La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reiteró su llamado al Gobierno nacional para que se sume con recursos económicos a la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera, en Medellín.El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que, hasta ahora, el proceso de excavación ha sido sostenido principalmente con recursos de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, lo que ha permitido garantizar la continuidad de las labores en el corto plazo. No obstante, advirtió que la magnitud del trabajo que aún falta por realizar hace indispensable un respaldo económico directo del Gobierno nacional.“Es enorme lo que hay que mover de escombros y demás, pues sí es fundamental que el Gobierno nacional, digamos, de manera directa apoye económicamente para que esa búsqueda sea posible y no solamente la Alcaldía de Medellín, que es algo que yo he venido insistiendo hace mucho tiempo”, aseguró Ramelli.Desde el Tribunal para la Paz, el magistrado Gustavo Salazar Velázquez, de la Sección de Reconocimiento, explicó que el proceso en La Escombrera corresponde a una excavación continuada que demanda una alta cantidad de recursos. Según detalló, actualmente existe una bolsa conjunta de financiación integrada por aportes de la JEP, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.De acuerdo con el magistrado, la Jurisdicción Especial para la Paz aporta los equipos forenses y la mano de obra, mientras que la Alcaldía de Medellín ha asumido el cubrimiento del bienestar de las víctimas y el suministro de la maquinaria amarilla necesaria para las excavaciones.“En este momento estamos recontratando la maquinaria amarilla por parte de la Alcaldía de Medellín, la maquinaria retoma la semana entrante y estamos garantizando recursos hasta mediados, finales del mes de agosto y sabiendo de la alta exigencia de recursos, vinculamos al Gobierno nacional para que incorpore recursos para el proceso de excavación”, afirma el magistrado.En ese marco, explicó que ya se han iniciado conversaciones con distintas entidades para definir los mecanismos de aporte. Entre ellas, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y el Ministerio de las Artes, este último involucrado en el proceso de memorialización de La Escombrera, que se adelanta desde el año pasado y que cuenta con una fase avanzada.
El abogado jurídico del Clan del Golfo aseguró que la suspensión temporal de los diálogos con el Gobierno nacional se produjo luego de las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que calificó como “supremamente graves” y como un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa.Según Ricardo Giraldo, abogado contratado por el EGC para el proceso de paz total, las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desconocieron un punto central del proceso: “El respeto por la identidad de las partes”.En ese sentido, recordó que existe una resolución del 5 de septiembre de 2025 mediante la cual el presidente de la República reconoce la autodenominación del grupo como Ejército Gaitanista de Colombia y no como Clan del Golfo.“Si están unos diálogos, unas conversaciones, unas negociaciones, como lo quieran llamar, para salir del conflicto, yo creo que lo más importante es el respeto a la identidad de las partes, como una primera medida. Entonces, eso fue lo primero que se incumplió”, afirmó el abogado.Giraldo cuestionó además que el grupo fuera señalado como un “cartel” y como el dueño del narcotráfico en Colombia.“Lo señala como el cartel del clan del golfo, como si ellos fuesen los dueños del narcotráfico en Colombia. Y en la mesa ha quedado demostrado que eso no es así, mis representados controlan el mercado, eso no lo puede negar nadie, pero de que sean los dueños, no”, añadió Giraldo.Finalmente, el abogado explicó que la decisión de suspender los diálogos fue adoptada de manera temporal e indefinida, sin establecer plazos para su reanudación, y que el levantamiento de la suspensión dependerá de la respuesta que entregue el Gobierno nacional frente a las declaraciones cuestionadas.Desde el Gobierno, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, asegura que las órdenes de captura contra los principales líderes del Clan del Golfo se encuentran suspendidas, en el marco del espacio de conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno nacional con ese grupo armado ilegal.“Desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”, aseguran desde el comisionado en un comunicado.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane, informó que en enero de 2026 la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor, IPC, fue de 1,18 %, mientras que la inflación anual se ubicó en 5.35 %, cifra superior en 0,13 puntos porcentuales a la registrada en enero de 2025, cuando fue de 5.22 %. La última variación mensual observada para el primer mes del año, superior a la registrada en 2026 (1,18 %), fue la reportada en 2023.Cabe resaltar que, los costos de producción en Colombia, subieron 1.51 %, con respecto a diciembre del 2025. Los sectores de minas e industrias manufactureras fueron los únicos en los que se presentó una desaceleración de los precios. De acuerdo con analistas, este dato podría presionar la inflación.Variación por sectoresDe acuerdo con el informe oficial, el comportamiento del IPC en el primer mes del año estuvo explicado principalmente por los incrementos en el sector de restaurantes y hoteles, que registraron una variación mensual de 2.94 % y transporte, con un aumento de 2.14 %.Entre los mayores incrementos de precios se destacan las comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio, con un alza del 3.36% , así como las bebidas calientes y las comidas preparadas fuera del hogar, reflejando un impacto directo en el gasto cotidiano de los hogares.En el caso del transporte, los aumentos más significativos se presentaron en los gastos reglamentarios relacionados con la propiedad y manejo de vehículos, el transporte urbano y los peajes, mientras que se reportaron disminuciones en el transporte aéreo de pasajeros, que cayó 11.40 %.En términos anuales, la división de restaurantes y hoteles presentó la mayor variación con 9.01 %, seguida por bebidas alcohólicas y tabaco, con 7.58 %. En contraste, Información y comunicación registró la menor variación anual, con 1.48 %. El Dane también indicó que las mayores contribuciones a la inflación anual provinieron de las comidas fuera del hogar, el arriendo imputado y el arriendo efectivo, mientras que productos como la electricidad, el arroz y la papa ayudaron a contener el incremento de precios.Inflación en regiones y principales ciudadesEn enero de 2026, la inflación mostró comportamientos diferenciados entre las principales ciudades del país. Bucaramanga registró la mayor variación mensual del IPC, con 1.87 %. Le siguieron Ibagué y Manizales, también con incrementos por encima del promedio nacional, reflejando presiones importantes en servicios y transporte. En contraste, Sincelejo presentó la menor variación mensual, con 0.66 %, gracias a caídas en precios regulados como la electricidad y en algunos alimentos, lo que ayudó a contener el aumento del costo de vida en esa ciudad.En términos de inflación anual, las mayores presiones se concentraron en Pereira, Bucaramanga y Manizales, todas con variaciones superiores al 5.5 %, por encima del promedio nacional, que se ubicó alrededor del 5.35 %. A nivel regional, las zonas del Eje Cafetero y algunas ciudades del nororiente del país se consolidaron como las más costosas, mientras que la región Caribe mostró menores niveles de inflación anual, con ciudades como Santa Marta, Valledupar y Sincelejo entre las de menor variación.Expertos aseguran que la inflación anual comenzó a acelerarse en enero y advierten que los rubros que más impulsaron este comportamiento, como restaurantes, hoteles y transporte, estarían reflejando el impacto del incremento del salario mínimo sobre el costo de vida. Según analistas, este efecto empezaría a trasladarse de manera gradual a los precios de los servicios y al gasto diario de los hogares en los primeros meses de 2026.Con estos resultados, la inflación inicia 2026 con presiones importantes en los servicios y el consumo fuera del hogar, marcando el comportamiento del costo de vida en el arranque del año.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este viernes por la noche una campaña de cinco medidas contra las redes sociales en la que auguró "responsabilidades penales" para sus dueños. "Nuestra determinación es más fuerte que sus bolsillos", aseguró.En un video de casi dos minutos difundido en su cuenta de X, Sánchez consideró que "las redes sociales, por desgracia, se han convertido en una suerte de salvaje Oeste, de Estado fallido".El presidente español dijo que hay aplicaciones que "dan refugio a actividades criminales, de pornografía, de violencia".Y en medio de su discurso se mostró un cartel que contenía el siguiente mensaje: "Los usuarios de Grok generaron tres millones de imágenes sexualizadas en X en 11 días, incluidas más de 23.000 menores"."Esta semana ha pasado un cosa inédita en nuestras democracias y es que un tecno oligarca se ha colado en el teléfono de millones de ciudadanos españoles para decirles lo que tienen que pensar", agregó Sánchez en referencia a un mensaje difundido por el fundador y consejero delegado de Telegram, Pável Dúrovel, en ese canal de comunicación telefónica criticando al Gobierno español.Las redes sociales "nos espían", "roban nuestros datos" y amplifican "el odio y la desinformción", aseguróCampaña de cinco medidas contra las redes socialesEn cuanto a las medidas que se van a tomar, Sánchez explicó: "La primera es que trabajaremos conjuntamente con el ministerio fiscal para que investigue posibles delitos cometidos en redes sociales, especialmente aquellos que afecten a menores"."La segunda es que la manipulación de algoritmos que utilice datos sin consentimiento debe ser y va a ser perseguida por la ley", continuó"La tercera es -amenazó- que esta tecno casta de las compañías tendrán responsabilidades penales si se niegan a retirar contenidos ilícitos de sus redes"."La cuarta es que vamos a crear la Primera Huella de Odio y de Polarización que nos va a permitir cuantificar y evidenciar como las plataformas digitales alimentan la división y el odio", anunció sin dar más detalles al respecto"Finalmente -concluyó- vamos a proteger a los más vulnerables al contenido tóxico limitando el acceso a los menores de 16 años". "Sabemos que esta tecno casta tiene más dinero e incluso más poder que muchos países, pero nuestra determinación es más fuerte que sus bolsillos", aseguró Sánchez."Vamos a seguir adelante pese a sus amenazas", advirtió al terminar su mensaje.
Una semana va a cumplir la subregión del Urabá antioqueño con grandes afectaciones producto de las fuertes lluvias que han caído sobre buena parte de esa zona de Colombia y ante la inmensa cantidad de personas damnificadas, la Gobernación de Antioquia tomó la decisión de declarar la alerta naranja en la red hospitalaria departamental.Según se ha podido conocer, con esta medida se busca establecer algunos lineamientos orientados a reforzar las acciones de vigilancia, preparación y respuesta en salud pública para las cerca de 9.000 familias fuertemente golpeadas por las precipitaciones.La secretaria de Salud de Antioquia, Marta Ramírez, mencionó que la decisión se tomó para poder fortalecer la capacidad operativa y así poderse articular con las IPS y autoridades locales de las zonas más afectadas del departamento."A estar alertas para la atención inmediata y el cuidado de la población. Muy especialmente a los hospitales, a que activen sus planes de emergencia, a que dispongan sus ambulancias, sus sistemas de radiocomunicaciones para proteger la vida de los antioqueños", señaló Ramírez.Explican las autoridades departamentales que con la alerta naranja se realizarán acciones como vacunación, atención psicosocial y protección de poblaciones vulnerables, acompañamiento para la detección y atención oportuna de posibles brotes por enfermedades comunes en las emergencias, así como la verificación del cumplimiento de las condiciones sanitarias de los albergues.Finalmente, se activó el Plan Hospitalario de Emergencias en que se revisará la disponibilidad y gestión de los recursos de la red hospitalaria para tener una expansión en la capacidad de atención en salud en las zonas más afectadas del departamento de Antioquia.
En un contexto global marcado por la acelerada transformación digital y la irrupción de tecnologías como la inteligencia artificial, la educación superior enfrenta uno de sus mayores desafíos históricos: adaptarse sin perder su esencia. En Colombia, este debate cobra especial relevancia en 2026, cuando universidades públicas y privadas replantean sus modelos académicos para responder a las expectativas de los estudiantes y a las demandas del mercado laboral. En ese escenario, la Universidad Militar Nueva Granada (UMNG) se posiciona como uno de los actores que busca liderar el cambio desde una visión integral de tecnología, humanismo y sostenibilidad.Así lo expuso su rector, MG (R) Javier Alberto Ayala Amaya P.h.D., durante una entrevista en el programa Blu 4.0 de Blu Radio, en la que abordó los retos de la educación superior frente a la inteligencia artificial, la ciberseguridad y los nuevos escenarios de defensa, sin dejar de lado el papel social de la universidad pública. Para Ayala, el cambio tecnológico no es gradual, sino disruptivo. “El mundo ha generado un cambio en la era digital en forma disruptiva, día a día”, afirmó, subrayando que las instituciones educativas deben anticiparse al futuro y no limitarse a reaccionar ante él.Desde la perspectiva de una universidad con una misión histórica ligada a la formación de la fuerza pública, el rector explicó que incluso los escenarios de seguridad y defensa han mutado. “Hoy el escenario de batalla no es solo terrestre, marítimo o aéreo, sino el ciberespacio”, señaló, razón por la cual la UMNG anunció el lanzamiento de una maestría en ciberseguridad y ciberdefensa, así como una fuerte inversión para crear uno de los entornos digitales más avanzados de la región en esta materia. A ello se suma la próxima apertura de una maestría en inteligencia artificial y alianzas estratégicas con empresas tecnológicas globales como Google y Amazon.No obstante, Ayala insistió en que la tecnología no puede entenderse como un fin en sí mismo, sino como un eje transversal del modelo educativo. “La tecnología no es una herramienta de apoyo, es parte del ADN de la universidad”, explicó. En ese sentido, destacó que la UMNG trabaja en adaptar metodologías, contenidos y pensum a nuevas formas de aprender, en las que los estudiantes llegan al aula con acceso inmediato a información y herramientas de inteligencia artificial.Esta visión se articula con el plan rectoral “Educación neogranadina para la vida, el liderazgo y la paz”, una hoja de ruta que, según el rector, combina innovación académica con un fuerte enfoque humanístico. “Es una universidad comprometida con los derechos humanos, con la solidaridad y con los ecosistemas”, afirmó. Como ejemplo, mencionó las políticas de sostenibilidad ambiental, la protección de ecosistemas en sus campus, como el de Cajicá, y los premios de sostenibilidad entregados en 2025 a iniciativas que preservan el recurso hídrico y la biodiversidad.El bienestar universitario y la movilidad internacional son otros pilares del plan. Ayala reveló que la movilidad académica se incrementó en un 450 %, permitiendo que estudiantes de estratos 1, 2 y 3 viajen por primera vez a Europa, Asia o Estados Unidos. “Muchos de ellos sacaron su pasaporte y montaron en un avión por primera vez en su vida”, relató, destacando convenios con instituciones como la Universidad de Salamanca, el Tecnológico de Monterrey y universidades en Estados Unidos y Dinamarca.En términos académicos, la UMNG ha apostado por programas innovadores como la Licenciatura en Humanidades y Educación para la Paz, única en el hemisferio occidental, así como nuevos doctorados orientados a la innovación y el cambio disruptivo. Además, ha invertido más de $22 mil millones de pesos en investigación, lo que le ha permitido escalar posiciones en rankings internacionales como el Times Higher Education, consolidándose como una universidad pública de alto nivel.Para el rector, el mayor reto de la educación superior es seguir siendo relevante. “Las universidades se tienen que convertir en escenarios atractivos”, afirmó, resaltando que, pese al avance de la inteligencia artificial, hay un límite que no se puede delegar a la tecnología: la formación del liderazgo y el relacionamiento humano. “Nunca vamos a permitir que la inteligencia artificial eduque líderes”, enfatizó.La entrevista cerró con una invitación abierta a la ciudadanía. El MG (R) Javier Alberto Ayala Amaya P.h.D., recordó que la UMNG, como universidad pública, ofrece programas gratuitos o de bajo costo, sin límite de edad, y con una oferta amplia en pregrados, posgrados y educación continua. En medio de los grandes cambios que atraviesa la educación, la Universidad Militar Nueva Granada apuesta por un modelo que combine tecnología de punta, excelencia académica y un compromiso profundo con la sociedad y el país.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, advirtió que la emergencia que atraviesa Santa Marta tras las lluvias intensas de los últimos días no puede explicarse únicamente por las condiciones climáticas, sino que pone en evidencia fallas estructurales que incrementan el riesgo para cientos de familias.“Lo que ocurre hoy en Santa Marta, que ocurre en otras partes de la costa, no es solo el resultado de lluvias intensas, ponen en evidencia condiciones estructurales de riesgo relacionadas con el ordenamiento territorial, el sistema de alcantarillado y drenaje urbano”, afirmó la defensora.De acuerdo con el censo preliminar, 410 familias resultaron afectadas, varias perdieron completamente sus viviendas, otras las tienen en condición no habitable y muchas sufrieron la pérdida total de enseres y daños severos en su entorno. La situación es especialmente crítica en barrios ubicados en zonas de alto riesgo.Además, en el corregimiento de Gaira, un deslizamiento de tierra ocasionó la muerte de una mujer y de su hijo. La Defensoría del Pueblo expresó su solidaridad con las familias y con la comunidad, y reiteró la urgencia de adoptar medidas que prioricen la protección de la vida.Estos hechos, advirtió la entidad, ponen de presente los riesgos persistentes que enfrentan las comunidades asentadas en zonas expuestas a inundaciones y deslizamientos.Frente a este panorama, la Defensora hizo un llamado a las autoridades nacionales, departamentales y distritales para que implementen planes de prevención estructural de manera continua y sostenida, que incluyan el fortalecimiento de la infraestructura de alcantarillado, obras de mitigación del riesgo y, cuando sea necesario, la reubicación segura de las familias asentadas en zonas de alta exposición.
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
El informe RED-clutamiento 2.0 de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP documenta que al menos 1.749 menores de edad fueron reclutados en Colombia entre 2017 y 2026. Uno de los principales hallazgos es el uso sistemático de redes sociales para atraer a niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales.“Desde 2021, el reclutamiento de niños y niñas es el tipo de victimización a la población civil que más rápido crece en Colombia (por encima de masacres, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y confinamiento). Esto coincide con el uso sistemático de las redes sociales”, asegura el informe.De acuerdo con el documento, el 44 % de los casos registrados en 2025 estuvieron asociados directamente al reclutamiento a través de plataformas digitales.Las cifras muestran, además, un crecimiento sostenido: mientras en 2022 se registraron 151 casos de reclutamiento, en 2023 la cifra subió a 255; en 2024 alcanzó los 362 y en 2025 llegó a 386 casos. En apenas cuatro años, el incremento supera el 150 %, convirtiéndose en una de las violencias con mayor crecimiento en el país.De acuerdo con la UIA, el uso de TikTok y Facebook ha facilitado que los casos de reclutamiento se dupliquen mensualmente en algunos territorios. Antes de la expansión del reclutamiento digital, estos hechos se concentraban en 97 municipios; hoy se registran en 248 municipios, lo que representa un aumento del 156 %.“Las redes sociales han propiciado que se presenten casos de reclutamiento en lugares donde jamás habíamos registrado hechos (inclusive en la época más álgida del conflicto armado con las Farc-EP)”, subraya el informe.Según el documento, los reclutadores digitales reproducen estereotipos de género binarios para hacer más atractiva la oferta y generar identificación entre niños y adolescentes. En algunos casos, convocan a menores a supuestos torneos de fútbol, asegurando que asistirán cazatalentos extranjeros que los llevarán a equipos profesionales fuera del país.El escrito señala que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, son el grupo armado que más niños recluta a través de redes sociales. Esta estructura concentra 116 cuentas activas en Facebook y TikTok, con publicaciones que alcanzan en promedio más de 20.000 visualizaciones y, en algunos casos, millones de reproducciones.Su principal zona de operación está en el suroccidente del país, especialmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, departamentos donde opera el 67 % de las cuentas identificadas.En total, el informe identificó 186 cuentas en redes sociales vinculadas a actividades de reclutamiento, con un promedio de 6.700 seguidores por cuenta.La UIA alerta que, si no se adoptan medidas urgentes de prevención y control, entre 2026 y 2030 podrían registrarse más de 2.300 nuevos casos de reclutamiento, lo que equivaldría a que un menor sea vinculado a un grupo armado cada 12 horas.
Mientras Colombia cerró 2025 como el año con la mayor crisis humanitaria de las últimas dos décadas, los territorios más golpeados por el conflicto armado continúan registrando avances en la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Así lo señala el V Informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad, presentado este jueves 30 de enero en Bogotá.De acuerdo con el Comité, 2025 dejó la cifra más alta de desplazamientos forzados en los últimos 18 años y más de un millón de personas confinadas por la acción de grupos armados, lo que triplicó los registros del año anterior.Para la presidenta del Comité, Julia Eva Cogollo, esta situación se explica por el traslape entre los territorios priorizados por los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y las zonas donde se ha incrementado la presencia de actores armados.Según explicó, este contexto ha llevado al Gobierno a focalizar la implementación de políticas públicas en las regiones más afectadas como una forma de mitigar el impacto humanitario. Sin embargo, el Comité advierte que la persistencia de la violencia sigue siendo un obstáculo para que las comunidades puedan ejercer plenamente sus derechos.Entre los principales avances, el informe destaca la reducción del Índice de Pobreza Multidimensional en las zonas PDET, que pasó de 39,8 % en 2018 a 23,7 % en 2023, aunque en 2024 se ubicó en 24,4 %. También resalta el fortalecimiento de iniciativas de acceso a tierras y proyectos productivos liderados por mujeres. Regiones como Montes de María, la Costa Pacífica, el norte del Cauca y el sur de Bolívar concentran avances relevantes, aunque, según el Comité, estas mismas zonas enfrentan altos niveles de riesgo por la violencia armada.De cara al escenario electoral y a la llegada de nuevos gobiernos, el Comité considera que la política PDET se encuentra blindada tras su ampliación hasta 2034. No obstante, advierte riesgos si en la actualización de los planes de acción no se incorporan las 220 recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Frente a la continuidad de la transformación rural, la presidenta del Comité envió un mensaje directo a los próximos gobiernos y a los candidatos. “El primer mensaje que queremos enviar es a los candidatos. Uno, que saquen la violencia de la política, por favor. Y el segundo que le queremos incluir es que incluyan las recomendaciones en sus programas de gobierno y posteriormente en el plan de desarrollo”, afirmó.Finalmente, Cogollo advirtió que el mayor riesgo para la no repetición en Colombia sigue siendo la combinación entre la violencia armada y la crisis humanitaria. “El mayor riesgo que tenemos es la presencia alta de actores armados y la crisis humanitaria. Y el desbalance que hay realmente en la presencia de actores armados versus implementación de políticas públicas que no garantizan el gozo efectivo de los derechos”, concluyó.
En diálogo con Blu Radio, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José Luis Caballero, expresó su preocupación por los riesgos que enfrenta la democracia en Colombia en medio del contexto preelectoral, especialmente por la persistencia de la violencia armada y la exclusión social que, según advirtió, siguen afectando al país.“Nos preocupa la presencia de grupos armados no estatales desde hace mucho tiempo. Hemos advertido el esfuerzo del Acuerdo de Paz de 2016; hemos instado también, en una recomendación, a que se retome el diálogo con otros grupos armados no estatales. Es decir, es una observación que tenemos desde hace mucho tiempo”.“La coyuntura electoral debe trascenderse con paz, con diálogo, con serenidad, con las condiciones que alejen la violencia electoral, pero la perspectiva de que no haya violencia es una condición que la Comisión ha advertido en todos los mecanismos desplegados con Colombia”, añadió.En cuanto al futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Caballero sostuvo que debe ser fortalecida.“Tiene que tener recursos suficientes, tiene que poder desplegar con mayor claridad su trabajo. Yo creo que ha hecho esfuerzos muy importantes; nos hemos reunido para conocer las primeras sentencias, estamos en un diálogo muy franco con la Jurisdicción Especial para la Paz y pienso que tiene que tener mucha mayor fortaleza para cumplir con su mandato”.Frente a los señalamientos de algunos sectores sobre posibles afectaciones a la libertad de expresión durante el gobierno de Gustavo Petro, el presidente de la CIDH indicó que la principal preocupación del organismo es que se garantice la libertad de expresión.“Lo que a la Comisión le preocupa es que se garantice la libertad de expresión, que se proteja la labor de los periodistas, que no se les estigmatice. La Comisión ha reconocido desde muchos años, desde épocas muy incipientes, que el periodismo es una labor fundamental para el ejercicio de la libertad de expresión, que es una piedra angular de la democracia; entonces, yo creo que los periodistas merecen respeto y merecen cumplir con su trabajo”.Sobre el asesinato de líderes sociales, que en el último año superó los 180 casos, el presidente de la CIDH fue enfático: “Tienen que proteger a los defensores y a las defensoras, tienen que proteger a los liderazgos sociales. Nosotros se lo hemos expresado mucho al Estado colombiano; es una obligación que tienen que atender con mayor prestancia”.Además, señaló que “estamos también con medidas de protección, medidas cautelares para defensores y líderes sociales. Esto es una cuestión que a la Comisión le preocupa mucho y yo creo que el Estado tiene que estar al frente con esa protección”.
El coronel (r) Juan Carlos Figueroa Suárez, excomandante del Batallón La Popa, aceptó su responsabilidad ante la JEP por falsos positivos, cometidos entre 2004 y 2005 en Valledupar.La decisión se produjo luego de la imputación formulada por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), que documentó 24 hechos que dejaron al menos 38 personas asesinadas, entre ellas 11 víctimas de desaparición forzada y 9 casos de tortura.Durante la diligencia, Figueroa reconoció su responsabilidad por omisión, al admitir que no identificó ni detuvo a tiempo las acciones criminales cometidas por sus subalternos.“Acepto la responsabilidad en la omisión de no saber que mis subalternos estaban asesinando civiles, que las operaciones militares que siempre ordené a la luz de la Constitución Nacional, de las leyes de Colombia, de la doctrina militar, de la ley militar, del derecho internacional de conflictos armados”.Según la acusación de la UIA, los hechos respondieron a tres modalidades. La primera se caracterizó por asesinatos y desapariciones de personas que luego eran presentadas como supuestos resultados operacionales.La segunda modalidad correspondió a homicidios de civiles que algunos integrantes de los pelotones identificaban de manera arbitraria como “objetivos militares ilícitos”, para hacerlos pasar como miembros de grupos armados ilegales.La tercera estuvo marcada por el asesinato de combatientes que ya habían depuesto las armas o que se encontraban heridos tras enfrentamientos legítimos con tropas del batallón.En su declaración, Figueroa sostuvo que durante su mando no identificó el riesgo específico de los falsos positivos y aseguró que esto solo fue reconocido de manera general en la Fuerza Pública a partir de 2007, cuando estallaron los escándalos a nivel nacional.“Ese riesgo operacional no fue contemplado bajo mi mando porque los riesgos operacionales que para esa época se tenían eran el robo de armamento, robo de municiones, robo de equipo militar, infiltrados, penetrados, las nóminas paralelas, tráfico de información, miembros que posiblemente podían estar en concierto para delinquir con organizaciones armadas al margen de la ley”, afirmó.Con la aceptación de responsabilidad, el proceso ya no continuará por la vía del juicio adversarial. Ahora, la JEP aplicará la ruta de reconocimiento tardío, que contempla la realización de una audiencia restaurativa. Esta diligencia fue programada para el 24 de marzo a las 9:00 de la mañana, espacio en el que se abordarán las medidas de reparación y reconocimiento a las víctimas.Posteriormente, el tribunal deberá imponer una sanción alternativa, que implica entre 5 y 8 años de cárcel.
Recientemente se conoció que el Gobierno del presidente Gustavo Petro le había solicitado al Gobierno de Estados Unidos un indulto para Simón Trinidad, el excomandante del Bloque Caribe de las extintas Farc.Rodrigo Londoño, conocido como 'Timochenko' y quien fue el último comandante de las Farc se refirió al tema, asegurando que esa solicitud del Gobierno Petro es un gesto humanitario.“Solicitar el indulto, repatriación y reincorporación a la vida civil de Simón Trinidad es un deber del Estado colombiano en cumplimiento del acuerdo de Paz. Saludo la voluntad del Gobierno colombiano por materializar lo acordado, a pesar de las dificultades y los grandes retos”, señaló Londoño.Simón Trinidad fue capturado en Ecuador y posteriormente fue extraditado a Estados Unidos, donde fue condenado a 60 años de prisión por el secuestro de 3 ciudadanos norteamericanos.“El señor presidente Joe Biden y el expresidente Barack Obama conocen en detalle el proceso de paz entre las extintas Farc-EP y el Estado colombiano. También conocen nuestra voluntad de paz y el apoyo que requiere de la comunidad internacional para el éxito de su implementación”, agregó Londoño.
Se cumplen ocho años de la firma del acuerdo de paz con las antiguas Farc y ¿cuál es el panorama hoy? Al respecto habló en Mañanas Blu con Camila Zuluaga uno de los miembros de esta guerrilla que estuvo en las negociaciones y que actualmente hace parte de la mesa de diálogos con el Gobierno, Andrey Avendaño, jefe de las disidencias del Catatumbo.Según comentó, más que llevar a cabo un proceso, lo que piden hoy es “que se cumplan los acuerdos que previamente se han firmado”. En ese sentido, enfatizó que se puede hacer un tratado que “en papeles sea una maravilla, pero si no se da cumplimiento eficaz”, podría terminar en el rearme de esos grupos.Y es que hay críticas, específicamente, en materia de ejecución e implementación, pues, aunque se han logrado avances y sacado adelante algunos puntos, siguen los rezagos sobre los acuerdos de paz, además de los reparos por las actuales negociaciones con quienes no se acogieron a la firma del 2016.Al respecto, Avendaño señaló que no es una oportunidad para aquellos que no se sumaron en ese momento, sino una oportunidad de “construir un acuerdo completo” que beneficie a todas las partes. Añadió que consideran que muchas de las cosas que se plantearon en ese entonces quedaron “inconclusas”."No es una oportunidad a las personas que, de una u otra manera, tuvimos nuestros reparos al proceso. Creo que es una oportunidad de construir de verdad un acuerdo completo ante el mayor beneficiado, que sean las comunidades, que es lo que se ha planteado básicamente en este proceso de diálogo. No es que en el otro no se haya hecho, sino que consideramos que hay cosas que quedaron inconclusas y lo que está inconcluso hay que terminarlo”, indicó.“No podemos dejar cosas a medias porque sería una paz a media, sería un proceso que no recoge el sentir de la gran mayoría y es lo que, precisamente, nosotros estamos tratando de hacer en este proceso, que sea un proceso más incluyente, más participativo y por eso consideramos que no es una oportunidad para nosotros”, agregó.Avendaño comentó que se trata de crear espacios donde se presenten alternativas que beneficien a “los que históricamente han sufrido las consecuencias de la confrontación armada en los territorios”.“Nosotros, al fin y al cabo, desde nuestros espacios de lucha hemos creado nuestras condiciones para la permanencia y la subsistencia de la vida guerrillera y en nosotros como guerrilleros de las Farc, pero acá se trata de que desde estos espacios tratemos de generar alternativas que beneficien a los que históricamente han sufrido las consecuencias de la confrontación armada en los territorios y de la violencia misma, expresada en muchas formas, no solamente la violencia armada, sino la violencia psicológica, desde la violencia social”, enfatizó.También habló del papel del Gobierno y del Estado. Según aseveró, hay un “atraso” por parte de la institucionalidad, encargada de “administrar los recursos del país y ponerlos en función de quienes lo necesitan”.
Las recientes declaraciones del expresidente Juan Manuel Santos sobre los acuerdos de paz, que cumplieron ocho años desde su firma en 2016, generaron varias reacciones, incluyendo la del también expresidente Iván Duque, quien le respondió vía X que quienes pactaron “impunidad” con grupos criminales hoy quieren “posar de pacifistas”.Al respecto se pronunció el exconsejero para la Consolidación y Estabilización, Emilio Archila. En diálogo con Mañanas Blu comentó que las afirmaciones de Santos “no tienen fundamento” con lo que en realidad se consiguió durante los cuatro años de Gobierno de Duque.“Obviamente eso no tiene ningún fundamento en la realidad y en la verdad de lo que se logró. Nosotros no nos demoramos dos años en tener una idea de cómo hacer un plan de choque para la implementación, nos demoramos dos meses. A los dos meses de posesionado el expresidente Iván Duque, ya habíamos expedido la política de implementación, fue la primera”, sentenció.El exconsejero, además, dio algunas cifras de inversión de ese entonces. Según precisó, “cada peso” fue monitoreado. Esto, ante las críticas por la falta de ejecución de los acuerdos. Así, añadió que cada “fuente viene con su propio sistema y ejecución”.“En materia de víctimas tuvimos el presupuesto más alto que ha habido nunca, alrededor de cuatro y medio billones de pesos. En materia de reincorporación trabajamos y entre lo que nos dieron los fondos de presupuesto, deben ser alrededor de otros dos billones de pesos”, explicó.Sobre la implementación de los acuerdos, luego de firmados, Archila señaló que fueron también a Naciones Unidas para solicitar que fueran un organismo de acompañamiento durante todo el proceso. Aseguró que, desde las directivas de la ONU, cumplidos los seis años de la firma, mostraron a Colombia como un ejemplo por la ejecución de varios de los puntos del acuerdo."Aquí en Colombia estaba el secretario general de Naciones Unidas diciendo que Colombia era ejemplo para el mundo en materia de implementación", puntualizó.El exconsejero Archila, incluso, afirmó que el líder del Partido Comunes ha dicho que le fue “mucho mejor con el expresidente Duque que con el expresidente Petro”.“Esto es algo que nunca se ha hecho en políticas públicas en Colombia, empezar de un sueño y dejamos ejecutándose 16 billones de pesos, es casi el presupuesto de la primera línea del metro de Bogotá”, recalcó.Estas son las declaraciones de Santos en entrevista con Noticias Caracol
En el octavo aniversario de la firma del acuerdo de paz, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado a acelerar la implementación del enfoque de género contenido en el texto del 2016. De acuerdo con esa entidad, más del 50% de las disposiciones relacionadas al tema continúan en etapas mínimas.Fue la defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz, quien le pidió al Gobierno Nacional que priorice el enfoque de género que se abordó en el acuerdo de paz de hace 8 años. La funcionaria asegura que aún se evidencian retrasos significativos en la incorporación del enfoque, pues de las 130 disposiciones relacionadas en el documento, más del 50% aún está en etapas mínimas para ponerlas en funcionamiento.“Este panorama es alarmante porque no solo retrasa la consolidación de la paz, sino que perpetúa barreras históricas para mujeres, niñas y personas LGBTIQ+ en el país. Desde la Defensoría del Pueblo coincidimos en la preocupación por el consistente rezago en los compromisos adoptados en el Acuerdo, relacionados con el enfoque de género”, dijo Marín.Bajo ese contexto, la Defensoría le formuló al gobierno nacional siete recomendaciones claves para avanzar en el acuerdo:- Dinamizar el acceso de tierras para las mujeres rurales.- Fortalecer la participación política de las mujeres en las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz.- Justicia restaurativa para mujeres, niñas y personas LGBTIQ+ víctimas de violencias de género, sexual y reproductiva.- Seguridad para mujeres lideresas y firmantes de paz.- Inversión pública diferencial para mujeres en zonas importantes para la implementación.- Garantizar el enfoque étnico.- Reactivar la Alta Instancia de Género del Gobierno Nacional.“Acelerar la implementación del enfoque de género en el Acuerdo de Paz no da más espera. Por eso insistimos en nuestro compromiso y llamado a la construcción de una paz que priorice las deudas históricas con las mujeres y personas LGBTIQ+ que han sido víctimas del conflicto armado interno, para garantizar que la equidad de género sea una realidad”, finalizó la defensora.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) concluyó que los 11 militares que reconocieron su responsabilidad por falsos positivos ocurridos entre 2007 y 2008 en Norte de Santander, cumplen las condiciones para recibir una sanción restaurativa.Según las investigaciones de la JEP, durante este periodo en el Catatumbo, hubo al menos 120 casos de falsos positivos, además de un intento de homicidio.Sin embargo, al analizar los hechos, el tribunal decidió imputar nuevos delitos a varios de los comparecientes. En ese sentido, 8 de los 11 militares serán sentenciados por el crimen de esclavitud.“La sección determinó que al menos 29 personas fueron víctimas del crimen de esclavitud en el marco de la segunda modalidad del patrón macrocriminal, al comprobarse el ejercicio de atributos propios del derecho de propiedad sobre ellas. En particular, este crimen se cometió a partir de la colaboración de organizaciones criminales y terceros reclutadores, quienes, en articulación con integrantes de unidades militares y a cambio de una remuneración económica, conseguían civiles indefensos y los entregaban a los militares para hacerlos pasar por supuestas bajas en combate”, explicó la JEP.¿Quiénes son los imputados?Los militares imputados por este delito, en calidad de coautores, son Rubén Darío Castro Gómez, Gabriel de Jesús Rincón Amado, Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, Álvaro Diego Tamayo Hoyos, Juan Carlos Chaparro Chaparro, Sandro Mauricio Pérez Contreras y Alexander Carretero Díaz.Además, la JEP imputó el delito de esclavitud por omisión a Paulino Coronado Gámez, general (r) del Ejército y comandante de la Brigada 30 ubicada en Cúcuta para la época de los hechos. La JEP consideró que, desde su posición de mando, permitió que estas conductas ocurrieran sin adoptar medidas para impedirlas.Adicionalmente, los militares Santiago Herrera Fajardo, Daladier Rivera Jácome, Juan Carlos Chaparro Chaparro y Sandro Mauricio Pérez Contreras fueron imputados por el crimen de guerra de tortura, en relación con hechos asociados a tres víctimas.“Para adoptar esta decisión, la sección tuvo en cuenta los relatos entregados por las víctimas y sus familiares en el proceso judicial”, aseguró la JEP.El proceso continuará con la audiencia pública de verificación, en la que se confirmará si los militares cumplen con sus compromisos de verdad y reparación. Superada esta etapa, la JEP emitirá la sentencia que definirá de manera definitiva su situación jurídica.
En su pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo cuestionó el manejo que desde el Gobierno se le ha dado a la crisis del sistema de salud y pidió reconocer la magnitud de las afectaciones que hoy enfrentan millones de usuarios, especialmente los afiliados a la Nueva EPS.“Pedimos a @MinSaludCol mejorar los canales de comunicación y, especialmente, dejar de lado declaraciones indolentes que pongan en duda el deber del Gobierno de garantizar los derechos humanos en igualdad para todas las personas. La falta de empatía con la angustia de quienes están al frente de la atención y deben lidiar diariamente con el sufrimiento de las personas es inadmisible y preocupante. Deja el mensaje de que las autoridades no harán nada para resolverlo. Sin embargo, hacerlo es su deber”.La Defensoría aseguró que, ante la creciente vulneración del derecho a la salud, ha participado en lo que va del año en múltiples mesas interinstitucionales con EPS, hospitales, gestores farmacéuticos, usuarios y pacientes.Estos espacios, según explicaron, han buscado garantizar la atención de casos prioritarios y críticos, avanzar en la entrega pendiente de medicamentos y avanzar en compromisos relacionados con la estabilización de pagos y la conformación de redes de prestación de servicios suficientes y operativas.No obstante, el organismo advirtió que el panorama es crítico para los afiliados de la Nueva EPS, “entidad que enfrenta una situación financiera muy delicada”. Para la Defensoría, esta medida no solo profundiza la crisis de la EPS, sino que termina afectando directamente a hospitales, clínicas y dispensarios, que enfrentan dificultades para sostener la atención y la operación diaria.Aunque la problemática se extiende a todo el país, la Defensoría alertó de manera particular sobre la situación en Boyacá, Huila, Antioquia, Valle del Cauca, Santander, San Andrés y Providencia y Tolima, donde las afectaciones al derecho a la salud se estarían profundizando.
El mayor general (r) de la Policía Nacional, Luis Mendieta Ovalle, afirmó que el modelo de sanciones propias definido en la JEP terminó priorizando la financiación de los exintegrantes de las Farc y no a las víctimas del conflicto.“En este momento lo que está desfinanciado es el presupuesto que prácticamente el Estado y todas las entidades le iban a dar a las Farc para el pago de las sentencias propias. Aquí en ningún momento es reparación a las víctimas”, señaló.Mendieta sostuvo que, desde la firma del acuerdo de paz, las víctimas han sido relegadas en la implementación.También cuestionó los llamados trabajos, obras y actividades restaurativas. “Fuimos enfáticos en que no estábamos de acuerdo con esas sanciones propias y menos con todos los recursos que les iban a dar a los integrantes de la Farc para aplicar en los famosos TOAR, (…) que en nuestro sentido de restaurativas no tenían absolutamente nada, sino que eran presupuestos que iban a destinar para que los integrantes de la Farc en esos cuatro ejes centrales tuvieran burocracia y tuvieran contratos”, dijo.Según el general en retiro, distintas entidades del Estado han concentrado su acción en los comparecientes y no en las víctimas. “Aquí únicamente todas las entidades están teniendo en cuenta a los victimarios y las víctimas que la Farc ocasionaron no se les ha tenido en cuenta”, advirtió, al tiempo que recordó que el informe de la Contraloría confirma denuncias previas.En la misma línea, Sebastián Velázquez, representante legal de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc, explicó que el inventario inicial presentado por las Farc “por un monto de un billón de pesos no se concreta” y que, finalmente, “al fondo de reparación para las víctimas solamente llega un oro avaluado aproximadamente en 40.000 millones”.Velázquez detalló que, a partir de investigaciones y expedientes judiciales, identificaron bienes no reportados. “Encontramos un expediente por unos bienes y un testaferrato por 100.000 millones de pesos”, el cual fue solicitado para que se incorporara al Caso 01 de la JEP.Agregó que, con base en informes de inteligencia conocidos como informe Génesis, se realizó una tasación de recursos ocultos que “llegaba a 13.5 billones”.Sin embargo, aseguró que los incidentes de incumplimiento presentados no han sido estudiados de fondo: “La JEP ha sido temeraria con la representación judicial, porque, en vez de investigar, nos ha inadmitido de plano y le ha dicho a la representación judicial que sea muy consciente de qué está radicando en contra”, lo que calificó como “un constreñimiento a la representación judicial”.Finalmente, Velázquez cuestionó que el Estado haya asumido la carga principal de la reparación y advirtió que las sanciones propias hoy están desfinanciadas.“Yo no sé en qué momento eso cambió, porque la prioridad y el responsable no es el Estado (...) Yo creo que ellos no tienen ahorita ni 50.000 millones para para empezar a ejecutar esas dos sentencias”, concluyó.Las víctimas advirtieron que la situación requiere “un revolcón total” al modelo actual de reparación y una revisión del marco legal, que, según señalaron, deberá ser asumida por “un nuevo Gobierno y un nuevo Congreso”.
El delegado de la Conferencia Episcopal para las relaciones Iglesia-Estado, Monseñor Hector Fabio Henao, alertó sobre las afectaciones humanitarias que enfrentan comunidades rurales del Guaviare tras los enfrentamientos por la disputa territorial entre disidencias de alias ‘Calarcá’ y alias ‘Mordisco’ registrados en la vereda Cubay, del municipio de El Retorno, en Guaviare.Según Monseñor, la violencia ha generado un clima de temor que limita la movilidad de la población y agrava la situación de niños, niñas y adolescentes que permanecen sin acceso a la educación.“El año pasado hubo clases solamente el primer semestre. Después, las amenazas a los profesores, y en el segundo semestre no hubo clases. Claro, hubo la propuesta de suplantar esto con actividades virtuales, pero muchos niños en sus casas no tienen acceso”, afirmó el delegado.A esta problemática se suma que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) no ha podido funcionar debido a las restricciones de seguridad.Monseñor, señaló además que una parte de la población rural evita desplazarse: “Hay una franja de población que no se atreve a salir de las veredas, porque tiene temor de pasar por ciertos registros o retenes que se establezcan, y tiene que dar muchas explicaciones, pero, en general, ha quedado una zozobra muy grande”, afirmó.El representante señaló que existía una alta expectativa entre los padres de familia por el posible retorno de las clases, pero “estas circunstancias que se están viviendo en el momento presente, como dijo, dan mucha incertidumbre, no hay una definitiva todavía”.Indicó que, aunque aún no hay decisiones definitivas, es necesario que “desde el Ministerio de Educación hasta las autoridades más territoriales en el municipio del Retorno, se acerquen a la situación y miren cómo serían las alternativas”.Finalmente, Monseñor Henao hizo un llamado a enfocarse “en una población particularmente vulnerable”.
La Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana 001 de 2026 para los municipios de Belén de Umbría, Mistrató y Pueblo Rico, tras identificar un riesgo alto por “graves violaciones de los derechos fundamentales a la vida, integridad y movilidad e infracciones al derecho internacional humanitario”.Según la entidad, el deterioro de la seguridad se debe a las pretensiones de consolidación territorial de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y a la expansión del Ejército Gaitanista de Colombia, conocido como Clan del Golfo.En el caso del ELN, la alerta señala la actuación de su Frente Manuel Hernández 'El Boche' en Mistrató y Pueblo Rico, mientras que el EGC estaría incursionando en los tres municipios a través de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle.La Defensoría explica que la presencia simultánea de estos actores armados ilegales responde al interés por controlar corredores estratégicos que comunican a Risaralda con Chocó, Antioquia, Caldas y Valle del Cauca, zonas clave para el fortalecimiento de sus estructuras y para el dominio de economías ilícitas, especialmente aquellas asociadas a actividades mineras en la región.El informe advierte que esta competencia territorial podría intensificar la violencia en el corto plazo y afectar de manera particular a niñas, niños, adolescentes y jóvenes en riesgo de reclutamiento forzado; a lideresas y líderes sociales; a mujeres; autoridades locales; comunidades campesinas y pueblos étnicos, entre ellos los indígenas Embera Chami y Embera Katío. También se señala un riesgo específico para los firmantes del Acuerdo de Paz que permanecen en estos territorios.La entidad identificó afectaciones en más de 50 veredas, barrios urbanos, resguardos indígenas y consejos comunitarios de los tres municipios. En estas zonas, los grupos armados imponen normas de conducta, profieren amenazas y han provocado desplazamientos forzados y confinamientos.La Defensoría también alertó sobre el incremento de homicidios. En 2023 se registraron 15 homicidios y en 2024 otros 14 en Belén de Umbría, Mistrató y Pueblo Rico, mientras que en 2025 la cifra ascendió a 39 casos, lo que representa un incremento del 34,48 % frente al total de los dos años anteriores.Ante este panorama, la Defensoría hizo un llamado urgente para que las autoridades del orden nacional, departamental y municipal implementen los deberes de reacción rapida bajo la perspectiva de derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla emitió sentencia condenatoria contra el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez por su responsabilidad en 117 hechos delictivos cometidos contra la población indígena wayúu y otras comunidades del departamento de La Guajira.De acuerdo con la decisión judicial, los crímenes fueron ejecutados entre los años 2002 y 2006 por integrantes del autodenominado Frente Contrainsurgencia Wayúu, una estructura armada adscrita al Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que actuó siguiendo los lineamientos definidos por sus máximos cabecillas, entre ellos Mancuso. Durante ese periodo, el grupo ilegal perpetró homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, hechos de violencia basada en género y otras graves conductas ilícitas contra la población civil.La sentencia atribuyó de manera específica la incursión armada a la ranchería Manaki, ubicada en el municipio de Uribia, ocurrida el 10 de octubre de 2003. En ese hecho, varios indígenas wayúu fueron golpeados y sometidos a maltratos durante aproximadamente cuatro horas. Además, los hombres armados destruyeron y se apropiaron de bienes simbólicos de la cultura wayúu, como chinchorros, mochilas, sombreros y mantas bordadas, elementos que constituían el sustento económico y cultural de las familias afectadas.Asimismo, el tribunal estableció la responsabilidad del Frente Contrainsurgencia Wayúu en el homicidio de dos indígenas ocurrido el 17 de marzo de 2002 en la ranchería Kepischon, también en jurisdicción de Uribia. Estos hechos, junto con otros documentados en el proceso, evidenciaron un patrón de violencia sistemática contra comunidades indígenas en distintas zonas del departamento.Según lo probado en el proceso, el Frente Contrainsurgencia Wayúu fue creado en marzo de 2002 y, en sus inicios, contó con aproximadamente 150 integrantes. Esta estructura permitió a las AUC ampliar su presencia y accionar armado hacia sectores de La Guajira y la Sierra Nevada de Santa Marta, con el objetivo de consolidar el control territorial.En su decisión, la Sala de Justicia y Paz reconoció como sujetos de reparación colectiva a las comunidades indígenas wayúu asentadas en las regiones de Carraipia, Majayura y Malaki, en el municipio de Uribia, así como a la comunidad de Matitas, en Riohacha. El tribunal concluyó que estas poblaciones fueron afectadas de manera directa y reiterada por el accionar del grupo paramilitar.Por estos hechos, Salvatore Mancuso Gómez fue condenado a una pena de 40 años de prisión, al pago de una multa equivalente a 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y a la inhabilidad para ejercer cargos públicos por el mismo periodo. No obstante, en aplicación de los beneficios previstos en la Ley 975 de 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz, la sentencia contempla una pena alternativa de ocho años de prisión, condicionada al cumplimiento de las obligaciones de verdad, reparación y no repetición establecidas en el fallo.