La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reiteró su llamado al Gobierno nacional para que se sume con recursos económicos a la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera, en Medellín.El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que, hasta ahora, el proceso de excavación ha sido sostenido principalmente con recursos de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, lo que ha permitido garantizar la continuidad de las labores en el corto plazo. No obstante, advirtió que la magnitud del trabajo que aún falta por realizar hace indispensable un respaldo económico directo del Gobierno nacional.“Es enorme lo que hay que mover de escombros y demás, pues sí es fundamental que el Gobierno nacional, digamos, de manera directa apoye económicamente para que esa búsqueda sea posible y no solamente la Alcaldía de Medellín, que es algo que yo he venido insistiendo hace mucho tiempo”, aseguró Ramelli.Desde el Tribunal para la Paz, el magistrado Gustavo Salazar Velázquez, de la Sección de Reconocimiento, explicó que el proceso en La Escombrera corresponde a una excavación continuada que demanda una alta cantidad de recursos. Según detalló, actualmente existe una bolsa conjunta de financiación integrada por aportes de la JEP, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.De acuerdo con el magistrado, la Jurisdicción Especial para la Paz aporta los equipos forenses y la mano de obra, mientras que la Alcaldía de Medellín ha asumido el cubrimiento del bienestar de las víctimas y el suministro de la maquinaria amarilla necesaria para las excavaciones.“En este momento estamos recontratando la maquinaria amarilla por parte de la Alcaldía de Medellín, la maquinaria retoma la semana entrante y estamos garantizando recursos hasta mediados, finales del mes de agosto y sabiendo de la alta exigencia de recursos, vinculamos al Gobierno nacional para que incorpore recursos para el proceso de excavación”, afirma el magistrado.En ese marco, explicó que ya se han iniciado conversaciones con distintas entidades para definir los mecanismos de aporte. Entre ellas, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y el Ministerio de las Artes, este último involucrado en el proceso de memorialización de La Escombrera, que se adelanta desde el año pasado y que cuenta con una fase avanzada.
El abogado jurídico del Clan del Golfo aseguró que la suspensión temporal de los diálogos con el Gobierno nacional se produjo luego de las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que calificó como “supremamente graves” y como un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa.Según Ricardo Giraldo, abogado contratado por el EGC para el proceso de paz total, las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desconocieron un punto central del proceso: “El respeto por la identidad de las partes”.En ese sentido, recordó que existe una resolución del 5 de septiembre de 2025 mediante la cual el presidente de la República reconoce la autodenominación del grupo como Ejército Gaitanista de Colombia y no como Clan del Golfo.“Si están unos diálogos, unas conversaciones, unas negociaciones, como lo quieran llamar, para salir del conflicto, yo creo que lo más importante es el respeto a la identidad de las partes, como una primera medida. Entonces, eso fue lo primero que se incumplió”, afirmó el abogado.Giraldo cuestionó además que el grupo fuera señalado como un “cartel” y como el dueño del narcotráfico en Colombia.“Lo señala como el cartel del clan del golfo, como si ellos fuesen los dueños del narcotráfico en Colombia. Y en la mesa ha quedado demostrado que eso no es así, mis representados controlan el mercado, eso no lo puede negar nadie, pero de que sean los dueños, no”, añadió Giraldo.Finalmente, el abogado explicó que la decisión de suspender los diálogos fue adoptada de manera temporal e indefinida, sin establecer plazos para su reanudación, y que el levantamiento de la suspensión dependerá de la respuesta que entregue el Gobierno nacional frente a las declaraciones cuestionadas.Desde el Gobierno, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, asegura que las órdenes de captura contra los principales líderes del Clan del Golfo se encuentran suspendidas, en el marco del espacio de conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno nacional con ese grupo armado ilegal.“Desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”, aseguran desde el comisionado en un comunicado.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) advirtió sobre la llegada de un nuevo frente frío al mar Caribe colombiano, un fenómeno que impactará con fuerza durante este fin de semana y que podría generar afectaciones graves por lluvias, vientos intensos y fuerte oleaje en amplias zonas del país.De acuerdo con las autoridades, las condiciones climáticas adversas se presentarán entre el 6 y el 9 de febrero, con especial impacto en la región Caribe, aunque también se esperan efectos en la región Andina, el Pacífico y sectores de la Amazonía.Las zonas más afectadas por el fenómeno climáticoEl Ideam señaló que el incremento de las precipitaciones será generalizado, pero advirtió mayor riesgo en departamentos como: CórdobaSucreBolívarAtlánticoMagdalenaCesarLa GuajiraTambién se mantienen alertas en el golfo de Urabá y en áreas específicas de Antioquia y Norte de Santander.En la región Andina, las lluvias podrían intensificarse en el Eje Cafetero, Tolima, Huila y algunos sectores del Valle del Cauca, mientras que en el Pacífico se esperan acumulados importantes en Cauca y Nariño. Incluso algunas áreas de la Amazonía podrían verse afectadas por el aumento de las lluvias.¿Cuáles son los riesgos del nuevo frente frío?Según el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD), estas condiciones incrementan de forma considerable la probabilidad de deslizamientos de tierra, crecientes súbitas e inundaciones, especialmente en zonas ribereñas y en áreas de alta pendiente.Las autoridades advirtieron que estos eventos podrían ocasionar daños a viviendas, vías, infraestructura pública y medios de vida, por lo que se activaron los protocolos de prevención y respuesta en los territorios con mayor exposición al riesgo.La Dirección General Marítima (Dimar) alertó que el tránsito del frente frío provocará alteraciones significativas en las condiciones del mar Caribe. Entre el 6 y el 8 de febrero se esperan vientos de entre 17 y 20 nudos y olas de hasta 3,1 metros en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.En las costas continentales de Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena y La Guajira, el oleaje podría alcanzar alturas de entre 1,5 y 2 metros, lo que aumenta el riesgo para actividades marítimas y costeras. Además, se prevé la posible aparición de un fenómeno de mar de leva entre el 7 y el 9 de febrero.¿Qué recomendaciones dan las autoridades?Ante este panorama, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) solicitó a los Consejos Departamentales y Municipales de Gestión del Riesgo mantener activos sus planes de contingencia, realizar monitoreo constante de ríos y quebradas, revisar el estado de las vías y fortalecer las acciones preventivas con las comunidades más vulnerables.También se pidió especial atención a la protección de animales y a la preparación de los servicios públicos y obras civiles, en cumplimiento de la normativa vigente sobre gestión del riesgo.El Ideam recordó que el comportamiento de los ríos y las lluvias puede cambiar con rapidez, por lo que recomendó a la ciudadanía mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales y acatar las recomendaciones de las autoridades locales.
Una tragedia sacudió al mundo de la música luego de que una joven artista de 26 años perdiera la vida tras ser atacada por una serpiente mientras dormía en su vivienda. El inesperado hecho ocurrió durante la madrugada y, aunque la cantante logró buscar ayuda médica, no fue posible salvarle la vida, lo que ha generado consternación entre seguidores y colegas del medio artístico.La víctima fue identificada como Ifunanya Nwangene, exconcursante de ‘La Voz Nigeria’, quien falleció en Abuya, capital del país africano. La noticia fue confirmada por Sam Ezugwu, amigo cercano y director musical del Coro Amemuso, agrupación en la que la joven se desempeñaba como soprano. De acuerdo con BBC Africa, la cantante despertó tras sentir la mordedura del reptil y acudió a una clínica cercana, pero el centro médico no contaba con el antídoto necesario para atenderla, por lo que fue trasladada a un hospital. Pese a los esfuerzos del personal de salud, murió poco después. Una de sus compañeras del coro aseguró que, posteriormente, se encontraron dos serpientes dentro de la vivienda.Ifunanya Nwangene alcanzó reconocimiento nacional en 2021 al participar en la tercera temporada de ‘La Voz Nigeria’, donde logró que dos entrenadores giraran sus sillas durante su audición. Finalmente, eligió al equipo de la cantante Waje, cuyo nombre real es Aituaje Aina Vivian Ebele Iruobe, y avanzó hasta la fase de batallas. Su estilo musical, caracterizado por la fusión de jazz, ópera, música clásica y soul, la convirtió en una de las voces más prometedoras del concurso.Además de su trabajo coral, la artista se encontraba preparando su primer concierto como solista para 2026. En su última publicación en redes sociales, realizada apenas cuatro días antes de su fallecimiento, había anunciado una colaboración con el músico Tbrass, quien le rindió homenaje tras conocerse la noticia.
Las autoridades antidopaje de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 (6 al 22 de febrero) anunciaron que abrirán una investigación tras conocerse denuncias sobre un supuesto método utilizado por algunos saltadores de esquí para modificar el ajuste de sus trajes de competencia y obtener ventaja deportiva.Las sospechas, difundidas inicialmente por medios alemanes, apuntan a que algunos deportistas se habrían sometido a inyecciones de ácido hialurónico en la zona de la entrepierna con el objetivo de aumentar el volumen corporal y, de ese modo, alterar la amplitud del traje reglamentario. Según esa teoría, una mayor superficie permitiría mejorar la aerodinámica durante el salto, prolongar el tiempo en el aire y alcanzar distancias más largas.El presidente de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), Witold Banka, aseguró que el tema será analizado con atención. “Si existe información relevante, se investigará para determinar si está relacionada con prácticas de dopaje”, afirmó durante una conferencia de prensa.En la misma línea se pronunció el director general de la AMA, Olivier Niggli, quien señaló que, aunque no es especialista en saltos de esquí, cualquier método que busque mejorar el rendimiento de manera artificial será examinado a fondo para establecer si viola las normas antidopaje vigentes.En enero, el diario alemán Bild citó al médico Kamran Karim, del hospital Maria Hilf de Krefeld, quien explicó que es posible lograr un aumento temporal y visible del pene mediante inyecciones de parafina o ácido hialurónico, aunque advirtió que se trata de procedimientos con riesgos para la salud.Los trajes utilizados en el salto de esquí están estrictamente regulados y cualquier alteración puede derivar en sanciones. De hecho, en enero pasado, la Federación Internacional de Esquí (FIS) suspendió por 18 meses a tres miembros del cuerpo técnico del equipo noruego tras comprobar manipulaciones en los trajes durante el Mundial de esquí nórdico de 2025, disputado en Trondheim.El caso salió a la luz luego de que los saltadores noruegos Marius Lindvik, actual campeón olímpico en el trampolín grande, y Johann Andre Forfang fueran descalificados tras un control de su indumentaria. Posteriormente, ambos recibieron una suspensión de tres meses, aunque la Federación Noruega reconoció que la manipulación fue deliberada, pero atribuida al cuerpo técnico y no a los deportistas.
El precandidato presidencial Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín, confirmó que participará en la consulta de la izquierda del próximo 8 de marzo, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) le notificara oficialmente su habilitación. “Me revivieron después de todas las injusticias que se cometieron contra mí los últimos cuatro meses”, afirmó Quintero en entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu.La decisión del CNE llega tras semanas de controversia por la restricción impuesta a Iván Cepeda para participar en la misma contienda. Quintero, sin embargo, evita presentar el asunto como una disputa personal y apela a la reconciliación interna dentro del progresismo. “No reconozco enemigos ni en Iván Cepeda ni en Roy Barreras. Yo voy a hacer una campaña mirando hacia adelante”, aseguró.La disputa electoral en la izquierda y el efecto PetroLa habilitación de Quintero reconfigura el panorama de la consulta del Frente por la Vida, proceso que definirá el principal nombre de la coalición de izquierda para la primera vuelta presidencial. Cepeda, quien había sido considerado el candidato de confianza del presidente Gustavo Petro, quedó temporalmente fuera del proceso por decisión del tribunal electoral.Quintero celebró su propio fallo, pero insistió en que las reglas deben aplicarse con igualdad: “Se podía a los dos darnos la razón, pero lo que era un hecho era que era imposible no dármela a mí”. Aunque reconoce que el presidente Petro “está metidísimo en la política, haciendo campaña y organizando manifestaciones políticas a favor de Iván Cepeda”, el exalcalde recalca que no ve la política como una lucha de egos sino de proyectos. “Esto no es de personas, es de ideas. Yo quiero que cada niño tenga un computador, que Colombia sea potencia industrial y tecnológica”, dijo.“El pacto histórico se volvió petrismo puro y duro”Durante la conversación, Quintero abordó las tensiones ideológicas dentro del progresismo, marcadas por el discurso de unidad lanzado por Petro desde Washington y las críticas cruzadas entre figuras como Roy Barreras y sectores del Pacto Histórico. “Yo he luchado mucho para que el pacto sea amplio, porque los bolcheviques, los marxistas-leninistas, son minoría. Los liberales, los independientes, somos la mayoría”, expresó.El exmandatario local, quien gobernó Medellín entre 2020 y 2023, insistió en su visión de una izquierda pragmática y abierta. “Hay que luchar por la unidad. Yo no reconozco rivales en mis compañeros, y por eso no me van a ver atacando a nadie”, enfatizó. A su juicio, el reto es recomponer un espacio político que “no se pelee entre Camilo, Roy, Iván o yo, sino que piense en lo que necesita el país”.“Vamos a cambiar el mapa político colombiano”Daniel Quintero confía en que la consulta de marzo, que él considera “la más importante de todas”, redefinirá el tablero político del país. “En octubre eran tres millones de personas; ahora serán más de veinte millones los que decidirán. Esto va a cambiar el mapa político colombiano”, señaló, al tiempo que destacó su intención de competir con propuestas centradas en tecnología, educación y seguridad ciudadana.El exalcalde recordó logros de su gestión en Medellín, como la reducción de homicidios y desempleo, y planteó su proyecto presidencial como una continuidad de esa agenda: “Yo logré bajar los homicidios a la mitad y reducir el desempleo también. Lo hicimos con eficiencia y resultados, y eso es lo que quiero para Colombia”.Un empresario en pausa: de la robótica al tarjetónAntes de su rehabilitación electoral, Quintero había dedicado su tiempo a emprendimientos tecnológicos. “Yo soy empresario toda la vida. Tengo una empresa de tecnología y ahora estoy impulsando NeuroTorque, que busca construir el primer robot humanoide colombiano”, explicó. Su experiencia empresarial, afirmó, le refuerza la visión de desarrollo que quiere aplicar al Estado: “Si puedo hacerlo desde el sector privado, también puedo hacerlo desde la presidencia”.Sobre la propuesta del “reset político”Interrogado por su propuesta anterior de “resetear la política”, Quintero aclaró que no busca cerrarle espacios a nadie: “Nunca he pedido que cierren medios de comunicación. Lo que sí creo es que Colombia necesita nuevas reglas institucionales que le den tranquilidad al empresario y al ciudadano”. Planteó además una Asamblea Constituyente “no de izquierda ni de derecha, sino de acuerdo nacional”, para rediseñar las normas del país “en el marco de la cuarta revolución industrial”.Hacia la consulta del 8 de marzoDe cara a la contienda, Quintero asegura que se enfocará en propuestas y no en polémicas. “Yo cumplo las reglas. Quien gane, contará conmigo en el propósito de unidad”, afirmó. Frente a Roy Barreras, su principal rival, dijo sin titubeos: “Lo que saque él, yo quiero sacarle un voto más. Ganarle”.A partir de ahora, su reto será reactivar una campaña que “estaba apagada”, pero que él considera resucitada. “Me llamaron y me dijeron: acaba de ser rehabilitado. Esa es la señal de que seguimos vivos políticamente”, concluyó.
La situación se torna cada minuto más frustrante para los habitantes de Córdoba, donde las lluvias volvieron este viernes en la madrugada, por cuenta de un frente frío que seguirá afectando a los departamentos de Atlántico, Bolívar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre. Los colegios siguen con las clases suspendidas, pues los planteles educativos están siendo empleados como albergue desde el pasado lunes, donde la intraquilidad de la gente convive con los pocos enceres y ropa que lograron llevarse de sus casas antes de que el agua se lo llevara todo. Las aguas de los ríos Sinú y San Jorge se desbordaron para ocupar lo que era tierra seca, algo que parece que se extenderá por varias semanas, especialmente por los pronósticos que advierten que las precipitaciones serán intensas hasta el próximo domingo. A pesar de que el jueves en la tarde varias personas celebraron el retroceso del río, los niveles nuevamente aumentaron de nuevo con las llegadas de las nuevas precipitaciones. La frustración toca también a los mandatarios, a quienes no les alcanzan ni las manos ni los recursos para evacuar a la población ribereña hacia las zonas altas, mientras ven cómo su comunidad lo pierde todo. Según los cálculos de la Unidad de Gestión del Riesgo, ya son 27 mil las familias damnificadas que se contabilizan solo en este departamento. El panorama es tan desolador, que el alcalde Jesús David Contreras, del municipio Tierralta, terminó siendo consolado por varios campesinos al romperse en llanto mientras veía los daños que dejan las inundaciones."Esto es lo más duro y desafortunado que he vivido en mi vida", dijo el alcalde antes de que se le quebrara la voz y rompiera en llanto. "Tranquilo mi hermano que tu lloras por el trabajo, pero nosotros lloramos por lo que hemos perdido. Lo más importante es que no se han perdido vidas. Estamos vivos", le dijo un campesino mientras le colocaba la mano en el hombro. El alcalde dejó correr sus lágrimas y luego de dio palabras de ánimo a la comunidad, indicándole que juntos saldrían adelante de la crisis.
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
El informe RED-clutamiento 2.0 de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP documenta que al menos 1.749 menores de edad fueron reclutados en Colombia entre 2017 y 2026. Uno de los principales hallazgos es el uso sistemático de redes sociales para atraer a niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales.“Desde 2021, el reclutamiento de niños y niñas es el tipo de victimización a la población civil que más rápido crece en Colombia (por encima de masacres, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y confinamiento). Esto coincide con el uso sistemático de las redes sociales”, asegura el informe.De acuerdo con el documento, el 44 % de los casos registrados en 2025 estuvieron asociados directamente al reclutamiento a través de plataformas digitales.Las cifras muestran, además, un crecimiento sostenido: mientras en 2022 se registraron 151 casos de reclutamiento, en 2023 la cifra subió a 255; en 2024 alcanzó los 362 y en 2025 llegó a 386 casos. En apenas cuatro años, el incremento supera el 150 %, convirtiéndose en una de las violencias con mayor crecimiento en el país.De acuerdo con la UIA, el uso de TikTok y Facebook ha facilitado que los casos de reclutamiento se dupliquen mensualmente en algunos territorios. Antes de la expansión del reclutamiento digital, estos hechos se concentraban en 97 municipios; hoy se registran en 248 municipios, lo que representa un aumento del 156 %.“Las redes sociales han propiciado que se presenten casos de reclutamiento en lugares donde jamás habíamos registrado hechos (inclusive en la época más álgida del conflicto armado con las Farc-EP)”, subraya el informe.Según el documento, los reclutadores digitales reproducen estereotipos de género binarios para hacer más atractiva la oferta y generar identificación entre niños y adolescentes. En algunos casos, convocan a menores a supuestos torneos de fútbol, asegurando que asistirán cazatalentos extranjeros que los llevarán a equipos profesionales fuera del país.El escrito señala que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, son el grupo armado que más niños recluta a través de redes sociales. Esta estructura concentra 116 cuentas activas en Facebook y TikTok, con publicaciones que alcanzan en promedio más de 20.000 visualizaciones y, en algunos casos, millones de reproducciones.Su principal zona de operación está en el suroccidente del país, especialmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, departamentos donde opera el 67 % de las cuentas identificadas.En total, el informe identificó 186 cuentas en redes sociales vinculadas a actividades de reclutamiento, con un promedio de 6.700 seguidores por cuenta.La UIA alerta que, si no se adoptan medidas urgentes de prevención y control, entre 2026 y 2030 podrían registrarse más de 2.300 nuevos casos de reclutamiento, lo que equivaldría a que un menor sea vinculado a un grupo armado cada 12 horas.
Mientras Colombia cerró 2025 como el año con la mayor crisis humanitaria de las últimas dos décadas, los territorios más golpeados por el conflicto armado continúan registrando avances en la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Así lo señala el V Informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad, presentado este jueves 30 de enero en Bogotá.De acuerdo con el Comité, 2025 dejó la cifra más alta de desplazamientos forzados en los últimos 18 años y más de un millón de personas confinadas por la acción de grupos armados, lo que triplicó los registros del año anterior.Para la presidenta del Comité, Julia Eva Cogollo, esta situación se explica por el traslape entre los territorios priorizados por los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y las zonas donde se ha incrementado la presencia de actores armados.Según explicó, este contexto ha llevado al Gobierno a focalizar la implementación de políticas públicas en las regiones más afectadas como una forma de mitigar el impacto humanitario. Sin embargo, el Comité advierte que la persistencia de la violencia sigue siendo un obstáculo para que las comunidades puedan ejercer plenamente sus derechos.Entre los principales avances, el informe destaca la reducción del Índice de Pobreza Multidimensional en las zonas PDET, que pasó de 39,8 % en 2018 a 23,7 % en 2023, aunque en 2024 se ubicó en 24,4 %. También resalta el fortalecimiento de iniciativas de acceso a tierras y proyectos productivos liderados por mujeres. Regiones como Montes de María, la Costa Pacífica, el norte del Cauca y el sur de Bolívar concentran avances relevantes, aunque, según el Comité, estas mismas zonas enfrentan altos niveles de riesgo por la violencia armada.De cara al escenario electoral y a la llegada de nuevos gobiernos, el Comité considera que la política PDET se encuentra blindada tras su ampliación hasta 2034. No obstante, advierte riesgos si en la actualización de los planes de acción no se incorporan las 220 recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Frente a la continuidad de la transformación rural, la presidenta del Comité envió un mensaje directo a los próximos gobiernos y a los candidatos. “El primer mensaje que queremos enviar es a los candidatos. Uno, que saquen la violencia de la política, por favor. Y el segundo que le queremos incluir es que incluyan las recomendaciones en sus programas de gobierno y posteriormente en el plan de desarrollo”, afirmó.Finalmente, Cogollo advirtió que el mayor riesgo para la no repetición en Colombia sigue siendo la combinación entre la violencia armada y la crisis humanitaria. “El mayor riesgo que tenemos es la presencia alta de actores armados y la crisis humanitaria. Y el desbalance que hay realmente en la presencia de actores armados versus implementación de políticas públicas que no garantizan el gozo efectivo de los derechos”, concluyó.
En diálogo con Blu Radio, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José Luis Caballero, expresó su preocupación por los riesgos que enfrenta la democracia en Colombia en medio del contexto preelectoral, especialmente por la persistencia de la violencia armada y la exclusión social que, según advirtió, siguen afectando al país.“Nos preocupa la presencia de grupos armados no estatales desde hace mucho tiempo. Hemos advertido el esfuerzo del Acuerdo de Paz de 2016; hemos instado también, en una recomendación, a que se retome el diálogo con otros grupos armados no estatales. Es decir, es una observación que tenemos desde hace mucho tiempo”.“La coyuntura electoral debe trascenderse con paz, con diálogo, con serenidad, con las condiciones que alejen la violencia electoral, pero la perspectiva de que no haya violencia es una condición que la Comisión ha advertido en todos los mecanismos desplegados con Colombia”, añadió.En cuanto al futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Caballero sostuvo que debe ser fortalecida.“Tiene que tener recursos suficientes, tiene que poder desplegar con mayor claridad su trabajo. Yo creo que ha hecho esfuerzos muy importantes; nos hemos reunido para conocer las primeras sentencias, estamos en un diálogo muy franco con la Jurisdicción Especial para la Paz y pienso que tiene que tener mucha mayor fortaleza para cumplir con su mandato”.Frente a los señalamientos de algunos sectores sobre posibles afectaciones a la libertad de expresión durante el gobierno de Gustavo Petro, el presidente de la CIDH indicó que la principal preocupación del organismo es que se garantice la libertad de expresión.“Lo que a la Comisión le preocupa es que se garantice la libertad de expresión, que se proteja la labor de los periodistas, que no se les estigmatice. La Comisión ha reconocido desde muchos años, desde épocas muy incipientes, que el periodismo es una labor fundamental para el ejercicio de la libertad de expresión, que es una piedra angular de la democracia; entonces, yo creo que los periodistas merecen respeto y merecen cumplir con su trabajo”.Sobre el asesinato de líderes sociales, que en el último año superó los 180 casos, el presidente de la CIDH fue enfático: “Tienen que proteger a los defensores y a las defensoras, tienen que proteger a los liderazgos sociales. Nosotros se lo hemos expresado mucho al Estado colombiano; es una obligación que tienen que atender con mayor prestancia”.Además, señaló que “estamos también con medidas de protección, medidas cautelares para defensores y líderes sociales. Esto es una cuestión que a la Comisión le preocupa mucho y yo creo que el Estado tiene que estar al frente con esa protección”.
El coronel (r) Juan Carlos Figueroa Suárez, excomandante del Batallón La Popa, aceptó su responsabilidad ante la JEP por falsos positivos, cometidos entre 2004 y 2005 en Valledupar.La decisión se produjo luego de la imputación formulada por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), que documentó 24 hechos que dejaron al menos 38 personas asesinadas, entre ellas 11 víctimas de desaparición forzada y 9 casos de tortura.Durante la diligencia, Figueroa reconoció su responsabilidad por omisión, al admitir que no identificó ni detuvo a tiempo las acciones criminales cometidas por sus subalternos.“Acepto la responsabilidad en la omisión de no saber que mis subalternos estaban asesinando civiles, que las operaciones militares que siempre ordené a la luz de la Constitución Nacional, de las leyes de Colombia, de la doctrina militar, de la ley militar, del derecho internacional de conflictos armados”.Según la acusación de la UIA, los hechos respondieron a tres modalidades. La primera se caracterizó por asesinatos y desapariciones de personas que luego eran presentadas como supuestos resultados operacionales.La segunda modalidad correspondió a homicidios de civiles que algunos integrantes de los pelotones identificaban de manera arbitraria como “objetivos militares ilícitos”, para hacerlos pasar como miembros de grupos armados ilegales.La tercera estuvo marcada por el asesinato de combatientes que ya habían depuesto las armas o que se encontraban heridos tras enfrentamientos legítimos con tropas del batallón.En su declaración, Figueroa sostuvo que durante su mando no identificó el riesgo específico de los falsos positivos y aseguró que esto solo fue reconocido de manera general en la Fuerza Pública a partir de 2007, cuando estallaron los escándalos a nivel nacional.“Ese riesgo operacional no fue contemplado bajo mi mando porque los riesgos operacionales que para esa época se tenían eran el robo de armamento, robo de municiones, robo de equipo militar, infiltrados, penetrados, las nóminas paralelas, tráfico de información, miembros que posiblemente podían estar en concierto para delinquir con organizaciones armadas al margen de la ley”, afirmó.Con la aceptación de responsabilidad, el proceso ya no continuará por la vía del juicio adversarial. Ahora, la JEP aplicará la ruta de reconocimiento tardío, que contempla la realización de una audiencia restaurativa. Esta diligencia fue programada para el 24 de marzo a las 9:00 de la mañana, espacio en el que se abordarán las medidas de reparación y reconocimiento a las víctimas.Posteriormente, el tribunal deberá imponer una sanción alternativa, que implica entre 5 y 8 años de cárcel.
El presidente del Partido Comunes y quien fue el último comandante de las extintas Farc, Rodrigo Londoño, se pronunció sobre la situación de orden público en el Catatumbo y aseguró que la paz pasa por momentos difíciles."La política gubernamental de la paz total fue una oferta generosa y bien intencionada. Sin embargo, no hay política de paz del gobierno que pueda ser exitosa si no hay voluntad real de la contraparte por desmontar su aparato de guerra. Desafortunadamente lo que sucede en el Catatumbo es reflejo de la violencia que persiste en varias regiones del país. Los grupos armados, desprovistos de cualquier ideario político, han hecho de su codicia económica el motor de su actividad militar", señaló Londoño.Es importante recordar que al menos 102 firmantes del acuerdo han sido desplazados en el Catatumbo en los últimos días y Londoño asegura que 8 más han sido asesinados.Sin embargo, el presidente del Partido Comunes también se refirió a la decisión de la JEP en la que niegan la posibilidad de emitir una única resolución de conclusiones para los excomandantes de la extinta guerrilla.“El incumplimiento del Estado agudiza la inseguridad física y jurídica de los firmantes. Más de 450 vidas de firmantes fueron arrebatas, al menos 8 en el Catatumbo. Al tiempo la JEP anuncia que incumplirá el Acuerdo negándose a emitir una única resolución de conclusiones. En esta coyuntura, se hacen especialmente graves los rezagos del Estado colombiano en el proceso de implementación del acuerdo de paz. El informe del Representante Especial del secretario general de la ONU lo ha señalado y debe ser atendido rigurosamente por el Gobierno”, señaló Londoño.
Desde la Agencia para la Reincorporación y Normalización, ARN, entregaron un balance sobre las afectaciones para los firmantes de paz debido al conflicto en el Catatumbo.En total, en diferentes municipios de esa zona del país viven 464 personas que adelantan su proceso de reincorporación, 102 fueron desplazadas por la violencia de los últimos días y once más fueron secuestrados y en este momento están desaparecidos.“La Agencia para la Reincorporación ha gestionado un albergue humanitario para los firmantes de paz en donde se está acogiendo a los firmantes que llegan con sus familias”, dijo la directora de la ARN, Alejandra Miller.En el Catatumbo, hay un Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación, ETCR, a donde también han llegado algunas personas afectadas por la violencia.“Estamos trabajando también en una ayuda humanitaria para el ETCR de Caño Indio, en donde gracias a que se ha constituido en un albergue humanitario están apoyando a muchas veredas alrededor y tenemos ya 718 personas, más de 200 menores de 15 años deben ser atendidos de manera urgente”, agregó Miller.
La Iglesia católica se pronunció sobre la compleja situación de orden público que se vive en el Catatumbo. Más de 18.000 personas han sido desplazadas y más de 60 han sido asesinadas, principalmente por las acciones delincuenciales del ELN.Ante esta situación, la Conferencia Episcopal de Colombia pidió un cese de hostilidades entre los grupos armados de esa zona del país.“La Conferencia Episcopal de Colombia (CEC) expresa su profundo dolor y rechazo por la grave crisis humanitaria que viven las comunidades de la región del Catatumbo; llama al cese de hostilidades entre los actores armados; y renueva su compromiso con las víctimas y la construcción de paz. Además, convoca a una jornada de oración que se llevará a cabo el próximo domingo 26 de enero en todos los templos del país”, señala la Iglesia católica.La Iglesia también manifestó su voluntad para apoyar las labores humanitarias en la zona.“Las actuales confrontaciones armadas que cobran la vida de decenas de personas de nuestra población y que obligan al desplazamiento de numerosas familias y comunidades, no solo vulneran los derechos humanos fundamentales, sino que agudizan el sufrimiento de niños, mujeres y personas en estado de indefensión, desgarrando el tejido social y humano, y abriendo nuevas heridas a la nación. Como Iglesia católica estamos cerca de quienes sufren, oramos por quienes han fallecido y expresamos toda nuestra solidaridad con las víctimas de esta violencia absurda”, agregan desde la Conferencia Epíscopal.
El presidente Gustavo Petro designó a 18 exjefes paramilitares como gestores de paz. Según Petro, el proceso que adelantó con las Autodefensas el Gobierno Uribe no ha concluido, pues asegura que las víctimas no han sido reparadas.Los 18 gestores de paz enviaron una carta a Petro en la que advierten que al comisionado de Paz pareciera no importarle el proceso con los antiguos jefes del paramilitarismo.En el mismo sentido, piden instalar la mesa de diálogos para poder avanzar en la gestoría y en las funciones que ha pedido el presidente Petro, entre las que se encuentra la reparación a las víctimas.“Vamos a suscribir el acta de compromiso como gestores de paz, sobre la base del acuerdo inicial del cierre de Ralito, tal como usted mismo lo anunció de manera pública, para lo cual es condición necesaria, la instalación de la mesa; dicho esto, en nuestro compromiso se integra, además, la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, la ubicación de los bienes que ya fueron entregados y que nunca llegaron a las víctimas y el acompañamiento y facilitación de diálogos y procesos que nos lleven al entendimiento y la reconciliación de los colombianos desde lo regional, pero debemos ser claros, no hemos recibido las condiciones necesarias para concretar ese propósito”, señalaron en el documento.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) concluyó que los 11 militares que reconocieron su responsabilidad por falsos positivos ocurridos entre 2007 y 2008 en Norte de Santander, cumplen las condiciones para recibir una sanción restaurativa.Según las investigaciones de la JEP, durante este periodo en el Catatumbo, hubo al menos 120 casos de falsos positivos, además de un intento de homicidio.Sin embargo, al analizar los hechos, el tribunal decidió imputar nuevos delitos a varios de los comparecientes. En ese sentido, 8 de los 11 militares serán sentenciados por el crimen de esclavitud.“La sección determinó que al menos 29 personas fueron víctimas del crimen de esclavitud en el marco de la segunda modalidad del patrón macrocriminal, al comprobarse el ejercicio de atributos propios del derecho de propiedad sobre ellas. En particular, este crimen se cometió a partir de la colaboración de organizaciones criminales y terceros reclutadores, quienes, en articulación con integrantes de unidades militares y a cambio de una remuneración económica, conseguían civiles indefensos y los entregaban a los militares para hacerlos pasar por supuestas bajas en combate”, explicó la JEP.¿Quiénes son los imputados?Los militares imputados por este delito, en calidad de coautores, son Rubén Darío Castro Gómez, Gabriel de Jesús Rincón Amado, Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, Álvaro Diego Tamayo Hoyos, Juan Carlos Chaparro Chaparro, Sandro Mauricio Pérez Contreras y Alexander Carretero Díaz.Además, la JEP imputó el delito de esclavitud por omisión a Paulino Coronado Gámez, general (r) del Ejército y comandante de la Brigada 30 ubicada en Cúcuta para la época de los hechos. La JEP consideró que, desde su posición de mando, permitió que estas conductas ocurrieran sin adoptar medidas para impedirlas.Adicionalmente, los militares Santiago Herrera Fajardo, Daladier Rivera Jácome, Juan Carlos Chaparro Chaparro y Sandro Mauricio Pérez Contreras fueron imputados por el crimen de guerra de tortura, en relación con hechos asociados a tres víctimas.“Para adoptar esta decisión, la sección tuvo en cuenta los relatos entregados por las víctimas y sus familiares en el proceso judicial”, aseguró la JEP.El proceso continuará con la audiencia pública de verificación, en la que se confirmará si los militares cumplen con sus compromisos de verdad y reparación. Superada esta etapa, la JEP emitirá la sentencia que definirá de manera definitiva su situación jurídica.
En su pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo cuestionó el manejo que desde el Gobierno se le ha dado a la crisis del sistema de salud y pidió reconocer la magnitud de las afectaciones que hoy enfrentan millones de usuarios, especialmente los afiliados a la Nueva EPS.“Pedimos a @MinSaludCol mejorar los canales de comunicación y, especialmente, dejar de lado declaraciones indolentes que pongan en duda el deber del Gobierno de garantizar los derechos humanos en igualdad para todas las personas. La falta de empatía con la angustia de quienes están al frente de la atención y deben lidiar diariamente con el sufrimiento de las personas es inadmisible y preocupante. Deja el mensaje de que las autoridades no harán nada para resolverlo. Sin embargo, hacerlo es su deber”.La Defensoría aseguró que, ante la creciente vulneración del derecho a la salud, ha participado en lo que va del año en múltiples mesas interinstitucionales con EPS, hospitales, gestores farmacéuticos, usuarios y pacientes.Estos espacios, según explicaron, han buscado garantizar la atención de casos prioritarios y críticos, avanzar en la entrega pendiente de medicamentos y avanzar en compromisos relacionados con la estabilización de pagos y la conformación de redes de prestación de servicios suficientes y operativas.No obstante, el organismo advirtió que el panorama es crítico para los afiliados de la Nueva EPS, “entidad que enfrenta una situación financiera muy delicada”. Para la Defensoría, esta medida no solo profundiza la crisis de la EPS, sino que termina afectando directamente a hospitales, clínicas y dispensarios, que enfrentan dificultades para sostener la atención y la operación diaria.Aunque la problemática se extiende a todo el país, la Defensoría alertó de manera particular sobre la situación en Boyacá, Huila, Antioquia, Valle del Cauca, Santander, San Andrés y Providencia y Tolima, donde las afectaciones al derecho a la salud se estarían profundizando.
El mayor general (r) de la Policía Nacional, Luis Mendieta Ovalle, afirmó que el modelo de sanciones propias definido en la JEP terminó priorizando la financiación de los exintegrantes de las Farc y no a las víctimas del conflicto.“En este momento lo que está desfinanciado es el presupuesto que prácticamente el Estado y todas las entidades le iban a dar a las Farc para el pago de las sentencias propias. Aquí en ningún momento es reparación a las víctimas”, señaló.Mendieta sostuvo que, desde la firma del acuerdo de paz, las víctimas han sido relegadas en la implementación.También cuestionó los llamados trabajos, obras y actividades restaurativas. “Fuimos enfáticos en que no estábamos de acuerdo con esas sanciones propias y menos con todos los recursos que les iban a dar a los integrantes de la Farc para aplicar en los famosos TOAR, (…) que en nuestro sentido de restaurativas no tenían absolutamente nada, sino que eran presupuestos que iban a destinar para que los integrantes de la Farc en esos cuatro ejes centrales tuvieran burocracia y tuvieran contratos”, dijo.Según el general en retiro, distintas entidades del Estado han concentrado su acción en los comparecientes y no en las víctimas. “Aquí únicamente todas las entidades están teniendo en cuenta a los victimarios y las víctimas que la Farc ocasionaron no se les ha tenido en cuenta”, advirtió, al tiempo que recordó que el informe de la Contraloría confirma denuncias previas.En la misma línea, Sebastián Velázquez, representante legal de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc, explicó que el inventario inicial presentado por las Farc “por un monto de un billón de pesos no se concreta” y que, finalmente, “al fondo de reparación para las víctimas solamente llega un oro avaluado aproximadamente en 40.000 millones”.Velázquez detalló que, a partir de investigaciones y expedientes judiciales, identificaron bienes no reportados. “Encontramos un expediente por unos bienes y un testaferrato por 100.000 millones de pesos”, el cual fue solicitado para que se incorporara al Caso 01 de la JEP.Agregó que, con base en informes de inteligencia conocidos como informe Génesis, se realizó una tasación de recursos ocultos que “llegaba a 13.5 billones”.Sin embargo, aseguró que los incidentes de incumplimiento presentados no han sido estudiados de fondo: “La JEP ha sido temeraria con la representación judicial, porque, en vez de investigar, nos ha inadmitido de plano y le ha dicho a la representación judicial que sea muy consciente de qué está radicando en contra”, lo que calificó como “un constreñimiento a la representación judicial”.Finalmente, Velázquez cuestionó que el Estado haya asumido la carga principal de la reparación y advirtió que las sanciones propias hoy están desfinanciadas.“Yo no sé en qué momento eso cambió, porque la prioridad y el responsable no es el Estado (...) Yo creo que ellos no tienen ahorita ni 50.000 millones para para empezar a ejecutar esas dos sentencias”, concluyó.Las víctimas advirtieron que la situación requiere “un revolcón total” al modelo actual de reparación y una revisión del marco legal, que, según señalaron, deberá ser asumida por “un nuevo Gobierno y un nuevo Congreso”.
El delegado de la Conferencia Episcopal para las relaciones Iglesia-Estado, Monseñor Hector Fabio Henao, alertó sobre las afectaciones humanitarias que enfrentan comunidades rurales del Guaviare tras los enfrentamientos por la disputa territorial entre disidencias de alias ‘Calarcá’ y alias ‘Mordisco’ registrados en la vereda Cubay, del municipio de El Retorno, en Guaviare.Según Monseñor, la violencia ha generado un clima de temor que limita la movilidad de la población y agrava la situación de niños, niñas y adolescentes que permanecen sin acceso a la educación.“El año pasado hubo clases solamente el primer semestre. Después, las amenazas a los profesores, y en el segundo semestre no hubo clases. Claro, hubo la propuesta de suplantar esto con actividades virtuales, pero muchos niños en sus casas no tienen acceso”, afirmó el delegado.A esta problemática se suma que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) no ha podido funcionar debido a las restricciones de seguridad.Monseñor, señaló además que una parte de la población rural evita desplazarse: “Hay una franja de población que no se atreve a salir de las veredas, porque tiene temor de pasar por ciertos registros o retenes que se establezcan, y tiene que dar muchas explicaciones, pero, en general, ha quedado una zozobra muy grande”, afirmó.El representante señaló que existía una alta expectativa entre los padres de familia por el posible retorno de las clases, pero “estas circunstancias que se están viviendo en el momento presente, como dijo, dan mucha incertidumbre, no hay una definitiva todavía”.Indicó que, aunque aún no hay decisiones definitivas, es necesario que “desde el Ministerio de Educación hasta las autoridades más territoriales en el municipio del Retorno, se acerquen a la situación y miren cómo serían las alternativas”.Finalmente, Monseñor Henao hizo un llamado a enfocarse “en una población particularmente vulnerable”.
La Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana 001 de 2026 para los municipios de Belén de Umbría, Mistrató y Pueblo Rico, tras identificar un riesgo alto por “graves violaciones de los derechos fundamentales a la vida, integridad y movilidad e infracciones al derecho internacional humanitario”.Según la entidad, el deterioro de la seguridad se debe a las pretensiones de consolidación territorial de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y a la expansión del Ejército Gaitanista de Colombia, conocido como Clan del Golfo.En el caso del ELN, la alerta señala la actuación de su Frente Manuel Hernández 'El Boche' en Mistrató y Pueblo Rico, mientras que el EGC estaría incursionando en los tres municipios a través de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle.La Defensoría explica que la presencia simultánea de estos actores armados ilegales responde al interés por controlar corredores estratégicos que comunican a Risaralda con Chocó, Antioquia, Caldas y Valle del Cauca, zonas clave para el fortalecimiento de sus estructuras y para el dominio de economías ilícitas, especialmente aquellas asociadas a actividades mineras en la región.El informe advierte que esta competencia territorial podría intensificar la violencia en el corto plazo y afectar de manera particular a niñas, niños, adolescentes y jóvenes en riesgo de reclutamiento forzado; a lideresas y líderes sociales; a mujeres; autoridades locales; comunidades campesinas y pueblos étnicos, entre ellos los indígenas Embera Chami y Embera Katío. También se señala un riesgo específico para los firmantes del Acuerdo de Paz que permanecen en estos territorios.La entidad identificó afectaciones en más de 50 veredas, barrios urbanos, resguardos indígenas y consejos comunitarios de los tres municipios. En estas zonas, los grupos armados imponen normas de conducta, profieren amenazas y han provocado desplazamientos forzados y confinamientos.La Defensoría también alertó sobre el incremento de homicidios. En 2023 se registraron 15 homicidios y en 2024 otros 14 en Belén de Umbría, Mistrató y Pueblo Rico, mientras que en 2025 la cifra ascendió a 39 casos, lo que representa un incremento del 34,48 % frente al total de los dos años anteriores.Ante este panorama, la Defensoría hizo un llamado urgente para que las autoridades del orden nacional, departamental y municipal implementen los deberes de reacción rapida bajo la perspectiva de derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla emitió sentencia condenatoria contra el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez por su responsabilidad en 117 hechos delictivos cometidos contra la población indígena wayúu y otras comunidades del departamento de La Guajira.De acuerdo con la decisión judicial, los crímenes fueron ejecutados entre los años 2002 y 2006 por integrantes del autodenominado Frente Contrainsurgencia Wayúu, una estructura armada adscrita al Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que actuó siguiendo los lineamientos definidos por sus máximos cabecillas, entre ellos Mancuso. Durante ese periodo, el grupo ilegal perpetró homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, hechos de violencia basada en género y otras graves conductas ilícitas contra la población civil.La sentencia atribuyó de manera específica la incursión armada a la ranchería Manaki, ubicada en el municipio de Uribia, ocurrida el 10 de octubre de 2003. En ese hecho, varios indígenas wayúu fueron golpeados y sometidos a maltratos durante aproximadamente cuatro horas. Además, los hombres armados destruyeron y se apropiaron de bienes simbólicos de la cultura wayúu, como chinchorros, mochilas, sombreros y mantas bordadas, elementos que constituían el sustento económico y cultural de las familias afectadas.Asimismo, el tribunal estableció la responsabilidad del Frente Contrainsurgencia Wayúu en el homicidio de dos indígenas ocurrido el 17 de marzo de 2002 en la ranchería Kepischon, también en jurisdicción de Uribia. Estos hechos, junto con otros documentados en el proceso, evidenciaron un patrón de violencia sistemática contra comunidades indígenas en distintas zonas del departamento.Según lo probado en el proceso, el Frente Contrainsurgencia Wayúu fue creado en marzo de 2002 y, en sus inicios, contó con aproximadamente 150 integrantes. Esta estructura permitió a las AUC ampliar su presencia y accionar armado hacia sectores de La Guajira y la Sierra Nevada de Santa Marta, con el objetivo de consolidar el control territorial.En su decisión, la Sala de Justicia y Paz reconoció como sujetos de reparación colectiva a las comunidades indígenas wayúu asentadas en las regiones de Carraipia, Majayura y Malaki, en el municipio de Uribia, así como a la comunidad de Matitas, en Riohacha. El tribunal concluyó que estas poblaciones fueron afectadas de manera directa y reiterada por el accionar del grupo paramilitar.Por estos hechos, Salvatore Mancuso Gómez fue condenado a una pena de 40 años de prisión, al pago de una multa equivalente a 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y a la inhabilidad para ejercer cargos públicos por el mismo periodo. No obstante, en aplicación de los beneficios previstos en la Ley 975 de 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz, la sentencia contempla una pena alternativa de ocho años de prisión, condicionada al cumplimiento de las obligaciones de verdad, reparación y no repetición establecidas en el fallo.