reclutamiento forzado.“Ahorita, con los enfrentamientos, se ha deteriorado mucho más esto, pero en otras zonas del Catatumbo también, por el miedo al reclutamiento forzado, los padres de familia no envían a sus hijos porque pueden pisar un campo minado, pueden quedar en medio del fuego cruzado o también pueden ser reclutados”, añadió.Las autoridades reiteraron que, mientras persistan los hostigamientos en El Carmen, más de 300 menores seguirán sin poder regresar a clases, en medio de una escalada violenta que aumenta el riesgo de reclutamiento forzado en el Catatumbo.
La Sección de Apelación de la JEP ratificó la competencia de esa jurisdicción para investigar el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, asesinado el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá, cuando salía de dictar clases en la Universidad Sergio Arboleda.La familia del líder conservador había solicitado a la JEP revocar esa competencia y enviar el caso a la Fiscalía; sin embargo, la jurisdicción consideró que existen elementos suficientes para mantener la investigación en su órbita.“La JEP tiene competencia material para adelantar la investigación por el presente caso. Aunado a ello, y reconociendo el interés legítimo que asiste a las víctimas en reclamar que se haga justicia por los hechos, la SA identifica que le corresponde al Estado encauzar de manera objetiva la totalidad de las acciones que resulten conducentes para garantizar el cumplimiento efectivo de su obligación de investigar y sancionar a los responsables”, señala la resolución de la Sección de Apelación.La jurisdicción precisó que, aunque mantiene la competencia, la justicia ordinaria puede avanzar en otras hipótesis, ya que la JEP se concentrará en la relacionada con la presunta responsabilidad de la extinta guerrilla de las Farc.“La Sección de Apelación insiste en que debe tenerse presente que la competencia que asume la JEP para investigar los homicidios de Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir solamente cobija la hipótesis relacionada con la presunta responsabilidad de exmiembros de las Farc-EP y, en consecuencia, no configura ningún tipo de interferencia con los avances que puedan seguir obteniéndose en la JPO por parte de las instituciones que se encuentran indagando la responsabilidad de otros agentes estatales y no estatales que no estarían sujetos a la competencia del órgano judicial transicional, por lo menos hasta la fecha. En ese sentido, como ya lo indicó la Sala de Reconocimiento, la Fiscalía y la Comisión de Investigación y Acusación podrán continuar con su función constitucional, en tanto siguen ostentando la titularidad de la acción penal de las investigaciones ya reseñadas y que no son objeto de estudio por la JEP”, agregaron los magistrados.La familia de Álvaro Gómez ha reiterado que no cree en la versión de la extinta guerrilla de las Farc, según la cual esa organización es responsable del magnicidio. Sus familiares sostienen que habría una responsabilidad de Estado e incluso han señalado por su presunta responsabilidad al expresidente Ernesto Samper.En la resolución también se indica: “Aunque no existe un nivel de certeza determinante, tampoco es descartable la responsabilidad de las Farc-EP y, en esa medida, se entiende que esta hipótesis podrá encontrar una evolución mientras avanza la investigación y el esclarecimiento de los patrones de violencia y hasta que se logre determinar de manera contundente la existencia, o no, de la responsabilidad penal que ha sido formulada por los comparecientes. Lo anterior, bajo la debida garantía de que en cada etapa del proceso las víctimas y demás intervinientes tendrán las oportunidades correspondientes para presentar, de acuerdo con las reglas procesales aplicables, las objeciones que estimen pertinentes”.La Sección recordó además que la jurisdicción tiene competencia prevalente para investigar hechos relacionados con el conflicto armado. En ese sentido, explicó que miembros del antiguo Secretariado de las Farc-EP afirmaron que el asesinato obedeció a una retaliación por las posturas políticas de Gómez Hurtado en la época del surgimiento de esa guerrilla, cuando los calificó como “repúblicas independientes”.
El líder opositor ruso Alexei Navalni murió envenenado con una toxina letal, presente en ranas venenosas dardas de América del Sur, informaron en un comunicado conjunto el Reino Unido, Suecia, Francia, Alemania y Países Bajos.Estos países subrayaron que sus respectivos gobiernos llegaron a esta conclusión a partir de muestras tomadas de Navalni, que han confirmado de forma concluyente la presencia de esta sustancia denominada epibatidina.Rusia siempre afirmó que Navalni murió por causas naturales en prisión en febrero de 2024, sin embargo, dada la toxicidad de la epibatidina y los síntomas reportados, es muy probable que el envenenamiento fuera la causa de su muerte, añade la nota conjunta.Se estima que ese veneno es 200 veces más potente que la morfina, según afirmaron hoy medios británicos.El comunicado conjunto resalta que el líder opositor ruso perdió la vida a los 47 años mientras estaba en una prisión de Siberia, lo que significa que Rusia tenía los medios, el motivo y la oportunidad de administrarle este veneno.El reiterado desprecio de Rusia por el derecho internacional y la Convención sobre Armas Químicas es evidente, añaden.En agosto de 2020, el Reino Unido, Suecia, Francia, Alemania, los Países Bajos y sus aliados condenaron el uso de novichok por parte de Rusia para envenenar a Navalni, después de que esa sustancia fuera utilizada por Rusia en la localidad inglesa de Salisbury, en 2018, para intentar asesinar al exespía ruso Sergei Skripal.En ambos casos, solo el Estado ruso contó con los medios, el motivo y el desprecio por el derecho internacional para llevar a cabo esos ataques, puntualiza la nota conjunta.Estos últimos hallazgos subrayan una vez más la necesidad de exigir responsabilidades a Rusia por sus reiteradas violaciones de la Convención sobre Armas Químicas y, en este caso, de la Convención sobre Armas Biológicas."Nuestros Representantes Permanentes ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas han escrito hoy al director general para informarle de esta violación por parte de Rusia de la Convención sobre Armas Químicas. Nos preocupa además que Rusia no haya destruido todas sus armas químicas", indican.El Reino Unido, Suecia, Francia, Alemania y Países Bajos afirman que utilizarán "todos los instrumentos políticos" a su alcance para seguir exigiendo responsabilidades a Rusia.Los medios británicos señalan que no está claro cómo se administró supuestamente el veneno a Navalni.La viuda del disidente ruso, Yulia Navalnaya, compareció hoy en una rueda de prensa paralela a la Conferencia de Seguridad que se celebra en Múnich para anunciar el hallazgo.En esa rueda de prensa, la ministra británica de Exteriores, Yvette Cooper, dijo que desde la muerte de Navalni, el Reino Unido ha investigado "con férrea determinación" la verdad sobre su muerte."Solo el Gobierno ruso tuvo los medios, el motivo y la oportunidad de usar esta toxina letal contra Alexei Navalni durante su encarcelamiento en Rusia. Hoy, junto a su viuda, el Reino Unido arroja luz sobre el bárbaro complot del Kremlin para silenciar su voz", agregó Cooper.
Sigue la expectativa en Medellín por conocer el futuro judicial del exdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Juan David Palacio y dos exsubdirectoras de la misma entidad, quienes están siendo procesados por presunta corrupción en contratos con el Cuerpo de Bomberos del municipio de Itagüí.Y es que una vez más la audiencia de medida de aseguramiento se extendió y continuará este 16 de febrero, tras haber escuchado los argumentos de cada una de las defensas de los imputados.En la más reciente sesión tuvieron la palabra los abogados de la exsubdirectoras Ambientales de la entidad, Diana María Montoya y Ana María Roldán, quienes según la Fiscalía serían responsables de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación de más de cuatro mil millones de pesos en los seis contratos en cuestión que superaron los 17.000 millones de pesos.La argumentación de los apoderados se basó en las razones que debería tener en cuenta el juez de control de garantías para evitar imponer alguna medida de aseguramiento, incluso privativa de la libertad, contra las exfuncionarias.Por ejemplo, Luis Carlos Villegas, abogado de Ana María Roldán, cuestionó la falta de precisión en la imputación por parte de la Fiscalía sobre el aprovechamiento que su defendida habría tenido y sacado de esos contratos."En esta audiencia, su señoría, la Fiscalía General de la Nación no identificó un beneficio patrimonial o un enriquecimiento o una ventaja funcional o un incentivo económico que pudieran hacer que la señora Ana María Roldán se interesase en la adjudicación de los contratos a bomberos Itagüí", aseguró el abogado.Al igual que la defensa de Montoya, el abogado reiteró que buscan atribuirse delitos no por actos cometidos por parte de las investigadas, sino por presunciones a partir del cargo que ocupaban en la autoridad ambiental. También solicitó al juzgado que no fueran tenidas en cuenta para la decisión material probatorio presentado por partes diferentes a la Fiscalía General."Se edifica sobre cargo, contexto, estructura, modalidad contractual, asociaciones narrativas, pero no sobre actos concretos individualizados atribuibles a la doctora Ana María porque no se identificó interés personal, no se demostró dominio del hecho, no se acreditó beneficio", explicó Villegas.Tras escuchar a las defensas de los procesados, se espera que en la reanudación de la diligencia de este 16 de febrero intervengan sobre esos argumentos tanto la Fiscalía como la Procuraduría para que finalmente el despacho se pronuncie de fondo en el caso y defina si existe o no cabida para imponer alguna medida de aseguramiento a estos exfuncionarios que hicieron parte de la administración de Daniel Quintero.
Con presencia especial de la Superintendencia de Transporte están en estos momentos la Terminal Metropolitana de Barranquilla, el Aeropuerto Ernesto Cortissoz, peajes y sus vías principales dado el inicio de los carnavales, en los que se espera una movilización de más de 37.000 viajeros.Serán 12 regionales de esta entidad distribuidos estratégicamente en los principales nodos de movilidad, donde además habrá atención para facilitar los despachos de al menos 3.300 vehículos vía terrestre.El Superintendente de Transporte, Alfredo Enrique Piñeres Olave, señaló que, “en temporadas altas y coyunturas especiales, en las que se presenta un alto flujo de viajeros hacia una región específica, intensificamos nuestra presencia en las infraestructuras de transporte para acompañar a los empresarios y proteger los derechos de los usuarios y usuarias. Desde el precarnaval hemos concentrado esfuerzos para que nuestros regionales atiendan los requerimientos que se presenten en el Atlántico”.“Asimismo, se adelantarán operativos en articulación con las autoridades de tránsito, mediante la revisión de los vehículos que prestan el servicio público de transporte desde la Terminal Metropolitana de Transporte Terrestre, vehículos que transitan por las vías y peajes de la región”, agregan desde un comunicado en Supertransporte.Dice la Supertransporte que el año anterior se logró impactar a más de 500 viajeros y atender las necesidades de cientos de usuarios en el aeropuerto, donde usualmente se presentan quejas por demoras, reembolsos, cancelación de vuelos, entre otros motivos.“En cuanto al transporte terrestre se encuentran, daño a equipaje, incumplimiento de los itinerarios, atención al usuario, reembolsos, y la negación a prestar el servicio. En transporte de carga se destacan las quejas por afectaciones en entregas de encomiendas y mercancías”, reportó la autoridades acerca de los reclamos usuales de pasajeros.Así también, la Policía ubicó unidades bilingües en sitios turísticos, zonas hoteleras, el Gran Malecón y demás puntos de interés para garantizar una experiencia carnavalera segura y positiva en los visitantes.El brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, señaló: “Nuestra prioridad es proteger la vida, acompañar a propios y turistas y prevenir cualquier situación que afecte la tranquilidad durante estas festividades”.Asimismo, agregó: “Invitamos a todos los barranquilleros y visitantes a vivir el Carnaval con responsabilidad, respetar las normas de convivencia y reportar cualquier situación sospechosa. La seguridad es una tarea de todos, y la información ciudadana es fundamental para actuar de manera oportuna”.
La sexta jornada del fútbol colombiano entregó acción, goles y cambios importantes en la clasificación general del Apertura 2026. Hubo goleadas, victorias y movimientos en el grupo de los aspirantes al grupo de los 8.En Medellín, Atlético Nacional dio un golpe de autoridad al golear 4-1 a Fortaleza CEIF, con una actuación destacada en ataque, lo que le permitió escalar posiciones y entrar de lleno en la pelea por los primeros puestos.Otro protagonista de la jornada fue Boyacá Chicó FC, que no tuvo piedad y venció 5-0 a Jaguares de Córdoba, sumando un resultado contundente que le da aire en la parte baja de la tabla.En Manizales, Once Caldas consiguió un triunfo clave 2-1 ante Junior FC, manteniéndose firme en la parte alta del campeonato.Millonarios FC volvió a sonreír con un 1-0 sobre Águilas Doradas, resultado que le permite salir de números negativos y acercarse a puestos de clasificación.Por su parte, Internacional de Bogotá superó 3-2 a Deportivo Cali en un duelo de ida y vuelta, consolidándose como uno de los animadores del torneo.La jornada se cerró con el clásico rojo: América de Cali ganó 1-0 a Independiente Santa Fe por la mínima en el Pascual Guerrero, resultado que le dio aire en la lucha por meterse entre los ocho.El único partido pendiente fue Deportivo Pereira vs. Alianza FC Valledupar, que quedó aplazado y aún no altera la clasificación.Tabla de posiciones - Tras la Fecha 61. Internacional de Bogotá — 13 pts 2. Deportivo Pasto — 13 pts 3. Atlético Bucaramanga — 10 pts4. América de Cali — 10 pts5. Once Caldas — 10 pts6. Atlético Nacional — 9 pts7. Deportes Tolima — 9 pts8. Junior FC — 9 pts9. Llaneros — 9 pts10. Águilas Doradas — 8 pts11. Deportivo Cali — 7 pts12. Independiente Santa Fe — 7 pts13. Fortaleza CEIF — 7 pts14. Jaguares de Córdoba — 7 pts15. Independiente Medellín — 5 pts16. Millonarios FC — 5 pts17. Boyacá Chicó — 4 pts18. Deportivo Pereira — 2 pts19. Cúcuta Deportivo — 2 pts20. Alianza FC Valledupar — 2 ptsPrevio de la Fecha 7Con la tabla tan ajustada, la Fecha 7 asoma clave para definir aspiraciones en la pelea por entrar al grupo de los 8.Partidos que llaman la atención:Deportivo Pasto vs Internacional de Bogotá: duelo entre los líderes que puede mover la cima de la clasificación.Deportivo Cali vs Atlético Nacional: un duelo con mucho en juego para escalar posiciones.Millonarios FC vs Llaneros FC: oportunidad para los albiazules de sumar y acercarse al grupo de los 8.Junior FC vs América de Cali: duelo directo entre dos históricos que buscan consolidarse en el grupo de los ocho y no ceder terreno en la parte alta de la tabla.Otros compromisos prometen emociones y lucha en cada rincón de la tabla, ya que la competencia está muy cerrada y cada resultado puede cambiar las aspiraciones de los equipos en los primeros puestos.
Bogotá puso en marcha una nueva estrategia para proteger a los recién nacidos frente al virus sincitial respiratorio (VSR), una de las principales causas de infecciones respiratorias graves en los primeros meses de vida. La Secretaría Distrital de Salud confirmó la llegada de 3.800 dosis del anticuerpo monoclonal nirsevimab, que permitirá una protección inmediata en población priorizada.Con esta adquisición, financiada con recursos propios, la capital se convierte en la primera ciudad del mundo en implementar de forma autónoma una estrategia híbrida contra el VSR, combinando vacunación materna y anticuerpos monoclonales en bebés con condiciones especiales.El secretario de Salud, Gerson Bermont, destacó que la iniciativa busca reducir hospitalizaciones y complicaciones respiratorias en la primera infancia. “Con la llegada del nirsevimab, Bogotá da un paso clave en la protección temprana de la primera infancia y reafirma su compromiso con estrategias innovadoras que salvan vidas”, afirmó a través de su cuenta de X.Las dosis serán distribuidas a través de las subredes de salud y la EPS Compensar hacia las instituciones que atienden partos y cuentan con servicios de vacunación, para garantizar su aplicación oportuna y segura. A diferencia de las vacunas tradicionales, el nirsevimab ya contiene anticuerpos formados, lo que permite protección inmediata en los recién nacidos.La estrategia está dirigida a bebés nacidos entre las semanas 33 y 35 de gestación que no califican para otros biológicos; recién nacidos desde la semana 36 cuyas madres no fueron vacunadas, y casos especiales como hijos de madres con inmunosupresión o con condiciones médicas complejas. También se priorizará a recién nacidos con enfermedades respiratorias crónicas, cardiopatías congénitas, síndrome de Down con cardiopatía compleja, entre otros riesgos.El alcalde Carlos Fernando Galán resaltó que la medida busca disminuir la mortalidad infantil y el impacto del VSR en la ciudad.“Desde noviembre del año pasado a hoy hemos vacunado a 13.000 madres gestantes. Esto permite que produzcan anticuerpos que, además, protegen a los bebés durante el embarazo. Bueno, hoy llegaron a Bogotá 3.800 dosis de anticuerpo monoclonal. Lo compramos con fondos propios y a través del fondo rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud. Este anticuerpo permite que se le dé una dosis al niño directamente y lo protege inmediatamente. Esta segunda fase de esta estrategia híbrida permite proteger a los niños que no alcanzaron a ser cubiertos, en cierta forma, por la protección que genera la vacuna a sus madres en el proceso gestante y está enfocada en los niños más vulnerables y con mayores riesgos”, aseguró a través de X.La Secretaría Distrital de Salud indicó que la aplicación se hará bajo lineamientos técnicos estrictos y que la información completa sobre la estrategia de inmunización está disponible en su portal oficial.
Miroslav Jenca, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, explicó que uno de los mayores desafíos se concentra en regiones como el Catatumbo, donde el desplazamiento forzado y el confinamiento continúan afectando a miles de personas. Según señaló, en el marco de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) y las Curules de Paz, cerca de 100.000 personas no pueden ejercer su derecho al voto debido a que se ven obligadas a desplazarse constantemente de un lugar a otro como consecuencia de la violencia.“Hay alrededor de 100.000 personas que prácticamente no pueden votar porque se desplazan de un lugar al otro”, aseguró.El jefe de la misión relató que durante sus recientes visitas a esta región, incluida la zona rural del municipio de Tibú y sectores como Versalles, pudo constatar la complejidad de la situación humanitaria y de seguridad. “Hablé con la gente en Versalles, y allá la situación de veras es muy, muy compleja, muy difícil”, afirmó.En ese contexto, Jenca insistió en que garantizar el derecho al voto es esencial para la democracia colombiana. “Yo pienso que es muy importante asegurar, garantizar el derecho al voto a todos los votantes y todas las votantes aquí en Colombia”, reiteró, haciendo énfasis en la necesidad de adoptar medidas para las regiones más afectadas por el conflicto.El jefe de la misión también se refirió a las responsabilidades frente al desarrollo de la campaña electoral. Señaló que el gobierno colombiano tiene un papel central en la protección del proceso democrático, al ser el único con el uso legítimo de la fuerza. En ese sentido, recalcó que el Gobierno debe garantizar un entorno seguro para todos los precandidatos y precandidatas, de manera que puedan hacer campaña sin amenazas ni restricciones indebidas.No obstante, Jenca aseguró que los propios precandidatos también deben contribuir activamente a la construcción de elecciones libres y en paz, respetando las reglas del juego democrático y promoviendo un ambiente de tolerancia y no violencia durante la contienda electoral.“Claro que los precandidatos también tienen responsabilidad de contribuir a las elecciones libres y en paz”, añadió.Finalmente, expresó el interés de la comunidad internacional en que todos los actores políticos respalden y firmen compromisos públicos "por que aquí hablamos de la democracia en Colombia".
El informe 'Compromiso con un proceso electoral libre y en paz en Colombia', elaborado por la Defensoría del Pueblo, analiza el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2025, donde se evidencia que el ambiente electoral se desarrolla en un contexto de alta tensión política.Al mismo tiempo, señalan que la figura presidencial ha ocupado un lugar central en las narrativas de las precandidaturas, desplazando el énfasis en propuestas hacia la confrontación política.Uno de los hallazgos más preocupantes es la persistente subrepresentación de las mujeres en la contienda presidencial. “De las 99 precandidaturas activas identificadas al 15 de diciembre, solo 12 corresponden a mujeres (12,12 %), frente a 87 hombres (87,8 %). Esta brecha muestra una subrepresentación persistente que repercute en la visibilidad de las mujeres en la discusión electoral y limita su capacidad para posicionar agendas propias”.Durante la fase temprana de definición de precandidaturas, las redes sociales y plataformas digitales se consolidaron como el principal escenario de visibilidad política, ante la ausencia de campañas formales y el acceso desigual a medios tradicionales.Para la Defensoría “esta centralidad también amplifica riesgos asociados a la desinformación, la polarización discursiva y el uso de lenguaje violento, factores que inciden de manera directa en la calidad del debate democrático”.La Defensoría señala que el ambiente electoral estuvo marcado por hechos de alto impacto, como el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay; los procesos de definición de candidaturas mediante consultas; la escogencia de Paloma Valencia como candidata presidencial del Centro Democrático; y el anuncio de consultas interpartidistas para el 8 de marzo.“El aumento de las fricciones en las relaciones entre el gobierno colombiano y el de Estados Unidos, lo que ha causado un distanciamiento entre las administraciones. Hoy las relaciones entre ambos países ocupan un lugar más importante dentro del debate electoral actual, que el que han tenido en otros periodos similares”, señala.En materia de violencia política, la Misión de Observación Electoral reportó que durante 2025 se registraron 415 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales. Aunque esta cifra representa una disminución frente al año preelectoral de 2021, la violencia continúa afectando de manera desproporcionada a los liderazgos políticos.El informe advierte que, si bien existe una condena abierta y generalizada a los ataques físicos, no se observa el mismo nivel de rechazo frente al uso de expresiones violentas, estigmatizantes o narrativas difundidas por terceros en redes sociales que pueden derivar en incitaciones a la violencia.Los resultados del informe muestran niveles altos de cumplimiento en la defensa de la primacía de la vida, el reconocimiento de la juventud y el respeto por las instituciones. Sin embargo, revelan niveles bajos en aspectos clave como la promoción del lenguaje constructivo y la eliminación de la estigmatización, así como en la garantía de difusión de información veraz.En particular, el punto relacionado con la información veraz presenta el nivel más bajo de cumplimiento y alineación, evidenciando la ausencia de protocolos o lineamientos para la verificación de contenidos, especialmente entre las precandidaturas que no suscribieron el Compromiso.Según la Defensoría, esto “revela la persistencia de patrones comunicativos que priorizan la confrontación violenta, las emociones y la deslegitimación del adversario por encima de la argumentación y la deliberación sustantiva. Que se ataque más a las personas que a los argumentos es un desafío profundo para la calidad de la democracia dentro y fuera de los entornos digitales”.Aunque durante el periodo analizado no se identificaron hechos documentados de violencias de género facilitadas por la tecnología, la Defensoría advierte que “no se puede ignorar que este tipo de violencias encuentran un nicho habilitante en entornos digitales donde se dan este tipo de confrontaciones en el periodo preelectoral”.La entidad alerta de que la violencia de género facilitada por la tecnología afecta de manera particular a mujeres, personas jóvenes y grupos minoritarios, y cuando se combina con la violencia contra las mujeres en política, configura un escenario especialmente preocupante para candidatas, militantes y liderazgos femeninos.Finalmente, la Defensoría subraya que la libertad de expresión es un pilar esencial del debate democrático, pero advierte que no puede convertirse en un escudo para la desinformación ni para el uso de lenguaje que promueva violencia.
La Jurisdicción Especial para la Paz imputó a 15 exintegrantes del Bloque Oriental y 7 del Bloque Sur, estructuras en las que se concentraron los secuestros más complejos, prolongados y violentos del conflicto armado.En el caso del Bloque Oriental, la estructura fundacional y más grande de la antigua guerrilla, la JEP los halló responsables por secuestros cometidos en Arauca, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés y Vichada, así como en algunas zonas de Boyacá, Caquetá y Santander.Para el Bloque Sur, las conductas investigadas ocurrieron principalmente en Huila, Caquetá, Putumayo, Nariño, Amazonas y en sectores de Cauca y Meta.Los imputados del Bloque Oriental son: Wilmar Antonio Marín, quien fue conocido como ‘Hugo o Hugo 22’; Bernardo Mosquera, quien fue conocido como ‘Negro Antonio’; Nelson Quintero, quien fue conocido como ‘Arcesio Angarilla’; Marco Fidel Suárez, quien fue conocido como ‘Arsenio Mejía o Kokoriko’; Holmes Puentes, quien fue conocido como ‘Ricaurte Páez’; Marcos Patiño, quien fue conocido como ‘Efrén o Patequeso’; Germán Gómez, quien fue conocido como ‘Lucas 40’, ‘Lucas Urueta’ o ‘El Médico’; José Ricaurte Valencia, quien fue conocido como ‘Jerónimo Gutiérrez’ o ‘Caresanto’; Luis Garzón, quien fue conocido como ‘Severiano’; Elmer Caviedes, quien fue conocido como ‘Albeiro Córdoba’; Rodolfo Restrepo, quien fue conocido como ‘Víctor Tirado’; Bertulfo Caicedo, quien fue conocido como ‘Alberto Pitufo’; Julián Saavedra, quien fue conocido como ‘William Sánchez’ o ‘Plinio’; Olivo Guantiva, quien fue conocido como ‘Robledo’; y Gerardo Aguilar, quien fue conocido como ‘César’.Por su parte, los imputados del Bloque Sur son: Fabián Ramírez; Floresmiro Burbano (Martín Corena); Darío Lee Díaz (Robledo); Luis Montes (Euclides Bermúdez); Ángel García (Hernán Benítez); Ezequiel Hueguía (Rolando Romero); y William Tovar (Franklin Smith Caicedo). Según la JEP, este bloque tuvo un papel central en secuestros con fines de canje, especialmente contra figuras políticas, entre ellas Ingrid Betancourt, entonces candidata presidencial, y Clara Rojas, su fórmula vicepresidencial y jefa de campaña.La investigación estableció que, debido a su mayor capacidad operativa y control territorial, el Bloque Oriental recibió durante años a víctimas de secuestro provenientes del Bloque Sur, particularmente aquellas retenidas para intercambio por guerrilleros presos. Estas personas permanecieron durante largos periodos en campamentos selváticos, en condiciones extremas de cautiverio.La Sala de Reconocimiento llamó a estos comparecientes a reconocer responsabilidad por crímenes de guerra de toma de rehenes, así como por otros delitos cometidos durante el cautiverio, entre ellos homicidio, tortura, tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.Además, les atribuyó crímenes de lesa humanidad por graves privaciones de la libertad y conductas asociadas, como desaparición forzada, asesinato, esclavitud y otros actos inhumanos, los cuales, por su gravedad, no pueden ser objeto de amnistía ni perdón judicial.La investigación concluyó que los excombatientes imputados tenían control efectivo sobre su tropa y capacidad de imponer disciplina, por lo que son responsables tanto por haber impartido órdenes directas que derivaron en secuestros y asesinatos, como por no impedir los abusos cometidos contra las víctimas durante el cautiverio.Algunos de ellos, además, participaron de manera directa en crímenes graves y comandaron campamentos donde las personas permanecieron privadas de la libertad durante años.De acuerdo con la JEP, el Bloque Oriental fue responsable del 34 % de los secuestros atribuidos a las Farc-EP en todo el país, mientras que el Bloque Sur concentró el 8 %. Sin embargo, el 18 % de las víctimas acreditadas ante la JEP señalan al Bloque Sur como responsable. Entre las 4.439 víctimas acreditadas, 1.239 atribuyen su secuestro al Bloque Oriental y 771 al Bloque Sur.La JEP documentó que ambos bloques actuaron bajo tres patrones criminales: secuestros para financiar la organización, para forzar intercambios por guerrilleros presos y para ejercer control social y territorial. En este último patrón se registraron trabajos forzados, castigos colectivos y asesinatos de personas que intentaron escapar del cautiverio.Con estas imputaciones, la Sala de Reconocimiento de Verdad cerró la investigación del Caso 01 y dejó delimitada la lista de responsables por el secuestro en las Farc-EP. El proceso entra ahora en la etapa de reconocimiento de responsabilidad, en la que los imputados deberán aceptar o rechazar los cargos en un plazo de 30 días.De haber reconocimiento, se avanzará hacia sanciones propias de carácter restaurativo; de lo contrario, los casos podrán ser remitidos al Tribunal para la Paz o a la Unidad de Investigación y Acusación, donde podrían derivar en juicios con penas de hasta 20 años de cárcel.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reiteró su llamado al Gobierno nacional para que se sume con recursos económicos a la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera, en Medellín.El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que, hasta ahora, el proceso de excavación ha sido sostenido principalmente con recursos de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, lo que ha permitido garantizar la continuidad de las labores en el corto plazo. No obstante, advirtió que la magnitud del trabajo que aún falta por realizar hace indispensable un respaldo económico directo del Gobierno nacional.“Es enorme lo que hay que mover de escombros y demás, pues sí es fundamental que el Gobierno nacional, digamos, de manera directa apoye económicamente para que esa búsqueda sea posible y no solamente la Alcaldía de Medellín, que es algo que yo he venido insistiendo hace mucho tiempo”, aseguró Ramelli.Desde el Tribunal para la Paz, el magistrado Gustavo Salazar Velázquez, de la Sección de Reconocimiento, explicó que el proceso en La Escombrera corresponde a una excavación continuada que demanda una alta cantidad de recursos. Según detalló, actualmente existe una bolsa conjunta de financiación integrada por aportes de la JEP, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.De acuerdo con el magistrado, la Jurisdicción Especial para la Paz aporta los equipos forenses y la mano de obra, mientras que la Alcaldía de Medellín ha asumido el cubrimiento del bienestar de las víctimas y el suministro de la maquinaria amarilla necesaria para las excavaciones.“En este momento estamos recontratando la maquinaria amarilla por parte de la Alcaldía de Medellín, la maquinaria retoma la semana entrante y estamos garantizando recursos hasta mediados, finales del mes de agosto y sabiendo de la alta exigencia de recursos, vinculamos al Gobierno nacional para que incorpore recursos para el proceso de excavación”, afirma el magistrado.En ese marco, explicó que ya se han iniciado conversaciones con distintas entidades para definir los mecanismos de aporte. Entre ellas, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y el Ministerio de las Artes, este último involucrado en el proceso de memorialización de La Escombrera, que se adelanta desde el año pasado y que cuenta con una fase avanzada.
El abogado jurídico del Clan del Golfo aseguró que la suspensión temporal de los diálogos con el Gobierno nacional se produjo luego de las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que calificó como “supremamente graves” y como un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa.Según Ricardo Giraldo, abogado contratado por el EGC para el proceso de paz total, las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desconocieron un punto central del proceso: “El respeto por la identidad de las partes”.En ese sentido, recordó que existe una resolución del 5 de septiembre de 2025 mediante la cual el presidente de la República reconoce la autodenominación del grupo como Ejército Gaitanista de Colombia y no como Clan del Golfo.“Si están unos diálogos, unas conversaciones, unas negociaciones, como lo quieran llamar, para salir del conflicto, yo creo que lo más importante es el respeto a la identidad de las partes, como una primera medida. Entonces, eso fue lo primero que se incumplió”, afirmó el abogado.Giraldo cuestionó además que el grupo fuera señalado como un “cartel” y como el dueño del narcotráfico en Colombia.“Lo señala como el cartel del clan del golfo, como si ellos fuesen los dueños del narcotráfico en Colombia. Y en la mesa ha quedado demostrado que eso no es así, mis representados controlan el mercado, eso no lo puede negar nadie, pero de que sean los dueños, no”, añadió Giraldo.Finalmente, el abogado explicó que la decisión de suspender los diálogos fue adoptada de manera temporal e indefinida, sin establecer plazos para su reanudación, y que el levantamiento de la suspensión dependerá de la respuesta que entregue el Gobierno nacional frente a las declaraciones cuestionadas.Desde el Gobierno, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, asegura que las órdenes de captura contra los principales líderes del Clan del Golfo se encuentran suspendidas, en el marco del espacio de conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno nacional con ese grupo armado ilegal.“Desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”, aseguran desde el comisionado en un comunicado.
En las últimas horas la Fiscalía hizo pública una denuncia, según la cual, tras recolectar información de tres fuentes, habría un plan del ELN para atentar contra el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa. Esta acción habría sido planificada en Venezuela el pasado mes de julio."Tales fuentes indican que personas cercanas a alias 'El Rolo' presentan reportes sospechosos de transacciones que sobrepasan los 3.000 millones de pesos, en flujos de dinero que guardan similitud con el atentado contra la Escuela de Policía General Santander, en enero de 2019", agregó la Fiscalía en un comunicado.En las últimas horas el ELN negó que existiera dicho plan y aseguraron que era un “sabotaje” al proceso de paz con el Gobierno.“No es casual que el 3 de agosto, día de la instalación de la participación de la sociedad en el proceso de paz y del cese al fuego, la Fiscalía haya lanzado la noticia sobre el hijo del presidente”, señaló la delegación de diálogos del ELN.Por otro lado, los delegados de la guerrilla del ELN pidieron una reunión extraordinaria del mecanismo de monitoreo y verificación para evaluar las denuncias.“El ELN ha solicitado para el día de hoy una reunión extraordinaria del mecanismo de monitoreo y verificación para examinar la situación creada por las falsas acusaciones del fiscal, que generan grandes dificultades en el desarrollo y confianza del proceso”, señaló la delegación.El pasado 3 de agosto empezó a operar el mecanismo de monitoreo y verificación del cese al fuego bilateral entre Gobierno y ELN.¿Quién es alias 'Rolo', presunto cabecilla detrás del plan contra el fiscal?Alias 'Rolo' completa más de 26 años en ese grupo ilegal donde ha obtenido reconocimiento y respaldo del comando central por su participación en atentados y uso de explosivos.De acuerdo con el historial delictivo, este hombre coordinó varios atentados en Cúcuta y en otras zonas de frontera, así como la activación de un explosivo en Puerto Rellena, Cali, que dejó 13 integrantes del Esmad y un civil heridos en octubre de 2022.Le puede interesar
En las últimas horas la justicia norteamericana condenó por narcotráfico a 45 años de prisión a Dairo Antonio Úsuga, alias 'Otoniel', exjefe del Clan del Golfo capturado en el Urabá y posteriormente extraditado a Estados Unidos.Justo antes de que se conociera su sentencia, alias 'Otoniel' le envió una carta al presidente Gustavo Petro y al canciller Álvaro Leyva, asegurando que está dispuesto a colaborar con la justicia en Colombia.“Sigo con la firme intención de colaborar con la justicia de mi país para que la sociedad colombiana sepa la verdad del conflicto armado, para de alguna forma reparar a las víctimas del país”, señaló Úsuga desde la cárcel en Nueva York.En el mismo sentido, aseguró que colaborará con la Corte Suprema de Justicia y la JEP cuando lo requieran para esclarecer hechos relacionados al conflicto armado.“Para que por medio de la verdad pueda redimir y buscar el perdón por mi accionar y de esta forma brille la justicia y se pueda demostrar que el conflicto colombiano va más allá de lo que la sociedad y el mundo saben de él”, señaló el exjefe del Clan del Golfo.Alias 'Otoniel' además de ser el máximo cabecilla del Clan del Golfo también hizo parte del Bloque Centauros de las Autodefensas y de la guerrilla del EPL.Le puede interesar
En las últimas horas, el comandante de las Fuerzas Militares, FFMM, general Helder Giraldo, aseguró que tenía un reporte sobre seis presuntas infracciones al cese al fuego bilateral cometidas por el ELN."Se han presentado hostigamientos a la fuerza pública, homicidios y confinamientos en Arauca, Cauca y Nariño", señaló Giraldo.Razón por la cual el ELN, a través de un comunicado, respondió al comandante asegurando que se deben respetar los mecanismos y canales de comunicación acordados en la mesa de diálogos, especialmente cuando se trata de temas sensibles.“Si no se respeta lo acordado en temas tan sensibles como la comunicación se pone en riesgo la confianza de las partes y de las comunidades en el proceso y se generan alarmas injustificadas”, explicaron desde la delegación del ELN.Asimismo, explicaron, desde el ELN, que el mecanismo de monitoreo y verificación al cese al fuego bilateral está diseñado para detectar incidentes, por lo que las partes no deben hacer este tipo de pronunciamientos.“El cese al fuego no se monitorea en los medios de comunicación y generar alarmas con titulares es poco prudente en este arranque del cese al fuego”, aseguró Bernardo Téllez, delegado de diálogos del ELN.Comenzó el cese al fuego bilateral entre ELN y GobiernoEste viernes, 4 de agosto, se instaló oficialmente el mecanismo de monitoreo y verificación del cese al fuego bilateral, nacional y temporal pactado entre el Gobierno nacional y la guerrilla del ELN durante el tercer ciclo de diálogos, en La Habana, Cuba.El mecanismo lo componen la ONU, la Iglesia, delegados de la guerrilla y el Gobierno que se encargarán de verificar los presuntos incumplimientos a lo pactado, pues por seis meses no se podrán presentar acciones ofensivas entre fuerza pública y el grupo armado.también en Bogotá, se hizo un evento para formalizar el inicio del cese al fuego bilateral, con la asistencia de más de 3.000 personas entre empresarios, políticos, militares, policías, comunidades y ministros, e incluso estuvo el presidente Gustavo Petro.Le puede interesar
Crece la preocupación para la Defensoría del Pueblo por el crecimiento de la violencia en algunas regiones del país, como es el caso de Norte de Santander, específicamente en el municipio de Playa de Belén, pues su alcalde, Ider Álvarez García, García, abandonó el territorio en las últimas horas junto a su familia y se fue del país por amenazas."Es lamentable que ante las reiteradas amenazas por parte de grupos armados ilegales que delinquen en la zona, el alcalde haya renunciado a su cargo y salido del país”, aseguró el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.Y es que a través de un comunicado, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, hizo un llamado a las autoridades aseguran que "hay la imperiosa necesidad de proteger y garantizar la labor que cumplen los funcionarios públicos y brindar las condiciones de seguridad para las elecciones locales que se aproximan", más con este tipo de hechos de violencia.Además, la Defensoría del Pueblo alertó que este no es el único caso de que un alcalde abandona su municipio al no poder ejercer sus funciones en los territorios debido a la presencia y amenazas de los distintos grupos, en departamentos como Chocó, Caquetá y Norte de Santander."Además del alcalde de Playa de Belén, han tenido que salir de sus territorios por amenazas contra su vida e integridad los alcaldes de Tibú, en Norte de Santander; Bagadó, Sipí, Lloró y San José del Palmar en Chocó y el de Cartagena del Chairá en Caquetá", señaló la Defensoría.Asimismo, la Defensoría del Pueblo le pidió a las autoridades tomar medidas para proteger a todos los mandatarios que han recibido amenazas o están en riesgo, teniendo en cuenta las elecciones regionales que se aproximan en el mes de octubre.“Debemos poner la lupa sobre estos hechos, pues estamos en un momento definitivo en el que tenemos que impedir que actores armados ilegales tomen el control y sigan amenazando a los mandatarios locales, por el contrario de deben dar todas las medidas para que ejerzan su labor sin ningún temor", puntualizó.Le puede interesar
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
El informe RED-clutamiento 2.0 de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP documenta que al menos 1.749 menores de edad fueron reclutados en Colombia entre 2017 y 2026. Uno de los principales hallazgos es el uso sistemático de redes sociales para atraer a niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales.“Desde 2021, el reclutamiento de niños y niñas es el tipo de victimización a la población civil que más rápido crece en Colombia (por encima de masacres, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y confinamiento). Esto coincide con el uso sistemático de las redes sociales”, asegura el informe.De acuerdo con el documento, el 44 % de los casos registrados en 2025 estuvieron asociados directamente al reclutamiento a través de plataformas digitales.Las cifras muestran, además, un crecimiento sostenido: mientras en 2022 se registraron 151 casos de reclutamiento, en 2023 la cifra subió a 255; en 2024 alcanzó los 362 y en 2025 llegó a 386 casos. En apenas cuatro años, el incremento supera el 150 %, convirtiéndose en una de las violencias con mayor crecimiento en el país.De acuerdo con la UIA, el uso de TikTok y Facebook ha facilitado que los casos de reclutamiento se dupliquen mensualmente en algunos territorios. Antes de la expansión del reclutamiento digital, estos hechos se concentraban en 97 municipios; hoy se registran en 248 municipios, lo que representa un aumento del 156 %.“Las redes sociales han propiciado que se presenten casos de reclutamiento en lugares donde jamás habíamos registrado hechos (inclusive en la época más álgida del conflicto armado con las Farc-EP)”, subraya el informe.Según el documento, los reclutadores digitales reproducen estereotipos de género binarios para hacer más atractiva la oferta y generar identificación entre niños y adolescentes. En algunos casos, convocan a menores a supuestos torneos de fútbol, asegurando que asistirán cazatalentos extranjeros que los llevarán a equipos profesionales fuera del país.El escrito señala que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, son el grupo armado que más niños recluta a través de redes sociales. Esta estructura concentra 116 cuentas activas en Facebook y TikTok, con publicaciones que alcanzan en promedio más de 20.000 visualizaciones y, en algunos casos, millones de reproducciones.Su principal zona de operación está en el suroccidente del país, especialmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, departamentos donde opera el 67 % de las cuentas identificadas.En total, el informe identificó 186 cuentas en redes sociales vinculadas a actividades de reclutamiento, con un promedio de 6.700 seguidores por cuenta.La UIA alerta que, si no se adoptan medidas urgentes de prevención y control, entre 2026 y 2030 podrían registrarse más de 2.300 nuevos casos de reclutamiento, lo que equivaldría a que un menor sea vinculado a un grupo armado cada 12 horas.
Mientras Colombia cerró 2025 como el año con la mayor crisis humanitaria de las últimas dos décadas, los territorios más golpeados por el conflicto armado continúan registrando avances en la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Así lo señala el V Informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad, presentado este jueves 30 de enero en Bogotá.De acuerdo con el Comité, 2025 dejó la cifra más alta de desplazamientos forzados en los últimos 18 años y más de un millón de personas confinadas por la acción de grupos armados, lo que triplicó los registros del año anterior.Para la presidenta del Comité, Julia Eva Cogollo, esta situación se explica por el traslape entre los territorios priorizados por los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y las zonas donde se ha incrementado la presencia de actores armados.Según explicó, este contexto ha llevado al Gobierno a focalizar la implementación de políticas públicas en las regiones más afectadas como una forma de mitigar el impacto humanitario. Sin embargo, el Comité advierte que la persistencia de la violencia sigue siendo un obstáculo para que las comunidades puedan ejercer plenamente sus derechos.Entre los principales avances, el informe destaca la reducción del Índice de Pobreza Multidimensional en las zonas PDET, que pasó de 39,8 % en 2018 a 23,7 % en 2023, aunque en 2024 se ubicó en 24,4 %. También resalta el fortalecimiento de iniciativas de acceso a tierras y proyectos productivos liderados por mujeres. Regiones como Montes de María, la Costa Pacífica, el norte del Cauca y el sur de Bolívar concentran avances relevantes, aunque, según el Comité, estas mismas zonas enfrentan altos niveles de riesgo por la violencia armada.De cara al escenario electoral y a la llegada de nuevos gobiernos, el Comité considera que la política PDET se encuentra blindada tras su ampliación hasta 2034. No obstante, advierte riesgos si en la actualización de los planes de acción no se incorporan las 220 recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Frente a la continuidad de la transformación rural, la presidenta del Comité envió un mensaje directo a los próximos gobiernos y a los candidatos. “El primer mensaje que queremos enviar es a los candidatos. Uno, que saquen la violencia de la política, por favor. Y el segundo que le queremos incluir es que incluyan las recomendaciones en sus programas de gobierno y posteriormente en el plan de desarrollo”, afirmó.Finalmente, Cogollo advirtió que el mayor riesgo para la no repetición en Colombia sigue siendo la combinación entre la violencia armada y la crisis humanitaria. “El mayor riesgo que tenemos es la presencia alta de actores armados y la crisis humanitaria. Y el desbalance que hay realmente en la presencia de actores armados versus implementación de políticas públicas que no garantizan el gozo efectivo de los derechos”, concluyó.
En diálogo con Blu Radio, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José Luis Caballero, expresó su preocupación por los riesgos que enfrenta la democracia en Colombia en medio del contexto preelectoral, especialmente por la persistencia de la violencia armada y la exclusión social que, según advirtió, siguen afectando al país.“Nos preocupa la presencia de grupos armados no estatales desde hace mucho tiempo. Hemos advertido el esfuerzo del Acuerdo de Paz de 2016; hemos instado también, en una recomendación, a que se retome el diálogo con otros grupos armados no estatales. Es decir, es una observación que tenemos desde hace mucho tiempo”.“La coyuntura electoral debe trascenderse con paz, con diálogo, con serenidad, con las condiciones que alejen la violencia electoral, pero la perspectiva de que no haya violencia es una condición que la Comisión ha advertido en todos los mecanismos desplegados con Colombia”, añadió.En cuanto al futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Caballero sostuvo que debe ser fortalecida.“Tiene que tener recursos suficientes, tiene que poder desplegar con mayor claridad su trabajo. Yo creo que ha hecho esfuerzos muy importantes; nos hemos reunido para conocer las primeras sentencias, estamos en un diálogo muy franco con la Jurisdicción Especial para la Paz y pienso que tiene que tener mucha mayor fortaleza para cumplir con su mandato”.Frente a los señalamientos de algunos sectores sobre posibles afectaciones a la libertad de expresión durante el gobierno de Gustavo Petro, el presidente de la CIDH indicó que la principal preocupación del organismo es que se garantice la libertad de expresión.“Lo que a la Comisión le preocupa es que se garantice la libertad de expresión, que se proteja la labor de los periodistas, que no se les estigmatice. La Comisión ha reconocido desde muchos años, desde épocas muy incipientes, que el periodismo es una labor fundamental para el ejercicio de la libertad de expresión, que es una piedra angular de la democracia; entonces, yo creo que los periodistas merecen respeto y merecen cumplir con su trabajo”.Sobre el asesinato de líderes sociales, que en el último año superó los 180 casos, el presidente de la CIDH fue enfático: “Tienen que proteger a los defensores y a las defensoras, tienen que proteger a los liderazgos sociales. Nosotros se lo hemos expresado mucho al Estado colombiano; es una obligación que tienen que atender con mayor prestancia”.Además, señaló que “estamos también con medidas de protección, medidas cautelares para defensores y líderes sociales. Esto es una cuestión que a la Comisión le preocupa mucho y yo creo que el Estado tiene que estar al frente con esa protección”.