La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reiteró su llamado al Gobierno nacional para que se sume con recursos económicos a la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera, en Medellín.El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que, hasta ahora, el proceso de excavación ha sido sostenido principalmente con recursos de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, lo que ha permitido garantizar la continuidad de las labores en el corto plazo. No obstante, advirtió que la magnitud del trabajo que aún falta por realizar hace indispensable un respaldo económico directo del Gobierno nacional.“Es enorme lo que hay que mover de escombros y demás, pues sí es fundamental que el Gobierno nacional, digamos, de manera directa apoye económicamente para que esa búsqueda sea posible y no solamente la Alcaldía de Medellín, que es algo que yo he venido insistiendo hace mucho tiempo”, aseguró Ramelli.Desde el Tribunal para la Paz, el magistrado Gustavo Salazar Velázquez, de la Sección de Reconocimiento, explicó que el proceso en La Escombrera corresponde a una excavación continuada que demanda una alta cantidad de recursos. Según detalló, actualmente existe una bolsa conjunta de financiación integrada por aportes de la JEP, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.De acuerdo con el magistrado, la Jurisdicción Especial para la Paz aporta los equipos forenses y la mano de obra, mientras que la Alcaldía de Medellín ha asumido el cubrimiento del bienestar de las víctimas y el suministro de la maquinaria amarilla necesaria para las excavaciones.“En este momento estamos recontratando la maquinaria amarilla por parte de la Alcaldía de Medellín, la maquinaria retoma la semana entrante y estamos garantizando recursos hasta mediados, finales del mes de agosto y sabiendo de la alta exigencia de recursos, vinculamos al Gobierno nacional para que incorpore recursos para el proceso de excavación”, afirma el magistrado.En ese marco, explicó que ya se han iniciado conversaciones con distintas entidades para definir los mecanismos de aporte. Entre ellas, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y el Ministerio de las Artes, este último involucrado en el proceso de memorialización de La Escombrera, que se adelanta desde el año pasado y que cuenta con una fase avanzada.
El abogado jurídico del Clan del Golfo aseguró que la suspensión temporal de los diálogos con el Gobierno nacional se produjo luego de las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que calificó como “supremamente graves” y como un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa.Según Ricardo Giraldo, abogado contratado por el EGC para el proceso de paz total, las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desconocieron un punto central del proceso: “El respeto por la identidad de las partes”.En ese sentido, recordó que existe una resolución del 5 de septiembre de 2025 mediante la cual el presidente de la República reconoce la autodenominación del grupo como Ejército Gaitanista de Colombia y no como Clan del Golfo.“Si están unos diálogos, unas conversaciones, unas negociaciones, como lo quieran llamar, para salir del conflicto, yo creo que lo más importante es el respeto a la identidad de las partes, como una primera medida. Entonces, eso fue lo primero que se incumplió”, afirmó el abogado.Giraldo cuestionó además que el grupo fuera señalado como un “cartel” y como el dueño del narcotráfico en Colombia.“Lo señala como el cartel del clan del golfo, como si ellos fuesen los dueños del narcotráfico en Colombia. Y en la mesa ha quedado demostrado que eso no es así, mis representados controlan el mercado, eso no lo puede negar nadie, pero de que sean los dueños, no”, añadió Giraldo.Finalmente, el abogado explicó que la decisión de suspender los diálogos fue adoptada de manera temporal e indefinida, sin establecer plazos para su reanudación, y que el levantamiento de la suspensión dependerá de la respuesta que entregue el Gobierno nacional frente a las declaraciones cuestionadas.Desde el Gobierno, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, asegura que las órdenes de captura contra los principales líderes del Clan del Golfo se encuentran suspendidas, en el marco del espacio de conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno nacional con ese grupo armado ilegal.“Desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”, aseguran desde el comisionado en un comunicado.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
El Súper Astro Luna es un juego de chance que mezcla la emoción de los números con el atractivo de la astrología. Su dinámica consiste en combinar un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999, con la elección de uno de los doce signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Esta particularidad lo ha convertido en una de las opciones más llamativas para quienes consultan con frecuencia los resultados del chance en Colombia.Número ganador del Super Astro LunaEl número ganador del chance Super Astro Luna de este domingo 8 de febrero de 2026 es el: 4016 - Cáncer. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.Número ganador: 4016Dos últimas cifras: 16Tres últimas cifras: 016Signo zodiacal: CáncerEl sorteo del Súper Astro Luna se realiza todos los días, con horarios definidos según la jornada. De lunes a viernes juega a las 10:40 de la noche; los sábados, a las 10:42 de la noche; y los domingos y festivos, a las 8:30 de la noche. Una vez finaliza cada sorteo, los resultados oficiales están disponibles para consulta, manteniendo la expectativa constante entre los apostadores.Este chance permite realizar apuestas con valores que van desde $500 hasta $10.000. Para ganar un premio, el número de cuatro cifras elegido debe coincidir en estricto orden, de izquierda a derecha, con el resultado oficial, junto con el signo zodiacal seleccionado, de acuerdo con la modalidad de juego.Cómo se juega el chance Astro LunaParticipar en el Súper Astro Luna es un proceso sencillo:Elegir un número: se selecciona un número de cuatro cifras.Seleccionar un signo zodiacal: se escoge uno de los doce signos disponibles.Aumentar las probabilidades: existe la opción de apostar el mismo número con los doce signos, modalidad conocida como Todos los Signos, que debe indicarse al asesor.Realizar la apuesta: se pueden hacer hasta cuatro apuestas por tiquete.Estas alternativas permiten adaptar la jugada a la estrategia y preferencia de cada jugador.Cuánto cuesta apostarEl Súper Astro Luna ofrece flexibilidad en los montos de apuesta:Valor mínimo por tiquete: $500 pesos.Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos.Esta variedad facilita la participación de apostadores con distintos presupuestos.¿Dónde puedo jugar Súper Astro?Quienes deseen participar en el Súper Astro Luna pueden hacerlo de forma presencial:Puntos de venta físicos: el juego está disponible en puntos autorizados a nivel nacional, lo que permite acceder al sorteo en diferentes regiones del país.Cómo jugar un chance en línea en ColombiaEn Colombia, el chance también puede jugarse en línea a través de plataformas digitales autorizadas por Coljuegos, la entidad que regula los juegos de azar. El proceso consiste en registrarse en un operador legal, verificar la identidad, recargar saldo y seleccionar el sorteo, el número y el signo zodiacal. Esta opción ofrece seguridad, comodidad y acceso a los resultados oficiales en tiempo real.¿Qué necesita para reclamar un premio de Súper Astro?El cobro de un premio del Súper Astro Luna depende del monto ganado, aunque existen requisitos comunes para todos los casos.Documentos requeridos:Tiquete original correctamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.Documento de identidad original.Fotocopia legible del documento de identidad.Requisitos según el valor del premio (UVT):Menores a 48 UVT: solo se presentan los documentos básicos.Entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el Formato SIPLAFT, disponible en el punto de venta (PDV).Iguales o superiores a 182 UVT: se solicita una certificación bancaria vigente, con expedición no mayor a 30 días y a nombre del titular del tiquete. El pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.Últimos sorteos chance Super Astro LunaSorteoFechaResultadoAstro Luna8 Febrero 20264016 - CáncerAstro Luna7 Febrero 20269076 - SagitarioAstro Luna6 Febrero 20268312 - AriesAstro Luna5 Febrero 20260647 - CáncerAstro Luna4 Febrero 20260771 - LeoAstro Luna3 Febrero 20263771 - TauroAstro Luna2 Febrero 20260088 - SagitarioAstro Luna1 Febrero 20266568 - VirgoAstro Luna31 Enero 20264697 - SagitarioAstro Luna30 Enero 20263472 - Sagitario
El Ministerio Público venezolano informó que fue revocada la medida de excarcelación del líder opositor Juan Pablo Guanipa, tras considerar que incumplió las condiciones impuestas. Ese organismo pidió al tribunal de justicia de ese país modificar el beneficio y evaluar un régimen de detención domiciliaria, alegando protección del proceso penal vigente en Venezuela.Más temprano, la líder opositora María Corina Machado afirmó la noche de este domingo 8 de febrero de 2026 que el dirigente opositor Juan Pablo Guanipa había sido secuestrado en Venezuela, a pocas horas de haber sido liberado en horas de la mañana.“Hace pocos minutos fue secuestrado Juan Pablo Guanipa en la urbanización Los Chorros de Caracas. Hombres fuertemente armados, vestidos de civil, llegaron en cuatro vehículos y violentamente se lo llevaron. Exigimos su liberación inmediata”, denunció Machado a través de su cuenta en X.Asimismo, desde las redes sociales del propio Guanipa también se denunció el secuestro. “Denunciamos que un grupo de personas armadas interceptaron y secuestraron a Juan Pablo Guanipa hace minutos. Era un grupo de aproximadamente 10 personas no identificadas. Logramos identificar un Corolla plateado, un Range Rover blanca y un Renault Symbol”, señalaron.Desde estas publicaciones también exigieron la liberación inmediata del dirigente opositor. Cabe recordar que la liberación de Guanipa se dio en el marco de un proceso de excarcelaciones anunciado por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, hace un mes, luego de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.Guanipa permanecía en la clandestinidad cuando fue detenido, el 23 de mayo de 2025, en un operativo policial de desmantelamiento de un presunto plan que tenía como objetivo "boicotear" los comicios regionales y legislativos de ese mes y realizar supuestos "actos terroristas", por lo que también fueron detenidas más de 70 personas, entre ellas extranjeros, según el Gobierno.La última vez que Guanipa apareció en público fue el 9 de enero de 2025, cuando acompañó a Machado en una protesta en Caracas en defensa del reclamado triunfo de Edmundo González Urrutia en las presidenciales de 2024, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por funcionarios afines al chavismo, proclamó ganador a Maduro, lo que la oposición mayoritaria denunció como un "fraude".
En su reflexión dominical, el pastor Andrés Corson recordó que la oración no es solo repetir palabras, sino un camino diario que nos conecta con Dios, siguiendo el modelo que Jesús enseñó a sus discípulos en Lucas 11:1: “Señor, enséñanos a orar”. Corson enfatiza que el primer paso en este sendero es reconocer nuestra posición en Cristo y acercarnos con confianza al Padre, comenzando con gratitud y alabanza: “Antes de pedir cualquier cosa, debemos pasar tiempo con Jesús simplemente para alabarlo y darle gracias”. El pastor explica que el tiempo de alabanza es un proceso que involucra cuerpo, alma y espíritu, siguiendo el patrón del tabernáculo de Moisés. En el atrio, simbolizando el cuerpo, iniciamos dando gracias a Dios por la vida y sus bendiciones; en el lugar santo, representando el alma, alabamos a Dios por quién es, usando nuestras manos, pies, voz y expresiones; y en el santísimo, conectado con nuestro espíritu, experimentamos intimidad con Él: “Cuando siento a Dios, comienzo a sentir su amor y me siento amado por Él”. Así, la alabanza transforma nuestras emociones, voluntad y mente, confrontando las mentiras del mundo y fortaleciendo nuestra fe.Corson subraya que la alabanza diaria no es un acto automático, sino un sacrificio que exige decisión y constancia: levantar las manos, saltar, cantar, expresar alegría y gratitud a Dios. Como enseña Salmos 100:4, “Entren por sus puertas con acción de gracias; denle gracias y alaben su nombre”. Dar gracias, reconocer sus beneficios y alabar a Dios por lo que ha hecho y hará, incluso en medio de las dificultades, nos conecta con su presencia, nos renueva y nos prepara para vivir en intimidad con Él. Escuche la reflexión completa aquí:
En su reflexión dominical, monseñor Rafael de Brigard invitó a los oyentes a hacer una pausa en la vida diaria para escuchar la palabra de Dios y meditar sobre su propio caminar espiritual. Recordó que, como discípulos, estamos llamados a vivir con sentido y propósito, siguiendo las enseñanzas de Jesús y aplicando la fe en nuestra vida cotidiana. Citando el Salmo 111, destacó que “en las tinieblas brilla como una luz el que es justo, clemente y compasivo”, recordando que la bondad, la misericordia y la justicia son la base de una vida significativa y luminosa.El centro de su mensaje giró en torno a las imágenes del Evangelio de San Mateo 5:13-16: “Ustedes son la sal de la tierra… Ustedes son la luz del mundo”. Explicó que la sal da sabor y preserva, mientras que la luz ilumina y guía. De esta manera, una vida auténticamente cristiana debe irradiar alegría, esperanza y amor, no solo para beneficio propio sino también para iluminar y transformar la vida de los demás. Monseñor de Brigard enfatizó que la verdadera influencia se ejerce con acciones concretas: “Háganse luz con las buenas obras”, enseñando que las obras de bondad y misericordia son el reflejo visible de la fe.Finalmente, exhortó a cada persona a cuidar su propia vida espiritual y familiar, haciendo de cada hogar un espacio de luz y calor, capaz de atraer y bendecir a los demás. Como afirmó, “la tarea de los cristianos… es ser una presencia clara, potente y amorosa de Dios en el mundo”.Escuche la reflexión completa aquí:
En su reflexión dominical, el pastor César Castellanos recordó que la verdadera transformación nace cuando comprendemos el amor de Jesús manifestado en hechos: su vida, su muerte y su resurrección. Basado en Romanos 12:2, afirmó que “no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento”, señalando que al renovar nuestra mente con la verdad de la cruz, entramos en la voluntad de Dios que es “buena, agradable y perfecta”. La fe, explicó, no se apoya en emociones, sino en realidades eternas que activan un cambio profundo en nuestra manera de vivir.El pastor enfatizó que la salvación no se obtiene por obras humanas, pues “todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia” (Isaías 64:6), sino por la obra perfecta de Cristo. Declaró con convicción: “Jesús tomó mi lugar” y, al hacerlo, nos liberó de la maldición, del pecado y de toda condenación. Como dice Gálatas 3:13, “Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición”, abriendo así el camino para una vida de libertad, sanidad y restauración integral.Finalmente, Castellanos invitó a vernos como Dios nos ve: amados, valiosos y victoriosos. Recordó que Jesús sufrió la cruz “por el gozo puesto delante de Él” (Hebreos 12:2), para sanar nuestras heridas emocionales y restaurar nuestra identidad.Escuche la reflexión completa aquí:
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
El informe RED-clutamiento 2.0 de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP documenta que al menos 1.749 menores de edad fueron reclutados en Colombia entre 2017 y 2026. Uno de los principales hallazgos es el uso sistemático de redes sociales para atraer a niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales.“Desde 2021, el reclutamiento de niños y niñas es el tipo de victimización a la población civil que más rápido crece en Colombia (por encima de masacres, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y confinamiento). Esto coincide con el uso sistemático de las redes sociales”, asegura el informe.De acuerdo con el documento, el 44 % de los casos registrados en 2025 estuvieron asociados directamente al reclutamiento a través de plataformas digitales.Las cifras muestran, además, un crecimiento sostenido: mientras en 2022 se registraron 151 casos de reclutamiento, en 2023 la cifra subió a 255; en 2024 alcanzó los 362 y en 2025 llegó a 386 casos. En apenas cuatro años, el incremento supera el 150 %, convirtiéndose en una de las violencias con mayor crecimiento en el país.De acuerdo con la UIA, el uso de TikTok y Facebook ha facilitado que los casos de reclutamiento se dupliquen mensualmente en algunos territorios. Antes de la expansión del reclutamiento digital, estos hechos se concentraban en 97 municipios; hoy se registran en 248 municipios, lo que representa un aumento del 156 %.“Las redes sociales han propiciado que se presenten casos de reclutamiento en lugares donde jamás habíamos registrado hechos (inclusive en la época más álgida del conflicto armado con las Farc-EP)”, subraya el informe.Según el documento, los reclutadores digitales reproducen estereotipos de género binarios para hacer más atractiva la oferta y generar identificación entre niños y adolescentes. En algunos casos, convocan a menores a supuestos torneos de fútbol, asegurando que asistirán cazatalentos extranjeros que los llevarán a equipos profesionales fuera del país.El escrito señala que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, son el grupo armado que más niños recluta a través de redes sociales. Esta estructura concentra 116 cuentas activas en Facebook y TikTok, con publicaciones que alcanzan en promedio más de 20.000 visualizaciones y, en algunos casos, millones de reproducciones.Su principal zona de operación está en el suroccidente del país, especialmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, departamentos donde opera el 67 % de las cuentas identificadas.En total, el informe identificó 186 cuentas en redes sociales vinculadas a actividades de reclutamiento, con un promedio de 6.700 seguidores por cuenta.La UIA alerta que, si no se adoptan medidas urgentes de prevención y control, entre 2026 y 2030 podrían registrarse más de 2.300 nuevos casos de reclutamiento, lo que equivaldría a que un menor sea vinculado a un grupo armado cada 12 horas.
Mientras Colombia cerró 2025 como el año con la mayor crisis humanitaria de las últimas dos décadas, los territorios más golpeados por el conflicto armado continúan registrando avances en la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Así lo señala el V Informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad, presentado este jueves 30 de enero en Bogotá.De acuerdo con el Comité, 2025 dejó la cifra más alta de desplazamientos forzados en los últimos 18 años y más de un millón de personas confinadas por la acción de grupos armados, lo que triplicó los registros del año anterior.Para la presidenta del Comité, Julia Eva Cogollo, esta situación se explica por el traslape entre los territorios priorizados por los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y las zonas donde se ha incrementado la presencia de actores armados.Según explicó, este contexto ha llevado al Gobierno a focalizar la implementación de políticas públicas en las regiones más afectadas como una forma de mitigar el impacto humanitario. Sin embargo, el Comité advierte que la persistencia de la violencia sigue siendo un obstáculo para que las comunidades puedan ejercer plenamente sus derechos.Entre los principales avances, el informe destaca la reducción del Índice de Pobreza Multidimensional en las zonas PDET, que pasó de 39,8 % en 2018 a 23,7 % en 2023, aunque en 2024 se ubicó en 24,4 %. También resalta el fortalecimiento de iniciativas de acceso a tierras y proyectos productivos liderados por mujeres. Regiones como Montes de María, la Costa Pacífica, el norte del Cauca y el sur de Bolívar concentran avances relevantes, aunque, según el Comité, estas mismas zonas enfrentan altos niveles de riesgo por la violencia armada.De cara al escenario electoral y a la llegada de nuevos gobiernos, el Comité considera que la política PDET se encuentra blindada tras su ampliación hasta 2034. No obstante, advierte riesgos si en la actualización de los planes de acción no se incorporan las 220 recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Frente a la continuidad de la transformación rural, la presidenta del Comité envió un mensaje directo a los próximos gobiernos y a los candidatos. “El primer mensaje que queremos enviar es a los candidatos. Uno, que saquen la violencia de la política, por favor. Y el segundo que le queremos incluir es que incluyan las recomendaciones en sus programas de gobierno y posteriormente en el plan de desarrollo”, afirmó.Finalmente, Cogollo advirtió que el mayor riesgo para la no repetición en Colombia sigue siendo la combinación entre la violencia armada y la crisis humanitaria. “El mayor riesgo que tenemos es la presencia alta de actores armados y la crisis humanitaria. Y el desbalance que hay realmente en la presencia de actores armados versus implementación de políticas públicas que no garantizan el gozo efectivo de los derechos”, concluyó.
En diálogo con Blu Radio, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José Luis Caballero, expresó su preocupación por los riesgos que enfrenta la democracia en Colombia en medio del contexto preelectoral, especialmente por la persistencia de la violencia armada y la exclusión social que, según advirtió, siguen afectando al país.“Nos preocupa la presencia de grupos armados no estatales desde hace mucho tiempo. Hemos advertido el esfuerzo del Acuerdo de Paz de 2016; hemos instado también, en una recomendación, a que se retome el diálogo con otros grupos armados no estatales. Es decir, es una observación que tenemos desde hace mucho tiempo”.“La coyuntura electoral debe trascenderse con paz, con diálogo, con serenidad, con las condiciones que alejen la violencia electoral, pero la perspectiva de que no haya violencia es una condición que la Comisión ha advertido en todos los mecanismos desplegados con Colombia”, añadió.En cuanto al futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Caballero sostuvo que debe ser fortalecida.“Tiene que tener recursos suficientes, tiene que poder desplegar con mayor claridad su trabajo. Yo creo que ha hecho esfuerzos muy importantes; nos hemos reunido para conocer las primeras sentencias, estamos en un diálogo muy franco con la Jurisdicción Especial para la Paz y pienso que tiene que tener mucha mayor fortaleza para cumplir con su mandato”.Frente a los señalamientos de algunos sectores sobre posibles afectaciones a la libertad de expresión durante el gobierno de Gustavo Petro, el presidente de la CIDH indicó que la principal preocupación del organismo es que se garantice la libertad de expresión.“Lo que a la Comisión le preocupa es que se garantice la libertad de expresión, que se proteja la labor de los periodistas, que no se les estigmatice. La Comisión ha reconocido desde muchos años, desde épocas muy incipientes, que el periodismo es una labor fundamental para el ejercicio de la libertad de expresión, que es una piedra angular de la democracia; entonces, yo creo que los periodistas merecen respeto y merecen cumplir con su trabajo”.Sobre el asesinato de líderes sociales, que en el último año superó los 180 casos, el presidente de la CIDH fue enfático: “Tienen que proteger a los defensores y a las defensoras, tienen que proteger a los liderazgos sociales. Nosotros se lo hemos expresado mucho al Estado colombiano; es una obligación que tienen que atender con mayor prestancia”.Además, señaló que “estamos también con medidas de protección, medidas cautelares para defensores y líderes sociales. Esto es una cuestión que a la Comisión le preocupa mucho y yo creo que el Estado tiene que estar al frente con esa protección”.
El coronel (r) Juan Carlos Figueroa Suárez, excomandante del Batallón La Popa, aceptó su responsabilidad ante la JEP por falsos positivos, cometidos entre 2004 y 2005 en Valledupar.La decisión se produjo luego de la imputación formulada por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), que documentó 24 hechos que dejaron al menos 38 personas asesinadas, entre ellas 11 víctimas de desaparición forzada y 9 casos de tortura.Durante la diligencia, Figueroa reconoció su responsabilidad por omisión, al admitir que no identificó ni detuvo a tiempo las acciones criminales cometidas por sus subalternos.“Acepto la responsabilidad en la omisión de no saber que mis subalternos estaban asesinando civiles, que las operaciones militares que siempre ordené a la luz de la Constitución Nacional, de las leyes de Colombia, de la doctrina militar, de la ley militar, del derecho internacional de conflictos armados”.Según la acusación de la UIA, los hechos respondieron a tres modalidades. La primera se caracterizó por asesinatos y desapariciones de personas que luego eran presentadas como supuestos resultados operacionales.La segunda modalidad correspondió a homicidios de civiles que algunos integrantes de los pelotones identificaban de manera arbitraria como “objetivos militares ilícitos”, para hacerlos pasar como miembros de grupos armados ilegales.La tercera estuvo marcada por el asesinato de combatientes que ya habían depuesto las armas o que se encontraban heridos tras enfrentamientos legítimos con tropas del batallón.En su declaración, Figueroa sostuvo que durante su mando no identificó el riesgo específico de los falsos positivos y aseguró que esto solo fue reconocido de manera general en la Fuerza Pública a partir de 2007, cuando estallaron los escándalos a nivel nacional.“Ese riesgo operacional no fue contemplado bajo mi mando porque los riesgos operacionales que para esa época se tenían eran el robo de armamento, robo de municiones, robo de equipo militar, infiltrados, penetrados, las nóminas paralelas, tráfico de información, miembros que posiblemente podían estar en concierto para delinquir con organizaciones armadas al margen de la ley”, afirmó.Con la aceptación de responsabilidad, el proceso ya no continuará por la vía del juicio adversarial. Ahora, la JEP aplicará la ruta de reconocimiento tardío, que contempla la realización de una audiencia restaurativa. Esta diligencia fue programada para el 24 de marzo a las 9:00 de la mañana, espacio en el que se abordarán las medidas de reparación y reconocimiento a las víctimas.Posteriormente, el tribunal deberá imponer una sanción alternativa, que implica entre 5 y 8 años de cárcel.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) concluyó que los 11 militares que reconocieron su responsabilidad por falsos positivos ocurridos entre 2007 y 2008 en Norte de Santander, cumplen las condiciones para recibir una sanción restaurativa.Según las investigaciones de la JEP, durante este periodo en el Catatumbo, hubo al menos 120 casos de falsos positivos, además de un intento de homicidio.Sin embargo, al analizar los hechos, el tribunal decidió imputar nuevos delitos a varios de los comparecientes. En ese sentido, 8 de los 11 militares serán sentenciados por el crimen de esclavitud.“La sección determinó que al menos 29 personas fueron víctimas del crimen de esclavitud en el marco de la segunda modalidad del patrón macrocriminal, al comprobarse el ejercicio de atributos propios del derecho de propiedad sobre ellas. En particular, este crimen se cometió a partir de la colaboración de organizaciones criminales y terceros reclutadores, quienes, en articulación con integrantes de unidades militares y a cambio de una remuneración económica, conseguían civiles indefensos y los entregaban a los militares para hacerlos pasar por supuestas bajas en combate”, explicó la JEP.¿Quiénes son los imputados?Los militares imputados por este delito, en calidad de coautores, son Rubén Darío Castro Gómez, Gabriel de Jesús Rincón Amado, Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, Álvaro Diego Tamayo Hoyos, Juan Carlos Chaparro Chaparro, Sandro Mauricio Pérez Contreras y Alexander Carretero Díaz.Además, la JEP imputó el delito de esclavitud por omisión a Paulino Coronado Gámez, general (r) del Ejército y comandante de la Brigada 30 ubicada en Cúcuta para la época de los hechos. La JEP consideró que, desde su posición de mando, permitió que estas conductas ocurrieran sin adoptar medidas para impedirlas.Adicionalmente, los militares Santiago Herrera Fajardo, Daladier Rivera Jácome, Juan Carlos Chaparro Chaparro y Sandro Mauricio Pérez Contreras fueron imputados por el crimen de guerra de tortura, en relación con hechos asociados a tres víctimas.“Para adoptar esta decisión, la sección tuvo en cuenta los relatos entregados por las víctimas y sus familiares en el proceso judicial”, aseguró la JEP.El proceso continuará con la audiencia pública de verificación, en la que se confirmará si los militares cumplen con sus compromisos de verdad y reparación. Superada esta etapa, la JEP emitirá la sentencia que definirá de manera definitiva su situación jurídica.
En su pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo cuestionó el manejo que desde el Gobierno se le ha dado a la crisis del sistema de salud y pidió reconocer la magnitud de las afectaciones que hoy enfrentan millones de usuarios, especialmente los afiliados a la Nueva EPS.“Pedimos a @MinSaludCol mejorar los canales de comunicación y, especialmente, dejar de lado declaraciones indolentes que pongan en duda el deber del Gobierno de garantizar los derechos humanos en igualdad para todas las personas. La falta de empatía con la angustia de quienes están al frente de la atención y deben lidiar diariamente con el sufrimiento de las personas es inadmisible y preocupante. Deja el mensaje de que las autoridades no harán nada para resolverlo. Sin embargo, hacerlo es su deber”.La Defensoría aseguró que, ante la creciente vulneración del derecho a la salud, ha participado en lo que va del año en múltiples mesas interinstitucionales con EPS, hospitales, gestores farmacéuticos, usuarios y pacientes.Estos espacios, según explicaron, han buscado garantizar la atención de casos prioritarios y críticos, avanzar en la entrega pendiente de medicamentos y avanzar en compromisos relacionados con la estabilización de pagos y la conformación de redes de prestación de servicios suficientes y operativas.No obstante, el organismo advirtió que el panorama es crítico para los afiliados de la Nueva EPS, “entidad que enfrenta una situación financiera muy delicada”. Para la Defensoría, esta medida no solo profundiza la crisis de la EPS, sino que termina afectando directamente a hospitales, clínicas y dispensarios, que enfrentan dificultades para sostener la atención y la operación diaria.Aunque la problemática se extiende a todo el país, la Defensoría alertó de manera particular sobre la situación en Boyacá, Huila, Antioquia, Valle del Cauca, Santander, San Andrés y Providencia y Tolima, donde las afectaciones al derecho a la salud se estarían profundizando.
El mayor general (r) de la Policía Nacional, Luis Mendieta Ovalle, afirmó que el modelo de sanciones propias definido en la JEP terminó priorizando la financiación de los exintegrantes de las Farc y no a las víctimas del conflicto.“En este momento lo que está desfinanciado es el presupuesto que prácticamente el Estado y todas las entidades le iban a dar a las Farc para el pago de las sentencias propias. Aquí en ningún momento es reparación a las víctimas”, señaló.Mendieta sostuvo que, desde la firma del acuerdo de paz, las víctimas han sido relegadas en la implementación.También cuestionó los llamados trabajos, obras y actividades restaurativas. “Fuimos enfáticos en que no estábamos de acuerdo con esas sanciones propias y menos con todos los recursos que les iban a dar a los integrantes de la Farc para aplicar en los famosos TOAR, (…) que en nuestro sentido de restaurativas no tenían absolutamente nada, sino que eran presupuestos que iban a destinar para que los integrantes de la Farc en esos cuatro ejes centrales tuvieran burocracia y tuvieran contratos”, dijo.Según el general en retiro, distintas entidades del Estado han concentrado su acción en los comparecientes y no en las víctimas. “Aquí únicamente todas las entidades están teniendo en cuenta a los victimarios y las víctimas que la Farc ocasionaron no se les ha tenido en cuenta”, advirtió, al tiempo que recordó que el informe de la Contraloría confirma denuncias previas.En la misma línea, Sebastián Velázquez, representante legal de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc, explicó que el inventario inicial presentado por las Farc “por un monto de un billón de pesos no se concreta” y que, finalmente, “al fondo de reparación para las víctimas solamente llega un oro avaluado aproximadamente en 40.000 millones”.Velázquez detalló que, a partir de investigaciones y expedientes judiciales, identificaron bienes no reportados. “Encontramos un expediente por unos bienes y un testaferrato por 100.000 millones de pesos”, el cual fue solicitado para que se incorporara al Caso 01 de la JEP.Agregó que, con base en informes de inteligencia conocidos como informe Génesis, se realizó una tasación de recursos ocultos que “llegaba a 13.5 billones”.Sin embargo, aseguró que los incidentes de incumplimiento presentados no han sido estudiados de fondo: “La JEP ha sido temeraria con la representación judicial, porque, en vez de investigar, nos ha inadmitido de plano y le ha dicho a la representación judicial que sea muy consciente de qué está radicando en contra”, lo que calificó como “un constreñimiento a la representación judicial”.Finalmente, Velázquez cuestionó que el Estado haya asumido la carga principal de la reparación y advirtió que las sanciones propias hoy están desfinanciadas.“Yo no sé en qué momento eso cambió, porque la prioridad y el responsable no es el Estado (...) Yo creo que ellos no tienen ahorita ni 50.000 millones para para empezar a ejecutar esas dos sentencias”, concluyó.Las víctimas advirtieron que la situación requiere “un revolcón total” al modelo actual de reparación y una revisión del marco legal, que, según señalaron, deberá ser asumida por “un nuevo Gobierno y un nuevo Congreso”.
El delegado de la Conferencia Episcopal para las relaciones Iglesia-Estado, Monseñor Hector Fabio Henao, alertó sobre las afectaciones humanitarias que enfrentan comunidades rurales del Guaviare tras los enfrentamientos por la disputa territorial entre disidencias de alias ‘Calarcá’ y alias ‘Mordisco’ registrados en la vereda Cubay, del municipio de El Retorno, en Guaviare.Según Monseñor, la violencia ha generado un clima de temor que limita la movilidad de la población y agrava la situación de niños, niñas y adolescentes que permanecen sin acceso a la educación.“El año pasado hubo clases solamente el primer semestre. Después, las amenazas a los profesores, y en el segundo semestre no hubo clases. Claro, hubo la propuesta de suplantar esto con actividades virtuales, pero muchos niños en sus casas no tienen acceso”, afirmó el delegado.A esta problemática se suma que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) no ha podido funcionar debido a las restricciones de seguridad.Monseñor, señaló además que una parte de la población rural evita desplazarse: “Hay una franja de población que no se atreve a salir de las veredas, porque tiene temor de pasar por ciertos registros o retenes que se establezcan, y tiene que dar muchas explicaciones, pero, en general, ha quedado una zozobra muy grande”, afirmó.El representante señaló que existía una alta expectativa entre los padres de familia por el posible retorno de las clases, pero “estas circunstancias que se están viviendo en el momento presente, como dijo, dan mucha incertidumbre, no hay una definitiva todavía”.Indicó que, aunque aún no hay decisiones definitivas, es necesario que “desde el Ministerio de Educación hasta las autoridades más territoriales en el municipio del Retorno, se acerquen a la situación y miren cómo serían las alternativas”.Finalmente, Monseñor Henao hizo un llamado a enfocarse “en una población particularmente vulnerable”.
En Bruselas se llevó a cabo el evento "Cuidar la vida cumplir el acuerdo", allí se reunieron diferentes representantes del Gobierno actual, el Gobierno de Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko y quien fue el último comandante de la extinta guerrilla de las Farc.Londoño se refirió a la implementación del acuerdo firmado el 24 de noviembre de 2016, en el Teatro Colón de Bogotá, resaltando los avances pero también asegurando que se debe avanzar en algunos temas que aún se encuentran rezagados. En el mismo sentido hizo un llamado para que el Gobierno Nacional designe a una persona que se encargue exclusivamente de este tema.“Hay una necesidad del consejero de Paz, de la implementación, es algo que nos prometió el presidente Petro en Mesetas. Cuando allí delante de todos los compañeros de aquel espacio, le dijo a Danilo "usted está con mucho trabajo encima y este tema de la implementación hay que dejarlo a un lado y vamos a nombrar un consejero en propiedad", señaló Timochenko.Previo a este evento, Londoño estuvo en el Parlamento Europeo en una reunión con eurodiputados en cabeza de Sandra Pereira, del partido Comunista de Portugal; el tema principal fue justamente la implementación del acuerdo de paz.Le puede interesar:
En Bruselas, capital de Bélgica, se llevó a cabo el evento "Cuidar la vida cumplir el acuerdo", allí se reunieron diferentes representantes del gobierno actual, el gobierno de Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko y quien fue el último comandante de la extinta guerrilla de las Farc.Durante el evento Sergio Jaramillo, quien fue comisionado de Paz durante el Gobierno Santos, se refirió a estos 7 años de implementación del acuerdo y asegura que aunque el Gobierno tiene un compromiso, aún no se siente en los territorios.Refiriéndose al Gobierno anterior, Jaramillo señaló que "estuvo formalmente opuesto a la paz, si bien luego tuvo que recapacitar hasta cierto nivel, ahora tenemos un Gobierno que está comprometido con el acuerdo; pero todavía ese compromiso no se siente en los territorios", dijo el excomisionado Jaramillo.Señaló, además, que hay que avanzar en la reforma rural y los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET. Por otro lado, se refirió a las disidencias de las Farc.“Hay que hacer una evaluación ponderada y sensata de las llamadas negociaciones que están en marcha en este momento. Yo personalmente lo he dicho muchas veces en público y me parece que haber graduado a diferentes disidencias de una cosa que se hace llamar ‘Estado Mayor Central’ es un grave error, creo que el acompañamiento internacional en este caso, así como ha sido tan benéfico para todo lo demás, ha sido dañino. Creo que la primera responsabilidad en el caso de la comunidad internacional es no hacer daño, esos señores no han dado ninguna muestra de tener ningún incentivo y lo que han hecho es copar un espacio donde antes estaban las comunidades tratando de ver cómo se implementaba el acuerdo; eso lo tenemos que recuperar”.Por otro lado, Jaramillo dijo que “es absolutamente necesaria una nueva política de seguridad” pues aunque considera que Petro heredó una situación complicada en materia de seguridad aún no se ha logrado encontrar una fórmula para enfrentar la situación de orden público.Le puede interesar:
El objetivo es desembarcar al menos 600 hombres en Santa Rosa, una de las poblaciones junto a Montecristo, Arenal y Morales, que viven el recrudecimiento de la guerra entre el Clan del Golfo y la guerrilla del ELN por el control territorial.Estos hombres “reforzarán los dispositivos de seguridad en la región, con el fin de evitar los desplazamientos masivos y las confrontaciones entre grupos armados ilegales, generadas por mantener el control de las rutas del narcotráfico, la explotación ilícita de yacimientos y demás economías ilegales presentes en el territorio”, señalaron fuentes militares.Los enfrentamientos entre los grupos armados completan más de cinco días en las zonas rurales de estos municipios en donde, según la Defensoría del Pueblo, se han tenido que desplazar un total de 1400 personas, el equivalente a 556 familias.Lo que está sucediendo en el sur de Bolívar no es una situación nueva, ya que desde la Defensoría del Pueblo advertimos la grave problemática a través de nuestras alertas tempranas 018 del 2021 y 034 del 2023”, aseguró el defensor Carlos Camargo el pasado 25 de noviembre.Le puede interesar:
En una carta, la Procuraduría le manifestó a Otty Patiño, alto comisionado para la Paz, su preocupación por los secuestrados que permanecen en poder de la guerrilla del ELN pese a los avances en la conversación de paz.En el texto, el Ministerio Público resaltó la gestión del Gobierno para agilizar la liberación de Luis Manuel Díaz, padre del futbolista de la selección Colombia, Luis Díaz, pero cuestionó que esa misma gestión no se ha aplicado en todos los casos de secuestro por parte de los grupos armados.“En lo corrido del año 2023, este grupo ha secuestrado a más de 30 personas, sin que en estos casos el Gobierno Nacional haya realizado tal despliegue. Este ente de control fue contactado por la familia de Fabián Arias, un joven empresario secuestrado en el municipio de Ocaña, Norte de Santander quiénes exigen de este ente de control la aplicación del principio de igualdad de tratamiento por parte del gobierno nacional”, destacó el comunicado.De esa manera, la Procuraduría aseguró que no existen "secuestrados de primera, segunda o tercera categoría" y piden al gobierno, a través de los canales pactados en la mesa de negociaciones el ELN, que presente un informe sobre el secuestro de Fabián Arias como de las demás personas que en este momento están privadas de su libertad por el grupo armado.Le puede interesar:
Aunque los diálogos entre las disidencias de las Farc al mando de alias 'Iván Mordisco' y el Gobierno nacional están suspendidos, aún está vigente el cese al fuego bilateral, entre este grupo y las Fuerzas Militares, en los últimos días se han presentado denuncias sobre presuntos incumplimientos de las dos partes, el último caso se registró en Timba, Cauca, pues el Ejército denunció una asonada, contra soldados y policías, que se habría registrado tras combates con las disidencias.Según el reporte oficial, ninguno de los uniformados registró afectaciones de consideración tras el enfrentamiento con el grupo de 18 disidentes de las Farc. Desde el Comando del Ejército Específico del Cauca, indican que este tipo de acciones son el resultado de la instrumentalización por parte de los grupos armados."Porque es una población que viene inmersa, conviviendo con la estructura Jaime Martínez, una población civil que viene siendo instrumentalizada de manera periódica y permanente y que obliga a sacar a la Fuerza Pública de ese sector de Timba, con el ánimo de poder continuar con su economía", indicó el general Federico Mejía, comandante del comando.Sobre esta situación, alias 'Sebastián', vocero de la delegación de diálogos de las disidencias al mando de alias 'Iván Mordisco', negó la responsabilidad del grupo, asegurando que los hechos se presentaron tras la muerte de un civil."No entendemos por qué el general Mejía no asume su responsabilidad y errores en sus tropas que hay fuerzas que no asumen plenamente el cese al fuego, en el cese al fuego en una situación de ese tipo el Ejército debió haber roto el contacto eso es lo que rezan los documentos de cese al fuego", señaló alias 'Sebastián'.Por otro lado, asegura que desde el Ministerio de Defensa no se han lazando las directrices con suficiencia o no se les hace seguimiento al cumplimiento, por lo que se dificulta que se pueda avanzar pues habrá que entrar a un periodo de ajustes para que el cese se pueda fortalecer, por lo que esperan poder reunirse con el gobierno durante esta semana, para presentar también ante el comité de contingencia al cese las diferentes versiones sobre las denuncias de incumplimientos."El Ejército lo debe demostrar, y nosotros también, a través de unos documentos que manejamos, en el grupo nacional de contingencias, que fue el que se creó para resolver situaciones que pudieran poner en riesgo a alguna de las partes o a la población civil, de ese grupo de contingencias el 10 de noviembre se salieron los generales, entonces fue un grupo que quedó inválido pese a eso nosotros como Farc hemos seguido reportando los hechos y esperamos que el Ejército haga lo mismo", señaló Sebastián.Por otro lado, señala que las disidencias esperan que el Mecanismo de Monitoreo y Verificación al cese al fuego bilateral se pueda instalar en los próximos días y que sus delegados ya se encuentran en Bogotá hace unos días para esta instalación. Asegura además, que los militares volvieron al grupo de contingencias la semana pasada."Se reactivaron las reuniones con los miembros del grupo de contingencias, pero sí desde el 10 de noviembre estuvo, digamos inválido, porque es un grupo que lo conforman las partes y si alguna de las partes que firman el cese no está pues no tiene razón de se, fue el 10 de noviembre cuando los militares se salieron, estaban manejando eso desde el grupo de contingencias esperando que instalemos el Mecanismo Nacional de Monitoreo y Verificación, lo que no entendemos es por qué no se hace si toda nuestra delegación ya está en Bogotá esperando la instalación del Mecanismo entonces pareciera que no quiere crear el instrumento para verificar", explica 'Sebastián'.Respuesta del gobiernoBlu Radio consultó en la Oficina del Alto Comisionado para la Paz sobre la situación a la que hacen referencia los delegados de las disidencias en los diálogos con el gobierno, según el saliente Comisionado, Danilo Rueda, el mecanismo de contingencia tenía un tiempo estipulado de funcionamiento y ahora se tiene una mesa técnica de trabajo."El mecanismo de contingencia fue creado por el decreto 1640 de octubre 9 del 2023 antes del cese al fuego, hoy no tiene vigencia. Se ha venido trabajando con el apoyo de las fuerzas militares en labores de prevención y de seguimiento del cese al fuego. El MVMV creado por el Decreto 1684 de octubre del 2023, se espera poderlo instalar en próximos días cuando se reanude la Mesa de diálogos", señaló Rueda.El decreto 1684, al cual hace referencia el saliente Comisionado, en su artículo 14 estipula que, "La instancia Nacional del MVMV se instalará en la semana siguiente a la firma del presente decreto" dicho decreto se firmó el pasado 16 de octubre y aún no se ha instalado el Mecanismo.Blu Radio también consultó fuentes en las Fuerzas Militares y aseguraron que los militares que hacen parte del equipo de contingencia no se han ido, que incluso continúan con el monitoreo de posibles violaciones al cese al fuego con las disidencias de las Farc.También le puede interesar:
El pasado 24 de noviembre se conmemoró en Colombia el acuerdo de paz firmado entre el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y las hoy exFarc en el 2016. Siete años después, el exmandatario y Nobel de Paz, aseguró que actualmente al proceso le falta “rigor” y mayor explicación ante la opinión pública. Según señaló en Mañanas Blu, con Néstor Morales, sin equipo y sin un mapa claro, “negociar con ocho grupos diferentes sin saber qué marco jurídico se va a utilizar es muy difícil”.El expresidente Santos se refirió a la paz total y los diálogos con grupos, como el ELN, que se están llevando a cabo por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, quien, cabe recordar, no asistió al evento de conmemoración. Para Santos, para saber a dónde ir, se necesita una guía con cada uno, de lo contrario, conseguir los anhelados acuerdos será muy difícil de lograr.“El Gobierno anterior desmanteló buena parte de lo que se había dejado en materia de estructura, de institucionalidad, y este Gobierno, en lugar de corregir eso, lo que hizo fue desmantelar aún más esa estructura. Entonces, sin equipo, sin un mapa claro, una ruta clara, negociar con ocho grupos diferentes sin saber qué marco jurídico se va a utilizar, pues es muy difícil. Por eso se lo dijimos, tiene que ponerle a esto rigor y método, saber exactamente qué se va a hacer con cada grupo; explicarle a la opinión pública, porque las políticas públicas, cualquiera que sea de paz o económicas o sociales, si no se explican, si la gente no entiende para qué se ponen en marcha, casi que automáticamente las rechaza”, sentenció.Según recalcó, ha “faltado rigor y método”, específicamente, en la planeación y en el diseño del proceso. En ese sentido, reveló que sí le han pedido su opinión para temas relacionados, pero, como siempre lo ha hecho, la da en privado para no intervenir directamente en las negociaciones que se adelantan, pues, para él, los expresidentes no deberían opinar en todo. “Me han solicitado en algunas ocasiones mi opinión, la he dado en forma confidencial, porque yo no creo que los expresidentes estén para opinar en todo momento en forma pública y estoy dispuesto a dar mi humilde opinión, pero no a participar activamente en ningún proceso. Cuando me soliciten mi opinión, con mucho gusto la doy porque a todos nos interesa que al Gobierno le vaya bien, porque si al Gobierno le va bien a todos los colombianos nos va bien”, mencionó.