El representante a la Cámara por el Centro Democrático Andrés Forero radicó un derecho de petición en el Dapre para indagar el tiempo que han durado las alocuciones del presidente Gustavo Petro.Tras la respuesta, Forero reveló que las alocuciones del actual presidente han durado más que las de Iván Duque, Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe juntas.El expresidente Iván Duque registra el menor número de horas con un total de 2 horas y 45 minutos en 17 alocuciones que hizo durante su Gobierno.Juan Manuel Santos hizo 91 alocuciones en dos mandatos y se tomó un total de 16 horas con 21 minutos.El expresidente Álvaro Uribe, quien también tuvo dos Gobiernos, hizo 20 alocuciones con un total de 9 horas y 55 minutos.El presidente Gustavo Petro, por su parte, ha hecho 61 alocuciones en tres años y medio de Gobierno y se ha tomado un total de 48 horas con 33 minutos.“Las alocuciones de sus antecesores, en 18 años, sumaron un total de 29 horas y 2 minutos. ¡Y el charlatán tiene el descaro de decir que lo censuran!”, dijo el representante Forero.
La Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica, Acolgen, expresó su preocupación por los efectos del Decreto Legislativo 0044 de 2026, expedido en el marco de la emergencia económica, al advertir que introduce cambios que alteran las reglas del sector eléctrico y generan incertidumbre para las inversiones necesarias para garantizar la energía del país.Según el gremio, el decreto establece nuevas obligaciones para las empresas generadoras, como una “contribución obligatoria” y la entrega de energía en especie para atender empresas intervenidas, medidas que, aunque buscan enfrentar una situación coyuntural, terminan afectando la sostenibilidad financiera de quienes producen la energía.Acolgen señaló que estas disposiciones tienen un impacto directo sobre el cargo por confiabilidad, el mecanismo que permite asegurar que Colombia cuente con suficiente energía en momentos críticos, como sequías o picos de demanda. El gremio advirtió que cambiar las condiciones bajo las cuales operan las plantas actuales y futuras reduce los incentivos para invertir y participar en nuevas subastas.“Estas decisiones alteran de manera intempestiva e injustificada el marco jurídico vigente y generan incertidumbre sobre cómo se tomarán las decisiones en el sector en el futuro, lo que puede frenar nuevas inversiones, afectando el desarrollo de la subasta del cargo por confiabilidad, el desarrollo de nuevos proyectos de energías renovables que vendrían del proceso anunciado por el Ministerio de contratación de largo plazo y, por lo tanto, afectar la transición energética del país”, advirtió Acolgen a través de un comunicado.En el decreto, el Gobierno faculta al Ministerio de Minas y Energía para adoptar medidas extraordinarias con el fin de “garantizar la continuidad en la prestación del servicio de energía eléctrica”, lo que, según Acolgen, genera dudas sobre la estabilidad de las reglas que respaldan las inversiones de largo plazo.Otro de los puntos que más inquieta al gremio es el impacto sobre los nuevos proyectos de energías renovables. Acolgen recordó que el Ministerio de Minas y Energía anunció procesos de contratación de largo plazo, claves para viabilizar proyectos solares, eólicos e hidráulicos. Sin embargo, el decreto introduce un escenario de incertidumbre que puede dificultar el cierre financiero de estas iniciativas.Aunque Acolgen reconoce la necesidad de atender la situación financiera de algunos prestadores del servicio, especialmente en la región Caribe, cuestionó que estas medidas se adopten por una vía excepcional, cuando el propio decreto reconoce la existencia de problemas estructurales en el sector.“La situación de la costa Caribe no constituye un hecho súbito ni imprevisible, como el propio decreto lo admite, por lo que resulta legítimo cuestionar la necesidad, excepcionalidad y proporcionalidad de las medidas adoptadas”, indicaron.Finalmente, el gremio hizo un llamado al Gobierno Nacional para revisar el alcance de las medidas, abrir espacios de diálogo técnico y garantizar estabilidad regulatoria, advirtiendo que sin confianza y reglas claras será difícil avanzar en la confiabilidad del sistema eléctrico y en la transición energética que el país necesita.
El administrador de la DEA, Terrance Cole, y la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, sostuvieron un encuentro estratégico en Bogotá para robustecer la cooperación binacional en la lucha contra el crimen organizado. La visita de alto nivel, que contó con el respaldo del embajador encargado de Estados Unidos, John McNamara, y el director de la Policía Nacional, general William Rincón, busca blindar la seguridad pública y optimizar la persecución judicial de las mafias trasnacionales.El encuentro centró sus esfuerzos en una hoja de ruta que trasciende el control de estupefacientes. Según confirmó la Fiscalía General, el propósito central fue "fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad y justicia", abordando delitos críticos como el tráfico ilegal de armas y la falsificación de moneda, factores que han dinamizado la violencia en diversas regiones de Colombia."Se abordaron temas de interés para enfrentar de manera conjunta la criminalidad trasnacional", informó el ente acusador.Por su parte, la Embajada de Estados Unidos en Colombia agregó en su cuenta de X: "El administrador de la DEA, Terrence Cole, visitó Bogotá, donde se reunió con la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, el Encargado de Negocios de la Embajada, John McNamara y el director general de la Policía Nacional, general William Rincón, para discutir el fortalecimiento de la cooperación bilateral para combatir el narcotráfico y crear comunidades más seguras tanto en los EE. UU. como en Colombia".
Durante la inauguración de un radar en el aeropuerto Internacional Alfredo Vásquez Cobo, en Leticia, el presidente Gustavo Petro respondió a su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, tras el anuncio de imponer un arancel del 30 % a productos colombianos, argumentando que Colombia no estaba cooperando en la lucha contra el crimen organizado en la frontera.“Les vendimos energía cuando la necesitaban, pero ahora, como no la necesitan, entonces están viendo quiénes se hacen más amigos del que más grita, pero a mí no me gusta gritar”, dijo el mandatario.El mandatario insistió en que la violencia en Ecuador es el doble que la de Colombia y sugirió que la culpa por la situación en la frontera con ese país es de las autoridades de ambas partes. También defendió el trabajo de Colombia en la lucha contra organizaciones criminales, diciendo que si estos grupos estaban pasando hacia otros países es porque no querían estar en territorio nacional.El presidente Gustavo Petro ordenó a las Fuerzas Militares frenar la entrada de insumos para fabricar fentanilo en Colombia. “Necesitamos control absoluto en la frontera con Ecuador para impedir que entren insumos del fentanilo que vienen en contenedores de buques mercantes. Colombia tiene que ser completamente libre, por todos sus puntos cardinales, de cualquier ingreso de esa droga”.Cabe mencionar que Colombia y Ecuador están en medio de una crisis diplomática tras el anuncio del presidente de ese país sobre aranceles. El gobierno colombiano respondió con la misma medida y suspendiendo la venta de energía; sin embargo, insistió en buscar una salida a esto a través del diálogo, planteando un encuentro el próximo 25 de enero en Ipiales, de los ministerios de defensa, energía y comercio de ambos países.
El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cristian Quiroz, aclaró que aún no existe una decisión sobre la eventual participación del senador Iván Cepeda en la consulta del Frente Amplio prevista para el 8 de marzo. En diálogo con Mañanas Blu, Quiroz explicó que el organismo electoral “no puede pronunciarse mientras no haya una solicitud radicada ante la Sala Plena” y subrayó que “ninguno de los magistrados está autorizado para anticipar decisiones sobre un caso que podría llegar a trámite”.El debate surge porque Cepeda participó en la consulta del Pacto Histórico celebrada en octubre pasado, y sectores políticos cuestionan si legalmente podría presentarse nuevamente en una contienda similar dentro del mismo proceso electoral.“Hasta que no llegue la solicitud al Consejo Nacional Electoral, no podemos pronunciarnos. Cuando llegue, tomaremos la decisión, pero debe hacerse en tiempo récord”, indicó el magistrado Quiroz, recordando que el plazo para resolver temas de candidaturas vence el 8 de febrero, antes de la impresión de los tarjetones electorales.La interpretación de la Ley 1475 y el debate sobre su alcanceLa controversia legal se centra en el artículo 7º de la Ley 1475 de 2011, que establece que los resultados de las consultas son obligatorios para los partidos y precandidatos que participen, y que quienes lo hagan “quedarán inhabilitados para inscribirse como candidatos dentro del mismo proceso electoral por partidos o coaliciones distintas”.Algunos analistas interpretan que esa norma impediría a Cepeda competir nuevamente, dado que ya fue precandidato por el Pacto Histórico y ahora lo haría por el Frente Amplio, una coalición que, aunque afín, es distinta jurídicamente. Otras voces sostienen lo contrario: que la ley solo prohíbe participar con colectividades diferentes, no dentro de la misma corriente política.Durante la emisión radial, varios panelistas de Mañanas Blu discreparon sobre la interpretación. “No entiendo de dónde salió la prohibición. En ninguna parte la ley dice que un candidato que se haya presentado a una consulta no pueda hacerlo en otra”, argumentó Héctor Riveros En contraste, otros insistieron en que “si ya participó en una consulta, está obligado a respetar su resultado y no puede volverse a inscribir”.Quiroz: “El CNE no actúa de oficio”Frente a la posibilidad de que el caso de Cepeda llegue al tribunal electoral, el presidente del CNE precisó que la entidad “no actúa de oficio”. Según explicó, una decisión solo podrá adoptarse “tras la recepción de una solicitud de la Registraduría o por denuncia de algún ciudadano”. Añadió que cualquier determinación deberá tomarse “con responsabilidad institucional”, ya que la definición impacta el calendario electoral y la impresión de los mecanismos de votación.El magistrado también confirmó que “el plazo para postularse o retirarse ya pasó”, por lo que “eventualmente se abrirán investigaciones cuando haya lugar”.La variable política detrás del caso CepedaMás allá del análisis normativo, la discusión tiene un marcado componente político. Cepeda, figura destacada del ala de izquierda del petrismo y uno de los más opcionados para ganar la candidatura presidencial del Frente Amplio, se ha declarado víctima de “una campaña para impedirle participar” en la consulta de marzo.Los panelistas de Mañanas Blu coincidieron en que el CNE deberá enfrentar una decisión de alto costo político, sea cual sea su resultado. “La participación de Iván Cepeda en la consulta es una decisión política”, comentó uno Luis Ernesto Gómez, quien agregó que “el CNE suele encontrar salidas jurídicas para decisiones de fondo que están atravesadas por la coyuntura política”.Otros observadores advirtieron que desautorizar su participación podría desencadenar una “tormenta política” a pocas semanas de los comicios. “No creo que el Consejo Electoral quiera meterse en eso; buscará evitar un conflicto de grandes proporciones”, opinó otro panelista.El debate también abrió espacio para una crítica sobre el uso de recursos públicos en doble consulta. “Sería una inmoralidad que un candidato reciba dos veces reposición de votos por participar en dos consultas”, señaló una de las panelistas, al recordar que el Estado paga alrededor de 8.000 pesos por voto válido. Según cálculos expuestos en el programa, un candidato con un millón de votos podría recibir hasta 8.000 millones de pesos por reposición.Reviva el debate completo en Mañanas Blu
El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este jueves, 22 de enero, al término de su reunión en Davos con el líder ucraniano, Volodímir Zelenski, que el encuentro para abordar el fin de la guerra de Rusia en Ucrania ha sido "bueno" y reiteró que ambas partes quieren alcanzar la paz."Creo que la reunión fue buena, la reunión con el presidente Zelenski fue buena. Es un proceso en curso y mucha gente está muriendo", dijo Trump ante la prensa a la salida del encuentro, que duró algo menos de una hora.El presidente estadounidense apuntó a que sus emisarios Steve Witkoff y Jared Kushner se entrevistarán el viernes en Moscú con el líder ruso, Vladímir Putin.No obstante, Witkoff había anunciado horas antes en Davos que su reunión con Putin junto a Kushner tendrá lugar este jueves y había precisado que no tenía previsto pernoctar en Moscú, sino trasladarse a Abu Dabi para mantener allí nuevas reuniones sobre cuestiones militares y económicas."Tuve una reunión muy buena con Zelenski. Todo el mundo quiere que la guerra termine", repitió Trump, tras haber asegurado que tan solo el mes pasado murieron en el conflicto 30.000 personas, sobre todo soldados."Es realmente una guerra que tiene que acabar", subrayó el presidente de EE.UU.Trump y Zelenski hablaron a solasPor otra parte, dijo a los reporteros que en su encuentro con el líder ucraniano no habían abordado la cuestión de su Junta de Paz, que se constituyó este jueves oficialmente en Davos y a la que Zelenski había dado a entender que no se sumaría ya que también ha sido invitado Putin.El propio presidente ucraniano declaró a la prensa al salir de la sala de reuniones que el encuentro había sido "muy bueno".El portavoz de la Presidencia ucraniana Serguí Nikifórov, por su parte, dijo que hacia el final de la reunión Trump y Zelenski habían tenido una "breve charla a solas".Está previsto que Zelenski pronuncie este jueves un discurso en Davos.Originalmente, el presidente ucraniano había afirmado que no se desplazaría al foro en la estación alpina de Suiza a no ser que se le requiriese para firmar alguno de los documentos que Kiev negocia con sus socios estadounidenses y europeos, sino que se quedaría en su país para gestionar la crisis energética causada por los ataques rusos.Sin embargo, el propio Trump hizo público el miércoles que se reuniría con Zelenski, al tiempo que sus enviados viajan a Moscú para entrevistarse con Putin.
En un entorno global donde la digitalización marca el ritmo de la supervivencia corporativa, la inteligencia artificial (IA) ha dejado de ser una promesa de futuro para consolidarse como el eje central de la competitividad, la eficiencia y la sostenibilidad empresarial. En Latinoamérica, este panorama es cada vez más dinámico. Según un estudio de Morning Consult para IBM, más de un tercio de las compañías en la región ya proyectan inversiones estratégicas en la capacitación y el desarrollo de su fuerza laboral para adaptarse a estas nuevas herramientas.Esta tendencia responde a una necesidad imperativa: las organizaciones deben incorporar tecnologías que no solo optimicen sus procesos internos, sino que fortalezcan su capacidad de respuesta ante un mercado que exige agilidad constante. En este escenario, JumpCube se ha erigido como un referente regional. En apenas dos años, la compañía especializada en soluciones de inteligencia artificial ha demostrado que la tecnología aplicada puede transformar radicalmente la operación de negocios en múltiples industrias.El impacto del AI BPO en los resultados de negocioBajo el liderazgo de Mauricio Lince, cofundador y CEO de JumpCube, la firma ha desplegado su plataforma AI BPO (Business Process Orchestration), una solución integral que combina la automatización de procesos documentales, la mejora sustancial en la experiencia del cliente y el análisis avanzado de datos para la toma de decisiones estratégicas.Los resultados son medibles y contundentes. De acuerdo con Lince, “Durante los últimos meses, los resultados observados en las empresas que implementaron la plataforma han sido significativos. Sectores como servicios financieros, manufactura, retail y educación reportan mejoras superiores al 40% en eficiencia operativa y optimización de recursos. La inteligencia artificial dejó de ser un complemento operativo; hoy es un motor estratégico que permite a las empresas operar con mayor eficiencia y sostenibilidad”.Colombia: Epicentro de la innovación tecnológicaAunque JumpCube tiene una vocación internacional, su impacto en el mercado colombiano es notable. Actualmente, el país concentra cerca del 70% de su facturación. De sus más de 100 clientes a nivel regional, aproximadamente 50 son organizaciones colombianas, incluyendo actores de peso en sectores como la banca, seguros, logística, retail y salud.La plataforma de JumpCube se distingue por ser multipropósito, multipaís y multiindustria. Para sostener este nivel de operación, la compañía cuenta con un equipo de cerca de 100 colaboradores, entre los que destacan más de 50 ingenieros especializados en el desarrollo de soluciones de vanguardia. Esta capacidad técnica les ha permitido expandirse con éxito a mercados en México, Perú, Chile, Estados Unidos e Irlanda.Alianzas de clase mundial y visión a 2026El crecimiento de JumpCube no ha sido aislado; se apoya en una red de alianzas y reconocimientos que validan su eficacia. La compañía ostenta la condición de socia avanzada de Amazon Web Services (AWS) en IA generativa y se encuentra en proceso de obtener certificaciones SMB (Small and Medium Business), un reconocimiento poco común en la región que certifica la robustez de sus soluciones para pequeñas y medianas empresas.Con la mirada puesta en el cierre de 2026, JumpCube continúa fortaleciendo su plataforma AI BPO. La meta es clara: expandir su impacto a más empresas en la región, acompañando la transformación digital y preparando a las organizaciones para anticipar las demandas de un mercado en constante evolución. Al combinar talento especializado con tecnología robusta, la IA se consolida como el motor definitivo de productividad y crecimiento en los negocios latinoamericanos.
Un juez de conocimiento de Bogotá rechazó la solicitud de preclusión presentada por la Fiscalía General de la Nación en el proceso por la muerte de la cadete de la Policía Nacional Lina Maritza Zapata, ocurrida el 25 de enero de 2006 al interior de la Escuela General Santander, presuntamente vinculada a la investigación de la Comunidad del Anillo, al considerar que la investigación no agotó de manera suficiente otras hipótesis distintas a la del suicidio, planteada por el ente acusador para cerrar definitivamente el caso.La decisión fue adoptada por el Juzgado 58 Penal del Circuito con función de conocimiento, que concluyó que la tesis central sostenida por la Fiscalía, un suicidio motivado por una ruptura sentimental, carece de la solidez probatoria necesaria y presenta inconsistencias frente a los propios elementos temporales y contextuales que reposan en el expediente. En particular, el despacho judicial descartó que la expareja sentimental de la cadete, identificada como “el gordo”, pudiera definirse como el móvil exclusivo del fallecimiento.Al analizar ese punto, el juez sostuvo que “la narrativa del fracaso amoroso con que se identifica como ‘el gordo’ pierde fuerza explicativa si se la contrasta con los datos temporales aportados por esa misma declarante, según los cuales la ruptura había ocurrido meses antes, lo que permitiría definir un proceso de elaboración ya en curso y una disposición a establecer nuevas relaciones”.En esa misma línea, el despacho hizo referencia a la mención del cadete, identificado como Cifuentes, señalado por algunos testimonios como un posible vínculo afectivo dentro de la escuela. Para el juez, aunque ese dato “no acredita una determinada hipótesis”, sí introduce un elemento adicional que debilita la idea de una ruptura reciente como detonante inmediato del desenlace.Otro de los puntos centrales cuestionados por el juez fue la supuesta carta suicida que la Fiscalía tuvo en cuenta para sustentar su solicitud de preclusión. Sobre este elemento, el fallo advirtió que “lo cierto es que la última declaración de quien fue presentada como su mejor amiga introduce un contraste que no puede soslayarse”, pues manifestó no reconocer el escrito como de autoría de la cadete.Según esa testigo, el contexto personal de Lina Zapata estaba marcado por “expectativas institucionales relevantes, como el ascenso próximo y por la apertura a nuevas posibilidades de vida social y sentimental”, y explicó que sus episodios de aislamiento respondían más a una necesidad fisiológica de descanso que a un cuadro depresivo.Más allá de la crítica a la hipótesis del suicidio, el juez hizo un llamado de atención a la Fiscalía por la forma en que condujo la investigación. En su decisión dejó constancia de que “no se aprecia un esfuerzo investigativo orientado a explorar con la misma intensidad hipótesis alternativas ni a extender la verificación a otros supuestos penalmente relevantes que eventualmente pudieron concurrir o incidir en el deceso”. Esa falencia, agregó, se agrava por el paso del tiempo y por la ausencia de diligencias básicas que habrían sido útiles para el esclarecimiento de los hechos.El despacho enumeró, entre otras omisiones, la falta de análisis de huellas o rastros en el arma y en el sable, así como la inexistencia de actos de reconstrucción que permitieran establecer con mayor precisión qué ocurrió dentro del inmueble y cuál fue el recorrido de la cadete en los minutos previos a su muerte. “No se trata de exigir pruebas imposibles ni de imponer una investigación inagotable, sino de advertir que frente a un desenlace de alta complejidad y a la hipótesis de una posible alteración de la escena, la Fiscalía debía al menos agotar aquellos actos básicos de esclarecimiento y preservación”.Tras la decisión judicial, el abogado de la familia, Jesús Vergara, explicó las implicaciones procesales inmediatas. “El juez, al no decretar la preclusión, le dice a la Fiscalía que tiene que continuar investigando, pero solamente quedan tres días, debido a la prescripción que tiene como fecha límite el 25 de enero”, señaló.Según el apoderado, el fiscal del caso deberá solicitar que la investigación sea declarada imprescriptible, lo que implicaría acudir ante la autoridad competente para “seguir investigando, porque hay muchos vacíos”, advirtió.El caso de Lina Maritza Zapata no solo marcó a su familia, sino que se convirtió en uno de los episodios más sensibles del escándalo conocido como la Comunidad del Anillo, una presunta red de explotación sexual que habría operado durante años al interior de la Policía Nacional. Aunque inicialmente su muerte fue catalogada como suicidio y el proceso cerrado, una década después la investigación fue reabierta y reclasificada como homicidio.La defensa de las víctimas ha insistido en la existencia de irregularidades, como patrones de manchas de sangre que no coincidirían con la ubicación del cuerpo, anomalías en el uniforme que vestía la cadete el día de su muerte, entre otros.
Durante años, pocas recomendaciones de salud han calado tanto en la opinión pública como la idea de beber ocho vasos de agua al día. Dos litros exactos, ni más ni menos, convertidos en un dogma que aparece en relojes inteligentes, aplicaciones de bienestar y discursos de celebridades del fitness. Sin embargo, cuando se analiza con lupa científica, esta cifra aparentemente incuestionable empieza a resquebrajarse.La medicina moderna parte de un principio básico: no existen dos organismos idénticos. Las diferencias no se limitan a la estatura o al peso, sino que incluyen el metabolismo, la composición corporal, la edad y el nivel de actividad física. Pretender que todas las personas necesiten la misma cantidad de agua diaria es tan impreciso como recomendar la misma dosis de un fármaco a toda la población. Por eso, cada vez más expertos defienden que la hidratación debe adaptarse a cada individuo.No es difícil entenderlo con un ejemplo sencillo. Las necesidades hídricas de una persona joven, muy activa y con gran masa muscular no se parecen en nada a las de alguien mayor, con menor gasto energético y un metabolismo más lento. En este contexto, repetir de forma automática el famoso “dos litros al día” carece de sentido fisiológico. El origen de esta creencia se remonta a mediados del siglo XX. En 1945, el Food and Nutrition Board de Estados Unidos publicó una recomendación que hablaba de una ingesta adecuada de 2,5 litros diarios de líquidos. Décadas después, el fisiólogo Heinz Valtin explicó que el error estuvo en ignorar una frase clave del documento: gran parte de esa cantidad ya se obtiene a través de los alimentos. Con el tiempo, la advertencia se perdió y la cifra se transformó en una obligación diaria de beber agua.Las instituciones sanitarias actuales mantienen cifras orientativas, pero con importantes matices. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, por ejemplo, propone unos dos litros de agua total para mujeres y 2,5 para hombres. La palabra “total” es esencial: incluye no solo bebidas, sino también el agua presente en frutas, verduras, sopas y otros platos habituales. Algo similar ocurre con las recomendaciones del Instituto de Medicina de Estados Unidos, que maneja valores aún más altos, pero siempre contando toda la dieta.La investigación científica reciente refuerza esta visión flexible. Un amplio estudio publicado en Science, que analizó el recambio de agua en miles de personas mediante isótopos, mostró que las necesidades reales varían enormemente. En climas templados y con estilos de vida sedentarios, la mayoría de los adultos se sitúa entre 1,5 y 1,8 litros diarios. Otras investigaciones del mismo año apuntan a cifras similares, ajustadas según sexo, edad y composición corporal.Otro mito frecuente es la idea de que hay que beber antes de sentir sed. La fisiología humana cuenta con un sistema de regulación extremadamente preciso: cuando la concentración de solutos en sangre aumenta mínimamente, el cerebro activa la sed y pone en marcha mecanismos para conservar agua. Salvo en situaciones especiales, como en personas mayores o deportistas sometidos a esfuerzos extremos, atender a esta señal natural sigue siendo una estrategia segura y eficaz.Reconocer que los dos litros obligatorios son un mito no resta importancia al agua. Al contrario: su consumo es esencial y, en determinados contextos clínicos o ambientales, aumentar la ingesta resulta claramente beneficioso. La clave está en abandonar las reglas rígidas y escuchar tanto a la ciencia como al propio cuerpo.
En la mañana de este jueves, 22 de enero, en el Consejo Nacional Electoral (CNE) se presentó al país la plataforma ‘Actores Electorales 2026’: una apuesta por tecnificar el proceso de acreditación, capacitación y seguimiento de los testigos electorales y auditores que ponen los partidos y movimientos políticos para cuidar sus votos en los puestos de votación. La meta es lograr la acreditación y capacitación de seis millones de testigos.“La importancia del testigo electoral es que una vez se realiza el escrutinio por parte de los jurados, los testigos podrán hacer las reclamaciones, que deben hacerse ahí en la mesa y ante los jurados de votación. Si no se hacen ahí por parte de los partidos y movimientos políticos, es muy difícil que después llegue una reclamación. Por eso es tan importante que ellos estén capacitados”, aseguró el magistrado Cristian Quiroz, presidente del CNE.Con esta aplicación, los partidos podrán acreditar a sus testigos, verificar si estas personas cumplen su papel, hacer un seguimiento en todo el país de en qué puestos de votación tendrán presencia e incluso hacer verificación en tiempo real de los formularios E-14 de conteo de los votos para hacer las reclamaciones en el momento adecuado.A cada uno de estos actores electorales se le entregará una credencial digital la cual se verificará por la fuerza pública mediante un código QR que generará la plataforma y mediante la cual se verificará que esa persona sí fue postulada.Además, una vez se verifiquen los datos en la fase de postulación, se expedirá el acto administrativo que detallará el puesto de votación y la mesa asignada. Esta resolución de acreditación estará debidamente firmada digitalmente por el presidente de la corporación. De igual manera, habrá un proceso permanente de capacitación para que las agrupaciones políticas postulen a sus testigos electorales y que estos cuenten con las herramientas necesarias para el ejercicio de sus funciones.“Garantizamos la tranquilidad y la reserva de datos que es tan importante para las personas que se van a postular como testigos. La plataforma es tan robusta que puede repeler cualquier ataque. Ya se hicieron pruebas de estrés, pruebas de carga masiva de testigos. Y el componente de seguridad y de tranquilidad para los datos personales está totalmente garantizado”, concluyó Quiroz.Cabe recordar que estos actores de las elecciones se volvieron claves para que el Pacto Histórico recuperara cuatro curules en las elecciones de Senado de 2022, pero también fueron tan importantes que desataron polémica por los millonarios recursos que destinaron para ellos y con el que terminaron saltándose los topes en la campaña Petro Presidente 2022, sancionada por el CNE.
Nhora Mondragón fue designada como nueva directora del DAPRE en reemplazo de Angie Rodríguez, quien renunció a su cargo para asumir la gerencia del Fondo de Adaptación. Su llegada habría sido producto de gestiones de ministro del Interior, Armando Benedetti.Mondragón es directora de seguridad, convivencia ciudadana y Gobierno del Ministerio del Interior. Fue exsecretaria de Gobierno de Cali y exdirectora del Departamento Administrativo de contratación pública en la capital del Valle. De profesión es administradora de empresas de la Universidad Autónoma de Colombia y especialista en Administración en Salud y Gestión Pública de la Universidad Javeriana.Ahora, llegará a la Casa de Nariño para manejar la agenda del presidente, coordinar los consejos de ministros y ser el enlace entre el gabinete y el mandatario. Esta designación se da luego de que Angie Rodríguez, quien asumió ese cargo desde febrero de 2025, renunciará para asumir en propiedad la gerencia del Fondo de Adaptación. Esto en medio de tensiones con el director de la UNGRD Carlos Carrillo, por presuntas irregularidades en el Fondo relacionadas con contratos para soluciones en La Mojana.De hecho, el presidente Petro le había pedido la renuncia hace un mes; sin embargo, en ese momento la decisión no se materializó.
En una ceremonia militar se llevó a cabo la transmisión de mando del Comando Conjunto de Operaciones Especiales (CCOES), unidad clave de las Fuerzas Militares encargada de coordinar operaciones de alto valor estratégico en todo el territorio nacional. En el acto, el brigadier general Omar Yesid Moreno Sandoval asumió oficialmente la jefatura de este comando élite.La ceremonia contó con la presencia del comandante general de las Fuerzas Militares, así como de autoridades civiles y delegados del Ejército Nacional, la Armada de Colombia y la Fuerza Aeroespacial Colombiana. El relevo de mando marca una nueva etapa para una unidad reconocida por liderar operaciones complejas y de alto riesgo, orientadas a la protección de la población civil y la defensa del territorio.El CCOES cumple un papel central en la planeación, coordinación y ejecución de operaciones conjuntas, integrando las capacidades de las tres Fuerzas para enfrentar estructuras armadas ilegales, reducir la violencia y fortalecer la seguridad ciudadana. Su accionar ha sido determinante en misiones especiales que impactan de manera directa las principales amenazas contra el Estado.Al asumir el mando, el general Moreno Sandoval manifestó su compromiso de fortalecer el trabajo conjunto, mejorar la capacidad de respuesta operacional y liderar la unidad bajo principios de profesionalismo, disciplina y visión estratégica, en un contexto marcado por desafíos persistentes en materia de seguridad.Durante el acto también se destacó el papel de los soldados, marinos y aviadores que integran el Comando Conjunto de Operaciones Especiales, considerados una de las unidades más especializadas de las Fuerzas Militares. Su labor, desarrollada en escenarios de alta complejidad, continúa siendo clave para la estabilidad y la seguridad del país.Con este relevo, el CCOES mantiene su rol como una de las principales herramientas operacionales del Estado en la lucha contra las amenazas que afectan la seguridad nacional.
En medio de la participación de Colombia en el Consejo de Seguridad de la ONU, uno de los temas que llamó la atención fue la ausencia de la canciller Rosa Villavicencio en la delegación oficial a Nueva York y las preguntas sobre su situación migratoria frente a Estados Unidos. El viceministro de Asuntos Multilaterales, Mauricio Jaramillo Jacir, aclaró que su no asistencia no está relacionada con restricciones diplomáticas, sino con prioridades de agenda y con la coyuntura bilateral entre Bogotá y Washington.Jaramillo explicó que la canciller se encuentra concentrada en la preparación de la próxima reunión entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro, prevista para febrero. “La Canciller está preparando la reunión… es un encuentro que requiere de un esfuerzo importantísimo de parte de Cancillería”, afirmó, al señalar que la cartera está dividida entre dos grandes frentes: el multilateral, que él lidera, y el bilateral, que actualmente está volcado a la agenda con Estados Unidos.Sin embargo, la conversación derivó inevitablemente hacia el tema de la visa, luego de que en septiembre pasado el Departamento de Estado anunciara medidas unilaterales que afectaron al presidente Petro y, posteriormente, la canciller Villavicencio renunciara a su visa estadounidense como gesto político. Frente a ese punto, Jaramillo fue enfático en diferenciar los escenarios: “Son dos temas distintos. Yo estoy acá para responder al informe de la Misión de Verificación sobre la implementación del Acuerdo de Paz de 2016. Lo que ha ocurrido con las medidas unilaterales es un tema bilateral que maneja otro despacho”, dijo.El viceministro recordó que tanto el presidente como la canciller tienen derecho a participar en escenarios multilaterales como Naciones Unidas, independientemente de controversias bilaterales. “La ministra y el presidente tienen derecho a asistir a los espacios de Naciones Unidas porque así está contemplado dentro del derecho internacional y las garantías de la multilateralidad”, subrayó.Aunque evitó pronunciarse sobre si la canciller ya cuenta o no con un nuevo visado, Jaramillo confirmó que el tema se está abordando en canales diplomáticos formales. “Es un tema que se está hablando con Estados Unidos, pero no hace parte de mi despacho”, insistió, marcando distancia entre su rol en la agenda multilateral y los asuntos migratorios o políticos con Washington.La ausencia de Villavicencio, por tanto, no refleja un repliegue de Colombia en la diplomacia internacional, sino una redistribución de esfuerzos ante una coyuntura compleja. Mientras el viceministro representa al país en el Consejo de Seguridad, la canciller concentra su gestión en recomponer y fortalecer la relación bilateral con Estados Unidos, una de las más sensibles para la política exterior colombiana en el actual escenario global.
Un nuevo golpe contra la minería ilegal se registró en los departamentos de Cesar y Chocó, tras una serie de operaciones adelantadas en los primeros días de 2026 por unidades de la Brigada de Infantería de Marina No. 1 de la Armada, con apoyo del Ejército, la Policía y autoridades ambientales.Las acciones se desarrollaron en áreas estratégicas cercanas a los ríos Atrato, Magdalena y Quito, corredores fluviales utilizados por grupos armados organizados para la explotación ilícita de yacimientos mineros, actividad que ha generado graves afectaciones ambientales y sociales en estas regiones.De acuerdo con el balance operacional, fueron neutralizadas 38 unidades de producción minera ilegal y inmovilizadas 32 dragas, además de 30 motobombas, 36 motores y dos retroexcavadoras, maquinaria que era utilizada sin cumplir la normatividad vigente ni los permisos ambientales exigidos por la ley.Durante los procedimientos, una persona fue capturada y puesta a disposición de las autoridades judiciales junto con los equipos incautados, para avanzar en los procesos legales correspondientes. Según estimaciones preliminares, la afectación económica a las estructuras criminales dedicadas a esta actividad supera los 1.000 millones de pesos.Las autoridades destacaron que estas operaciones no solo impactan las finanzas ilegales, sino que también reducen el daño ambiental, especialmente por el uso de mercurio y otros químicos tóxicos que terminan vertidos en los ríos, poniendo en riesgo la salud de las comunidades ribereñas y los ecosistemas.Las acciones contra la minería ilegal continúan siendo una prioridad en estas zonas del país, donde la explotación ilícita de recursos naturales se ha convertido en una de las principales fuentes de financiación de organizaciones criminales.
Durante este fin de semana, las alcaldías municipales, juntas comunales, padres de familia y rectores de instituciones educativas adelantarán la brigada denominada ‘Camino al Aprendizaje’, que consiste en buscar al menos 9.800 niños y jóvenes que aún faltan por matricularse en los 35 municipios de competencia departamental donde a la fecha solo se han matriculado 110.400 estudiantes.El secretario de Educación, Edgar Martín Lara, explicó que en las 1.440 sedes educativas hay una cubertura para 120.200 estudiantes y les hace un llamado a los padres de familia a no permitir que sus hijos se queden sin asistir a las aulas de clases a pocos días de iniciar oficialmente el calendario escolar.“Estamos convocando a esta brigada a todos los que tenemos la misión de coadyuvar para que nuestros menores se matriculen. Avanzamos en nuestro compromiso para avanzar con la meta de cobertura educativa que tiene el Huila. Recordar que los estudiantes se pueden matricular y deben ser matriculados por sus padres, en la institución educativa más cercana a su lugar de residencia en cada uno de los 35 municipios no certificados en educación que atendemos como gobierno departamental”, señaló el secretario.Por su parte, la líder de cobertura educativa del Huila, Leidy Gómez Benítez, dijo que también se viene trabajando en otras estrategias de acceso para que antes de iniciar el calendario escolar 2026, se hagan todos los esfuerzos para que se cumpla con el registro del 100% de estudiantes matriculados en el Simat.Dijo finalmente el secretario de educación Edgar Martín Lara, que, con recursos aprobados por la Asamblea del Huila, se han intervenido varias instituciones educativas que se encontraban con dificultades y deterioro en sus estructuras físicas para garantizar una mejor calidad de educación a niños y jóvenes del departamento.
Durante 2025, 187 líderes sociales y defensores de derechos humanos fueron asesinados en Colombia, según cifras de Indepaz. Esto refleja un incremento de 14 casos frente a 2024, cuando se registraron 173 homicidios.Según Leonardo González Perafán, director de Indepaz, el departamento del Cauca fue el más afectado, con 40 líderes asesinados, seguido por Antioquia, con 30, y el Valle del Cauca, donde se registraron 17 casos. Estas regiones coinciden con territorios atravesados por disputas armadas, economías ilegales y conflictos por el control social y territorial.González asegura que el contexto actual se ve agravado por la cercanía del periodo electoral, una etapa en la que históricamente se incrementan los riesgos para las comunidades.“En épocas electorales, se magnifican los riesgos y las violaciones contra las poblaciones civiles”, advirtió el director, al señalar que esta situación ya ha sido alertada por la Defensoría del Pueblo mediante alertas tempranas.Además, explicó que los líderes sociales no están siendo asesinados por el simple hecho de ejercer liderazgo, sino por representar y defender causas colectivas en sus territorios.“Las causas pueden ser la ampliación de un resguardo, el fortalecimiento de un consejo comunitario, o la defensa de los derechos de las mujeres, de las comunidades LGBTI, de las víctimas, la implementación de un acuerdo de paz”, aseguró el director.Otro de los factores que ha incrementado el riesgo, según Indepaz, es que a diferencia de lo ocurrido en 2023 y 2024, durante 2025 se terminaron varios ceses al fuego con grupos armados, entre ellos con el ELN, lo que “incrementa el riesgo en la población y las comunidades”.“Los principales grupos son el Estado Mayor Central, que es una disidencia de las Farc liderada por Mordisco, el ejército Gaitianista o Clan del Golfo, el ELN. (…), todos los grupos que intentan pretender ejercer un control social o una gobernanza armada ilegal, es decir, que intentan imponer normas contra las comunidades”, afirmó.Finalmente, las alertas se mantienen encendidas, ya que en lo que va de 2026, se han registrado cuatro líderes sociales asesinados.
A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro aseguró que la suspensión de venta de energía a Ecuador es temporal y le atribuyó unas razones distintas a una respuesta recíproca frente a los aranceles del 30 % a productos colombianos anunciados por el jefe del gobierno de Ecuador Daniel Noboa.“No lo queremos por el pueblo ecuatoriano, pueblo hermano; apenas sepamos que nuestra oferta eléctrica es plenamente suficiente en el mediano plazo se restituirá nuestro servicio”, escribió.Cabe mencionar que el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, anunció esta mañana que Colombia iniciará este jueves a las 6 p. m. la suspensión de venta de energía a Ecuador.Palma señaló que Colombia ha sido históricamente solidaria con el pueblo ecuatoriano, "incluso en momentos de estrechez energética y condiciones climáticas adversas", pero advirtió que las recientes decisiones del Gobierno de Noboa "desconocen acuerdos vigentes y afectan de manera directa los intereses del pueblo colombiano, lo que obligó al Estado a actuar en defensa de su soberanía energética".El Gobierno colombiano respondió también imponiendo el mismo arancel para una lista de 20 productos que todavía no se ha dado a conocer. Sin embargo, Analdex, el gremio de los exportadores en Colombia, publicó una lista de los que podrían verse afectados. Entre ellos están aceites, cacaos en polvo, arroces, atunes y otros.
El presidente Gustavo Petro se reunió este jueves con el alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galan en la Casa de Nariño. El encuentro estaba programado para las 10:00 de la mañana, empezó a las 11 y se extendió hasta la 1:30 de la tarde, hasta que el mandatario salió del Palacio Presidencial para acudir a dos eventos que tiene programados en Leticia, Amazonas.Al término de la reunión el alcalde Galán entregó declaraciones: “Esperamos llegar a acuerdos pronto que permitan garantizar que Bogotá tenga los recursos para recuperar el complejo San Juan de Dios pero hay un avance importante a partir de la discusión de hoy”.El segundo tema de la conversación tuvo que ver con los Multicampus educativos en Suba y Kennedy. “Ya la nación avanzó con el Conpes que va a permitir avance en los Confis y vivencias futuras para financiar esos multicampus. Y estamos trabajando para autorizar una intervención inicial previa en los predios habilitados por el distrito”, agregó.Esta reunión se da luego de las tensiones generadas entre el Distrito y el Gobierno nacional por cuenta del incremento de la tarifa de Transmilenio para 2026. El presidente Gustavo Petro aseguró en su cuenta de X que tenía los recursos para evitar el alza; sin embargo, esto nunca se concretó y la administración de Galan subió los precios. Durante el encuentro de hoy no se habló al respecto, según el mandatario local.
De acuerdo con cifras oficiales de la Defensoría del Pueblo, durante 2025 se registraron 257 casos de reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes en Colombia, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre.Del total de casos reportados, el 62% corresponde a niños y adolescentes hombres, lo que equivale a 159 víctimas, mientras que el 38% son niñas y adolescentes, es decir, 98 casos.La Defensoría advierte que el grupo con mayor número de reclutamientos es el Estado Mayor Central, estructura liderada por alias ‘Iván Mordisco’, con el 47,1% de los casos, es decir, 121 reclutamientos. Le siguen las disidencias sin especificar, con 40 casos; el ELN, con 30 casos; y el Ejército Gaitanista de Colombia, con 21 casos.Otros grupos señalados son el Estado Mayor de los Bloques y Frentes, la Segunda Marquetalia, otros grupos sin identificar y estructuras de crimen organizado.El departamento del Cauca concentra el mayor número de reclutamientos, con 93 casos reportados, le siguen Antioquia, con 25 casos, y Chocó, con 22.También se registran 15 hechos en Huila, 14 en Nariño, 10 en Valle del Cauca, 10 en Norte de Santander, además de reportes en Arauca, Guaviare, Caquetá, Putumayo, Amazonas, Vaupés, Meta, Risaralda, Santander, Bolívar, Cesar, Magdalena, La Guajira, Tolima, Bogotá y Vichada.Por meses, la Defensoría identificó que los picos más altos de reclutamiento en 2025 se registraron en junio, con el 13% de los casos, seguido de febrero y marzo, cada uno con el 11%, y enero, abril y septiembre, con el 10% respectivamente. Los meses con menor número de hechos fueron noviembre y diciembre.La Defensoría del Pueblo señaló que cada menor reclutado reclutado que se aleja de su entorno para ir a la guerra, es un proyecto de vida truncado que la sociedad no debe normalizar.
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) lanzó una advertencia a los prestadores de alojamiento turístico en Medellín ante las cancelaciones unilaterales de reservas, detectadas previo a los conciertos del artista internacional Bad Bunny en la capital antioqueña este fin de semana.Según la entidad, a partir de denuncias ciudadanas y reportes en redes sociales, algunos establecimientos estarían cancelando reservas ya pactadas para ofrecer nuevamente los inmuebles a precios más altos, aprovechando la alta demanda turística.La SIC recordó que los prestadores de servicios turísticos, incluidas las viviendas turísticas, están obligados a respetar las condiciones acordadas con los consumidores, so pena de incurrir en infracciones sancionables.Estas conductas podrían, advirtieron desde la Superintendencia, derivar en multas de hasta dos mil salarios mínimos legales mensuales vigentes, al constituir una vulneración grave de los derechos de los turistas y de las normas que regulan las relaciones de consumo.La entidad explicó que, en caso de incumplimiento de una reserva, el turista tiene derecho a elegir entre la prestación de un servicio de igual calidad o el reembolso o compensación del valor pagado, conforme al artículo 63 de la Ley 300 de 1996.Además, la Superintendencia invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad ante la SIC a través del formulario de PQRSF en su sede electrónica, aportando pruebas que respalden los hechos.La autoridad confirmó que también iniciará investigaciones de oficio frente a los casos denunciados públicamente, con el fin de proteger a los consumidores y garantizar la transparencia en el sector turístico. Finalmente, la SIC reiteró que la libertad económica no es absoluta y debe ejercerse en armonía con la función social de la empresa y el interés general, especialmente en eventos de alta demanda y exposición internacional como este.
Asopostal defendió el decreto que el Ministerio de las TIC sacó a comentarios y con el que se busca ampliar las capacidades del sector de servicios postales en Colombia. Para el gremio, la iniciativa representa una oportunidad para fortalecer la inclusión financiera en regiones donde la banca tradicional tiene baja cobertura.Juan Andrés Carreño, presidente de Asopostal, explicó en Mañanas Blu 10:30 AM de Blu Radio que el origen del debate está en un marco legal vigente desde hace más de una década. “Esto tiene origen en una ley suscrita por Colombia”, afirmó, al recordar que en 2009 se expidió la Ley 1369, que creó un capítulo especial para los servicios postales de pago.De acuerdo con Carreño, dicha norma establece figuras como el giro de efectivo, el depósito postal y las transferencias postales, por lo que el sector viene solicitando que se reglamente un derecho ya existente. En ese sentido, sostuvo que “lo que hemos pedido es que se reglamente ese derecho que tenemos consagrado en un tratado internacional, ratificado por una ley”.El dirigente gremial señaló que el decreto del MinTIC apunta a dar cumplimiento al tratado de Ginebra, lo que permitiría ofrecer el servicio de depósito postal a poblaciones tradicionalmente excluidas del sistema financiero. “Vamos a permitir que colombianos de estrato 1, 2 y 3 puedan tener el servicio”, indicó.Frente a las preocupaciones por los controles, Carreño aseguró que el sector postal cuenta con mecanismos de supervisión y operación suficientes. “Tenemos control de la Contraloría, nosotros tenemos un sistema muy robusto”, dijo, al tiempo que resaltó que la red postal podría hacer un trabajo complementario con las entidades financieras.Uno de los principales argumentos de Asopostal es la cobertura territorial. Según Carreño, las cifras muestran que el sector financiero cada vez tiene menor presencia en algunas zonas del país, mientras que la red postal cuenta con cerca de 52.000 puntos. “Tenemos una red complementaria que le ha servido al sector financiero”, afirmó.Finalmente, el presidente de Asopostal señaló que el Gobierno nacional tendrá la última palabra sobre el decreto. Confió en que se haga el estudio pertinente y se analicen las observaciones, con el objetivo de fortalecer el acceso a servicios financieros a través del sector postal.
Preocupadas se pronunciaron las autoridades en el Huila ante los constantes hechos de homicidio que se han presentado en lo que va corrido de 2026, cifra que supera en más del 100 por ciento la registrada en el mismo periodo del año inmediatamente anterior.El secretario de Gobierno del Huila, Juan Carlos Casallas, en conversación con Blu Radio, informó que mientras en enero de 2025 se registraban 16 homicidios, en lo que va de 2026 ya se contabilizan más de 35 muertes violentas. Estos hechos han ocurrido bajo diferentes modalidades, como hurto, riñas, sicariato y otros casos atribuidos a grupos armados ilegales.Municipios con más homicidios en Huila“Tenemos un incremento preocupante de homicidios en el Huila. En relación con el mes de enero del año anterior, se habían registrado 16 casos; este año, a la fecha, se registran más de 35 homicidios, lo que representa un aumento del 118 por ciento. Los municipios que generan mayor atención son Pitalito, Neiva, incluyendo su área metropolitana, El Agrado, entre otros”, anotó Casallas.Añadió el funcionario que las modalidades de muertes violentas en el departamento, a la fecha, han sido atribuidas a hurtos, riñas por intolerancia, sicariato y otros casos relacionados con la presencia de grupos armados ilegales que delinquen en zonas con problemas de orden público.De acuerdo con las cifras, en todo el departamento han sido asesinados en lo que va del mes de enero alrededor de 32 hombres, cuatro mujeres y un menor de edad. No obstante, los municipios con mayor índice de muertes violentas en el Huila son Neiva, Pitalito, Acevedo, Campoalegre, Gigante y Algeciras.Cifras de homicidios en Huila en 2025Según las estadísticas entregadas por la Secretaría de Gobierno del Huila, en el departamento, durante el año 2025, ocurrieron un total de 380 muertes violentas. De ese total, 82 casos se registraron en Neiva, como ciudad capital, y los demás homicidios se presentaron en municipios como Pitalito, La Plata, Algeciras y Campoalegre, entre otros.Para esa misma vigencia, de los 380 homicidios, 339 correspondieron a hombres y 41 a mujeres; de estos últimos, ocho fueron feminicidios ocurridos en Neiva y 33 en otros municipios como Acevedo, Timaná, La Plata y Algeciras. Además, dos menores de edad fueron asesinados en la capital del departamento.
Colombia responderá a Ecuador bajo el principio de reciprocidad tras el anuncio de un arancel del 30 % a las importaciones de productos colombianos, medida que comenzará a regir el primero de febrero.El presidente Gustavo Petro confirmó la decisión en su cuenta de X y expresó su expectativa de que ambos gobiernos sostengan una reunión bilateral para analizar este y otros temas de interés entre ellos la lucha contra el narcotráfico.“Responderemos a las palabras expresadas hoy por el presidente Novoa de acuerdo a los principios de reciprocidad. Estaba a punto de realizarse una reunión bilateral de gabinetes, entre Colombia y Ecuador, países que fueron de la Gran Colombia, ojalá se realice”, indicó el mandatario en X.El principio de reciprocidad significa que Colombia podría responder con medidas equivalentes a las que adoptó Ecuador.Sobre eso hay que decir que entre enero y noviembre de 2025, las exportaciones colombianas a Ecuador sumaron US$1.673 millones, con una caída del 3,2 % frente al mismo periodo de 2024, según la Asociación Nacional de Comercio Exterior de Colombia (Analdex).De acuerdo con el gremio, Ecuador es el sexto destino de las exportaciones totales de Colombia y el segundo mercado para las no minero-energéticas.El gobierno colombiano asegura que ha cumplido en la lucha contra el narcotráfico y ha extendido su mano en materia energética a Ecuador.El presidente Petro destacó que su administración hizo incautaciones de más de 200 toneladas de cocaína, que ha habido cooperación militar con Ecuador y se han instalado centros de inteligencia en la frontera.También señaló avances contra los insumos de fentanilo en el Pacífico y resaltó el apoyo energético brindado a Ecuador cuando ese país màs necesitaba la energía que le vende Colombia.
Durante la inauguración del tercer centro del país para la reintegración de personas que recuperaron su libertad, en Cali, el ministro de Justicia y del Derecho (e), Andrés Idárraga Franco, se refirió al caso Pegasus y señaló que el Gobierno Nacional está a la espera de un informe detallado por parte de la Policía sobre el avance de las investigaciones.El funcionario aseguró que detrás de las interceptaciones ilegales a altos funcionarios del Gobierno existiría una conspiración política desde algunos sectores, con el objetivo de desprestigiar a la administración nacional, incluso en un contexto electoral.“Yo creo que de fondo hay una conspiración que se ha iniciado por parte de algunos sectores al interior de entidades del sector defensa, que es precisamente el centro de esta discusión. Aquí el problema no es Andrés Idárraga ni el ministro de Justicia, aquí el problema es cómo al parecer algunos sectores han querido conspirar contra el propio Gobierno en época electoral, tal vez para buscar mecanismos de desprestigio”, afirmó.Idárraga también reveló que, en su caso, el micrófono de su teléfono celular fue activado de manera remota, lo que permitió la obtención de información confidencial.“Fueron 134 ocasiones, con más de 8.700 intervenciones ilegales comprobadas, en las que se extrajeron más de 2,3 gigas de información sensible del Gobierno Nacional, incluyendo datos de denunciantes de corrupción y conversaciones de alto nivel”, explicó.De igual manera, el ministro negó cualquier injerencia en la solicitud de imputación de cargos contra Augusto Rodríguez, luego de que el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) lo señalara de presuntos intereses políticos.“Creo que lo han mal informado personas que han querido sembrar cizaña. Vamos a resolverlo internamente y somos respetuosos de la independencia judicial”, puntualizó, al asegurar que buscará un diálogo directo con Rodríguez.